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II Seminario Internacional de la Participación Ciudadana Administración local, políticas, personas.

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El presente documento es una aportación de Fernando Pindado, actual subdirector General de Participación en el ámbito local del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de Cataluña, siendo su objetivo el fomento de un debate y reflexión a propósito del tema Ciudadanía y mundo asociativo. Este trabajo se ordena en el marco del proyecto II SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ADMINISTRACIÓN LOCAL, POLÍTICAS, PERSONAS promovido a su vez por la Diputación de Barcelona. Los principales objetivos del presente Seminario son los de promover un espacio de análisis, reflexión, trabajo y debate entre profesionales (universidades, empresas, administraciones, así como responsables políticos en) en el ámbito de la participación de ciudadanos y ciudadanas y, por extensión, generar procesos de innovación democrática. A partir de las reflexiones y del trabajo que se lleve a cabo, el propósito consistirá en identificar nuevos retos y oportunidades que tengan cabida en la agenda política de los próximos años. Este seminario se organiza en dos fases: una virtual (que se desarrollará hasta el mes de junio) y otra presencial. En caso de estar interesados en participar activamente en el debate on-line, diríjanse a la página web http://oldp-barcelona.net/sipc a fin de ser dados de alta.

Centro para la Participación Ciudadana Dirección de Participación Ciudadana

Diputación de Barcelona

http://oldp-barcelona.net/sipc


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LAS ASOCIACIONES, UNA OPORTUNIDAD LLENA DE AMENAZAS

Fernando Pindado1

INTRODUCCIÓN Cuando se habla de las asociaciones, ya sea a escala de país, comarca, provincia o municipio, siempre se realiza una lectura positiva de la existencia de éstas, así como grandes panegíricos a propósito de las actividades que desempeñan y la necesidad de su presencia. Muy probablemente, una parte de este discurso esté fuertemente legitimado, puesto que el asociacionismo ha jugado un papel importantísimo en nuestra historia reciente: en el mantenimiento de la cultura democrática durante el franquismo, en las luchas por las mejoras urbanas, en la construcción de una cultura popular o de redes activas de ayuda mutua, por citar algunos ejemplos. Así pues, la tradición que tenemos en este sentido es reciente y la historia aún es memoria para mucha gente; esto comporta que resulte difícil construir una mirada sobre el hecho asociativo que sea lo suficientemente desapasionada a fin de permitir abordar los debates y retos del sector sin, digamos, «herir sensibilidades». Si bien no se trata de perder de vista dicha historia, tampoco es cuestión de vivir atados a ésta sin tener en cuenta el presente. Considero que esto último sería mucho más grave. Así, necesitamos urgentemente una reflexión profunda acerca del asociacionismo; reflexión realizada desde el presente aunque con la vista puesta en el futuro y desde los problemas, los retos, las necesidades, las amenazas y las oportunidades que ahora se presentan en un mundo que ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Actualmente hablamos de globalización e inmigración en vez de emigración, de Internet, de nuevas políticas de bienestar o de nuevos gobiernos, como por ejemplo el europeo o los gobiernos locales. Hablamos de multiplicidad de identidades más allá de las entidades de clase, de las distintas condiciones de vida, de los contextos urbanos mucho más complejos y que, por ello, necesitan miradas mucho más integrales por parte de todos aquellos que intervienen en la mejora de los mismos y donde se incluyen las asociaciones. De hecho, son muchos los estudiosos que hablan, para referirse a este cambio de siglo, de un cambio de época, en vez de hablar de una época de cambios meramente. Asimismo, estos cambios y esta nueva época nos obligan a repensar el hecho asociativo.

