DIARIO DE SESIONES - Defensor del Pueblo Andaluz...El Toyo, Almer ía, formulada por la Ilma. Sra. D...

DIARIO DE SESIONESNúmero 45 VI Legislatura Año 2001

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JAVIER TORRES VELA

Sesión Plenaria número 25

celebrada el miércoles, 6 de junio de 2001

ORDEN DEL DÍA

Órganos de Extracción Parlamentaria

Consejeros de la Asamblea General de Unicaja 6-01/OEP-000005. Consejo Andaluz de Estadística, 6-00/OEP-000007.

Defensor del Pueblo Andaluz

Informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz 6-01/IDPA-000001, correspondiente a la gestión realizada por dicha institu-ción durante el año 2000.

Cámara de Cuentas

Informe anual de la Cámara de Cuentas 6-01/ICG-000001,relativo a la fiscalización de la Cuenta General, contratación

administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial, corres-pondiente al ejercicio 1999.

Otras Actividades Parlamentarias

Dictamen 6-01/DEC-000003, aprobado por la Comisión deEducación, relativo a la situación del sistema universitario andaluz.

Mociones

Moción 6-01/M-000007, relativa a política general en materiade Justicia, presentada por el G.P. Popular de Andalucía.

Acuerdos de los Órganos de la Cámara

Solicitud de creación de Comisión de Investigación 6-01/CC-000009, con el fin de investigar las actuaciones deEgmasa — Empresa de Gestión Medioambiental— en IES enla provincia de Sevilla realizadas a finales de 1999 y princi-pios de 2000, presentada por los Ilmos. Sres. D. AntonioSanz Cabello, D. Rafael Salas Machuca, Dña. Teófila Martí-

nez Saiz, D. Salvador Fuentes Lopera, D. Juan Ramón CaseroDomínguez, Dña. María José García-Pelayo Jurado, D. Francis-co Javier Oblaré Torres, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D.Matías Conde Vázquez, D. Juan de Dios Martínez Soriano yDña. María del Carmen Crespo Díaz, del G.P. Popular de An-dalucía.

Proposiciones no de Ley

Proposición no de Ley 6-01/PNLP-000043, relativa a equipa-mientos comerciales e impuesto sobre grandes superficies, pre-sentada por el G.P. Andalucista.

Proposición no de Ley 6-01/PNLP-000048, relativa al plan de in-dustrialización del sector del corcho, presentada por el G.P. Mixto.

Proposición no de Ley 6-01/PNLP-000050, relativa a la refor-

ma de la Ley Electoral de Andalucía para impulsar la democra-cia paritaria, presentada por el G.P. Socialista.

Proposición no de Ley 6-01/PNLP-000051, relativa a la pro-tección de la independencia, solvencia, estabilidad y prestigio delas cajas de ahorro de Andalucía, presentada por el G.P. Popu-lar de Andalucía.

Preguntas Orales

Pregunta Oral 6-01/POP-000265, relativa al presupuesto degastos del Festival de Sevilla de Cine y Deporte, formulada porel Ilmo. Sr. D. Ricardo Tarno Blanco, del G.P. Popular de An-dalucía.

Pregunta Oral 6-01/POP-000274, relativa a necesidad de unaLey Andaluza de Protección de los Animales, formulada por elIlmo. Sr. D. Ildefonso Dell’Olmo García, del G.P. Andalucista.

Pregunta Oral 6-01/POP-000262, relativa al desarrollo defunciones administrativas por las empresas públicas en la Admi-nistración pública de Andalucía, formulada por la Ilma. Sra. Dña.María del Rosario Mateos Moreno, del G.P. Popular de Andalucía.

Pregunta Oral 6-01/POP-000269, relativa a la negociacióncon las organizaciones sindicales, formulada por la Ilma. Sra.Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista.

Pregunta Oral 6-01/POP-000252, relativa al abastecimientode agua al litoral, formulada por los Ilmos. Sres. D. José LuisBlanco Romero y Dña. María del Carmen Ortiz Rivas, del G.P.Socialista.

Pregunta Oral 6-01/POP-000253, relativa a la construcciónde la EDAR (Estación de Aguas Residuales) y los colectores deEl Toyo, Almería, formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Car-men Ortiz Rivas, del G.P. Socialista.

Pregunta Oral 6-01/POP-000264, relativa a la atención sani-taria a los inmigrantes, formulada por la Ilma. Sra. Dña. MaríaEsperanza Oña Sevilla, del G.P. Popular de Andalucía.

Pregunta Oral 6-01/POP-000244, relativa al Consejo Regio-nal de la Discapacidad, formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Ma-

ría Isabel Flores Fernández y Dña. Carmen Purificación Peñal-ver Pérez, del G.P. Socialista.

Pregunta Oral 6-01/POP-000245, relativa al II Encuentro Es-tatal de Mayores, formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Blanca Al-cántara Reviso y Dña. Carmen Purificación Peñalver Pérez, delG.P. Socialista.

Pregunta Oral 6-01/POP-000254, relativa a las centraleseléctricas en Cádiz, formulada por los Ilmos. Sres. Dña. MaríaCózar Andrades, D. José Luis Blanco Romero y Dña. AuroraAtoche Navarro, del G.P. Socialista.

Pregunta Oral 6-01/POP-000255, relativa a los fondos AEPSA,formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Blanca Alcántara Reviso yDña. Aurora Atoche Navarro, del G.P. Socialista.

Pregunta Oral 6-01/POP-000248, relativa a los acuerdosagrícolas de la Unión Europea con terceros países, especial-mente Marruecos, formulada por los Ilmos. Sres. D. Martin SolerMárquez y Dña. Clara Eugenia Aguilera García, del G.P. Socialista.

Pregunta Oral 6-01/POP-000257, relativa a la autorización auna empresa privada para certificar productos de agricultura yganadería ecológicas, formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Ló-pez Calvo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoriapor Andalucía.

Pregunta Oral 6-01/POP-000260, relativa a las ayudasagroambientales, formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Car-men Crespo Díaz, del G.P. Popular de Andalucía.

Pregunta Oral 6-01/POP-000251, relativa a la integración es-colar de los niños inmigrantes en Andalucía, formulada por las

PÁGINA NÚMERO 2688 DSPA 45/VI LEGISLATURA SEVILLA, 6 DE JUNIO DE 2001

Ilmas. Sras. Dña. María Isabel Flores Fernández y Dña. AuroraAtoche Navarro, del G.P. Socialista.

Pregunta Oral 6-01/POP-000263, relativa al conservatorioprofesional para la zona de Córdoba, formulada por la Ilma. Sra.Dña. Rosa de Lima Muñoz Cañete, del G.P. Popular de Andalu-cía.

Pregunta Oral 6-01/POP-000267, relativa al colegio públicoManzano Jiménez, de Campillos, Málaga, formulada por el Ilmo.Sr. D. Francisco Javier Oblaré Torres, del G.P. Popular de An-dalucía.

Pregunta Oral 6-01/POP-000247, relativa a los tratamientosselvícolas en Andalucía, formulada por los Ilmos. Sres. D. Ma-nuel Pezzi Cereto y Dña. María del Mar Román Martínez, delG.P. Socialista.

Pregunta Oral 6-01/POP-000259, relativa a las centrales deciclo combinado, la dependencia energética y la cumbre de Kyoto,

formulada por la Ilma. Sra. Dña. Isabel Garzón Sánchez, delG.P. Popular de Andalucía.

Pregunta Oral 6-01/POP-000273, relativa a las concesionesde explotación de equipamientos de uso público en espaciosprotegidos de Almería, formulada por la Ilma. Sra. Dña. CarolinaGonzález Vigo, del G.P. Popular de Andalucía.

Pregunta Oral 6-01/POP-000271, relativa a cajas de ahorro,formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Po-pular de Andalucía.

Pregunta Oral 6-01/POP-000256, relativa a la valoración dela situación creada e iniciativas sobre las cajas de ahorro de An-dalucía, formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, delG.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.

Pregunta Oral 6-01/POP-000258, relativa al desarrollo indus-trial de Andalucía, formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martí-nez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía.

SUMARIO

Se abre la sesión a las dieciséis horas, treinta y ocho minutos del día seis de junio de dos mil uno.

Punto primero del orden del día: Órganos de Extracción Parlamentaria

Consejeros de la Asamblea General de Unicaja, 6-01/OEP-000005.

Intervienen:Ilma. Sra. Dña. Ana María Fuentes Pacheco, Secretaria Segunda (pág. 2691).

Votación: Aprobada por asentimiento de la Cámara.

Consejo Andaluz de Estadística, 6-00/OEP-000007.

Intervienen:Ilma. Sra. Dña. Ana María Fuentes Pacheco, Secretaria Segunda (pág. 2691).

Votación: Aprobada por asentimiento de la Cámara.

Punto segundo del orden del día: Defensor del Pueblo Andaluz

Informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz 6-01/IDPA-000001, correspondiente a la gestión realizada pordicha institución durante el año 2000.

Intervienen:Excmo. Sr. D. José Chamizo de la Rubia, Defensor del Pueblo Andaluz (pág. 2691).Ilmo. Sr. D. Pedro Pacheco Herrera, del G.P. Mixto (pág. 2697).Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, del G.P. Andalucista (pág. 2699).Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (pág. 2702).Ilmo. Sr. D. Eugenio Gonzálvez García, del G.P. Popular de Andalucía (pág. 2704).Ilmo. Sr. D. Antonio María Claret García García, del G.P. Socialista (pág. 2706).

Punto tercero del orden del día: Cámara de Cuentas

Informe anual de la Cámara de Cuentas 6-01/ICG-000001, relativo a la fiscalización de la Cuenta General,contratación administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial, correspondiente al ejercicio 1999.

Intervienen:Ilmo. Sr. D. Pedro Pacheco Herrera, del G.P. Mixto (pág. 2709).Ilmo. Sr. D. Ildefonso Dell’Olmo García, del G.P. Andalucista (pág. 2710).

SEVILLA, 6 DE JUNIO DE 2001 DSPA 45/VI LEGISLATURA PÁGINA NÚMERO 2689

Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (pág.2711).

Ilmo. Sr. D. Juan Santaella Porras, del G.P. Popular de Andalucía (pág. 2712).Ilmo. Sr. D. Luis Ángel Hierro Recio, del G.P. Socialista (pág. 2714).

Votación: Aprobado por 95 votos a favor, ningún voto en contra, 5 abstenciones.

Punto cuarto del orden del día: Otras Actividades Parlamentarias

Dictamen 6-01/DEC-000003, aprobado por la Comisión de Educación, relativo a la situación del sistemauniversitario andaluz.

Intervienen:Ilma. Sra. Dña. Juana María Lasry Hernández, Presidenta de la Comisión de Educación (pág. 2716).Ilmo. Sr. D. Pedro Pacheco Herrera, del G.P. Mixto (pág. 2718).Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, del G.P. Andalucista (pág. 2719).Ilmo. Sr. D. Francisco Ríos Carrégalo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (págs. 2721,

2728).Ilma. Sra. Dña. María José García-Pelayo Jurado, del G.P. Popular de Andalucía (pág. 2723).Ilmo. Sr. D. Luis Ángel Hierro Recio, del G.P. Socialista (pág. 2725).Excma. Sra. Dña. Cándida Martínez López, Consejera de Educación (pág. 2728).

Votación: Consultar texto.

Punto quinto del orden del día: Mociones

Moción 6-01/M-000007, relativa a política general en materia de Justicia.

Intervienen:Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García, del G.P. Popular de Andalucía (págs. 2730, 2734, 2741, 2743).Excma. Sra. Dña. Carmen Hermosín Bono, Consejera de Justicia y Administración Pública (págs. 2732, 2735).Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (págs. 2736, 2743).Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, del G.P. Andalucista (pág. 2737).Ilma. Sra. Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista (pág. 2739).

Votación: Aprobados los puntos 8, 9 y 10.bis; rechazado el resto de los puntos.

Se suspende la sesión a las veintidós horas, treinta y dos minutos del día seis de junio de dos mil uno.


CONSEJEROS DE LA ASAMBLEA GENERAL DEUNICAJA, 6-01/OEP-000005

El señor PRESIDENTE

—Ruego a sus señorías que ocupen sus escaños,por favor.

Ocupen sus escaños, señorías, por favor.Señorías, se abre la sesión con el punto primero del

orden del día, designación de Consejeros de la AsambleaGeneral de Unicaja.

Tiene la palabra la señora Secretaria Segunda paradar lectura a la propuesta de los distintos Gruposparlamentarios.

La señora SECRETARIA SEGUNDA

—El Grupo Parlamentario Socialista propone para ladesignación de Consejeros de la Asamblea General deUnicaja a las siguientes personas:

En cabeza doña María Luisa Bustín Ruiz, don JoséMaría Jiménez Barrios, don Ramón Cedeño González,don José Álvarez Molina, don José Aurelio Aguilar Ro-mán, doña María Dolores Reyes Ramos, don José GarcíaPérez, doña Encarnación García Fernández, don JoséMaría Reguera Benítez, don Manuel García Quero, donLuis Reinas Alcolea, don José María Vázquez Castillo,doña Carmen Rosa Torres Baro, don Francisco TrigueroRuiz, don Rafael Fernández Díaz y don Juan CarlosLomeña Villalobos.

Por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía secompone la designación de los 14 Consejeros de Unicajapor las siguientes personas: Jorge Molina Sanz, PabloBenzal Contreras, Alberto Torres Orozco, Antonio CastillaRama, Javier Mantaras Mechén, José Loaizna García,Joaquín Luis Ramírez Rodríguez, José Ramón CaseroDomínguez, Miguel Rosendo Hurtado, Ana María Corre-dera Quintana, Francisco Romero Lechuga, Daniel Sán-chez Pérez, José Manuel Atencia González y José PeñaVillalba.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida seproponen a los siguientes Consejeros a la Asamblea Ge-neral de Unicaja: José Cabrera Díaz y José Luis PortilloRuiz.

Por parte del Grupo Parlamentario Andalucista, donFrancisco José Calvo Poyato.


—Perdón, por el Grupo Parlamentario Andalucista,Francisco Alfonso Castro Azuaga y don Antonio MaríaMartín Lara.

Señorías, ¿puede considerar la Presidencia que seacepta por asentimiento de la Cámara la propuesta rea-lizada por los distintos Grupos parlamentarios?

Así se declara.

CONSEJO ANDALUZ DE ESTADÍSTICA, 6-00/OEP-000007


—Ruego a la señora Secretaria Segunda que a con-tinuación lea las propuestas de los Grupos parlamentarioscomo Vocales del Consejo Andaluz de Estadística.

La señora SECRETARIA SEGUNDA

—Como Vocales del Consejo Andaluz de Estadística,el Grupo Parlamentario Socialista propone para formarparte del mismo a doña María Sánchez Tejada, don Joa-quín Muñoz García y don José María García Pérez. Comosuplentes de los mismos se propone a doña InmaculadaCaravaca Barroso, doña Inmaculada Pérez de GuzmánMolina y don José Ramón Atúnez Castillo.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular de An-dalucía se propone como miembros a don Mariano Car-bonero Rus, don Francisco Criado Torralba y doña Ge-noveva Millán Vázquez de la Torre. Como miembrossuplentes de los mismos se propone a don Braulio AlfaroGonzález, don. Salvador Merino Córdoba y don CarlosUrbano de Luna.

Como parte del Consejo Andaluz de Estadística, elGrupo Parlamentario de Izquierda Unida propone a donPedro Vaquero del Pozo como titular, y como suplentedel mismo a don José Luis Pérez de Tapias.


—Muchas gracias, señora Secretaria Segunda.¿Puede considerar la Presidencia de la Cámara que

la propuesta se aprueba por asentimiento de la misma?Así se declara.

INFORME ANUAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLOANDALUZ 6-01/IDPA-000001, CORRESPONDIENTE ALA GESTIÓN REALIZADA POR DICHA INSTITUCIÓNDURANTE EL AÑO 2000


—Señorías, pasamos al punto segundo del orden deldía: informe anual del Defensor del Pueblo Andaluzcorrespondiente a la gestión realizada por dicha institu-ción durante el año 2000. Ruego al señor Defensor delPueblo que suba a la tribuna para exponer su informe.

El señor DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

—Excelentísimo señor Presidente. Señoras Diputa-das. Señores Diputados.


En la intervención que voy a realizar esta tarde pretendocumplir con dos objetivos: ofrecerles un resumen de loscontenidos del informe anual presentado ante esta Cá-mara referido al ejercicio del pasado año, y además unnecesario balance de lo que ha sido el trabajo de la ins-titución en este último mandato próximo a concluir.

Respecto al informe anual de 2000, debo destacar,en primer lugar, una serie de datos numéricos que nosayudan a adentrarnos en el trabajo del pasado año. Du-rante el año 2000 se han presentado 4.525 quejas. Dela experiencia de los últimos años cabe concluir que sobrelas cuatro mil quinientas quejas se sitúa el tramo máximode las reclamaciones que se vienen a presentar al añoante esta institución, de no mediar circunstancias extraor-dinarias.

En cuanto al número de quejas admitidas en el 2000,ha ascendido a 3.102, el 68’56%. Estos porcentajes siguenmejorando las medias de admisión de quejas en el De-fensor del Pueblo Andaluz, toda vez que el porcentajemedio de admisión de quejas en los comisionados par-lamentarios del Estado español era en 1999 del 65%.En cuanto a las quejas de oficio iniciadas por la institucióndurante el año 2000, se han abierto 142 quejas, lo quesupone un incremento del 3’6% respecto de las de 1999.

Desde la perspectiva de las materias objeto de queja,la de educación sigue siendo la que mayor número pre-senta en el 2000, con un número similar al del año anterior,1.247 quejas. No obstante, en este número también seincluyen este año varias quejas masivas, repetidas en594 ocasiones, que estamos obligados a computar indi-vidualmente ante el derecho que nuestra ley reguladorareconoce a los ciudadanos de presentar de forma indi-vidualizada sus quejas y a que así se les admitan y tra-miten.

La segunda materia objeto de queja es este año lade Justicia, con 744 quejas, siendo la que experimenta,junto con servicios sociales, un mayor incremento; enconcreto el 27’4%, 160 quejas. Vivienda, obras públicasy transportes, con 592 quejas, aparece como tercera ma-teria. La cuarta es la de salud, con 404 quejas, 30 menos,el 8% menos que en 1999, si bien en esta área, en esteejercicio, no han tenido en él entrada grandes quejasmasivas.

Destaca también en este ejercicio la materia de servi-cios sociales, que se incrementa un 48’5%, 114 quejasmás que en 1999, en las que se han presentado 349.Este aumento obedece principalmente a las quejas reci-bidas en materia de menores, que han sido 119.

La atención prestada a los ciudadanos desde la Oficinade Información se incrementa con respecto al ejercicioanterior. Así, en el 2000 se han atendido 4.490 consultas,167 más que en el año anterior.

Para concluir esta exposición de datos estadísticos,quisiera destacarles por último los resultados de Internet,que han mejorado considerablemente, y pueden consi-derarse muy satisfactorios en cuanto a la consecuciónde los objetivos fijados. Así, durante el 2000 hemos re-cibido un total de 15.740 visitas a nuestra página en lared. A través de esta vía se han formulado 387 quejasy se han retirado 5.918 informes.

A partir de estos datos podemos detenernos en el aná-lisis de diversas cuestiones expresadas en las quejas deeste ejercicio que consideramos oportuno destacarles.

Señoras y señores Diputados, las quejas en materiade Justicia tienen un peso significativo año tras año. Bastadetenernos en los últimos ejercicios para advertir que lasquejas sobre la Administración de justicia aparecen entrelas tres áreas temáticas más conflictivas. El supuesto másdestacado lo representan aquellas quejas que evidenciancasos de dilaciones singulares en la tramitación de losprocedimientos judiciales. No se trata de problemas pun-tuales que pudieran estar ligados a procesos especial-mente difíciles o por una pasividad interesada de las par-tes: hablamos de retrasos que se explican por la persistenteinactividad de los órganos judiciales encargados de sutramitación. Son órganos que arrastran también, en mu-chos casos, una insuficiencia de medios materiales y per-sonales que hacen sencillamente inaplicable la prácticade la actuación judicial.

Desde la particular experiencia de esta institución, po-demos seguir indicando, como realizábamos en el informede 1993, que los retrasos en la Administración de justiciaconstituyen el principal motivo de queja de los andalucesen cuanto a la actividad de juzgados y tribunales. Bienes cierto que la situación descrita no pretendemos ana-lizarla desde una foto fija, ausente de antecedentes y sinatender a los programas y pactos futuros de moderniza-ción; pero, aun a pesar de las líneas de mejora observadasen materia tras el traspaso de los medios y servicios ala Junta de Andalucía, tenemos que decir que la Admi-nistración de justicia en nuestra Comunidad adolece degraves y persistentes defectos y carencias.

El retraso injustificable en los procedimientos coincidecon la lentitud en la adopción de soluciones. Desgracia-damente, las quejas por retrasos judiciales injustificadosnos llegan con demasiada frecuencia, sin que un añotras otro podamos dejar de recoger una extensa menciónsobre ellas en nuestros informes anuales. Hablamos eneste ejercicio de los partidos judiciales de Berja, Roquetasde Mar, El Ejido, Arcos de la Frontera, Sanlúcar de Barra-meda, Posadas, Sanlúcar la Mayor, Alcalá de Guadairao los nuevos juzgados de lo contencioso-administrativo,que, a pesar de su reciente y muy retrasada creación,ya presentan síntomas graves de acumulación de asuntosy retrasos importantes. La situación de parálisis de muchosjuzgados andaluces llega a poner en cuestión el derechoconstitucional de obtener una tutela judicial efectiva, yademás debo señalarles que la tradicional desigualdaddel ciudadano de a pie ante la Administración de justiciase acentúa, porque, cuando no se ofrece un eficaz serviciode la Justicia, se producen graves perjuicios que sonpeor soportados por los ciudadanos de una menor ca-pacidad económica y social. La justicia lenta es menosjusta y hace más daño a los que menos tienen.

Ante esta situación, podemos comprender la aprecia-ción manifestada por el ciudadano a través de diversasencuestas, entre las que destaca la realizada por el propioConsejo General del Poder Judicial. El 82% de los en-cuestados entendía que la Justicia es tan lenta que másvale evitarla siempre que se pueda. No son éstas opi-


niones que merezcan un servicio público que se preciede tal. Del mismo modo que se va ganando concienciaa la hora de exigir calidad y atención a los serviciospúblicos, debemos aprender a exigir ante los servidoresde la Justicia eficacia y rigor en su servicio, con la plenalegitimidad que ostentamos en cuanto ciudadanos. UnEstado de Derecho que tiene en su Administración dejusticia el instrumento que lo hace creíble ante el ciuda-dano que pide amparo efectivo de la ley debe asumircomo elemental prioridad la superación de estos proble-mas.

En el área educativa quiero destacarles los problemasque nos llegan sobre la educación compensatoria dirigidaa alumnos con discapacidades. Son demasiado reitera-tivas y coincidentes las quejas por falta de profesores,cuidadores y monitores de apoyo para atender las ne-cesidades que hacen de estos niños unos alumnos sin-gulares, y cuya atención pretende sencillamente que nolo sean, o que no sean tanto. Un cuidador, un monitor,se convierte en la figura clave para entender y hacercreíbles los principios de solidaridad e igualdad en laeducación. Tan importante resulta su presencia que suvacante o la falta de previsión para su incorporación ala atención de estos alumnos deshace un esfuerzo depresencia, de normalización y de continuidad que resultanimprescindibles para estos niños y niñas y sus familiares.

La integración educativa es una valiente apuesta querequiere esfuerzos de medios y de personal. Nos preo-cupa que este esencial proyecto quede en cuestión entrela comunidad educativa de muchos centros por la faltade medidas coherentes que lo haga creíble.

También en el ámbito educativo destacamos los pro-blemas que se siguen produciendo en los procesos deescolarización de alumnos y alumnas, sobre todo en or-den a la existencia de zonas escolares donde la demandaes superior al número de plazas que se ofertan. Éstees un problema que deberá ser analizado y programadocon sumo cuidado en un futuro inmediato, y sobre elque nos hemos manifestado en el informe. Pero de lamano de una cuestión fundamental, como es el procesode incorporación de alumnos al sistema educativo, apa-recen los problemas derivados de la aplicación de loscriterios que deben resolver estas peticiones, y ordenarlassegún prioridades, ya que ante la falta de plazas hayque determinar qué alumnos deben ser remitidos a otroscentros que no son los deseados por los padres.

Estos procesos generan conflictos, que a veces ad-quieren especial relevancia cuando en los procesos deadmisión de alumnos se detectan prácticas irregulareso fraudulentas por parte de algunas familias, dispuestasa todo con tal de asegurar las plazas escolares parasus hijos, que dan lugar a un cruce de denuncias y acu-saciones, y a veces concluyen en serios enfrentamientosentre las familias infractoras y las familias perjudicadaspor dichas prácticas.

Esta institución entiende que no puede consentirsede ninguna manera que algunos alumnos obtengan frau-dulentamente plazas escolares mediante prácticas irre-gulares en detrimento de los derechos de otros alumnos,y asimismo considera que es obligación de la Adminis-

tración educativa articular las medidas necesarias paraque estas irregularidades sean detectadas y sancionadasdebidamente.

Para ello entendemos imprescindible que por partede la Administración educativa se establezcan medidasque garanticen la pureza de los procesos de admisiónde alumnos en todos los centros docentes y pongancoto a las prácticas irregulares y a las picarescas queúltimamente parecen estar proliferando.

Nos encontramos ante un sistema educativo afectadopor un descenso evidente de alumnos y una demandade centros por parte de algunos padres que no siempreresponde a la tipología que ponen a su disposición losservicios educativos públicos. El gran debate que se ave-cina en la educación será la decisión que se adoptesobre dos posibles opciones: dejar que el proceso dedemanda impulse el establecimiento de plazas allí dondese soliciten, sin atender si son públicas o concertadas,o bien encauzar la demanda distribuyéndola entre todoslos centros existentes, evitando su desaparición. Cual-quier opción provocará apoyos y rechazos. En la primeramedida porque se afectaría gravemente a la pervivenciadel modelo público educativo, a la luz de la orientaciónque en estos momentos presenta una parte de la de-manda más dirigida hacia los centros privados concer-tados. Del mismo modo, un proceso de reubicación detal demanda en centros que no coinciden con los de-seados despertará la reivindicación de padres que invo-can su opción a elegir un modelo de colegio.

En torno a este debate, desde la institución del De-fensor del Pueblo Andaluz sólo cabe recordar el papelesencial que han de asumir los poderes públicos paragarantizar el derecho a la educación, y la necesidad deapoyar un sistema educativo que aparece, para la ma-yoría de la sociedad, como el instrumento imprescindiblede progreso e igualdad de oportunidades, y en todo casohay que saber actuar con criterios que permitan aplicarflexibilidad allí donde la situación lo aconseje.

Por ello, en estos momentos quizás la posición másviable sea aquella que opte por fórmulas intermediasque procuren distribuir de la forma más equitativa posiblelas consecuencias derivadas del descenso de la natali-dad, tratando de alterar lo menos posible el status quoactual, caracterizado por un reparto de alumnos en unaproporción aproximada del 80% para la enseñanza pú-blica y el 20% para la privada concertada.

Pese a que aún no está claro cuál será la decisiónque adopte la Administración finalmente, lo que sí po-demos anticipar es que la misma deberá adoptarse pron-to, porque el descenso de la natalidad ya es un hechoconstatable en muchos centros docentes y será necesariotomar decisiones antes del próximo proceso de escola-rización. Asimismo, nos atrevemos a augurar que, seacual sea dicha decisión, la misma será polémica y ori-ginará conflictos en el seno de la comunidad educativa.

Señoras y señores Diputados, desde numerosos forosde absoluta solvencia se nos viene anunciando la pre-sencia cada vez más acentuada de patologías psíquicas.Tanto es así que desde la Organización Mundial de laSalud se habla de la enfermedad mental como la dolencia


de este siglo. Además, y en estos últimos años, hemosvisto la aparición de nuevos problemas psiquiátricos quecorresponden a perfiles distintos en los pacientes. Nosestamos refiriendo a lo que se viene definiendo comopatología dual, como la coexistencia de una drogodepen-dencia y un trastorno mental definido. Se trata de undiagnóstico transversal, sin identidad homogénea, en elque las relaciones entre ambos trastornos han sido per-fectamente definidas. El efecto biológico, psicológico ysocial derivado del uso de drogas es, en estos momentos,un factor de vulnerabilidad para la aparición de determi-nados trastornos psiquiátricos. Estamos refiriéndonos aun amplio colectivo, que viene a suponer un 60% aproxi-madamente de la población en tratamiento de drogas,sin que se conozca desde los recursos psiquiátricos laincidencia que en estos momentos tienen estos pacientes.

Este amplio colectivo viene sintiendo cómo a veceses maltratado en el tipo de respuesta asistencial que re-cibe, al ser los pacientes derivados desde unos serviciosa otros sin llegar a un consenso sobre quién o quiénesdeben asumir su atención. Debemos concebir estos servi-cios como una respuesta global a un problema de granincidencia social. Por ello es necesario arbitrar medidasque vengan a mejorar las deficiencias detectadas, inde-pendientemente de que éstas se hagan desde los serviciosde salud mental o desde los servicios de drogodepen-dencia.

Esta situación se agrava cuando comprobamos queel ritmo de puesta en marcha de los recursos previstosen la primitiva reforma psiquiátrica supera con muchocualesquiera de las peores previsiones, y las graves con-secuencias que generan estas carencias siguen reper-cutiendo en familiares desasistidos. Cuando éstos fallan,la situación de abandono de este tipo de enfermos men-tales se vuelve incompatible con cualquier postulado delderecho a la protección de la salud.

Señorías, consideramos que, o se le da un decididoimpulso a la atención de estos colectivos, o me temoque llegará un momento en el que el sistema sociosanitariopúblico quedará al margen de cualquier capacidad deabordar estas dolencias.

Entre lo sanitario y lo asistencial se encuentra el pro-blema que paso a describirles, al igual que ya comentéen mi comparecencia en la Comisión del pasado día 22 demayo. Me refiero a los enfermos de sida sin recursos, yen concreto los problemas que están sufriendo no ya encuanto a pacientes de esta terrible enfermedad, sinoen cuanto a personas a las que se les priva de la únicavía que les permite intentar llevar una vida digna, queademás resulta clave para luchar contra su dolencia. Merefiero a la regulación restrictiva para acceder a pensionesno contributivas que se está aplicando a estos enfermos.Muchos de ellos, sin familia ni apoyo social, tenían enlas pensiones no contributivas el último recurso de mínimosustento; pero la norma reguladora, a partir de producirseuna posible mejoría, hace que pierdan este recurso, por-que quedan excluidos de los requisitos, de tal suerte quela pérdida de la pensión revierte de una manera muygravosa en las condiciones de sustento que son impres-cindibles para procurar una vida normalizada que ayude

a la estabilización de su enfermedad. Esta carencia dela pensión y de recursos les lleva, en muchos casos, auna cíclica recaída, cuyo empeoramiento vuelve a situar-les en la teórica disponibilidad para reunir los requisitosque les lleven a acceder de nuevo a la pensión antesdenegada.

Pueden imaginar el tiempo y las gestiones que implicanestos procesos de suspensión, de negación, nueva soli-citud y eventual concesión de la ayuda, y si cualquiertiempo perdido es absurdo, en estos enfermos de sidaadquiere una dimensión incalculable.

Aunque sea en estrictos términos economicistas, quetanto imperan en estos tiempos, tendremos que pregun-tarnos: ¿Alguien ha evaluado el coste de los tratamientosmédicos que se ofrecen a estos enfermos para lograr suestabilización, para que más tarde se derrochen estosesfuerzos por carecer de una mínima pensión? Si la mo-tivación de estas ayudas asistenciales es el padecimientode la enfermedad, ¿acaso no merece el sida una res-puesta más razonable y meditada?

En este ejercicio se repiten quejas en materia tributariaque resultan singularmente preocupantes. Son los casosen los que los contribuyentes exigen la devolución deingresos que han sido declarados como indebidos porparte de los órganos de revisión competente; en concreto,por el tribunal económico-administrativo. Estas reclama-ciones son estimadas, y se declara el derecho del ciu-dadano a que le sean devueltas determinadas cantidades,y, sin embargo, el tiempo que transcurre hasta que esepago se realiza es absolutamente inaceptable. En todocaso, contrastan estos retrasos con la celeridad y la in-mediatez con las que las Administraciones tributarias apli-can el juego de los plazos y sus demoras. En el informeanual se relatan varias quejas que coinciden en esta cues-tión y que insinúan, por su reiteración, un sistemáticocomportamiento poco respetuoso con los derechos delos contribuyentes.

Señoras y señores Diputados, una de las cuestionesque se viene repitiendo con mayor profusión en las quejasrelacionadas con el medio ambiente es la creciente preo-cupación social por los dudosos efectos que pueden pro-ducir las antenas de telefonía móvil en la salud de losciudadanos. Hemos recibido un grupo significativo de que-jas presentadas desde capitales y zonas rurales contraestas instalaciones, ya sean ubicadas en edificios de vi-viendas o en proximidad de centros sanitarios y educa-tivos. Además, estas instalaciones provocan evidentes im-pactos paisajísticos y medioambientales que suscitan elrechazo o, cuando menos, la seria preocupación de losvecinos.

Hemos estudiado con especial cuidado esta proble-mática, y recogemos en el informe anual varios estudiosiniciados por la Organización Mundial de la Salud y elConsejo de la Unión Europea. Podemos resumir la si-tuación indicando que no se ha expresado ninguna autori-dad científica mediante conclusiones definitivas sobre losefectos en la salud de estas instalaciones, si bien existendiversas teorías que entienden que se producen gravesperjuicios por radiación. Pero en tanto en cuanto estasconclusiones científicas se obtienen, todas las instancias


solventes aconsejan un imprescindible sentido de la pru-dencia y de la prevención en los procesos de instalaciónde estas antenas. A la vez, la implantación de la red detelefonía móvil provoca no pocas dudas entre las Admi-nistraciones locales que intervienen en los procedimien-tos de autorización de las antenas. Ante la ausencia decauces normativos precisos, hemos recomendado ex-presamente a la Consejería de Medio Ambiente que de-sarrolle un marco normativo adecuado en base al cualse puedan reglar estas autorizaciones.

No parece que la instalación de estas antenas seaun tema que deba decidirse entre juntas de vecinos. Elvacío legal que existe debe ser urgentemente resuelto,y consideramos que la Consejería que ostenta formal-mente competencias para marcar unas normas de ga-rantía debería asumir un impulso entre las autoridadeslocales y otras instancias ante una necesidad tan apre-miante.

Por tanto, el medio ambiente está ocupando un lugarpreeminente en los valores demandados y reivindicadospor los ciudadanos. El entorno saludable y su calidad,sobre todo en las ciudades, están siendo una aspiracióncada vez más exigida, teniendo en cuenta que, además,el nivel de agresiones y de aspectos que cercenan esacalidad de vida son cada vez más acentuados.

Un elemento clave de este deterioro es la agresiónque genera el tráfico rodado. Todos los estudios coincidenen señalar que el ruido y las molestias que impone lacirculación de vehículos en nuestras ciudades grabande manera muy notable la calidad de vida de los vecinose impactan en muchas facetas que afectan directamentea su bienestar. Creo que necesitamos abordar con de-cisión una necesaria limitación de este tráfico, funda-mentalmente por dos razones. De un lado porque, comohemos señalado, aparece como el elemento contami-nante más activo y pernicioso, y además porque el controlselectivo de esta circulación demostraría que buena partedel tráfico es perfectamente evitable mediante medidasdisuasorias y, por supuesto, alternativas para atenderlos desplazamientos de los vecinos.

Existe otro elemento que sufre con especial fuerzaestos impactos, y es el patrimonio monumental. Ciertoes que el origen de estos factores contaminantes esmuy diverso, y en gran medida escapan del control in-mediato de los responsables municipales; pero el tráficorodado que amenaza estas zonas históricas es el factorque permite un control más directo y con una incidenciacuasi inmediata a la hora de limitar este daño. A travésde numerosos contactos con responsables municipaleshemos advertido un cierto temor a propiciar entre la ciu-dadanía estas medidas por algunas opiniones contrarias;sin embargo, los casos en los que se han dado pasosen esta dirección, la valoración ciudadana a la luz delos resultados es claramente favorable. Ciudades quehan optado por recuperar los espacios públicos para darcabida a un medio urbano de calidad han dado un esen-cial paso hacia un entorno acorde con las demandas desalud y bienestar de sus vecinos.

También muy ligada a la competencia municipal ycon una creciente preocupación social debo reseñarles

la demanda social que nos llega ante los problemas de-rivados del vandalismo que padecen nuestras ciudadesy pueblos contra enseres, mobiliarios y equipamientosurbanos. Estas acciones, de puro y simple gamberrismodañino, caprichoso y antisocial, están provocando unosefectos económicos sencillamente inasumibles por partede las arcas municipales. Pero también apreciamos unacomún demanda de los vecinos en orden a la poca sol-vencia con que las autoridades ejercen como tales yasumen la responsabilidad de tomar las medidas pre-ventivas y disciplinarias que también caben en un Estadode Derecho moderno y garante de los derechos y liber-tades de los ciudadanos, de todos. Cierto es que setrata de un problema multidisciplinar, pero esta comple-jidad no puede convertirse en la excusa para contemplardesde la lejanía y la pasividad una situación que tomaun cariz muy preocupante. Son hábitos que merecenuna respuesta decidida en vez de aguardar a que sen-cillamente pasen de moda.

Ante esta situación, cabe la duda de cuál sería lasituación actual si los poderes públicos hubieran reac-cionado con mayor agilidad ante estos problemas cuandoaparecían de forma incipiente. ¿De verdad se ha inten-tado poner freno a estas actuaciones de vandalismo, ose prefiere diluir sus efectos a costa de la paciencia dela ciudadanía? En todo caso son problemas que requierensoluciones que están sólo en manos de quienes detentanesa responsabilidad y a los que cabe exigir liderazgo ydecisión en pro de una calidad de vida en el entorno denuestras ciudades y pueblos.

Precisamente en el entorno rural he tenido la opor-tunidad de trabajar con numerosas asociaciones cívicasen favor de la participación ciudadana, y he comprobadolas demandas de muchas mujeres, que están ansiosasde alcanzar unas cuotas de presencia en todas las facetasde la vida de sus pueblos. La mujer en el medio ruraltiene ante sí un reto que resulta especialmente compli-cado ante la falta de unos cauces de participación delos que secularmente se han visto privadas.

