Documentación de la reunión del Grupo de Trabajo sobre...

Documentación de la reunión del Grupo de Trabajo sobre Aspectos Sociales

26 de junio de 2015, Madrid

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE ASPECTOS SOCIALES

ORDEN DEL DÍA Punto 1º.- Estado de la cuestión en vivienda social y aspectos prioritarios a abordar. “Hoja de ruta” a preparar ante los cambios políticos. Punto 2º.- Mecanismos de inserción frente al incumplimiento de las obligaciones contractuales del alquiler público. Medidas que se están planteando de forma alternativa a los desahucios por falta de pago y los lanzamientos. Punto 3º.- Modelos de Organización de la vivienda pública. Dependencia de la vivienda de las áreas municipales o de otra administración y los mecanismos de coordinación políticos, consejos, transparencia y participación, etc. Punto 4º.- Sistemas para incrementar la oferta de viviendas en alquiler: análisis del parque de viviendas disponibles, vivienda vacía, bancos y grandes propietarios, etc. Cómo incentivar su puesta a disposición. Punto 5º.- Actividades a realizar. Curso “on line” y Jornada. Punto 6º.- Ruegos y preguntas. FECHA: 26 de junio de 2015 HORA: 10,30 h. LUGAR: Sede Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid DOMICILIO: C/ Palos de la Frontera, 13 CIUDAD: Madrid

DOCUMENTO PROGRÁMATICO DE AVS

AVS La Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) se creó en el año 1988 a iniciativa de 26 empresas, como entidad de carácter voluntario y sin ánimo de lucro. En la actualidad está formada por gran parte de las empresas promotoras públicas de vivienda y suelo de España, dependientes de las Administraciones Locales y Autonómicas. La Asociación tiene 5 secciones autonómicas en Andalucía, Cataluña, Madrid, Canarias y el País Vasco. Cifras de AVS Los miembros de AVS:

• Administran un parque de 140.000 viviendas en alquiler • Del año 2007 hasta junio de 2014 han promovido 56.543 viviendas para la venta y

12.080 en alquiler en nueva construcción. Han realizado 242.900 actuaciones de rehabilitación.

• Realizan actuaciones de renovación urbana. • Promueven equipamientos, suelo industrial y residencial.

Más de 1.000.000 familias viven en una vivienda promovida o rehabilitada por AVS. Presentación Los promotores públicos somos un instrumento de las Administraciones para llevar a cabo políticas de integración social alojando a aquellos que están excluidos del mercado de la vivienda. Trabajamos en la construcción de la ciudad a través del urbanismo, la vivienda, la rehabilitación y renovación urbana, y somos pioneros en la edificación energética. Nuestro objetivo primordial es el cumplimiento del mandato constitucional de facilitar a los ciudadanos el acceso a un alojamiento digno y adecuado. Este objetivo es hoy más importante que nunca dado que la crisis económica está haciendo que un número importante de familias estén en riesgo de exclusión social, con graves problemas económicos que suponen en muchos casos la falta de pago de la hipoteca o del alquiler y por tanto el desahucio de sus viviendas. Ello hace que tengamos una demanda creciente pero con problemas de solvencia. Ante esa situación que viven nuestros ciudadanos nos encontramos en paralelo con una Administración en un proceso de reajuste presupuestario y de reestructuración, así como una clara minusvaloración del trabajo que se realiza desde el Sector Público supeditando su subsistencia a la viabilidad económica. Esta ideología llega desde la Comisión Europea que transmite el mensaje de redimensionamiento e incluso de desaparición del sector público y de traslado de su trabajo al sector privado.

Con la eliminación de muchas de las ayudas existentes y de los agentes activos, se está produciendo en muchos casos la desaparición de los servicios públicos y una disminución progresiva del estado de bienestar, ya que en la adopción de estas medidas se tiene solo en consideración el descenso del gasto sin valorar las consecuencias sociales que conllevan. En ese sentido es importante mencionar la resolución de 11 de junio de 2013 del Parlamento Europeo sobre la Vivienda Social en la UE, donde recuerda a la Comisión Europea que “el gasto en el Sector de la Vivienda Social no debe considerarse un coste a recortar si no una inversión que se amortiza a largo plazo ya que permite garantizar los derechos fundamentales,

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responder a la urgencia social y, permite de forma sostenible contribuir a crear empleos locales, a estabilizar la economía, a prevenir las burbujas inmobiliarias y el endeudamiento excesivo de las familias, a fomentar la movilidad laboral, a luchar contra el cambio climático, a luchar contra la pobreza energética y a aliviar los problemas de salud generados por el hacinamiento y las condiciones de vida deficientes.” DESDE EL SECTOR PROMOTOR PÚBLICO DE VIVIENDA CONSTATAMOS EL SIGUIENTE ESTADO DE SITUACIÓN: El modelo tradicional de vivienda protegida está en crisis. La vivienda en compraventa ha quedado sin ayudas y en muchas ciudades con precios equiparables a la vivienda libre (sobre todo la usada) y con una fuerte regulación que hace que no tenga ninguna ventaja y sí numerosos inconvenientes, por lo que, unido al problema de la dificultad de los compradores para acceder a la financiación, esas viviendas quedan sin vender. Los Planes de Vivienda y Rehabilitación son un instrumento esencial de la política de vivienda ya que a través del mismo se articulan las ayudas que se van a otorgar al sector de la vivienda protegida. Sin embargo, en relación con los planes de vivienda vemos:

Liquidación en gran medida de los Planes anteriores en julio del 2012 y se cancelan las ayudas incumpliendo parte los compromisos económicos adquiridos por el Gobierno, creando una gran inseguridad jurídica y situaciones de insolvencia tanto por parte de los compradores de las viviendas como de los promotores. Todo ello ha conllevado al aumento en los impagos a los bancos, desahucios, cierre de empresas e incremento del endeudamiento de las Administraciones matrices.

Paralización de los Planes de Vivienda durante más de dos años ya que del anterior se

cancelaron las ayudas en julio del 2012 y la activación del Plan 2013-2016 se ha dado en diciembre de 2014, con lo cual un Plan a priori cuatrienal va a tener la duración de solo dos años.

Pérdida de parte de la asignación económica que se dotó al año 2014 para el cumplimiento del Plan, dado que esa partida no se puede trasladar al año siguiente y toda la tramitación que posibilita la ejecución de las actuaciones ha tenido lugar en los últimos meses del año 2014.

Necesidad de una política que incentive la vivienda en alquiler. Pese a la exposición de motivos del Plan y a la necesidad real de incrementar el parque de alquiler social, la actual normativa no incentiva el del alquiler social dado que las ayudas son insuficientes, encajadas en un patrón muy rígido y con unos requisitos incluso absurdos ya que, a falta de determinar el significado de viviendas en rotación, si se entiende como en un origen lo pretendía la normativa, puede obligar a que las viviendas para los más vulnerables tengan rotación lo que significa expulsar a las familias con menores ingresos de sus viviendas transcurrido un periodo de tiempo.