1 Debo dar las gracias a mi amigo y sabio experto, Óscar Rebolllo, por sus aportaciones en el presente documento


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La cantidad de asociaciones, por ejemplo, suele considerarse, entre otras cosas, indicador de la calidad democrática, de la capacidad de la ciudadanía, de potencialidad, compromiso social, interés por la cosa colectiva y demás virtudes acerca de las que no me puedo extender por falta de tiempo. Sin embargo, ¿es éste un verdadero síntoma de fortaleza? Quizás es al revés y es símbolo de debilidad, fragmentación y falta de cultura política y asociativa que permita encontrar las fórmulas que posibiliten la existencia de realidades asociativas más agregadas. En todo caso, la mayor amenaza imaginable para el mundo asociativo actual es la que podría suponer la pérdida de la capacidad de mirarse a sí mismos sin quedar reflejados. En este sentido, ¿no es cierto que estamos construyendo una realidad virtual alejada de otra realidad más triste y peligrosa? Deberíamos analizar con algo más de detalle lo que decimos cuando hablamos de asociaciones; es decir, cuál es la actividad de éstas y qué nubes tapan su cielo. Deberíamos revisar los apoyos, en ocasiones envenenados, en los que se basa una buena parte de las actividades de las asociaciones, así como el grado de autonomía e independencia. Sería conveniente, pues, promover la reflexión y las propuestas sobre las finalidades asociativas, las formas de organización, el marco jurídico de las asociaciones, las políticas públicas de apoyo y, de este modo, construir una línea de trabajo en la que los distintos actores (poderes públicos y asociaciones) mejorasen sus actuaciones. Así se fortalecería y capacitaría la ciudadanía y, por consiguiente, las asociaciones, convirtiéndose ambas en sujeto activo de su futuro. A continuación se abordarán estas cuestiones. En las páginas siguientes consta una reflexión intencionadamente descarnada y algo provocativa. Dicho tono interesa, ya que, más que tener razón, lo que ahora conviene es generar razones. El texto pretende colaborar en este debate desde el mundo local, desde las administraciones públicas, a fin de revisar la política de fomento del asociacionismo. Un debate exclusivo con el sector asociativo debería profundizar otros aspectos que ahora únicamente quedan señalados. La primera parte aborda, desde un punto de vista crítico, ciertos elementos que, según mi criterio, forman parte de la realidad asociativa catalana y me atrevería a afirmar que también resulta aplicable a las asociaciones del resto de España. Por lo que a la segunda parte se refiere, ésta indica algunas pistas a fin de poder mejorar dicha realidad. Esta segunda parte es más corta, ya que, como se ha dicho, la intención del documento es promover el debate y la reflexión. De este modo, podrán salir más libremente las posibles propuestas de mejora que tenga que elaborar aquel que forme parte de este debate.


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PRIMERA PARTE. ESTADO DE LA CUESTIÓN LA «LEGALIDAD» DE LAS ASOCIACIONES o el nacimiento dependiente Permítanme un breve paréntesis jurídico. Cuando, desde el ámbito del Derecho, se habla de tener personalidad, no se está haciendo referencia al talante del sujeto en cuestión, sino a la capacidad para poder ser titular de derechos y obligaciones. Las personas «físicas» nacen, son fruto de un padre y una madre. De hecho, para ser más exactos, ahora deberíamos decir que son fruto de la unión de una célula masculina (espermatozoide) con otra femenina (óvulo). Independientemente de esto, las personas físicas son seres humanos que tienen existencia palpable, física, de ahí su nombre. Así, un recién nacido de tres días puede ser titular de un enorme patrimonio económico, si bien, para la gestión de éste necesitará la actuación de su representante legal; es decir, de su padre, madre o tutor. Existe otro tipo de personas físicas que no nacen de forma biológica sino que las crea el Derecho. Son las denominadas «personas jurídicas». Éstas son entes o entidades (cosas que existen), pese a no responder a una realidad física. Jamás se ha visto que una asociación deportiva o de vecinos se pasee, puesto que son una construcción jurídica creada a fin de facilitar la tenencia y gestión de derechos y obligaciones a otros sujetos distintos a los seres humanos. Es el Derecho, la ley, quien determina cuándo nace una persona jurídica, como por ejemplo una sociedad anónima, una cooperativa o... una asociación. Cerremos el paréntesis. En el lenguaje cotidiano se siguen utilizando frases como «vamos a legalizar la asociación» o «el registro municipal acoge a las asociaciones “legalmente establecidas”». Detrás de estas expresiones se dan dos realidades. Por un lado y por parte de las asociaciones, hay la sensación de que se debe pedir autorización para existir y de que alguien con poder debe dar el visto bueno al nacimiento de su asociación. Por otro lado, los poderes públicos siguen manteniendo el convencimiento (absolutamente injustificado y manifiestamente inconstitucional) de que no existe una asociación a no ser que ésta haya cumplido con los trámites administrativos de inscripción (previa validación por parte de los órganos competentes). Esto es lo mismo que afirmar que no hay amor si no hay matrimonio.


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Tal y como decía en el paréntesis anterior, cuando lo dice la ley, las asociaciones adquieren su personalidad jurídica; es decir, su capacidad para ser sujetos de derechos y obligaciones. ¿Y cuál es la ley que lo sostiene? En este caso se trata, ni más ni menos, que de la Constitución, la ley de leyes. En su artículo 22, reconoce el derecho de asociación, prohíbe a aquellas que «persiguen finalidades ilícitas o se sirven de medios ilegales» y señala que «deberán inscribirse en un registro a los únicos efectos de publicidad». Luego, la ley orgánica 1/2002 del derecho de asociación repite la misma fórmula: «con el otorgamiento del acta logrará la asociación su plena personalidad jurídica» (artículo 5.2). Todo ello significa que la asociación nace cuando se manifiesta la voluntad de las personas que desean que tenga lugar su nacimiento, asimismo dejando constancia fehaciente de dicha voluntad. No se necesita, pues, la autorización de órgano administrativo alguno; sino que se trata del ejercicio de un derecho fundamental que se realiza de forma libre y soberana, con la única limitación de «no perseguir finalidades ilícitas ni servirse de medios tipificados como delito». Así pues, aquí ya tenemos una primera manifestación de la realidad asociativa de hoy en día: una buena parte de los promotores y miembros de asociaciones aún creen que deben pedir autorización a fin de crear una asociación. Falta la consistencia de estar ejerciendo derechos de ciudadanía que ningún poder político puede limitar. Se trata de derechos nacidos directamente de la soberanía popular, de la Constitución. EL NOMBRE Y LA COSA. ¿Son iguales todas las asociaciones? Existe un refrán que dice que «no todo el monte es orégano». En este caso, la sabiduría popular persigue hacer referencia a todo lo que se parece a una cosa pero no lo es. En el monte hay muchas plantas y muchas se parecen al orégano, pero no lo son. En el mundo asociativo ocurre lo mismo. Las asociaciones pueden nacer libremente y de forma muy fácil, tal y como explicaba antes. Sin embargo, el único modo de disolver una asociación es por voluntad de los miembros que la conforman o por resolución judicial motivada. No existen otras posibilidades. Ningún ayuntamiento, ningún gobierno puede disolver una asociación. Tan sólo el poder judicial, los jueces y los tribunales están legitimados para hacerlo y siempre a través de una resolución motivada y fundamentada.


