Dependencia de Colombia con Estados Unidos

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  • 7/29/2019 Dependencia de Colombia con Estados Unidos

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    ACTIVIDAD 6 Alba Monedero

    DEPENDENCIA DE LA FINANCIACIN ESTADOUNIDENSE EN COLOMBIA

    La intervencin de los Estados Unidos en el conflicto colombiano ha sido una constante a lolargo de su historia ms reciente. Sustentando una postura paternalista, el pas del norte hadeterminado la poltica y gran parte de la evolucin social y econmica del pas. La relacin

    viene de las grandes industrias que Estados Unidos implant en todo Amrica Latina aprincipios del s. XX. Desde entonces, su hegemona econmica ha configurado unadependencia estructural en la configuracin social y poltica de Colombia y sus pases vecinos.

    Las relaciones de poder se han visto as pervertidas por los intereses norteamericanos a lolargo del siglo pasado, apoyando sus objetivos con un dispositivo militar de control social queayud a paralizar las reformas sociales, perjudiciales para el mantenimiento de la bolsa demano de obra barata que suponen los pases del sur. Estos mecanismos de control se dierondes del principio en colaboracin de la elite caciquista colombiana, manteniendo la capacidadindustrial del pas bajo unas pocas manos. Cuando el ahogamiento de las reivindicacionessociales fue insostenible para la masa campesina, y tuvo que tomar armas como defensa a laexpropiacin de tierras, Estados Unidos contribuy a crear el estado militarista que es hoy

    Colombia, encubriendo los beneficios que le reportaba la explotacin con el discurso deapaciguamiento armado de la insurgencia. El inters armamentstico de los USA no slopropici la creacin del estado de terror, sino que ayud a dar forma a unas institucionesestatales dependientes de la ayuda y la direccin americana. De sta manera se haconseguido dar forma a un estrato social completamente fragmentado en el que el poder dela sociedad civil no tiene otra salida para la reivindicacin de sus derechos que la aceptacinimplcita de la amenaza del estado autoritario, insertndose en la red militar de control social,o la escisin de la ciudadana de las instituciones que las representan, lo que las sita en elpunto de mira de la estrategia contrainsurgente e impide el desarrollo de la va poltica ypacfica.

    El bucle en el que se ve inmersa la sociedad colombiana estriba en la dificultad de alejarse de

    una cultura donde el poder de las armas se ha llegado a justificar ideolgicamente. Elcolombiano ha asumido dentro de su propia cosmologa una visin donde el pueblo escompletamente impotente para dirigir y llevar a cabo su propio crecimiento social yeconmico. La opcin militar es la nica va de institucin del poder, y la insercin de laciudadana en la sociedad se ver determinada por el reconocimiento de la violencia comoforma de entrada a las estructuras polticas y econmicas. La configuracin de un pas quedurante dcadas ha tenido que aceptar el estado de sitio sin que las inversionessupuestamente pacificadoras de los Estados Unidos hayan tenido ms efecto que el deaumentar y contribuir a la violencia, ser beneficioso para las relaciones comerciales que laprimera potencia mantiene con los pases menos desarrollados. Un sustrato social que noslo le servir como mano de obra barata de multinacionales, sino que ser colaborador enlos proyectos militares que se llevan a cabo des del norte de Amrica.

    En este sentido, es clave sealar el amparo legal sobre los que se ha preservado la

    militarizacin social en Colombia1, y los cambios en la legislacin en materia de seguridad

    que Estados Unidos ha aplicado a su Constitucin tras los atentados del 11-S. La aceptacinde grupos violentos en el pas andino ha llegado a nuestros das tras un largo proceso demilitarizacin social gracias a la retrica institucional que ampara los grupos de autodefensa.La relacin de los paramilitares con las fuerzas armadas ha sido largamente documentada,pero su supervivencia estriba en la justificacin legal de armamento a la ciudadana comonica manera para la lucha contra la guerrilla. As el ejrcito colombiano ha podido contarcon la formacin de una amplio nmero de contingentes armados que cometan violacionesde derechos humanos sin que stas fueran relacionadas con su estrategia de control poltico