Me comprometí a ofrecer ante este Parlamento suvoz y sus deseos de conquistar el papel que aún debenasumir en la sociedad. He de reconocerles la impresiónque me causa el esfuerzo de muchas de estas mujeresy sus grupos por aprender y por mejorar sus condicionespersonales y familiares. Creo que debemos todos lospoderes públicos lanzar una ayuda y un compromisohacia la tarea que tímida, pero decididamente, están de-sempeñando, y que es clave para alcanzar ese modelode sociedad participativa y profundamente democráticaa la que aspiramos.

Debo confesarles que cada ocasión en la que tengoel privilegio de dirigirme a este Pleno se convierte enun curioso referente del análisis de las cuestiones quelos ciudadanos hacen llegar a la institución; pero en de-masiadas ocasiones esta cíclica comparecencia es tam-bién una triste constatación del tiempo transcurrido sinque se aprecien año tras año cambios significativos paraavanzar en soluciones. Me refiero concretamente a lasituación de la población inmigrante.

La inmigración no es un problema: el cómo estamos


abordando este fenómeno sí que lo es. Mientras nos em-peñemos en que la evidente presencia de inmigrantessea marginada, fomentaremos lo clandestino, y de la ile-galidad no saldrá jamás nada bueno. Más allá de adhe-siones o críticas al actual marco legislativo, lo que pareceevidente es que no está dando soluciones a las situacionesconflictivas que se plantean. En estos momentos las res-puestas no alcanzan a ser más que una concatenacióndesordenada y voluntariosa de gestos por parte de lasautoridades, impulsadas por un año conciliador, en lugarde ser la respuesta anticipada e inteligente fruto de uncriterio razonable expresado en la ley.

Burladas las fronteras y superadas absurdas repatria-ciones, seguimos pendientes de construir una política deinmigración con más perspectiva que atajar voluntariosa-mente el problema encierro tras encierro. Y dos criteriosme parecen fundamentales: uno, definir con certeza loscupos en los distintos sectores laborales y económicos,y dos, normalizar la presencia de estas personas y suintegración familiar.

Confiemos en que los primeros pasos dados para dis-poner de alojamientos en zonas de especial presenciade trabajadores inmigrantes terminen por dar sus frutos.Ésta ha sido una iniciativa oportuna y valiente sobre laque pesan no pocas esperanzas: por favor, cuídenla ycolaboren lealmente. Si se consiguen crear estos techosdignos, se favorecerá la integración de estas personasy estaremos dando ante España y ante Europa un ejemplode solvencia y de trabajo eficaz ante demasiadas actitudesirresponsables.

Quiero ir terminando mi intervención y ofrecerles uncomentario que considero oportuno a la vez que obligado.

Este informe es el último que presentamos en virtudde la próxima expiración del mandato iniciado por esteDefensor y sus Adjuntos en julio del pasado año 1996.Esta última intervención del mandato puede ser una buenaocasión para esbozar muy brevemente un balance deltrabajo realizado, tomando como referentes las funcionesencomendadas por esta Cámara y las actuaciones com-prometidas con las mismas.

El principal objetivo de este Defensor y sus Adjuntosha consistido en acercar la institución a los ciudadanosy ganar presencia en aquellos sectores en los que lalabor protectora y promotora de los derechos y libertadesresulta más necesaria. De ahí que hayamos aceleradolas actuaciones por propia iniciativa, ya sea mediante larealización de informes especiales o aprovechando ac-tuaciones de oficio. En esta línea hemos profundizadoen el estudio de problemáticas sociales que afectan ypreocupan a los hombres y mujeres de Andalucía, incor-porando recomendaciones y sugerencias a las Adminis-traciones. Sólo en este mandato se han elaborado 19 in-formes de los 29 que se han hecho a lo largo de todala historia de la institución; del mismo modo, las quejasde oficio se han incrementado notablemente en este man-dato.

Estas líneas de actuación han sido especialmente sen-sibles hacia los problemas de los menores acogidos encentros, las carencias de los discapacitados mentales ofísicos, ciudadanos internos en prisión, problemas me-

dioambientales, absentismo escolar, las urbanizacionesilegales o los problemas de infravivienda. Con el análisisde estos problemas también construíamos una sincerainvitación a los colectivos, asociaciones y cualquier fór-mula de participación ciudadana para encontrar en estainstitución una vía de expresión de sus demandas. Hemosquerido aprovechar las fórmulas más libres y espontáneasde la sociedad a la hora de organizar sus necesidadesy unir sus esfuerzos. Después de dirigir nuestra invitacióna más mil quinientas asociaciones, podemos afirmar quehemos logrado un intercambio de información verdade-ramente provechoso a través de muchas reuniones y con-tactos directos que se han ido sucediendo estos años.

De la mano de este esfuerzo por ganar presencia, lareceptividad de la institución también ha evolucionado fa-vorablemente. Si observamos el número de quejas, seviene recibiendo, como he dicho al principio, un promediode cuatro mil quinientas, frente a las tres mil de mediade los anteriores mandatos.

Hemos tenido una auténtica obsesión: acercar la ins-titución a todos los rincones de Andalucía. En definitiva,que ningún andaluz, que ninguna andaluza encuentrenen la ubicación de la sede del Defensor un elemento quecondicione en lo más mínimo su acceso, ni siquiera suintervención ante la institución a la hora de presentarquejas. Hemos volcado un singular esfuerzo por estarinstitucional y personalmente presentes en todo el terri-torio, visitando todos y cada uno de los municipios deAndalucía y asumiendo un compromiso del que perso-nalmente me ha quedado un bagaje importante, y he dereconocer que también ha sido una hermosa experiencia.Además, el empleo de las nuevas tecnologías nos haservido para poner a la disposición de los ciudadanosvías de contacto más rápidas y fiables.

Lo uno trae lo otro, y el trabajo por hacernos presentesen la sociedad con la voluntad de ayudar a resolver pro-blemas ha provocado que la institución apareciera comoun cauce de diálogo y de discusión de numerosos con-flictos de calado social que han surgido en los últimosaños. Dentro de esta faceta del Defensor como mediador,hemos procurado servir de foro de acercamiento de pos-turas, o al menos de debate para conseguir una solucióntransaccional acordada por las propias partes. Esta víase ha mostrado adecuada para resolver situaciones deconflictividad social, y pese a que unas veces no hemosconseguido lo que pretendíamos, hemos de reconocer labondad de esta técnica.

Quiero aprovechar, con ocasión de este breve balance,quiero aprovecharlo para agradecer la colaboración quepermanentemente he encontrado en esta Cámara y ensus órganos de Gobierno para atender las necesidadesque han sido planteadas por esta institución y la coope-ración que en todo momento se ha prestado a este co-misionado para el cumplimiento de sus funciones. Sepanustedes que estos esfuerzos presupuestarios y el apoyoleal de todo el Parlamento se han asumido como unapreocupación diaria por traducirlos en proximidad y enservicio al ciudadano.

Termino ya. Señoras y señores Diputados, la institucióndebe ganar más presencia y construir la confianza entre


la ciudadanía en su objetividad y en su capacidad paraobtener la colaboración de las Administraciones en lasuperación de los problemas. Comprendan que, ante laentidad que ha supuesto este trabajo, me quede muypoco espacio para la autosatisfacción o la autocompla-cencia. La institución debe ser más eficaz en los métodosde supervisión y control de la actuación administrativa,pero también debe profundizar en su papel de promotorade derechos y libertades. Este desafío, que la instituciónha asumido con especial énfasis, la sitúa en una posiciónde mayor beligerancia y actividad en la promoción delos derechos de los ciudadanos, lo que incita a vecesa reclamar para el Defensor mayores y nuevas atribu-ciones. Les puedo participar una opinión labrada desdeuna cierta experiencia. No se trata de que el Defensortenga más poder: se trata de que sepamos ser másconvincentes. Las soluciones de las quejas motivadasno deben llegar porque el Defensor lo pida, sino porquesus argumentos de respeto de los derechos y a la leyse conviertan en permanente pauta de conducta de lospoderes públicos. En suma, antes que desnaturalizar lainstitución, corrijamos las causas que motivan su inter-vención.

Señoras y señores Diputados, vivimos en un mundodonde todo parece medirse desde la ejecutividad y lafuerza; sin embargo, mantengo la esperanza de que elsimple gesto de invocar respeto hacia el ciudadano me-rece una oportunidad para su éxito, o como dijo el escritorCortázar: «La esperanza no nos pertenece a nosotros,sujetos cambiantes y a menudo indiferentes: la esperanzale pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose».

Ayudémosle a ello y muchísimas gracias.[Aplausos.]


—Muchas gracias, señor Chamizo de la Rubia, De-fensor del Pueblo Andaluz.

Señorías, tal y como establece el artículo 165.3 delReglamento de la Cámara, corresponde ahora la inter-vención ante este informe de los distintos Grupos par-lamentarios, comenzando por el portavoz del Grupo Par-lamentario Mixto, señor Pacheco Herrera.

El señor PACHECO HERRERA

—Señor Presidente. Señorías.Sean éstas mis primeras palabras en esta intervención

de ánimo y agradecimiento al Defensor del Pueblo y asu equipo, que tan bien vienen desarrollando esta com-plicada tarea institucional. Justo es reconocer que estainstitución ha ganado en actividad, consecuentementeen credibilidad, y por ende en legitimidad social. Es éste,sin duda, un documento lleno de contenido humano, va-liente, fiel reflejo de un pueblo que continúa siendo de-pendiente y de una sociedad, la andaluza, que ha cerrado

las páginas del último siglo con un importante déficit ensu desarrollo social y económico.

Del informe correspondiente al balance del año 2000,para este Grupo parlamentario hay una serie de datosy cuestiones que consideramos deben ser destacados,y comenzamos por el incremento del número de quejasdesde el año 1996, que ha alcanzado la cifra de 4.525en este año. Pero, sobre todo, el dato más significativoes que, de todas las quejas realizadas por los ciudadanosen Andalucía y admitidas a trámite por el Defensor delPueblo, el 84% han sido aceptadas de una forma afir-mativa y con el compromiso de su resolución, y, por lotanto, dando así la razón de la queja planteada, así comoes importante resaltar, señorías, el aumento en las quejasemprendidas por iniciativa de la propia institución, el De-fensor del Pueblo.

En la distribución territorial del número de quejas re-cogidas en este informe 2000, nosotros hemos compro-bado el aumento de las mismas en las provincias deSevilla, de Cádiz, de Málaga y Granada, por este orden;el estancamiento observado en Córdoba; pero, sobretodo, y una vez más, la baja observada en las provinciasde Jaén, Huelva y Almería. A juicio de este Grupo par-lamentario, estos datos son un claro reflejo de los de-sequilibrios marcados en los que aún se encuentra laAdministración autonómica, que apenas ha desarrolladouna adecuada vertebración del territorio, que muestra,en nuestra opinión, escaso interés por elaborar de unaforma definitiva una ley que articule y regule los diferentesentes locales, y en particular las comarcas y las áreasmetropolitanas.

Por todo ello nos congratulamos de que el Defensordel Pueblo, en su informe, haya aludido a esta necesariavertebración y equilibrio del territorio en esta Comunidad,20 años después de la aprobación de nuestro Estatuto.Tome, por ello, buena nota el Gobierno andaluz.

En lo que se refiere a los distintos temas a que a lolargo de su intervención ha hecho referencia el señorChamizo, nosotros queremos resaltar lo referente al cam-po de la Justicia como uno de los más graves y mayo-ritarios en el número de quejas presentadas. Le siguenlos asuntos de Salud y Asuntos Sociales; los temas re-lacionados con materia tributaria, la inmigración, y porúltimo, aunque de primera actualidad, lo referente a de-sarrollo urbanístico y la proliferación de las construccio-nes ilegales.

Señorías, en primer lugar, en los asuntos referentesa la Justicia, las principales quejas —y así lo ha dejadoclaro en su exposición el Defensor del Pueblo— se fun-damentan en los considerables retrasos que continúancoleando en la Administración judicial y que son acha-cables a los propios juzgados y tribunales, cuyos serviciosy nivel de funcionamiento continúan siendo deficientesdada la precaria y arcaica situación en que fueron trans-feridos y los escasos recursos con los que se les estádando solución. Como prueba de esta afirmación, de-nunciada contundentemente por el Defensor del Pueblo,tan sólo hay que hacer un recorrido por los principalespartidos judiciales en los que se indica una excesivalentitud, como son los casos de los juzgados de Béjar,


Roquetas de Mar y El Ejido, en la provincia de Almería,los de Arcos y Sanlúcar en la de Cádiz, o los juzgadosde Alcalá de Guadaira y Sanlúcar la Mayor en la provinciade Sevilla, cuya lentitud y situación se hacen por díasmás insostenibles.

En segundo lugar, en los temas relacionados con lasalud han aumentado las denuncias y las quejas, no so-lamente de los ciudadanos, sino también de los profe-sionales de la sanidad. En este sentido nosotros mani-festamos nuestra especial preocupación por las carenciasde medios técnicos e infraestructuras. Y en este aspectode la sanidad queremos hacer una especial mención ala situación en la que se encuentran los enfermos desida, carentes de recursos económicos y a los que seles está privando de las pensiones no retributivas desdeel momento en que se observa una mejoría en su estadode salud. Creemos que el Gobierno andaluz debe ponerlo antes posible todas las medidas para resolver estademanda, ya que, al serles retirada la pensión a estaspersonas, cuya carencia de recursos está suficientementeconstatada, no pueden continuar un proceso de recupe-ración normal y adecuado.

En este sentido, nosotros no podemos pasar por altotodo lo relativo a los retrasos que continúan produciéndoseen los pagos del salario social, que llega a alcanzar enalgunos casos, incluso, los nueve meses de demora, apesar del nuevo decreto que se realizó con la intención,precisamente, de corregir esta situación. El ingreso depoco más de treinta y ocho mil pesetas a personas quedependen de esta escasa ayuda pública no puede resultarun problema para este Gobierno andaluz. Por tanto, es-pero que por segunda vez tomen buena nota de ello.

El tercer grupo de problemas está relacionado con lostemas en materia tributaria, ante las que [ininteligible] nu-merosas denuncias relativas a las retenciones indebidas,así como a tardanza en las devoluciones, que apuntancon claridad a esa necesaria descentralización de la Ha-cienda pública y el papel de los Ayuntamientos, cómono, como la Administración más cercana al ciudadano.Hay casos cuyo retraso supera incluso el año, inclusocuando el propio tribunal económico-administrativo se hapronunciado de una forma favorable sobre lo reclamadopor el demandante.

El cuarto grupo de temas que nosotros queremos des-tacar en esta intervención hace referencia a las denunciasrelacionadas con la inmigración. De las palabras del propioDefensor del Pueblo nosotros podemos desprender queel actual marco legislativo no está siendo operativo conesta realidad y con esta preocupante situación social yhumana.

Señorías, formamos parte de la Unión Europea, y aunasí pretenden algunos mantener un status lleno de con-notaciones discriminatorias y xenófobas que nos retro-traen a nuestra forma de actuar en los años cuarenta,tiempo, como saben, marcado por una guerra mundialfruto de la intolerancia y de la supremacía de algunaraza. La Europa de los pueblos que va a marcar el principiode este nuevo siglo debe encaminarse por los caminosde la integración. Por tanto, la actual Ley de Extranjería,recurrida por el Gobierno andaluz ante el Alto Tribunal

con el apoyo de 12 votos de esta Cámara, entre elloslos de este Grupo Mixto, está produciendo un incrementono sólo de las denuncias y quejas, sino que está aumen-tando, señorías, la marginación dentro de una sociedadque corre el grave peligro de caer en la intolerancia y elrechazo, como así se desprende de las propias palabrasdel señor Chamizo.

Nosotros queremos abogar, como también lo hace elDefensor del Pueblo, por la necesaria modificación ycorrección de la ley, que tiene que desarrollarse haciala regularización de los emigrantes y el reconocimiento,además de la atención y servicio necesarios como sereshumanos y como ciudadanos.

Por último, y el cuarto grupo de temas, recoge el informedel Defensor del Pueblo el importante y exhaustivo estudiorealizado sobre el desarrollo urbanístico incontrolado, ycomo consecuencia la proliferación de construcciones ile-gales, sobre todo en el litoral andaluz: Cádiz, Huelva,Almería, Málaga. Este asunto, señorías, ha sido amplia-mente debatido en esta Cámara, dando lugar a peticionesde creación de Comisión de investigación que no hanobtenido el apoyo de sus señorías, y además es hoy,hoy, uno de los temas que aparece como noticia en losdistintos medios de comunicación. Desde este Grupo Mix-to queremos aplaudir la seriedad y el rigor con que seha llevado el trabajo de investigación en este campo ur-banístico, a la vez que compartimos la preocupación porla pasiva y negligente actuación de las Administracionespúblicas en torno a la destrucción de los valores naturalesy paisajísticos; Administraciones que no actúan con me-didas contundentes contra los delincuentes y especula-dores que ignoran, una y otra vez, quizás con la conni-vencia de algunos responsables públicos, las principalesdirectrices regionales del litoral andaluz.

Nosotros, como Grupo Mixto, coincidimos con el De-fensor del Pueblo y apoyamos su demanda de una in-tervención contundente contra la degradación del medioambiente, y sobre todo del entorno natural y litoral denuestras costas, reclamando de las Administracionescompetentes una presencia real y efectiva no sólo en laordenación del territorio, sino, cómo no, en el ejerciciodemocrático de la disciplina urbanística.

Y para finalizar, señorías, dar nuestro respaldo a esteinforme y a la institución que lo ha elaborado. Desdeeste Grupo Mixto vamos a impedir que se intente mani-pular la figura del Defensor del Pueblo. Nosotros somoslos responsables de que esta figura y lo que representano solamente sea atendida en sus demandas, que loson, de los ciudadanos, sino en toda su labor y contenidopara que Andalucía sea una tierra cada vez más justa,humana y solidaria, y que las Administraciones, todas,cumplan con honradez y eficacia sus cometidos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO

—Muchas gracias, señor Pacheco.Corresponde el turno de posicionamiento al Grupo Par-


lamentario Andalucista. Para ello tiene la palabra su por-tavoz.

Señor Calvo, tiene su señoría la palabra.

El señor CALVO POYATO

—Muchas gracias, señor Presidente.Señoras y señores Diputados, quiero que mis primeras

palabras, como portavoz del Grupo Parlamentario An-dalucista, sean para agradecer la comparecencia del se-ñor Chamizo, del Defensor del Pueblo, y felicitarle porel exhaustivo informe que nos ha presentado y por lalabor que ha venido desarrollando a lo largo de esteaño. Labor desarrollada a lo largo de este año y también,él ha aludido de alguna forma en la fase final de suintervención, por el trabajo realizado a lo largo del man-dato que ha tenido por encargo de esta Cámara comoDefensor del Pueblo y que en las próximas semanastoca a su fin.

También queremos hacer extensivo este agrade-cimiento y nuestra felicitación a los Defensores Adjuntosy a todo el equipo humano que compone la oficina delDefensor del Pueblo, y sin cuyo trabajo la labor que seha venido desarrollando y que el Defensor ha explicadoen esta Cámara y a través del informe que se nos hahecho llegar hubiese sido imposible. Asimismo, hemosde destacar, y hemos de destacar como un valor positivo,la mayor celeridad en la presentación de este informe,muy superior a la de los años anteriores, lo que ha per-mitido también el que el mismo se pueda debatir en elprimer período de sesiones de este año.

A través del informe de esta institución se reflejan lasprincipales demandas de la sociedad andaluza a la Ad-ministración pública; una Administración que no siemprerespeta los derechos y las libertades que nuestro orde-namiento constitucional y nuestro propio Estatuto reco-nocen; derechos que a veces no son atendidos de maneraadecuada por las diferentes Administraciones.

Un año más esta Cámara ha de reflexionar, pues,sobre la labor del Defensor del Pueblo, y lo hacemosconcretamente desde la valoración del informe que seha emitido en este acto en que se nos acaba de presentar.En este sentido el Grupo Parlamentario Andalucista rei-tera una vez más la imprescindible necesidad de reco-nocer, de auspiciar, de potenciar la validez de este órganocomo elemento de canalización entre los ciudadanos ylas Administraciones, entre el pueblo andaluz y las di-ferentes Administraciones que surgen de la propia de-cisión de ese pueblo andaluz de una manera directa ode una manera indirecta. Y se entiende esto desde laperspectiva de que no es sólo la necesidad, el deseode hacer un comentario al informe del Defensor del Pue-blo, sino a que a través del mismo podamos analizar yprofundizar en aquellos problemas que aquejan a diarioa nuestros ciudadanos y que se reflejen en iniciativasen este ámbito parlamentario.

En el año 2000, en el informe que se nos ha presentadocorrespondiente al año 2000, esta institución ha conti-nuado con una labor de acercamiento a los sectores

que en Andalucía requieren de más protección; sectoresen nuestro territorio, en nuestra tierra, que requieren tam-bién del mayor amparo a sus derechos, precisamentepor la mayor desprotección en que se encuentran. Así,tanto la presencia del Defensor del Pueblo en modernossistemas como pueden ser los de Internet, como la propiaOficina de Información, han contribuido de una maneradecisiva a ese esfuerzo divulgativo de lo que es la figuradel Defensor del Pueblo, sus misiones y sus funciones,y a que tenga una mayor presencia en la sociedad. Dehecho, ambas figuras, el Defensor del Pueblo como taly la Oficina de Información, han incrementado de maneraconsiderable tanto las consultas atendidas como las vi-sitas realizadas respecto al año anterior. Es algo quenosotros valoramos positivamente, así como el hechode que a través de las nuevas tecnologías se puedantramitar quejas y que esta vía sea, además, utilizadapor el ciudadano. Con los datos que nos muestra elpropio informe, se han incrementado, por esa vía de lasnuevas tecnologías, en un 149% más que el año anterior,lo cual es un crecimiento más que notable.

Habría también que incluir aquí el aumento de lasquejas de oficio que el propio Defensor ha presentado,lo que pone de manifiesto la preocupación de esta figurapor aquellos sectores de la ciudadanía que tienen menoscapacidad de recurrir, pero que se sienten afectados pordiversos problemas en relación con las diferentes Admi-nistraciones. Tal y como ha expuesto el Defensor en suinforme, en su comparecencia, no ha habido un incre-mento espectacular de quejas por parte de la ciudadanía,sino que más bien se tiende a una estabilización; unaestabilización que viene a situar el volumen de las mismasen torno a cuatro mil quinientas, concretamente 18 quejasmás que el año anterior, lo que pone de manifiesto quese ha llegado a un determinado nivel si no de estanca-miento, por lo menos de difícil superación en el momentopresente.

El informe destaca una serie de aspectos que deberáponer en contacto a esta Cámara con determinados pro-blemas que tienen una mayor presencia, una mayor rea-lidad o que afectan de una manera más concreta a ciu-dadanos particulares o a colectivos de ciudadanos. Así,por ejemplo, la mejora del cumplimiento por parte de lasAdministraciones de lo que son sus propias obligaciones,y que aparecen recogidas como una recomendación delpropio Defensor del Pueblo. Ello nos pone de manifiestola autoridad moral de esta institución ante la propia Ad-ministración y una mayor eficacia y colaboración por partede la Administración que debe ser tenida en cuenta yvalorada adecuadamente. Una encuesta realizada porel propio Defensor del Pueblo señala que la Administra-ción ha cumplido con su propio compromiso en el 85%de las quejas tramitadas. Hay un 15% en que ese com-promiso no se ha cumplido, pero el porcentaje del 85%nos parece a nosotros lo suficientemente significativocomo para hacer una valoración positiva del mismo.

Este relativo mejor funcionamiento de la Administra-ción también se observa en determinados aspectos a lahora de analizar algunas de las materias objeto de lasquejas, así como ese estancamiento de las quejas al


que me he referido anteriormente. Por ejemplo, hay áreasdonde se ha producido incluso un descenso en lo queson quejas referidas al defensor del ciudadano. Me estoyrefiriendo, en concreto, al área de sanidad.

En el análisis de las quejas presentadas por el De-fensor, el Grupo Andalucista ve con particular preocupa-ción la situación en que se encuentra la Justicia andaluza.Ha habido un incremento notable, muy importante, delas quejas que han llegado a la institución relacionadascon esta materia. Y aunque esperamos que con los plan-teamientos que en este momento hay en el horizonte—ese Pacto por la Justicia— y las medidas que la propiaConsejería de Justicia está poniendo en marcha las quejaspuedan disminuir considerablemente, la realidad es quees uno de los servicios peor valorados por los ciudadanos,que prefieren, como suele decir el viejo refrán, un malacuerdo a un buen pleito, porque, además de ser lento,no da respuesta muchas veces a la verdadera realidadque demandan los ciudadanos.

Se hace imprescindible, por lo tanto, afrontar esta pro-blemática, estas quejas, que no son ni más ni menosque el reflejo de la realidad que se está viviendo, el poneren marcha el Plan de Infraestructuras Judiciales, el com-pletar la informatización de la Justicia, el que haya unamayor dotación de material y de recursos humanos paraque esa Justicia sea más rápida y eficaz. Y aunque esevidente que desde que se recibieron las transferenciasen el año 1997, no dotadas adecuadamente, no ha habidotiempo material para que se puedan exigir responsabili-dades en este terreno, va siendo hora de apostar conmuchísima más decisión, con muchísima más fuerza ycon muchísima más intensidad en un terreno que, vol-vemos a repetir, nosotros observamos con particular preo-cupación, no ya sólo por la importancia que el mismotiene per se, sino por el incremento de la quejas, queno es ni más ni menos que reflejo de la situación quevive la sociedad que ha recibido el Defensor del Pueblo.Esperamos, como he dicho antes, que el nuevo Pactopor la Justicia, firmado la semana pasada, pueda aportaralgo a las disfuncionalidades que se están produciendoen este terreno.

Con respecto a un asunto muy cotidiano, muy concreto,muy corriente, que se está viviendo en numerosos puntosde la geografía andaluza, también queremos manifestaralgo que el Defensor del Pueblo ha dicho aquí y quenosotros hacemos propio. Nos estamos refiriendo a laproliferación de antenas de teléfonos móviles, que estánplanteando una manifiesta preocupación social en mu-chísimos municipios y que se ha convertido en verdaderoasunto de debate en comunidades de vecinos. Como hadicho el Defensor del Pueblo, no es en las comunidadesde vecinos donde tiene que discutirse un asunto comoéste, que tiene, o puede tener, una transcendencia mu-chísimo mayor. Las quejas han aumentado considerable-mente, porque considerablemente han aumentado esasantenas que están hoy proliferando de manera inadecuadapor numerosísimos puntos de nuestra geografía.

En estos momentos no se tiene todavía claro cuálesson las consecuencias que estas emisiones radioeléctri-cas puedan tener para la salud. Existen estudios, avalados

por entendidos en la materia, de prestigio, que nos alertansobre determinadas consecuencias nocivas que puedantener al estar o al encontrarnos sometidos a las radia-ciones de ondas emitidas por los teléfonos o por las ondasde los teléfonos móviles, así como el uso masivo de esteinstrumento. Por tanto, es un tema serio que no debedejarse a un lado, porque puede estar en juego la saludde los ciudadanos y no se debe permitir que se densituaciones como las que se vienen viviendo, a las quehe aludido anteriormente por su proliferación, ya que exis-ten individuos que prestan su instalación sin mayores con-troles —su instalación, me refiero, a la terraza de unbloque de vecinos— para que se puedan instalar estasantenas de telefonía a cambio de unos cientos de milesde pesetas, que pueden ser una solución para una co-munidad, pero que no es la solución adecuada, por esavía, que deben tener las finanzas de ninguna comunidadde vecinos.

Una vez más ponemos de manifiesto que está justifi-cada la necesidad de la regulación de estas instalaciones,puesto que existe un verdadero vacío legal que hace quese esté actuando de manera indiscriminada y como cadacual considera conveniente de acuerdo con intereses par-ticulares y no teniendo en cuenta los intereses generales.Es necesaria, por lo tanto, una norma que marque loslímites de exposición y las restricciones que a esta pro-liferación deben ponerse.

Otro tema de particular interés abordado por el informedel Defensor del Pueblo es el vandalismo que padecennuestras ciudades y pueblos contra enseres, mobiliariosy equipamientos urbanos. Como ha dicho el señor Cha-mizo, no podemos esperar a que esto, si es que fuereuna moda —y yo lo de moda, en todo caso, lo tengoque decir entre comillas—, pase como pasan las modas.

Estamos ante una situación no deseable y a la quehay que hacer frente de manera adecuada. En este sentidoel Grupo Parlamentario Andalucista cree que se debentomar medidas, y medidas de manera inmediata, porqueésta no es una cuestión, como he dicho antes, de moda.Es necesario, se hace imprescindible dar una respuestadecidida y poner freno a actuaciones que tienen muchode antisocial y que están dando lugar en algunos puntosde nuestra geografía a auténticas situaciones de crispa-ción ciudadana. Hemos de hacer una reflexión, y es nues-tra obligación como políticos, sobre lo que está sucediendoy los medios que podemos tener para cambiarlo, puestoque éstos son actos que vienen de alguna manera areflejar algo que está ocurriendo en nuestra sociedad yque presenta cotas de agresividad que son, ciertamente,preocupantes.

También se ha suscitado un problema importante enel terreno de la educación relacionado con la educaciónen los centros de enseñanza pública concertada. Es unproblema que, en nuestra opinión, está íntimamente re-lacionado con el descenso de la natalidad, una ciertacrisis demográfica en ese sentido, y que está haciendoque baje anualmente el número de alumnos que tienenque ingresar en nuestras aulas de Educación Primaria.Eso no debe en ningún caso, esa situación demográficano debe en ningún caso convertirse en un problema de


enfrentamiento entre los centros de enseñanza públicay los centros de enseñanza pública concertada, que en-tren en una especie de pugna por conseguir alumnosante esa baja de natalidad para poder mantener abiertoun determinado número de aulas. Habrá, ante una si-tuación que es real, que tomar aquellas medidas nece-sarias y adecuadas, y no deberíamos descartar que vol-viese a bajar la ratio profesor-alumno en estas aulascomo consecuencia de esa situación; pero en ningúncaso entrar en una competencia que induce algunas ve-ces al falseamiento de datos —como se ha puesto aquíde manifiesto—, a actuar con cierta predisposición alengaño con tal de conseguir un determinado número dealumnos que hagan viable un determinado centro.

Y continuando con el área educativa, y en concretocon la educación compensatoria, queremos poner de ma-nifiesto nuestro interés hacia aquellas quejas presentadasante el Defensor del Pueblo por la falta de profesorado,de monitores y de cuidadores de apoyo para atender aestos alumnos que tienen necesidades singulares. A esterespecto tenemos conocimiento de la apuesta por partede la Consejería para conseguir la integración educativa,y que hay elaborada una ley, la Ley de Solidaridad enla Educación. No es, sin embargo, suficiente. La ley esel marco jurídico, el marco legal que permite luego unaposterior actuación, y, por lo tanto, han de venir ahoralos esfuerzos para que lo que está contenido desde unpunto de vista teórico en el aparato legislativo se conviertaen una realidad social.

Los esfuerzos, como decimos, han de realizarse, yhan de realizarse con importancia en una materia tanimportante como ésta para que se pueda continuar conuna labor de integración, solidaridad e igualdad educativa.Es necesario, por lo tanto, dotar de más medios a aquelloscolectivos, en este caso en materia educativa, que máslo necesitan.

También se ha aludido a un problema singularmenteimportante por el factor humano que encierra. Me estoyrefiriendo al problema de los enfermos del sida y a queno se les abone la pensión contributiva cuando se pro-duce una mejoría en su situación de enfermedad. Esuna situación, desde nuestro punto de vista, lamentable,y es un ejemplo de incumplimiento de un derecho fun-damental.

Esto es así porque estos enfermos, cuando mejoran,tienen grandes y graves dificultades para poder incor-porarse luego al mercado laboral, ya sea por los perjuiciossociales que una enfermedad como ésta acarrea o bienporque no pueden desempeñar el mismo trabajo quecon anterioridad estaban desempeñando. Con esta ac-titud lo que se les está es dando la espalda y se lesestá negando la posibilidad de tener una renta mínimaque les permita subsistir. Creemos que suficiente tienencon padecer la enfermedad, que gracias a los avancesde la medicina les está permitiendo alargar unos añosmás su vida; pero, desde luego, esa vida tiene que alar-garse con unos mínimos criterios de calidad.

Por último, ha señalado también el Defensor del Pue-blo en su informe las quejas relativas a las deudas tri-butarias, y en concreto al cumplimiento de los derechos

de los contribuyentes por parte de la Administración. Seha señalado textualmente que, al igual que hay una agi-lidad, hasta una celeridad en cobrar los tributos a losciudadanos, esa agilidad y esa celeridad se conviertenen desidia y lentitud cuando de reintegrar un tributo ina-decuadamente pagado a un ciudadano se trata. No existe,por lo tanto, un adecuado equilibrio entre la Administra-ción tributaria y los contribuyentes en estas relaciones.No es justo, como acabo de decir...


—Señor Calvo, debe su señoría terminar.


—Voy concluyendo, señor Presidente.No es justo, como acabo de decir, que se apliquen

plazos, plazos estrictos, plazos rigurosos a la hora depagar los impuestos, y que no ocurra lo mismo cuandola Administración tiene que devolver ingresos declaradosindebidos por los organismos competentes para ello. Asípues, se deberían también establecer y determinar plazosestrictos y de obligado cumplimiento para que la Admi-nistración ingrese el dinero cobrado indebidamente a uncontribuyente.

Señorías, finalizo reiterando nuestra gratitud, la gra-titud del Grupo Parlamentario Andalucista a la institucióndel Defensor del Pueblo; agradecimiento que personali-zamos en don José Chamizo y en sus Adjuntos, donJaime Bretón, don Sebastián de la Obra y don Diegode los Santos, de la misma forma que hacemos extensivaesta felicitación también a todo el personal técnico, ad-ministrativo y de servicios. Y señalar, una vez más, queeste informe permite a la Cámara poner en contacto adonde reside la soberanía del pueblo andaluz con aque-llos elementos o con aquellos problemas que con mayorincidencia aparecen en determinados colectivos, o a títuloindividual, que es tan importante como el colectivo, enel pueblo andaluz, bien sean de sanidad, bien sean deeducación, bien sean de deudas tributarias, bien seande problemas concretos que se pueden padecer en unasituación y en una circunstancia específica. Es algo quenos permite, además del contacto que se pueda tenercon esos problemas, acercarnos a la realidad que sufrenalgunos de los ciudadanos y ciudadanas andaluces.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


—Muchas gracias, señor Calvo.Corresponde turno de posicionamiento al Grupo Par-

lamentario Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria porAndalucía, y para ello tiene la palabra su portavoz.

Señor Romero, tiene su señoría la palabra.


El señor ROMERO RUIZ

—Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y seño-res Diputados.

El Defensor del Pueblo Andaluz acaba de exponer suinforme relacionado y relativo al año 2000, que coincidecon el último informe del mandato de la institución quepreside, que encabeza, que representa. Se han presen-tado, ha dicho el señor Chamizo, 4.525 quejas, el máximoanual de los cinco años de mandato. Las quejas de oficiohan sido 142, un 3% más que el año anterior. La educaciónconcentra el mayor número de quejas, 1.247; la Justiciale sigue, con 744 y con un incremento de un 27% enrelación con las quejas del año anterior; la vivienda, lasobras públicas y el transporte, con más de quinientasquejas; en salud hay algunas quejas menos que en elaño anterior, y hay en servicios sociales 114 quejas más—349 en total— que en el año anterior.

Hay también un mejor uso de las nuevas tecnologíasy de los nuevos mecanismos de comunicación y de in-tercambio de información. A través de Internet se hanrecibido 15.740 visitas en la página de la institución delDefensor del Pueblo, se han tramitado por esta vía 387 quejasy se han retirado por esta vía 5.900 informes. Algunosde ellos han sido analizados en las Comisiones corres-pondientes de esta Cámara, y han tenido una gran im-portancia por ser informes de carácter monográfico sobretemas específicos que preocupan y que son problemáticade la sociedad andaluza.

En el terreno de la Justicia se ha hablado de las di-laciones y de la lentitud, de los retrasos exasperantes.El principal motivo de queja son los retrasos, las gravescarencias, los déficit injustificados en una serie de juz-gados, en Berja, en Roquetas, en El Ejido, en Arcos, enAlcalá de Guadaira, en lo contencioso-administrativo... Ycuando hay una paralización, no se garantiza la tutelajudicial efectiva.

La justicia lenta no es Justicia, hace daño a los ciu-dadanos y ciudadanas que no la tienen. Los ciudadanosla tratan de evitar, le dan rodeos, tocan madera, no quierenacudir a la Justicia porque saben el tratamiento inade-cuado, lento y costoso que van a recibir de ella.

Y ahí el Estado de Derecho se quiebra. Si el Estadode Derecho no garantiza el amparo a los ciudadanos quelo reclaman, no cumple su función primordial, porque elEstado de Derecho va unido al derecho, a los derechosde la gente. Y cuando un derecho es vulnerado por otros,por la Administración o por cualquier tipo de actuacióncontra esos derechos ciudadanos elementales, contraesos derechos humanos, no se puede disfrutar de laslibertades democráticas. Por eso es muy importante con-templar que se avance en el Plan de InfraestructurasJudiciales, que se cubran las vacantes en el campo dela Justicia... Hay 80 vacantes en juzgados, algunos muysignificativos —entre ellos el de Marbella, los juzgadosde Marbella— , de jueces, de magistrados...; hay tambiénvacantes de los funcionarios; hay un plan de 64.000 mi-llones para ocho años para actuar en más de cuatrocientostreinta mil metros cuadrados de edificios y dependenciasdonde se administra la Justicia en toda la Comunidad

Autónoma andaluza, y es muy importante apostar por unplan de modernización de las infraestructuras judiciales,por cubrir las vacantes, por agilizar los medios técnicosy por conseguir que la Justicia no sea una justicia quese vuelva contra los más pobres, que sea lenta, que nogarantice el funcionamiento y la independencia de lospoderes que garantiza el Estado de Derecho.