Falta de medidas que posibiliten el ajuste entre la oferta y la demanda Se requiere una planificación y cuantificación de las necesidades existentes y que las medidas que se adoptan se planteen para cubrir esas necesidades lo que nos lleva a una inadecuación entre la oferta de vivienda y la demanda existente. Hay una gran oferta de viviendas en compraventa y un aumento de la oferta de vivienda privada en alquiler pero que no satisface a una parte importante de la demanda porque, dada la precariedad existente, ésta solo puede pagar importes inferiores a 200 € mes y el parque de vivienda social en alquiler es solo un 1% del total del parque del país.

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El gran parque de viviendas vacías, que en un porcentaje significativo son propiedad de las Entidades de Crédito, debido al número de personas con dificultades para hacer frente al pago de la hipoteca y de promotores de vivienda que no han conseguido venderlas, debería destinarse en gran medida como viviendas de alquiler para el alojamiento de la población. Problemas de financiación y competencia desleal por parte de las Entidades de Crédito La promoción y la rehabilitación no se pueden llevar a cabo sin financiación externa y dado que las entidades de crédito han denegado el otorgamiento de préstamos ha sido imposible llevar a cabo las operaciones. En el momento actual aunque el crédito está creciendo la cuantía del mismo no permitiría abordar una política seria de vivienda. Además, las entidades de crédito han contribuido de manera importante a agravar la situación de las empresas promotoras ya que cuando un posible comprador de vivienda protegida les solicita un préstamo bancario, le deniegan ese préstamo y le ofrecen su propio producto. Cuestionamiento de la existencia de la empresa pública local La modificación de la Ley de Bases de Régimen Local transmite una gran desconfianza en el sector público local. Asimismo pone en entredicho la existencia de empresas mixtas y elimina las empresas mixtas de segundo escalón, consorcios urbanísticos, partenariado público privado, etc. lo que puede crear serios problemas para actividades como la urbanización de suelo ya que en muchos casos se realiza a través de consorcios urbanísticos.

Ese texto también utiliza el concepto rentabilidad solo desde la perspectiva económica, inmediata y directa, sin contemplar la rentabilidad social tan indispensable en el contexto social de la vivienda protegida.

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA En una situación tan compleja que conlleva a un bloqueo del trabajo de nuestro sector y la imposibilidad de satisfacer a la demanda existente se plantean medidas urgentes que permitan llevar a cabo de manera satisfactoria la actividad. Frente al desarrollo anterior es necesario el fomento del alquiler, la puesta en valor del parque edificado y el desarrollo de fórmulas imaginativas. Cómo satisfacer la demanda y necesidades de vivienda

Estudiar el parque inmobiliario de los municipios y donde están situadas las viviendas vacías conectándolas con las necesidades de vivienda y el perfil social de los demandantes.

Estimulo de la intermediación estableciendo ayudas concretas a la misma, como forma

de aprovechar lo existente dada la gran escasez de viviendas sociales en alquiler y las serias dificultades de ampliar la oferta a través de la nueva edificación o de la rehabilitación.

Utilización de las viviendas vacías ampliando las ayudas del Plan de vivienda a la compra de estas viviendas siempre que se destinen al alquiler con finalidad social.

Propiciar acuerdos con las Entidades de Crédito para gestionar su parque de viviendas

vacío. Hasta la fecha los acuerdos son escasos por distintos motivos. Sería muy importante que el Gobierno se reuniera con los responsables de dichas entidades y analizaran las condiciones que existen en este momento, viendo que estímulos serían

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necesarios para la cesión de las viviendas en alquiler. Por ejemplo que las provisiones que las entidades de crédito deben hacer se aminoren si las viviendas se alquilan.

Ampliación del periodo de las ayudas al alquiler que se otorgan por el Gobierno por un plazo superior a 2 años, ya que transcurrido ese periodo de tiempo tendrían que analizarse las condiciones de las personas a las que se les otorgó la ayuda. En determinados casos hay personas que no van a mejorar sus condiciones de vida, por ejemplo jubilados.

Modificación del actual Plan de Vivienda en lo relativo a la promoción de vivienda en alquiler ya que la figura actual es absolutamente inviable.

Favorecer la existencia de gestores sociales ya que la gestión del parque de vivienda

en alquiler requiere de equipos especializados que permitan una gestión eficaz.

No obviar otras modalidades de vivienda como el arrendamiento y/o propiedad compartida, propiedades, alojamientos temporales…etc. para poder atender y dar vivienda a colectivos, cada vez más crecientes, en situación más precaria o de emergencia a los cuales no se les está dando una solución a su necesidad de vivienda.

Dotar al Plan de una mayor flexibilidad en la gestión para que la tramitación sea más sencilla y que los programas estatales se puedan adaptar a las singularidades e idiosincrasias de cada territorio.

Impulso a la rehabilitación La rehabilitación, en nuestro país, siempre ha sido una actuación minoritaria en relación con la nueva edificación y en el momento presente es ineludible volver la vista hacia la ciudad consolidada ya que los nuevos desarrollos han proporcionado suelo para un gran número de viviendas y tardaremos años en consumirlos y en un contexto de crisis lo razonable es aprovechar lo existente donde hay equipamientos e infraestructuras… El parque viviendas necesita ser rehabilitado. Solo el 23 % de los edificios cumple con las condiciones de accesibilidad y en su mayor parte necesita obras para ser eficiente energéticamente. También, para llevar a cabo actuaciones planificadas y eficientes se requiere el análisis de las necesidades y la búsqueda de su resolución en el marco de la ciudad. Además, es necesario una estructuración de la población en el caso de intervención en áreas, la creación de entidades de gestión mixta, coordinación interadministrativa… es decir, un gran nivel de especialización empresarial.

Apoyo a la gestión en las áreas de rehabilitación. La gestión es uno de los pilares más importantes para llevar a cabo la rehabilitación por ello hay que potenciar oficinas de gestión y la creación de ventanillas únicas mejorando las condiciones y cuantías de las ayudas que se dirigen estas oficinas.

Facilitar instrumentos financieros a particulares y comunidades de propietarios. Un gran

hándicap de la rehabilitación de edificios es la obtención del crédito que no implique que la Comunidad tenga que otorgar su aval. Por ello es necesario que la Administración pacte con las entidades de crédito términos y condiciones, así como fórmulas alternativas. Por ejemplo, que se regule el préstamo de manera que los impagos se puedan ejecutar de manera individual al que impaga y no contra toda la Comunidad, que se establezca un fondo público o un fondo mixto entre administración y entidades financieras, fórmulas de aval público para créditos a la rehabilitación...

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Mejorar la financiación haciendo que cuando se produzca un ahorro en alguna de las partidas contempladas no se tenga que devolver la diferencia si se ha utilizado en otra partida contemplada dentro del área.

Imperiosa necesidad de instrumentos financieros

Potenciación la banca pública y activar financiación europea como el convenio que en su día firmó el Ministerio de Fomento con el BEI con destino a la vivienda en alquiler.

En nuestro sector sin financiación externa no es posible llevar a cabo las actividades por ello es indispensable que el Gobierno tenga un instrumento financiero propio que sea potente y permita llevar a cabo políticas indispensables para el bienestar social.