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Esto comporta que en nuestro monte haya muchísimas asociaciones que o bien no desarrollan actividad alguna desde hace tiempo pero a su vez nadie ha decidido disolverlas o bien realizan actividades que no responden a la idea esencial de asociación. Intento de definición Veamos ante todo cuál sería esta «esencia asociativa», siempre según la opinión de quien subscribe esto, sometida a otros criterios y críticas. Una asociación es «un grupo de personas que se unen, libre y voluntariamente a fin de buscar, sin ánimo de lucro, el logro de unas determinadas finalidades de carácter general, con organización propia y soberana». Los elementos que componen esta definición son los siguientes: Grupo: La ley requiere que sean más de tres personas. Quizás éste sea un mínimo muy mínimo, y deberíamos plantearnos una cantidad algo más elevada. Unión: Establecer un acuerdo a propósito de algo, disposición a sumar esfuerzos a fin de lograr dichas finalidades acordadas. Libremente: Nadie obliga a ello; se hace por exigencia laboral, familiar o legal. O sencillamente porque así se desea. Voluntariamente: Tampoco nadie obliga a una permanencia eterna. Se puede seguir o no. Asimismo, no debe esperarse nada a cambio; es decir, no se puede pretender la obtención de algún tipo de beneficio singular. Lo que mueve a la gente a asociarse es un ánimo altruista. Sin ánimo de lucro: No se debe pretender obtener beneficio económico alguno, ya sea éste de forma directa o indirecta. No forma parte de la finalidad el conseguir un precio más barato para los libros de texto, una entrada más barata para acceder al gimnasio o unos precios más asequibles para los cursos de danza. Por supuesto, no se debe esperar obtener sueldo alguno o contrato profesional por parte de la asociación que, si bien no entra a formar parte del concepto «lucro» en el sentido estricto del término, sí podría tener una cierta cabida en una concepción algo más extensa del concepto «lucro» que personalmente defiendo. Finalidad de carácter general: Finalidades que ultrapasan al individuo, si bien sí lo afectan e inciden en él. Le producen placer, bienestar, satisfacción personal, sentimiento de estar cumpliendo con un compromiso ético, si bien se realiza pensando en la generalidad de los individuos, no en unas personas concretas y determinadas. La idea de generalidad no busca dejar de lado a esas asociaciones que se dirigen a sectores concretos de la población (jóvenes,


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mujeres, calvos, fumadores de pipa o rubios, por citar algunos ejemplos). Aquí, generalidad se contrapone a particularidad, para insistir en que las finalidades que se quieren lograr no se dirigen a una persona particular y concreta, sino a todas las que reúnan los requisitos establecidos por las personas fundadoras en el momento de crear la asociación. Organización propia y soberana: No dependen de nadie. La última palabra la tiene la asamblea; es decir, el conjunto de personas que forman parte de la asociación. No existe nadie con potestad para cambiar las decisiones de dicha asamblea, salvo, claro está, que se trate de decisiones manifiestamente ilegales y deba intervenir el poder judicial. De este modo desaparecen de este concepto de asociación aquellas agrupaciones de personas que dependen de otras, como por ejemplo las vocalías o los centros dependientes de una fundación, iglesia, partido político, sindicato y similares. Si aplicamos esta «prueba del algodón» quizás veamos que muchas asociaciones no cumplen con esta serie de requisitos. Entremos ahora en otra materia, de orden más político o filosófico. ¿Tienen todas las asociaciones finalidades que merecen el mismo trato por parte de los poderes públicos? Dicho de otro modo, esa asociación cuya finalidad principal consiste en promocionar el juego de la oca, ¿debería tener el mismo apoyo público que esa otra que desea colaborar en la mejora de la calidad de vida de determinadas personas afectadas por una enfermedad o situación social? Se puede considerar no lucrativa una asociación cuyos miembros están contratados a fin de desempeñar las finalidades de la asociación. Éstos perciben un sueldo, lo que significa que no reciben directamente parte de los beneficios (diferencia de ingresos y gastos), razón por la que no se puede hablar de ánimo de lucro en el sentido estricto. En este caso, los posibles ingresos sobrantes no llegan a ser beneficio ya que se convierten en gasto antes de finalizar el ejercicio. En estas hipótesis, no suele haber ningún otro sujeto activo en la asociación que pueda discutir las cantidades percibidas. Me estoy refiriendo a esas empresas que se disfrazan de asociaciones y que, con finalidades muy respetables y encomiables, desempeñan sus actividades a partir de la profesionalización de casi todos sus miembros, encubriendo mediante la figura asociativa una realidad económica como actividad principal. CUANDO PARECE QUE LA CANTIDAD IMPORTA o culto al número Me incomoda esta insistencia en considerar positivo que haya muchas asociaciones como si este dato de por sí ya constituyese un indicador de calidad democrática, desarrollo humano o comunidad cohesionada.