Hay también alguna preocupación en la lectura dete-nida del informe del Defensor del Pueblo por la situaciónde los presos, por las quejas de los presos. Los queestán en las cárceles de Andalucía y los que están enel extranjero. Por ejemplo, de los 1.233 españoles presosen el extranjero, 145 son andaluces, de los cuales 125—el 86%— lo están por asuntos relativos al tráfico dedrogas. La distribución por países de las personas presasandaluzas es la siguiente: Francia, 40; Marruecos, 21;Alemania, 10; Portugal, 10; Ecuador, nueve; Italia, nueve;Costa Rica, cinco; Estados Unidos, cinco, y resto de paí-ses del mundo, 36. Hay un desarraigo, un aislamientode su país de origen, de sus familiares, que se ven im-posibilitados de hacer visitas y de recibir ayudas de losservicios sociales de su Ayuntamiento y de su ComunidadAutónoma. Por lo tanto, no se garantiza el cumplimientode la legislación penitenciaria en nuestro país.

España tiene convenios firmados con algunos de estospaíses, pero con otros no, lo que dificulta el cumplimientode la pena en nuestro país y en las cárceles andaluzasen concreto. Hay que anotar un dato clave —ahora quese está celebrando un juicio seguido por la opinión públicaandaluza y española en el estado de Florida, en EstadosUnidos— , y es que España forma parte de los paísesque tienen abolida la pena de muerte, que son 56 paísesdel mundo. Según el informe de Amnistía Internacional,cada vez son más los países abolicionistas de la penade muerte, pero en otros Estados no lo está. En el Estatutode Autonomía figura en las competencias en institucionespenitenciarias que terminarán siendo transferidas por laAdministración central a nuestra Comunidad Autónoma,y el Defensor del Pueblo ha vuelto a incorporar en esteinforme anual las quejas de los presos y de sus familiares.

Por eso es muy importante tomar nota de ese dato,intervenir ante el Estado central, instar a que se firmenacuerdos bilaterales y multilaterales que permitan la re-patriación para el cumplimiento de la pena de los presosandaluces en el extranjero en España, y dentro de nuestroEstado en Andalucía, en nuestra Comunidad Autónoma,y establecer algunos mecanismos de ayuda para los pre-sos insolventes en cuanto al pago de multas, lo que retrasasu repatriación para el cumplimiento de las condenas ennuestro país.

Es muy importante, por lo tanto, todo lo que está su-cediendo con la Justicia, con la administración de la mis-ma, con los delitos medioambientales, con los delitos ur-banísticos y con la necesidad de garantizar una independenciay una función ágil y eficaz de los jueces y tribunales.

En el campo de la educación, la integridad, la solida-ridad, la igualdad hay que garantizarlas, y hay zonas conmás demandas que plazas que se ofertan. Hay lugaresdonde la especulación y los bloques de pisos y el mo-vimiento migratorio van por encima de la infraestructura


educativa, y es muy importante que esto se ponga enmarcha. Además de impedir que haya fraude en decla-raciones de renta para facilitar privilegios ilegales paraadjudicar plazas escolares.

Pero hay un dato que el Defensor del Pueblo ha situadoaquí que es muy importante, y es que el descenso dela natalidad debe garantizar que se mantenga al final laproporción del 80% de la escuela pública y el 20% decentros concertados o privados. Eso significa que el des-censo de la natalidad no puede suponer que aumentenlos centros concertados y privados y que disminuyan lageografía y el mapa de los colegios públicos, de loscentros públicos. Hay que tener en cuenta que van aentrar los hijos de los inmigrantes y que van a compensaren parte el descenso de la natalidad y el bajo crecimientodemográfico. Pero al final de todo no puede ser que secierren colegios públicos y se mantengan abiertos, o seabran, nuevos colegios concertados o privados, porqueentonces iríamos a una sociedad donde no se cumplenla Constitución y el Estatuto, donde el interés privadoprimaría sobre el público, donde no habría igualdad deoportunidades en la educación. No se puede desequili-brar, aumentando lo privado, el mapa educativo en An-dalucía por el bajo crecimiento de la natalidad.

En relación con las enfermedades mentales, es verdadque hay trastornos de la sociedad moderna. Todo elmundo sabe que cada día hay más locos y locas enesta sociedad moderna, endiablada de estrés, de com-petitividad y de neoliberalismo desaforado, por todos losterrenos; pero se trata de unir a unos servicios, no tratara la gente como una pelota de pimpón mandándola deun lugar a otro y garantizar que ahí funcione una ventanillaúnica. ¿O sólo van a funcionar las ventanillas únicaspara los que solicitan subvenciones o para las industriasy los empresarios que quieren iniciar una actividad pro-ductiva? ¿Por qué no hay una especie de ventanilla únicapara que los servicios sociales y la sanidad tengan unaatención integral a las personas que lo demandan, quelo necesitan y que se sienten maltratadas y que sufrenenfermedades mentales, y que muchas de ellas han sa-lido del infierno de la droga o están en fase de rehabi-litación?

Y lo que está ocurriendo, señorías, con los enfermosdel sida no tiene nombre. Es una actuación criminal delos Gobiernos y de las Administraciones públicas en re-lación con un colectivo al que no le pueden quitar lapensión y arrinconarlo a la marginalidad. Es muy impor-tante que haya una atención adecuada para recuperara los enfermos del sida, que no encuentran empleo, queestán en paro, que mejoran su situación, afortunada-mente, y que no se les atiende de manera adecuadaen las pensiones no contributivas. Nosotros vamos ademandar que desde el Gobierno central, que tiene com-petencias, y desde la Junta de Andalucía se haga unplan de choque, porque vemos cómo África se muere ycómo el Gobierno de izquierdas y de progreso de Su-dáfrica les hace frente a las multinacionales farmacéu-ticas y pide que no se apoyen pagando esas patentestan altas, cuando hay gente pobre y miserable que sufrelas consecuencias de la enfermedad del sida en África.

Aquí no podemos actuar volviendo la cara ante los pro-blemas tan graves de los enfermos de sida, a los quese quita una pensión para condenarlos a la degeneraciónde nuevo si no consiguen empleo, si no tienen apoyofamiliar, si no tienen ningún sustento. Y estamos hablandode sólo 40.000 pesetas.

En relación con la devolución de ingresos, está claroque la gente es muy rápida en la Administración públicapara cobrar y muy lenta para devolver el dinero quecobra de manera indebida, e incluso el cumplimiento.Hay un impuesto transferido, el de transmisiones patri-moniales y actos jurídicos documentados, valoracionesy peritajes de tierra agrícola que pasa a urbana... Lostribunales económico-administrativos deciden que se lesdevuelvan cantidades a los ciudadanos y se tarda muchoen devolver esas cantidades.

En relación con las quejas sobre la telefonía móvil,no sólo hay un impacto paisajístico negativo en algunoslugares, y repercusiones en la salud por demostrar cien-tíficamente, sino que hay también antenas que se instalanen terrenos públicos. Yo he hecho una pregunta parla-mentaria, que habrá que recurrir al Defensor del Pueblopara que nos contesten las preguntas por escrito y notarde tanto el Consejo de Gobierno, y es cuántos per-misos les han solicitado a la Junta de Andalucía porterritorios públicos, parajes protegidos, tierras forestales,donde se han instalado antenas de telefonía móvil y don-de suelen pagar a los particulares ochocientas mil pe-setas, o un millón, más un alquiler anual por la instalaciónde la telefonía móvil en un olivar o en un terreno privado,de propiedad privada. Es muy importante que no sóloactúen el campo municipal, las instituciones locales, sinoque actúe la Administración autonómica en ese terreno,porque los beneficios son fabulosos, de miles de millonesde las compañías de telefonía móvil, de las operadorasde telefonía móvil, y no hay impuestos por la ocupacióndel espacio radioeléctrico, no hay tributo fiscal, y al mismotiempo tampoco se sabe qué va a pasar con las reper-cusiones en la salud de las antenas de telefonía móvil.

En relación con el medio ambiente, en el Grupo dela Ecotasa y de Fiscalidad Ecológica algunos de los ex-pertos más solventes que han participado en su com-parecencia han planteado un canon, un impuesto de cir-culación en las grandes ciudades por la contaminacióndel vehículo privado, para apostar por el vehículo públicoy quitar esas bolsas de contaminación acústica y atmos-férica tan graves que hay en las grandes ciudades deAndalucía. Por lo tanto, podremos avanzar en esa líneay recoger una de estas quejas. Porque aquí las quejasdebemos entenderlas como Parlamento para iniciar lasmodificaciones legislativas adecuadas, y como Gobiernopara corregir desde la Administración pública aquellascompetencias que les corresponden al Ejecutivo, quedebe ver este informe no como un ritual anual al quehay que escuchar como un chaparrón de quejas de laciudadanía y entenderlo como un mensaje burocrático...

Aquí todos tenemos que recibir el mensaje, y el Parla-mento debe recibir el mensaje para legislar, y los informesque se han hecho monográficos, o los aspectos nuevosque denuncia la ciudadanía, que falta regulación, habrá


que regularlo como legislativo. Pero el Gobierno debetambién recibir el mensaje, no debe resbalarle el informeanual de la institución del Defensor del Pueblo de An-dalucía. Y cada Consejería debe ponerse las pilas y debedotarse de medios y de mecanismos para solucionar losproblemas que aquí se han planteado.

Y en relación con el vandalismo contra lo público, se-ñalar que la seguridad no es contraria para defender lalibertad y el disfrute de los derechos humanos. La segu-ridad es el disfrute de las libertades democráticas de todos,y del interés general y de lo público, sobre intereses par-ticulares o sobre actitudes vandálicas, o sobre actitudescriminales contra lo público. Por eso es muy importanteir a una cultura donde haya un respeto a lo público, unadefensa de lo público y una lucha contra esos fenómenospequeños, pero muy violentos, que desprecian el patri-monio de todos.

Ha hablado de la mujer y de su demanda de partici-pación, y sobre todo de las zonas rurales. Y en relacióncon la inmigración yo creo que ha puesto el dedo en lallaga: no es un problema; el problema lo creamos con larepresión, la marginación y la exclusión de los inmigrantes,y hay que definir los cupos con claridad. Y ahí se estátrabajando en la fresa, en Huelva, y cuando terminan,pues, ya no tienen sitio donde ir para volver de nuevo,para tener documentación adecuada, o se trabaja en losinvernaderos o en otras campañas de recolección. Perolo más grave es que los municipios donde los inmigrantesson necesarios para su avance económico, su prosperidadeconómica y su recolección y su actividad productiva nohabiliten zonas para construir viviendas para inmigrantes.

Nosotros somos partidarios de la expropiación por in-terés general. Se expropia una carretera, se expropia unolivar para que pase el Ave, se expropia para hacer unedificio público o para poner un campo de tiro del Ejército.¿Y no se expropia para construir viviendas para los in-migrantes por los Gobiernos que están facultados, endefensa del interés general, de habilitar ese terreno enesos términos municipales? Si no hubiera acuerdo...


—Señor Romero, su señoría debe ir concluyendo.


—Gracias, señor Presidente. Voy concluyendo.Concluyo ya planteando que, si no hubiera acuerdo

—que sería lo lógico—, se debería ir a un mecanismoclaro de expropiación y de construcción de viviendas des-de la Junta.

Y finalmente, decir que el balance de trabajo de estoscinco años de la institución del Defensor del Pueblo esmuy riguroso. Un promedio de cuatro mil quinientas quejasen estos cinco años, se ha ido a todos los rincones deAndalucía. Y yo querría aquí rendir homenaje al señorChamizo, a sus Adjuntos, al personal del Defensor delPueblo, porque esto sí es vertebrar Andalucía municipio

a municipio, comarca a comarca, lo que ha hecho el señorChamizo, recorriendo toda la geografía andaluza, saliendode la sede física de la institución, acercándola al puebloandaluz, y yo creo que mediando en conflictos, incluso,que con tintes dramáticos han salido adelante, con inmi-grantes, etcétera.

Y por todo ello, Izquierda Unida Los Verdes-Convo-catoria por Andalucía apoya y respalda la gestión realizadapor el Defensor del Pueblo, por los Adjuntos, el señorBretón, el señor De los Santos, el señor De la Obra, portodo el personal, y también anunciamos nuestra voluntadpolítica y nuestra decisión, como formación y como Grupoparlamentario, de votar favorablemente la reelección yotro mandato encabezado por el señor Chamizo en An-dalucía, en la institución del Defensor del Pueblo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO

—Muchas gracias, señor Romero.A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario

Popular, tiene la palabra su portavoz.Señor Gonzálvez García, tiene su señoría la palabra.

El señor GONZÁLVEZ GARCÍA

—Sí. Gracias, señor Presidente.Señor Presidente, señoras y señores Diputados, subo

a la tribuna a expresar la posición de mi Grupo, el PartidoPopular de Andalucía, sobre el informe presentado anteeste Parlamento por el Defensor del Pueblo Andaluzcorrespondiente al año 2000. Ya en la Comisión de Go-bierno Interior y Derechos Humanos celebrada hace 15días este Diputado tuvo ocasión de manifestar y realizaralgunos comentarios sobre la actividad de la instituciónen ese período.

Como dato positivo, queremos congratularnos de laprontitud en la presentación del informe dentro de esteperíodo de sesiones, al igual que sucedió en el ejercicioanterior. Asimismo, tal y como manifestamos en la Co-misión, quisiera felicitar en nombre de mi Grupo al De-fensor del Pueblo, a sus Adjuntos y a todo el personalque trabaja en la institución por este exhaustivo, amplio,detallado y voluminoso informe que expresa un certeroy fiel análisis de la realidad andaluza, y que además dehacernos reflexionar, este informe es una magnífica fuentede ayuda e información que propiciará infinidad de ini-ciativas de impulso y control de mi Grupo parlamentario.

Además de servir de ayuda, este informe analiza yretrata de forma cercana y certera la realidad andaluzaexpresada en las 4.525 quejas presentadas en la insti-tución en el año 2000, incrementadas en más de mil enesta última etapa de la institución.

Señorías, los Diputados andaluces no podemos quedarimpasibles ante esas quejas presentadas por los ciuda-danos, ni ante las 142 quejas de oficio abiertas por la


oficina del Defensor, de las que han sido admitida entotal 2.961.

La diversidad de las quejas presentadas es amplísima,destacando las denuncias en cuestiones educativas,obras públicas, sanidad, Ayuntamientos..., aunque caberesaltar el aumento espectacular de las quejas en materiade Justicia, que ascienden a 708; Justicia recién trans-ferida a la Comunidad Autónoma hace poco tiempo.

Destacar también en este informe el incremento es-pectacular que los andaluces hacen y usan de las nuevastecnologías, como es la utilización del acceso a Internetpara acceder a la Oficina de Información del Defensordel Pueblo, con un incremento de las quejas presentadaspor Internet de casi el 50%.

Ahora bien, si importantes son las quejas, su presen-tación, tramitación, etcétera, lo verdaderamente impor-tante y fundamental es que las Administraciones no haganoídos sordos a ellas ni miren para otro lado, sino queactúen con inmediatez y se arbitren las medidas y ponganen marcha los mecanismos para erradicar los problemasdetectados.

Los ciudadanos no se conforman con que la quejase tramite y quede sólo en eso, sino que esperan quese produzca la acción política o administrativa pertinente.En definitiva, que se busque una inmediata solución asu problema, que en muchos casos resultan reiterativosen los informes año tras año y que se convierten enendémicas esas quejas en informe tras informe de laoficina de este alto comisionado.

El informe nos sitúa ante una realidad y una proble-mática que se sucede en el tiempo; problemas que, des-graciadamente, se hacen crónicos y que la Administraciónha sido incapaz de resolver. Por citar algunos de lostemas referidos por el Defensor en su informe, y motivoreiterado de quejas, es la demora sin justificación de lasofertas de empleo público, las irregularidades en la prórrogade los contratos temporales, la laboralización de la Fun-ción pública, eludiendo requisitos que dan lugar a con-ductas abiertamente inconstitucionales y sobre las queel Defensor advierte que habrá de tomar medidas. O lasituación de ilegalidad en la que viven más de cuatro-cientos mil andaluces en las más de mil urbanizacioneso parcelaciones ilegales de Andalucía.

También hay que afrontar con rigor y seriedad el graveproblema de alojamiento y vivienda que están padeciendolos inmigrantes en nuestra Comunidad, donde se hacepatente en el informe la necesidad de construir 7.182 vi-viendas en Andalucía. Problema el de la vivienda quees responsabilidad de todos, no consiste en arrojar elproblema una Administración contra otra, sino que Ayun-tamientos, Junta de Andalucía y Estado tendrán que po-ner las medidas, tendrán que poner de su parte, parabuscar soluciones a un gravísimo problema que estásucediendo y que se está centrando principalmente enlas provincias de Almería y Huelva.

También el Defensor nos recuerda el derecho a untecho digno de todos los ciudadanos, ante la realidadque sigue siendo el chabolismo en el paisaje urbano,así como la denuncia en el informe de los escasos re-sultados que ha tenido el Plan Andaluz de Chabolismo.

La advertencia que el Defensor hace sobre el turismocultural. Ahora bien, una advertencia que puede ser per-judicial si no hay un fuerte control por parte de las auto-ridades culturales, que deben tutelar y fiscalizar esosproyectos restauradores y rehabilitadores que se estánhaciendo en nuestro medio rural, pero, eso sí, deben dehacerse compatibilizándolos con medidas que sean ex-cesivamente intervencionistas.

La educación es el motivo fundamental de queja delos andaluces, con 1.247 quejas, de ellas 15 de oficio,si bien los problemas más grandes vienen provocadospor los procesos de escolarización, como se ha dichoaquí esta tarde reiteradas veces, también sobre los que habráque adoptar medidas que garanticen transparencia y limpieza.

La problemática entre centros públicos y concertados;la supresión de unidades escolares; la situación de pre-cariedad que vive nuestra educación compensatoria, di-rigida a alumnos con discapacidades, donde abundanlas quejas que se hacen muy reiterativas sobre falta deprofesores, monitores y cuidadores... Al Grupo Popularle preocupa que la falta de medios y personal ponga enpeligro un proyecto que no será creíble si no disponede personal y medios, hecho que es denunciado tambiénpor el Defensor en este informe.

Tras la educación, la sanidad, otra importante materiaque presenta un número significativo de quejas, aunqueeste año descienda en su número. Pero hay que señalarque año tras año las quejas de los ciudadanos que afectana la salud mental, principalmente a los enfermos mentalescrónicos, se hacen repetitivas en los diferentes informes,sin que se vea por parte de la Administración sanitariauna solución a medio o largo plazo. O las nuevas quejasreiteradas sobre asistencia sanitaria generalizada.

La Justicia ocupa el segundo lugar en el número dequejas de los andaluces, con 744. La lentitud de la Jus-ticia, así como la insuficiencia de medios materiales paraadministrarla, también se ha expuesto por todos los por-tavoces y por el Defensor ampliamente esta tarde ensus intervenciones.

Nos llamó la atención la advertencia hecha por elDefensor a la regulación restrictiva para acceder a pen-siones no contributivas que se está aplicando a los en-fermos de sida sin recursos; personas sin familia y sinapoyo social y que serán objeto muy detallado de atenciónpor parte de nuestro Grupo parlamentario.

Al Partido Popular de Andalucía le preocupa enorme-mente la situación, que se vuelve a tornar endémica, enel salario social; problema que parecía haberse resueltoen 1999 y que ha visto multiplicadas sus quejas en el2000. La ausencia de normativa medioambiental en loreferente a las antenas de telefonía móvil, así como lapreocupación cada vez mayor entre los andaluces sobrelos presuntos efectos nocivos para la salud y un lamen-table impacto paisajístico, situaciones y vacío legal queexigen una respuesta y solución inmediata por parte delas Administraciones.

La sección tercera del informe se circunscribe, comoes tradicional, a los menores. Sufre un ligero incrementorespecto a 1999, pasando de 168 a 201 quejas, conapartados específicos de menores en situación de riesgo,


menores maltratados, medidas de acogimiento y con lareciente entrada en vigor de la Ley de ResponsabilidadPenal del Menor.

La cercanía de la institución del Defensor del Pueblocon lo que piensan y sienten los ciudadanos está a laorden del día en este informe del año 2000. Las más decuatro mil quejas son una correcta radiografía de cómosienten y viven los andaluces el conocimiento de la ins-titución, su implantación y conocimiento en las ocho pro-vincias. Ahora bien, quisiera hacer una reflexión, comola hice en la Comisión parlamentaria: resulta sorprendentela diferencia importante entre el número de quejas entreunas provincias y otras. Por ejemplo, provincias comoAlmería, Huelva y Jaén hacen poco uso de la institución,asunto sobre el que habrá que incidir en el futuro, siendolas provincias de Sevilla y de Cádiz las que presentanmayor número de quejas.

Por último, y como ya hice en la Comisión también,quisiera destacar la labor mediadora del Defensor delPueblo en conflictos importantes, conflictos sociales im-portantes, como lo acaecido hace unas fechas en la Uni-versidad de Almería con el encierro de los inmigrantesy en Lepe. La labor mediadora de la institución ha sidofundamental para solucionar estos gravísimos problemas.Hay una muestra palpable del acercamiento de la insti-tución a la sociedad, el Defensor, y quería hacer balanceen el final de mi intervención de lo que ha sido la gestión enestos años en los que ha estado al frente este alto comisionado.

Quisiera en nombre del Grupo Popular cerrarlo en trespuntos. Desde nuestro punto de vista, se ha acercadode forma clara y manifiesta la institución a todos los rin-cones de Andalucía como nunca se había hecho hastaahora. Queremos poner de manifiesto que nos pareceextraordinario este acercamiento, con la presencia físicadel Defensor del Pueblo Andaluz en todos los municipiosandaluces.

Y por último, felicitar a esta institución por esta labormediadora que ha llevado a cabo en situaciones de con-flictividad social. Por eso quisiera mostrar el apoyo denuestro Grupo a este informe presentado esta tarde enel Parlamento. Y como ha dicho el Defensor cuando pedíamás poder, nosotros consideramos que es necesario máspoder y más medios como se vienen dando por partede este Parlamento a esta institución, porque ese máspoder y más medios para el Defensor del Pueblo irán enbeneficio de todos los andaluces.

Muchas gracias.


—Muchas gracias, señor Gonzálvez.A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo

Parlamentario Socialista, señor García García.

El señor GARCÍA GARCÍA

—Gracias, señor Presidente. Señor Presidente. Seño-rías.

Los primeros Diputados que representaron a los an-daluces en el Parlamento de Andalucía tomaron muy enserio la figura del Defensor del Pueblo, y en una fechatan temprana como el año 1983 ya hicieron la Ley delDefensor del Pueblo, en la que lo configuraban como eldefensor de los derechos y de las libertades comprendidosen el Título Primero de la Constitución Española. Su ac-tividad, la actividad del Defensor del Pueblo, viene mar-cada por este precepto, por esta ley y este artículo, y ala luz de él es como debemos juzgar su actuación duranteeste tiempo y el informe que nos presenta.

Señorías, siendo éste el último informe de este mandatodel Defensor del Pueblo, es necesario hacer una reflexiónsobre lo que han sido cinco años al frente de la institucióndel señor Chamizo de la Rubia y de sus Adjuntos.

Desde que en 1996 se hicieron cargo de la Oficinadel Defensor del Pueblo, esta institución, el Defensor delPueblo, se ha consolidado como tal, ha ganado prestigioentre los andaluces y ha sido considerada útil por losciudadanos andaluces. En este tiempo no ha habido pue-blo donde el Defensor no haya puesto los pies, no hahabido ciudadano que haya querido ver al Defensor delPueblo y no haya podido: no han estado cerradas suspuertas para nadie.

En este tiempo la institución ha crecido en medios, hacrecido en recursos, ha crecido en tecnología, se ha in-corporado más material y se han metido dentro de lasnuevas tecnologías, utilizando Internet para hacer su tra-bajo. Se ha abierto la Oficina de Información, se hanhecho quejas de oficio y se han hecho 19 informes es-peciales. Todo ello ha sido una mejora notable de la res-puesta del Defensor del Pueblo a los ciudadanos anda-luces. Esa respuesta ha hecho que gane prestigio lainstitución y que, por consiguiente, gane legitimidad; le-gitimidad que también se transfiere, por consiguiente, atoda la Comunidad Autónoma.

Nosotros estamos especialmente satisfechos de la ac-ción del Defensor del Pueblo en aquellas materias queson las más propias que les corresponden: la defensade los derechos fundamentales de los andaluces, que esdesde donde su papel adquiere todo el relieve e impor-tancia constitucional y estatutaria y el significado máspreciso de la institución. De esta forma, consideramosque han sido muy relevantes durante este mandato susactuaciones en la tutela judicial efectiva de algunos co-lectivos, en la defensa de los derechos de los emigrantes,en la defensa de los derechos de los enfermos mentalesy en la defensa de los menores.

El Defensor del Pueblo, por otra parte, no ha actuadocomo un elemento más reivindicativo frente a la Juntade Andalucía, frente a los Ayuntamientos, frente a lasDiputaciones, sino que ha sabido elevarse por encima ydesempeñar su papel de defensa de los derechos y li-bertades de los andaluces con amplitud de miras.

En este sentido, creemos que es tan importante y tana valorar positivamente las 4.500 quejas que ha admitidocomo las 1.326 no admitidas, porque tan importante esadmitir las quejas como defender el cumplimiento de laley de sus competencias, que son las que están estatutariay legalmente establecidas. Por consiguiente, el cum-


plimiento de la ley ha sido uno de los elementos quedebemos poner en el haber del Defensor del Pueblo.

Para nosotros no ha sido una sorpresa su excelentetrabajo. No lo ha sido porque lo conocíamos de antiguoy sabíamos que siempre iba a estar trabajando con ab-soluta y total entrega, entregado a aquellos que más lonecesitaban, a los menores, a los emigrantes, a los cha-bolistas..., todos aquellos que han sido testigo de susactuaciones.

Pero ustedes me va a perdonar que yo diga que elseñor Chamizo es inseparable como figura pública y comofigura privada, entre otras cosas porque la figura públicay la privada van unidas como el hombre y la sombra.Y este hombre que ha estado al frente de la oficina delDefensor del Pueblo tiene unos rasgos de tolerancia queson dignos de resaltar y que yo los voy a poner aquíde manifiesto con un solo ejemplo. Él, cuando trajimosa don Diego Martínez Barrios, fue quien hizo el hospiciolaico fúnebre en memoria de una persona tan alejada,como don Diego, de las convicciones religiosas del señorChamizo de la Rubia.

Entrando, pues, ya en el informe del año 2000, refe-riremos, en primer lugar, el estancamiento que ha habidode las quejas en el Defensor del Pueblo. Estancamientoque viene produciéndose desde hace ya algún tiempoy que, por consiguiente, pensamos que ha llegado alequilibrio entre las quejas que se pueden presentar.

En segundo lugar, tenemos que poner de manifiestola mejora en el cumplimiento de las Administracionespúblicas de su deber de atender y auxiliar al Defensordel Pueblo en sus funciones. Defensor del Pueblo quesólo ha tenido que hacer acreedora del oprobio, de lareprobación formal, a cinco autoridades de la ComunidadAutónoma andaluza, ninguna de ellas relacionada, porcierto, con la Junta de Andalucía: cuatro son Alcaldesy uno es Presidente de Diputación. Me permitirán ustedes,a pesar de que yo, en esta Cámara, cuando alguien dela Junta de Andalucía ha sido llamado, le han llamdo laatención, he oído cosas durísimas, que pase por altoese asunto.

En tercer lugar, las quejas que se han producido eneste mandato. En primer lugar hay que poner de mani-fiesto que, lógicamente, el Defensor del Pueblo primeropone las quejas encima de la mesa, las manifiesta,las pone para que todos nosotros las veamos y veamosnuestras deficiencias o lo que los ciudadanos necesitan;pero junto a ello también hay que recordar siempre quehan sido muchísimas más las actuaciones de las Admi-nistraciones públicas que no han sido motivo de quejas,que han funcionado magníficamente y que los ciudadanoshan reconocido.

En segundo lugar, las quejas se refieren, lógicamente,a aquellos servicios que atienden a más personas, yvienen de aquellas provincias donde hay más personaso donde se sitúan más servicios de las Administracionespúblicas. Y en tercer lugar, que son las quejas propiasde una sociedad moderna, de una sociedad que utilizalas nuevas tecnologías, que utiliza los teléfonos móvilesy que tiene las mismas preocupaciones que las restantesde España y de Europa, porque las quejas que vienen

a este Parlamento no son distintas de las quejas quevan a otros Parlamentos de otras Comunidades Autó-nomas ni a otros Parlamentos nacionales de Europa.

España, a pesar de lo que habían dicho, y Andalucía,a pesar de lo que habían dicho, no son diferentes: soniguales que las otras naciones de nuestro entorno, igualesque el resto de Europa, e igual que el resto de Europapertenecemos a esas sociedades complejas, con pro-blemas y con dificultades, pero que se tienen que adaptaral ritmo acelerado de las tecnologías y de los cambiossociales.

Respecto a la situación de los derechos y libertadesconstitucionales, el señor Defensor del Pueblo ha hechoreferencia en primer lugar, en su informe, a un asuntoque deberíamos tomar muy en serio, pues es el accesoa la Función pública local en condiciones de igualdad,capacidad y mérito. Ésa es una cosa de la que las Ad-ministraciones públicas, sobre todo las locales —y sepone de manifiesto en este Parlamento, pues no se puedeatentar contra su independencia y autonomía—, debentomar nota y corregir en la medida en que puedan in-mediatamente.

El segundo aspecto que el Defensor del Pueblo ponede manifiesto con respecto a los derechos y libertadeses el acceso a la vivienda digna; el encarecimiento delos terrenos para construir; la falta o la deficiencia deservicios públicos de agua, de electricidad; el chabolismo,que sigue siendo una realidad en Andalucía a pesar delos esfuerzos del Plan de Erradicación del Chabolismode la Junta de Andalucía, y que se está extendiendotambién al mundo rural, desdichadamente, por la faltade viviendas para los emigrantes. Es una realidad quedebemos afrontar desde la Junta de Andalucía y desdetodas las Administraciones públicas.

En tercer lugar la educación, que es una prioridadpara los socialistas — lo ha sido cada año y se demuestracada año en los presupuestos— . Sigue siendo uno delos elementos, primero, porque afecta a muchísima gente,y segundo, por las dificultades que tiene su gestión, delos elementos, el que nos trae el Defensor del Pueblo.Añadiendo en este caso una reflexión sobre la picarescade aquellos colegios concertados que quieren atraer ha-cia sí más alumnos para que no les cierren aulas, y deaquellas familias que tratan de hacer alguna trampa parallevar a los niños a esos colegios. Desde luego tendremosque conseguir desde las Administraciones públicas elevitar que se haga ningún tipo de trampas ni de fraudes,porque la trampa para favorecer a un niño, para favorecera un colegio, siempre va en detrimento de otro niño ode otro colegio, y en cualquier caso, desde nuestra pers-pectiva, hay que legislar con igualdad entre todos losniños.

La Justicia ha sido este año uno de los capítulos queha tenido mayor número de quejas. Es lógico, es lógico,porque en este año los ciudadanos han empezado apercibir que las competencias venían a la Junta de An-dalucía, las ejercía la Junta de Andalucía, y que las com-petencias en materia de Justicia, que son compartidascon la Administración del Estado, tenían en la Junta deAndalucía quien se las pudiera resolver.


Es verdad que los retrasos en materia de Justicia sonuna lacra que hacen que muchas veces la tutela judicialefectiva, el derecho a la justicia esté cuestionado, y quecuando llega esa justicia tarde y mal no sea ya tal justicia,y, por consiguiente, es necesario que pongamos todos,Administración central y Administración autonómica, denuestra parte para acelerarlo.

Pero miren ustedes, el propio Defensor del Pueblo echaun rayo de luz sobre cómo se puede mejorar la Justicia.Y echa el rayo de luz en este negro panorama diciendoque, desde que la Junta de Andalucía se hizo cargo delos medios materiales y humanos al servicio de la Justicia,se observan claras líneas de mejora con los programasde modernización e informatización de las sedes judicialesque pueden paliar el problema. Desde luego, la actuaciónde la Junta de Andalucía, la dotación con dineros y re-cursos propios de la Junta de Andalucía, de la Adminis-tración de justicia, de los elementos materiales, estánmejorando la capacidad de los jueces para dictar sen-tencias, pero es necesario un esfuerzo de ellos mismospara que esto salga adelante.

Y desde luego es necesario un acuerdo de todas lasfuerzas políticas. El Pacto por la Justicia que han firmadorecientemente a iniciativa del señor Zapatero el PartidoPopular y el Partido Socialista, si no se rompe unilate-ralmente, como en otros casos ha sucedido, es posibleque ayude a encontrar el camino para salir de este ma-rasmo en el que la Justicia está metida, porque es unacuestión de Estado que es necesario resolver.

Otro asunto importante que el Defensor del Pueblotrae ante nosotros hoy es el de la telefonía móvil. Latelefonía móvil, una nueva tecnología desconocida hacemuy poco tiempo y que puede tener riesgos para la saludhumana. Esta materia ya se ha tratado en este Parlamentohace muy poco mediante una proposición no de ley pre-sentada por el Grupo Socialista y defendida por el señorBueno Beltrán; por consiguiente, a ella me remito y a suresolución. Hay, pues, que regular la telefonía móvil, lasantenas de telefonía móvil de acuerdo con normaseuropeas.

Es evidente que los ciudadanos tienen una preocupa-ción, aunque no haya pruebas científicas absolutas enningún sentido, no son concluyentes; pero, desde luego,la Administración pública cuando hay un riesgo no debeinhibirse del riesgo, sino actuar inmediatamente para evitarque se cometan errores. Hay que ser prudentes paraque no suceda como con las vacas locas.

Respecto al vandalismo juvenil, otro punto que trae elDefensor del Pueblo, hay que decir, en primer lugar, quenuestra libertad termina donde empieza la libertad de losdemás. Lo decía Rosa Luxemburgo. Por consiguiente,señorías, nosotros, como demócratas, no podemosser débiles en este asunto. La democracia no es un ré-gimen débil, es un régimen fuerte porque actúa con lalibertad como bandera y actúa con la democracia comosigno de representación. Por consiguiente, no son con-tradictorios libertad y respeto a lo público, no son con-tradictorios libertad y seguridad: son elementos comple-mentarios porque hace falta la seguridad para poderejercer la libertad.

Por consiguiente, hay que imbuir a nuestros mucha-chos, a nuestra gente unos valores cívicos, una éticacivil, una ética laica que les haga ser respetuosos conlo que es propiedad de todos, respetuosos con las demáspersonas que conviven con ellos. Y eso es una misiónque no les compete única y exclusivamente a los poderespúblicos: les compete a los poderes públicos, les competea las familias y les compete también a los colegios.

Respecto a la inmigración, hace el Defensor algunasreferencias a las recomendaciones que hizo después delos vergonzosos sucesos de El Ejido de enero y febrerode 2000, y esas recomendaciones dice el Defensor delPueblo que desdichadamente no han terminado de cum-plirse, que los problemas...


—Señor García García, debe su señoría ir terminando,por favor.

El señor GARCÍA GARCÍA

—Acabo inmediatamente, señor Presidente.... que los problemas, lejos de solucionarse, continúan,

como ponen de manifiesto, por otra parte, los encierrosque hay en Huelva o las colas que se están produciendoen Almería.

Nosotros creemos que desde la Junta de Andalucíase ha hecho un esfuerzo importante; que la Junta deAndalucía cumple con sus obligaciones en educación, ensanidad...; pero que hay otras Administraciones que noson tan diligentes y que están dificultando la solución.Especialmente es significativa la falta que señala el De-fensor del Pueblo de suelo para las viviendas; es espe-cialmente significativa la explotación laboral, que no estásiendo perseguida debidamente, de los emigrantes, de-bido a su situación de sin papeles, de marginación, quelos lleva después a la explotación. Es especialmente sig-nificativa la falta de control de fronteras, que permite eltráfico de seres humanos. Las recomendaciones del De-fensor en esta materia deberían ser tenidas muy en cuen-ta, y de hecho el plan integral elaborado por la Consejeríade Gobernación puede ser el mecanismo eficaz para abor-dar tan complejo fenómeno, y el acuerdo entre las fuerzaspolíticas debe ser el instrumento para llevar adelante esteplan. Desde luego, si no se rompe el acuerdo a las dossemanas de firmarlo.

Para terminar y en resumen, señorías, el informe delDefensor del Pueblo hace una radiografía de una An-dalucía que es moderna, que está incorporada al mundo,que no está aislada, que es dinámica, que no está an-quilosada, que protege a los mayores y a los débiles;una Andalucía con los mismos problemas de otras Co-munidades, de otros países de nuestro entorno, con pro-blemas derivados del crecimiento económico, de la mo-dernización social y del uso de las nuevas tecnologías;una Andalucía en la que se lucha contra las injusticiasy las desigualdades que aún persisten, y contra aquellas


nuevas que surjan por medio del desarrollo humano; unaAndalucía que afronta los problemas para resolverlos;una Andalucía, en fin, en la que los derechos y libertadesde los ciudadanos, motivo máximo y esencial del informedel Defensor del Pueblo, se respetan y se amparan.

Nada más. Muchas gracias.

INFORME ANUAL DE LA CÁMARA DE CUENTAS6-01/ICG-000001, RELATIVO A LA FISCALIZACIÓN DELA CUENTA GENERAL, CONTRATACIÓN ADMINIS-TRATIVA Y FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRI-TORIAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1999


—Muchas gracias, señor García García.Señorías, finalizado el debate, pasamos al punto ter-

cero del orden del día, informe anual de la Cámara deCuentas de Andalucía, dictamen de la Comisión de Eco-nomía, Hacienda y Presupuestos en relación con el in-forme anual de la Cámara de Cuentas.

¿La Comisión de Hacienda ha previsto que algunosde sus miembros presente el dictamen? ¿No? En con-secuencia pasamos al turno de posicionamiento de losdistintos Grupos parlamentarios, comenzando por el por-tavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor PachecoHerrera.


—Señor Presidente. Señorías.No es momento de entrar a debatir los resultados ni

las cifras correspondientes al año 1999, aunque a esteDiputado del Grupo Mixto no le faltan ganas despuésde repasar con detalle los datos de ese año con loscomentarios que emanan del informe de la Cámara deCuentas, cuyo dictamen se trae ahora a su aprobación.Sí es el momento de entrar a debatir las consideraciones,las sugerencias y las recomendaciones que se contienenen dicho informe.

Señorías, lo hemos leído con detenimiento y sólo noslleva a una conclusión muy clara, y es la siguiente: quees imposible conocer en su totalidad la realidad económica,financiera y patrimonial de esta Comunidad. Si les parece,vamos a empezar por la falta de información.