Acuerdos con las entidades de crédito que garanticen la financiación necesaria para las

actuaciones del Plan y, esa financiación, debe ser adecuada a la finalidad para la que se destina.

Modificaciones fiscales La fiscalidad es otro factor esencial que incide directamente incentivando o desincentivando la actividad. Modificaciones fiscales para el parque de vivienda en alquiler Exención del IBI en los parques de vivienda social ya que estos parques son deficitarios. Modificaciones fiscales en la rehabilitación La fiscalidad en la rehabilitación es uno de los temas más importantes porque es claramente discriminatoria con la nueva edificación perjudicando tanto al promotor como propietario de la vivienda que se rehabilita. Ley de IVA Toda rehabilitación debería estar sujeta a IVA reducido, al igual que la nueva edificación y la rehabilitación protegida al superreducido. La definición fiscal de rehabilitación no tiene nada que ver con la realidad de la rehabilitación y así se da el caso de que las actuaciones en áreas estén sujetas al tipo general (cuando la venta de vivienda libre está sujeta al reducido). En el caso concreto de las obras de renovación y reparación solo pueden acogerse al IVA reducido las personas físicas y comunidades de propietarios. Ello supone que la rehabilitación del parque de viviendas de propiedad empresarial está sujeta al tipo general. Por tanto el mantenimiento y la mejora, en un parque de vivienda social, está sujeta al tipo general. Ese es un grave obstáculo para el desarrollo de un parque de vivienda en alquiler social debido al sobrecoste de su mantenimiento. Si el importe de las ayudas no compensa los tributos que se pagan y a ello sumamos el problema de la gestión de las ayudas y el desconocimiento de si se van o no a otorgar, estamos potenciando la economía sumergida en este ámbito. Modificación del IRPF Exención en el Impuesto sobre la Renta de las subvenciones percibidas.

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El tratamiento de las subvenciones en el IRPF es un serio impedimento para el desarrollo de las áreas de rehabilitación ya que es tan perjudicial para los que las perciben que muchas veces prefieren no tenerla. La subvención se suma a la base imponible del impuesto en el ejercicio que se percibe y la desgravación que se aplica por haber rehabilitado la vivienda tiene límites y muchas veces el perjuicio es mayor que el beneficio y por tanto se pierde el incentivo de la subvención para rehabilitar. Por tanto, se requiere subsanar el efecto desincentivador regulando que las ayudas que se dirijan a una comunidad de propietarios no se consideren ingresos a efectos del IRPF ya que esa subvención se destina al pago de la rehabilitación. Rehabilitación energética Apoyo económico a la formación e información con el objetivo de intercambiar información entre el sector industrial y los promotores así como cambiar los hábitos de los residentes. Se requieren programas informativos y educativos adecuados (que vayan mucho más allá de un manual de uso de la vivienda) tanto para los técnicos como para los usuarios de las viviendas. Asimismo, hay que incentivar la generación de energía limpia y modificar la actual legislación que penaliza a los pequeños productores de energía alternativa, como pueden ser las comunidades de propietarios. Normativa Urbanística El Estado y las Comunidades Autónomas deben llegar a acuerdos en función de sus respectivas competencias para: Agilizar y Flexibilizar la elaboración y ejecución del planeamiento Eliminar el exceso normativo ya que se requieren demasiados informes sectoriales y hay un exceso de trámites que inciden en el urbanismo. Modificar los estándares urbanísticos, salvaguardando la calidad, para que se adecuen a una situación económica y social de estructura más modesta, cuyas cargas de ejecución y mantenimiento no sean excesivas. Así pues, incrementar las densidades edificatorias por hectárea, en especial para la vivienda protegida, dado que el tamaño de las mismas está acotado, y que las dotaciones previstas en los estándares urbanísticos sean las necesarias y que puedan mantenerse. Eliminar la separación entre los sistemas locales o generales ya que no tiene sentido que el sistema local afecte solo a la zona de actuación y el general al conjunto de la ciudad. Por tanto, establecer un marco normativo, con las modificaciones necesarias, tanto en la Ley 2/2008 como en la Ley de Régimen Local, para que en la definición de redes y/o parcelas dotacionales que no tengan asignado un servicio público, puedan ser consideradas como bienes patrimoniales con carácter general. Potenciar la gestión urbanística directa, bien por la propia Administración o mediante sus empresas públicas como garante, ante los propietarios del suelo, de la reinversión de las plusvalías y, ante los promotores privados, de una continua oferta de suelo a precio asequible. Habría que estimular la gestión del suelo mediante fórmulas mixtas consorciadas público-privada, como garantía real ante la banca y dulcificar el endeudamiento público.

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Redefinir las plusvalías, que deberían ser mayoritariamente públicas, estudiando cuál debe ser el equilibrio adecuado de distribución entre el sector público y el privado. Normativa hipotecaria Para poder desarrollar estas nuevas figuras es imprescindible que se modifique la normativa hipotecaria permitiendo la inscripción de derechos reales de garantía de forma más adecuada y completa sobre derechos limitativos de dominio como el derecho de superficie o en las concesiones administrativas y/o demaniales, al objeto de poder obtener la financiación bancaria sin los problemas que actualmente se plantean.

-Reducción del precio de la energía (Ojo!)

-Fomentar rehabilitación energética de viviendas de más de 40 años

-Reforzar información e intermediación. Mediación para reestructuración de deuda y dación en pago

-Ofrecer alternativa habitacional ante determinados desahucios

-Nuevos desarrollos en cicatrices urbanas pendientes de cerrar

-Impulsar las acciones de regeneración urbana y rehabilitación integral de edificios como alternativa a la expansión

-Favorecer mediante revisión del sistema tributario-Ayudas (frente a edificación de nueva planta)-Impulsar la colaboración con el Ministerio de Fomento y con ayuntamientos

-Regular en ley autonómica el derecho a la vivienda superando concepto como activo de inversión.

-Alternativa social de vivienda basada en las 800.000 viviendas vacías construidas con apoyo público

-Intervenir en el mercado para impulsar la ocupación de la vivienda vacía

-Simplificar normativa VPO, integrando procedimientos urbanísticos municipales y autonómicos

-Revisar sistema tributario para favorecer el alquiler frente a la compra

-Movilización de la vivienda vacía y de nuevos modelos de tenencia

-Favorecer mediante revisión del sistema tributario

-Actuaciones de microurbanismo para mejorar la ciudad existente

-Fomentar la renovación de los barrios tradicionales y su parque de viviendas

-105 viviendas para jóvenes en los suelos municipales de la antigua fábrica Alumalsa

-Ampliar los modos de acceso a la vivienda: derecho de superficie

-Alojamiento temporal para situaciones de emergencia social

-Garantizar permanencia en sus viviendas de personas en riesgo de exclusión social

-Desarrollar 2500 viviendas en suelo público

-Convenios con los propietarios de viviendas desocupadas para su puesta en uso con fines sociales y a bajo coste

-Convenios con entidades financieras propietarias de suelos generados durante burbuja inmobiliaria