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Las asociaciones, cuando se refieren a sí mismas, hablan de la cantidad de personas asociadas que pertenecen a ellas y consideran que «el tamaño sí importa». Así, las más numerosas reclaman un trato especial o privilegiado respecto de las más pequeñas. Al relacionarse con las asociaciones, los poderes públicos presuponen más capacidad y potencialidad en función del número de socios. Para visualizar esta creencia, si realizásemos un gráfico en el que se colocase en un eje los potenciales y las capacidades de las asociaciones y, en otro, el número de socios, nos encontraríamos ante una línea que va ascendiendo progresivamente conforme va incrementando el número de socios. De hecho, podemos encontrar convocatorias públicas de subvenciones en las que uno de los indicadores para priorizar las concesiones es precisamente el número de socios. Asimismo, podemos encontrar espacios y órganos de participación en los que se tiene en cuenta el número de socios a fin de calcular la «representatividad» o el voto ponderado. Estos planteamientos son falsos. Que haya muchas personas asociadas no presupone que el proyecto asociativo tenga un especial interés y viceversa: puede haber asociaciones con muy pocos socios si bien con un proyecto de más envergadura y repercusión social que el de otras asociaciones más numerosas. Lo mismo sucede por lo que se refiere al número de asociaciones en un municipio o en cualquier otro territorio. Parece como si el hecho de tener contabilizadas muchas asociaciones otorgue una especie de certificado de idoneidad social o de capacidad para llevar a cabo nuevas aventuras. Otra lectura sería considerar que la dispersión asociativa comporta una debilidad del sector, que cuando éste no es capaz de generar proyectos compartidos se fracciona, como si de una bacteria se tratase, a fin de reproducirse ad infinitum. Todo ello sin tener en cuenta la intención, a menudo poco sutil, de determinados poderes públicos interesados en que nazcan y crezcan determinadas asociaciones para así enfrentarlas a otras, abonando el terreno para la pugna en el territorio en función de intereses poco confesables y absolutamente injustificables. EL PROYECTO Y LAS ACTIVIDADES. ¿Son siempre congruentes? Ahora entramos en otra vertiente de la realidad asociativa: EL PROYECTO, la misión, la finalidad principal que ha provocado que un grupo de personas (ya hemos dicho que no importa cuántas) se haya puesto de acuerdo y hayan adquirido el compromiso de combinar sus capacidades a fin de lograrlo.


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Aquí, lo importante no es la belleza, trascendencia o viabilidad de esta o estas finalidades, sino tenerlas claras y definidas. Todas las finalidades son respetables (siempre y cuando éstas sean lícitas); algunas son más realizables que otras, que pueden ser más utópicas; sin embargo, todas marcan un camino, un punto al que llegar. Cada asociación imagina su Ítaca y el camino que deberá hacer a fin de alcanzarla y, en general, tan importante es el camino como la llegada a puerto. Así pues, si tenemos este abanico de posibilidades, tan amplio, la mínima atención que se debería exigir a los miembros de la asociación es que adecuen su actividad al logro de la finalidad. Es decir, que los medios (actividades) utilizados para conseguir la finalidad sean congruentes con esta voluntad. Si la asociación nace para luchar contra el alcoholismo, por ejemplo, resulta incongruente promover el consumo de bebidas alcohólicas en sus actividades. Y no porque este consumo sea ilícito, sino porque resulta incongruente en esta asociación determinada con estas finalidades concretas. Imaginémonos una asociación que en su día nace para la mejora de la urbanización de un barrio y que, este barrio, pasado el tiempo, ya está urbanizado. Si las actividades principales siguen siendo la organización de fiestas populares y cursos de bailes de salón, sería prudente y lógico modificar los objetivos a fin de adaptarlos a las actividades. Es fácil, puesto que únicamente se trata de establecer un acuerdo en una asamblea. Y, asimismo, esto es más fácil y honesto que mantener objetivos utópicos, maravillosos desde el punto de vista del posible impacto social, si bien absolutamente alejados de las prácticas cotidianas, realizadas en formato «actividades» pero que, en el mejor de los casos, tiene una relación muy tangencial con dichas finalidades, y eso cuando no son abiertamente contradictorias. Deberíamos ver si esta no es la causa de algunas de las amenazas o debilidades que sufren actualmente ciertas asociaciones. Con esta incongruencia resulta difícil captar nuevas adhesiones al proyecto, porque el proyecto no se puede explicar mediante la praxis, sino que no es más que un conjunto de buenas intenciones incorporado en los estatutos iniciales. Un grado más peligroso, si bien más sutil, de incongruencia se da entre los valores, principios o criterios que el proyecto asociativo recoge en su redacción o en sus exteriorizaciones y la práctica habitual de la asociación. En 2002, realicé, junto con Yolanda Jiménez y Joel Martí, un análisis sobre la realidad asociativa de un municipio del área metropolitana de Barcelona. Más del 70% de los presidentes eran hombres, con la única excepción de las AMPA, que se han ido «feminizando»2.