¿Cómo es posible que a estas alturas aún no se ela-bore un estado de consolidación de cuentas que nosimpide conocer el conjunto de gastos e ingresos queconforma toda la actividad económica? Por otro lado,aún no se conoce cuánto cuestan los servicios públicosque se prestan, y, por tanto, tal como se recoge en elinforme, es imposible saber cuál es el grado de incum-plimiento de los objetivos, cuál es el nivel de eficaciade la gestión, y mucho menos el grado de eficiencia conel que se aplican los recursos económicos.

Ahora bien, señorías, es más preocupante e inadmi-sible que nuestros organismos autónomos y empresaspúblicas no cumplan con la obligación de remitir toda ladocumentación preceptiva para el análisis de sus cuen-tas. Señorías, no hay ni una sola empresa que hayaremitido a la Cámara todos los documentos, lo que implicauna falta de transparencia y la imposibilidad de analizaríntegramente cuáles son sus resultados. Y si la falta deinformación a la que hacía antes referencia nos dificultael extraer unas conclusiones claras, qué podemos decirsi a ello se le añade que a estas alturas una Adminis-tración como la nuestra, que maneja un presupuesto cer-cano a los tres billones, sigue sin tener totalmente im-plantado el Plan General de Contabilidad Pública.

Nosotros, como Grupo Mixto, nos preguntamos quéestamos esperando, a qué estamos esperando de unavez por todas para conocer la verdadera situación pa-trimonial de esta Comunidad. Sinceramente es muy graveque la Cámara de Cuentas por este motivo diga literal-mente: «Ello impide verificar la exactitud de los datoscontables».

Pero no queda ahí la cosa en cuanto a la incertidumbreque genera esta contabilidad. Si analizamos la lista nu-merosa de ajustes que la Cámara recomienda efectuar,no puedo dejar de seguir preguntando qué resultadosarrojarían las cuentas aplicando dichos ajustes que re-comienda la Cámara. Y es que, señorías, son numerososlos indicadores y cifras de nuestras cuentas que tienenrecomendación o sugerencia por parte de la Cámarapara su correcta contabilización. Ejemplo como la con-tabilización de los fondos provenientes de la Participaciónen los Ingresos del Estado, o bien la cuantificación dela Deuda pública, nos hace pensar que queda muchoaún por mejorar en el proceso de elaboración de nuestrascuentas como Comunidad.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, el granvolumen de modificaciones tramitadas desvirtúa los ob-jetivos inicialmente previstos y nos hace pensar que hayuna falta de rigor a la hora de cumplir con lo que se haplanificado. Eso sin contar con que, encima, algunas de lasmodificaciones presupuestarias no están técnicamente bienhechas, según recoge el informe de la Cámara de Cuentas.

Por otro lado, señorías, si bien es verdad que entérminos globales se alcanza un alto grado de ejecuciónpresupuestaria, en el capítulo de inversiones, nos gustaríaresaltarlo, el grado de ejecución sigue siendo año trasaño muy bajo, sólo un 29%, y asimismo, de todas lasConsejerías, la de Obras Públicas y Transportes es laúnica que ha disminuido el gasto, con una bajada deun 10% con respecto al año anterior.

¿Así es como se pretende conseguir la articulacióndel territorio andaluz? ¿Así es como se pretende con-seguir de una vez por todas que Andalucía salga deldéficit que tiene en infraestructuras? Eso sí, señorías—y con esto termino— , nosotros podemos seguir pre-sentando superávit, que las cuentas queden muy bonitasde una forma contable; pero Andalucía sigue sin la in-versión necesaria y los andaluces siguen sin el desarrolloque se merecen.

Muchas gracias.



—Muchas gracias, señor Pacheco Herrera.A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo

Parlamentario Andalucista, señor Dell’Olmo.

El señor DELL’OLMO GARCÍA

—Señor Presidente. Señorías.Abordamos hoy la fiscalización de la Cuenta General,

teniendo presente que a partir de este año el Consejode Gobierno aprobó el programa de control financieropermanente también de las empresas públicas.

El informe de fiscalización de la Cuenta General, con-tratación administrativa, referido al ejercicio presupuesta-rio de 1999 incluye como novedad la fiscalización delFondo de Compensación Interterritorial. El informe fueaprobado por unanimidad por el Pleno de la Cámara deCuentas de Andalucía el 22 de febrero del presente año,aceptándose ocho alegaciones en su totalidad y 17 par-cialmente, de un total de 145 presentadas. Las limitacionesque ha tenido la Cámara de Cuentas de Andalucía enrelación con su trabajo quiere también ponerlas de ma-nifiesto este Grupo parlamentario.

En primer lugar la cuenta de inmovilizados, que, comoen años anteriores, sigue sin rendirse, lo cual, ademásde ser contrario a lo dispuesto en el artículo 64.5 delReglamento de Intervención de la Junta de Andalucía,impide el análisis del patrimonio de la Junta, y sigue sinhallarse disponible el inventario general, que se está ela-borando y no se encuentra operativo. El subsistema deendeudamiento es otro de los que se ve afectado, porestar inconcluso, y han transcurrido tres años desde queel Plan General de Contabilidad Pública entró en vigorsin que hasta la fecha estos dos subsistemas hayan en-trado en funcionamiento.

Con la completa implantación del Plan General de Con-tabilidad Pública se pretende mejorar la calidad de lainformación suministrada, así como ofrecer a los órganosde gestión un instrumento básico para la toma de deci-siones frente al ya tradicional seguimiento de ejecucióndel presupuesto que la contabilidad presupuestaria ofrece.

Otra de las limitaciones es la no elaboración de unamemoria demostrativa del grado de cumplimiento de losobjetivos programados —artículo 96.b) de la Ley Generalde la Hacienda Pública—. Impide concluir acerca de laeficiencia y eficacia de los programas presupuestarios.Esta importante limitación ya se dio en ejercicios ante-riores.

Los aspectos más significativos en cuanto a magnitu-des presupuestarias son, señorías, a juicio del Grupo Par-lamentario Andalucista, los siguientes:

En primer lugar modificaciones presupuestarias, quese produce un incremento significativo en su cuantía conrespecto al año anterior. En Junta de Andalucía se in-crementa un 36% y en los organismos autónomos un 3.La Cámara de Cuentas de Andalucía incide en señalarla necesidad de mejorar la adecuación de los créditos alas necesidades reales de gastos, evitándose el uso rei-

terado de la aplicación de créditos para cumplir partidaspresupuestarias que a priori son insuficientes.

En segundo lugar, se ha producido un incremento delsaldo de libramientos pendientes de justificar, pasandode 79.524 millones de pesetas en 1998 a 134.516 en1999. El grado de ejecución y de cumplimiento, tanto deingresos como de gastos, presenta índices superiores alos reflejados en el ejercicio anterior.

En cuarto lugar, el saldo acumulado de derechos pen-dientes de cobro a 31 de diciembre fue inferior en un15% al registrado en el ejercicio anterior.

Quinto, al analizar el programa 2.1.F, de Justicia, seha comprobado que el sistema de financiación del mismodurante el ejercicio 1999 sigue siendo el que figura enlos reales decretos de traspaso 141 y 142/97, de 31 deenero: se califica como transitorio, no habiéndose revisadolos porcentajes de Participación en los Ingresos del Estadoni constituido la Comisión de Liquidación en el Ministeriode Economía y Hacienda; en consecuencia, señorías, nose ha actualizado el coste efectivo de los servicios y fun-ciones traspasadas.

Esto es particularmente importante, señorías, ponerlode manifiesto en la Cámara. Continuamente se está plan-teando al Gobierno andaluz la necesidad de ampliar, demejorar los medios al servicio de la Administración dejusticia en Andalucía. Y hay que decirlo clara y abierta-mente: del análisis de esta Cuenta General se desprendeque el Gobierno central ha traspasado los servicios muypor debajo de lo que es el coste real de los mismos. Enconsecuencia, ha de plantearse, en primer lugar, que serenegocie el volumen de la transferencia a Andalucía enconcepto de esa competencia, y por otro lado, que almenos con carácter inmediato se proceda a que se ac-tualice en función de lo que dice el citado decreto.

Por tanto, es necesario tenerlo en cuenta y, sobre todo,desde el punto de vista de los planteamientos del GrupoParlamentario Popular, que insistentemente plantee anteesta Cámara esa necesidad —y ya hay un control sobreel Gobierno— , sin tener en cuenta, insisto, que las com-petencias de Justicia están infravaloradas y que eso sepone de manifiesto en esta Cuenta General.

Otras recomendaciones que queremos hacer es queincluye el informe las relativas a la necesidad de que serespeten los principios contables públicos. Es el caso delreconocimiento de los ingresos derivados de la partici-pación del Estado, los Ingresos del Estado, la PIE, sehace por el cien por cien de la cantidad anual estimadaen lugar de hacerlo por el 98 previsto en los PresupuestosGenerales del Estado. En cuanto al reconocimiento dederechos por la totalidad del endeudamiento autorizadoen la Ley de Presupuestos para 1999, la Cámara deCuentas reitera la necesidad de que la Ley General dela Hacienda Pública adapte sus preceptos a los principioscontables públicos, de tal forma que no pueda reconocerseun derecho sin la existencia de un acreedor cierto.

Señorías, en cuanto a la liquidación de los derechosderivados del traspaso de competencias en materia deasistencia psiquiátrica de las Diputaciones provinciales ala Comunidad Autónoma, la Cámara de Cuentas de An-dalucía recomienda a la Junta que realice los esfuerzos


necesarios para que, en el seno de la Comisión Mixtade Transferencias, se elabore una propuesta conjuntacon las Diputaciones sobre la financiación definitiva delas competencias traspasadas. Igualmente en este punto,el Grupo Parlamentario Andalucista quiere poner de ma-nifiesto el contrasentido, la incoherencia de aquellos Gru-pos que plantean sistemáticamente el que se planteepor parte de la Junta de Andalucía el saldo de una su-puesta deuda con Diputaciones mientras que quedanpendientes situaciones como ésta de la asistencia psi-quiátrica.

Y en lo que respecta al Fondo de Compensación In-terterritorial, destaca por su importancia la recomendaciónsobre la necesidad de contar con un sistema de conta-bilidad analítica, que permitiría asignar los costes a cadaproyecto de inversión facilitando el control parlamentarioque la Ley del Fondo de Compensación Interterritorialprevé.

Señorías, éste es el planteamiento, la reflexión delGrupo Parlamentario Andalucista en relación con el in-forme de fiscalización de la Cuenta General que ha hechola Cámara.


—Muchas gracias, señor Dell’Olmo.A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo

Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convoca-toria por Andalucía, señora Caballero Cubillo.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Señoras y señores Diputados.Nosotros le concedemos bastante importancia a la

fiscalización de la Cuenta General de cada ejercicio, por-que si este Parlamento de Andalucía emplea tres mesesde su tiempo anual en la elaboración de los presupuestosde la Comunidad Autónoma andaluza, es lógico que de-dique una atención política importante a la ejecución deese presupuesto y a su forma financiera, su eficacia ya su cumplimiento.

De todos los informes de la Cuenta General de losúltimos seis años, que son los que yo recuerdo, que esel tiempo que llevo de Diputada, éste es el informe másnegativo presentado por la Cámara de Cuentas, el in-forme relativo al año 1999, ya que, junto con los incum-plimientos señalados con anterioridad en los informesdel año 1998, 1997 y hacia atrás, se plantean ademásalgunos nuevos incumplimientos o falta de adecuaciónde las finanzas y de los objetivos públicos. Me voy areferir a algunos de ellos, porque creo que merecen laatención política de esta Cámara.

El año 1999 aumentaron las modificaciones presu-puestarias en un 36%, se hicieron tantas modificacionespresupuestarias como en el año 1996, por valor de300.000 millones de pesetas. Trescientos mil millonesde pesetas cambiaron de partida presupuestaria; 300.000 mi-llones de pesetas que había discutido este Parlamento

de Andalucía en una ley, que es la Ley de Presupuestosque aprueba anualmente el Parlamento. Y fueron cam-biados de un plumazo, de un plumazo. La propia Cámarade Cuentas dice que no hay justificación suficiente, queen algunos casos estaba previsto que el servicio costabamás, que en otros las generaciones de crédito estabanprevistas; por tanto, se hace inútilmente, ¿no?, 300.000 mi-llones que cambian. Pero es que hay Consejerías quecambian más del 50% de su presupuesto. Por ejemplo,la Consejería de Industria cambia 50.000 millones depesetas, 50.000 millones de pesetas, las modificacionespresupuestarias de Industria; Obras Públicas, 30.000 mi-llones de pesetas; Agricultura, 34.000 millones de pese-tas; Salud, 37.000 millones de pesetas; el SAS 35.000,y Educación 27.000. Es decir, señorías, para su reflexión,que lo que discutimos en el Pleno de este Parlamentode Andalucía cuando llegan los presupuestos, a travésde centenares de enmiendas de los Grupos parlamen-tarios, de todos, después se cambia de un plumazo ysin justificación por parte del Consejo de Gobierno.

Digo que me parece de enorme gravedad que hayatantas modificaciones presupuestarias como en el año1996, porque en el año 1996 se produjeron tantísimasmodificaciones presupuestarias en función, decía el Go-bierno, de que había un presupuesto prorrogado. Puesbien, el presupuesto del año 1999 era un presupuestoordinario y sufrió 300.000 millones de pesetas de modi-ficaciones presupuestarias.

El otro aspecto que me parece interesante señalares la liquidación de presupuestos. Las liquidaciones delos presupuestos de la Junta de Andalucía vienen siendoexcepcionalmente bajas, diga la Consejera lo que quiera;aquí está en la Cuenta General. Es verdad que en gastoscorrientes la ejecución del presupuesto es del 91%, del95%, como no puede ser menos; pero en el capítulo deinversiones no llegan al 67% las inversiones que se eje-cutan simplemente como obligaciones reconocidas, noestoy hablando, ni muchísimo menos, de pagos. Es decir,que en el año 1999 se dejaron de invertir 174.000 millonesde pesetas, con todas las necesidades y las urgenciassociales que hay en Andalucía.

Pero es que algunas Consejerías, ya no solamenteen el apartado de inversiones, sino en el total de su Con-sejería, dejaron de gastar, por ejemplo, el 60%. LaConsejería de Obras Públicas dejó de gastar el 60%,Medio Ambiente el 62, Trabajo e Industria el índice decumplimiento, el 56%.

Otro aspecto importante, señorías, que yo quisieradesde una posición de izquierdas señalar es que, en elapartado de ingresos, vean ustedes que las tasas, larecaudación por tasas dobla los impuestos al capital enAndalucía. El Impuesto de Sucesiones es de 23.000 mi-llones y la recaudación de tasas públicas 43.000 millonesde pesetas. Yo creo que esta Comunidad no tiene unapolítica fiscal de ninguna naturaleza.

En cuanto a empresas públicas, señalar nuevamente,aunque sea para que conste en el Diario de Sesiones,que sigue incumpliendo la Ley General de Hacienda Pú-blica andaluza, que no cumplen sus obligaciones con laCámara de Cuentas, que no remiten documentación. De


43 empresas públicas existentes en la Comunidad, seis,en algunos apartados hasta nueve, han cumplido con lasexigencias de la Cámara de Cuentas. Pero es que tam-poco cumplen ni siquiera con las exigencias de la Con-sejería de Economía. Por ejemplo, tienen que comunicara la Consejería de Economía la contratación de auditoríasprivadas. Pues no lo comunica prácticamente casi ningunaempresa. Pero así sucesivamente, lo que quiere decirque van a su aire, que funcionan como les da la gana,sin control político ni administrativo ninguno.

Otro aspecto que me gustaría resaltar es la contrataciónadministrativa. La transparencia de la Administración de-pende mucho de la contratación administrativa, de queesa contratación se haga de forma clara, de forma pública,y, sin embargo, para eso se crearon mecanismos, secreó un registro de contratos que no se respeta, puesto queno están inscritos todos los contratos, y un registroque no incluye todos los bienes a registrar o todas lasacciones a registrar, pues no sirve absolutamente paranada.

Pero quisiera llamar la atención sobre dos temas. Qui-nientos contratos por valor de 23.000 millones de pesetasse hicieron por procedimiento negociado, negociado. Esdecir, a dedo, a dedo, por procedimiento negociado. Yse hicieron, señorías, 565 contratos de consultoría y asis-tencia por valor de 31.000 millones de pesetas. Mirenustedes, se contrataron obras por valor de 46.000 millonesde pesetas, y en servicio de consultoría, asistencia y servi-cios se contrató por valor de 31.000 millones de pesetas.Es decir, la Junta de Andalucía hace más asesoramientoy servicios, contrata casi tanto asesoramiento y servicios,para ser exactos, como obras públicas, lo que nos pareceuna tremenda desproporción.

El SAS sigue teniendo un problema presupuestario yfinanciero enorme que la Junta pasa de largo. El añopasado, en fase previa... Ustedes saben que el SAS tieneuna doble contabilidad, una que se llama fase previa yotra contabilidad definitiva. Pues en fase previa tuvo90.000 millones de pesetas; es decir, el agujero financierodel SAS del año 1999 fue de 90.000 millones de pesetas.Y aparece incluso una tercera contabilidad, porque apa-recen 1.526 millones sin estar recogidos ni en la conta-bilidad A, la oficial, ni en la contabilidad en fase previa.

Termino, señorías, diciendo que no se siguen las re-comendaciones de la Cámara de Cuentas y no se siguenlas recomendaciones de este Parlamento de Andalucía.Les resumo.

La Cámara de Cuentas recomienda no acudir a lasmodificaciones presupuestarias y dice que es excesivo,y este año va a peor. Los derechos pendientes de cobroestán igual que en ejercicios anteriores. La deuda, comono hay subsistema de endeudamiento, porque la señoraConsejera de Economía y Hacienda no está aplicandoel Plan General de Contabilidad Pública y los subsistemasque se derivan de él, pues no sabemos ni cómo está.Excepto los avales, que han mejorado, todo lo demás,señala la Cámara de Cuentas, o no se ha cumplido oha empeorado.

Los organismos públicos. Falta explicación de sus es-tados contables, que es grave... Falta de explicación de

los estados contables de los organismos autónomos. Lasempresas públicas, ya les he detallado la situación, yvienen en el informe; la contratación también, y del FCI,no se pueden fiscalizar el seguimiento de los proyectosporque los proyectos se reprograman de forma continua-da, así que no se puede fiscalizar la ejecución de losproyectos.

No se rinde cuentas del inmovilizado. Esto parece unafrase fuera de lugar, pero sin rendir cuentas del inmovi-lizado la Cámara de Cuentas no se puede pronunciarsobre los estados financieros de la Junta de Andalucía.¿Para qué tenemos una Dirección General de Patrimonioque todavía no ha incorporado el inmovilizado de la Juntade Andalucía, no sabemos cuál es 20 años después delEstatuto de Autonomía? No se ha terminado de implantarel Plan General de Contabilidad Pública desde el año1997, no hay memoria de cumplimiento de los objetivosde cada una de las Consejerías; esos papelitos que laConsejera enseñaba aquí porque se habían copiado deun año para otro. ¿Qué objetivo? O sea, con este dineroque nos gastamos cada año en salud, en educación, quéhemos conseguido, qué objetivos hemos conseguido den-tro de qué plan. Eso no aparece para nada, no hay niun solo papel. Y es obligatorio, según la Ley General dela Hacienda Pública andaluza, el artículo 96.b).

Y ni siquiera, señoría, en un año electoral como elaño 1999, se hizo esfuerzo alguno por mejorar la gestióndel Gobierno andaluz. Sí que se hicieron, como he plan-teado al principio, innumerables modificaciones presu-puestarias sin razón alguna, sí que se contrataron cen-tenares de consultarías —sí que se contrataron— , ytenemos una Consejería de Economía que prometió poneren orden las finanzas de la Comunidad Autónoma y esel momento de decir que no ha cumplido en absoluto,en absoluto. Prometió buena gestión, transparencia y efi-ciencia, y, sin embargo, ni siquiera ha cumplido las normaspúblicas que este Parlamento se da. ¿Es demasiado, se-ñorías, pedir que se presupueste con rigor, que se fis-calicen los gastos, que se evalúe el cumplimiento de losprogramas, que se controle el funcionamiento de las em-presas públicas? ¿Es demasiado exigir que se cumplanlos presupuestos aprobados en el Parlamento andaluz yque las cosas se hagan con eficacia y con transparencia?Al parecer, por lo visto, con este Gobierno está siendoimposible.

Nada más y muchas gracias.


—Muchas gracias, señora Caballero Cubillo.A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo

Parlamentario Popular, señor Santaella.

El señor SANTAELLA PORRAS

—Sí. Señor Presidente. Señorías.En nombre del Grupo Parlamentario Popular para po-

sicionarme sobre el informe de fiscalización de la Cuenta


General y de la contratación administrativa, así comodel Fondo de Compensación Interterritorial del año 1999.

La única novedad que he visto en este debate deeste año es la intervención, por supuesto, del señor Pa-checo desde el Grupo Mixto; pero lo más novedoso esver al señor Dell’Olmo en nombre del Partido Andalucistahablando también del informe de fiscalización, cosa queel señor Pacheco ha debido de servirle de señuelo paraque por primera vez suba el PA a la tribuna a hablarde la fiscalización de la Cuenta General. Ya es importanteque el PA haya intervenido y, además, diga que las cuen-tas están..., bueno, medio regulares: son copartícipesde la responsabilidad de Gobierno del Partido Socialista.

Por lo demás, el plato de lentejas, como siempre, olo tomas o lo dejas. Es lo mismo, informe tras informe,año tras año, cuenta tras cuenta, lo mismo que dicesiempre la Cámara de Cuentas, lo mismo. Las modifi-caciones, la falta de inversión, los gastos corrientes, nose llevan las cuentas, el Plan General de Contabiliza-ción... Todo igual. Y en este Parlamento, señoría, nada.Nos dirigimos al Diario de Sesiones... Muchas veces,cuando uno dice: qué argumentos doy. Pues váyanseustedes al Diario de Sesiones del año pasado, que dijimoslo mismo, y el anterior lo mismo. Cójanse el Diario deSesiones, las intervenciones de los portavoces del PartidoSocialista: lo mismo. Es importante, la Cámara de Cuen-tas ya reconoce que hemos avanzado, pero vamos aseguir avanzando...

Pero la realidad es lo que la portavoz de IzquierdaUnida ha dicho con respecto a la Consejera de Economíay Hacienda: entró con muy buenas palabras, parecíaque alguien que provenía, además, de la Hacienda pú-blica iba a poner esta Comunidad en orden presupues-tariamente, y nos encontramos en una situación peorque la que se encontró, peor que la que tenía. Se rindenmenos cuentas que se rendían antes, las cuentas sonmás farragosas que eran antes, y nos encontramos afinal de unas cuentas de 1999, terminando el siglo XX,con una Comunidad Autónoma que está, desgraciada-mente, donde no queremos que esté, que es la últimade las Comunidades Autónomas.

No se puede, como se decía y como dice el informe,no se puede rendir cuentas si no se tienen objetivos. Ysi no se tienen objetivos, las cuentas tienen que difumi-narse, intencionadamente más, para que no se sepa queno hay objetivos. Y cuando no hay objetivos no se creceen una Comunidad, como no crecemos nosotros en Andalucía.

Yo voy a ir concluyendo con unas palabras que elmismo Presidente, el Consejero Mayor de la Cámara deCuentas, resumía cuando presentó el informe. «No tienesentido decir permanentemente las mismas cosas, y nosencontramos jugando al frontón con las instituciones decontrol en el cumplimiento de las recomendaciones dela Cámara de Cuentas». Y si eso lo dice el ConsejeroMayor de la Cámara de Cuentas, ¿qué podemos decirlos pobres portavoces de los distintos Grupos que es-tamos en la oposición? Si él, que es el Consejero Mayor,juega al frontón con las instituciones cada año, dandorecomendaciones que no se cumplen, ¿qué vamos adecir los demás?

Lo importante es que el señor Chaves lleve tres díashaciendo declaraciones sobre la evaluación de la Leyde Extranjería del Gobierno de la nación. ¿Y no le preo-cupa Andalucía? ¿Y no le preocupan las cuentas deAndalucía? ¿Y no le preocupa que su Consejera no rindalas cuentas? ¿Y no le preocupa que la Cámara de Cuen-tas esté continuamente poniéndole en entredicho queno se llevan los presupuestos como deben de llevarse?¿Y no le preocupa nada eso? Tenemos lo que tenemos.

Fíjese bien, la Cámara de Cuentas dice que, además,el informe que hace tan negativo... La portavoz de Iz-quierda Unida ha dicho que era el más negativo quehabía visto. Por supuesto, pero dice que hay que teneren cuenta, además, las limitaciones que ha tenido. Y delas limitaciones que tiene pone cinco. No hay memoriademostrativa del grado de cumplimiento de los objetivosprogramados con indicación de los previstos y alcanzadosy del coste de los mismos; no hay objetivos —ya lohabíamos dicho— ; no incluye un cuadro de financiación;no facilita información sobre la procedencia de los fondos—gastamos y no decimos ni de dónde provienen esosfondos—; no se puede comprobar cómo financia el cre-cimiento del patrimonio, los servicios que presta y cómomantiene sus inversiones —no dice nada— , y no serinde la cuenta del inmovilizado — lo han dicho los por-tavoces anteriores— , no dispone del inventario generalde bienes y derechos.

Pero por último, hay Delegaciones de la Junta deAndalucía, provinciales, que no han aportado ni las actasde arqueo, al 31 de diciembre de 1999, Delegaciones dela Junta que no han aportado las actas de arqueode las cuentas. Y, por supuesto, no son operativos lossubsistemas de [ininteligible].

Cuando el señor Navas dice que estamos jugando alfrontón, yo creo que se queda corto, porque, efectiva-mente, seguimos sin estar implantado el Plan Generalde Contabilidad, seguimos incrementando las modifica-ciones, como se decía anteriormente. Pero no incremen-tando las modificaciones presupuestarias en un 5, enun 6%. En el año 1999, las modificaciones presupues-tarias se han incrementado en un 36% con respecto alas modificaciones del año anterior, un 36%. ¿Qué hasupuesto?: 259.000 millones de pesetas, modificacionespresupuestarias de 259.000 millones de pesetas. Es queno es moco de pavo, señor Núñez, aunque...

¿Usted me puede seguir? Siga, pero esto es muyserio, porque es dinero público, es dinero de todos losandaluces, y no es dinero de un partido político. Estamoscon los dineros, hay que rendir cuentas, hay que con-trolarlo, y así iría la Comunidad Autónoma mejor de loque está yendo.



—Muchas gracias, señor Santaella.Para finalizar el debate tiene la palabra el portavoz

del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Hierro Recio.


El señor HIERRO RECIO

—Muchas gracias, señor Presidente.Bueno, volvemos a estar aquí, seis meses más tarde

de lo que estuvimos, para analizar el dictamen de la Cá-mara de Cuentas relativo a la Cuenta General de 1998.Eso significa que, cuando se presentó esta cuenta liqui-dada, todavía no se había debatido aquí, en esta Cámara,el dictamen de la anterior; por lo tanto, debe comprendersetambién que algunas de las recomendaciones no llegarana estar recogidas.

No obstante, lo que más me interesa resaltar en estaCámara es que parece ser que aquí estamos leyendopapeles completamente distintos. Porque aquí se subenlos Grupos de oposición a decir, bueno, pues que aquíestá todo hecho un desastre, absolutamente un desastre,y lo primero que hace la Cámara de Cuentas en su párrafonúmero 33 es decir que la liquidación de las operacionesdel presupuesto se ha realizado conforme, de conformidadcon lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 28 de diciembre,del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1999.O sea, que empezamos diciendo que se cumple la le-galidad vigente.

No obstante, y como bien ha dicho el señor Santaella,pues nos subimos aquí a decir que las cosas van mejo-rando. Evidentemente que van mejorando. ¿Por qué? Por-que es que esto es así, esto es así. Es que, si no fueraasí, esta profesión desaparecía, simple y llanamente. Esdecir, si las Administraciones públicas funcionaran efi-cientemente sin ninguna necesidad de nada, pues sim-plemente sobraríamos los políticos, sobraríamos. Por tan-to, tienen que seguir avanzando, no puede ser de otraforma. Y se ha avanzado, y se ha avanzado en estepresupuesto.

Mire, por ejemplo, ha aumentado el reconocimiento delas obligaciones, que ha pasado a ser el 92%, y el cum-plimiento del presupuesto de ingresos, que ha pasado aser el 95%, y eso a pesar de hacer constar en los pre-supuestos las dotaciones de la Disposición Adicional Se-gunda del Estatuto y a pesar de hacer constar el 2% deliquidación de la Participación en Ingresos del Estado queel Gobierno de Aznar se niega a transferir.

Existe un superávit presupuestario de 37.000 millones,se ha cumplido el escenario de consolidación presupues-taria —es decir, nos encontramos dentro del nivel dedeuda previsto en los escenarios de consolidación— , hadisminuido el tipo medio de endeudamiento; ha aumen-tado la vida media de la deuda, han disminuido al 15%los derechos pendientes de cobro; es decir, hay un montónde cosas que van mejorando. Yo entiendo que a la opo-sición no le guste, no le guste porque no le sirve el dis-curso, pero la realidad es ésta.

Pero no sólo en eso. Es decir, se ha sacado aquí eltema de los contratos.

Señor Presidente, por favor.


—Por favor, les ruego silencio.


—Se ha sacado aquí el tema de los contratos. Bueno,pues, en los contratos de más de cinco millones de pe-setas, el 82% del procedimiento es abierto, el 82% deellos es por procedimiento abierto. Y además, eso quedice de que no se cumplen las recomendaciones de laCámara de Cuentas, pues resulta que dice la Cámarade Cuentas que se ha cumplido su recomendación entanto en cuanto los licitadores conocen los criterios devaloración para la adjudicación de los mismos.

En cuanto al FCI, tenemos un grado de ejecución delcien por cien, un grado de ejecución del cien por cien.Y además también reconoce la Cámara de Cuentas quese ha producido un avance como consecuencia de laimplantación del subsistema del FCI, lo que al parecer,según la oposición, no ocurre.


—Señorías, silencio, por favor.


—Y en cuanto a los avales, la Cámara de Cuentasdice que las deficiencias en cuanto a los avales han sidosubsanadas. Tampoco se cumplen las recomendacionesde la Cámara.

En cuanto a las empresas públicas, ha mejorado elgrado de cumplimiento; también lo dice la Cámara deCuentas.

En definitiva, la Cámara de Cuentas dice que va me-jorando, y lo voy a estar repitiendo aquí en tanto lo vayadiciendo la Cámara de Cuentas, porque si no estaría di-ciendo algo que no dice el dictamen de la Cámara deCuentas.

Yo entiendo que a los Grupos de la oposición, y enespecial el señor Santaella, pues les parezca mal, porejemplo, que aparezcan 49 contratos sin la preceptivadeclaración de urgencia de la fórmula del órgano de con-tratación correspondiente, que no esté debidamente mo-tivada; que haya 50 expedientes en los cuales no consteel pliego de cláusulas administrativas particulares; quehaya 28 expedientes que no hayan sido remitidos; quehaya 205 expedientes en los cuales los pliegos de pres-cripciones técnicas particulares no hayan sido aprobadospor el órgano de contratación; que haya 40 expedientesen los cuales no se haya pedido el cumplimiento de lasobligaciones a la Seguridad Social; que hay 37 expedien-tes en los cuales no se haya...


—Señorías, silencio, por favor.



— ... pedido el cumplimiento de las obligaciones tri-butarias; que haya 44 expedientes de contratación enlos cuales no se hayan remitido las actas de licitación;que haya 29 expedientes en los cuales no haya el res-guardo acreditativo de la constitución por el adjudicatarioy la preceptiva garantía definitiva, etcétera, etcétera, et-cétera. Yo entiendo, señor Santaella, que a usted esole preocupa, ¿verdad?, le preocupa muchísimo, ¿no?Bueno, pues, señor Santaella, si le preocupa tanto, cojausted el Ave y se va a Madrid, porque éste es el informedel Tribunal de Cuentas del Presupuesto General delEstado para 1998.

Entiendo con eso que usted participa conmigo de quetambién el Gobierno de la nación, pues tiene problemaspara llevar a rajatabla y estrictamente absolutamentetodo, y que haya problemas. Y que haya problemas, porejemplo, en que, a diferencia de lo que ocurre aquí, elTribunal de Cuentas no ha aprobado por unanimidad eldictamen de la liquidación del presupuesto de 1998: hayvoto particular.

Que la Cuenta General ha sido rendida fuera de plazo,señor Santaella, del Gobierno del señor Aznar; que laSeguridad Social presenta sus cuentas con tres planescontables distintos, y además sin un presupuesto único,en contra de la legislación vigente; que las cuentas esténincompletas; que no haya garantía en la aplicación delos ingresos a gastos con financiación afectada... Puestodo eso, todo eso, le pasa al Gobierno del señor Aznar,todo.

Y es más, pasan muchísimas cosas más, porque aquíse habla mucho de las empresas públicas, pasan mu-chísimas cosas más. Por ejemplo, hay 46 empresas pú-blicas que no remiten las cuentas al Tribunal de Cuentas,empresas públicas del Estado que no remiten las cuentasal Tribunal de Cuentas porque resulta que, según la In-tervención General, según la Intervención General...


—Señorías, silencio, por favor. Les ruego silencio.


— ... no son empresas públicas porque la mayoría delcapital lo tiene otra empresa pública.

Bueno, pues siguiendo ese criterio, de las 11 empresasde las ustedes tanto se quejan, porque dicen que sonempresas privadas y hay que privatizarlas, siguiendo esecriterio, siete desaparecerían del informe de la Cámarade Cuentas, siete, y quedarían cuatro. Es decir, ése esel gran problema de las empresas públicas.

Y si le preocupa tanto el déficit, pues mire usted sise hacen trampas. Y aquí no se hacen. Hay determinadassociedades, como Radiotelevisión Española, que resultaque está exenta de la limitación de endeudamiento, y

que tiene un patrimonio negativo de 408.000 millonesde pesetas, y que tiene además un endeudamiento de641.000 millones de pesetas, en definitiva. Y si quierenmás, en cuanto a contratos de suministros, de los con-tratos de suministros del Estado, el 90%, o sea, 405.000 mi-llones de pesetas han sido por procedimiento negociado.En definitiva, como dicen algunos de mis compañeros,una barbaridad.

Pero no es una barbaridad, señor Santaella: es unacuestión de que hay que intentar ser constructivo, deque no se puede llegar aquí deprimiendo sistemática-mente a los miembros de la Cámara y a los miembrosdel público que nos oyen diciéndoles que esto es unabsoluto desastre.

Mire usted, eso es una obra de hombres, hecha porhombres, y que intentan mejorar en la medida de loposible. Y por mujeres, y por mujeres.


—Señorías, silencio, por favor. Les ruego silencio.


—Hombres en el sentido no de género, sino de razahumana.

En definitiva, señorías, la posición del Partido Socia-lista es que la Cuenta General, tal como dice el dictamen,responde a la legalidad vigente. Que tiene sus carenciasy tiene sus limitaciones; pero, evidentemente, esas ca-rencias y esas limitaciones se van a ir subsanando amedida que vaya pasando el tiempo, y además estoyseguro de que se van a ir subsanando mucho más rápidode lo que se subsanan en el Estado español.

Muchas gracias.[Aplausos.]


—Muchas gracias, señor Hierro.Señorías, tal y como establece el artículo 177.6 del

Reglamento de la Cámara, vamos a someter a votaciónel dictamen realizado por la Comisión de Economía, Ha-cienda y Presupuestos relativo a la Cuenta General dela Junta de Andalucía correspondiente al año 1999, asícomo la propuesta de resolución emitida por la propiaComisión.

Se inicia la votación.El resultado de la votación es el siguiente: ha sido

aprobado, al haber obtenido 95 votos a favor, ningúnvoto en contra, 5 abstenciones.


DICTAMEN 6-01/DEC-000003, APROBADO POR LACOMISIÓN DE EDUCACIÓN, RELATIVO A LA SITUA-CIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ANDALUZ


—Señorías, pasamos a continuación al punto cuartodel orden del día, dictamen de la Comisión de Educaciónrelativo a la situación del sistema universitario andaluz.

¿Ha designado la Comisión algún representante paraque defienda el texto del dictamen?

Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión, señoraLasry.

La señora LASRY HERNÁNDEZ

—Gracias, señor Presidente.


—Un momento, por favor, señora Lasry.Señorías, les ruego silencio, por favor. Les ruego si-

lencio.Señora Lasry, su señoría puede comenzar.

La señora LASRY HERNÁNDEZ

—Gracias, señor Presidente.Señor Presidente. Señoras y señores Diputados. Com-

parezco ante el Pleno de la Cámara en mi calidad dePresidenta de la Comisión de Educación y del Grupo detrabajo relativo a la situación del sistema universitario an-daluz para presentarles a sus señorías sus conclusionesy sus propuestas.

Con fecha 27 de septiembre de 2000, el Pleno delParlamento de Andalucía —gracias— aprobó, a propues-ta del Grupo Parlamentario Socialista y con el apoyo uná-nime de todos los Grupos parlamentarios, la creación deun Grupo de trabajo relativo a la situación del sistemauniversitario andaluz. Atendiendo a dicho mandato, confecha 21 de noviembre de 2000 quedó constituido el men-cionado Grupo, siendo sus componentes los miembrosde la Mesa de la Comisión de Educación y los repre-sentantes de los Grupos parlamentarios el ilustrísimo se-ñor don Luis Ángel Hierro Recio por el Grupo Socialista,el ilustrísimo señor don Rafael Salas Machuca por el Gru-po Popular, el ilustrísimo señor don Francisco Ríos Carré-galo por el Grupo de Izquierda Unida y el ilustrísimo señordon José Calvo Poyato por el Grupo Andalucista.

Para la realización de los trabajos, además de los pro-pios de estudio y consulta, el Grupo solicitó un total de 50comparecencias. Han comparecido los 10 rectores de to-das las universidades de Andalucía, los nueve presidentesde los consejos sociales, seis representantes de estudiantesy sus asociaciones, seis representantes de agentes so-

ciales, 19 expertos en la materia que estábamos estu-diando y el propio Consejo de Gobierno de la Junta deAndalucía en la persona de su Consejera de Educación,lo que supuso la necesidad de solicitar a la Mesa de laCámara que se habilitasen los lunes para sus reunionesa fin de poder cumplir el mandato de la misma en eltiempo establecido.

