Derecho de Petición Garavilla

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE DERECHO GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Dr. JAIME MIGUEL MORENO GARAVILLA “LIBERTAD DE PETICIÓN” ERIKA ALEJANDRA MALDONADO JUÁREZ BRIAN JESÚS MARTÍNEZ ELVIRA

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICO

FACULTAD DE DERECHO

GARANTAS CONSTITUCIONALESDr. JAIME MIGUEL MORENO GARAVILLA

LIBERTAD DE PETICIN

ERIKA ALEJANDRA MALDONADO JUREZBRIAN JESS MARTNEZ ELVIRA

NDICE

Introduccin

Contenido

Conclusiones

Bibliografa

INTRODUCCIN

El presente trabajo tiene como finalidad, explicar la garanta constitucional plasmada en el artculo octavo de nuestra Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos versa sobre la libertad de peticin.Como antecedente a esta facultad de todo ciudadano, tenemos que remontarnos a la poca cuando no haba instituciones jurdicas y las personas resolvan sus controversias con base en hacerse justicia por su propia mano. Se recurra a lo que se llam vindicta privada (venganza privada); forma arcaica, irracional y primitiva que consista en dirimir los conflictos por la fuerza.Despus, al ir evolucionando el hombre como lo dira Hobbes, -la sociedad pas de estar en un mundo de todos contra todos a encaminarse a un pacto en el cual cederan sus libertades a otro ente para que los protegiera-, teora que ms adelante Rousseau nos expondra ms atinadamente. Es de esta forma que las personas se adjudicaron a un determinado rgimen y con l a un propio Derecho que a la vez dio lugar a la creacin de rganos encargados de administrar justicia mediante una tcnica ms racional y pacfica. La existencia de este derecho se dio a luz como la negacin a la vindicta privada, denominacin que en su poca provocaba el caos y el desorden de la vida social. Dicho lo anterior, entonces ya se estaba en un contexto en el que haba una autoridad que impona un sistema para convenir los choques de voluntades mediante instituciones, las cuales le entregaron al individuo la potestad de ocurrir a la autoridad para que sta, llevando el rol de su poder soberano social, constriera al que incumpla con las normas a realizar, en conveniencia al agredido, las prestaciones omitidas o violadas o subsanar el dao producido y pagar por una pena, respectivamente. En tal virtud, la persona recibi la facultad de recurrir a cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escrita de cualquier ndole, la cual adoptara, especficamente, el carcter de simple peticin administrativa, accin, recurso, etc.Ahora bien, atendiendo a lo dicho anteriormente, este escrito se dedicar a atender los siguientes puntos basndose en lo que expresamente nos dice nuestra Carta Magna, la doctrina y la jurisprudencia, respectivamente: los requisitos de la peticion; las autoridades a quin se promueve la peticin; la negativa a recibir la peticin; el acuerdo por escrito; la autoridad que debe dictar el acuerdo; las peticiones formuladas ante autoridades incompetente; el criterio del Poder Judicial Federal; el error en la peticin; la negativa ficta; el acuerdo congruente; el trmino breve; y las limitaciones.

8.1 Derecho de peticin Segn Gonzlez Prez se trata de un derecho fundamental de la persona humana con carcter constitucional. Es el derecho de toda persona a ser escuchado por quienes ejercen el poder publico. Paralelo al derecho de peticin plasmado en el artculo 8 constitucional, se ha consagrado el derecho de toda persona a recibir una respuesta por parte de los rganos estatales. Algunos autores opinan que el derecho a recibir una respuesta, es una consecuencia natural del derecho de peticin, sin embargo en algunos ordenamientos, la idea de un derecho de peticin no incluye la obligacin de la autoridad de responder. Ignacio Burgoa nos dice que es la facultad de ocurrir a cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escrita de cualquier ndole, la cual adopta, especficamente el carcter de simple peticin administrativa, accin, recurso, etctera. Esta garanta no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero si impone a las autoridades la obligacin de dictara toda peticin hecha por escrito, est bien o mal formulada, un acuerdo tambin por escrito, que deba hacer saber en breve termino al peticionario. La potestad jurdica a la que estamos aludiendo, tiene como titular al gobernado en general, es decir, toda persona fsica o moral que tenga este carcter.[footnoteRef:1] [1: Burgoa, Ignacio, Las garantas individuales, Mxico, Porra, 2008, pp. 373]