2 Quizás deberíamos tener en cuenta esa propuesta de cambiar el nombre a las asociaciones de padres y madres de alumnos (AMPA) por AMAPA (Asociaciones de Madres y algunos padres de alumnos).


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En este mismo estudio, constatamos las dificultades para mantener canales de participación entre los órganos de dirección de la asociación y las personas asociadas. En más de una ocasión he oído a dirigentes asociativos decir que tienen muchas dificultades para crear o mantener dichos canales, ya que la urgencia del día a día no les permite. A menudo he oído a determinados responsables políticos afirmar lo mismo. Es decir, o eficacia y respuesta inmediata o participación, como si la eficacia y la participación fuesen conceptos antagónicos. La democracia interna, la búsqueda de la implicación de las personas asociadas en el proyecto, el compromiso con las finalidades, la transparencia en la gestión o el respeto a unos principios éticos son algunos de los elementos que pueden producir contradicciones entre lo que parece que se desee y lo que se termina haciendo. En este sentido, el congreso de asociaciones de Barcelona celebrado en 2002 aprobó un código ético para las asociaciones de la ciudad, fijando así un precedente importante cuyo potencial, creo, no ha sido debidamente aprovechado. En resumidas cuentas, a fin de conjurar el peligro de la incongruencia, debemos observar regularmente el proyecto asociativo y revisarlo cuando proceda. De este modo se adecuará a los cambios del entorno, que cada vez son más fluidos. LA ORGANIZACIÓN INTERNA Una asociación, como cualquier otra organización es, en síntesis, un conjunto de medios materiales y humanos destinados a una finalidad. La diferencia principal de las asociaciones se encuentra en que, por un lado, los medios principales son humanos (la energía voluntaria de la gente que apoya el proyecto) y, por otro, la interacción de estos dos factores se fundamenta en unos valores y principios éticos que son la esencia de la asociación. En cualquier caso, se trata de ordenar el factor económico (a menudo escaso) y el factor personal, amalgamado con estos valores y principios éticos, a fin de lograr la finalidad prevista y que en su día motivó la creación de la asociación. Las tareas dirigidas a la realización de esta ordenación forman la organización de la asociación. Esta organización tiene el nivel decisorio más alto en la asamblea: el conjunto de personas que forman parte de la asociación. Sin embargo, ¿quién forma parte de la asociación en realidad? ¿A quién se le puede considerar socio o socia? ¿Qué nivel de compromiso se puede pedir a la


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persona asociada? ¿Tan sólo se puede colaborar con las finalidades de la asociación asociándose a la misma? Respondiendo a estas preguntas entraremos en el núcleo de la organización interna. Fijémonos en la asamblea. Si en la práctica habitual y reiterada de muchísimas asociaciones en Cataluña y España se da una bajo nivel de participación en las asambleas, ¿no creen que deberíamos reflexionar acerca de este hecho? No basta con la explicación fácil de «es que la gente ya no se interesa por nada». Quizás cabe mirar también hacia otra dirección. Hoy en día, ¿podemos seguir creyendo que todas las personas que en un momento determinado decidieron inscribirse en una asociación y/o pagar una cuota mantienen el mismo nivel de compromiso? Creo que la causa principal es que no se ha sabido ordenar una serie de grados o niveles de relación con la asociación y con el proyecto de ésta, ordenación que debería ser más flexible y diversificada que la existente hasta el momento. El primer nivel de compromiso, y el más profundo, es el de la persona asociada, la que coincide plenamente con las finalidades de la asociación y está dispuesta, por lo menos, a dos cosas: pagar la cuota correspondiente y acudir a la asamblea anual donde deberá aprobarse el presupuesto y el plan de trabajo desarrollado por el órgano directivo. Sin este mínimo de compromiso, no se puede hablar de persona «asociada». Si bien sí es cierto, ¿cuál es el problema? Al principio hemos dicho que esta obsesión por el número no tiene sentido, del mismo modo que tampoco refleja la realidad de la vitalidad asociativa que tenemos. Así las cosas, haríamos un buen favor al sector si delimitásemos grados o niveles de implicación en función de las capacidades y voluntades de la gente para asumir compromisos. Podemos imaginar otros grados como, por ejemplo, el de esa persona que tan sólo quiere colaborar económicamente, o el de esa otra que quiere ayudar en la realización de determinadas actividades, o la que no puede colaborar ya que se encuentra geográficamente lejos si bien considera que el proyecto es interesante; así, desde otro punto, se dedica a la difusión, escribe artículos, asesora proyectos, etc. En resumidas cuentas, hay (debe haber) muchas formas de vincularse a un proyecto asociativo aparte de hacerse socio. Sin embargo, debemos dejar de observar el espejismo del socio y buscar estos medios y canales. Una buena organización, sería, pues, la que provoca la movilidad entre los distintos grados de compromiso (movilidad hacia más compromiso, claro está, puesto que si lo que se provoca es