La presencia parlamentaria de dichos comparecientesha ofrecido la oportunidad de abrir un amplio debate sobrealgo que es vital para el desarrollo futuro de nuestra Co-munidad Autónoma, su Universidad, en el marco de larepresentación social por antonomasia: el propio Parla-mento andaluz.

Ni que decir tiene que han sido abundantes y muyinteresantes las propuestas oídas en las múltiples com-parecencias. En muchos casos las propuestas se referíana materias universitarias, no ya ajenas a las propias la-bores del Grupo de trabajo, sino que incluso, también, alas propias competencias de la Comunidad Autónoma deAndalucía en la materia. En otros, las propuestas se hanconcretado bastante en los dos aspectos objeto del Grupode trabajo: financiación y definición de criterios para fijarel mapa de titulaciones. Las primeras han servido paraapreciar el orden de las preocupaciones de los andalucesen materia universitaria; las segundas han ayudado aconfrontar los distintos enfoques desde los que se puedenabordar los problemas específicos objeto del trabajo, ysobre todo la complejidad de los mismos.

Así, con carácter general, los comparecientes han coin-cidido en que, tras el esfuerzo realizado para dotar aAndalucía de la actual red universitaria que se extiendepor todas y cada una de las provincias andaluzas, esnecesario concentrar los esfuerzos en alcanzar los nivelesmedios españoles, primero, y europeos posteriormente,de dotación y calidad.

Igualmente, existe una coincidencia prácticamente uná-nime en la necesidad de poner en marcha lo antes posibleun sistema de financiación que corrija la insuficiencia fi-nanciera y el desequilibrio en el reparto de los fondosque se da en nuestro sistema universitario. Es opinióncompartida que la educación es una necesidad prioritaria;pero esa prioridad requiere mayores inversiones, que sonconsideradas como las más rentables económicas y so-cialmente a las que se pueden dirigir los recursos públicos.

Por su parte, en lo concerniente al desarrollo del mapaandaluz de titulaciones universitarias, ha sido pauta comúnen las comparecencias la necesidad de dirigir los esfuer-zos a la búsqueda del equilibrio entre la oferta de titula-ciones y las demandas de la sociedad a la que sirve elsistema universitario andaluz. Junto a estas notas comu-nes, no se puede dejar de destacar la ilusión que la con-formación del Grupo de trabajo en el seno del Parlamentode Andalucía ha supuesto para el conjunto de la comu-nidad universitaria y para los agentes sociales de An-dalucía; ilusión que el Grupo de trabajo ha podido detectarno sólo en las comparecencias, sino en todas aquellasocasiones en las que sus miembros han tenido oportu-nidad de departir con ciudadanos andaluces preocupadospor mejorar el servicio público que prestan las universi-dades andaluzas. Dicha ilusión ha hecho, si cabe, más


responsable al Grupo de trabajo ante la propia Cámaray la sociedad andaluza.

La situación del sistema universitario andaluz quedadefinida por el informe de la programación universitariade Andalucía 1987-2000, remitido por la Consejería deEducación y Ciencia de la Junta de Andalucía a solicituddel Grupo de trabajo. La conjunción con dicho informe,el informe Universidad 2000 y las comparecencias delos responsables sociales y académicos de las univer-sidades andaluzas, de asociaciones de estudiantes, deagentes sociales y de buen número de expertos cono-cedores de la realidad universitaria española, como yase ha dicho, permiten concluir un conjunto de caracte-rísticas básicas del sistema universitario andaluz y susituación. Todas estas aportaciones, por su profundidad,amplitud y rigor, permiten conocer con gran detalle losaspectos fundamentales del sistema universitario anda-luz. Así, se aprecia que disponemos de un sistema queresponde a un modelo de proximidad en la provisión delservicio universitario, apoyado en su día por todos losGrupos parlamentarios, que ha dado como resultado laduplicación del número de universidades, su implantaciónen todas las provincias andaluzas y la impartición de lapráctica totalidad de los estudios oficiales existentes.

Dicho modelo ha contribuido a favorecer la igualdadde oportunidades y el equilibrio territorial a través de laexpansión de la oferta universitaria. A este respecto, esdestacable el esfuerzo realizado en incrementar la ofertade titulaciones técnicas, que había mostrado una impor-tante carencia en décadas anteriores, si bien tambiénes destacable el sobrepeso de la oferta en titulacionessociales y humanísticas. No obstante, el proceso de ex-pansión ha tenido que conjugar las demandas tanto delas nuevas universidades como de las inicialmente exis-tentes, dando como resultado en unos casos una escasaespecialización y en otros la falta de adecuación de laoferta de títulos a la exigencia de las demandas y a lascaracterísticas del entorno productivo, con la consecuentedificultad de inserción de los egresados y de las trans-ferencias de tecnología de las universidades a las em-presas y viceversa.

Se ha producido un crecimiento del número de estu-diantes universitarios muy superior al resto de España,que representa un espectacular aumento de la demandauniversitaria de los andaluces. Dicho aumento se ha vistotambién favorecido por la política de crecimiento de tasasuniversitarias, inferior a la media nacional, principalmenteorientada a incentivar la matrícula en titulaciones técnicas.

Desde que la Junta de Andalucía asume las funcionesprevistas en el Estatuto de Autonomía para Andalucíaen materia de universidades hasta el curso 1991-92, cre-ce la inversión pública global en el conjunto de las uni-versidades andaluzas, de manera progresiva y lineal enparalelo al aumento de las titulaciones —más de seten-ta— y del número de alumnos y alumnas —más de un65%— . La distribución de estos fondos en las distintasuniversidades no fue proporcional a su crecimiento.

Asimismo la situación financiera actual de las univer-sidades andaluzas presenta las siguientes necesidades:

Incrementar los recursos públicos para suplir la es-

casez relativa de los mismos en comparación con la delresto de España o con el entorno europeo; corregir eldesequilibrio financiero interno en el sistema universitarioandaluz, reduciendo las diferencias de financiación porestudiante entre las universidades, no justificables porcriterios objetivos; implantar un sistema de financiaciónque defina pautas objetivas y permanentes de financia-ción y que elimine criterios meramente incrementalistas;dotar al sistema de la necesaria acondicionalidad en lafinanciación y de mecanismos de control social y de eva-luación de la eficiencia económica del gasto universitario.

De igual forma, las circunstancias descritas hacen quela estructura del mapa de titulaciones universitarias quese ofrece en Andalucía presente las siguientes necesi-dades:

Implantar las titulaciones no impartidas en Andalucíapara garantizar la posibilidad de que los andaluces pue-dan cursar sus estudios en la Comunidad siempre queexista demanda suficiente para ello; establecer meca-nismos de corrección para evitar que existan titulacionesduplicadas cuando el escaso número de alumnos no lorequiere; eliminar los desajustes entre la oferta de titu-laciones y la demanda de estudios para evitar que existantitulaciones con una demanda muy superior al númerode plazas que se ofertan y viceversa, y establecer losmétodos y criterios que garanticen la no incidencia deintereses particulares corporativos o localistas en la ofertaeducativa del sistema universitario andaluz y permitanla participación efectiva de la sociedad en su conforma-ción.

Para abordar, señorías, el conjunto de necesidadesque acabo de reseñar, habrán de tenerse en cuenta,además, otras cuestiones básicas que afectarán de ma-nera obligada al futuro de la Universidad andaluza, comoson el cambio demográfico que está experimentando lasociedad andaluza, en tanto que repercutirá en el númerode jóvenes que optan por los estudios universitarios; elimpacto de las nuevas tecnologías de la información enlas formas de docencia y de aprendizaje; la necesidadde formación continuada a la que la Universidad habráde hacer frente; su vinculación directa e inevitable conel entorno laboral y económico; la estructura del propiosistema educativo, que incidirá sobre el sistema univer-sitario, y otros aspectos de competitividad y globalizaciónde las sociedades y de la economía, retos a los quehabrá que dar respuesta desde la corresponsabilidad en-tre la Administración, la institución universitaria y la so-ciedad andaluza.

Para terminar, señorías, quiero decirles que el dicta-men del Grupo de trabajo fue debatido y aprobado enla Comisión de Educación en su sección de 22 de mayode 2001. Los Grupos parlamentarios han formulado en-miendas o votos particulares que serán en este momentosometidos a la consideración de esta Cámara.

Quiero terminar diciendo, en el nombre del Grupo detrabajo y de la Comisión de Educación, mostrar mi agra-decimiento a todos los que han colaborado en esta im-portante tarea; agradecimiento especial a los compare-cientes, porque nos han aportado datos, documentos,su visión, sus preocupaciones y sus propuestas; nuestro


agradecimiento al personal del Parlamento, que nos hafacilitado la tarea, y a todos los señores y señores Dipu-tadas que han trabajado en pro del interés general.

Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.


—Muchas gracias, señora Lasry Hernández, Presiden-ta de la Comisión de Educación, por la presentación deldictamen.

Corresponde ahora el turno de intervención de los dis-tintos Grupos parlamentarios, comenzando por el portavozdel Grupo Parlamentario Mixto.

Señor Pacheco Herrera, su señoría tiene la palabra.


—Señor Presidente. Señorías.En primer lugar queremos felicitarnos por disponer de

este informe sobre la situación del sistema universitario,que ha sido elaborado por el Grupo de trabajo creadopor el acuerdo unánime de todos los Grupos políticos enla sesión de este Pleno allá por el 27 de septiembrede 2000.

Señorías, digo felicitarnos porque ya era hora de que,tras la Ley 1/92, sobre Coordinación del Sistema Univer-sitario Andaluz, se valorase la situación actual, dado quemuchas voces universitarias y no universitarias poníande manifiesto diversos males en nuestras universidades,males que se recogen en el informe del Grupo de trabajo.Males que, para corregirlos, señorías, no podemos olvidarque en este transcurso del tiempo han aparecido informesimportantes, como el informe Bricall y las declaracionesde Bolonia y Lisboa.

Tampoco queremos olvidar que muchos de los pro-blemas que se indican en el informe del Grupo de trabajoson consecuencia clara de la no aplicación de la ley antesmencionada sobre coordinación del sistema universitario,y esto es grave, y esto es muy grave, diría yo. Muchosandaluces se preguntan, y yo también, si la historia sepuede repetir a partir de ahora.

Señorías, parece conveniente destacar que 50 com-parecencias de un amplio espectro social y profesional— rectores, presidentes de consejos sociales, repre-sentantes de estudiantes, agentes sociales y expertos—han aportado un abundante número de propuestas quesuperan las dos líneas de trabajo que se le marcaron aesa Comisión, que eran —recuerden— sólo financiacióny definición de los criterios para fijar el mapa de titula-ciones. Hasta el extremo han sido las aportaciones quehan hecho los expertos que se han realizado distintaspropuestas, por supuesto ajenas a esas dos líneas detrabajo, y en unos casos también ajenas a las propiascompetencias que tiene nuestra Comunidad Autónomaen el sistema universitario.

Señorías, el informe consta de una introducción, unapresentación; un primer capítulo sobre situación del sis-tema universitario andaluz; el segundo capítulo es sobre

necesidad de redefinir la estrategia del sistema universi-tario andaluz; un tercer capítulo, que es financiación delsistema universitario andaluz, y un cuarto sobre el mapaandaluz de titulaciones. Podemos hacernos dos preguntasprevias, y es que creemos que se podían haber unidoel primer y el segundo capítulos para dar al informe mayorclaridad expositiva, y que hubiera sido interesante — lasegunda pregunta— recoger en otro capítulo, por lo me-nos a título informativo para este Parlamento, y tambiénpara el Gobierno, todas las propuestas que han sido aje-nas a las dos líneas que se marcó a ese Grupo de trabajo.

De la lectura del informe podemos destacar qué tipode males, qué tipo de problemas, qué puntos débiles o,si se quiere, situaciones a mejorar que existen en nuestraUniversidad. Me permito resumirlo en cuatro grandes apartados.

En cuanto a la financiación, nos encontramos con quehay una insuficiencia financiera, desequilibrios enormesen el reparto de los fondos, necesidad de mayores in-versiones, necesidad de recursos para la inversión denueva planta, distribución de fondos no proporcional alcrecimiento de las universidades, discrecionalidad en elreparto de recursos y excesiva divergencia en la finan-ciación pública por alumno. En el segundo gran grupo,titulaciones, hemos visto que hay un desequilibrio antela oferta de titulaciones y las demandas sociales, sobre-peso de la oferta en titulaciones sociales y urbanísticas,escasa especialización, falta de adecuación de la ofertade titulaciones a las exigencias de las demandas, tensiónen la estructura de las plantillas y en las titulaciones queno tienen prácticamente demanda, desequilibrio entre ti-tulaciones de primer y segundo ciclos, ausencia de unarespuesta adecuada por parte de las universidades a lasmodificaciones y la demanda de estudios, y necesidadde implantar más titulaciones si existe demanda.

En cuanto al tercer grupo, personal, hemos visto quehay una dificultad de inserción de los egresados, quehay tensiones en las estructuras de las plantillas y en lainfraestructura, y que también, en tercer lugar, hay unexcesivo peso del profesorado con contrato en precario.

Y en el cuarto grupo, gestión, hemos visto que hayuna expansión del sistema universitario mediatizado porintereses de la propia comunidad universitaria e interesescorporativos y localistas —páginas 51 y 72 del informe—;escasa capacidad de control social de las universidades,fruto de la falta de operatividad de los respectivos consejossociales, y ausencia de sistemas informativos.

Señorías, todo está ampliado, lógicamente, en lo quese denomina introducción o presentación y en los capítulosprimero y segundo del informe; pero creo que hay quehacer un esfuerzo para encontrarlo, para sistematizarlo,para conocer su importancia, ya que el lenguaje que seutiliza consigue en unos casos enmascarar la importanciade los problemas —el lenguaje disfraza el pensamiento—.

En otros casos los problemas no se derivan de in-cumplimiento de normativa o falta de previsión, o biende planificación de la propia Universidad o de la Admi-nistración educativa; todo al contrario: los problemas sederivan de ese concepto que se llama «Otros»: el incre-mento del número de alumnos, del número de centroscreados, del acercamiento de esa Universidad a cada la


provincia, etcétera, etcétera; curiosa manera esta de ex-poner la situación y la necesidad de redefinir la estrategiadel sistema universitario andaluz, manera esa que con-trasta radicalmente con el lenguaje que se utiliza en loscapítulos tres y cuatro, en los que se indican claramentelos principios, se objetivizan esos principios, se concep-tualizan, y se les da una sistemática. No es de extrañar,por tanto, que otros Grupos parlamentarios mantengansus enmiendas o votos particulares, que pretendan decirlas cosas de otra forma, con más claridad y con másrotundidad, y que nosotros vamos a apoyar las distintasenmiendas.

Señorías, no puedo terminar esta parte de mi inter-vención sin referirme a lo indicado en lo que denominocapítulo primero y capítulo segundo sobre [ininteligible]por intereses de la comunidad universitaria e interesescorporativos y locales. Y creo que es necesario manifestarque, si esos intereses son objetivos, si responden a de-mandas objetivas de la sociedad, si se exponen a laUniversidad como aportaciones y sugerencias encami-nadas a mejorar cualquier faceta o campo, entonces sonactuaciones dignas de ser oídas y merecen todo el res-peto hacia los que los propongan.

Sobre el mapa andaluz de titulaciones universitariasson importantes los principios y las objetivaciones apor-tados en el informe; pero, profundizando en ellos, ob-servamos que la implantación, supresión o suspensiónde titulaciones deben estar incluidas en los planes es-tratégicos de cada universidad. Y esto nos sugiere lassiguientes preguntas.

¿Qué ocurriría si alguna universidad no elabora o dilataen el tiempo la elaboración de su plan estratégico? ¿Quéocurriría, cómo y quién obliga a que cada universidadelabore su plan estratégico?

Pero todo esto puede prolongarse si, como indicanen el apartado o en la página 18 —«Notas sobre elprocedimiento para la actualización del mapa andaluzde titulación universitaria»— , este Parlamento insta alConsejo de Gobierno de la Junta a que establezca unprocedimiento reglado que permita la planificación de laimplantación de titulaciones y la reordenación de las exis-tentes. ¿No sería excesivo el proceso y especialmenteesa forma de ralentizar temporal a que se somete laevolución de la propia Universidad?

Para terminar, señorías, el informe en sus notas adi-cionales insta al Consejo de Gobierno de la Junta deAndalucía a que, en caso necesario, proponga a estaCámara las modificaciones legales oportunas para darcumplimiento a este dictamen.

Desde la creación del Grupo de trabajo han pasadodiez meses prácticamente —septiembre de 2000— , yla pregunta que nos hacemos —y con eso termino, se-ñorías— es cuándo comenzarán a ser efectivas las nor-mas que eviten los males de nuestras universidades.

Señor Presidente, muchas gracias.


—Muchas gracias, señor Pacheco Herrera.

A continuación tiene la palabra el portavoz del GrupoParlamentario Andalucista, señor Calvo Poyato.


—Señor Presidente. Señorías.El Grupo Parlamentario Andalucista, en primer lugar,

quiere manifestar su agradecimiento a todas aquellaspersonas que a lo largo de muchos meses, varios mesesde trabajo, han comparecido en este Grupo de trabajo—rectores de las universidades, presidentes de los con-sejos sociales, expertos, etcétera, etcétera— , con laaportación que han realizado para la elaboración de estedictamen y sin cuyo concurso no hubiese sido posiblepulsar desde distintas perspectivas, desde distintos ám-bitos el pulso de nuestra Universidad en este momento.

El Grupo de trabajo se había concebido para elaborarun documento en dos aspectos concretos y específicos.La realidad de nuestra Universidad es mucho más com-pleja, mucho más rica, y también con muchísimos másaspectos que podían haberse abordado; pero el mandatoque teníamos del Parlamento como Grupo de trabajo serefería a la financiación, cuestión importante —ya decíael clásico que el dinero es el nervio de la guerra— , yal mapa de titulaciones, y a ello nos aprestamos a trabajara partir de la información que recibí desde nuestros pro-pios planteamientos.

La realidad del sistema universitario andaluz en elmomento presente, de todos es conocido, es la conse-cuencia directa de la última década. Por decisión deeste Parlamento y por el impulso que luego hizo en sumomento el Gobierno andaluz, se crearon una serie deuniversidades en Andalucía que transformaron de maneraprofunda y radical el mapa universitario de nuestra tierra.

La creación de las universidades de Jaén, de Almeríay de Huelva; la creación también de la Pablo de Olavide;la creación también de la Universidad Internacional deAndalucía, vinieron, en un tiempo corto, muy corto, aduplicar el número de centros universitarios —entiéndasepor tales «universidades»— en Andalucía, y, por lo tanto,el panorama, como digo, cambiaba de manera radicalen lo que era de comienzo de la década de los noventaa finales de esa misma década.

Ese incremento, esa apuesta por acercar los estudiosuniversitarios a los alumnos significaba también una in-versión importante, pero que no ha sido suficiente. Dehecho, algo que se ha constatado en el Grupo de trabajoes que la inversión per cápita, la inversión por alumnoque tenemos hoy en nuestras universidades está pordebajo de la media del Estado, está también por debajode la media europea. Pero, detectando esa situación,que no nos agrada y que habrá que hacer esfuerzospara corregir, no podemos negar el esfuerzo realizado,el importante esfuerzo realizado para que ese mapa detitulaciones, al que me refería antes, cambiase radical-mente en el corto espacio de una década.

A lo largo de las sesiones del Grupo de trabajo, noya en aquellas sesiones donde comparecieron las per-sonas que habían sido invitadas o, incluso, propuestas


por los diferentes Grupos parlamentarios, continuaron lue-go otra serie de reuniones en las que se planteó funda-mentalmente un esfuerzo de convergencia para tratar deconseguir un dictamen que pudiese articular las diferen-cias legítimas que entre los diferentes Grupos parlamen-tarios de la Cámara pueden existir en esta materia. Eraun esfuerzo de alcanzar un acuerdo —un esfuerzo, comodigo, de convergencia y de puntos comunes—, y la verdades que, en ese sentido, yo creo que del trabajo que serealizó tenemos que sentirnos satisfechos.

En concreto, el Grupo Parlamentario Andalucista sesiente satisfecho porque una serie de propuestas quehicimos, tanto desde el punto de vista de la financiacióndel sistema universitario como desde el punto de vistadel mapa de las titulaciones, han sido recogidas en estedictamen. Han sido recogidas en este dictamen y, por lotanto, el mismo responde en gran medida, no en su to-talidad —y ahí es donde está el esfuerzo de convergenciaque tiene que hacer gente que podemos pensar de maneradiferente en determinados aspectos, pero que podemoscoincidir en otros y que en algunos otros de esos que coin-cidimos podían ser fundamentales— , hayan sido incor-porados.

Nosotros señalábamos, por ejemplo, y así está reco-gido en el dictamen, que el gasto en educación en elconjunto de la sociedad andaluza debe tender a alcanzarel 6% del Producto Interior Bruto, y que de ese 6% delProducto Interior Bruto el 1’5% debe ser destinado a laUniversidad, a la enseñanza universitaria, porque con esacantidad estaremos en condiciones de converger con loselementos que financian la Universidad en el conjuntode Europa.

También garantizar que la suficiencia de la financiaciónuniversitaria se realice, con porcentajes aproximados, entorno a un 80% de financiación pública y un 20% quepuede provenir de otras fuentes, entre otras las fuentesprivadas. Que cada universidad reciba de manera inde-pendiente una financiación concreta, específica y parti-cular de acuerdo con unos planes específicos que pre-viamente haya presentado. Que ese modelo de financiacióndebe incluir dos tipos de financiación: fija, que incluyafondos suficientes para la prestación de los servicios, conun mínimo nivel de calidad para todas nuestras univer-sidades, que corrija desequilibrios internos, así como otrafunción, que sería variable, para el cumplimiento de losplanes específicos de cada una de las universidades. Es-tablecer también mecanismos de control y de evaluacióndel gasto que mejoren la eficacia en la gestión, evitandofavorecer comportamientos que tengan exclusivamenteun signo incrementalista.

Hemos también planteado la congelación de tasas aca-démicas; no obstante, a partir de la tercera opción dematrícula, deberían incrementarse para aquellos alumnosque den cuenta de su rendimiento y no hagan mal usode las ventajas que les ofrece la sociedad en este terreno.Asimismo, que se adopten las medidas oportunas paraadaptar nuestras universidades, las universidades anda-luzas, a la nueva realidad europea y a las nuevas cir-cunstancias sociales, económicas e incluso políticas quenos haya tocado vivir.

Por lo que respecta al mapa de titulaciones, hemosseñalado que se deberían establecer los mecanismos ne-cesarios que eviten la existencia de titulaciones duplicadascuando el número de alumnos sea reducido. Si nos que-jamos de que los recursos públicos no son suficientespara atender todas las necesidades, no debemos estaren la línea de despilfarrar esos recursos públicos, queno son todo lo abundante que absolutamente todos losmiembros del Grupo, incluso los comparecientes, hubie-sen deseado. Adecuar el catálogo de titulaciones de ma-nera que se canalicen esas titulaciones de una manerarentable, no sólo económicamente, sino fundamentalmen-te rentable desde un punto de vista social, teniendo encuenta las necesidades del entorno y del mundo laboralal que se dirige cada una de esas universidades; mantenerdentro del catálogo andaluz de titulaciones de forma ge-neralizada una serie de títulos de la que, teniendo unagran demanda de estudiantes, existe suficiente profeso-rado que fuese cualificado, etcétera, etcétera, etcétera.

En realidad, como digo, las propuestas presentadaspor el Grupo Parlamentario Andalucista encontraron unaacogida, desde nuestro punto de vista, adecuada en elGrupo de trabajo, de tal manera que defendimos unapropuesta más en la Comisión correspondiente relacio-nada con el papel de los consejos sociales dentro de lasuniversidades en el sentido de que sería necesario reforzarel papel de evaluación, seguimiento y control de esosconsejos sociales, que fue una de las quejas puestas demanifiesto y reiteradas por los presidentes de dichos con-sejos sociales en sus comparecencias. Y queda pendienteuna enmienda, que nosotros hemos mantenido viva hastaeste momento del debate, en la cual planteamos que alos estudiantes con escasos recursos se les evaluará lapenalización de las matrículas en reiteradas asignaturascuando no hayan sido cursadas, efectivamente, por dichoalumnado.

Nosotros esperamos una aceptación de esta enmiendade adición que en este momento seguimos manteniendoviva, y en todo caso la posibilidad de llegar a un acuerdoen este punto, que sería el único que plantearíamos eneste momento como un punto de debate.

Nosotros anunciamos ya nuestro voto favorable al dic-tamen, porque entra dentro de la filosofía que para laUniversidad tiene el Grupo Parlamentario Andalucista yentra dentro de los planteamientos que nosotros hemosvenido realizando a lo largo de ese Grupo de trabajo.

Sabemos que nuestra Universidad tiene misiones fun-damentales, misiones importantísimas; la primera de ellas,dar respuesta al entorno social que nutre y alimenta esapropia Universidad —no tendría sentido si no es así—.Yo he oído decir a los rectores, he oído decir a los pre-sidentes de los consejos sociales, a la mayor parte deellos, que hay que acabar con determinados elementosendogámicos que han perjudicado gravemente a nuestraUniversidad en todos los sentidos; que una Universidadabierta hacia la sociedad es la única Universidad quepuede tener un futuro y un futuro adecuado. Por ésa espor la Universidad que nosotros, que el Grupo Parlamen-tario Andalucista apuesta; ésa es la Universidad que, engran medida, queda recogida en el aspecto del mapa de


titulaciones, en el aspecto de financiación en el dictamenque hoy se somete al debate y a la votación en estaCámara, y ésa es la apuesta que nosotros realizamosdespués del trabajo de estos meses en ese Grupo detrabajo.



—Muchas gracias, señor Calvo Poyato.A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo

Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convoca-toria por Andalucía, señor Ríos Carrégalo.

El señor RÍOS CARRÉGALO

—Gracias, señor Presidente. Señorías.Si la Presidenta de la Comisión ha dado en su nombre

y en su conjunto las gracias a los comparecientes, esteparlamentario, evidentemente, también da las gracias,no sólo por haber comparecido, sino por la cantidad, elcaudal de información que han aportado a la Comisióny lo que este parlamentario ha aprendido, evidentemente.Por eso doy las gracias, fundamentalmente, más quepor la comparecencia, que es lo que hace formalmentela Presidenta, sino por lo que este parlamentario haaprendido, que espero que sirva para seguir trabajandodesde el Parlamento o desde donde esté por la Univer-sidad andaluza.

Señorías, decía el señor Calvo que, según el clásico,como él ha dicho, «el dinero es el nervio de la guerra».Desafortunada cita, según mi criterio. Yo, si me permiten,haría otra cita, no de un tan clásico —desde luego noclásico, me niego que sea clásico, en el sentido... Clásicosson los que están en el panteón ya de los hombresilustres—, de un tal don Carlos, que, a mi modo de ver,está muy vigente y, por tanto, no es tan clásico, un taldon Carlos que decía que lo económico, el nivel eco-nómico, en última instancia es determinante. Eso sí quelo acepto, sí que estoy de acuerdo, sí que creo que eslo que aquí se podría tener en cuenta.

Señorías, malos tiempos para lo público. Sí, son malostiempos para la lírica, no digamos que en los que estamostambién son malos tiempos para lo público. Y malostiempos para lo público especialmente en la Universidad.Y me miro a los bancos de la izquierda. Malos tiempospara lo público. Con la posible LOU o LU —no sabemostodavía cómo se llamaría— , con ese borrador o ante-proyecto que circula de ley universitaria, de reforma dela reforma de la ley universitaria, señorías, o ponemosdiques de contención —saben que ésa ha sido la imagenque yo cogí desde los tiempos de Aznalcóllar— , o po-nemos diques a ese avance del neoliberalismo, o noscomerá. Y no se ponen diques, señorías —y a mí megusta, como es lógico, la literatura— , y no se ponendiques con palabras, no se ponen. Por desgracia no.

Se ponen, señorías, con leyes y con cifras, no hay más.En política no hay más, no hay más.

Por tanto, señorías, ante esa avalancha que se nosviene encima... Que no supone privatizar las universida-des públicas, no, no. En estos veinte últimos años, lasuniversidades públicas no han crecido lo suficiente como paraque ya se pueda privatizar o arrinconar a la Universidadpública. No han crecido suficiente, digo, las universidadesprivadas. Lo que se pretende con esta nueva ley desdeMadrid es poner la Universidad privada y toda su finan-ciación, toda su investigación y todas sus titulaciones alservicio de la empresa privada. Eso es lo que se pretende.De ahí el meter en los consejos de gobierno esa partesocial que llaman. No nos engañemos: eso es meter laCEA en los consejos de gobierno de las universidades,y eso es poner la investigación y todo el trabajo univer-sitario, señorías, al servicio lentamente de la empresaprivada.

Si la función básica de la Universidad — lo dice laLRU, y yo sigo estando con la LRU, aunque haya quecambiarla, pero maldita la que se nos viene encima—,si la función básica de la Universidad, digo, es la creación,desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnicay de la cultura, señorías, si la ponemos al servicio dela empresa privada, acabóse esta función. Si la investi-gación, señorías, es fundamento de la docencia en laUniversidad y si la investigación se pone al servicio ex-clusivo de la empresa privada, señorías, ¿dónde quedaentonces ese fundamento de la docencia? No hay, se-ñorías, docencia universitaria sin investigación: no la hay.La investigación, señorías, es un derecho y un deberdel personal docente de la Universidad, del personal do-cente e investigador de la Universidad. La Universidadsin investigación es un instituto de tercera enseñanza.

¿Y qué tiene que ver todo esto con este Grupo detrabajo? Señorías, para nosotros, para Izquierda Unida,para Izquierda Unida, ¿más dinero para la Universidad?Sí. ¿Racionalizar las titulaciones? Sí. Pero relacionadoinmediatamente con la calidad. Y la calidad, señorías,la base de la calidad está en la investigación. Ningunatitulación —no voy a poner ejemplos que posiblementetodos conozcamos— , ninguna titulación que no vayaacompañada de grupos de trabajo, de grupos de inves-tigación serios y eficientes, será una titulación que tengaprestigio: ninguna. No tendrá prestigio, ni facultades, nidepartamentos, ni universidades, no tendrá prestigio.

Señorías, nosotros hemos presentado 50 enmiendas.Porque en el Grupo de trabajo y en la Comisión se intentó,evidentemente, casar todo, pero quedó fuera gran partede las propuestas que hacía Izquierda Unida, gran partede esas propuestas. De ahí que, señorías, voy a enu-merar algunas de esas que nosotros consideramos fun-damentales.

En primer lugar, no se puede decir que ha sido unelemento de trabajo como si hubiese sido un documentooficial el informe Bricall, porque no lo fue. Otra cosa esque a título personal se haya utilizado. El único docu-mento oficial que solicitó el Grupo de trabajo a la Con-sejería fue el informe que trajo la Consejería, y ha sido,evidentemente, un buen instrumento de trabajo, se esté


o no se esté de acuerdo. Un buen instrumento puedeser para aceptarlo o para criticarlo, pero es un buen ins-trumento de trabajo, es un buen instrumento.

Pero eso no es lo más gordo, señorías. En todas lasconsideraciones previas, no estamos de acuerdo con elconjunto de autobombo que se hace la Consejería y elno reconocer, el no reconocer las situaciones que se handado a lo largo de estos años. Algo, algo [ininteligible].Es cierto, señorías, como bien ha dicho la Presidenta dela Comisión, que desde las transferencias de 1986 hastahoy se ha duplicado, más que duplicado el número dealumnos, se ha duplicado el número de universidades,hemos acercado físicamente el conjunto de las universi-dades a la demanda, a la demanda real, físicamente, enel territorio. Desde la asunción de las transferencias, ymuy especialmente en los períodos 1993-1997, la opción to-mada ha sido la de continuar con la que ya se habíatomado antes de la Universidad de masas —no de laUniversidad masificada, la Universidad de masas—, paradar satisfacción a la creciente demanda de estudiantes.Que es cierto, que es real, que se empieza a frenar únicay exclusivamente por cuestiones de natalidad, nada más,pero proporcionalmente se mantiene igual y creciendo.

Igualmente se ha duplicado, es cierto, el número detitulaciones. Pero, señorías, este necesario y complejoproceso de expansión no ha sido planificado, no ha sidoplanificado. Y la Ley 1/92 hablaba de la planificación, dela coordinación y planificación, y no se ha cumplido laLey 1/92, no se ha ejecutado la Ley 1/92 por parte delConsejo de Gobierno, y especialmente de las Consejeríasanteriores a la ciertamente, a la actualmente existente.Y ha dado como resultado en unos casos una escasaespecialización, en otros la falta de adecuación de la ofertade títulos a la exigencia de las demandas y a las carac-terísticas del entorno productivo, con la consecuente di-ficultad de inserción de los egresados y de la transferenciade tecnologías de las universidades a la empresa y vi-ceversa, todo ello paralelo al incremento del potencialcientífico de nuestras universidades, que se ha dado, in-dudablemente. Pero ha habido una política de asignacióndel gasto marcada por el apresuramiento y la improvisa-ción —siendo suave, ¿eh?— en muchos casos, tantopor parte de la Junta como de las universidades. Se ex-plicarían mejor las tensiones que han desembocado enla aparición de desequilibrios, como el excesivo peso delprofesorado con contratos precarios que se dan en laactualidad. Por cierto, la futura ley, la LOU, quiere con-sagrar esta situación, cargándose ya las recomendacionesde la LRU: consagrar la situación de un 49, hasta un49% de precarios en la Universidad. Otra cosa es quesí se pueda ampliar en vez de a un año a cinco años,pero es consagrar esta situación. Ya hablaremos de esetema si eso se consagra al final en la ley, porque hayposibilidad de crear un cuerpo en Andalucía, señora Con-sejera, hay posibilidad. Y, señorías, en eso no podemosestar de acuerdo.

Pero como veo que el tiempo se me está acabando,voy a entrar en materia. Los consejos sociales, señorías,también previstos en la LRU y que están también en laLey 1/92, de Coordinación del Sistema Universitario An-

daluz, los consejos sociales, que nosotros defendemoslos consejos sociales, pero son inoperantes, porque noestán claras sus funciones de control no sólo de la con-tabilidad, sino del gasto y de la racionalidad en el gastoen las universidades, ni tienen medios humanos ni ma-teriales. Si sólo tienen un secretario o secretaria en lapráctica. Así cómo van a funcionar los consejos sociales.Es necesario, pues, dotar de mayores medios humanosy materiales y de, a su vez también, precisar las funcionesa los consejos sociales. Es necesario, pues, también, unareforma legislativa en este sentido. El CAU, el ConsejoAndaluz de Universidades, que es el único órgano reco-nocido por la ley, no otros que no voy a nombrar, tieneque tener más claras las funciones de planificación.

Señorías, y en el tema de la financiación, nosotrosmantenemos lo del 1’5. Es verdad que aparece así tam-bién en el dictamen que se nos trae aquí, pero tiene quetemporalizarse. No se puede dejar ad calendas graecas,sine die, cuándo se alcanzará eso. Nosotros proponemosque sea en cinco años. Estaríamos dispuestos a quefuese seis, pero en cinco años.

Señorías, nosotros planteamos también la necesidadde la congelación de las tasas académicas, de la matrí-cula, para entendernos, de la matrícula, hablando en ellenguaje de los estudiantes.


—Señor Ríos, debe su señoría ir terminando, por favor.


—Voy terminando.La congelación de las matrículas. ¿Por qué? Porque,

mientras exista esa diferencia de renta entre Andalucíay el conjunto de España, y entre Andalucía y no digamosel conjunto de Europa, y entre las distintas comarcas deAndalucía, mientras no exista esa convergencia que esnecesaria, creemos que es necesario que se congelenlas matrículas.

Y, señorías, en la Universidad hace falta, como entantas instituciones públicas, introducir la cultura de laevaluación, la cultura de la evaluación. Si estamos deacuerdo en que haya una financiación básica y una fi-nanciación afecta a resultados, ¿quién dice quiénes sonesos resultados? ¿Y que esos resultados posibilitan lafinanciación equis en esta universidad, la financiaciónequis más uno en esta otra o equis menos uno en aquella?En función de la calidad, muy ligado a la investigación,entre otros temas. Y, desde luego, es necesario que existauna comisión —nosotros llamamos— , dígase agencia,dígase instituto de evaluación, independiente, señorías,independiente. Y no está recogido en el dictamen, y noestá recogido en el dictamen.

Así pues, señoría — termino—, cuando se habla del20% posible de financiación privada, difícil va a ser al-canzar eso en Andalucía, por el tipo de empresas quetenemos, por el tipo de empresas. Nosotros creemos que


es necesario introducir que sin derechos —por si nosentendemos— , sin derechos, sin derechos. Porque sino se convertiría en un grupo de presión dentro de lasuniversidades ese 20%, como en tantos consejos de ad-ministración un solo poseedor del 20% de las accioneses el dueño de la empresa en la práctica. Sin derechos,respetando la autonomía universitaria, lléguese hasta ese20% de financiación.

Y por último, señorías, creemos que, al igual que yase ha dicho y aparece en el texto que no es posiblehablar de la Universidad sin hablar del conjunto del sis-tema educativo, también decimos que para hablar decalidad en la Universidad, que es la clave de esa finan-ciación afecta a resultados, señorías, no se puede hablarsin que hablemos y que investiguemos y que veamosel gran problema del fracaso escolar, que no sabemoslos datos, que puede estar en torno al 50% de los egre-sados en la Universidad y el resultado de los egresados,el 50%. El 50% de los que han egresado.


—Señor Ríos, su señoría debe terminar ya, por favor.


—Termino, simplemente diciendo, señorías, que tam-bién, como hablamos de calidad, hay que hablar de in-vestigación, y creemos que es necesaria la creación deun Grupo de trabajo, de un Grupo de trabajo sobre lainvestigación. Y han aparecido conflictos ahora mismoen la investigación, entre —digámoslo claro— , entre elPLADIT y el PAI, entre la investigación universitaria y lainvestigación que pretende impulsar la Consejería de Em-pleo y Desarrollo Tecnológico. Es necesario racionalizaraquí también, poner orden, es necesario crear un Grupode trabajo. El futuro de esta Comunidad Autónoma, deesta nuestra Andalucía, va a depender en gran parte dela investigación. No olvidemos el caso de Irlanda, seño-rías, no olvidemos el caso de Irlanda.