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    La justificacin del paramilistarismo ha se ha llevado a cabo desde las mismas instituciones degobierno, definiendo a estos grupos como una seguridad privada imprescindible en la necesidad del

    gobierno para conservar el orden social

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    y social. El ejrcito ha adquirido la casi total impunidad sobre sus crmenes desvinculndosede acciones hechas bajo su direccin, pero cometidas por sectores oficialmentedesvinculados de l. De esta forma, Estados Unidos ha podido seguir financiando a lasfuerzas armadas con el amparo de la debilitacin de la independencia jurdica, que no slo hadejado de perseguir los crmenes, sino que ha encubierto pblicamente la legalidad de lasacciones violentas cometidas en colaboracin con las fuerzas armadas.

    La falta de separacin de poderes y la subordinacin del ejecutivo a las exigencias ynecesidades de la primera potencia, ha supuesto un factor esencial para que los intentos denegociacin y desmovilizacin armada se hayan quedado en una cortina de humo. As,mientras la cara pblica expona el discurso de paz democrtico, el gobierno ayudaba aesconder los intereses que mantenan la coordinacin de los paramilitares con el ejrcito. Lasconstantes violaciones legales sobre pruebas, testimonios e investigaciones en elenjuiciamiento de miembros del ejrcito, slo se contemplan como una muestra ms delamparo supuestamente encubierto con el que se consigue la permanencia de la accin militaren los objetivos del gobierno. Un amparo auspiciado y defendido desde la misma doblerasante en la que se basan las relaciones de Estados Unidos con su vecino del sur. Mientrasel Congreso americano aprueba leyes para la persecucin de crmenes de lesa humanidad y

    prohbe cualquier colaboracin de las fuerzas armadas con los paramilitares, el Departamentode Estado consigue anularlas sus mismas leyes con la desestimacin de pruebas queincriminen los activos militares que ellos mismos financian. Toda una serie de perversioneslegales que han creado un entramado social en el que se justifica la generacin de laviolencia como una relacin de poder implcita. Un contexto militar en el que todos losactores asumen y perpetan esta violencia sin posibilidad de una alternativa a la accinpacfica.

    Los largos aos de entrenamiento y capacitacin del ejrcito, y en general de la sociedadcolombiana, en reas militares han ayudado a los Estados Unidos en su mantenimiento de unestado mundial de terror. En este sentido, Colombia representa para la lnea de defensanorteamericana lo que en general supone Amrica Latina en las relaciones econmicas con su

    vecino del norte: un excedente militarizado que vende sus servicios al mejor postor. El origende los mercenarios emerge en un contexto en el que la guerra ya no es ideolgica sinoeconmica. La absorcin de estos miembros a la estructura militar norteamericana le suponeun brazo al ejrcito igualmente formado, mucho ms econmico y adems fuera de la

    jurisdiccin militar. El nombre no oficial que se le da a este grupo es la Sexta Divisin, comoforma coloquial para reconocer su dependencia y la integracin en los servicios de Defensanorteamericanos. Pero sus actuaciones no slo se limitarn a la ejecucin de los interesesamericanos en Colombia, sino que tambin sern utilizados como soldados a sueldo en otrosconflictos armados que mantiene Estados Unidos fuera de sus fronteras.

    Si este estado de violencia legalizada se da en pases como Colombia, a nivel internacionalse aprovecha a travs de la contratacin de lo que se llaman oficialmente guardias. Estossoldados son una fuerza floreciente del tercer mundo que gracias a las empresas de

    seguridad privada pueden ganar hasta veinte veces ms que en sus ejrcitos. Unaprivatizacin de la guerra que facilita la omisin de los derechos de los soldados y que asumealtos niveles de riesgo, sin la proteccin de las fuerzas del estado. Sin embargo, actan bajolos intereses del Ejrcito protegiendo a las empresas norteamericanas ubicadas en pases enlos que el pas est en guerra, como Irak o Afganistn, sin que se asuman responsabilidadesnacionales sobre su actuacin. A pesar de que Naciones Unidas prohibi en el 2001 elreclutamiento y formacin de estos mercenarios, se calcula que hasta 1.000 colombianospodran haber trabajado para empresas privadas norteamericanas en Irak.