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movilidad hacia un menor grado de compromiso, quizás sea el momento de revisar si vales la pena mantener el proyecto de la asociación). Esta buena organización debe preocuparse por conocer qué tipo de personas pueden colaborar en el proyecto y preparar los medios que animen y aprovechen sus potencialidades. Asimismo, debe dejar de quejarse de la falta de compromiso (que, en ocasiones, se aproxima al sacrificio y al heroísmo) y dedicarse a ser consecuente y a buscar caminos y canales que favorezcan dicha movilidad. Esto supone tener bastante claros los objetivos y poner en práctica unas actividades congruentes. Parece complicado, parece que determinadas asociaciones no lo podrán conseguir porque son modestas y tienen poca gente o poca ambición (en el buen sentido del término) en relación con los objetivos que en teoría deben lograrse. Creo que se trata de ir desarrollando prácticas que lo demuestren e ir construyendo una cultura asociativa basada en el compromiso y en la felicidad para la realización de éste, en vez de una cultura basada en el sacrificio y en la búsqueda de la medalla al mérito ciudadano. Considero, honestamente, que si una asociación clarifica su proyecto, propone unas actividades congruentes y pone en práctica un conjunto de herramientas para incorporar las potencialidades que pueden tener los distintos niveles de compromiso, tiene muchas posibilidades de cumplir sus finalidades. La asamblea, en esta hipotética asociación, tiene una participación superior al 80%, ya que el número de socios se ha limitado a los que realmente se comprometen. Asimismo, a esta asamblea seguramente no le bastará con que se le comunique una vez al año, en una reunión tediosa, el presupuesto, sino que querrá estar presente en muchos más momentos de definición y desarrollo del proyecto de la asociación. También los que gestionan de forma cotidiana la asociación se verán más motivados a explicar y mejorar este desarrollo. Y, a propósito de la asamblea, existen muchísimas personas que colaboran puntualmente y/o económicamente con las actividades de la asociación. ¿SOCIOS O USUARIOS? Decíamos que una persona se vincula a una asociación por la sintonía con las finalidades que se quieren lograr. La motivación íntima es altruista, filantrópica, no persigue un beneficio personal y especial más allá de la realización de dichas finalidades (a pesar de que le puedan afectar directamente, como es el caso de las asociaciones de ayuda mutua), o del placer de compartir un proyecto y de establecer relaciones con otras personas.


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Pese a ello, existen asociaciones que han desarrollado una clase distinta de productos que ofrecen a las personas asociadas y al público en general: cursos, seguros, actividades lúdicas y festivas, asesoramiento, etc. El peligro se encuentra en convertir al socio en usuario o al usuario en socio. Dicho de otro modo, que la única causa de vinculación con la asociación sea el beneficio que puede obtener mediante los productos que ésta ofrece: descuento en el precio de los libros, entradas a espectáculos más baratas, etc. He encontrado asociaciones en las que existe una relación más precisa, directa y «simpática» entre la asociación y los «usuarios» que entre la asociación y los «socios». Asimismo, existen asociaciones que reconocen que, si dejasen de tener «usuarios», se quedarían sin «socios». De ser esto cierto, y me temo que así es, quizás deberíamos lanzar una mirada crítica y seria sobre este tema y separar claramente donde empieza el compromiso social y donde empieza la ventaja personal, a fin de dar espacios de participación y decisión distintos a unos y a otros. No tendría sentido que una asociación fuese dirigida por una asamblea de usuarios que no tienen ni idea acerca de las bases éticas o de las ideologías sociales que en su día motivaron la creación de la asociación y que, a su vez, tampoco muestren interés alguno. LA (IN)DEPENDENCIA ECONÓMICA. O el peligro de la «subvención» A fin de que un proyecto asociativo sea realmente autónomo y no dependa de nadie sino de la voluntad de los promotores y miembros, necesita capacidad económica y material a fin de poder desarrollar sus actividades. Cuando la fuente principal o única de ingresos proviene de las administraciones públicas, se deberá ir con cuidado con esta excesiva dependencia, puesto que no ayuda a estructurar ni a consolidar proyectos viables. Podemos analizar esta dependencia desde dos puntos de vista: el de las asociaciones y el de las administraciones públicas. Desde el punto de vista de las asociaciones, a menudo la subvención se vive como un hecho al que deberá acceder cualquier forma asociativa que se cree en cualquier momento. De ser así, se produciría una especie de maltusianismo, en el que, mientras las subvenciones crecen en progresión geométrica, las subvenciones tan sólo lo hacen en progresión asimétrica con lo cual el déficit está garantizado.