Más dinero para las universidades, sí; pero, ¿cómose realiza el gasto? Eso es fundamental.

Señorías, tal como está el dictamen, no podemos darnuestro voto favorable.

Muchas gracias.


—Muchas gracias, señor Ríos Carrégalo.A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo

Parlamentario Popular, señora García-Pelayo.

La señora GARCÍA-PELAYO JURADO

—Gracias, señor Presidente. Señorías.En primer lugar, en nombre de mi Grupo, por supuesto,

comenzar agradeciendo el esfuerzo y la participación eneste Grupo de trabajo de todas las personas que desin-teresadamente y solamente pensando en el bien de laUniversidad han participado, especialmente los rectores,los presidentes de los consejos sociales, los agenteseconómicos y sociales que han participado en este Grupode trabajo, y por supuesto también los expertos. Y, cómono, agradecer la participación, como no podía ser deotra manera, de los Grupos políticos, y por supuestotambién la colaboración del personal de este Parlamento.

Sí quisiera, pues, reconocer el esfuerzo que se hahecho por parte de todos los Diputados, y en un momentocomo éste, en el que se culminan muchos meses detrabajo, un reconocimiento a la labor que ha realizadomi compañero que ha actuado como portavoz en esteGrupo, Rafael Salas, que en este momento, pues, nopuede intervenir para posicionar a nuestro Grupo, al Gru-po Popular en el debate, por motivos personales.

Hace aproximadamente seis, siete meses, el Parla-mento de Andalucía acordó la constitución de un Grupode trabajo con el fin de establecer las bases de un nuevomodelo de financiación universitaria, y además para es-tablecer los criterios para la configuración del mapa delas titulaciones universitarias en Andalucía. Desde unprimer momento, el Grupo Parlamentario Popular man-tuvo serias dudas, serias sospechas que trasladamos atoda la sociedad a través de los medios de comunicación,sobre la intencionalidad política en la creación de eseGrupo de trabajo. Para nosotros, para el Partido Popular,la incapacidad del Gobierno andaluz para dar respuestaa los problemas de la Universidad y el miedo a que elproblema universitario definitivamente estallase en An-dalucía obligaban al Partido Socialista a pedir tiempo;en definitiva, a demorar la cuestión y el problema uni-versitario en Andalucía.

Señorías, en estos meses hemos mantenido de formareiterada que el diagnóstico de los males que aquejana la Universidad andaluza ya está hecho, lleva demasiadotiempo hecho, y que lo que es realmente necesario yurgente es tomar medidas que superen esta situaciónde precariedad en la que vive nuestro sistema universi-tario.

Hoy, aquellas reticencias que hace unos meses man-teníamos quedan, a nuestro entender, desgraciadamenteratificadas. El Partido Socialista no tiene ni voluntad nicapacidad política para afrontar los graves problemasque padece el sistema universitario andaluz, en especialpara corregir las insuficiencias financieras que padecennuestras universidades. El Partido Socialista, además,ha actuado y ha obrado con mala fe al trasladar el pro-blema y la cuestión universitaria al Parlamento. En lugarde afrontar sus competencias, se ha escudado en elParlamento para desviar y demorar los problemas quetiene la Universidad. Incluso, además, ha obrado condeslealtad institucional, porque cuando lo creyó el PartidoSocialista políticamente conveniente firmó a espaldas dela Comisión parlamentaria un acuerdo sobre la financia-ción de las universidades, deslegitimando, desprestigian-do y no reconociendo las tareas del Grupo de trabajo.

El Partido Socialista en Andalucía también ha obrado


con mala fe al buscar en el Parlamento una gran excusapara esconder las responsabilidades del Gobierno anda-luz, que es el único causante de la insuficiencia financiera,y además que ha demostrado una incapacidad históricapara articular un sistema universitario del que —hay querecordar— es responsable desde 1986, fecha en queasumió las competencias universitarias en torno a tresgrandes principios, como son el de autonomía, comple-mentariedad y especialización; grandes objetivos perse-guidos entonces y hoy grandes fracasos que, desgracia-damente, se han alcanzado.

El Partido Popular va a votar en contra del dictamenaprobado, y lo va a hacer por los mismos motivos queya adujimos en la Comisión de Educación que celebramosel pasado día 22 de mayo. Y son tres, básicamente, sobretodo que tienen relación con los votos particulares queen todo momento y desde entonces hemos mantenido.

En primer lugar, vamos a votar en contra porque en-tendemos que el dictamen trata con suma benevolenciala actuación del Gobierno andaluz en materia universitaria;en segundo lugar, vamos a votar en contra porque nose aborda en el dictamen de forma decidida la asignaciónfinanciera que la Universidad merece y necesita con ur-gencia, y en tercer lugar, vamos a votar en contra porqueno se establece en el dictamen un modelo de funciona-miento para la coordinación del sistema universitario quesupere las disfunciones que venimos arrastrando desdehace muchos años, y sobre todo que no permita que serepitan los errores que hemos padecido en la configuracióndel sistema universitario en Andalucía. La falta de coor-dinación, la discriminación entre las universidades, la dis-crecionalidad en la asignación de los fondos, la ausenciade criterios objetivos en el reparto de los mismos, el de-sequilibrio en la oferta de titulaciones, en sus planes deestudio, en la estructura de la plantilla del profesorado,etcétera, etcétera, etcétera.

Con respecto a nuestra primera apreciación, a la sumabenevolencia con la que el dictamen juzga la actuacióndel Gobierno andaluz, para el Grupo Parlamentario Po-pular el dictamen tendría que haber recogido de formacrítica y contundente la responsabilidad política que tieneel Gobierno en Andalucía, porque las cosas, la situaciónactual no ha surgido por generación espontánea. La asfixiafinanciera, la falta de planificación, ordenación y coordi-nación se deben a que el Gobierno en Andalucía ni hamantenido una política universitaria con visión de conjuntoni ha ejercido sus competencias y sus obligaciones conrespecto a la Universidad andaluza.

En segundo lugar, y respecto a la financiación, el Par-tido Popular mantenía la confianza de que, tras severascríticas por parte de todos los comparecientes en esteGrupo de trabajo, de los rectores, de los presidentes delos consejos sociales, de los agentes económicos y so-ciales, de los expertos, el Partido Socialista iba a reac-cionar haciendo una propuesta más comprometida, muchomás seria y, por supuesto, muchísimo más cuantiosa. Loque se va a consagrar hoy aquí, si este dictamen saleaprobado, es la miseria universitaria.

Sobre el Producto Interior Bruto, el gasto universitarioandaluz supone un 0’8%. Con la propuesta aprobada,

este porcentaje pasaría del 0’8% del PIB al 0’9% del PIB,muy lejos de la aspiración del 1’5 recomendado desdetodas las instancias, desde todas las universidades y so-licitado formalmente desde la programación universitariade 1993. Nos preguntamos, señorías, por qué sí apareceen el programa electoral del Partido Socialista el objetivode alcanzar esta cifra para la Universidad andaluza y enel texto del dictamen se vincula el 1’5 del PIB a la finan-ciación de la Formación Profesional, y además se des-cuentan los ingresos privados conseguidos por las uni-versidades, por qué este engaño. Por qué, de verdad, elPartido Socialista, que con este crecimiento pírrico creeque se van a poder alcanzar los niveles medios europeos,con una media, con una décima, perdón, sobre el PIBse van a superar los desequilibrios existentes, nos pre-guntamos, señorías, en la financiación por alumnos entrelas mismas universidades andaluzas. ¿O es que —nospreguntamos nuevamente, señorías— es que el Gobiernoandaluz quiere consagrar la discriminación entre las uni-versidades y permitir, y quiere permitir que un alumnoen Almería siga recibiendo las 243.000 pesetas y un alum-no en Córdoba siga recibiendo las 406.000 pesetas queahora recibe? ¿Cree el Partido Socialista que este incre-mento miserable sirve para pagar las deudas universitariaspor valor de más de dieciocho mil millones de pesetasgeneradas tras años de financiación insuficiente, y ade-más a las que hay que sumar los intereses de demorasobrevenidos de las obras realizadas por las universida-des con cargo a préstamos bancarios?

Como pensamos, señorías, y estamos convencidos deque las respuestas a todas estas cuestiones es negativa,el Partido Popular no va a votar favorablemente este dic-tamen, ni va a contribuir a la creación de falsas expec-tativas, ni va a permitir que se juegue una vez más conla Universidad andaluza. Ha pasado el tiempo de las falsaspromesas, de la retórica barata y de las frases grandilo-cuentes.

Con esta financiación, señorías, lo que se asegura esla precariedad del empleo, la masificación, la ausencia deprácticas, la precariedad de los medios, la ausenciade planes específicos sobre el fracaso universitario, y porúltimo, el recorte permanente en la oferta de titulaciones.

Y lo decimos —y créanme— con auténtica desolación.El trabajo desarrollado por la Comisión ha sido muy im-portante, importantísimo; pero es que esto no debe ser,este debate, este trabajo y este esfuerzo nunca debenser una cuestión de satisfacción personal o partidaria, niuna cuestión de autocomplacencia. El Parlamento nuncaes el que se tiene que sentir satisfecho del trabajo rea-lizado, la Universidad es la que se tiene que sentir sa-tisfecha, porque la Universidad es la que está esperandorespuestas a cada uno de sus problemas, y con estapropuesta que hoy aquí se trae esos problemas van aseguir esperando.

La Universidad está esperando una apuesta financieramás contundente, más rica, porque ya no puede más. Ose le asignan los fondos que los rectores vienen exigiendo,señorías, o los rectores cualquier día le van a entregarlas llaves de las universidades al Presidente del Gobiernoandaluz.


Señorías, no es sólo —y lo he dicho anteriormente—una cuestión de compromiso financiero; es necesariotambién plantear —y hemos perdido la oportunidad dehacerlo— un nuevo modelo de coordinación del sistemauniversitario en Andalucía. En Andalucía, señorías, estávigente una Ley de Coordinación del Sistema Universi-tario Andaluz desde 1992; una ley que el Gobierno an-daluz no ha cumplido. Pero es una ley, además, que leotorga..., y mejor que «pero», a pesar de que sea unaley que le otorga todo el poder a la Administración so-cialista, todos los mecanismos y todos los resortes, hastalos académicos, para resolver los problemas de la Uni-versidad en Andalucía.

Pues bien, señoras y señores Diputados, habiéndolotenido todo y habiendo desarrollado toda una trayectoria,demostrada por el Gobierno andaluz, de incapacidad yde ineficacia, es lógico que planteemos, y lo hacemoshoy aquí, una cuestión de credibilidad...


—Señora García-Pelayo, debe su señoría ir termi-nando, por favor.

La señora GARCÍA-PELAYO JURADO

—Termino, señor Presidente.... una cuestión de confianza, que no debe quedar

sólo en una denuncia, sino que debe ser una cuestióna través de la cual se genere un debate sobre lo quedebe ser un nuevo modelo, porque éste, señorías —ypor desgracia lo decimos— , ha fracasado estrepitosa-mente.

Si como establece el dictamen —y hemos coincididotodos los Grupos y comparecientes— las universidadeshan de desarrollar planes estratégicos, es decir, estra-tegias propias de respuesta a las necesidades actualesy las exigencias futuras de la sociedad, de la Universidaden la que las sociedades se incardinan, planes estraté-gicos donde fijar los objetivos a medio y largo plazojunto con la planificación económica y académica de suactividad, además de la especificación de los métodose instrumentos para lograr sus cometidos, partiendo deun determinado análisis de sus fortalezas y debilidadese incluyendo una previsión de las expectativas y cambiossociales, demográficos, económicos, formativos y labo-rales; si vamos a tener, en definitiva, señorías, 10 planesestratégicos, la ejecución de estos 10 planes no puedenser coordinados única y exclusivamente por la Adminis-tración.

Abogamos y apostamos desde el Partido Popular porun modelo de coordinación, planteado desde la colabo-ración, planteado desde la corresponsabilidad, pero apartes iguales, con los mismos derechos y con las mismasobligaciones entre la Universidad, los rectores y la so-ciedad representada por los consejos sociales, que ne-cesariamente tendrán que ser reformados. Ése es nuestromodelo y ése es el modelo que hoy aquí planteamos.

Señorías, señor Presidente, con su benevolencia, ter-mino haciendo un llamamiento de consideración, de com-promiso y de apoyo al sistema de educación público engeneral y al universitario en particular. La educación pú-blica tiene que ser la primera prioridad política de unGobierno, y la mejor manera de defender estos serviciospúblicos y de superar la competencia de los sistemasprivados no es otra que la de ofrecer unos serviciospúblicos de calidad. El Partido Socialista dice —y lo dicesiempre— que tiene muchísimo que hablar en todas estascuestiones. Nosotros le pediríamos al Partido Socialista,por el bien de la Universidad y, sobre todo, por el biende la educación pública en Andalucía, menos discursosy muchos más hechos.

Muchas gracias.


—Muchas gracias, señora García-Pelayo.A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo

Parlamentario Socialista, señor Hierro Recio.


—Gracias, señor Presidente.Bueno, la verdad es que a uno le gustaría llegar en

este momento a hacer un discurso más de grandes in-tenciones; sin embargo, al parecer, tal como está el asun-to ahora mismo, nos seguimos viendo obligados a plan-tear un discurso de intentar acercar posturas.

El origen del Grupo de trabajo, del que aquí presen-tamos hoy el dictamen, fue una propuesta presentadaen el discurso de investidura del Presidente de la Juntay que posteriormente fue tramitada a propuesta del Par-tido Socialista, del Grupo Socialista, fue tramitada conel apoyo de la totalidad de los Grupos. Este planteamientode unidad en cuanto al deseo de afrontar el tratamiento dela Universidad era algo que nosotros creíamos que debíaser así. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Porque,al final, para los socialistas la Universidad en Andalucíaes una cuestión de Estado, de Estado para la Comunidad,en la medida en que ha sido probablemente el principalinstrumento de transformación social que ha existido enesta tierra, directamente porque altera la estructura declases, e indirectamente porque modifica los comporta-mientos, modifica la forma de pensar las personas, et-cétera, etcétera.

Pero también es un factor de Estado porque es, sicabe, uno de los elementos básicos del reequilibrio terri-torial. El hecho de que hoy ya tengamos universidadesen todas las provincias es algo fundamental para el ree-quilibrio territorial de Andalucía. Y si cabe, aún más, escuestión de Estado porque si hay algún factor económicoque incida en el crecimiento y que esté potenciando elcrecimiento en los países desarrollados ése es el capitalhumano que crea la Universidad; capital humano queaporta aproximadamente la mitad de la tasa de cre-cimiento en los países desarrollados.


Por tanto, para los socialistas era una cuestión de Es-tado y como tal se ha buscado, desde el primer momento,un consenso sistemático. Consenso que ya tuvo reflejoen esta Cámara cuando, a comienzos de la década delos noventa, todos los Grupos políticos se pusieron deacuerdo para expandir el sistema universitario y llevarlas universidades a todas y cada una de las provincias,como he dicho anteriormente —en la actualidad hay eldoble de universidades—, e intento de acuerdo que ahorase pretende alcanzar para conseguir un salto; un saltoen la Universidad andaluza que sea el salto de la calidad,el salto de la excelencia.

En la búsqueda de ese consenso hemos trabajadodesde el primer momento. Al final de nuestro trabajo, enel Grupo de trabajo, y al final en la Comisión, optamospor no presentar votos particulares. Votos particularesque nos hubiera gustado mucho introducir; votos parti-culares que hacían referencia a los problemas financierosa los que ha tenido que enfrentarse esta Comunidad porcuestiones de estabilidad, por cuestiones de problemasen la financiación, por cuestiones de todo tipo durantelos últimos años; votos particulares que nos hubiera gus-tado introducir para decir a lo grande que ha sido unéxito la expansión de la Universidad en todo el territorioandaluz; votos particulares que nos hubiera gustado in-troducir para decir que ha sido un éxito por su contribuciónal reequilibrio territorial. En definitiva, múltiples votos par-ticulares que al final optamos por retirar.

Además, a lo largo de todo el período, en un intentosistemático de asumir planteamientos del resto de losGrupos, hemos mantenido una actitud abierta; actitudabierta que vamos a mantener hasta este mismo momentodespués de tres trámites: aprobación por parte del Grupode trabajo, aprobación por parte de la Comisión...

[Rumores.]


—Señorías —un momento, señor Recio— , les ruegosilencio, señorías. Les ruego silencio.

Puede continuar su señoría, señor Recio.


— ... y ahora intento en este último momento en elPleno.

De todo lo que se ha planteado en esta Cámara yoveo que hay dos cuestiones que son básicas y funda-mentales, aunque yo ahora voy a relatar alguna más conla benevolencia del Presidente. Me refiero al plazo parael compromiso de gastos, es decir, esa tibieza de la quese ha hablado diciendo que no se tiene la decisión su-ficiente, por ausencia de un plazo, de compromiso degasto. Y en segundo lugar, la implantación de una agenciade evaluación andaluza, una agencia andaluza de eva-luación y de calidad. En ambas cosas el Partido Socialistay el Grupo Socialista hacen ahora mismo un esfuerzo,pero también en otras más. De hecho, se van a proponer

las siguientes transaccionales a los votos particulares quea continuación se citan.

Por ejemplo, al voto particular que presenta el GrupoAndalucista le proponemos introducir, en el texto del punto14.g), lo siguiente: «Además habría de valorarse la ne-cesidad de evitar la penalización económica en la segunday sucesivas matrículas a los alumnos con escasos re-cursos que no hayan cursado efectivamente las asigna-turas».

En cuanto a los votos particulares del Grupo IzquierdaUnida, voy a decir, porque son bastantes. Al punto número 2,eliminar, en el párrafo uno, «el informe Universidad 2000 y».Evidentemente es cierto que el informe Universidad 2000no se ha elaborado para esta Comisión y, por tanto, queha sido un documento más.

En su voto particular número 7, eliminar de su texto,del texto de Izquierda Unida, la palabra «racionalmente»,por el hecho de que entendemos que todas las actua-ciones que se hacen en la Universidad y en las Admi-nistraciones son racionales; pueden ser acertadas o noacertadas, pero sí racionales.

En los votos particulares números 6 y 12, modificarel párrafo seis, de forma que aparezca «y la escasa pla-nificación del proceso de expansión», a fin de que sevea que hay una voluntad de reconocer aquello que sehaya podido producir.

En el voto particular número 13 de Izquierda Unida,relativo a los consejos sociales, incluir «dotándolos demayores medios y dando mayor precisión a sus funcio-nes».

En el voto particular número 18 de Izquierda Unida,incluir en el texto la referencia al alto índice de fracasoescolar.

En el voto particular número 23, que es uno de losvotos particulares fundamentales, incluir, en el párrafo 30,lo siguiente: «En especial, casi diez años después de laentrada en vigor de la Ley 1/1992, de Coordinación delSistema Universitario, deberían valorarse las necesidadesde reforma en materia de definición de competencias yde planificación, financiación, información al Parlamentoy creación de una agencia andaluza de evaluación y ca-lidad que garantice la evaluación independiente de la ac-tividad de las universidades andaluzas».

En el punto número 27, en el voto particular número 27,añadir, en el párrafo 14.b) —que ése es el otro puntofundamental— : «Así, en el caso de que la nueva finan-ciación autonómica implicase un aumento real anual definanciación equivalente al 10% de la financiación actual,el compromiso de gasto debería alcanzarse en el horizontede seis años». Aclaro lo de real, que quiere decir, hombre,que no se tenga en cuenta cuando nos traspasen com-petencias que supongan ingresos, pero que son ingresosporque ya están gastados.

En el voto particular número 29, incluir, en correspon-sabilidad, que en ningún caso dichos recursos no ordi-narios podrían implicar la merma en la autonomía aca-démica e investigadora de las universidades ni condicionarel servicio público a los intereses privados.

Para el voto particular número 35, incluir, en lo relativoa las plantillas, que aparezca un plan de plantillas por


área de conocimiento, departamento y titulación, teniendoen cuenta los datos comparados con respecto a la mediade las universidades andaluzas en términos de docenciaefectivamente impartida y considerando índices correc-tores en función a la producción científica, a la calidaden la docencia y la necesidad de consolidación del pro-fesorado.

En el voto..., en el último, al que se va a ofrecer unatransaccional, en el número 36, incluir en el párrafo 15.d)«con especial atención a la mejora de los resultados dela investigación, a su transferencia y a la mejora en lacalidad de la docencia».

Aclaro aquí que los dos puntos básicos que he dicho,que son la cuestión relativa a la agencia de evaluacióny la cuestión relativa al compromiso de gasto en seisaños, se pueden hacer y entender como extensivos alas enmiendas o votos particulares que presenta el GrupoParlamentario Popular en los números 10 y 15.

Entiendo que, con ese esfuerzo, se ha hecho..., seha hecho hasta el último momento un esfuerzo por in-troducir esa necesidad de acuerdo, esa necesidad decompromiso. No puede ocurrir que aquí la discrepanciade esta Cámara en relación a las universidades sea lapotenciación o no potenciación de la enseñanza superiorno universitaria, porque, al margen de eso, no veo ningúnmodelo alternativo ni en relación a la financiación ni enrelación al mapa de titulaciones que nos lleve a la dis-crepancia. Votar en contra sería decir que están ustedesen contra de la distinción entre una financiación básicay una financiación afecta a resultados, decir que se estáen contra de eliminar la precarización y la eliminaciónde los desequilibrios, decir que se está en contra deimplantar todas las titulaciones en Andalucía. Y eso nopuede ser. No puede ser porque la realidad es que es-tamos de acuerdo. De hecho, si vemos el documentode 35 páginas que presentó el Grupo Popular en sumomento en el Grupo de trabajo, y a pesar de lo queha dicho su portavoz, que ha dicho que era hora dedejarse de palabras y era momento de llegar a la acción,en su documento, las 31 primeras páginas son de pa-labras, de descripción de la realidad, y las cuatro últimasson de propuestas. Si ustedes lo revisan de verdad, noqueda prácticamente nada, salvo lo referido a los con-sejos sociales, que de hecho también está sujeto a po-sible modificación si se modifica la Ley de Reforma Uni-versitaria. Es lo único que de verdad se queda al margen,es lo único que de verdad se queda al margen.

Yo entiendo cuál es la posición del Grupo Popular,entiendo que es bastante complicada. Entiendo que escomplicada, por qué. Hombre, porque... Y me lo van apermitir, porque voy a intentar ser sincero de verdad.

Yo sé que ustedes tienen un problema, tienen un pro-blema con el tema de universidades, que es el problemade que se han solapado dos debates: el debate de lareforma de la LRU y el debate de la reforma de la fi-nanciación del sistema universitario andaluz y de su mapade titulaciones. Yo sé que tienen el problema de quetienen que apuntalar, en la medida de lo posible, a suMinistra, que yo creo que ha tenido un problema deataque de soberbia y le ha llevado a conseguir algo que

era prácticamente imposible, que es poner de acuerdoa toda la Universidad diciendo algo; en este caso diciendoque la ley que proponen para reformar la LRU hay quecambiarla, el borrador hay que cambiarlo.

Yo, de todas formas, sigo insistiendo...


—Señor Recio, debe su señoría terminar, por favor.


—Termino en un segundo, Presidente.Sigo insistiendo en que ustedes aquí hoy, de verdad,

pues la responsabilidad del Grupo Popular y la del Grupode Izquierda Unida —pero el Grupo de Izquierda Unidame consta que va a entender bien lo que se le ha in-troducido a través de las propuestas transaccionales—,pero la responsabilidad del Grupo Popular hoy no debeser, en esta Cámara, porque al final no va a ser entendidoasí de ninguna de las maneras, no debe ser apuntalarninguna política universitaria nacional: hay que intentarapuntalar el sistema universitario andaluz. Y si se apoyade verdad, yo creo que lo que estamos apuntalando esel sistema universitario andaluz. Si no se apoya, yo creoque lo que estamos es intentando apuntalar una gestiónque, probablemente, con el mero devenir de los tiemposy aviniéndose a razones la Ministra responsable, proba-blemente entre en solución.

Muchas gracias y espero que cambien el voto queaquí han dicho.

[Aplausos.]


—Muchas gracias, señor Hierro Recio.Señorías, la votación la realizaremos siguiendo el pa-

ralelismo que establece el Reglamento de la Cámarapara los debates finales de los proyectos de ley.

El señor Hierro Recio, portavoz del Grupo Parlamen-tario Socialista, ha presentado un conjunto de enmiendastransaccionales, tanto sobre el voto particular del GrupoParlamentario Andalucista como sobre el voto particulardel Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y sobre el Grupo Parlamen-tario Popular. Para su tramitación es necesario el con-sentimiento de la Cámara.

¿Puede contar la Presidencia con ese consentimiento?Así se declara.

Señora Consejera, ¿desea intervenir? Puede hacerlosu señoría.


La señora CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

—Gracias, señor Presidente. Señorías.Yo he subido a esta tribuna solamente para agradecer,

como Consejera de Educación y Ciencia, al Grupo detrabajo sobre la situación de las universidades andaluzasel excelente trabajo que a lo largo de este curso ha venidorealizando. Gracias a él, hoy tenemos un diagnóstico máspreciso y unas líneas claras que trazan el camino por elque debe de discurrir el futuro de la Universidad andaluza.Y todo ello, como se ha dicho, para alcanzar mayorescotas de calidad, mayor solidez y mayor coordinación.

Todo ello, sin ninguna duda, ha sido posible por lasreflexiones y las aportaciones que han ido introduciendotodas aquellas personas que han participado en dichoGrupo. Gracias, por tanto, a los rectores y rectoras delas universidades andaluzas, a los presidentes y presi-dentas de consejos sociales, sindicatos, estudiantes, y,por supuesto, a expertos y expertas. Y, por supuesto,gracias a los Grupos parlamentarios, y de forma muyespecial a sus miembros en dicho Grupo, por las horasdedicadas, por sus contribuciones y, cómo no, por el ta-lante que han demostrado a lo largo de este tiempo. Lesfelicito, señorías, porque la sociedad andaluza ha podidocomprobar que es posible abrir un debate sereno, rigurosoy profundo, un debate con altura de miras y, además,con amplia participación sobre la situación de las univer-sidades andaluzas, sus problemas, pero también sobrecuáles son las líneas de futuro. Y además se ha hechocomo exige el talante universitario, es decir, con respetoa todas las opiniones y criterios, desde el sentido críticoy autocrítico y desde la mayor responsabilidad y madurezdemocrática.

Considero por ello que todos hoy hemos de felicitarnos,por la oportunidad del debate, que fue una iniciativa delPresidente de la Junta de Andalucía en su discurso deinvestidura, por cómo ha ido transcurriendo, por el rigory por la altura de las intervenciones habidas y, por su-puesto, por el dictamen que hoy se presenta en estaCámara.

Por todo ello, muchísimas gracias y enhorabuena.Gracias, Presidente.[Aplausos.]


—Gracias, señora Consejera. Y le ruego me disculpe:no había observado que su señoría estaba solicitando lapalabra.

Señorías, como venía diciendo, se ha aceptado la tra-mitación de las enmiendas transaccionales. Tal y comoestablece, por lo tanto, el procedimiento de votación delos debates finales de los proyectos de ley, estas tran-saccionales, que ha sido aceptada su tramitación, corres-ponde ahora ver si los Grupos que tienen voto particularaceptan la transaccional como sustitutiva de su enmiendaparticular.

Señor Ríos.


—Gracias, señor Presidente.Evidentemente, a aquellos puntos de nuestro voto par-

ticular a que afecta, evidentemente, en este momento,tome nota porque le voy a decir los que retiro; el restode los puntos del voto particular, señor Presidente, losmantengo.

Así pues, retiraría las enmiendas números 6, 12, 13,18, 23, 27, 29, 35 y 36, que son lo que el señor Hierroha llamado transaccionales. No es la figura correcta, perono tiene nombre esa figura, puesto que no es una pro-posición no de ley...


—Muchas gracias, señor Ríos.


—Y decir que, evidentemente, se vote... Supongo quese votará en bloque, menos los puntos que se han dicho.De acuerdo.


—Sí, señor Ríos, exactamente la Presidencia segre-gará a efectos de votación estas enmiendas, al considerarque, dada su aceptación, puede obtener la mayoría.

¿Igualmente el Grupo Parlamentario Andalucista acep-ta la transaccional?


—Sí, señor Presidente. Aceptamos la transaccionalque nos ha ofrecido el Grupo Parlamentario Socialista.


—Muchas gracias, señor Calvo.¿El Grupo Parlamentario Popular acepta la transac-

cional que se le ha sometido o se somete íntegramentesu voto particular a votación?

Al Grupo Parlamentario Popular se le han ofrecido,según tengo yo aquí anotado, dos transaccionales sobreenmiendas a su voto particular, que si las aceptan y, enconsecuencia, quedan segregadas de su voto particularo...

El señor CASERO DOMÍNGUEZ

—Sí, son admitidas, señor Presidente. Muchas gracias.



—Muchas gracias, señor Casero.Señorías, en consecuencia, vamos a empezar a votar

los votos particulares de los distintos Grupos parlamen-tarios. En el bien entendido de que ya no hay votosparticulares en este momento del Grupo ParlamentarioAndalucista, comenzamos por el del Grupo Parlamentariode Izquierda Unida, excluidas las números 6, 12, 13, 18,23, 27...

¿Sí, señor Hierro?


—Señor Presidente.Vamos a ver, para aclarar, porque yo quisiera aclarar

que es que, aparte de algunas de las que no he citado,querría pedir la votación separada de algunas más enlas que no hay transaccionales, pero que estamos dis-puestos a votar favorablemente.


—Ah. Puede comunicarlo su señoría, porque si tienen...


—Y así agrupamos todas, ¿no?Le diría, para las del Grupo de Izquierda Unida, vo-

tación separada de la 1, la 4, la 6, la 7, la 12, la 13, la18, la 23, la 27, la 29, la 31, la 35 y la 36. En todasaquellas en las que las ha retirado, se entiende quesustituidas por el texto que se ha dicho.


—Señor Hierro Recio, para que no haya confusión,su señoría... Señor Hierro, por favor, le ruego que atiendaantes, no vayamos a cometer un error en la votación.

Lo que usted ha añadido sobre las transaccionalesdel voto particular de Izquierda Unida son tres: la 1, la4 y la 7. ¿Es correcto?


—Y 31.


—Muchas gracias.Señorías, votamos el voto particular de Izquierda Unida

Los Verdes-Convocatoria por Andalucía excluidas las en-miendas 1, 4, 6, 7, 12, 13, 18, 23, 27, 29, 31, 35 y 36.

¿Sí, señor Ríos?


—Señor Presidente, es que la 1, la 4, la 7 y la 31son aparte. No es que se excluyan, es que habrá quevotarlas después.


—No, señor Ríos, no.En el procedimiento que se establece en los debates

finales de las proposiciones no de ley, las transaccionaleshan sustituido a sus enmiendas.


—Totalmente de acuerdo.


—Entonces, después de la posición del Grupo Par-lamentario Socialista, la Presidencia deduce que todaslas que ha relatado el portavoz del Grupo ParlamentarioSocialista cuentan con su voto favorable y, por lo tanto,pueden ser segregadas del voto particular, y ésas sonlas que se votarán aparte.


—Vale, no se hable más.


—Muchas gracias.Votamos el voto particular del Grupo Parlamentario

de Izquierda Unida, con exclusión de las que acabo decitar.


rechazado, al haber obtenido 6 votos a favor, 56 votosen contra, 35 abstenciones.

Señorías, votamos a continuación el voto particulardel Grupo Parlamentario Popular, excluidas las dos en-miendas transaccionales formuladas por el Grupo Par-lamentario Socialista.


rechazado, al haber obtenido 36 votos a favor, 56 votosen contra, 5 abstenciones.

Señorías, votamos ahora las enmiendas que han sidoobjeto de transacción, por lo tanto, que han sustituidoal voto particular del Grupo Parlamentario Andalucista,y las enmiendas que enumeré antes, que ya están enel Diario de Sesiones, del Grupo Parlamentario de Iz-quierda Unida Los Verdes y del Grupo ParlamentarioPopular.


Se inicia la votación.El resultado de la votación es el siguiente: han sido

aprobadas, al haber obtenido 61 votos a favor, ningúnvoto en contra, 36 abstenciones.

Señorías, votamos finalmente el texto del dictamen.Se inicia la votación.El resultado de la votación es el siguiente: ha sido

aprobado, al haber obtenido 60 votos a favor, un votoen contra, 37 abstenciones.

[Aplausos.]¿Sí, señor Ríos?


—Señor Presidente, acogiéndome al artículo 95.1, qui-siera tener el tiempo que usted determine de intervención,puesto que a lo largo del proceso este Grupo parlamen-tario ha cambiado su voto.


—Tiene su señoría derecho a esa intervención. Tienecinco minutos para explicar su cambio de posición.


—Es menor de cinco minutos.Señorías, en la intervención que he tenido, dije que

el dictamen tal como estaba no podía votarlo favorable-mente mi Grupo. A lo largo del debate se ha producidouna serie de lo que se ha llamado transaccionales, queen total me parece que pueden haber afectado en tornoa trece enmiendas de Izquierda Unida; también se hanadmitido directamente, se ha votado favorablemente cua-tro puntos directamente de las enmiendas que nosotrosproponíamos, y eso básicamente ha significado el cambiode nuestro voto. Lo cual no quiere decir que nuestro síno siga siendo un sí crítico, señorías.

Señorías, la financiación, a lo largo de estos seis años,según nuestros cálculos, va a aumentar, la financiaciónde la Universidad. Entonces, según lo que aquí se havotado y si la Consejera cumple, como bien ha dichopúblicamente ante los medios de comunicación y ante laCámara, que en un plazo de siete meses iba a poneren marcha, como máximo, pondría en marcha los resul-tados del dictamen de este Grupo de trabajo ya aprobadopor este Parlamento, supondría que se aumentaría la fi-nanciación de las universidades por parte de la Adminis-tración andaluza en más de un 40%. No creemos queeso sea para echar las campanas al vuelo, pero, eviden-temente, si se tiene en cuenta el que va a bajar previ-siblemente el número de matriculaciones de alumnos, po-dríamos decir que se va a aumentar en un 50% casi elconjunto de la financiación por la parte pública de lasUniversidades.

Señorías, nosotros vamos a mantener determinados

puntos también para presentarlos como proposición node ley.

Y por último, decir, señorías, que, aunque no se pudointroducir en este dictamen, porque no era materia, seentiende que no era materia del Grupo de trabajo, nosotrosvamos a solicitar la comparecencia, en un plazo de unaño, de la Consejera para que dé cuentas ante este Parla-mento del cumplimiento de este dictamen. Y, señorías,anunciamos desde ya que, si ese cumplimiento no estáen marcha, aunque no tenga efectos, retiraríamos nuestroapoyo a este dictamen, aunque no tenga efectos ni jurí-dicos, pero sí políticos.

Señora Consejera, espero que usted cumpla el com-promiso que hizo ante esta Cámara y ante los mediosde comunicación de, en siete meses como máximo, poneren marcha los resultados de este dictamen —no olvideque hay, incluso, posibilidades de cambios legales, no loolvide— y de dar cuenta en esta Cámara del compromisoque ha adquirido de poner en marcha los puntos apro-bados en este dictamen, por el bien de la Cámara y porel bien de la Universidad andaluza.

Muchas gracias.

MOCIÓN 6-01/M-000007, RELATIVA A POLÍTICA GE-NERAL EN MATERIA DE JUSTICIA


—Muchas gracias, señor Ríos Carrégalo.Señorías, pasamos al punto quinto del orden del día,

moción consecuencia de interpelación presentada por elGrupo Parlamentario Popular relativa a política generalen materia de Justicia.

Para la defensa tiene la palabra su portavoz, el señorRojas.

El señor ROJAS GARCÍA

—Sí, señor Presidente. Muchas gracias.Señorías, en nombre del Grupo Popular, subo a esta

tribuna para defender una moción sobre política en materiade Justicia dentro del ámbito competencial de nuestraComunidad Autónoma, fruto de la interpelación que yafuera sustanciada en el pasado Pleno.

Proponemos 15 puntos que sirvan para ofrecerle alpueblo andaluz un servicio público de Justicia más ágily eficaz. No es todo lo que hace falta, pero creemos queson propuestas básicas, son propuestas primordiales queel Gobierno de la Junta, ineludiblemente, debe afrontar.

De otro lado, señorías, estamos convencidos de queson propuestas fácilmente asumibles por todos los Gruposparlamentarios que tenemos el honor de representar enesta Cámara al pueblo andaluz.

Creemos, señorías, que es un buen momento paraofrecer esta alternativa; máxime si se tiene en cuentaque ha habido un consenso general en materia de Justicia


en todo el Estado y que alcanza de lleno, como no podíaser de otra forma, a nuestra Comunidad Autónoma.

Hoy se ha hablado aquí bastante de Justicia, concre-tamente en el informe del Defensor del Pueblo, y todosconocemos la cantidad de mejoras que hay que impulsaren Andalucía, porque los problemas están, señorías, muyanalizados y muy bien definidos.

Y, señorías, es cierto que será difícil alcanzar la per-fección en materia de Justicia; pero un Estado Social ydemocrático de Derecho, como el nuestro, y una auto-nomía en pleno progreso y desarrollo, como debería serla autonomía andaluza, tienen la inexcusable obligaciónde avanzar en profundas reformas que modifiquen lasituación actual de la Justicia en Andalucía.

Las encuestas que viene realizando el Consejo Ge-neral del Poder Judicial concluyen que la Administraciónde justicia, tal y como se ha dicho esta mañana aquí,está mal valorada. Y la verdad es que se confía pocoen la Justicia.

De otro lado, en cuanto a servicio público, en Andalucía—y hemos tenido oportunidad de verlo no solamente eneste año, sino en los años anteriores que han precedidoa esta legislatura y que tenía ya importantes obligacionesen materia de Justicia la Junta de Andalucía— , hemosvisto cómo queda todavía un camino impresionante pormejorar, pero tampoco se puede ser catastrofista en tér-minos generales.

Como decía, estos 15 puntos que presentamos sonsoluciones que responden a una disección de 15 déficitmuy bien definidos y muy analizados que todos recono-cemos en las competencias de la Junta de Andalucía.