8.1.1 Requisitos de la peticin I. FORMULADA POR ESCRITOEsto da a los participes un principio de certeza y seguridad jurdica, al mismo tiempo que se precisan los trminos, alcances y extremos de la peticin.1. En idioma espaol 2. En forma clara3. En duplicado para acuse de recibo4. Con la cita de los hechos5. Entrega de documentos6. Dirigida a un rgano o servidor publico a) sujetos de derecho privado b) autoridades en competencia para resolver la peticin 7. Firmada por el peticionario8. Sealando domicilio para notificaciones9. Aportar datos personales10. No expresar amenazas u ofensas11. En cualquier momento12. Solicitud de reservaII. LA PETICIN DEBER SER FORMULADA DE MANERA PACIFICA Y RESPETUOSAPor esto debe entenderse que la manera de expresar la peticin no debe alterar el estatus de tranquilidad presente antes de realizar la misma. De manera que no se debe hacer uso de violencia o amenazas para intimidar a la autoridad o funcionario pblico. III. EXCEPCIONES AL REQUISITO DE ESCRITURAAlgunas peticiones no exigen la formalidad de escritura, esto con la finalidad de ampliar la actuacin publica en beneficio de los gobernados. Existen 3 supuestos en donde se encuentran estas excepciones:1. Por mandato legal

El legislador ha encontrado circunstancias especiales por razones de celeridad administrativa o por economa procesal. En nuestro pas algunas de las instituciones que estn obligadas por norma legal a aceptar peticiones orales responden a la proteccin del consumidor o a la defensa de derechos humanos.

2. En situaciones de emergenciaComo su nombre lo indica, son hechos con cabe en la facticidad que conlleva un determinado acontecimiento. Este principio responde a la prestacin de diversos servicios: bomberos, polica, rescate, etctera.3. Por existencia de formularios La exigencia de presentar la peticin, queda en una forma elaborada ex profeso por el rgano o servidor publico. El peticionario redacta en sus propios trminos la peticin, quedando nicamente a la labor de relleno de los datos formulados en el formulario.IV. EL INTERS JURDICO EN LA PETICINEl inters jurdico es aquel que esta determinado por el reconocimiento legal de un derecho. Gramaticalmente se ha sealado que los conceptos de inters legtimo e inters jurdico tienen el mismo contenido. Martin Alonso sostiene que legitimo es a lo que esta conforme a las leyes mientras que jurdico es con apego a lo dispuesto por la ley.A lo que respecta al derecho de peticin, el inters jurdico no debe ser comprobado por el peticionario puesto que el Articulo 8 constitucional solo condiciona a que tal derecho sea ejercido por escrito y de manera pacifica y respetuosa. Dicho lo anterior, el texto constitucional no garantiza que al ejercer este derecho se imponga a la autoridad la satisfaccin plena de la peticin, pues solo establece las condiciones de la misma. En 1953 la Segunda Sala estableci que el mandato constitucional no queda sometido a la fundamentacin de la peticin, ya que el inters jurdico tiene su origen en tal disposicin.

La exigencia del inters jurdico en la peticin no es un requisito para su admisin, al contrario, el condicionamiento de tal existencia vulnera su ejercicio.

