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DISEÑO INSTITUCIONAL NEOLIBERAL:

EL MODELO SOCIOECONÓMICO CHILENO Y SUS CONSECUENCIAS1

Dr. Francisco Báez Urbina

Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile

francisco.baez@upla.cl

RESUMEN

El presente artículo es parte de una línea de trabajo centrada en el campo de la

acción colectiva y el diseño institucional en Chile. El objetivo de la línea de investigación

es contribuir, teóricamente desde la teoría social analítica, al conocimiento tanto de la

naturaleza como de las consecuencias que el rediseño institucional des colectivizador

operado en Chile entre mediados de la década 70 y la década del 2010 ha venido teniendo

sobre los diferentes dimensiones de la sociedad chilena, dejando planteados algunos

elementos preliminares de diseño institucional. Es decir, un diagnóstico institucional, socio

político y socioeconómico, hecho desde el enfoque analítico, y teniendo como foco el país

surgido a partir de las transformaciones ocurridas entre 1973 y 2010.

PALABRAS CLAVE

Diseño institucional, desigualdad, concentración, individualismo, acción colectiva, Chile.

I. INTRODUCCIÓN

El presente texto ofrece una caracterización somera del proceso de rediseño

institucional ocurrido sobre la sociedad chilena, el llamado modelo chileno, e intenta definir

algunas de las consecuencias generadas por este para la población. Desde el enfoque de la

teoría social analítica, sostenemos que el problema de la descolectivización en Chile

proviene del rompimiento unilateral del contrato social entre clases ocurrido a mediados de

1 Artículo escrito como parte del proyecto de investigación Iniciación N° 11130026 financiado por FONDECYT y patrocinado por la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile.

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los 70, y que ello habría traído consigo una serie de consecuencias observables tanto en el

terreno político, como en el económico y cultural. Dicho rompimiento, que desde el estudio

de la acción colectiva y el diseño institucional entendemos como un problema de acción

colectiva entre clases o sectores sociales determinados, habría traído consigo el vaciamiento

político, la despolitización de la esfera económica y la social, la caída de la actividad

colectiva como forma relevante de acción social y resultados socioeconómicos de éxito

relativo entre las diferentes categorías socioeconómicas, es decir, resultados de altísimos

beneficios agregados para algunos sectores sociales respecto de otros, a saber, la elite

oligopolico financiera, respecto de vastos sectores tercerizados, desprotejidos y

precarizados de la economía nacional.

2. EL MODELO Y SUS DIMENSIONES: EL META DISEÑO INSTITUCIONAL

IMPLANTADO

Para nosotros, un modelo es un conjunto de variables, de dimensiones y de

supuestos comportamentales que, organizados de tal modo, pueden de manera conjunta

obtener el logro de ciertos resultados esperados.

Cuál es el modelo de sociedad que impusieron luego del quiebre unilateral del

contrato y que vino a reeemplazar el modelo centrado en el trabajo y en los derechos

economicos y sociales? Cuál es el modelo que posibilita la restitución del poder de clase

aunque ahora en manos del capital financiero y ya no del industrial? Cuál es el esquema de

sociedad que permite volver a dinamizar la acumulación de capital? En lo que sigue, se

describirán a grosso modo las caracteristicas propias del diseño institucional neoliberal

implantado en Chile entre fines de los 70 y fines de los 80.

2.1 Sobre las bases y la orientación del modelo.

Hablar del modelo chileno es sinónimo de hablar de un tipo de modernización

asociado a la idea de la privatización, de la concentración, de desregulación radical, de des

institucionalización de las reglas del juego de la sociedad del trabajo, de la

institucionalización de las reglas del juego propias de lo que se ha dado en llamar la

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sociedad del consumo, de la destrucción del modelo centrado en los derechos colectivos y

la instauración de un modelo centrado restrictivamente en las libertades individuales. Es

decir, la instauración de un modelo de intercambio sin política y sin sociedad y donde sólo

cabe la economía. No la ciencia económica, que a ratos puede alcanzar grados de

progresismo político que a veces la sociología estándar no puede alcanzar, sino la

economía; la economía, como esfera de la reproducción de la racionalidad instrumental

ampliada utilitarista.

En ese sentido, el modelo chileno ha consistido en un conjunto de instituciones

políticas y económicas que desde los años ochenta se vienen diseñando para que el 1% de

la población se quede con el 31% del producto. La distribución funcional del ingreso lo

demuestra. En 1973, los beneficios para el capital giraban en torno del 40% del producto y

los beneficios para el trabajo, en torno al 60. En 1990, la proporción era al revés, 40 para el

trabajo y 60 para el capital. En 17 años la dictadura había destruido todas las conquistas

sociales materiales e inmateriales del movimiento social democrático del SXX, y

construido las bases para la construcción de una sociedad de mercado completamente

desigual y que aseguraba tasas de rendimiento para el capital sólo comparables a nivel

global con los tiempos de la Belle Epoque, es decir, a comienzos del XX. En 2015 el

comportamiento del indicador es similar al del año 90. Es decir, la Concertación no hizo

nada al respecto. En ese sentido, el neoliberalismo ha implicado un estructural proceso de

transferencia de riqueza bottom up (de abajo hacia arriba), todo lo contrario a la fantasiosa

ideología del trickle down, la promesa del chorreo pinochetista.

A nivel global, los gobiernos, las clases medias y las clases trabajadoras se han

venido empobreciendo a favor de oligarquías globales que han decidido dejar de financiar a

la sociedad imponiendo una retorica de austeridad fiscal vestida de teoría económica

técnicamente especializada y distributivamente excluyente en la práctica. En palabras de

Cleary y acerca del modelo chileno: “El actual modelo sociopolítico y económico nacional,

de auténtico carácter “expropiatorio” por parte de las élites, ha impedido una distribución

meritocrática de la riqueza y ha garantizado a una minoría su retención sobre la base de

políticas públicas diseñadas deliberadamente para este objetivo” (Cleary, 2015).

Los Estados sociales ceden cada vez más terreno y, en su retroceso, se van

desempoderando políticamente a la hora de hacer frente a la hegemonía creciente del

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capital financiero, lo que va generado el escenario actual global: la captura del Estado y del

sistema político por parte de la derecha económica global. En Chile sabemos bastante de

esta historia, y esto, pese a que la clase política se siga vistiendo de demócrata.

La política tiene que ver con como organizamos lo público, lo colectivo. Y el tipo

de esquema impuesto por la dictadura y consolidado en la transición por el centro político

generó una estructura de distribución de oportunidades y recursos absolutamente regresiva.

Relacionado a ello, creemos que la desigualdad económica es producto de la desigualdad

política y que la des colectivización –como lo político- no tiene que ver únicamente con lo

político, sino que tiene que ver fundamentalmente con lo económico, es decir, con la

distribución -lo más equitativa posible- de lo producido socialmente.

Sabemos que el capital es una relación social históricamente constituida y basada en

el antagonismo político y económico prototípico a establecer entre propietarios y no

propietarios, y que el mundo moderno, la configuración institucional básica de la

modernidad industrial, su eje constitutivo central, su viga maestra, esta conformada

principal o fundamentalmente (no enteramente) sobre la intensificación y aceleración de

ese antagonismo interdependiente entre capital y trabajo; es decir, entre sectores sociales

que históricamente se han ido haciendo poseedores de los medios materiales e inmateriales

necesarios para la producción y la conducción del proceso de producción social, y los no

poseedores de dichos recursos. Quienes han acumulado y quienes han desacumulado.