Pero también seríamos injustos si dejáramos de en-salzar la importancia que tiene la Administración de jus-ticia como auténtico poder independiente del Estado ylo que eso tiene que significar para todos los andaluces.Y es que los profesionales de la Justicia en España,señorías, en Andalucía, salvo contadísimas excepciones,constituyen un grupo de profesionales serios y que estánhaciendo una excelente labor, que, desde luego, comoservicio público, decimos, es susceptible de mejorar. Sim-plemente lo que ocurre —y esto sí que es tratable—es que se da un servicio de mala calidad porque faltanmedios y hay una organización deficiente.

Señorías, el Pacto por la Justicia ha sido un acuerdode consenso, ha sido un acuerdo de diálogo, ha sidoun acuerdo de responsabilidad, donde lo único que seha impuesto verdaderamente ha sido el bienestar de losciudadanos, donde lo que se ha impuesto es que losciudadanos fuéramos los auténticos beneficiarios de esareforma. El pacto es positivo, señorías, porque la disec-ción que se contiene en él es esa disección de la praxis,es ese análisis del efecto de elementos distorsionantesen el funcionamiento de este servicio público, tras añosde historia, con la previsión de factores nuevos, basadoen la globalización y también en el Derecho comparado.

Nuestro Grupo quiere, señorías, en definitiva, que esasreflexiones que estamos haciendo aquí, en esta tribuna,las haga suyas también el Consejo de Gobierno, lashaga suyas también el partido que sustenta al Gobiernode la Junta de Andalucía. Hay que analizar bien los

15 puntos que ofrecemos, hay que ver la buena voluntadcon la que ofrecemos esos puntos, y sobre todo hayque ver si representa auténticos problemas para Andalu-cía lo que en ellos se contiene y de verdad representanauténticas soluciones lo que en ellos se pretende.

Desde luego, señorías, hay que analizar los erroresque se han cometido en estos últimos cuatro años enmateria de Justicia, y, por supuesto, hay que analizar elcamino que se ha trazado y el camino que interesa, quenos interesa a todos los andaluces que se trace.

Señorías, con esta importante reforma, se han acor-dado muchas cosas; entre ellas que el Tribunal Supremo,como órgano jurisdiccional, establezca suficientes garan-tías de la unidad de la doctrina para tratar supuestossimilares de forma similar, algo que nos exigen todoslos ciudadanos de forma contundente. También —y estoes importante en nuestro desarrollo autonómico— se vana abrir nuevas competencias para los tribunales supe-riores de justicia, donde van a tener la oportunidad detener la última palabra en cuanto a Derecho autonómico,y eso también es importante para el desarrollo de nues-tro Estatuto, de nuestra Comunidad, de nuestros in-tereses.

Se fomentará la formación, algo tan importante paraque se pueda impartir Justicia con eficacia, con estímulosconcretos para profundizar en esa especialización quetodos ansiamos. Es básicamente uno de los puntos queestamos presentando también en nuestra moción. Unode esos 15 puntos incide, efectivamente, sobre la for-mación, porque hay que redefinir de una vez por todas,señorías, la política plana y aburrida que está haciendola Junta en materia de formación. Y lo decimos sin ningúntipo de acritud, pero tras la realidad que dan los hechos,siendo una formación deficitaria, una formación sin re-cursos y una formación plana y aburrida que en la mayoríade las ocasiones se imparte a distancia. El Consejo deGobierno tiene que tomar buena nota para proveer deesa especialización en la formación que la haga atractiva,que la haga funcional.

Señorías, esta medida parece genérica, pero tiene suimportancia práctica. Porque si los profesionales de De-recho que ejercen libremente su profesión, y antes tra-taban todas las materias, en los últimos tiempos se hanvenido especializando para ofrecer un mejor servicio pú-blico a sus ciudadanos, un mejor servicio público a susclientes, pues hay que preguntarse de verdad por quéesta especialización que se ha regulado en la libre pro-fesión no se puede aplicar también para los trabajadoresde la Administración de justicia.

Y es que, en este pacto global, en este consensoglobal, se prevén medidas también para completar unmejor desarrollo de la Oficina Judicial, porque ésta tam-bién tiene que ser mejor estructurada, y yo creo que lohemos dicho entre todos los Grupos políticos. Y aquí,en Andalucía, el Consejo de Gobierno tiene que asumirsu papel, y también cumplir con su responsabilidad ysus deberes para tener una Oficina Judicial en mejorescondiciones para ofrecer un servicio público de auténticasgarantías. ¿Es que acaso no podemos aspirar a que lasAdministraciones públicas que ofrecen auténticos dere-


chos fundamentales, que jamás podrán ni deberán serprivatizados, tengan unos parámetros de calidad media-namente aceptables?

Hoy también se ha hablado aquí de la calidad de laenseñanza, de la calidad de la educación, y también te-nemos que hablar de la calidad en un servicio públicocomo es la Justicia. ¿O es que tienen que estar estasAdministraciones públicas, estos servicios públicos comola Justicia, auténticamente condenados a ofrecer unosservicios lentos, aburridos y anticuados a los ciudadanos?

Sin duda, señorías, lo mejor de esta reforma es loque comentábamos antes: que la estructura piramidal deella somos todos los ciudadanos. Ahora vamos a tener,pues, mayores medidas de transparencia, mayores me-didas de fomento de ese acercamiento de la Justicia atodos los ciudadanos. Y porque, señorías, es muy im-portante tener en cuenta que si para cualquier serviciopúblico de calidad hay una mínima exigencia del que lorecibe en atención a poder reclamar por un mal funcio-namiento del mismo, por qué no iba a haberlo en Justicia.Con las limitaciones sabidas de que no existe ningúncaso idéntico, no ha venido siendo razonable que pro-cedimientos similares sean tan distintamente resueltos enel tiempo, y por eso se establece ahora una mejora deaquellas medidas que regulan el sistema de responsabi-lidad por dilaciones indebidas como consecuencia del malfuncionamiento de la Justicia.

Hace mucho tiempo, señorías, que los españoles, quelos andaluces apostamos por un Estado descentralizadoy poco a poco tenemos la inexcusable obligación de ar-monizar todas las Administraciones como garantía denuestra Constitución y el desarrollo de nuestro Estatuto.Por eso es muy importante el primer punto que les ofre-cemos, ese punto de actuar de forma global, de formacoordinada con el resto de Administraciones que tienencompetencias en materia de Justicia. De forma leal, deforma positiva, que de verdad favorezca los intereses delos ciudadanos. Porque si cada vez resulta más obvioque nuestro progreso se basa en buscar mecanismos deconcordia y concertación, también resulta más obvio quenuestro progreso se alejará siempre de esas posturasde choque, de esas posturas de confrontación.

La Administración de justicia debe de estar cercana aese proceso de concordia, a ese proceso de diálogo queha ido marcando el Pacto por la Justicia. Ese pacto tieneque llegar sin duda a Andalucía. El Consejo de Gobiernotiene que hacer suyas todas esas reflexiones, tiene quehacer suyas todas esas virtudes y tiene que proporcionara esta Cámara instrumentos adecuados para que se de-bata de verdad sobre una Justicia ágil y eficaz.

Desde luego, hoy se ha hablado de Justicia en estaCámara; el Defensor del Pueblo lo ha hecho. Y ha habladode lentitud en adopción de soluciones para proveer losmedios materiales de la Administración de justicia, algoque es competencia de la Junta de Andalucía; ha habladodel mal funcionamiento de la Justicia que es soportadopor los que menos tienen, y ha hablado también de lasmayores dotaciones para la Justicia, en definitiva gratuita,aunque no lo ha hecho. Desde luego, si aquellos quemenos tienen tienen más dificultades cuando el servicio

es lento, es obvio que hay que aumentar los recursosque la Junta de Andalucía destina a la justicia gratuita.


—Señor Rojas, debe su señoría ir finalizando.


—Concluyo enseguida, señor Presidente.En definitiva, son 15 puntos que son una apuesta por

Andalucía, que son una apuesta por la Justicia en nuestraComunidad y que son una apuesta para exigir esa eficaciay ese rigor en el servicio público. Creemos, señorías,que con estos 15 puntos que presentamos se puede avan-zar en materia de Justicia. Que no son todo, repetimos,que no son todo lo que necesita la Justicia en Andalucía,pero que es una piedra de toque muy importante para iravanzando en esta legislatura y para que la Junta deAndalucía y el Consejo de Gobierno tengan la total ga-rantía de que son propuestas de consenso, que son fá-cilmente asumibles por todos los Grupos políticos y que,en definitiva, igual que el Pacto por la Justicia ha puestoen primer lugar siempre a los interese de los ciudadanos,desde luego estos 15 puntos representan —según no-sotros lo estimamos así— los intereses de los ciudadanosandaluces, y, desde luego, se mejorará muchísimo si deesta Cámara sacamos una resolución positiva que apoyesin fisuras estos 15 puntos que presentamos.


—Muchas gracias, señor Rojas.Nos solicita la palabra el Consejo de Gobierno, y para

ello tiene la palabra la excelentísima señora Consejerade Justicia.

Tiene su señoría la palabra.

La señora CONSEJERA DE JUSTICIA YADMINISTRACIÓN PÚBLICA

—Muchas gracias, señor Presidente.He pedido la palabra, aunque no es lo habitual en

estos trámites parlamentarios, y lo voy a hacer breve-mente, para no abusar de la benevolencia ni del Presi-dente ni de sus señorías, pero me parece que estamosante un tema del que, por la especial circunstancia dela que está revestido en este momento, me interesa haceralgunos comentarios, algunas precisiones. No es una in-tervención para ni contradecir ni entrar en un debate delConsejo de Gobierno con el proponente de esta moción,pero sí porque es el primer debate también, después dela interpelación que tuvimos hace unos días, en el quetenemos ocasión de referirnos justamente a la situación,a las circunstancias que en este momento está atrave-sando la Administración de justicia.


Por eso he pedido la palabra, para comentar, paradecir, justamente, que acabamos de suscribir un Pactopor la Justicia entre los partidos mayoritarios —el PartidoPopular y el Partido Socialista— , al que estoy convencidade que se van a unir también otros partidos del arcoparlamentario. Pero además porque, previamente al pac-to suscrito por los partidos políticos, como ya he expre-sado en alguna ocasión públicamente, se llegó tambiéna acuerdos muy importantes entre las Comunidades Autó-nomas con competencia en esta materia y el Ministeriode Justicia, y en ello, en esos acuerdos suscritos porlas Comunidades Autónomas y el Ministerio, quiero deciren esta Cámara que la Junta de Andalucía y el Gobiernoandaluz, en esas comisiones de coordinación, han tenidosiempre una voz preponderante y siempre han estadobuscando el diálogo y el acuerdo si eran posibles, jus-tamente a partir de esta nueva legislatura, y como con-secuencia de esos intentos de acuerdo, suscribimos,como digo, el pasado día 22 de mayo el llamado Acuerdode Las Palmas.

Por lo tanto, efectivamente, estamos ante un acuerdoque debe ser, que puede ser también muy importantepara Andalucía. Por ello, porque creo que es importante,creo que es también el momento en el que todas lasfuerzas parlamentarias hagamos posible el pacto en An-dalucía trasladando a este ámbito, al ámbito de nuestraComunidad Autónoma, el mismo escenario de diálogo,el mismo escenario de acuerdos, de búsqueda de com-promisos y de concordia que hemos tenido y que hemossuscrito en el ámbito estatal.

Yo me comprometo, como he hecho también en otrosmomentos, y dentro de este marco de acuerdos, a traera este Parlamento las medidas concretas que se vayansuscribiendo en relación con el Pacto de Estado por laJusticia. Al mismo tiempo, me gustaría también obtenerel compromiso de todos los Grupos parlamentarios. Perosobre todo me estoy refiriendo fundamentalmente al Par-tido Popular, que es el proponente de esta moción, paraque en lo más importante desde el punto de vista delas competencias de la Comunidad Autónoma podamoscolaborar y podamos ir en la misma dirección.

Hemos suscrito un pacto; pero, para que el pacto noquede en una sola declaración de principios, por muyde acuerdo que todos estemos en esos principios, paraque eso no se quede sólo en una declaración de prin-cipios, para todas las Comunidades Autónomas, perodesde luego para Andalucía, es esencial y fundamentalque haya financiación suficiente, que haya compromisotanto del Gobierno andaluz como, por supuesto, del Go-bierno de España.

Señorías, el Partido Popular en Andalucía está en laoposición, pero gobierna nuestro país. Y lo gobierna,además, con una mayoría absoluta en la Cámara. Yoespero que, como oposición en Andalucía, ustedes ten-gan una actitud similar —no digo idéntica, pero al menossimilar— a la actitud que el Partido Socialista ha tenido,está teniendo en el ámbito nacional en esta materia,haciendo una oposición constructiva y de diálogo.

Esto significa, desde mi punto de vista, señorías, queel Partido Popular —y los demás partidos de la Cámara,

pero digo fundamentalmente el Partido Popular— deberíacolaborar, debería ayudar al Gobierno andaluz para quevengan a Andalucía los medios económicos necesariospara que la reforma pueda sustanciarse, y que asimismo,de alguna forma, el Partido Popular no puede seguirutilizando un tema del calibre y en las circunstancias dela Administración de justicia como arma de confrontaciónen un terreno donde se ha alcanzado un pacto deEstado para trabajar en un horizonte de presente yde futuro.

Como sus señorías saben, como Consejera respon-sable del área de Justicia he informado puntualmente aeste Parlamento de cuantas medidas hemos ido tomandopara mejorar el servicio público de la Justicia. Hemostraído al Parlamento desde las líneas generales de ac-tuación de la Consejería hasta la progresiva implantación,desde un principio y progresivamente en estos tres ocuatro años, de la informatización judicial. Hemos traídotambién las ampliaciones de personal, el apoyo a deter-minados órganos judiciales, la creación de nuevos servi-cios, la creación de servicios comunes, la creación delos servicios de asistencia a víctimas de delitos, la mejoraen el turno de oficio, la especialización del turno de oficioen el tema de emigración, en el tema ahora más recien-temente de instituciones penitenciarias, y enseguida tam-bién para malos tratos; en fin, la mejora de sedes. Hemostraído un plan de infraestructuras, y hemos puesto enmarcha también medidas de mejoras de nuestras sedes.En conclusión, hemos puesto en marcha medidas, mu-chas de ellas precursoras, innovadoras, justamente queahora se han visto incluso más legitimadas si cabe, por-que todas ellas se contienen, precisamente, en el pactode Estado que acabamos de suscribir.

Así pues, señorías, no hace falta recordar que hacesólo cuatro años, más exactamente tres años y medioque tenemos esta transferencia en la Comunidad Autó-noma de Andalucía, recordar el esfuerzo que ha supuestopara la Junta de Andalucía y el esfuerzo que vamos aseguir haciendo. Pero somos muy conscientes de la si-tuación que afrontamos, y no es nueva, señorías. Algunasveces, oyendo a sus señorías, a los representantes delPartido Popular, da la impresión de que han descubierto,a partir de que la Junta de Andalucía ha asumido lascompetencias que puede asumir en esta materia, da laimpresión, digo, de que ahora ustedes se han percatadode que la Administración de justicia necesita reformas.La Administración de justicia necesitaba reformas hacemucho tiempo, no es una situación que nosotros hayamoscreado. Por el contrario, creo que desde el momento enque la Junta de Andalucía, igual que otras ComunidadesAutónomas, ha asumido estas competencias, hemos con-seguido muchas cosas. Hemos conseguido un acuerdo,hemos conseguido mejorar progresivamente nuestra Ad-ministración de justicia, hemos conseguido poner en laactualidad política y en la agenda política el tema de lamejora de la Administración de justicia como un temafundamental, como un servicio esencial de los serviciospúblicos más genuinos. Me parece que también el señorRojas ha dicho algo, pero es cierto: es el único, proba-blemente, servicio público que siempre será un servicio


público totalmente, nunca se podrá delegar o concertar,como sí se puede hacer en otras cosas.

Por lo tanto, creo que toda la actuación que ha venidodesarrollando la Junta de Andalucía, si cabe, se ve re-forzada en su buen camino, puesto que todo ello está,precisamente, recogido en los pilares fundamentales delpacto que acabamos de suscribir.

Sinceramente, creo que hemos hecho un enorme es-fuerzo —usted lo sabe bien— , hemos incrementado hastael 50% del presupuesto inicial el presupuesto de Justiciaen estos pocos años, y vamos a seguir comprometién-donos con ello.

Termino, señorías —he dicho que voy a ser muy bre-ve— , reclamando con toda la solemnidad que ofrece laCámara que no son momentos de confrontación, que noson momentos de debates que aportan poco: que sonmomentos, señoría, de compromisos, de lealtad institu-cional, para trabajar, para resolver temas de vital interés,como es el servicio de Justicia de mayor calidad y demejor atención para todos los andaluces.

Muchas gracias.


—Muchas gracias, señora Consejera.Señor Rojas, si su señoría lo desea, puede utilizar el

turno de réplica.Tiene su señoría la palabra.


—Sí, señoría. Señor Presidente, muchas gracias.Agradecerle que haya subido a esta tribuna porque al

menos demuestra que tiene voluntad. Pero nosotros pe-dimos más que voluntad, señoría, hechos. Y pedimoshechos también cuando habla usted de trasladar el es-cenario del diálogo, y pedimos hechos cuando usted hablade consenso en esta materia. Porque yo reclamo lo mismoque usted ha dicho aquí, exactamente lo mismo. Además,es que me daba la sensación desde mi escaño de quemiraba usted cuando hablaba de que no son tiempos deconfrontación a la parte izquierda de esta Cámara. Medaba la sensación de que eso se lo pueden aplicar ustedesa su propio Grupo, porque ésa es la trayectoria que hemosvenido viendo hasta el momento.

Señoría, decíamos que hay que hacerlo con hechos.Y, evidentemente, hay muchos hechos que a nosotrosno nos cuadran. Y no nos cuadran porque en cuatro añosde transferencias hemos oído muchos debates en materiade Justicia, y muchos debatidos y defendidos por el PartidoSocialista, y el 90% de ellos han ido directamente a jugara una especie de confrontación o de pimpón con la Ad-ministración central, cuando lo que tenían que hacer erahaber alcanzado acuerdos como lo estaban haciendootras Comunidades Autónomas. Ése ha sido el auténticoproblema de su Consejería. Porque no se han puestolas pilas para hacer lo que de verdad necesitaba la Justiciaen Andalucía, porque usted no me puede negar que en

cuatro años no se ha hecho ni una nueva sede judicialen Andalucía, ni una nueva sede de nueva planta enAndalucía en cuatro años, señoría. Ese dato yo creo quees demoledor y está ahí. Nosotros queremos diálogo.¿Ustedes quieren diálogo? Pues pongámoslo en práctica.

Sin duda, señoría, usted ha dicho algo que, la verdad,no hemos logrado entender. Ha dicho—exactamente quie-ro recordar— que no son momentos para propuestasinútiles, o algo así, que no conduzcan a nada. Y yo,desde el respeto que me merece esta Cámara, voy aleerle exactamente lo que hemos propuesto en esta mo-ción.

En primer lugar, profundizar en la colaboración de laComunidad Autónoma con el Gobierno central y con lasdistintas Administraciones en materia de Justicia para al-canzar pactos y para desarrollar el pacto que se ha fir-mado. Ése es el primer punto que hemos expuesto ennuestra moción. ¿Eso es confrontación? ¿Eso es estaren contra de los intereses generales de los andaluces?¿Eso es no luchar por la Justicia en Andalucía?

Segundo punto: reconocer la necesidad de que el servi-cio público de la Justicia alcance cotas de eficacia, cuandomenos similares al resto de los servicios prestados porlas Administración públicas en Andalucía. Señoría, ¿esoes una postura de confrontación o una postura inútil?Reclamar precisamente que la Justicia tenga las mayorescuotas de eficacia posible, por lo menos igual que en elresto de las Administraciones; comprometerse a agilizarel plan de infraestructuras judiciales en orden a acortarlos plazos de los mismos, siempre que haya deficienciasque, desde luego, haya que atender en un momento prio-ritario, ¿ésa es una postura de confrontación, colaborarde forma decidida con las Administraciones locales en larealización del Plan de Infraestructuras Judiciales, garan-tizando en todo caso que se cumpla con las expectativaspuestas en este plan, incluso en aquellos municipios queno pueden ofrecer un suelo o que no han contado conuna predicción al respecto? Yo creo que eso es colabo-ración y eso es diálogo, señoría. Desde luego, no esconfrontación ni son posiciones inútiles ni son mocionesque, como usted ha dicho —más bien hemos entendido—,no sirven para nada.

Creo que, sinceramente, avanzar en una decidida po-lítica hacia las inversiones en materia de Justicia y es-tablecer un compromiso de ejecución presupuestaria noes un punto que no sirva para nada. Impulsar una políticaactiva y estable para el desarrollo de la justicia de paz,de los pueblos de Andalucía de los que tanto hablamos,pero que muchas veces los que gobiernan les hacenbastante poco caso, señoría, no es un punto inútil deesta moción. Implantar esa formación continua y espe-cializada que antes le comentábamos tampoco es algoque no debamos debatir en esta Cámara. Yo creo quedebemos de hablar y de profundizar en los problemasque existen en la Justicia en Andalucía. Y por lo menoslos sindicatos, por lo menos los profesionales de la Justiciaen Andalucía nos dicen que les hace falta mayor forma-ción.

Señoría, tampoco es un punto de confrontación o defalta de eficacia el que presentamos en esta Cámara para


ahondar en la colaboración con el Consejo General delPoder Judicial y los cursos de formación. Yo creo queno pasa nada por votar a favor de eso. Igual que tampocopasa nada por intensificar el diálogo con los sindicatosy los profesionales de la Justicia de Andalucía. Hemostenido la oportunidad de leer en la prensa que los grandesproyectos de infraestructuras se están haciendo sin con-tar con la opinión de los sindicatos, sin contar con laopinión de los profesionales de la Justicia, y ellos recla-man por lo menos tener derecho a ser oídos. Yo creoque eso es algo importante...


—Señor Rojas, debe su señoría ir finalizando su ex-posición. Debe de concluir ya la intervención.


—Concluyo enseguida, diciendo que me falta un relatode cinco puntos que por falta de tiempo no se los voya comentar, señoría, pero que todos van en el mismotenor, que van todos en la senda del diálogo, del con-senso, y que, desde luego, la oportunidad que tienenustedes ahora de votar a favor de esta moción es laoportunidad de decirles a los andaluces claramente queel Gobierno de la autonomía andaluza, el Gobierno detodos los andaluces está dispuesto a tomar medidas deconsenso, de diálogo, que sean acordadas por esta Cá-mara, que no importa de qué formación política vengan,pero que, desde luego, son medidas que van a servirpara agilizar la Justicia en Andalucía y para hacer quesea un servicio público ágil y eficaz.


—Muchas gracias, señor Rojas.Señora Consejera, su señoría tiene derecho a turno

de dúplica por si quiere utilizarlo.

Tiene su señoría la palabra.

La señora CONSEJERA DE GOBERNACIÓN YJUSTICIA

—Muchas gracias, señor Presidente. Muy brevemen-te.

Sí voy a hacer uso de este turno, porque ya le hedicho antes, señor Rojas, que yo no quiero entrar en undebate sobre el contenido punto por punto de su moción.

Lo que he querido traer al conocimiento de la Cámaraes que estamos en un escenario distinto. Y yo creo queel Partido Popular, en este tema al menos, donde ya suprimer punto de la moción... Es que ya está. ¿Cómovamos a votar que profundicemos, si es que ya está

suscrito un pacto, primero con el Ministerio y las Comu-nidades Autónomas, y después un pacto de Estado?Por lo tanto, tendremos que desarrollar, si acaso, todoeso, pero no podemos profundizar en algo que ya seha consolidado, que ya se ha ejecutado.

Lo que hace falta ahora, señor Rojas, es que el PartidoPopular de verdad se comprometa también con el Go-bierno andaluz y eche una mano también en esta Cámarapara que se pueda de verdad llevar a cabo y sustanciaruna reforma, que, como digo, tiene dos temas, desdemi punto de vista, muy importantes, y que están conte-nidos en el acuerdo de Canarias, sin lo cuales proba-blemente hubiera sido mucho más difícil haber suscritoel pacto de Estado. Le voy a decir dos puntos: uno,mayores competencias para las Comunidades Autóno-mas en aquellas competencias que pueden asumir. Esdecir, usted me reclama a mí cada vez que se subeaquí que la Oficina Judicial funciona mal. Yo no tengoen este momento ninguna competencia para poder or-ganizar la Oficina Judicial, y es lo que estoy reclamando,y es lo que hemos conseguido del Ministerio que digaen ese acuerdo: que las Comunidades Autónomas, todaslas que quieran asumir esa competencia, las que se quie-ran enfrentar a mejorar la Justicia en su territorio, podrántener una competencia más completa.

Por eso, señor Rojas, solamente lo que le quería decires que el Pacto por la Justicia no significa que vayamosa renunciar a todo aquello que se ha ido generandocomo deuda del Gobierno central con la Junta de An-dalucía, y que en este preciso momento hemos conse-guido que se esté trabajando, los técnicos, sobre esasdeudas. No puede de ninguna manera significar que va-mos a hacer dejación de nuestra obligación, de que seculminen, se cierren los flecos de la transferencia y deque se nos financien, igual que a otras ComunidadesAutónomas, la creación de nuevos órganos y las nuevasleyes que entran en vigor. Que eso también es reforma.¿O es una reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil o lanueva Ley Penal Juvenil? Claro que son reformas, y nopueden ser costeadas exclusivamente a las espaldas dela Comunidad Autónoma.

Por eso, señor Rojas, yo quiero solamente decirleque hemos avanzado mucho, que se han mejorado mu-chas sedes en Andalucía y que hemos informatizadotoda la Justicia, cosa que ustedes ni se lo creían, ni locomprendían, ni nos han apoyado. Yo lo que le estoy,de alguna manera, trasladando es la necesidad de tras-ladar ese escenario de acuerdo, de no utilizar el temade la Administración de justicia como un arma arrojadiza,sino, por el contrario, que tenemos que acordar tambiénen nuestro territorio el compromiso financiero del Estadoy de la Comunidad Autónoma.

El pacto significa compromiso leal de ambas Admi-nistraciones, de la central y de la autonómica, y terminarcon una situación de desentendimiento que se estabaproduciendo hasta hace poco tiempo. El pacto significaque todos trabajemos en la misma dirección para mejorary convertir a la Justicia en un servicio público de calidadal servicio de los ciudadanos en Andalucía.




—Muchas gracias, señora Consejera.A esta moción ha presentado enmiendas el Grupo Par-

lamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoriapor Andalucía. Para la defensa de las mismas, tiene lapalabra su portavoz.

Señor Romero, tiene su señoría la palabra.


—Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y seño-res Diputados.

Esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Po-pular sobre las medidas a tomar en Andalucía en materiade Justicia es una moción lógica por parte de los Gruposparlamentarios en una Cámara como en la que nos en-contramos, se haya firmado o no un Pacto por la Justiciaa nivel del Estado y haya o no un escenario de colabo-ración o de diálogo: los Parlamentos no se paralizan poreso.

Yo creo que la señora Consejera no lleva razón cuandoplantea que no es el momento de presentar mociones,ideas y propuestas que puedan ser reiterativas. Que, efec-tivamente, nosotros las vemos como muy genéricas; prue-ba de ello es que estimamos un voto favorable a unaserie de enmiendas, prácticamentea todas las que pro-pone el Partido Popular, en la medida en que no se de-sarrollan y son apuestas y generalidades a favor de mod-ernizar la Administración de justicia en Andalucía.

Cuando se dice, por ejemplo, que se pongan en marchatodos los institutos de medicina legal en Andalucía, enlas ocho provincias, es un compromiso de la Consejería.Nunca es mal año por mucho trigo, porque el Parlamentose comprometa a poner en marcha estos institutos demedicina legal en Andalucía. Cuando se habla de la ne-cesidad de contribuir a una justicia de paz más adecentadaen los municipios de Andalucía, es también una voluntaddel Gobierno.

Nosotros hemos dado un visto bueno a los 64.000 mi-llones que plantea la Consejería de Justicia; hemos pedidoque se consiga más dinero de Madrid; incluso que seabra una vía de diálogo con la Unión Europea para elespacio judicial y policial europeo, y cuando hemos res-paldado a la Consejera en su comparecencia ante el am-bicioso plan de infraestructuras judiciales que ponía enmarcha, pues lo hacíamos con el ánimo de contribuir,desde nuestros Grupos parlamentarios, a mejorar la in-fraestructura judicial en Andalucía. Y entonces, si se hacíaen aquella época, se puede hacer también esta tarde,cada vez que se hable de Justicia y se ponga en marchauna serie de voluntades políticas para plantearlo.

Nosotros hemos querido incluso concretar, con nues-tras enmiendas, alguno de los apartados del Grupo Par-lamentario Popular. Por ejemplo, en su punto 5, nosotroslo que queremos que figure con claridad es que se ga-rantice en los presupuestos de la Junta de Andalucía laspartidas correspondientes al Plan de Infraestructuras Ju-diciales, con el fin de dar un exacto cumplimiento a la

inversión de esos 64.000 millones de pesetas para lospróximos ocho años. Porque nosotros vamos a ver luegosi se trata de aquella famosa frase de «mucho te quieroperrito, pero pan poquito», o de ese cartel de los baresandaluces «hoy no se fía, mañana sí», porque luego vana llegar los presupuestos y vamos a ver si se concretaque esos 64.000 millones necesarios... Otra cosa es quedesde Madrid se consigan más recursos del Gobiernocentral, que se deben conseguir y que el Gobierno tendráel apoyo de Izquierda Unida para reclamar esa financia-ción adicional para poner en marcha el Pacto Andaluzpor la Justicia y para poner en marcha el pacto del Estadoy los recursos necesarios, pero queremos que haya uncompromiso. Porque, si eso no es así, si no hay ochomil o nueve mil millones anuales en los próximos ochoaños, no se cumplirá el compromiso de invertir 64.000millones en modernizar las infraestructuras judiciales, enconstruir las ciudades de la justicia, los institutos de me-dicina legal y en poner en marcha una modernización delos juzgados de paz.

Es muy importante también la enmienda de adiciónen el punto seis, que es la de establecer conversacionesentre la Consejería de Justicia con la FAMP a fin deelaborar un mapa concreto de los déficit que presentanlos juzgados de paz y presentar un programa de actuaciónpara subsanar dichas deficiencias. Yo creo que es unaidea constructiva, de diálogo, con la Federación Andaluzade Municipios y Provincias, que concreta lo que ya diceel punto del Partido Popular de modernizar los juzgadosde paz en Andalucía.

Añadir también al punto 10 un punto 10.bis en concreto,planteando que la Consejería de Justicia impulse, anteel Tribunal Superior de Justicia y ante las instancias per-tinentes, las medidas adecuadas para cubrir de formainmediata las plazas actuales que hay vacantes de juecesy magistrados y establecer los instrumentos precisos paracubrir con rapidez las que en el futuro se sobrevengan,porque es un problema muy grave que haya cerca deochenta plazas de jueces y magistrados sin cubrir teniendoen cuenta lo que aquí ha dicho el Defensor del Puebloesta tarde, lo que son las quejas de nuestra sociedad,con retrasos, con juzgados saturados, en muchas oca-siones con instrucciones de sumarios sin terminar, porquehay vacantes, porque no están cubiertas esas plazas porsus responsables titulares.

Y la enmienda de adición al punto 16, planteando quela Consejería de Justicia demande al Gobierno centrallas transferencias económicas adecuadas para financiarla modernización de la Administración de justicia de An-dalucía en el marco del Pacto de Estado por la Justiciapropuesto por el Gobierno central a las ComunidadesAutónomas. Yo creo que la señora Hermosín estará deacuerdo con este punto, que es un punto muy claro, yprecisamente para cumplir con ese acuerdo y con esePacto por la Justicia entre el Gobierno central y las Co-munidades Autónomas el Gobierno central tiene que hacertransferencias económicas de cantidades adecuadas parafinanciar la modernización y la puesta en marcha de eseplan.

Yo creo, al final, que aquí todos jugamos: todos los


Grupos parlamentarios proponemos iniciativas, propone-mos enmiendas a las iniciativas, y no sólo el Gobiernoes el que trae planes para desarrollar su actuación comoGobierno, como Ejecutivo. En ese sentido se puede ha-blar del contenido de las propuestas, pero no descalificarlas iniciativas parlamentarias de los Grupos.

Yo creo que ayuda, a la Consejería de Justicia y ala Junta de Andalucía, el que se apueste en una mocióny en unas enmiendas por avanzar con temas más con-cretos, que nosotros hemos querido destacar como im-portantes y que son de adición en estas cuatro o cincoenmiendas que presentamos, y en calendarios concretosy compromisos para sacar adelante la Justicia en An-dalucía y poner en marcha las infraestructuras que ne-cesitamos.

Muchas gracias.


—Muchas gracias, señor Romero.A continuación, para turno de posicionamiento, por el

Grupo Parlamentario Andalucista su portavoz, el señorCalvo, tiene la palabra.


—Muchas gracias, señor Presidente. Señorías.Es conocido de todos los miembros de esta Cámara

cuál es la situación de la Justicia en Andalucía. Preci-samente el Defensor del Pueblo en su comparecenciaen la Cámara esta misma tarde nos ha expuesto quees uno de los servicios peor valorados por nuestros ciu-dadanos, y que la situación es de queja amplia, con 744 quejas,una de las cuestiones que más preocupa, por lo tanto,a la ciudadanía andaluza.

Detectada esta situación, o señalada esta situación,hay que recordarles a sus señorías que ésta, en buenamedida, es una situación consecuencia de la herenciaque recibimos en el año 1997, hace tres años, cuandodesde la Administración central se le entregaron las com-petencias en materia de Justicia a la Junta de Andalucía.Unas competencias con unos medios insuficientes —nose ha culminado el proceso de transferencia de esosmedios— ; unos medios que no sólo eran insuficientes,sino que además estaban caracterizados por la existenciade unos inmuebles, muchos de ellos en un estado deabandono lamentable; no existía en aquél momento unplan que recogiese ningún tipo de inversiones para laconstrucción, e incluso el mantenimiento, de esas sedesjudiciales; no había un plan de inversión de modernizacióndel mobiliario; no se hablaba para nada de informatizaciónde la Justicia... De hecho, en realidad, la mejora de esassedes judiciales, como ha señalado la Consejera, sonfruto de los últimos años fundamentalmente, porque nosencontrábamos además —y ésta era una especie depescadilla que se mordía la cola— con que una buenaparte de las sedes judiciales existentes eran sedes ju-diciales planteadas en régimen de alquiler, y se señalaba

que cualquier tipo de inversión que pudiese realizarseen las mismas resultaba poco rentable. Cuando, además,se realizaron estas transferencias, como he dicho antes,la informatización de las mismas no existía.

En el momento presente, y a pesar de que es unservicio que, según acabo de exponer en el comienzode mi intervención, tiene un elevado nivel de contestaciónentre la ciudadanía, porque hay una insuficiente dotacióneconómica, procedente, en buena medida, de la insufi-ciencia de las transferencias, nos encontramos con quehoy hay un plan de informatización puesto en marcha,que se llama el Plan Adriano. Todavía no ha acabado,pero está muy avanzado en su desarrollo, y que permiteya la informatización de una buena parte de las oficinasjudiciales. Eso significa, además, que este servicio va apermitir dotar de un sistema de información documentale incluso la creación, en un futuro próximo, de la Intranetjudicial.

El trabajo, por lo tanto, que se ha venido realizandoes notable, aunque, desde luego, no es suficiente ni mu-chísimo menos —y de nuevo me remito a la realidadque nos ha puesto de manifiesto el Defensor del Pue-blo— ; pero se ha puesto en marcha un número impor-tante de iniciativas que, para el período de tiempo enque lleva transferida la Justicia en manos del Gobiernode la Junta, creemos que hemos de valorar de manerapositiva.

Así, por ejemplo, se ha puesto en marcha un serviciode asistencia a las víctimas de delitos en ciudades comoSevilla, como Málaga o como Granada; se han creadotambién comisiones provinciales de asistencia jurídicagratuita; se han creado turnos de oficio especializadospara inmigrantes, para mujeres maltratadas o para laspropias instituciones penitenciarias, por citar algunos ca-sos.

A pesar de todo ello, desde el Grupo ParlamentarioAndalucista señalamos que hay que seguir trabajandocon intensidad para mejorar muchos aspectos de esteservicio, como son que continúan faltando sedes, quese necesita un mayor número de funcionarios, que senecesitan mejores equipos técnicos, que hay que ir auna mejora de los juzgados de paz, a la creación y aper-tura de los institutos de medicina legal y a muchos otros,algunos de los cuales ustedes recogen en la mociónque aquí nos han presentado hoy.

En definitiva, estamos hablando de la modernizaciónde la Justicia, que es lo que nosotros creemos que us-tedes pretenden a través de esta moción; una moderni-zación de la Justicia en la que están empeñados, desdehace unos años ya, la Consejería de Justicia y el Gobiernode la Junta en su conjunto; una modernización, además,que nosotros consideramos imprescindible.

Nosotros no podemos negar que lo que demanda estainiciativa, independientemente de que algunas de las co-sas que ustedes están proponiendo ya están en marchay, por lo tanto, en buena medida carecen de sentido,son medidas que lo que plantean es que afrontemos elsiglo XXI con calidad, con eficacia y con eficiencia en laAdministración de justicia, que nos permita configurarlacomo un servicio público moderno, eficiente, ágil y de


manera que se puedan atender de forma adecuada lasdemandas que está planteando la sociedad. Por eso, no-sotros lo que hacemos, en primer lugar, es dar un votode confianza a la Consejera de Justicia, que, con losmedios que tiene, ha puesto en marcha algunos de losplanes que ya hemos señalado y la modernización denuestra Justicia, a pesar de que el Gobierno central noculmina el proceso de transferencias de aquellos recursosque son imprescindibles para que se puedan alcanzaralgunos de los objetivos que en este momento están se-ñalados.

Hace sólo unos meses se presentó ante esta Cámara,por parte de la propia Consejera, el Plan de Infraestruc-turas Judiciales, en el cual se tienen en cuentan, o bienla puesta en marcha ya de algunos de los puntos queustedes están señalando, u otros que están recogidosen ese plan con un planteamiento de futuro de ser puestosen marcha. Ello demuestra, por lo tanto, el interés y elesfuerzo que se está realizando y que se va a realizaren los próximos meses y en los próximos años por partede la Consejería de Justicia. Hace, además, sólo unasemana —yo no sé cuál ha podido ser la relación quehaya entre la presentación de esta moción y eso de hacepoco más de una semana— en que se ha firmado unPacto por la Justicia que viene a profundizar aún másen esta reforma que está en marcha.