V. BUENA FE Y DERECHO DE PETICINImpone al peticionario el desarrollo de una conducta normal. Normal en cuanto no debe incurrir en alguna irregularidad que implique una actitud que atente contra el trafico jurdico: sea en forma de fraude a la ley o sea como abuso del derecho.[footnoteRef:2] Se trata de no abusar ni violentar el derecho, para as no estafarlo. [2: CIENFUEGOS SALGADO, David, El derecho de peticin en Mxico, Mxico, Instituto de Investigaciones Jurdicas, 2004, p. 150. ]

1. La buena fe de las institucionesEste principio, como lo indica Gonzlez Prez, no solo tiene aplicacin en el derecho administrativo, sino que es en ste mbito donde adquiere mayor relevancia.[footnoteRef:3] [3: Ibdem, p. 151.]

En nuestro pas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se indica que la participacin de carcter administrativo en el procedimiento se llevara acabo con base en los principios de economa, eficacia, celeridad, legalidad, publicidad y buena fe. Los rganos del poder pblico en su potestad de responder al peticionario en breve trmino, se presumen en su actuacin como que obran de buena fe.2. La conducta de buena feEl diccionario de Estriche indica o connota que: hay mala fe cuando se falta a la sinceridad y reina la malicia.La funcin de ste principio es eliminar la desconfianza entre el peticionario y el rgano o servidor publico al que se dirige.

VI. LA CIUDADANA Y EL DERECHO DE PETICIN Este derecho en nuestro pas, a diferencia de otros, es reconocido a todos los habitantes de la Republica y no slo a los ciudadanos, debido a la universalizacin del artculo 1.El articulo 8 constitucional en su primer prrafo establece: los funcionarios y empleados pblicos, respetaran el ejercicio del derecho peticin pero en materia poltica slo podrn hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la Republica. Tal limitacin constitucional no debe entenderse como una comprobacin de la calidad de ciudadano del peticionario, mucho menos como una prohibicin al ejercicio de tal derecho. Sino debe entenderse como el uso desafortunado del trmino, ya que con el articulo 1, y su universalizacin, queda establecido que el ejercicio del derecho de peticin no corresponde nicamente a los ciudadanos mexicanos, salvo en materia cvica, sino a todos los habitantes de la republica.Andrade Snchez seala que si la peticin fuera realizada por un extranjero o un menor de edad, los cuales no tienen la calidad de ciudadanos, la autoridad no estar obligada a responder. Sin embargo sta idea es algo errnea porque el rgano publica deber responder siempre al peticionario, dado que el derecho de respuesta esta garantizado por la constitucin. VII. LA PETICIN HECHA POR CORREO ELECTRNICOHoy en da con los avances tecnolgicos que estamos viviendo, nuestro sistema jurdico se ha ido adaptando a la necesidad de atender peticiones va electrnica ya dar respuesta por el mismo medio. El derecho de peticin al plantearse el uso de nuevas tecnologas tambin acontece ciertos riesgos. El ms importante y rescatable, radica en la certeza de que las personas que hacen la peticin, es decir, el peticionario, sean quien dice ser. En cuanto al rgano publico no hay tanto problema, porque como se explic en la buena fe, sus actos se presumen sinceros y sin malicia.

8.1.2 AutoridadesLa peticin debe hacer ante la instancia que se considera competente para resolverla. Pero se ha mostrado que el peticionario muchas veces desconoce que autoridad es competente y dirige la peticin a quien cree competente o a distintas autoridades al mismo tiempo.

8.1.2.1 Negativa a recibir la peticin El Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, establece que la negativa a recibir la peticin es violatoria de derechos:PETICIN, DERECHO DE. NEGATIVA A RECIBIR ESCRITOS PARTICULARES. ES VIOLATORIA. Independientemente de la competencia que a cada autoridad sea atribuible, conforme a la ley, estas estn obligadas, en principio, a recibir toda peticin que por escrito les dirijan los particulares en trminos pacficos y respetuosos; por tanto, cuando dichas autoridades, pretextando incompetencia, dejan de recibir promociones, violan la garanta establecida en el articulo 8o. de la constitucin general de la republica.[footnoteRef:4] [4: Amparo en revisin 648/78. Mireille Santoscoy Fava. 24 de agosto de 1978. unanimidad de votos. ponente: Carlos de Silva Nava. Semanario Judicial de la Federacin, Sptima poca, volmenes 115-120, sexta parte, p. 122.]