Ahora bien, básicamente, también sabemos que el proceso de acumulación / des

acumulación de unos y otros se decide en el terreno de la contienda política, es decir, en el

terreno de la correlación de fuerzas políticas (las acumulaciones, las hegemonías) en un

momento histórico concreto. El escenario del conflicto será, por tanto, el de la lucha de

intereses corporados de clase. En ese sentido, tanto las victorias parciales como las derrotas

parciales de uno u otro lado le van permitiendo aumentar o disminuir el grado de

acumulación respecto del oponente o aumentar o disminuir el grado de explotación también

respecto de aquel. En esa dirección, la contienda o la disputa política van teniendo como

objetivos no otro que el de la depuración o modificación de los mecanismos institucionales

que les van permitiendo en la misma confrontación, desestructurar políticamente -y a veces

militarmente- al adversario. En el Chile de 1973, la desestructuración fue política y militar

y no al oponente sino al “enemigo” interno: al mundo del trabajo organizado políticamente.

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Precisamente eso es lo que ha pasado en el terreno de lo público en las últimas tres a cuatro

décadas, la emergencia de un completo y especializado proceso de desestructuración, de

fragmentación, de segmentación y de debilitamiento radical del mundo del trabajo por parte

de una derecha económica cada vez más exitosa, triunfante y organizada políticamente.

Dejando a un lado la fragmentación de la matriz productiva post industrial, subcontratación,

precarización, contratos temporales, deslocalización, facilitación y abaratamiento del

despido, prohibición de negociar colectivamente, flexibilidad de las condiciones de trabajo,

entre otros, constituyen mecanismos conscientemente desarrollados por las patronales en

las últimas décadas para intentar desarticular los mecanismos de cooperación horizontal

creados por los trabajadores organizados durante parte importante del Siglo XX y

enfrentarlos entre sí. (El capital rompió los lazos de solidaridad intraclase y llevó al mundo

del trabajo a pasar de un estado político de cooperación horizontal a uno de no cooperación

horizontal, o de competencia intraclase por los mejores puestos de trabajo).

Creemos que una cosa son los sistemas de preferencias electorales y su propia

dinámica (la política y el sistema de partidos), y otra el diseño o el meta institucional: las

reglas del juego e incluso las preferencias diaparadas a nivel micro (individual) por dicho

sistema de reglas del juego. En ese sentido, el meta diseño institucional para nosotros es un

conjunto determinado de meta reglas del juego (reglas constitucionales, jurídicas,

económicas, políticas y también psicológicas), que permiten y promueven cierto tipo de

orientaciones en los intercambios entre particulares. En ese sentido, contiene la cosa

constitucional (norma fundamental), la cosa organizacional estatal (la forma y la cantidad

de burocracia estatal) y la cosa institucional propiamente dicha (la estructura de incentivos,

es decir, la psicología política resultante). Nos ocuparemos en algún grado de lo primero y

de lo último.

Respecto de la cosa constitucional, es decir, respecto de la cosa macro, los derechos

democráticos son el resultado de encarnizadas luchas sociales anti hegemónicas contra la

concentración oligárquica y pueden ser ordenadas en oleadas, en etapas, en generaciones.

En este sentido en los últimos 200 años es posible contar una historia de flujos

democratizadores que nacen en Francia en 1789, como también por desgracia, de los

reflujos des-democratizadores actuales que nacerían en el Chile de 1973. Entre estas etapas

u oleadas podemos contar con varios momentos: Las constituciones sociales republicanas

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del período de entreguerras (escritas con pretensiones emancipatorias), las constituciones

sociales del período de postguerra (escritas con pretensiones políticas más integradoras

socialmente hablando, que revolucionarias o emancipatorias), y la constitución mixta global

y el constitucionalismo antidemocrático actual (se aceptan ciertas libertades publicas y

derechos de participación pero el poder esta concentrado en grandes poderes económicos)

(Pisarello, 2011). Entre estas últimas, la chilena de 1980 puede ser entendida como la

venganza del capital (o del rentista) y como la anulación de la política y del poder

constituyente (potestad normativa) de las clases medias y bajas. Un texto que funciona

como norma fundamental del meta diseño institucional chileno y que pone al orden

espontáneo a resguardo del voto y la soberanía popular (o de la “tiranía de la mayoría”). De

hecho, según Atria, la Constitución de 1980 se construye para protegerse del pueblo y de

las consecuencias nefastas del sufragio universal. (Esto de dar voz y voto a los pobres no es

bueno para la estructura de propiedad; y ojo, para Jaime Guzmán la estructura de propiedad

es anterior al Estado y a las leyes).

Como es bastante sabido, el caso chileno es bastante particular: Los esquemas

institucionales propios de la generación de constituciones emancipatorias y de alto

contenido social de comienzos del Siglo XX se mantienen a través de la Constitución del

25 hasta los años setenta, consagrando cada vez más derechos fundamentales para las

grandes mayorías. Es una constitución que con el desarrollo político del siglo se va

haciendo extemporánea para las pretensiones de beneficio del capital, pues va permitiendo

la consolidación de esquemas de desarrollo social nacionales que van sobrepasando cada

vez más los límites de permisividad de la hegemonía del capital respecto del trabajo.

En ese contexto, la Constitución del 80 se construye bajo la idea guzmaniana

expresa de limitar o bloquear el campo de acción de la potestad normativa de las clases

medias y bajas. Es decir, con ello la derecha se aseguró, por un lado, ser ella misma un

poder de veto demoledor, y por otro, ganar institucionalmente siempre aunque perdiese

electoralmente siempre. Todo ello, pese a las bulladas reformas de 1989 y de 2005 que no

disolvieron en nada el contenido radicalmente des democratizador de su centro firme. No

olvidemos que para Guzmán la democracia atenta contra el ejercicio del derecho de

propiedad y la libre empresa.

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Ahora bien, respecto de lo micro, es decir, respecto de la cosa institucional, y desde

el vínculo entre neo republicanismo y sociología analítica, entendemos como diseño

institucional –o “meta diseño institucional”- al conjunto de las “intervenciones en todos los

acuerdos que coordinan la conducta de los individuos dentro de la sociedad” (…) “Incluyen

los procedimientos establecidos a nivel constitucional o legalmente, pero también abarcan

cuestiones que están apenas sujetas a normas y convenciones o que están fijadas

únicamente por presiones y perspectivas tácitas o registradas acaso ocasionalmente” (Pettit,

2003). Esto está basado en al menos tres supuestos comportamentales básicos: 1) la

conducta en sociedad es sensible a oportunidades y a incentivos disponibles en ciertas

situaciones de intercambio entre agentes; 2) dichas estructuras de oportunidades pueden ser

modificadas externamente de manera tal que se pueden obtener resultados agregados

determinados esperados o no; y 3) existen ciertos criterios que pueden servir para evaluar si

ciertos patrones agregados de conducta son más deseables que otros, dado lo cual puede

resultar mas atractivo promoverlos frente a otras alternativas o líneas de acción. Es decir, y

posicionándose dentro del republicanismo académico, la conducta puede perfeccionarse,

orientarse, promoverse, desde ciertos criterios producidos al interior del juego social y la

disputa política. Así, las instituciones, o los resultados persistentes, son producto de la

correlación de fuerzas propia de un escenario político determinado y expresan hegemonías

sociales y culturales específicas. Esto es, el poder. Por su parte, si el meta diseño consiste

básicamente en la creación de un esquema o forma determinada de promover ciertos

resultados valiosos y no otros, entendemos como rediseño institucional al conjunto de

procesos de re organización de las reglas del juego y de estructura de incentivos que re

encamine la obtención de ciertos resultados económicos y sociales y no de otros. A veces

incluye el recambio de los grupos que ejercen la hegemonía sociocultural, política y

económica en un contexto de intercambio específico (B. Guy Peters, 2003; Pettit, 2003).

