COLOMBIA, ENTRE EL CONFLICTO Y EL DESARROLLO.

El desarrollo de la humanidad ha traído ínsito conflictos que se originan en la insaciable búsqueda de poder dominar al otro, lo que ha generado la necesidad de organizar esquemas de control y distribución de recursos, encaminados a atender las necesidades sociales. Para ello, las estrategias utilizadas se han orientando al fortalecimiento de capitales monetarios, con lo cual se logra detentar el monopolio de los mercados y, consiguientemente, crear, atender y solucionar los requerimientos que se van dando a través del desarrollo de esas estrategias.

No es de gratis entonces, que en la división internacional del trabajo unos países se especializan en ganar y otros en perder1, a los que ganan, se les denominan países desarrollados y a los otros, se les conoce como subdesarrollados o en vía de desarrollo; paradójicamente, los últimos poseen en mayor proporción los recursos naturales y, es precisamente esa situación, la que permite que los países desarrollados presionen a los países pobres para que entreguen sus riquezas, bajo la cópula de la libertad de mercados, trayendo como consecuencia la pauperización de aquellos países que por su incapacidad tecnológica se ven obligados a establecer modelos de gobiernos guiados desde la grandes potencias.

Es decir, que la riqueza de los países en vía de desarrollo, es su infortunio, dado que en la explotación y extracción de su fortuna, se involucran con alta incidencia los intereses de los países imperialistas, quienes inescrupulosamente han implementando modelos de desarrollo para los países tercermundistas, en cuyo objeto se denotan restricciones en el progreso, pues lo que aparentemente se ofrece como desarrollo, termina siendo una derrota o, más bien, el desarrollo de los capitales e intereses transnacionales que terminan desestabilizando la paz de los países subdesarrollados, y a su vez, impidiéndoles un desarrollo equilibrado que les permita competir en igualdad de condiciones en la llamada liberación de mercados.

En el desarrollo de Colombia siempre han presentado incidencia países imperialistas, muy particularmente, Los Estados Unidos, quien ha dispuesto una campaña controladora que trae consigo la dominación, subordinación y la notable injerencia en los hechos políticos internos, así por ejemplo, en un informe enviado el 16 de mayo de 1946 al Departamento de Estado, el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Jhon C. Wiley, refiriéndose a Jorge Eliecer Gaitan, decía: “[…] Los Estados Unidos debe Observarlo con Cuidado y tacto. Puede ser que vuelva al camino correcto y sea de gran ayuda […] También puede convertirse, fácilmente en una amenaza, o al menos, en una

1 GALEANO, Eduardo. Las Venas Abierta de América Latina. 52ª Edición. Ed. Presencia Ltda. 1988.

espina clavada en nuestro costado. Es un hombre pequeño de una gran estatura […]”2. Tres años después sería asesinado ese líder nacional, supuestamente por el comunismo de la época, situación que aprovechó Estados Unidos para romper relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, como lo narra en su libro Hernando Calvo Ospina:

“Pero existía una razón determinante, altamente política, que no se expuso públicamente en la toma de la decisión: las resoluciones emanadas de la IX Conferencia Panamericana, y que quedaron plasmadas en la constitución de la OEA, crearon el marco mundial de la “guerra fría”, y esa ruptura con la URSS podría tomarse como el primer acto concreto. El asesinato de Gaitán “comprobaba” en vivo y en directo que la URSS y su comunismo, eran el peligro para la paz y la democracia, la libertad y el cristianismo.”3

Lo anterior es sólo un ejemplo de cómo el Imperio del Norte ha interferido en el devenir de Colombia, no para brindar ayudas encaminadas a un desarrollo equilibrado, si no, para aprovechar hechos coyunturales que favorece sus propios intereses. Así entonces, no es difícil colegir que en aras de mantener el dominio sobre nuestro territorio, Estados Unidos está dispuesto a realizar acciones de cualquier tipo para evitar nuestra autodeterminación; eso por un lado, pues por otro, cautiva a las clases dirigentes del País, (conservadores y liberales) quienes han cohonestado con las políticas desarrolladas para Colombia por el gran Coloso.