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Por otro lado, muchas asociaciones consideran que sus proyectos y actividades son importantes para la sociedad y, por ende, los poderes públicos están obligados a mantenerlas, ya se a través de subvenciones económicas directas, a través de la cesión de espacios para realizar actividades o, más importante todavía, tener ahí su sede social. Hay poca mirada desde el mundo asociativo por lo que se refiere a la posibilidad de encontrar medios de autoorganización, autonomía e investigación de recursos propios que no tengan que ser cuestionados por nadie; si bien cada vez son más las excepciones en este sentido. El peligro más grave de la dependencia económica es que puede ir calando como si de lluvia fina se tratase y llegar un momento en el que la asociación terminase realizando esas actividades objeto de subvención y terminase olvidando su propio proyecto, que a su vez se desvirtuaría a copia de adecuarse a los requisitos de la convocatoria de subvenciones. Desde el punto de vista de los poderes públicos, hay una especie de doctor Jekyll y Mr. Hyde, de esquizofrenia instalada en los responsables de las administraciones. Por un lado, tenemos la cara simpática, amable y colaboradora de los que pronuncian discursos sobre la importancia de las asociaciones, alaban su existencia, rinden culto al «número importante de asociaciones» o al «número importante de personas asociadas», «motor y gloria de nuestra ciudad». Por otro lado, nos encontramos la cara rígida, inflexible y desconfiada de los responsables fiscales que ven a las asociaciones como delincuentes fiscales en potencia, a los que se debe vigilar desde muy cerca. Los primeros, los simpáticos, ponen en práctica toda una serie de recursos a fin de dar apoyo a las asociaciones, especialmente subvenciones y, si por el mismo precio y aprovechando la ocasión, pueden conseguir fuentes de fidelización, mejor. Sin embargo, cada vez son más las administraciones públicas que se toman seriamente sus políticas de fomento, por lo que tratan de promover actividades y asociaciones cuyas finalidades tienen un mínimo impacto social. Pese a ello, debemos dar un paso más: el de entender que el hecho asociativo es básico para el país y que necesitamos organizaciones con capacidad de actuación y, sobre todo, con autonomía de gestión. Los segundos, los menos simpáticos, mantienen e incrementan un alud de normas que son muy desconocidas para las asociaciones; desconocidas en un doble sentido, puesto que o bien no saben que existen o bien, sabiéndolo, no les han hecho caso. ¿A santo de qué la actividad económica que pueda poner en práctica una asociación para mejorar su autonomía de gestión tiene el mismo trato tributario que cualquier empresa


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lucrativa? ¿De qué sirve gravar las actividades económicas de las asociaciones cuando los ingresos se imputan a actividades sociales y no hay ningún lucro? Actualmente existen ciertas asociaciones en Cataluña que están realizando tareas de gestión de equipamientos y de servicios públicos con criterios muy avanzados, con un gran contenido social e impacto territorial importante. No obstante, se encuentran desprotegidas ante la legislación administrativa, puesto que a ésta le cuesta admitir estas figuras aunque en teoría tenga en cuenta el concepto de «gestión cívica». Resulta lamentable que, a propósito de esta situación, ni los poderes públicos en primerísimo lugar, ni las asociaciones (salvo algunas excepciones) hayan promovido marcos normativos más adecuados al mantenimiento y a la mejora de la actividad asociativa, si bien preservando las cautelas y garantías que el estado de derecho debe tener a fin de evitar el fraude y la picaresca. A estas alturas, se dan dos regímenes diferenciados: el de la declaración de utilidad pública y el resto. Ambos merecen ser revisados para que puedan utilizarse para la mejora de la capacidad y autonomía de las asociaciones.


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SEGUNDA PARTE. ¿QUÉ HACER? EL PAPEL DE LOS PODERES PÚBLICOS. Concertación pública y autonomía asociativa Si estamos de acuerdo que el ejercicio del derecho de asociación es un bien para la comunidad, si creemos que la puesta en marcha de motores (grandes y pequeños) de actividades dirigidas a intervenir desde la ciudadanía en aspectos de interés común, deberá verse qué rol han de cumplir los poderes públicos en este contexto. Se habla de políticas de fomento para hacer referencia al apoyo, fundamentalmente económico, que se brinda a las asociaciones, o bien respondiendo al criterio de «café para todos» o bien a través de convocatorias públicas de subvenciones orientadas al logro de determinadas finalidades. No todas las finalidades asociativas ni todas las actividades realizadas por asociaciones deben merecer el mismo trato por parte de los poderes públicos. En este mismo ámbito, se pueden promover líneas de asesoramiento, formación y mejora de la capacidad de gestión de las asociaciones. No obstante, aparte de estos apoyos, pude haber otros puntos de contacto.