Dicho proceso de rediseño, que buscó un heterogéneo y general proceso de des

colectivización y des universalización de los derechos intencionalmente promovido desde

el Estado, involucró el desmantelamiento de lo que se conoció como el capitalismo

organizado o contra reformado del segundo tercio del Siglo XX. Dentro de ello, y

concretamente en nuestro caso de estudio, el proto Estado social chileno. Sostenemos que

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dicho proceso se ha desarrollado por medio de diferentes procesos institucionales

relacionados, esto es:

• la des-colectivización organizacional pública (estructura de la administración

estatal),

• la des-colectivización constitucional (la estructura de las reglas del juego a

escala nacional), y a

• lo que desde la sociología analítica se define como lo institucional propiamente

tal y, que (para fines metodológicos), asociamos la psicología política que hay

detrás, por tanto, a “lo cultural”: el fomento o incentivo de motivaciones

utilitaristas de primer orden a la no cooperación en la provisión de bienes

públicos (en adelante, BP. Schelling, 1989; Elster, 1989, 1995, 2010; Báez

Urbina, 2009).

Es decir, el derrumbamiento de la orientación universalista de los BP producidos

por el Estado, la caída de la identidad colectiva referida a lo nacional y el desprestigio

observado de la actividad colectiva como forma relevante de acción social, entre otros

fenómenos asociados.

Como vemos, hay una correspondencia entre el nivel macro, es decir, la cosa meta

institucional o constitucional –las reglas del juego-, y el nivel micro, es decir, la

constatación –verificada en el nivel del comportamiento individual esperado u observado-

de las modificaciones en la estructura de incentivos.

2.2 Causas: La elite chilena y el quiebre unilateral al pacto social.

En esa línea, y como sabemos, el capital reaccionó frente a las restricciones a la tasa

de ganancia del capital impuestas por el contrato de post guerra (y del modelo nacional

popular) y se reposicionó en el concierto económico global (1) restituyendo el proyecto de

clase de la nueva oligarquía (el capital financiero) y (2) acumulando poder económico y

político; poder que –a su vez- le sirvió –como actualmente puede observarse a nivel

nacional y mundial- para disciplinar a una clase política de centro izquierda sin teoría ni

convicciones, capturar el Estado, y así definir las nuevas reglas del juego (como, por

ejemplo, bajar impuestos a las utilidades. Hoy, los ricos prácticamente no pagan el

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financiamiento de la sociedad. De ahí, por ejemplo, que la educación en países liberales sea

financiada principalmente por las familias. Pasamos del estado de: “todos financiamos lo de

todos”, a “cada quien paga lo suyo”. Fue el quiebre unilateral de la acción colectiva

organizada socialmente y del capitalismo organizado.

El neoliberalismo es una teoría de lo social, lo político y lo económico (e incluso lo

cultural) que señala que la mejor manera de promover el bienestar dentro de la población,

consiste en no restringir el supuestamente espontáneo y libre desarrollo de las capacidades

y de las libertades emprendedoras del individuo. Todo esto, dentro de un diseño

institucional marcado por el respeto a los derechos de propiedad privada, por la libertad de

emprendimiento individual y por tanto de robustos mercados libres de regulación estatal.

Dentro de ello, el Estado sólo debe crear, fortalecer y preservar dichos imperativos

absteniéndose de intervenir en el libre desarrollo de dichas capacidades individuales. Junto

a ello, debe garantizar y asegurar, incluso mediante la fuerza, el correcto funcionamiento de

los mercados privados y la estructura de propiedad privada resultante. Las libertades

individuales, y ya no los derechos colectivos de las mayorías, se garantizan por medio de la

promoción y del respeto de la libertad de mercado y de comercio (Gárate, 2014; Harvey,

2007; Viera, 2013). Las motivaciones, en cuanto a psicología política (disposición a

proveer bienes de uso colectivo) previstas en la teoría economica estándar, son la

maximización individual egoísta la cual –según la famosa aseveración de Smith- generará

más beneficio colectivo (BP) que si una institución central supra individual le dedicara

tiempo y empeño organizado (Elster, 2010). Los sistemas de intercambio privados han

existido siempre, no obstante, la institución del mercado moderno es una creación política

(cfr. Polanyi) que el liberalismo académico, político y económico han impuesto y

legitimado de manera incondicional en el sentido común contemporáneo global. En ese

sentido, en las áreas o esferas en donde los mercados privados no existen (o donde no

existían hasta los años 80, como en las esferas de la educación, la salud, la seguridad social,

el agua, etc.), deben ser creados artificialmente por el Estado para asegurar beneficio

privado al capital (comodificación). No obstante ello, una vez creados por el Estado, este

debe replegarse pues no puede obtener toda la información necesaria para coordinar una

economía eficiente y porque dicha institución central será fácilmente capturable por

poderosos grupos corporativos de interés que distorsionarán los marcos de una economía

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eficiente y próspera. La fe liberal se basará por tanto, digamos, en dos dogmas: la

autorregulación y equilibrio de los mercados y la benevolencia de la mano invisible del

mercado (de Francisco, 2007), dogma basado en el citado mecanismo de mano invisible

previsto por Smith. O más bien, por la lectura liberal de Smith (Casassas, 2010).

Los orígenes de la receta global de la descolectivización, de la des universalización

de los derechos económicos y sociales, de la desregulación económica radical, del

desmontaje –en definitiva- del meta diseño institucional propio de la sociedad del trabajo,

el desarrollismo keynesiano, se probaron en Chile entre mediados de la década 70 y

mediados de la década 80 (lo que nos convierte en conocedores experimentados tanto de la

naturaleza como de los efectos de dichos procesos de desmontaje).

Consideramos el problema de la des-colectivización como el problema del quiebre

unilateral del contrato social entre clases por parte de la élite económica, esto es, el

problema de la no cooperación de agentes corporados de clase con respecto al resto del

colectivo, lo que se posibilitó sólo sobre la base de la caída inducida de la actividad

colectiva popular y clase mediera como forma relevante de acción social, y del vaciamiento

y la despolitización de la esfera social y económica; situaciones que generaron, como

consecuencia, la ya referida importante diferenciación en los resultados socioeconómicos

obtenidos por los diferentes grupos sociales de la población. La desigualdad económica es

producto de la desigualdad política. Entendemos dicho quiebre unilateral como un

problema de acción colectiva entre clases o sectores sociales determinados, donde los

resultados de la comunidad económica nacional, son considerados BP. En este caso, de la

élite económica respecto del resto de la población, o a decir por el ejercicio conceptual

hecho por Elster y que nos aporta base teórica central para nuestra reflexión, el capital

respecto del trabajo (Cfr. 1989: 248). Es decir, el rompimiento unilateral del contrato (golpe

de Estado de 1973 y neo liberalización de la sociedad chilena post 1980), implicó la

desarticulación del compromiso de clases de la post guerra y las certezas y logros

conseguidos por el movimiento social obrero, lo que implicó la privatización y pérdida de

patrimonio colectivo (propiedad pública), la desarticulación violenta de la acción colectiva

popular de clase (destrucción de la organización social y obrera), y la revolución cultural

neoconservadora a nivel de psicología política (legitimación simbólica). Al respecto,

creemos que “(…) Una sociedad está en equilibrio cuando las actitudes – creencias y

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aspiraciones - generadas por sus instituciones se sostienen mutuamente y sostienen a esas

mismas instituciones” (Elster, 1995:116).