Lo complicado de esta situación, no es el hecho de que los gobiernos colombianos sean invitados a gobernar favoreciendo los intereses de los Estados Unidos, lo complicado y desastroso es la afectación que se causa a la población colombiana, que se ve inmersa en conflictos sociales gestados por las políticas aplicadas, lo que denominaría Jules Falque4, “las guerras de baja intensidad” cuyo campo de batalla es la psiquis colectiva, políticas que valiéndose de todos los medios a su alcance, transforman y cambian la necesidades de la población sin brindar solucion alguna; por ejemplo, si nos remontamos a los gobiernos de Pastrana y Uribe, tenemos que en el primero las necesidad de los (as) Colombianos (as) esencialmente era la obtención de un empleo dignó, lo que podría llevar a la consecución de la paz, mientras que en el segundo, la necesidad fundamental era la seguridad; lo extraño es que la necesidad surgida en el segundo gobierno, tuvo su origen en el primero; exactamente con la creación de una zona de distención como garantía para los diálogos de paz entre el gobierno y las Farc.

2 Colectivo de autores: Once ensayos sobre violencia. Ed. Centro Gaitán\Fondo Editorial CEREC. Bogotá 1985.

3 CALVO, Ospina, Hernando. Colombia, Laboratorio de embrujos, Democracia y Terrorismo de Estado. Ed. FOCA. Pag. 43.

4 FALQUE. Jules. Por las buenas o las malas las mujeres en la globalización. Ed. Centro Editorial, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Colombia. 2011.

Si recordamos bien, para el gobierno de Pastrana dos palabras entraron en boga “Plan Colombia”, con el cual se pretendía sensibilizar a la Farc para que se incorporara a la sociedad civil, en ese orden de ideas, se le dijo al País que este Plan era un proyecto integral de desarrollo que aportaría decididamente a superar el conflicto interno5, para tal efecto, se prometió la inversión necesaria en la zonas afectadas y la reactivación de la economía nacional. Sin embargo, el discurso oficial se apartó completamente de la realidad, pues ese Plan, fue redactado completamente en Washington, y se formuló como una política de los Estados Unidos, para proteger los intereses de sus empréstitos radicados en Colombia, ello se evidenció con la intervención del presidente de la Occidental Petroleum, Lawrence Meriage, quien manifestó: “El sector privado tiene enormes intereses estratégicos y vitales en juego en ese país y por eso el paquete de ayuda por 1574 millones debe ser aprobado cuanto antes […]”6, las fuerzas militares de nuestro país, defendieron el citado Plan y, el deber del gobierno colombiano bajo las directrices de los Estados Unidos, era imponerlo.

Ahora, si el objetivo de éste Plan era la reactivación de la economía, y la inversión en las zonas afectadas con cultivos ilícitos, ¿por qué la propuesta de los campesinos de que se les apoyara para sustituir esos cultivos fue desatendida por el gobierno? La respuesta es sencilla de colegir, porque el Estado colombiano sirve a los compromisos adquiridos con Washington y con la banca mundial, a quienes no les interesa el desarrollo del agro colombiano, es decir, que a nuestro campesino solo se les deja una alternativa para que se mueran de hambre; “La ilegalidad”.

Y es precisamente en esa ilegalidad donde se nutre el conflicto armado que por varias décadas azota a nuestro País, a este contexto se añade el reduccionismo de la orientación y determinación acerca de la subvención de la insurgencia con recursos del narcotráfico. Desde esa óptica, los cultivos ilícitos se han transformado en un nido dinamizador del conflicto interno, lo cual implica la inobservancia de aquellas dimensiones socioeconómicas de esta problemática, quedando las comunidades dependientes del cultivo ilícito asidas en decisiones que privilegia un tratamiento militar a la producción ilegal. En el énfasis en este "nido dinamizador", coincide el Estado colombiano con los ambientes de decisión en materia de drogas en Washington, que ven por su parte mayor posibilidad de resultados medibles en el corto plazo, si se insiste la fumigación aérea de las plantaciones de coca y amapola.

Esas condiciones sociopolíticas que existen en la base del problema del domino de economías ilegales como el narcotráfico en algunas regiones, infieren acciones u omisiones del Estado que de una u otra forma han propiciado la privatización del ejercicio del poder local o regional; lo que genera situaciones políticas y de incertidumbre que relevan la necesidad de más 5 El Espectador, Bogotá, 6 de enero de 1999.

6 CALVO, Ospina, Hernando. Op. Cit. Pag. 201.

seguridad, lo que favorece estratégicamente el desarrollo de dinámicas económicas ilegales o dañinas en el nivel regional. De ese modo surge el establecimiento de poderes que instrumentalizan lo político, o sencillamente crean estructuras paralelas a la formal institucionalidad existente, en donde reposa por lo general la necesidad de seguridad.