Con respecto a estos pactos, nuestra posición, además,es muy clara. Nos parece tan importante al Grupo An-dalucista y al Partido Andalucista, les parece tan impor-tante, que no entendemos incluso cómo se ha firmadoese pacto exclusivamente entre dos fuerzas políticas yno entre los Grupos que están presentes en el Congreso,porque nos parece que ése es un pacto de Estado, porla importancia que tiene la Justicia y por la situación,además, en la que se encuentra la Justicia, y que nodebe ser nunca el fruto de la coincidencia en aspectos...,por muy importante que sea esa coincidencia, del partidoque esté gobernando, e incluso del principal partido dela oposición en el caso del Estado.

Estamos de acuerdo, como no puede ser de otra ma-nera, en que se debe reformar la Justicia, y la cuestiónclave es saber, en esa reforma y en esa dotación deestructuras, cómo se va a beneficiar la Justicia en An-dalucía.

Desde nuestro punto de vista, ése es un debate quedebe centrarse en dos aspectos fundamentales: el gradode competencias, tanto en calidad como en cantidad, queva a asumir en el futuro la Junta de Andalucía —o, dichode otra forma, cuál es el grado de descentralización queel Gobierno central está dispuesto a dejar dentro o enmanos del Gobierno andaluz—, y en segundo lugar, sise está necesariamente dispuesto, tendrá que cofinanciar,según las necesidades andaluzas, ese plan de descen-tralización.

El pueblo andaluz no quiere de nuevo sentirse discri-minado, como viene siendo de forma habitual en los úl-timos años, tanto en el reparto económico como en otrasactuaciones a las que me referiré más adelante. En elreparto económico, desde nuestro punto de vista, se de-berán tener en cuenta, por un lado, la población, la ex-

tensión del territorio y el volumen y el número de órganosjudiciales, ya que nuestra Comunidad Autónoma concen-tra el 30% de los órganos judiciales de todo el Estado—de los órganos judiciales españoles— , además de teneren cuenta y presente en todo momento cómo Andalucíaheredó en su momento las competencias de Justicia sinlas transferencias en los recursos materiales necesariospara poner en funcionamiento un servicio tan importantecomo éste de manera adecuada.

La financiación de este Pacto por la Justicia se centraen torno a unos doscientos cincuenta mil millones depesetas; cantidad que no es suficiente, aun siendo im-portante, porque hemos de tener en cuenta que las re-formas que se proponen más las derivadas de la modi-ficación de la Ley del Menor ocasionarán un importantevolumen de gasto, y son muchos los que tienen que par-ticipar de esta tarta.

Los andalucistas entendemos que Andalucía deberáparticipar y recibir una cantidad acorde con sus necesi-dades que permita atender este servicio en condicionesy acometer una reforma que subsane las deficiencias delsistema. De este modo, Cataluña está solicitando 80.000 mi-llones de pesetas, de los 250.000 millones con que cuentael plan, y Cataluña tiene menor población que Andalucía,un territorio más pequeño que Andalucía y parte de unaposición más favorable que la que nosotros tenemos eneste momento. Entendemos, por lo tanto, que con estosdatos y con estas cifras Andalucía requerirá de unos re-cursos que cualquiera puede ajustar con relativa facilidaddentro del volumen de esos 250.000 millones de pesetasque tiene el Pacto por la Justicia.

Asimismo, entendemos, por ejemplo, que el PartidoPopular en Andalucía habrá de considerar que el acuerdodel propio Partido Popular con Coalición Canaria paraque la Justicia canaria reciba 16.000 millones de pesetasdeberá ser también un elemento de referencia a la horade financiar, en ese Pacto por la Justicia, las necesidadesde Andalucía, habida cuenta de que la población de Ca-narias, aproximadamente un millón de habitantes, es entrela séptima y la octava parte de la población andaluza yque el territorio canario, además, es también entre la sép-tima o la octava parte del territorio que tiene Andalucía.Si se multiplican 16.000 millones por la séptima o la octavaparte, empiezan a salirnos cuentas por encima de los80.000 millones que pide Cataluña, pero que ademásAndalucía tiene derecho a recibir por población, por terri-torio y por la situación en la que se encuentran en estemomento sus propias infraestructuras judiciales.

En nuestra opinión, por lo tanto, nos parece —y endefinitiva— que se hace necesaria una mayor dotacióneconómica para poner en práctica lo que ustedes estándiciendo; para poner en práctica cosas de las que ustedesestán diciendo que están marchando y aquellas que sequieren poner en un futuro inmediato. Pero no será posiblesin los recursos económicos. Y yo acabo de dar datosen esta tribuna sobre el volumen del Pacto sobre la Jus-ticia, sobre lo que algunas Comunidades Autónomas estánreclamando y sobre lo que el Gobierno central ha nego-ciado ya con los canarios de cara a ese planteamientocon la Justicia.


Nosotros entendemos, por lo tanto, que se hace im-prescindible una oferta pública...


—Señor Calvo, su señoría debe de ir concluyendo.


—Voy terminando, señor Presidente.... una oferta pública de acuerdo con lo que dice la

Consejera de Justicia. Con un matiz, además, importante:que el ingreso en la carrera de los funcionarios de laAdministración de justicia y de la promoción interna sehaga estableciendo tribunales examinadores en nuestrapropia Comunidad, con la facultad de elegir a los miem-bros de dichos tribunales entre funcionarios residentesen Andalucía o que presten sus servicios en la Admi-nistración andaluza. ¿Tenemos que seguir yendo a Ca-taluña a que se examinen nuestros jueces, cuando ade-más nosotros tenemos una legislación propia? Y por esopedimos que sea personal de aquí, que existe, y sufi-cientemente cualificado para poder llevar a cabo eseproceso.

Y en segundo lugar, creemos que sería muy acertadoel establecimiento de una escuela judicial propia, dondelos opositores aprobados o que realicen esa promocióninterna no tengan tampoco que salir fuera de nuestraComunidad para poder hacer las prácticas.

Todo eso son deficiencias derivadas de una situaciónheredada de hace solamente tres años, que fue cuandoel Gobierno de Andalucía, el Gobierno de la Junta deAndalucía asumía estas competencias.

Está claro que para conseguir esos objetivos se hacenecesario dotar a la Administración de justicia de la fi-nanciación adecuada, para que pueda tener una infraes-tructura acorde con las necesidades que tiene nuestroterritorio y para que el Defensor del Pueblo, en sus próxi-mos informes, no tenga que volver a señalar que la Jus-ticia es uno de los servicios peor valorados por los an-daluces y que tiene un nivel de quejas tan elevado comoel que se nos ha puesto de manifiesto aquí esta mismatarde.



—Gracias, señor Calvo Poyato.A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista,

para turno de posicionamiento tiene la palabra la señoraCastillo Jiménez.

La señora CASTILLO JIMÉNEZ

—Gracias, señor Presidente.Bueno, mi opinión sobre esta iniciativa, sobre esta

moción, es que, por supuesto, no es oportuna ni cohe-rente con el momento en el que estábamos planteandoy terminando la firma del pacto a nivel nacional; perobueno, el Grupo Popular en Andalucía ha practicadosiempre esa confrontación, de la que ahora el señor Rojasnos quiere tirar la pelota a nosotros, y, por lo tanto,estaban y están siempre en su derecho de presentarlas iniciativas en este Parlamento que consideren opor-tuno, no es eso lo peor de esta moción.

Yo creo que no estamos, en el contenido de ella,ante una verdadera moción resultado de una interpela-ción, sino —y coincidiendo con los Grupos que me hanprecedido— ante una declaración de principios, una pro-puesta de resolución, una declaración institucional, unrecordatorio del programa electoral o de las políticas queen realidad se vienen poniendo en práctica por parte dela Consejería, con la doblez, señor Rojas —gracias—,de no reconocer la acción de Gobierno y sí entrar enla repetición. Además de todo ello, no incluir nunca ensu guión alguna de las propuestas que desde esta tribunale he hecho en más de una ocasión sobre cuestionesque tienen que ver con el Gobierno del Partido Popularen Madrid y que usted elude una y otra vez.

Pero bueno, esto es lo que tenemos. Usted, el GrupoParlamentario Popular, ha puesto en marcha una inicia-tiva de censura que no concreta, que hemos tenido queesperar a la presentación de enmiendas por parte delGrupo de Izquierda Unida para concretar alguna circuns-tancia, y que, por tanto, exige muy poco. Repito: nopasa de ser una declaración de intenciones, salvo enalgunos puntos de los que ahora yo le diré que le vamosa votar a favor.

Y, sin embargo, señor Rojas, lo positivo que estamosteniendo esta tarde aquí es la preocupación, la profun-didad y la seriedad con que se está tratando el temade la Justicia, el debate que ha generado en los Grupos,en los portavoces que me han precedido, y que sí estállenando de contenido lo que usted, desde su propuesta,no ha sido capaz. Le faltan todavía cinco puntos porexplicar, pero, desde luego, en lo que nos ha explicadodesde esta tribuna no ha conseguido, al menos a mí,convencerme.

En ese sentido, señor Rojas, usted ha utilizado para cri-ticar la acción del Gobierno, repito, sin considerar paranada la acción positiva, que también es una acción deoposición, la construcción en positivo, usted utiliza losencabezamientos como «profundizar», «reconocer»,«avanzar», «impulsar», «implantar», «completar», «revi-sar» o «participar». Ésa es la crítica que usted —y creoque el subconsciente a la hora de escribirlo le ha dela-tado— tiene que hacerle al trabajo serio y riguroso quedesde la Consejería de Justicia se viene haciendo, conla nula colaboración del Ministerio de Justicia en la ma-yoría de los casos.

Y en el punto número 1 de su moción habla de pro-fundizar en el pacto que ya se ha firmado. Bueno, yano tendremos que profundizar, porque ya lo hemos fir-mando. Y además ha salido aquí la Consejera a tenderla mano en al ámbito andaluz. Por lo tanto, no sé esaprofundización a qué se refiere.


Pero además dice usted que hay que profundizar tam-bién con el resto de las Administraciones. Mire usted,señor Rojas, en Andalucía somos pioneros e impulsoresen el proceso de colaboración, impulsores. La relaciónentre las distintas Administraciones se pone de manifiestocon una cooperación decisiva, que hemos mantenidocreando muchas Comisiones, que todas ellas funcionanactualmente con un nivel muy satisfactorio. Y lo dice todoel mundo.

En este sentido, existe la Comisión de Coordinaciónde las Comunidades Autónomas con competencias enmateria de Justicia, y, por tanto, forman parte de la Con-ferencia Sectorial en todas las Comisiones. Especialmenteen la Comisión de Coordinación de las Comunidades Autó-nomas se ha realizado, señor Rojas, un trabajo en pro-fundidad que ha permitido que se firme el pacto en Madrid,que usted no ha querido reconocer aquí, pero que yo loharé, porque no tengo ningún empacho —y el MinistroAcebes lo hacía hace un par de días en los medios decomunicación— , se ha firmado porque ha habido voluntadpolítica por parte del Partido Popular por fin, y por partedel Partido Socialista, que desde el año 1996, en la primeraintervención de Belloch en el Congreso y de José AntonioMarín en el Senado, se propuso el pacto 1996, 1997,1998, 1999, 2000... Por fin, en el 2001, ha habido voluntaden el Partido Popular en Madrid. Está por ver que esavoluntad exista en Andalucía, está por ver; queda queusted y su Grupo lo demuestren.

Señoría, dice usted en el punto número 2 de su mociónque hay que reconocer la necesidad del servicio públicode la Justicia. A mí me encanta que usted haga suyoque la Justicia es un servicio público, y que no utilice enesta Cámara lo que otros compañeros suyos han utilizadodurante mucho tiempo desde la derecha de considerarla Justicia como un poder. Usted utilice ese término, perono olvide que se acuñó en las filas del Partido Socialista,y que cuando gobernamos lo pusimos en práctica y lodemostramos con hechos, no con declaraciones de prin-cipios ni institucionales, con hechos, señor Rojas.

El número 3 de su moción habla de agilizar el plande infraestructuras. Bueno, menos mal que Izquierda Uni-da ha tenido la sensatez de concretar esa declaraciónde intenciones que usted hace de un plan de infraestruc-turas que conoce y que se ha presentado en Comisióny en Pleno, y que ha tenido oportunidad ya de sabersede memoria. Pues bien, el plan de infraestructuras quepresenta la Consejería es un plan realista, que prio-riza las inversiones más necesarias, que acorta los pla-zos...

¿Cómo se acortan los plazos? Pues, mire usted —ycoincidiendo con el pacto que acabamos de firmar— ,cuando el Estado, cuando el Gobierno del PP colaboreen la financiación del plan y cuando usted deje de deciren esta Cámara que sea la Consejería, que sea la Juntala única que tiene que abordar estos gastos, la únicaque tiene que afrontar estas competencias, porque nosabemos si usted es andaluz o usted es un delegadodel Gobierno del PP de Madrid, porque todavía no meha quedado a mí muy claro eso.

Bien. En el punto número 4 dice que se colabore con

las Administraciones locales para el plan de infraestruc-turas. Yo no me voy a extender más. El plan de infraes-tructuras, repito, usted estoy segura de que se lo sabede memoria, porque he estado yo a su lado en la Comisióny en este Pleno y sé que lo ha entendido perfectamente.

Habla usted también de avanzar decididamente haciauna política de inversiones. Pues tuviera que ver, tuvieraque ver que la acción de Gobierno no avanzara haciauna política de este tipo.

Mire usted, el presupuesto destinado a Justicia por laJunta de Andalucía ha aumentado en los últimos añoscasi el 50%, y ha pasado de ser de 19.000 millones en1997 a 32.000 millones en el ejercicio actual. ¿Ustedpodría decir lo mismo del presupuesto del Ministerio, oes que...? Bueno, quizás ahora con el pacto solucionemosalgunas lagunas.

Bien. «Implantar la formación continua de los funcio-narios» —punto número 7— . Bueno, mire usted, desdeel año 1998 la Consejería ha hecho una política de for-mación para los funcionarios que en este momento noslleva a un total de 108 cursos de formación, la mayoríade ellos sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil —Ley deEnjuiciamiento Civil tema tabú para usted; es decir, éseestá fuera del guión— , con un total de 5.400 plazas. Deellos, más de veinticinco cursos son presenciales —noa distancia, señor Rojas—, y van desde la informáticabásica y el nivel medio a lo que corresponde el nivel deusuario del Plan Adriano.

Señorías, usted ha planteado, en los puntos números 8y 9 de su moción, ahondar en la colaboración con elConsejo General del Poder Judicial para los cursos deformación continuada de jueces y magistrados, y le vamosa votar favorablemente ese punto. Y también el puntonúmero 9, que intensifica... Dice usted «intensificar el diá-logo con los sindicatos». Pero se lo vamos a votar nocomo usted dice desde esta tribuna porque no nos pasenada por votar que sí. A nosotros no nos va a pasarnada por votar que sí, por supuesto que no; pero lo vamosa votar desde la seriedad y el rigor que imprimen esosdos puntos, no porque no nos pase nada o porque ustedlo haya introducido en su declaración de principios: lovamos a hacer porque son los únicos dos puntos dondeha conseguido concretar.

Voy terminando, señorías. En el punto número 10, apo-yaremos, si usted la admite, la enmienda de IzquierdaUnida, porque creemos que con ella, pues, se puedenacelerar las vacantes, el cubrir las vacantes de los juecesy magistrados que tanta falta hacen en nuestra tierra.

En el número 12 de su moción dice usted que hayque completar una auténtica red andaluza de oficinas deatención. Mire usted, hay que completar la red, pero éstaes auténtica, no es una visión ni es un sueño que hayamostenido, y es una realidad; una realidad que, en la medidaen que tuviéramos más colaboración y más recursos paratenerla terminada, estaría ya.

Señor Rojas, usted se ha referido aquí al informe delDefensor del Pueblo; pero quizás se le ha olvidado —ya propósito— decir que, de las quejas que se presentanal Defensor del Pueblo, el 45% se dan en el ámbito pe-nitenciario, ámbito en el que la Junta de Andalucía no


tiene competencias, como usted perfectamente sabe,pero se le olvida decir en esta tribuna.

No carece, por tanto, de sentido, señor Rojas, queusted, en la número 13 de su moción, en el punto número 13,nos diga que planifiquemos la justicia gratuita. Mire usted,la justicia gratuita obedece a un mandato constitucionaly está regulada por ley. Los servicios que se prestandesde la Junta de Andalucía son altamente valorados.Pero, además, hay continuamente iniciativas como la no-vedad que ha supuesto en los últimos días poner enmarcha, desde la Junta de Andalucía con el Colegio deAbogados y la Dirección General de Instituciones Peni-tenciarias, el asesoramiento y la asistencia a más decinco mil quinientos reclusos. Eso son iniciativas, señorRojas, eso son propuestas, eso es acción de Gobiernoy eso es intentar sacar las cosas.

Pero —y voy concluyendo, señorías— el colmo quizássea, señor Rojas, el punto número 15 de su moción,porque usted en ese punto nos dice que deberíamosparticipar activamente en el desarrollo de las nuevas tec-nologías, en coordinación permanente con el resto delas Administraciones con competencia en materia de Jus-ticia. Ya parece que no se atreve usted a salir aquí adecir barbaridades —que las ha dicho en otras inter-venciones— sobre el Plan Adriano, pero ahora dice quetenemos que participar activamente.

Mire usted, señor Rojas, Andalucía hoy por hoy esla Comunidad Autónoma que tiene mejor desarrollado yque está totalmente compatibilizado su sistema informá-tico, y así lo ha reconocido el Consejo General del PoderJudicial. No se lo digo yo, que, por supuesto, estoy con-vencida: lo dicen los expertos del Consejo General delPoder Judicial. Y el único, parece ser, que en Andalucíano se cree esto es usted.

Han calificado estos expertos nuestro sistema delmáximo nivel, han dado el reconocimiento del máximonivel tanto al Plan Adriano como a la incorporación dela firma electrónica...


—Señora Castillo, debe su señoría terminar ya, porfavor.

La señora CASTILLO JIMÉNEZ

—Voy terminando, señor Presidente.Estamos, por tanto, señor Rojas, en colaboración per-

manente con el Consejo General del Poder Judicial, conel Ministerio y con las demás Comunidades Autónomas.

Porque, mire usted, en ese informe se decía que An-dalucía, por delante de Cataluña, por delante del PaísVasco y por delante del Ministerio, y sólo con financiaciónde los andaluces y de las andaluzas. Por lo tanto, estamoscolaborando con Cataluña y estamos colaborando conel País Vasco para decirles cómo hemos hecho nuestroplan informático, para perfeccionarlo en el procedimientocivil y en el de menores, que, como usted muy bien

sabe, aunque no lo traiga en su guión, hemos tenidoque asumir en esta Comunidad Autónoma sin ningunaayuda económica por parte del Ministerio.

Por tanto —y termino, señoría— , mano tendida, ypresenten iniciativas, en la medida de lo posible en po-sitivo, señor Rojas, porque se trata de construir. Porqueen Madrid se ha conseguido, porque el único que estáobsesionado aquí con la confrontación es usted, y porqueno me quiero bajar de esta tribuna sin decirle que paraque esa construcción sea definitiva, para que podamosavanzar en que realmente la Administración de la justiciay la Justicia en sí sean un servicio público, sería buenoque usted, de una vez por todas, afrontara alguno delos inconvenientes que últimamente tenemos, como lehe dicho antes, la incorporación de la Ley de Enjuicia-miento Civil, la incorporación de la Ley de Responsabi-lidad Penal del Menor... En fin, usted que tan bien seconoce algunas sedes judiciales, ¿cómo no concreta mássu propuesta para que con esos recursos tan necesariospara nuestra tierra podamos entre todos hacer un ver-dadero servicio público?

Gracias.


—Gracias, señora Castillo.Corresponde ahora el turno al portavoz del Grupo pro-

ponente, al señor Rojas.


—Señor Presidente. Señorías.La verdad es que agradezco el tono de los Grupos

políticos que han tenido la ocasión de intervenir en estamoción, y hay que relatar que, efectivamente, de estedebate tenemos que sacar algo siempre en positivo.

Yo creo que el debate, pues, nos va marcando unaspautas: unos Grupos políticos defienden una cosa, otrosdefendemos otra, bajo las perspectivas... Creemos quelas nuestras son las perspectivas de la realidad.

Resulta que aquí todo el mundo habla de transferen-cias y de lo mal que se hicieron las transferencias. Peroyo no he visto que los Grupos políticos que sustentanal Consejo de Gobierno hablen con la Consejera de quiéntuvo la responsabilidad de firmar esas transferencias,porque lo que no puede ser es que el que esté firmandolas transferencias dos meses después diga que esastransferencias no son válidas.

Señorías, yo creo que hay que ser más serios, y hablarde verdad más serios a los ciudadanos de Andalucía, yhablarles con más seriedad, con más rigor en los cono-cimientos de ustedes, que han sacado tantos datos tam-bién en este debate.

Señoría, ¿que la moción no es oportuna? Pues laverdad es que no veo por qué. ¿Que es una declaraciónde principios o de intenciones? Señorías, yo creo quehay que tener principios y que hay que tener intencionespara gobernar. Desde luego, si se tiene una política de


Gobierno que va sin ningún principio, sin ninguna inten-ción, sin ningún objetivo, al final lo pagamos todos losandaluces. Hay que tener principios, y ésta es una de-claración de principios, de intenciones, de hechos y derealidades, señorías.

Hay que profundizar en el pacto; lo ha dicho la portavozdel Grupo Socialista, a la que me iré refiriendo en laprimera parte de mi intervención. Dice que esto de pro-fundizar en el pacto ya está hecho, ya se ha firmado elpacto, y que, como se ha firmado el pacto, el primerpunto que presentamos de profundizar en el mismo notiene ningún sentido. Pues, señora Castillo, debería ustedestar más coordinada con su propio partido, porque elseñor López Aguilar, después de firmar el pacto, dijo quehabría que profundizar en el desarrollo del pacto y quehabría que profundizar en la vigilancia y en el cumplimientodel mismo. Coordínese usted con su partido, pues segu-ramente será de beneficio para todos.

Pero, señoría, dice usted que el pacto de Estado porla Justicia, incluso el pacto en nuestra Comunidad, puesla verdad es que lo han ofrecido ustedes siempre. Yome he estado leyendo las sesiones de este Parlamento,de esta Cámara, y precisamente eran mociones del GrupoPopular las que pedían una colaboración y un pacto alGobierno autonómico.

Dice usted que la Justicia como servicio público esacuñado ese término por el Partido Socialista. Pues laverdad es que lo desconozco, señoría, le digo la verdad,lo desconozco. Pero, como se puede usted referir a laJusticia como servicio público, también se puede ustedreferir a la Justicia como poder perfectamente; no se car-gue usted a Montesquieu como lo han pretendido haceralgunos compañeros suyos de partido, señoría.

Y habla usted de la Ley de Enjuiciamiento Civil; Leyde Enjuiciamiento Civil que hay que desarrollar, y quelos responsables de ese desarrollo son los responsablesdel Gobierno de la Comunidad Autónoma, y que han tenidomuchas deficiencias y que no han puesto los medios ma-teriales suficientes para el completo desarrollo de la ley.Eso está ahí, y eso también hay que hablarlo y hay quedecirlo con claridad, y reconocer los errores, que tampocopasa nada.

Señoría, ha hablado usted de ámbito penitenciario, ynos recrimina usted nuestra actitud silente en cuanto alámbito penitenciario. A mí me gustaría que revisara ustedlos acuerdos que tiene la Junta de Andalucía en temaspenitenciarios, con los presos, y los progresos que sehan hecho en los últimos tiempos, o la parálisis que hahabido en relación a estos acontecimientos, señoría.

Y definitivamente quiero agradecer también la posicióndel resto de los Grupos políticos, quiero agradecer eltono de las intervenciones y reiterarme en ello. Y quierotambién agradecer la voluntad política que ha tenido elGrupo enmendante, de Izquierda Unida, porque creo queha tratado de enriquecer este texto y lo ha hecho demanera sincera y leal, así como también quiero agradeceraquellos puntos donde vamos a estar de acuerdo con elPartido Socialista o, mejor dicho, vamos a recibir el apoyodel Partido Socialista, porque me parece que es impor-tante, aunque sea en pocos puntos, recibir el respaldo

del partido que apoya al Consejo de Gobierno y que sus-tenta al Gobierno autonómico, y creo que eso es impor-tante y ya hemos conseguido algo positivo de todo estedebate.

Pero, como decía, quiero agradecer al Grupo de Iz-quierda Unida sus enmiendas. Yo creo que hemos pre-sentado unos puntos perfectamente asumibles por el restode los Grupos políticos, como decía anteriormente; perola enmienda que nos hace Izquierda Unida va en relacióncon cuatro enmiendas diferentes, tres de adición y unade modificación.

Izquierda Unida plantea sustituir el texto del punto quin-to por un texto alternativo que inste al Consejo de Gobiernoa garantizar en los futuros presupuestos de la Junta laspartidas correspondientes al plan de infraestructuras. Puesbien, señor Romero, estamos de acuerdo con el tenorde su propuesta. Quizás no coincidimos en el tiempo decumplimiento del PAC, pero está claro que los planesque se presentan en esta Cámara están para ser cum-plidos, para ser ejecutados. Pero creemos que la correctaubicación de esta enmienda estaría en el punto número 3,donde precisamente nosotros hacemos referencia al plande infraestructuras. Por tanto, sería una adición a esepunto tercero en lugar de una sustitución por el puntoquinto.

De otro lado, señoría, no es posible sustituir el puntoquinto, ya que en el mismo estamos haciendo referenciaa un avance en política de inversiones, y, bien, este avanceen políticas de inversiones puede discurrir perfectamentede forma paralela al Plan de Infraestructuras Judiciales.Mas este punto quinto, en su segundo párrafo, creemosque pone el dedo en la llaga sobre algo que estamosdesgraciadamente tan acostumbrados a tratar en esteCámara, como es la ejecución presupuestaria.


—Señor Rojas, ruego a su señoría que vaya abre-viando. Conteste usted las enmiendas, pero vaya abre-viando en su argumentación, porque el tiempo...


—Termino enseguida. Y más lo avanzado ya de lanoche.

Decía, señoría, que me imagino que su señoría noquerrá mutilar las exigencias que debemos realizar todoslos andaluces a nuestro Gobierno autónomo para que seejecuten los presupuestos, para que se cumplan los adeu-dos que por ley se han contraído, y si sustituimos estepunto número cinco estaríamos solamente exigiendo laejecución presupuestaria del plan. Pues bien, señoría,señor Romero, simplemente le haremos una considera-ción técnica respecto a esto: que convierta su enmiendade modificación en una de adición y que ésta sea sobreel punto tercero que presentamos y no sobre el puntoquinto.

Por otro lado, señoría, respecto a su enmienda relativa


al punto sexto, la consideramos razonable —antes hahablado también de ella la portavoz del Grupo Socialis-ta— : queremos que se impulse una política estable parael desarrollo de la justicia de paz, coordinando medidasfinancieras que ayuden a los municipios andaluces aprestar un servicio efectivo.

Como decimos, señorías, ustedes vienen a enumerar—y voy concluyendo ya, señor Presidente— una de lasmedidas que pueden articular este impulso, como esque se establezca una coordinación con la FAMP paraelaborar un mapa concreto de las deficiencias de losjuzgados de paz y para presentar un programa de ac-tuaciones que subsane estas deficiencias. No es la únicamedida, pero es una excelente piedra de toque, un ex-celente primer paso, y, por tanto, la vamos a incorporar,como no podía ser de otra forma, a nuestro texto.

Y finalizo ya, en cuanto al texto que ustedes quierenañadir al punto número 10 y que también ha aludido almismo la portavoz del Grupo Socialista, que lo conside-ramos razonable siempre que se actúe dentro de unmarco coordinado, eficaz y respetuoso de lo que debenser las relaciones con la Administración de justicia enAndalucía. Por tanto, aceptaremos también el tenor queustedes proponen y lo incorporaremos a nuestro texto.

Y concluyo diciendo que el punto número 16, señorRomero, es un punto que perfectamente está integradodentro del primero que nosotros presentamos, y, por tan-to, en ese desarrollo, en esa profundización del Pactopor la Justicia, habrá que articular de alguna forma lasmedidas para coordinar todas las políticas de Justiciaen las Comunidades Autónomas y en el Gobierno central.

[Aplausos.]


—Muchas gracias, señor Rojas.Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario

de Izquierda Unida, señor Romero.


—Gracias, señor Presidente.Desde aquí, con brevedad, para decir que acepto la

modificación de la enmienda al punto número 5 —seríade adición al punto número 3—, y esa propuesta delGrupo Parlamentario Popular y de su portavoz, señorRojas, queda aceptada. Sería una transaccional, porqueya no sería una modificación, sino un añadido al puntonúmero 3.

También agradezco que se incorpore la enmienda deestablecer un diálogo con la FAMP, constructivo, parahacer el mapa que mejore y que señalice una radiografíade las deficiencias de los juzgados de paz en Andalucía;me parece interesante que se admita el punto 10.bis yque coincida también el Grupo Socialista con esa pro-puesta.

Y no me parece correcto políticamente por parte delproponente del Grupo Popular no aceptar la enmienda

número 16 y decir que está implícita, porque hay ya unacuerdo y un diálogo con Cataluña, con Canarias, y hayuna dotación presupuestaria para aplicar en todo el Es-tado el Pacto por la Justicia. Y de lo que aquí se planteano se dan cantidades ninguna, sino unas transferenciaseconómicas adecuadas, que es una manera de plantearcon claridad un respaldo parlamentario a que ese acuerdose cumpla. Yo incluso le diría que, al no contemplarlo,decae. Pero, si usted reflexionara de nuevo sobre ella,le plantearía la posibilidad de una transaccional, ade-cuándola como añadido al punto primero, donde se dijeraque una de las ideas del diálogo y de la profundizaciónconsiste también en la transferencia económica adecuadapara la modernización de la Justicia en Andalucía o laaplicación del plan en nuestra Comunidad Autónoma.Tenga en cuenta que no hablamos de cantidad, pero síhablamos de compromiso. Y no sólo del desarrollo delplan en su conjunto: hay un apartado, el plan tiene unadotación presupuestaria, hay ya acuerdos con varias Co-munidades Autónomas, a Andalucía van a venir unosrecursos, no decimos qué cifra debe venir, pero sí quesea adecuada a la modernización de la Justicia en nuestraComunidad Autónoma.

Y por lo demás, agradecer que el debate sea cons-tructivo, aunque haya terminado tan tarde, y felicitarnospor la inocencia del ciudadano español en el tribunal deFlorida, que acaba de decidir el jurado, que es una noticiapositiva, hermosa, no sólo de eliminar la pena de muertede un ciudadano de nuestro país, que es un país abo-licionista de la pena de muerte, sino del esfuerzo de sufamilia, de las instituciones andaluzas y de nuestro pue-blo, que ha colaborado para que haya un juicio justo.

Muchas gracias.


—Muchas gracias, señor Romero Ruiz.Para finalizar el debate tiene la palabra el portavoz

del Grupo Parlamentario Popular, señor Rojas.


—Pues muchísimas gracias, señorías, por este enri-quecedor debate, y desde nuestro Grupo queremos agra-decer también, reiterar nuestro agradecimiento al enmen-dante, el portavoz de Izquierda Unida, y decir queestaríamos dispuestos a asumir en el primer punto unapartado que diga «con medidas adecuadas para el cum-plimiento posible del plan», que en esta profundizaciónse establezcan las medidas entre todos adecuadas parapoder cumplir el plan. Pero creo que, de todas maneras,eso estaría implícito en el punto número 1.

Señorías, creemos, en definitiva, que es hora de quenuestro Gobierno autonómico huya de las confrontacio-nes —que no son ficticias, como aquí se ha dicho— yaproveche los recursos que se nos plantean en el futuro,y los recursos presupuestarios también de la ComunidadAutónoma de Andalucía para convertir a nuestra Justicia


en un servicio público ágil y eficaz. Si queremos ser unpueblo audaz que conjugue la imagen de calidad de vidacon la de un pueblo en continuo crecimiento y convergentecon Europa, no podemos permitir, señorías, que nuestraJusticia se imparta en tenderetes o vivacs de alquiler. Yesto hay que decirlo así de claro, y si le duele al equipode Gobierno le tiene que doler, pero es así de claro.Porque, señorías, desde que se asumieron las compe-tencias, el Gobierno autonómico no ha hecho ni una nuevasede judicial, y ésa es una realidad que tenemos queasumir, ustedes, nosotros y todos los Grupos políticos,y tendremos que proponer las medidas para atajar esaactuación de Gobierno, para hacer que no se vuelva arepetir y para mejorarla, y, por tanto, estas propuestasque hemos presentado están llenas de intenciones, deintenciones tanto como de realidades.

Señorías, esta política errónea de arrendamiento hahecho que hoy estemos pagando los andaluces 1.100 mi-llones de pesetas anuales en concepto de arrendamientode sedes judiciales que no están preparadas para queen ellas se imparta la Justicia.

Pero creemos, señorías, que no es hora de desgranarreproches ni es hora de hacer un debate estéril: siemprenos hemos comprometido a hacer un debate en positivo.Es tiempo para que el Gobierno de la Junta asuma loque ya asumió en 1997, que no eche más la vista atrásde competencias que fueron firmadas por el propio Go-bierno andaluz en 1997. Ese debate está acabado, estáfiniquitado. Ahora hay que trabajar por el futuro de An-dalucía, señorías, por el futuro de la Justicia de Andalucía.Porque detenerse a contemplar la trayectoria que hanseguido otras Administraciones autonómicas en compe-tencia de Justicia, con competencias transferidas, dete-nerse a considerar las inversiones de la Justicia que hanrealizado esas Administraciones autonómicas, te hace re-flexionar, señorías, sobre el modelo de gestión, que note hace pensar que haya un fracaso del modelo autonómico,sino que te hace pensar que ha habido muchos erroresque hay que corregir en los que han gobernado durante20 años Andalucía.

Y, señorías, en política, en Justicia, como en todoslos órdenes de la vida, hay que hacer un tiempo para lareflexión, hay que hacer un tiempo para dejar la auto-complacencia el que lleva gobernando 20 años. Y creoque ese debate tenemos que trasladarlo a la Justicia yreconocer los errores que se han cometido. Sin acritud,sin hacer un debate estéril, pero sacando medidas quesean positivas. Nosotros al menos nos congratulamos deque podamos sacar puntos, apoyados incluso por el Par-tido Socialista. Eso para nosotros supone un estímulo,supone seguir avanzando en materia de Justicia y suponeseguir trabajando por lo que creemos que está mal.

El panorama que ha propuesto la portavoz del GrupoSocialista nos presenta una Andalucía idílica. Aquí noexiste ningún problema, aquí no hay ningún problema enlos juzgados, aquí se cumple con la normativa en temasde salud laboral en todos los juzgados de Andalucía, aquítenemos unos palacios de justicia maravillosos. Pero ésano es la realidad. La realidad es otra bien distinta.

Que nosotros a veces podemos proponer cosas que

sean difíciles de cumplir por el equipo de Gobierno escierto, es cierto. Por eso hemos propuesto 15 cosas yno hemos propuesto 45, porque creíamos que se podíancumplir las 15 cosas que proponemos.

Señorías, son principios, son realidades, son proyectosque ustedes debían de haber asumido hace cuatro años.Nosotros estamos en la oposición, lo hacemos como cree-mos que se debe hacer, proponiendo, ayudando al equipode Gobierno y estimulando al Consejo de Gobierno dela Junta de Andalucía. Al menos hemos tenido la opor-tunidad de hablar de Justicia, de poner de relieve lasdeficiencias y de intentar también mejorar la situación,que creemos que es muy deficitaria. Yo creo que losandaluces agradecerán sin duda este debate.

Muchas gracias.[Aplausos.]


—Muchas gracias, señor Rojas.Señor Rojas, por favor.Muchas gracias, señor Rojas.Señorías, se han formulado dos enmiendas transac-

cionales sobre las enmiendas del Grupo Parlamentariode Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalu-cía. La primera enmienda transaccional consiste en quela primera enmienda del Grupo Parlamentario IzquierdaUnida de sustitución del punto número 5 pasa a ser unaenmienda de adición al punto número 3. Repito: pasa aser una enmienda de adición al punto número 3. Y laotra enmienda transaccional que se ha presentado esque la enmienda que aparece como número 4, es decir,al punto 16 de Izquierda Unida, pasaría al final del puntoprimero con la siguiente redacción: «con medidas ade-cuadas para el cumplimiento del plan».

Señorías, ¿existe acuerdo para la tramitación de lastransaccionales? Así se declara.

Señor Romero, ¿su señoría acepta las transacciona-les? Quedan, por lo tanto, incorporadas a los puntos re-feridos de la moción.

Han sido, como sus señorías saben, aceptadas por elponente la enmienda número 2 y la enmienda número 3del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida; vamos, porlo tanto...

Señor Gracia.

El señor GRACIA NAVARRO

—Sí, señor Presidente.Para pedir votación separada de los puntos 8 y 9 de

la moción, y también de la enmienda del Grupo Parla-mentario de Izquierda Unida que significa la adición deun punto 9, 10.bis.


—Muchas gracias, señor Gracia.


Señorías, votamos los puntos 8, 9 y el que en estemomento aparece como 10.bis, producto de la enmiendadel Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

Se inicia la votación.El resultado de la votación es el siguiente: han sido

aprobados, al haber obtenido 92 votos a favor, ningúnvoto en contra, ninguna abstención.

Señorías, votamos a continuación el resto de la moción.Se inicia la votación.El resultado de la votación es el siguiente: han sido

rechazados, al haber obtenido 38 votos a favor, 54 votosen contra, ninguna abstención.

Señorías, antes de suspender la sesión, comunicarlesque se reanudará el Pleno mañana a las nueve de lamañana con el punto sexto del orden del día, solicitudde creación de Comisión de investigación; a continuaciónse verán las preguntas al Consejo de Gobierno, y estáprevisto que se puedan debatir una o dos proposicionesno de ley en la sesión de la mañana.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.


DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍAElaboración y composición: Servicio de Diario de Sesiones y Publicaciones no Periódicas

Impresión: Parlamento de Andalucía. Sevilla. ISSN: 1133-0228 Depósito Legal: SE. 336-1982


DIARIO DE SESIONES - Defensor del Pueblo Andaluz...El Toyo, Almer ía, formulada por la Ilma. Sra. D...

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