En relación a ello, definimos des-colectivización como el proceso de desinstalación

de las regulaciones colectivas y universalistas propias de la modernidad organizada del

segundo y tercer cuarto del Siglo XX (el capitalismo organizado o reformado) que

aseguraban ciertas protecciones y mecanismos de retribución de los resultados sociales y

económicos logrados en términos macro: los derechos económicos y sociales (Castel, 2013

y et al. 2013; Domènech y Raventós, 2010; Domènech, 2013 y 2013b; Harvey, 2007;

Rosen, 2010). Esto es, el complejo conjunto de procesos constitucionales (las reglas del

juego legales), organizacionales (racionalización y privatización de activos públicos) e

institucionales (la re estructuración de los incentivos a nivel individual) promovidos desde

el Estado, y que han provocado como resultado inducido en la población tanto el repliegue

al mundo de lo privado (la desvalorización o pérdida del sentido de lo colectivo como

instrumento de consecución de fines relevantes), como resultados económicos y sociales

regresivos desde el punto de vista del desarrollo social y la equidad distributiva. Creemos

que el problema de la descolectivización, está fuertemente asociado al problema de la

privatización y al de la des universalización de la estructura institucional. En ese sentido,

nos servimos de concepto de acumulación por desposesión propuesto y desarrollado por

Harvey (2003, 2007). Por este, entendemos el amplio conjunto de procesos de

privatización, desnacionalización, mercantilización de la sociedad y de financiarización de

la economía que ha estado afectando a la sociedad contemporánea desde mediados de los

años 70 y que funciona como línea de continuidad con los procesos similares que describe

Marx para la naciente economía industrial capitalista bajo su categoría de acumulación

primitiva u originaria. Dicho proceso puede entenderse como el amplio conjunto de

procesos de mercantilización, privatización, conversión de distintos tipos de derechos de

propiedad en derechos de propiedad privada, etc., y en donde el Estado, cumple un rol de

promotor crucial (Harvey, 2003: 116).

En efecto, acumulación por desposesión es el amplio, complejo y profundo conjunto

de procesos de privatización, de desmantelamiento de derechos universales,

desnacionalización, precarización y trasferencia de riqueza bottom up (de abajo hacia

arriba) vividos por la población de clase media y baja entre mediados de la decada 70, a

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beneficio de la elite financiera, y que continua hasta el día de hoy. De esta manera, y para

efectos de este escrito, suscribimos la hipotesis de Harvey (2003, 2007) que señala que

todas las caracteristicas propias de la acumulación originaria señalada por Marx siguen

poderosamente presentes en los procesos de desinstalación de las regulaciones

institucionales universalistas, desarrollistas y/o nacional populares (Domènech, 2013). En

ese sentido, queremos argumentar a favor de la idea de que el contrato, como mecanismo

de resolución del problema de la acción colectiva, ilustra de manera apropiada el modelo de

cooperación forzada y la restricción institucional que frenó la acumulación de capital entre

los años 50 y los 70. Había que destrabar el libre flujo de capitales y la acumulación de

capital. La restricción, el contrato, el pacto de clases entre capital y trabajo conseguido con

luchas sociales a nivel mundial, lo colectivo, frenaban el proceso de acumulación. En

términos corporados, para la élite era preciso dejar de cooperar con el BP que representaba

la idea de la contribución a la idea del proyecto nacional y pasar a la no cooperación

unilateral. La cooperación forzada del capital frenaba la velocidad, la agilidad.

Se pasó de una situación de cooperación condicional donde ambos ganaban algo

(contrato social), a una en que uno actor –debido a la crisis de acumulación de capital:

argumentan que se esta afectando a la estructura de propiedad (reforma agraria,

expropiaciones, nacionalizaciones)- decide unilateralmente pasar a la no cooperación

incondicional rompiendo el acuerdo y decidiendo imponer nuevas reglas del juego. Se

quiso pasar del forced rider (contención de beneficios de corto plazo) al free rider

(beneficio y no pago: “hay que cuidar a los ricos” en el corto plazo). Los beneficios por

romper unilateralmente el pacto y asegurar autoritariamente el cambio de meta reglas del

juego eran mayores que los costes estimados por romperlo: dejaba de tener incentivos

cooperar.

El objetivo de las instituciones liberalizadoras fue entonces el de la reorganización

de la economía en base a los supuestos teóricos del monetarismo económico propagado

desde las aulas de la Universidad de Chicago y que promovían el pensamiento de la

Escuela Austríaca (Hayek). Revirtieron todos los procesos de nacionalización y estatización

y privatizaron (traspasaron bienes públicos o comunales a la explotación privada y

desregulada) todos los activos públicos que pudieron: Los recursos de asistencia sociales

básicos (salud, educación y pensiones), los recursos naturales (industria pesquera,

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maderera, minera), y abrieron las economías (nacionalismo económico) a la libre

circulación de capitales globales y a la inversión extranjera directa, favoreciendo así una

mayor libertad de comercio. El mercado de trabajo fue “liberado” de las restricciones

político - institucionales (sindicatos) propias de modelos más desarrollistas, y el poder

político de clase acumulado en décadas de luchas sociales de carácter distributivo fue

completamente destruido: la acción colectiva de clase. Esto implicó enfrentarse y destruir el

poder sindical, atacar todas las formas de cooperación y solidaridad social que frenaban la

libre competencia, desmantelar los compromisos sociales del Estado, privatizar empresas

públicas, reducir impuestos al capital, incentivar la libre iniciativa individual y crear un

clima favorable a los negocios privados eliminando toda reglamentación represiva a las

fuerzas espontáneas de los mercados privados. Todas las formas de solidaridad existentes

en lo social –“la sociedad”- iban a ser disueltas en favor de esquemas basados en el

individualismo, en la propiedad privada, la responsabilidad personal y los valores

familiares. Transformaron así, comunidades nacionales productoras y vendedoras con

soberanía económica y política (países) en economías periféricas compradoras. En ese

sentido, neoliberalización es sinónimo de financiarización general y global de la esfera

económica. Es la subordinación de la economía real a la especulación bancaria. También de

complejos, oscuros y a veces antidemocráticos procesos de acumulación de poder político y

económico sin precedentes en la historia, lo que significa la intensificación del dominio del

capital financiero por sobre las restantes dimensiones de la esfera económica (así como por

sobre la vida cotidiana), y el sentido y la orientación de los mecanismos estatales que

canalizan los sistemas de intercambio privados.

De esta manera fue como, rompiendo las reglas del juego establecidas entre capital

y trabajo, se llegó a la principal característica del escenario económico - político actual: la

restitución del poder económico a las clases altas y una de sus consecuencias perversas, la

mayor desigualdad social vista en los últimos siglos. En efecto, la crisis que detono en la

década de los 80 afecto a una modalidad especifica de organización de la esfera económica

y de relación entre el Estado, el mercado, y la democracia, es decir, al sistema de poder

articulado y empotrado a ella. De esta manera, una serie de políticas económicas orientadas

a desmontar los mecanismos institucionales intervencionistas de base keynesiana y a

ampliar los márgenes de libertad de los mercados privados: el capital financiero y bancario

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(sectores de las economías centrales ligados al comercio exterior y al sector financiero

global) y círculos doctrinarios de carácter académico vinculados a dichos actores. Nos

referimos al llamado Consenso de Washington. Pero, ¿en qué consistía dicho consenso?

“Consistía de diez ingredientes de política económica: 1) disciplina fiscal; 2) priorización

del gasto publico en áreas de alto retorno económico; 3) reforma tributaria; 4) tasas

positivas de interés fijadas por el mercado; 5) tipos de cambio competitivos y liberalización

financiera; 6) políticas comerciales liberales; 7) apertura a la inversión extranjera; 8)

privatizaciones; 9) desregulación amplia; 10) protección a la propiedad privada”

(Williamson 1990 y 1993, en Vilas, 2000:2). Como sabemos, el Estado (quien opera el por

nosotros denominado y ya expuesto “Contrato”), en términos teóricos genéricos es la

institucionalización de las relaciones de poder dispuestas en la sociedad y articula los

intereses corporativos hegemónicos nacionales con el sistema político y económico

internacional. Pero en términos organizacionales, el papel del Estado debía reducirse a un

nivel mínimo de expresión, reservándose sólo para cumplir con funciones de provisión de

bienes públicos en áreas donde los privados no tienen incentivos para intervenir (cfr. Robert

Nozick). Será el Estado subsidiario. No obstante ello, el desmantelamiento de los

mecanismos de intervención y de las regulaciones universalistas pro estatales de carácter

keynesiano requerían de una concentración importante de facultades gubernamentales. Esto

es, para poder impulsar tanto las aperturas necesarias para aseguramiento del libre flujo de

capitales como de las desregulaciones necesarias para el libre comercio, había que generar

hegemonías que lograran vencer las resistencias sociales y políticas que se oponían al

desmantelamiento y el cambio de rumbo. Había que modificar los equilibrios preexistentes

y romper la estructura de correlación de fuerzas. Había que romper la acción colectiva de

clase. En algunos países las modificaciones fueron hechas bajo dictaduras militares como

fue el caso chileno, en otros, fueron hechas con programas neoconservadores de carácter

autoritario, como los anglo norteamericanos.