-Programa alojamiento para comunidad universitaria

(solidarios y distrito erasmus)

-Prácticas de universitarios en Zaragoza Vivienda

-Fomentar vivienda en alquiler para jóvenes, estudiantes

-AHORRO

ENERGÉTICO

MEDIACIÓN HIPOTECARIA/ DESALOJOS

REGENERACIÓN URBANA

FOMENTO REHABILITACIÓN

ACCESO A VIVIENDA

VIVIENDA EN ALQUILER

AUTONÓMICAS Javier Lambán MUNICIPALES Pérez Anadón

-Moratoria de los desahucios

-Procedimiento judicial simplificado para reestructurar y cancelar deuda, que no podrá superar el valor de la propiedad hipotecada. Reducir capital pendiente del préstamo ajustándolo a valor real y dación en pago retroactiva

-Expropiación forzosa del uso de la vivienda por 4 años a entidades que desahucien

-Ante desalojos por alquiler entre particulares se facilitará vivienda de alquiler social o se pagará la renta hasta que se encuentre vivienda

- Plan de rehabilitación con 9000 empleos

-Ley de Vivienda urgente y extraordinaria declarará de interés social la vivienda

-Penalizar la acumulación de viviendas vacías con impuesto progresivo

-Ampliación y mejora del parque público existente

-Instituto de crédito y Financiación prestará dinero a 5 años sin intereses. Financiación al 100% a comunidades

-Reconvertir de compra a rehabilitación las VPOs vacías

-Plan de rehabilitación que reduzca el consumo energéticoAHORRO

ENERGÉTICO

MEDIACIÓN HIPOTECARIA/D

ESALOJOS



ACCESO A VIVIENDA


AUTONÓMICAS Pablo Echenique

-Aumentar el presupuesto para necesidades básicas hasta el 2% (prevenir desahucio, cortes de electricidad..)

-Oficina anti-desahucios a partir de la actual oficina de intermediación hipotecaria que coordine administraciones implicadas.

-Impedir los desahucios a familias empobrecidas. Garantizar realojo digno a través del alquiler forzoso de pisos vacíos de bancos, fondos buitres y grandes inmobiliarias.

-Modificación de criterios de pago de las deudas municipales que impiden la concesión de vivienda pública de alquiler. Coordinación con administraciones del tratamiento de las deudas adquiridas para su aplazamiento

-Prohibición de desahucio en vivienda públicas por razones económicas sobrevenidas

-Conseguir la dación en pago, la moratoria de desahucios, el realojo y una política coordinada para impulsar el alquiler social

-Apoyar a bloques recuperados por la obra social de las plataformas de afectados por los desahucios

-Moratoria de nuevos desarrollos urbanísticos. Paralización de los existentes. Revisión del Plan General

-Planes integrales de barrios: liberar del coche plazas y calles, favorecer espacios de convivencia, equip públicos o autogestionados y comercio de proximidad

-Programa de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, de viviendas, locales comerciales, ed municipales y espacios públicos en desuso: funcionalidad, accesibilidad, eficiencia energética-Rehabilitación de edificios públicos sin uso para reconvertirlos en edificios residenciales para alq social

-Promoción de viviendas con servicios comunes de utilidad pública. Para ello se pondrán suelos públicos con servicios comunes a disposición de cooperativas de viviendas

-Proyectos de vivienda compartida para emancipación de los jóvenes: a través de la red municipal de viviendas sociales municipales y/o con apoyo de las Ayudas de Urgente Necesidad municipales

-Censo de vivienda vacía y subida del IBI para éstas.

-Estudio para el incremento del presupuesto manteniendo la eficacia del gasto de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda

-Promoción del Co-Housing

-Ampliaremos el parque público de viviendas de alquiler social hasta las 5.000, a través de la reorientación del uso, de la subrogación de hipotecas de viviendas de familias deudoras de buena fe, cesión de uso de particulares, la compra o expropiación de uso de viviendas vacías en manos de la SAREB y las entidades financieras, y el apoyo municipal para los bloques recuperados por la Obra Social de lasplataformas de afectados

-Registro único de solicitud de vivienda de alquiler social en coordinación con la comunidad autónoma para evitar duplicidad

-Promover política de rehabilitación dirigida a la eficiencia energética

-Impulso de la construcción (o rehabilitación), compra y alquiler de edificios “Zero”.AHORRO

ENERGÉTICO


ESALOJOS



ACCESO A VIVIENDA


MUNICIPALES Pedro Santieve

-Viviendas públicas o protegidas no podrán ser vendidas a soc merc privadas, ni fondos de titulación, ni fondos “buitre”. Consideración de servicio público dirigido a personas expulsadas del mercado inmobiliario

-Bolsa de viviendas de emergencia social para situaciones puntuales y urgentes

-Oficinas en Defensa de la Vivienda para prevenir, intermediar y proteger familias en riesgo de desahucio.

-Expropiación del uso de viviendas vacías a entidades financieras que desahucien a familias en riesgo de exclusión social.

-Las Administraciones no podrán desahuciar de sus parques de vivienda

-Aprobación de la dación en pago y moratoria de desahucios

-Realojo obligatorio de familias deudoras de buena fe y en riesgo de exclusión social

-Apostar por la regeneración de la ciudad consolidada, revitalizar socialmente barriadas y un modelo territorial más sostenible

-Densificar la ciudad y promocionar la ciudad compacta

-Auditoría pública de la calidad de la vivienda

-Mapa urbano de infravivienda para su eliminación

- Ley Urgente de Garantía del

Derecho a la Vivienda y regulación de su función social

-Sancionar viviendas deshabitadas en manos de entidades financieras, sociedades de gestión de activos y personas jurídicas

-Crear parque de viviendas de alquiler social con activos de la Sareb

-Modelo mayoritario de desarrollo urbanístico: vivienda pública de alquiler

-Fomentar alquiler penalizando a la propiedad vacía

-Fomentar cooperativas para acceso a la vivienda y nuevas formas de tenencia

-Programas de ayuda para facilitar acceso alquiler privado a inmigrantes.

-Incentivar alquileres sociales (superar 12% de la UE) a precios asequibles, bajando los de VPO

- Rehabilitación y modernización energética viviendas y edificios con planes, incentivos y requerimientos de eficiencia obligatorios en el parque existente en plazos apropiados y con medidas de carácter social para apoyar a la población más vulnerable

-Fomentar energías limpias y el I+D.

-Fomento de la producción para autoconsumo tanto en viviendas como en industria y servicios

AHORRO ENERGÉTICO

MEDIACIÓN HIPOTECARIA



- Planes municipales de viviendas que incluyan:

- Diagnóstico del estado de viviendas (incluyendo viv sociales)

- Viviendas deshabitadas

- Viviendas que requieren rehabilitación

- Infraviviendas

- Demanda municipal de vivienda

-Promoción de vivienda social frente a la libre, incluyendo ambas en la planificación para no generar zonas de exclusión social

-Aplicación de IBI superior a viviendas deshabitadas en manos de entidades financieras y exoneración a viviendas sociales

ACCESO A VIVIENDA


AUTONÓMICAS Patricia Luquín MUNICIPALES

- Fomentar acuerdos con los bancos para facilitar una segunda oportunidad

-Colaborarán en obras de rehabilitación, urbanización y reurbanización de espacios públicos y sustitución de edificios demolidos.