Situación que fue aprovechada por el Gobierno de Álvaro Uribe, quien no vaciló en crear un programa de gobierno encaminado a dar solución a esta nueva necesidad, por lo que emprendió un campaña donde se involucraba tanto a las fuerzas armadas institucionalizadas, como a aquellas otras que por fuera de la ley, también operaban en todo el territorio nacional, su objetivo, fue entrar en una guerra frontal con la guerrilla y todo lo que fuera contrario a ese programa de gobierno; tal campaña se denominó “Seguridad Democrática”, bajo este emblema los colombianos vimos una vez más, cómo los ejércitos privados se proliferaron, mientras el país se hundía en el mayor grado de aceptabilidad de las arbitrariedades cometidas por servidores públicos quienes fomentaron un amplio grado de corrupción, amparados en el nuevo esquema democrático de seguridad, que supuestamente proponía adelantar una estrategia de intervención integral, en torno a la generación de alternativas económicas y ambientalmente sostenibles, para el Desarrollo en zonas de conflicto.

En lugar de un desarrollo integral para las zonas de conflicto, lo que sucedió con el famoso esquema de seguridad democrática, en Colombia, se polarizó la sociedad, se radicalizó la represión selectiva combinada con temor generalizado, llevando a la disolución de la movilidad social, al fomento de la pasividad individual y colectiva y al control de la información y a la desinformación; mientras que paralelamente el país seguía siendo masacrado y nuestros recursos explotados por las transnacionales de nuestro gran socio comercial, al mismo tiempo, la clase política y corrupta de nuestro país enterraba el diente a lo poco que quedaba y entre ellos se distribuyeron los dineros destinados para subsidiar a los campesinos.

En Colombia el conflicto armado ha venido transversalizado su devenir histórico, y ese conflicto, pareciera ordenarse por los Estados Unidos, país que desde hace muchos años ha influido directamente en las políticas de desarrollo de Colombia, llevándola a un progreso que no le pertenece, dado que la involucra en una incultura del desarrollo económico y social, sumiéndola en la pobreza como una forma de establecer el terrorismo de Estado, cohonestado por gobiernos lacayos, como fue el del señor Uribe donde los grupos paramilitares, aparentemente desmovilizados en el 2002 y el 2005, se les responsabilizó de por lo menos 2750 asesinatos, mientras que para el mismo periodo, al ejercito se le acuso de aproximadamente 4300 ejecuciones extrajudiciales.

Pareciera ser entonces que el conflicto interno de nuestro país no puede terminarse y así lo ha demostrado nuestra historia, pues cada gobierno que llega promete defender la paz y las instituciones, pero paradójicamente, implementa políticas que están en contradicción con los intereses vitales de la mayoría de los y las colombianas, de los verdaderos pilares de la paz, es decir, de las necesidades de un empleo dignó, de una educación acorde con el

desarrollo científico y tecnológico, con la atención integral en salud, con la realización de una reforma agraria, donde se puede garantizar a los campesinos y campesinas su permanencia en el campo dentro de un esquema de industrialización agraria.

Lo cierto del caso es que ese conflicto armado que se ha arraigado en nuestro territorio, lo que busca es la dependencia de los Estados Unidos, y la ridiculización de nuestros hombres y mujeres que sin más alternativas se tiene que someter a las políticas trazadas por ese País quien solo nos deja migajas para morirnos de hambre.

Esas políticas de desarrollo, que proliferan la guerra interna de nuestro país, buscan dinamizar los intereses de las grandes transnacionales al servicio del neoliberalismo desmesurado, modelo económico, que nos ha clavado el diente y que solo nos dejara cuando haya extraído toda la riqueza de nuestros suelos.

BIBLIOGRAFIA.

CALVO, Ospina, Hernando. Colombia, Laboratorio de embrujos, Democracia y Terrorismo de Estado. Ed. FOCA. 262, Págs.

GALEANO, Eduardo. Las Venas Abierta de América Latina. 52ª Edición. Ed. Presencia Ltda. 1988. Págs. 486.

ORTIZ, Jiménez, William. Los paraestados en Colombia: Fundamentación teórica y salidas políticas. Universidad Autónoma Latinoamericana, Facultad de Derecho, Grupo de Investigación Ratio Juris. 2009. 335.

DAS. Veena. Sujetos del dolor, agentes de dignidad, Ed. Francisco A. Ortega. Bogotá Colombia. 2008. Págs.560.