En el nivel constitucional, todo esto implicó en el país la creación de un Estado

supuestamente neutral, eficiente, autoritario, y que pudiera lograr la refundación

institucional necesaria. (Recordemos que para Jaime Guzmán la democracia era un

obstáculo para el ejercicio del derecho de propiedad y la libre empresa). En lo social, se

creó una esfera pública no gubernamental (la sociedad civil, los “cuerpos intermedios”) que

15

reemplazara la politizada e ideologizada vida pública chilena al 73 preñada de orientación

colectiva de clase. A nivel micro, se plantea la creación de una identidad económica y

política imbuida de individualismo (inacción colectiva) y de pautas modernas de consumo

inmediatista y crédito. Cuando se modifica la estructura del diseño institucional, cuando

cambia la distribución y el uso de los recursos sociales, cambian –como resultado- las

relaciones entre los individuos y los grupos sociales, así como sus posicionamientos

específicos en las estructuras de jerarquía y poder. Pero sumado a ello, también cambian las

capacidades de acción y de auto imposición de objetivos y metas a alcanzar: la estructura

de incentivos y las creencias (subjetivas) sobre las oportunidades (objetivas). No está

demás decir que dicha reestructuración genera ganadores y perdedores. El mayor peso

asignado al mercado privado neoliberal, implicó mayor poder político y económico de los

agentes que consiguieron posiciones políticas importantes dentro de él. A diferencia de

aquellas posiciones, los trabajadores y los gobiernos sensibles a las demandas del sector

trabajo fueron responsabilizados de la crisis del capitalismo Estado céntrico y fueron

subordinados o simplemente destruidos (dirigentes ilegalizados, perseguidos, exiliados,

desorganizados, asesinados, etc.). Como sabemos, y en términos estrictamente nacionales,

en Chile los aspectos básicos de esta nueva institucionalidad, el proyecto ideológico

refundacional que se impulsó en los 17 años de dictadura militar, aún permanece inalterado.

Nos referimos a El sistema tributario (1974-1984), el sistema bancario (1975-1986), el Plan

Laboral y la subcontratación (1979), la Constitución de 1980 (1980), la privatización de la

seguridad social a través de la creación de las Asociaciones de Fondos de Pensiones –AFP-

(1981), la privatización y abandono de la educación pública (1981), la implantación del

sistema de salud –ISAPRES- (1981), la desnacionalización del cobre (1981), la

privatización del agua (Código de Aguas del año 1981) y el fomento forestal (1984). Hasta

comienzos de marzo de aquel año 1990 el régimen se esmeró en aprobar leyes orgánicas

para atar los contenidos de la transición. En efecto, si el diseño se empezó a implementar

desde fines de los 70 (plebiscito de 1978 y del 80, p. e.) un conjunto no menor de reformas

se terminaron de definir e implantar pocos días antes del inicio formal de la transición, esto

es, cambio de mando de marzo de 1990 (plebiscito de julio del 89, p. e.). Así, a las

redefiniciones estructurales en materia constitucional, laboral, de educación, pensiones,

salud, aguas, partidos políticos, gobierno y administración regional, etc., los últimos meses

16

de la dictadura militar se agregaron cambios en materia de Banco Central, aborto, estado de

excepción, fuerzas armadas y de orden, entre otras.

3. UNA MIRADA SOBRE LAS CONSECUENCIAS CONCRETAS DEL MODELO

Pues bien, las formas que va asumiendo la des colectivización, son entre otras: (1) la

des universalización del diseño institucional nacional desarrollista; (2) la despolitización, la

desmovilización, la desideologización y el monopolio de la gestión de lo público estatal por

parte de los partidos políticos posterior a 1988; y (3) la destrucción del tejido social, la

desafiliación, la inacción colectiva y el desprestigio observado de la actividad colectiva

como forma relevante de acción social propuestas a nivel cultural por el rediseño de la

sociedad por parte del capital y sus agencias estatales.

En ese sentido, las consecuencias concretas de la implantación del esquema de des-

colectivización o des universalización promovido desde el Estado en la población, y que

involucró el desmantelamiento del capitalismo organizado, están a la vista: el

derrumbamiento de la orientación universalista de los BP producidos por el Estado, la caída

de la identidad colectiva referida a lo nacional, y el desprestigio observado de la actividad

colectiva, como forma relevante de acción social, la fragmentación de los mercados de

trabajo, altas tasas de desempleo, subempleo y precarización, salarios reales estancados o

deteriorados comparables con los niveles logrados en los años 70, endeudamiento privado,

aumento de la pobreza (en los años 80), caída de la calidad de la cobertura de los servicios

públicos básicos, degradación ambiental, inseguridad ciudadana, sensación de

desprotección social generalizada, desigualdades sociales alarmantes, bloqueo de la

organización política de los trabajadores (destrucción de negociación colectiva ramal, por

ejemplo), privatización de empresas estratégicas del Estado o recursos de uso común como

el agua o el patrimonio minero, mercantilización de parte importante de las dimensiones

más relevantes de la producción de la vida social como el sector sanitario (ISAPRE), el

educativo (municipalización, privatización), el de la seguridad social (AFP), etc. En

definitiva, situaciones que van desintegrando el ensamblaje entre lo económico, lo social y

lo cultural, elemento propio de sociedades más integradas y cohesionadas (Hoexter, 2013).

17

En ese sentido, los impactos producidos por las modificaciones estructurales de

carácter neoliberal en el diseño institucional de la descolectivización, y que al parecer

después de 30 años son ya casi irreversibles, parecen ser claros.

3.1 CONSECUENCIAS SOCIO POLÍTICAS

La consecuencia sociopolítica mas evidente y reconocida del modelo es la

despolitización. De acuerdo a nuestra perspectiva, la desigualdad económica es producto de

la desigualdad política. Esto es, la desigualdad política, genera desigualdad económica. Es

decir, la desigualdad política expresa dramáticamente el desequilibrio de poder de clase

entre capital y trabajo, generan acumulación tanto poder político y económico, como

riqueza física. En palabras de Harvey (2014): “El declive constante de la parte del trabajo

en la renta nacional desde los años 70 se ha derivado del poder económico y político

desfalleciente del trabajo a medida que el capital movilizaba tecnologías, desempleo,

deslocalización y medidas políticas antisindicales (como las de Thatcher y Reagan) a fin de

aplastar toda oposición”. Y esto, en el sentido de que una sociedad es mas igualitaria

mientras más capacidades de negociación (poder) haya entre los grupos sociales más

desposeídos. Es decir, mientras más poder corporativo de organización y de negociación

política tengan las clases dependientes o subalternas (dentro de la empresa o fuera de ella),

más democrática será la sociedad. Ejemplo de esto puede ser la estructura sindical o la

posibilidad de negociar colectivamente de parte de los sindicatos. Mientras más sindicatos

haya, y mejor aún, si estos pueden negociar colectivamente con el capital mediante diálogo

social tripartito (ejecutivo, patronales y sindicatos), más horizontal e integrada es la

sociedad de la que se esté hablando. Recordemos que la población sindicalizada en Chile

(Tasa de sindicalización para el 2011) llega aproximadamente sólo al 12% (Dirección del

Trabajo, 2014: 21). La Fundación Sol la ubica para el 2013 en 14.2 (Fundación Sol,

2015c:2). Para nosotros, la des colectivización destruyó toda forma de organización política

y cultural del pueblo como unidad de sentido de clase (el pueblo como voluntad única y

homogénea) y toda forma de defensa y negociación frente al capital en escenarios de

disputa política normal sobre los equilibrios democráticos entre lo público y lo privado.