-Eliminación de infraviviendas

- Promover la rehabilitación a través de planes estatal y aragonés

de vivienda 2014-2016

-Potenciar la construcción de parques públicos de vivienda

-Nueva Ley Urbanística que facilite la gestión, el desarrollo socioeconómico y la creación de empleo

-Simplificar y modernizar regulación para agilizar y abaratar el coste sin mermar la calidad.

-Promover el alquiler a través de ayudas.

-Plan de Vivienda Social de Aragón para fomentar las viviendas de alquiler social y reducir problemas derivados de desahucios. Prioridad a familias con hijos.

-Impulso de VPO en alquiler sobre suelos o edificios públicos

-Fomentar renovación de espacio público

-Fomentar rehabilitación y mejora de infraestructuras combinando inversión pública con participación de nuevos agentes

-Impulsar accesibilidad

-Simplificar tramitación administrativa

-Acuerdos de colaboración público-privada para incentivar alquiler y compra de viviendas vacías

-Incentivar vivienda en alquiler y con opción a compra

-Impulsar bolsas de alquiler con colaboración de Ayuntamientos

-Impulsar eficiencia energéticaAHORRO

ENERGÉTICO


ESALOJOS



ACCESO A VIVIENDA


AUTONÓMICAS Luisa Fernanda Rudi MUNICIPALES Eloy Suarez

-Fomentar actuaciones integrales de rehabilitación en la ciudad compacta

-Nueva regulación hipotecaria

-Dación en pago a precios de mercado

-Al menos la mitad de recursos de obra social de entidades financieras se destinen a paliar condiciones de los desahucios

-Creación de un parque de viviendas sociales con inmuebles procedentes de desahucios

-Acuerdos con entidades financieras que permitan ampliar el parque de vivienda social

-Nuevos régimenes de tenencia: propiedad compartida o temporal

-Reducción impuesto de transmisiones o del IVA para menores de 35 años en función de renta y perfil social

-Política fiscal de fomento del alquiler a través de mejoras en el IRPF y en las garantías jurídicas del arrendador (en cobro y mantenimiento)

-Posibilidad de reclasificación de pisos rehabilitados con las ventajas de VPO

-VPO no incorporable al mercado libre

-AHORRO

ENERGÉTICO


ESALOJOS



ACCESO A VIVIENDA


AUTONÓMICAS Susana Gaspar MUNICIPALES Elena Martínez

-Moratoria efectiva de los desahucios

-Moratorias en los pagos, caso de desempleo, accidente laboral o desgracia familiar

-Suspendo de desalojos hasta que afectados puedan disponer de una vivienda digna económicamente adecuada a sus posibilidades y por 5 años

-Política de realojo

Expropiación temporal de pisos a entidades financieras, máximo 3 años, para evitar desalojos de familias en riesgo de exclusión.

-Dación en pago

-Beneficios fiscales y ayudas para rehabilitación

-Decreto Aragonés de la Vivienda

-Plan aragonés de Gestión de Vivienda Social

-Ampliación urgente del parque de viviendas público

-Mantener ayudas a la subsidiación de VPO

-Crear una sociedad pública análoga a Zaragoza Vivienda que gestione la bolsa de alquiler

-Crear un fondo social de alquiler de viviendas

-Fomentar arrendamiento con multas a bancos y penalizaciones fiscales a particulares con pisos vacíos

-Revisar a la baja precio de VPO de alquiler

-Beneficios fiscales y ayudas para el alquiler

-Rehabilitación de estos edificios públicos a través de iniciativa privada e impuestos

-Movilizar mercado privado del alquiler

-Poner en valor viviendas vacías

-Crear pisos con equipamientos comunes en los bajos de San Agustín, la Imprenta Blasco, Pontoneros y las plantas altas del LuisBuñuel

-Las rentas bajas no tengan subida por el efecto de terminación de bonificaciones

-AHORRO

ENERGÉTICO


ESALOJOS



ACCESO A VIVIENDA


AUTONÓMICAS José Luis Soro MUNICIPALES Juan Martín

-Se apostará por la rehabilitación sostenible y por la construcción de casas pasivas y eficientes que tiendan al mínimo coste energético

-Programa de ayudas y medidas contra los desahucios

-Fomento de acuerdos extrajudiciales de pago para renegociar las deudas hipotecarias

-Mantendremos el Fondo de Inclusión Social y Ayuda Familiar Urgente mientras sea necesario

-Plan de rehabilitación que incluya políticas sociales integrales en las barriadas más degradadas de nuestras ciudades o pueblos

-Programa de rehabilitación de viviendas abandonadas en el medio rural + plan de empleo

-Medidas fiscales para incentivar la rehabilitación

-Línea de ayudas para la rehabilitación de viviendas ocupadas por personas mayores y dependientes

-Programa viviendas sociales y alojamientos transitorios para personas en riesgo de exclusión

-Banco de vivienda de compra o alquiler accesible a través de una ventanilla única

-Bolsa de alquiler joven

-Política de promoción pública de viviendas protegidas de alquiler social para las unidades familiares con rentas más bajas

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-AHORRO

ENERGÉTICO

MEDIACIÓN HIPOTECARIA/ DESALOJOS



ACCESO A VIVIENDA


AUTONÓMICAS Arturo Aliaga MUNICIPALES Arturo Aliaga

-Potenciar régimen de reserva de suelo para aumentar patrimonio público

-Establecer mecanismos para obligar a edificar

-Segunda oportunidad para personas físicas con la extinción de las deudas hipotecarias con la dación en pago

-Abordar problemática generada por los desahucios

-Rehabilitación edificatoria, regeneración y renovación urbanas para la mejora de los tejidos residenciales y recuperación funcional de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales

-Programa de Rehabilitación y mejora de la infravivienda

-Reducción de barreras arquitectónicas

-Reforma de la Ley urbanística de Aragón para incrementar controles e introducir medidas anticorrupción

-Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un alojamiento asequible y adecuado.