8.1.2.2 Acuerdo por escritoEl acuerdo debe estar en idioma espaol, salvo algunas excepciones (lenguas indgenas reconocidas con el carcter de nacionales). El sentido del acuerdo no implica que la contestacin que haga la autoridad sea favorable. Porque si alguna peticin hecha por escrito le falta algn requisito legal, el escrito que haga la autoridad, ser negando la peticin o aplazando el acuerdo para que se puedan cumplir los requisitos exigidos por la ley.La respuesta por parte de la autoridad deber ser por escrito y, adems, de hacrselo llegar al interesado al domicilio sealado, recabando su firma de notificado, para ello que la legalidad del acto encuentre completamente su eficacia.

8.1.2.2.1 Autoridad que debe dictar el acuerdoLa autoridad encargada de dictar el acuerdo es aquella que recibi la peticin, sin importar que sea competente o no. El precepto constitucional slo establece que la peticin cumpla trminos especficos, por lo que no importar el cargo o jerarqua de la autoridad al momento de cumplir la obligacin de responder al peticionario. Si la peticin es contestada por una autoridad diferente a la que se envi, el derecho no se ver violentado cuando la primera autoridad notifique al quejoso que fue reenviada a una autoridad distinta. Las autoridades violan el articulo 8 constitucional, cuando turnan la peticin a otra oficina y omiten comunicar el tramite al interesado[footnoteRef:5] [5: Segunda Sala, SJF6, t. tercera parte, II, p. 87.]

8.1.2.2.2 Peticiones formuladas ante autoridades incompetentesEn los supuestos en que la autoridad sea incompetente para resolver el asunto de la peticin, no se le exime de acordar y hacer del conocimiento del peticionario el acuerdo al que se ha llegado. El acuerdo por escrito es obligacin ineludible, y en casos de incompetencia, el contenido de ste ser la misma incompetencia. La Segunda Sala fijo los criterios para notificar la incapacidad legal de resolver la peticin:PETICIN, DERECHO DE. INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD. La falta de competencia de una autoridad para resolver la solicitud de un particular, no la exime de la obligacin de contestar la instancia, aun cuando sea para darle a conocer su incapacidad legal para proveer en la materia de la peticin.[footnoteRef:6] [6: Segunda Sala, SJF6, t. tercera parte, CV, p. 55.]

8.1.2.2.3 Error en la peticin

8.1.2.2.4 Negativa fictaEsta figura, slo es una de las posibles consecuencias del silencio de la autoridad. Desdoblando el silencio administrativo en sus dos exponentes, positivo y negativo, encontramos que la proteccin constitucional consagrada en el Art. 8 es distinta de la que puede derivar de la figura de la negativa ficta.La negativa ficta es una ficcin jurdica creada por el legislador. Cuando una peticin o instancia instaurada por el particular no es resuelto en un plazo de cuatro meses, se entiende resuelto negativamente, dejando al particular la aptitud legal para combatir por medios legales dicha resolucin. En agosto de 2002 el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito reitero la diferencia entre la negativa ficta y el derecho de peticin: NEGATIVA FICTA. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE NULIDAD CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD FISCAL PROVIENE DEL DERECHO DE PETICIN CONSAGRADO EN EL ARTICULO 8. CONSTITUCIONAL. El Derecho de peticin consignado en el artculo 8. constitucional consiste en que toda peticin formulada por escrito en forma pacifica y respetuosa deber recaer una contestacin tambin por escrito, congruente con lo solicitado, la cual deber hacerse saber al peticionario en breve termino; en cambio, la negativa ficta regulada en el articulo 37 del Cdigo Fiscal de la Federacin no tiene como finalidad obligar a las autoridades a resolver en forma expresa sino que ante la falta de contestacin de las autoridades fiscales, por mas de tres meses, a una peticin que se les formule y que tenga por objeto obtener un derecho en materia fiscal, se considerara por ficcin de la ley, como una resolucin negativa.[footnoteRef:7] [7: Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, SJF7, t. 90, sexta parte, p. 55.]