Así, sin poder político, sin poder constituyente (potestad normativa instituyente) no hay

18

poder de negociación frente al capital en cualquiera de sus formas. En este caso, la forma

de transición del capital industrial de carácter nacional desarrollista al financiero rentista

transnacional. (Ni siquiera hay negociación colectiva por rama, viga maestra del sistema

junto a las AFP). (La política quedó vaciada de contenido y la política pública se afirmó

como única forma de consideración sobre la política). En ese sentido, la consecuencia

sociopolítica más clara del diseño neoliberal es la despolitización. En efecto, lo que hizo el

diseño neoliberal implantado a fines de los años 70 fue despolitizar la sociedad.

Despolitizar la sociedad dentro y fuera de le empresa capitalista. Conseguir una sociedad

sin política, una sociedad en donde los agrupamientos sociales tuvieran un tipo de vínculo

de tipo gremial o social no político.

De dicha despolitización en general marcaremos algunos indicadores o aspectos

concretos que organizaremos en dos dimensiones: la despolitización dentro de la empresa y

fuera de ella. El indicador dentro de la empresa es fundamentalmente la despolitización

laboral (desafiliación intra empresa); fuera de ella, la despolitización electoral (apoliticidad

y abstención), la social (desmovilización y desconfianza horizontal y vertical) y la

ideológica (vaciamiento subjetivo de las capacidades para explicar causalmente los

problemas de la vida en común). Revisemos rápidamente dichos indicadores.

Dentro de la empresa podemos mencionar claramente un sindicalismo y una

negociación colectiva deterioradas, cuestiones que se pueden traducir en el bloqueo de la

organización política de los trabajadores y la consecuente desmovilización sindical, y la

destrucción de negociación colectiva por rama. Sobre la desafiliación sindical y la baja en

la conflictividad sindical, los datos son elocuentes: “A partir de 1993, el número de huelgas

comienza a bajar (…), fase coincidente con el descenso sostenido de la población

sindicalizada” (Guzmán, 2004:1).

Como sabemos, en Chile la negociación colectiva por rama, el mecanismo universal

conseguido por el movimiento obrero industrial para dar a los trabajadores la existencia

política que reequilibre el peso del capital en las relaciones laborales y de constitución de lo

social democrático, no existe, constituyéndose como una de las vigas maestras del modelo.

En efecto, el Plan Laboral de José Piñera de 1979 la elimina catalogándola como una

amenaza al crecimiento de la economía. Los pilares fundamentales de dicho plan son los

siguientes: 1) “huelga que no paraliza, permitiendo el reemplazo de trabajadores y

19

encerrándola en el espacio de la negociación colectiva reglada”; 2) “negociación colectiva

que no distribuye ingresos, restringiendo las libertades de los trabajadores para poder

negociar más allá́ del espacio de la empresa”; 3) “paralelismo organizacional, que permite

la presencia de grupos negociadores que puedan restar fuerza o inhibir la formación de

sindicatos”; y 4) “producción y reproducción de una cultura individualista, que sostiene que

los sindicatos (si existen como mal necesario) sólo deben tener como preocupación lo que

sucede en su lugar de trabajo y de ninguna manera atender los grandes problemas del país”

(Fundación Sol, 2015c:4). Para el 2013, sólo el 8.4% de la población trabajadora podía

negociar colectivamente y con reemplazo, es decir, la población sindicalizada que va a

huelga puede ser reemplazada por el empleador lo que -en definitiva- constituye una huelga

no efectiva: la empresa puede funcionar de todas maneras. En 1973, la cifra alcanzaba un

histórico 34%.

Para referirnos a la despolitización fuera de la empresa, nos referiremos sucinta pero

fundamentalmente al ocultamiento de la idea de comunidad política -de la politeya- como

horizonte de sentido colectivo referencial, y de sus consecuencias en lo económico y lo

simbólico. Y acá entendemos la soberanía como el derecho de propiedad que un colectivo

determinado tiene (la comunidad política en formato nacional, la politeya, el “pueblo”

moderno industrial sigloveintero) tanto sobre los recursos de uso común existentes dentro

del territorio de la comunidad nacional a la cual se haga referencia, como sobre los bienes

públicos ejecutables dentro de ella. En efecto, la despolitización general de la sociedad

guarda relación con algunos aspectos más o menos conocidos como la despolitización

electoral medida en la caída en la intención de voto, la caída en la participación social

barrial, la destrucción del tejido social funcional y territorial a partir de los 80, la

destrucción de la confianza horizontal, etc. No obstante ello, creemos que todos apuntan a

la misma idea, la de los intentos sistemáticos por parte de las elites desde mediados de los

70 por destruir la esfera de la política (de la politicidad) como conjunto de mecanismos de

defensa, de participación (entre si y para presionar por el reparto o distribución del

producto social) y de representación colectivo fraternal frente a las elites; es decir, la

destrucción de lo que el populismo nacional desarrollista había dado en llamar: El pueblo.

Se erigió a la esfera económica como la principal dimensión de la vida y se suplantó la idea

de la política, de la acción colectiva y de lo asociativo, por la idea de la sociedad como

20

agregado de preferencias individuales orientadas a la obtención de resultados directos no

mediados por ningún tipo de representación o regulación institucional.

Si a esto, le sumamos el monopolio de la gestión de lo público - estatal por parte de

los partidos políticos social reformistas después de 1988 y al monopolio ideológico

conservador (liberal de izquierda) en la representación política, tenemos un escenario en el

que se deshizo toda orientación colectiva y toda imagen de lo público político. Se destruyó

la ciudadanía, y se terminó por imponer el horizonte y la hegemonía político cultural propia

del gremialismo y de la post política y la post democracia (Cfr. Colin Crouch): lo social no

político. Es decir, la idea de que la democracia y la política como fundamentos son

elementos contrarios al conjunto de intereses que se han tomado la gestión y el

gerenciamiento de la producción social. Son opuestos a una economía sana centrada en el

crecimiento y no en la distribución central, centrada en las libertades individuales y no en

los derechos colectivos. Recordemos que para el propio Guzmán, la democracia atenta

contra el crecimiento.

No hay más que ver las cifras. Las cifras relacionadas tanto en la intención de voto

desde los 90, como las de desconfianza interpersonal, las de la participación social barrial,

las de identificación con algún partido político, entre otras, son cifras que claramente

demuestran la despolitización completa de la sociedad chilena.

En definitiva, modernizar neoliberalmente ha significado despolitizar y despolitizar

ha significado restar poder de negociación frente a las elites en transformación desde el

paradigma industrial al postindustrial.

3.2 CONSECUENCIAS SOCIOECONÓMICAS

En términos generales, la consecuencia socioeconómica más clara y genérica es el

derrumbamiento de la orientación universalista de los BP producidos por el Estado,

situación que trae consigo una serie de corolarios que han ido en detrimento de la condición

democrática de la población. Si bien es cierto, América Latina, en general, y Chile, en

particular, nunca tuvo un Estado de benefactor en regla como las economías centrales, en

algún sentido el desarrollismo representó un esquema institucional centrado en los derechos

sociales y económicos de la población trabajadora industrial, y ello fue lo que fue

21

desmantelado en la línea de instalar un esquema de instituciones de reemplazo orientado

hacia la cultura de los deberes y no de los derechos. El capital requería recortar derechos y

demandas sociales.