-Gestión social de la vivienda y alquiler social-Utilizar suelo de propiedad pública para viviendas de alquiler social, renunciando a la venta de suelo como medio de financiación del Ayuntamiento

-AHORRO

ENERGÉTICO


ESALOJOS



ACCESO A VIVIENDA


AUTONÓMICAS Jose Luis Lajara MUNICIPALES Jesús López

BIBLIOGRAFÍA:

-Programa marco municipales y autonómicas http://www.izquierda-unida.es/node/14934

-Programa Municipal y Autonómico de IU Aragón 2015 http://www.iuaragon.com/imprescindibles/materiales-programa/

-Programa Electoral del PSOE a la alcaldía de Zaragoza

-Programa electoral de PSOE en Aragón 2015

-Programa CHA “Aragoneses llenos de vida”

-Programa Zaragoza en común http://zaragozaencomun.com/es/programa/

-Programa del PAR http://www.partidoaragones.es/elecciones2015/PAR_Programa2015web4.pdf

-Programas municipal y autonómico de UPyD http://www.upyd.es/Aragon/Programas-Electorales-de-UPyD-Aragon

-Artículo “La tormenta perfecta”. Heraldo de Aragón, 10 de mayo de 2015

-Artículo “24M, Municipales. Los candidatos a la alcaldía aragonesa”. Periódico de Aragón, 13 de mayo de 2015

-Artículo “24M, Municipales. Los candidatos a la alcaldía aragonesa”. Periódico de Aragón, 14 de mayo de 2015

LAS PUERTAS GIRATORIAS EN EL SISTEMA PUBLICO DE VIVIENDA

PROCESO DE INTEGRACION EN RELACIONES CONTRACTUALES

FRACASADAS

LAS PUERTAS GIRATORIAS DE LA VIVIENDA PUBLICA EN ALQUILER

JUSTIFICACION

• La actividad de administración del parque público de vivienda es una actividad humana.

• El error sobre la actividad previamente diseñada, es real y ocurre.

Grado de satisfacción de la actividad:

Nivel general: Cumplimiento 90 %.

Nivel de Incidencias reconducidas por desahucios 9 %.

Nivel de fracaso: 1 %.

• El objetivo: la excelencia. desde el realismo


“EL PIREFOCA”PROCESO DE INTEGRACION EN RELACIONES CONTRACTUALES FRACASADAS.

El fracaso de la relación contractual: incumplimiento de la obligación de pago de la

renta.

El fracaso de las medidas contractuales de integración:

• Desahucio.

• Lanzamiento.

• Reestructuración y quita.

• Colaboración (empatía) social.

Subyace una desestructuración: requiere integración


EL PROCESO DE INTEGRACION

Rehabilitación del alquiler mediante la

integración sociolaboral.

Declaración de insostenibilidad del alquiler:

• Resolución con efectos administrativos.

• Cese del devengo de la renta.

• Cese de las medidas ordinarias de integración (grupo morosidad).

• Adopción de medidas extraordinarias.


MEDIDAS DE INTEGRACION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO

• Coordinación con Acción Social o instituciones sanitarias u órganos administrativos o

judiciales o entidades privadas del tercer sector.

• Inclusión en Convenio permanente con Acción Social.

• Actuaciones derivadas de la pertenencia a colectivos en riesgo de exclusión: menores,

mujeres y mayores. mujeres y mayores.

• Piso compartido.

• Reestructuración y quita de la deuda.

• Condonación de deuda por participación de programas de inserción socio-laboral y revisión

de renta.

• Programa de reinserción socio laboral para personas en riesgo de exclusión en colaboración

con entidades del tercer sector.

• Lanzamiento programado para reubicación en recurso residencial alter


• Las puertas giratorias pretenden devolver al

consenso la relación entre el usuario/a de

vivienda pública y los recursos de la

ciudadanía destinados a la satisfacción de la ciudadanía destinados a la satisfacción de la

necesidad de vivienda digna.

• Las puertas giratorias no se cierran, siempre

giran.

PROCESO DE INTEGRACION, EN RELACIONES CONTRACTUALES

FRACASADAS.

I) Justificación.

1) La gestión de la vivienda pública no es ajena a la actividad humana. El error

sobre la perfección previamente diseñada, es real. Así, el principio general de la

actividad de VVMM, es el de cumplimiento de las obligaciones contractuales,

consecuente en el uso de una vivienda pública con la contraprestación del pago

de la renta. Más del 95 % de los contratos de arrendamiento, cumplen este

principio.

2) Incluso para el 5 % restante, las medidas correctoras (desahucios) suponen

una regularización que les devuelve a la senda del cumplimiento contractual.

Pero, de entre esta incidencia en el proceso de prestación del servicio, un 1 %

no encuentra una respuesta satisfactoria en los medios ordinarios arbitrados

por los procesos propios de VV.MM. Actualmente de 4.086 viviendas concurre

en 27 supuestos.

3) Se trata por tanto de implementar una sistemática que fuerce a la excelencia

del sistema, partiendo del principio general de realismo.

II) Ámbito de actuación del PIRECOFA

4) Hace referencia a la existencia de una relación contractual fracasada, en tanto

que los ocupantes de la vivienda pública han desatendido las obligaciones

contractuales, y ninguno de los remedios adoptados, en particular desahucio

pro falta de pago, lanzamiento o colaboración con otras entidades (ayudas

Acción Social o Lanbide) han dado resultado.

5) En particular y sin ánimo de exhaustividad se corresponden con situaciones en

las que concurren: una falta de pago de la renta y la inexistencia de medios

para hacer frente a ella; el contrato de arrendamiento se encuentra resuelto

judicialmente; se ha suspendido el lanzamiento una o varias veces por concurrir

circunstancias de especial vulnerabilidad (menores, mujeres o tercera edad,

salud mental, etc.); e incluso la intervención social ha desistido de actuación.

III) Itinerario del Proceso: la declaración de insostenibilidad del

arrendamiento.

6) La detección de una situación como incursa en insostenibilidad del

arrendamiento como consecuencia en la reiteración en el objeto de morosidad,

o en la desatención de las actuaciones judiciales o sociales establecidas, o la

concurrencia de otras circunstancias de vulnerabilidad que impiden la ejecución

material de medidas ordinarias, conllevará la declaración de insostenibilidad del

arrendamiento, resuelta previo informe motivado de Trabajo Social y la

Intervención Socio Comunitaria. La Presidencia dictará la correspondiente

Resolución con el Visto bueno de la Dirección General y la Subdirección

Operativa y Jurídica. Un formulario estandarizado servirá de instrumento de

control de situaciones así declaradas.

7) Las consecuencias de la declaración de insostenibilidad serán: la suspensión

automática del devengo de la renta devengada contractualmente, el cese de la

actuación ordinaria del proceso de morosidad y la adopción de cualquiera de las

medidas extraordinarias previstas.

IV) Proceso de Integración.

8) La finalidad, tras la declaración de fracaso, es la integración. Es decir, la

adopción de una medida que o bien permita la rehabilitación de la relación

contractual estandarizada o la inserción social con otros recursos alternativos al

de vivienda pública en alquiler, o su combinación mediante la alternancia entre

ambas medidas.

V) Medidas de integración extraordinarias.

9) En atención a las condiciones subjetivas preferentes en la unidad convivencial o

en la persona incursa en declaración de insostenibilidad, se podrán acordar

cualquiera de las medidas especificadas a continuación, que serán incluidas en

la propia declaración de insostenibilidad:

• Coordinación con Acción Social o instituciones sanitarias u órganos

administrativos o judiciales o entidades privadas del tercer sector.

• Inclusión en Convenio permanente con Acción Social.

• Actuaciones derivadas de la pertenencia a colectivos en riesgo de exclusión:

menores, mujeres y mayores.

• Piso compartido.

• Reestructuración y quita de la deuda.