8.1.2.2.5 Acuerdo congruenteSe entiende por congruencia la conveniencia, ilacin o conexin entre ideas. La respuesta debe ser congruente con la peticin, pues seria absurdo estimar que se satisface la obligacin constitucional con una respuesta incongruente [footnoteRef:8] [8: CIENFUEGOS SALGADO, David, El derecho de peticin en Mxico, Mxico, Instituto de Investigaciones Jurdicas, 2004, p. 180]

El Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito considera que no existe incongruencia cuando se le diga al solicitante que faltan elementos materiales o formales en la peticin para poder solucionar lo pedido. Sin embargo una respuesta que no tiene congruencia con la solicitud formulada podra considerarse que no es respuesta.

8.1.2.2.6 Criterios del poder judicialLa principal finalidad del derecho peticin es evitar que los gobernados hagan justicia por su propia mano, esto ha consideracin del Sexto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito:PETICIN, DERECHO DE, EN MATERIA JUDICIAL. El derecho de peticin en materia judicial debe entenderse como la facultad del gobernado para acudir al rgano jurisdiccional con el fin de evitar la vindicta privada, y la autoridad que conoce del asunto, cumple con su correlativa obligacin de resolver sobre la controversia planteada, independientemente del sentido en que el asunto se dirima, puesto que el articulo 8 constitucional exige simplemente que exista una resolucin. [footnoteRef:9] [9: Sexto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, SJF8, t. X-julio, p. 394.]

8.1.2.2.7 Termino breveLa idea de breve trmino no ha sido delimitada cronolgicamente. Sin embargo la Corte ha considerado que si desde que se present la peticin han pasado 4 meses y no existe una respuesta o acuerdo se estar violando la garanta consagrada en el artculo 8. Sin embargo ese plazo, de 4 meses, no debe considerarse invariable o que es aplicable en todos los casos. Ya que la Segunda Sala tambin considera que el breve trmino es aquel donde se puede conocer racionalmente una peticin y dar un acuerdo. 8.1.2.2.7.1 Criterios del Poder JudicialEl primer Tribunal en materia administrativa del Primer Circuito, estableci lo siguiente sobre el breve trmino:PETICIN.BREVETERMINO. Es cierto que la tesis de jurisprudencia visible con el nmero 188 en la pgina 226 de la Tercera Parte del Apndice al Semanario Judicial de la Federacin publicado en 1965 (tesis 470, pgina 767, misma parte, del Apndice 1917- 1975), dice que es indudable que se ha violado el derecho depeticinconsagrado por el artculo 8o. constitucional cuando han pasado ms de cuatro meses de la presentacin de un ocurso sin que le haya recado acuerdo alguno. Pero resulta absurdo pretender interpretar esto a contrario sensu, en el sentido que no se viola el derecho depeticinantes de cuatro meses. La interpretacin a contrario sensu slo cabe, en efecto, cuando no hay ms que dos afirmaciones contrarias posibles, de manera que la adopcin de una bajo ciertas condiciones, obliga a la eleccin de la otra, bajo las condiciones opuestas. Pero cuando hay varias posibles afirmaciones, la eleccin de una, bajo ciertas condiciones, de ninguna manera implica necesariamente la eleccin de ninguna otra, bajo condiciones diferentes. O sea que la interpretacin a contrario sensu es la ms delicada de aplicar, y de ninguna manera debe pretender abusarse de ella. De que se estime indudablemente extemporneo un amparo promovido despus de cuatro meses de conocer el acto reclamado, no podra concluirse, a contrario sensu, que es procedente todo amparo promovido antes de cuatro meses. Por lo dems, tanto la diversa tesis visible con el nmero 193 de la pgina 237 del mismo Apndice antes sealado (tesis 471, pgina 769, del Apndice 1917-1975) como el texto del artculo 8o. constitucional, hablan expresa y claramente de "brevetrmino". Y es manifiesto que no es posible dar una definicin de lo que debe entenderse porbrevetrmino, de manera que comprenda todas las posibles peticiones elevadas a la autoridad, pues la naturaleza de lo solicitado, y los estudios o trmites que la contestacin requiera, hacen variable el perodo de lo que sera untrminorazonablementebrevepara dar respuesta, y el Juez de amparo debe ser casuista en este aspecto, atendiendo a las peculiaridades del caso y a lo que razonablemente se puede llamar un trminobrevepara dar respuesta a lapeticinde que se trate. Aunque en principio, conforme a la tesis de jurisprudencia citada en el prrafo anterior, cuatro meses sera untrminoexcesivo, en cualquier circunstancia.[footnoteRef:10] [10: Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, SJF7, t. 79, sexta parte, p. 61.]