Ahora bien, ya en los aspectos socioeconómicos mas concretos, podemos comenzar

nuestro listado con la idea de la fragmentación la matriz productiva y de los mercados de

trabajo. El modelo económico chileno mutó desde una matriz proto industrial y agraria a

una matriz extractivista y de servicios financiero - comerciales que llevó al fenómeno de la

actual segmentación y fraccionamiento de los mercados de trabajo. Actualmente las

empresas son mucho más pequeñas y ágiles que en el mundo industrial pre 73, y se

constituyen con grupos reducidos de trabajadores. PYMES. Y si a ello, le sumamos los

efectos antisindicales del mecanismo denominado “Multi RUT”2, tenemos una estructura

laboral absolutamente fragmentada y descompuesta políticamente, lo que redunda en una

baja capacidad de negociación al interior de la empresa, y por tanto, en una población con

bajos salarios. Según la evidencia internacional comparada, un esquema laboral basado en

algún grado de negociación colectiva ramal redunda en una mayor productividad

(Fundación Sol, 2015d). Como dato relevante es preciso señalar que la productividad mano

obra chilena viene creciendo sostenidamente pero sueldo mínimo respecto del PIB per

cápita viene bajando desde el año 1989.

Otro de los aspectos centrales de la revolución neoliberal a escala global fue la

reducción de la estructura tributaria de primera categoría (impuestos directos). Así, se pasó

de una estructura teóricamente progresiva, en donde los que ganan más pagan más, a una

regresiva, en donde los que ganan más pagan menos puesto -de acuerdo al canon

neoclásico-, el capital debe alimentar el crecimiento y por ello se le debe excluir del

financiamiento de la sociedad. Sumado a ello, y como sabemos, tanto en Chile como en el

resto de la región el tema de la elusión y la evasión tributaria son dos preocupaciones

permanentes. Sobre todo, pensando en la falta de regulación general del sistema económico

posterior a los años 70.

Como es por todos sabido, la consecuencia socioeconómica más clara del diseño

neoliberal en la población es la excesiva desigualdad y la excesiva concentración

2 Subdivisión de la personalidad jurídica central de la empresa en varias personalidades jurídicas alternativas que hacen que por ley el dueño de dicha empresa no se vea obligado a aceptar sindicatos al interior.

22

económica y territorial de la riqueza generada. En efecto, los procesos de rediseño han

incidido negativamente en los resultados sociales obtenidos por los sectores

socioeconómicos medio y medio bajos del país desde los 80 a la fecha. Prueba de ello, son

las estadísticas socioeconómicas que actualmente se están construyendo desde trabajos

académicos de diversa factura y que vienen evidenciando la existencia de enormes brechas

de desigualdad. En Chile, actualmente el 75% de los hogares chilenos genera ingresos

mensuales menores a $276.000 por persona (Fundación Sol a partir de datos CASEN de

2010). En Chile, el 80% de la población trabajadora gana menos de $600.000 mensuales,

algo así como US$800. Dichos trabajos, que demuestran la existencia de procesos

regresivos de transferencia de riqueza desde abajo hacia arriba en la pirámide de ingresos a

escala nacional (bottom-up), tendrían relación con los rediseños que –intencionadamente o

no- se han venido operando, y que tienen por telón la reorientación en la proporción

ganancias de capital y remuneraciones.

De esta manera, tanto la exclusión, como la inequidad y la desigualdad social se

toman a diario los análisis periodísticos y políticos serios en el país. Respecto de la

desigualdad económica por ejemplo, en cifras del 2010 cerca del 1% de la población

chilena más rica concentraba cerca del 32% del producto (Fazio, 2014), lo que ubica a la

economía nacional como una de las economías más socialmente regresivas y desiguales de

los países, tanto de la órbita liberal global (OCDE), como de la economía mundial en

general. Por su parte, sobre la desigualdad territorial, su capital, Santiago de Chile, es la

ciudad que concentra la mayor cantidad de intercambios económicos del país y la que

dispone de mayor cantidad de riqueza material; por tanto, es la ciudad que concentra la

mayor parte de los procesos decisorios relevantes que se desarrollan en el país, esto desde

el punto de vista del diseño de políticas públicas nacionales y desde el punto de vista de las

decisiones privadas de inversión. Todo proceso decisional reside y depende de las

preferencias de la oligarquía santiaguina.

Los insumos con los cuales demostrar la inequidad económica tienen relación con la

evolución de los salarios reales, por ejemplo. Como sabemos, estos se han venido

estancando o deteriorando a nivel mundial respecto de los niveles logrados en los años 70

mediante luchas políticas y sindicales (Bauman, 2011; Brenner, 2009; Domènech, 2013b;

Harvey, 2007).

23

Complementariamente, recordemos que según en Banco Mundial (2013), Chile

actualmente (cifras del 2013) presenta un Gini de 50.5 puntos, muy por encima de las

economías liberales globales (OCDE) y por encima de las economías de la región (salvo de

Brasil y Colombia que presentan índices de 52.9 y 53.5, respectivamente). Paraguay

presenta un 48.3, México y Bolivia un 48.1, Perú un 44.7, Argentina un 42.3 y Uruguay un

41.9. Venezuela y Cuba no presentan datos.

Ahora bien, como nota acerca de la desigualdad económica, creemos que es un

resultado esperado pues desde el neoliberalismo académico y político esta genera

incentivos a la competencia y esto redunda en incrementos en la tasa de inversión y por

ende, en el crecimiento. La famosa religión del crecimiento.

La desigualdad económica, la inequidad social, la evidencia respecto de la asimetría

en la fiscalidad, el derrumbamiento de la orientación universalista de los BP producidos por

el Estado, ha venido generando la sensación de desprotección social generalizada en la

población. Efectivamente, hoy en el país la población vive en un escenario subjetivo de

inseguridad y de sensación de riesgo permanente respecto de sus condiciones de vida. En

Chile, el subempleo, la tercerización laboral, la precarización, la sobre explotación, la falta

de negociación colectiva, la desesperanza política, han venido minando, poco a poco la

conciencia de los derechos sociales y económicos, generando como corolario final una

suerte de “<cambio antropológico> de la clase obrera, en el sentido de que debilitó

extraordinariamente la consciencia colectiva de clase” (Domènech, 2013b). Así, el discurso

thatcheriano TINA (there is not alternative) ha calado hondo en la población. Por lo menos

durante los 20 años que van desde el inicio de la transición hasta el 2010. En opinión de

Mario Garcés: "Acceder a los bienes de consumo por la vía del endeudamiento, les entrega

una sensación de bienestar que compromete a las clases populares con el modelo de

dominación. Ante la ausencia de un camino distinto, también las clases medias perciben

que el único proyecto posible es el existente y por lo tanto, se hacen parte del modelo y

aspiran a que sus hijos logren mejores condiciones de vida dentro del actual sistema regido

por lógicas de mercado" (Garcés, 2016).

Sumado a ello, podemos también contar con el incremento de la sensación subjetiva

de inseguridad ciudadana, fenómeno asociado pero desde el punto de vista espacial o

territorial. Efectivamente, debido al bombardeo mediático permanente centrado en la

24

inseguridad producto de la amenaza del otro, la población ha venido mostrando índices

bastante preocupantes sobre sensación de inseguridad barrial y urbana. De esta manera, y

pese a que en el 2015 la tasa de victimización (objetiva) ha venido bajando, la población

sigue creyendo que la delincuencia viene en aumento y que por ello es necesario el

aumento de penas, una mayor protección policial, mayor inversión pública y privada en

seguridad, etc.

Consecuencia de todo ello fue el comienzo del sostenido proceso de descenso en los

salarios reales y del desemparejamiento de estos respecto de la tasa de productividad

lograda, cuestión que podemos identificar y relevar como la principal innovación del

llamado neoliberalismo, y que se encuentra a la base de lo que hoy conocemos como la

sociedad del consumo: el desacoplamiento entre demanda efectiva agregada y salarios

reales, y la subsecuente financiación de la demanda efectiva por el consumo masivo y

prácticamente universal a partir del fraude financiero global y el crédito barato.