• Condonación de deuda por participación de programas de inserción socio-

laboral y revisión de renta.

• Programa de reinserción socio laboral para personas en riesgo de exclusión

en colaboración con entidades del tercer sector.

• Lanzamiento programado para reubicación en recurso residencial

alternativo.

VI) Inclusión del Proceso en el grupo de trabajo de Morosidad.

10) La gestión de expedientes, coordinación, seguimiento y establecimiento de

proceso administrativo y de indicadores se llevará a cabo desde el grupo de

trabajo de morosidad.

SUBDIRECCION OPERATIVA Y JURÍDICA

San Pablo, 61. 50003 Zaragoza. Tfno 976·28·26·59. Fax 976·28·10·62. www.zaragozavivienda.es

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Sociedad Limitada Unipersonal Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza. Tomo 1.895, sección octava, folio 40, hoja Z-5.770 - C.I.F. B-50.005.701

1.- ACCESO A VIVIENDA

ventanilla única en ZV que recoja las diferentes demandas ciudadanas - nuevas normas

2.- OFICINA DE DERECHO A VIVIENDA (PREVENCION DE DESAHUCIOS)

- tratamiento coordinado de emergencias habitacionales - asesoramiento - alternativas residenciales X barrios?

3.- MEDIACIÓN DE ALQUILER E HIPOTECARIA

-apoyo social - apoyo legal - mediación - coordinación con ayudas económicas y alternativas residenciales

4.- BOLSA DE ALTERNATIVAS HABITACIONALES URGENTES

- vivienda amueblada lista para ocuparse - 30 viviendas a disposición de las emergencias habitacionales - vivienda compartida (PARA JÓVENES COMO PROGRAMA INDEPENDIENTE) - coordinación con entidades sociales que disponen de viviendas

5.- VIVIENDA VACIA - estudio de la situación - fomento de su dedicación al alquiler, x ayudas a rehabilitación y empleo de inserción

6.- ACCESO SIN INGRESOS

- ayudas de emergencia para primeros gastos de acceso y mientras se tramitan ingresos estables

7.- POBREZA /EFICIENCIA ENERGÉTICA

- programas europeos - coordinación ACS, entidades … - ayudas económicas para rehabilitación energética - buenas prácticas/ consejero energético….

8.- COHOUSING - poner en marcha una experiencia: solares? Propuesta de ¾ solares susceptibles y elaboración de bases para las coop que se formen

9.- NUEVA VIVIENDA ALQUILER

- Estudio de solares susceptibles y viabilidad inmediata Alojamientos con servicios comunes

10.- PLANES INTEGRALES

- trabajo comunitario en barrios , incluyendo aspectos alojamiento

11.- REHABILITACIÓN - Ayudas económicas y apoyo en asesoramiento y gestión, Con especial atención a medidas de accesibilidad y ecoeficiencia - programas integrales y atención a la infravivienda

DERECHOS DESALOJADOS El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España

Publicación a cargo de: © Amnistía Internacional España

C/ Fernando VI, 8 – 1º izda 28004 Madrid Tel.: 902 119 133 Fax: 91 319 53 34 www.es.amnesty.org

Fecha de publicación: 19 de junio de 2015

Fotografía de portada y contraportada: Activistas por el derecho a la vivienda sacan las pertenencias de la residencia un afectado durante el aplazamiento del desalojo en Madrid, España, el viernes 09 de enero de 2015. © AP Photo/Andres Kudacki

© Reservados todos los derechos. Esta publicación tiene derechos de autor, si bien puede ser reproducida por cualquier medio, sin pago de tasas, con fines educativos o para llevar a cabo acciones de protección y promoción de los derechos humanos, pero no para la venta. Los titulares de los derechos de autor solicitan que se les comuniquen los usos mencionados con el fin de evaluar sus efectos. Para la reproducción de este texto en cualquier otra circunstancia, su uso en otras publicaciones o su traducción o adaptación, deberá obtenerse el permiso previo por escrito de la editorial, y podrá exigirse el pago de una tasa.

Este informe puede descargarse en: www.es.amnesty.org

Amnistía Internacional es un movimiento global de más de siete millones de personas que trabajan por un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos.

Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.

Somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos.

ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................. 4

GLOSARIO .............................................................................................................. 8

METODOLOGÍA ...................................................................................................... 10

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 11

2. LOS DESALOJOS HIPOTECARIOS Y EL DERECHO A LA VIVIENDA EN TIEMPOS DE CRISIS ECONÓMICA ........................................................................... 13

3. MARCO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS ............................................. 17

4. DESALOJOS HIPOTECARIOS Y OBLIGACIONES INTERNACIONALES DE ESPAÑA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS ...................................................... 21

4.1. Ausencia de evaluación y consideración de la proporcionalidad en las ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales ......................................................... 22

4.2. Igualdad de armas en las negociaciones con el banco ............................................ 26

4.3. Falta de consulta y de evaluación del impacto en derechos humanos de la política pública sobre desalojos hipotecarios, y ausencia de datos fiables y precisos ................................................................................................................ 29

5. EL DERECHO A LA VIVIENDA EN MADRID Y CATALUÑA: UN RETROCESO INJUSTIFICADO EN TIEMPOS DE AUSTERIDAD......................................................... 32

5.1. “El grifo se ha cerrado”: Recortes del gasto público en vivienda .............................. 33

5.2. Casas vacías: ¿Están usando todos los recursos disponibles las autoridades públicas? .............................................................................................................. 37

5.3. Vivienda social: reducción del periodo de calificación ............................................ 41

5.4. Venta de vivienda social a sociedades de inversión ................................................ 42

5.5. Medidas regresivas en las prestaciones sociales .................................................... 43

6. CONCLUSIONES ................................................................................................ 47

7. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 48

ANEXO ARTÍCULO 1 DE LA LEY 1/2013, MODIFICADA POR REAL DECRETO LEY 1/2015, DE 27 DE FEBRERO .................................................................................. 51

Derechos desalojados El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España

Amnistía Internacional – Junio de 2015

4

RESUMEN EJECUTIVO Los desalojos hipotecarios sin las garantías necesarias están afectando negativamente al derecho a una vivienda adecuada

Desde que comenzó la crisis en 2008, cientos de miles de personas en España han perdido su casa o corren peligro de perderla en ejecuciones de bienes hipotecarios debido al desempleo y al sobreendeudamiento. La pérdida del hogar es una de las peores formas de intromisión en el derecho a una vivienda adecuada y en el derecho a la vida privada y familiar, y los desalojos hipotecarios, cuando se hacen sin respetar las garantías internacionales de derechos humanos, pueden dar lugar a violaciones de estos derechos.