8.1.2.2.8 Comunicacin 8.1.2.2.9 Limitaciones

Conclusiones 1. El derecho de peticin es reconocido en la mayora de los ordenamientos constitucionales actuales, y ha sufrido un desarrollo que poco a poco le ha ido quitando significado en los Estados de derecho moderno, esto se debe al reconocimiento legislativo de prerrogativas y derechos que en otros tiempos quedaban resguardados en el ejercicio del de peticin.

2. Refirindonos al artculo primero de la CPEUM debe indicarse que este advierte dos derechos: el de peticin y el de respuesta. Ambos se encuentran concebidos en trminos universales, es decir, se reconocen a todas las personas que residen en un espacio territorial. Tal universalidad no es irrestrictiva, encuentra como lmite, la restriccin de que, en materia poltica, nicamente podrn hacer uso de l, los ciudadanos de la Repblica. Ello obliga a hablar de derecho de peticin en dos sentidos: como derecho humano y derecho poltico.

3. Es la facultad que tienen los ciudadanos de nuestro pas de dirigir ante los rganos o servidores pblicos una peticin, una queja o una solicitud.

4. La formulacin pacfica a la que hace mencin el artculo octavo debe entenderse en el contexto del artculo noveno de la CPEUM , es decir, no debe alterar el orden pblico y no debe proferirse injurias o amenazas a la autoridad pretendiendo intimidarla y orientar el sentido de la resolucin.

5. Los supuestos del escrito del derecho de peticin son los siguientes: idioma espaol, redaccin clara y precisa, en duplicado para acuse de recibo, con citado de hechos y entrega de documentos necesarios para la procedencia de la peticin dirigida a un rgano o servidor pblico competentes, firmado por el peticionario, sealando el domicilio para or notificaciones, se evitar cualquier expresin que entrae amenazas u ofensas y podr presentarse en cualquier momento.

6. Se dan tres supuestos al requisito de peticin por escrito: cuando la ley permita la comparecencia personal o verbal; cuando se trata de solicitud de servicios pblicos en casos de emergencia, y, porque exista formulario. No es pecuniaria.

7. El derecho de respuesta no es nada ms que la obligacin que tienen los rganos y servidores pblicos de dictar un acuerdo escrito a cada peticin que se eleve frente a ellos y notificar tal acuerdo al peticionario, todo esto en breve trmino.

8. El breve trmino se ha interpretado como el lapso racional y necesario para dictar el acuerdo y hacer del conocimiento al peticionario del mismo.

9. La respuesta de los servidores pblicos slo se exige congruente, ms no favorable a los intereses del peticionario.

10. Los derechos de peticin son protegidos por el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federacin. Cualquier vulneracin merece la proteccin de la justicia federal, cuya intervencin tendr por objeto exigir el cumplimiento de los trminos contenidos en el artculo octavo constitucional.

BibliografaCIENFUEGOS SALGADO, David, El derecho de peticin en Mxico, Mxico, Instituto de Investigaciones Jurdicas, 2004