Dicho proceso lo podemos observar sin problemas en la caída de los salarios reales

desde los años 70, en la caída del gasto público, en los galopantes desequilibrios en la

distribución funcional del ingreso (proporción de los beneficios agregados a distribuir entre

capital y trabajo), en la evolución de los impuestos de 1ª y 2ª categoría, en el

endeudamiento privado, en el porcentaje de producto respecto de la población, etc.

Sobre la estructura salarial, según la Fundación SOL (que trabajó con datos CASEN

del 2015), “el 50,5 % de los ocupados chilenos gana menos de $260.000 líquidos y el 74,1

% menos de $400.000 (...) Sólo el 11,8 % gana más de $700.000” (Fundación SOL,

2015:3). Por otro lado, el 90,1% de la población gana menos de $852.000 (Fundación SOL,

2015b:6). Sumado a ello, según The Economist (2016), Chile es el único país de la OCDE

que cobra impuesto al salario sólo a cargo del trabajador.

Sobre el endeudamiento privado, en Chile, una economía financiarizada, mono

exportadora, sin diversificación productiva y sin derechos laborales, la relación carga

financiera sobre ingreso disponible de los hogares (RCI), con un 38% promedio, es la más

alta de la OCDE (Páez, 2016). Junto con ello, “para las rentas menores a $250.000

mensuales, la deuda de consumo promedio es de $1.500.000, para las rentas entre $250.000

y $500.000 de $2.300.0000 y para quienes tienen ingresos entre $500.000 y $750.000 de

$4.100.000”. Todo ello, redunda en que “de acuerdo al Informe Global Wealth Report

25

2013, de la Aseguradora Allianz, la deuda per cápita de Chile es la más alta de América

Latina (Fundación SOL, 2015b: 23).

3.3 CONSECUENCIAS SOCIOCULTURALES

Como señala Monbiot (2016), el neoliberalismo como modelo de sociedad se ha

vuelto tan ubicuo que ya casi ni siquiera reconocemos que existe como tal, y que es una

ideología que gobierna tanto la subjetividad individual como la colectiva. Se ha

naturalizado en la conciencia colectiva hegemónica del capitalismo tardío como la única vía

posible al desarrollo. El fin de la historia.

En términos doctrinarios, el liberalismo estándar promueve su ideología a partir de

la noción de que todos los agentes obtienen del juego social o económico lo que se

merecen, esto es, reciben del sistema de intercambio un beneficio correspondiente a lo

invertido, a lo contribuido. Esto es, las relaciones basadas en el principio de la

proporcionalidad (tomo proporcionalmente en la medida de lo que contribuyo).3 En ese

sentido, se va alimentando un efecto perverso en que las clases acomodadas se van

convenciendo de que sus ventajas han sido obtenidas por medio del merito individual

propio (obviando ventajas obtenidas mediante la perpetuación de privilegios de educación,

de herencia y clase emanados de diseños institucionales oligarcas y elitistas), y las clases

subordinadas a su vez se van convenciendo de que su condición de precariedad y

vulnerabilidad se relaciona directamente con sus incapacidades y escasez de destrezas,

situación que va justificando fracasos individuales, va deteriorando la autoestima, y va

legitimando la culpa como recurso psicológico desesperanzador. En palabras de Monbiot

(2016): “The market ensures that everyone gets what they deserve. We internalise and

reproduce its creeds. The rich persuade themselves that they acquired their wealth through

merit, ignoring the advantages – such as education, inheritance and class – that may have

helped to secure it. The poor begin to blame themselves for their failures, even when they

can do little to change their circumstances”. 3 La proporcionalidad (liberalismo: a cada quien según su merito y contribución), es el ámbito de relacionamiento estructural más básico. En orden de complejidad política, le sigue el de autoridad (a cada quien según estipule la autoridad habilitada), luego el de comunidad (comunitarismo: a cada quien según sus necesidades y capacidades), para finalizar en el de parigualdad (republicanismo: a cada quien lo mismo) (Cfr. Domènech: 2002).

26

El diseño institucional neoliberal produce un sujeto de nuevo tipo –una nueva

subjetividad- que siente que no tiene responsabilidades con la comunidad económica o

política a la cual original e invisiblemente adscribe. Elige individualmente su identidad

(elige ser quien quiere ser o quien quiere demostrar ser) y entiende que la esfera de la

política no es una esfera relevante para conseguir sus propios fines. La nueva clase media,

construida en entornos mercantiles (fue integrada mercantilmente a la sociedad después del

90), que ha creído en el mito liberal de la movilidad social ascendente, no siente la

necesidad de la política o de la acción de carácter político para intentar la promoción social

o el mejoramiento de las condiciones de vida: Sólo confía en sus propios recursos de acción

(personales o familiares). Tampoco requiere de sindicatos o de la coordinación de los

intereses de los de su misma condición al interior de la empresa. Desconfía del Estado,

también de los partidos, de las organizaciones barriales. Navega en la economía de manera

solitaria. Es conservadora políticamente.

Junto a ello, podemos encontrar lo que podemos denominar la invisibilización de la

idea de participación económica en los recursos colectivos o públicos. Con esto, queremos

señalar la idea básica de que el rediseño institucional neoliberal quiso destruir la idea de

que existe una comunidad nacional (la nación) que es propietaria -en términos colectivos-

de bienes materiales e inmateriales. La población rica, el 10 o el 1%, quiso escaparse del

resto de la sociedad generando esta sensación ambiente de fragmentación institucional y

cultural generalizada que sólo les ha servido a ellos mismos.

La consecuencia sociocultural más apremiante, y que funciona como conjunto de

mecanismos legitimatorios y de sustentabilidad subjetiva al diseño neoliberal, es la cultura

liberal exacerbada, esto es, el individualismo, la inacción colectiva y la identidad como

consumidor de la población de las nuevas clases medias aspiracionales y las clases bajas.

Esto es, el desprestigio generalizado de la actividad colectiva (por tanto, política) como

forma relevante de acción social para la consecución de bienes sociales relevantes. Es un

sujeto calculador que opera en la vida cotidiana mediante recursos personales de psicología

política individuales e instrumentales que vienen dados en los contenidos propios de la

revolución neoconservadora global actual: liberalismo económico exacerbado y

conservadurismo valorativo exacerbado.

27

Concretamente, y en cuanto a su operar en el mundo social, podemos encontrar

fácilmente tanto la subjetividad individual y la crisis legitimatoria de los valores sociales

universales de la democracia republicana, como la ideología liberal propia del relativismo

moral en las decisiones de todo orden: políticas, económicas, socio culturales.

De esta manera, podemos señalar varios procesos socio políticos relacionados

íntimamente con los procesos socio culturales propios del capitalismo tardío. Entre ellos, la

individuación extrema y fragmentación de la identidad de cuerpo de la clase trabajadora: el

hoy llamado precariado; la desconfianza horizontal (y actualmente también vertical), la

desideologización de la población, la caída de la identidad colectiva referida a lo nacional,

el reemplazo de la identidad social centrada en el trabajo por la centrada en el consumo, la

desafiliación. Todos ellos, fenómenos que funcionan como corolarios estrictos y evidentes

de la cultura del nuevo capitalismo implantado a nivel global desde hace 40 años (Cfr.

Sennett, 2006).

En definitiva, como señalan Hardt y Negri en su texto Declaración del año 2012, el

endeudamiento (forzar el cuerpo a trabajar cada vez más para pagar el consumo), la

mediatización (obligación de expresarse a través de los medios pero de una expresión sin

contenido social como las redes sociales: soledad electrónica), la securitización (miedo y

desconfianza horizontal promovida, gobiernos como gestores y gestionadores ya no de la

seguridad sino de la inseguridad) y la sub representación (delegación de soberanía y poder a

corporaciones vinculadas a corporaciones), son elementos fundamentales a tener en cuenta

a la hora de establecer un diagnóstico institucional y socio cultural certero de nuestro

tiempo. Y la población chilena actual cae exactamente dentro de dicho esquema

descriptivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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28

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