- La concertación. La puesta en práctica de convenios de colaboración, de espacios de coordinación en relación con esas actividades promovidas por las asociaciones coincidentes con las finalidades e intereses de la comunidad. Aquí los poderes públicos deben colaborar claramente haciendo efectivo el principio de subsidiariedad: lo que se pueda hacer desde el ámbito más cercano, mejor no se haga desde el más alejado.

- Puesta en práctica de un marco normativo y tributario que colabore en mejorar la

autonomía de las asociaciones, que favorezca las aportaciones de particulares a sus actividades, que busque el equilibrio entre el apoyo a la autonomía y el control y la cautela a fin de evitar el fraude.

- Mejorar el conocimiento sobre la realidad asociativa, a partir de unos registros de

asociaciones coordinados, con finalidades no únicamente administrativas, sino como observatorios de la evolución de este sector y promotores de los análisis y propuestas dirigidas a la mejora de sus actuaciones (intentando que no sea una forma más de complicar la vida burocrática de la asociación, sino mejorando los canales internos de transmisión de la información municipal).


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- Favorecer los medios de «gestión cívica» de programas, servicios y equipamientos públicos por parte de las asociaciones.


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POR UN PLAN DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Merece un apartado propio, si bien podría formar parte de un subapartado del punto anterior. No obstante, aquí deseo subrayar la importancia de la articulación necesaria de un conjunto de medidas dirigidas a promover y mejorar nuestro tejido asociativo. Estas medidas, como es de imaginar después de llegar hasta aquí, tienen distintos tipos de instrumentos y varias maneras de ponerse en práctica. En cualquier caso, obedecen a una voluntad de no creernos una realidad virtual publicada por los registros públicos de asociaciones, de no dedicar una oda al número y de tener el convencimiento de que resulta necesario un tejido social activo y autónomo. Fomento del asociacionismo no es exactamente lo mismo que fomento de las asociaciones. No se trata de conseguir que aumente el censo de las asociaciones, y menos en nuestro caso. De pasar, que sucediese porque surgen nuevas ideas, nuevos proyectos, aparece gente nueva, y no porque se atomicen y se dispersen en mayor medida los recursos escasos de la energía voluntaria del país. Fomento del asociacionismo significa mejorar la capacidad de las asociaciones existentes, ayudarlas a conseguir más grados de autonomía en la consecución de sus finalidades, dando apoyos directos e indirectos; si bien asimismo significa conseguir que más gente se implique en las asociaciones existentes, dar al hecho asociativo el valor que merece, dar importancia al interés por las cosas colectivas, con independencia de que sean más o menos generalistas. Y este plan de fomento del asociacionismo no es una mera declaración de principios o una serie de líneas estratégicas difíciles de entender y aún más difíciles de poner en práctica: se trata de un instrumento que se construye sobre la marcha, que se basa en una radiografía real del hecho asociativo en el lugar donde vivimos, que llama a la definición de sus contenidos a los grupos interesados, que promueve el debate y el análisis sobre los datos reales de las asociaciones, que facilita instrumentos a fin de mejorar este conocimiento y la elaboración de propuestas, que despliega propuestas y analiza su eficacia y las aprovecha para elaborar propuestas nuevas... Y así hasta el infinito (y más allá). Todo ello requiere un acuerdo político de primer orden. El gobierno catalán lo debe acordar en el marco de sus competencias y debe promover los medios de coordinación interdepartamental que lo hagan posible. Es necesario establecer un acuerdo con los ayuntamientos, actores importantes en este proceso por el fomento de buenas y no tan buenas prácticas que han promovido en sus municipios. Y, sin lugar a dudas, a través de los canales adecuados, se


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deberá incorporar su voz, reflexiones y aportaciones a fin de que el presente plan se convierta en una herramienta útil y eficaz. LAS ASOCIACIONES También tienen trabajo. Por un lado, mirarse hacia dentro y ver cómo ha evolucionado su proyecto desde la creación de éste, qué gente lo apoya y cuál es el compromiso de los socios así como las posibles formas de comprometerse con el proyecto. Se deben revisar las actividades y la congruencia con las finalidades. Se debe revisar los funcionamientos internos a fin de garantizar que los valores democráticos no sean solamente respetados, sino también promovidos de forma abierta. Se debe tener en cuenta que la participación, el hecho de «sentirse parte de algo», no es algo espontáneo ni fácil. Por ello, se deben habilitar medios que permitan mantener este sentimiento de pertenencia al grupo. Asimismo, se deberán diversificar las fuentes de financiación y buscar medios que permitan mejorar la autonomía. Se deberán buscar formas de colaboración y de cooperación con otras asociaciones con finalidades similares a fin de aprovechar recursos y producir más sinergias. Se deberá tomar conciencia de pertenecer a un sector que, pese a tener finalidades y medios distintos, forma parte de un conjunto de personas que comparten rasgos comunes y reclaman de los poderes públicos un trato más favorable a su autonomía y a sus proyectos. Todos vamos a tener trabajo, pero es apasionante.

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