Desde 2012, el gobierno central ha aprobado una serie de medidas dirigidas a mejorar la situación de las personas en riesgo de perder su casa. Tales medidas incluyen un Código de Buenas Prácticas para los bancos, un Fondo Social de Viviendas compuesto de casas embargadas por los bancos, la suspensión del desalojo en el caso de familias pertenecientes a “colectivos especialmente vulnerables” y la reforma de la legislación procesal civil para que los deudores puedan alegar la existencia de cláusulas abusivas en el contrato hipotecario. Más recientemente, el gobierno central introdujo una “ley de segunda oportunidad”, que, en determinadas circunstancias, ofrece a algunos deudores la oportunidad de conseguir la condonación de sus deudas para que puedan volver a empezar desde cero. Pero aún es pronto para evaluar la utilidad y los efectos de esta última medida.1

Estas medidas han beneficiado a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que son insuficientes para que España cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. No son suficientes puesto que no garantizan una evaluación independiente de la proporcionalidad del desalojo de la vivienda habitual, no respetan la igualdad entre las partes (igualdad de armas) en el proceso judicial2 y no han sido aprobadas en consulta con las personas afectadas y las organizaciones de la sociedad civil. Un problema adicional de la crisis de la vivienda en España es la falta de datos estadísticos sobre el número de personas afectadas por desalojos hipotecarios.

Dado el reparto constitucional de las competencias de vivienda entre el gobierno central y las comunidades autónomas, en el informe se examinan el papel de ambas instancias de gobierno en el proceso de la vivienda y su incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos respecto al derecho a una vivienda adecuada.

El informe se centra en dos comunidades autónomas, Madrid y Cataluña, debido al elevado número de desalojos que se ejecutan en ambas zonas, sumado al gran número de viviendas vacías y al auge de movimientos sociales especialmente activos.

1 Según consta en la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 1/2015, “se trata de permitir que aquél que lo ha perdido

todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores, pueda verse liberado de la mayor parte

de las deudas pendientes tras la referida liquidación”. El mecanismo de "segunda oportunidad" está regulado con detalle en

el nuevo artículo 178 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal).

2 El principio de igualdad de armas incluye oportunidad adecuada para aducir pruebas, impugnar pruebas de la contraparte y

presentar argumentos sobre los asuntos en cuestión. Requiere asimismo condiciones que no coloquen a ninguna de las

partes en una situación de importante desventaja con respecto a la otra parte.

© Ángel Gonzalo/Amnistía Internacional



5

España tiene, tradicionalmente, una de las políticas de vivienda social más endebles de Europa.3 Se calcula que el parque de viviendas sociales en España representa solamente el 1-2% de todas las viviendas, comparado con el 32% en Países Bajos, el 23% en Austria, el 18% en Reino Unido o el 17% en Francia.4

En un momento de crisis económica en el que las políticas públicas destinadas a proteger y hacer efectivo el derecho a la vivienda urgían más que nunca, las autoridades públicas de Madrid y Cataluña han aprobado políticas enfocadas a la austeridad que han supuesto un retroceso deliberado e injustificado en el cumplimiento de su obligación respecto al derecho a la vivienda. Adoptar medidas regresivas sobre los derechos económicos, sociales y culturales de manera deliberada e injustificada está prohibido por el derecho internacional.

VÍAS DE RECURSO INEFICACES EN LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS

La ineficacia de las vías de recurso a disposición de las víctimas de violaciones del derecho a la vivienda se debe a la falta de justiciabilidad del derecho a la vivienda en España, lo que se pone de manifiesto en los desalojos hipotecarios. Aunque la Constitución reconoce el derecho a la vivienda, la elaboración del contenido de este derecho depende de la adopción de medidas legislativas. Sin embargo, ni el gobierno central ni las comunidades autónomas han aprobado leyes que desarrollen el contenido y significado del derecho a la vivienda, detallen su contenido básico mínimo, ofrezcan garantías adecuadas y permitan impugnar las violaciones de este derecho ante los tribunales. El resultado es que las personas en peligro de sufrir un desalojo están en gran medida desprotegidas.

El derecho internacional de los derechos humanos obliga a los Estados a establecer un marco regulador que proteja el derecho de las personas a una vivienda adecuada frente a la intromisión injustificada de terceros, incluidos actores privados como los acreedores en los contratos hipotecarios.

La obligación internacional contraída por España de respetar y proteger el derecho a la vida privada y familiar, que está indisolublemente unido al derecho a la vivienda desde el momento en que lleva aparejadala protección del hogar, significa que la proporcionalidad del desalojo y su impacto en la vida de las personas deben ser examinados con detenimiento e independencia por un juez.

En 2012, el gobierno español estableció un Código (voluntario) de Buenas Prácticas para los bancos, y recientemente ha adoptado una “ley de segunda oportunidad”. Sin embargo, la legislación no prevé un mecanismo obligatorio que garantice la igualdad de condiciones en la negociación entre las familias y las instituciones financieras, algo fundamental para garantizar que sólo se recurre al desalojo como último recurso. Dado que las normas internacionales de derechos humanos obligan a examinar todas las alternativas posibles al desalojo, Amnistía Internacional recomienda que se supervise la negociación entre el banco y la parte afectada, para tener garantías de que se examinan todas las medidas posibles para evitar el desalojo.

Contraviniendo lo que exige el derecho internacional de los derechos humanos, el gobierno no ha consultado a las personas afectadas ni a las organizaciones de la sociedad civil, y tampoco ha evaluado las posibles

consecuencias de sus políticas particularmente para las personas más vulnerables de la sociedad.5 Lo confirma

3 En este informe se utiliza la expresión “vivienda social” en sentido laxo, entendida como aquella vivienda subsidiada por la

administración y construida sobre terreno reservado a vivienda social o protegida.

4 CECODHAS (2012): The Housing Europe Review 2012, p. 24.

5 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1997): Observación general nº 7, El derecho a una vivienda

adecuada: los desalojos forzosos, párr. 13. Relatora especial sobre una vivienda adecuada, Raquel Rolnik (2013): Principios

rectores sobre la seguridad de la tenencia para los pobres de las zonas urbanas; Comité Europeo de Derechos Sociales

(2012): Conclusiones XIX-4 (2011) sobre España, p. 15.



6

el hecho de que no haya datos estadísticos fiables sobre la dimensión del problema de los desalojos de personas de su vivienda habitual en España.

MEDIDAS REGRESIVAS SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido que, para ser compatibles con las normas internacionales de derechos humanos, las medidas regresivas deben ser provisionales, necesarias y proporcionales, no deben tener carácter discriminatorio, deben mitigar las desigualdades para que los derechos de las personas más desfavorecidas no se vean desproporcionadamente afectados y, por último, deben especificar un contenido mínimo básico de derechos o el nivel mínimo de protección social.6

Sin embargo, las medidas adoptadas por las autoridades públicas en España en los últimos años no cumplen estos requisitos. Las autoridades públicas de Madrid y Cataluña han adoptado un conjunto de medidas deliberadamente regresivas e injustificadas que contravienen el derecho internacional de los derechos humanos.

En primer lugar, el gasto público en vivienda desde el comienzo de la crisis no ha hecho más que disminuir. La partida de vivienda de los Presupuestos Generales del Estado se redujo en más de la mitad entre 2008 y 2015.7 Las ayudas a la vivienda descendieron de 40,95 euros por persona en 2008 a 27,79 en 2012 (a precios constantes de 2005). La cantidad por término medio en la Unión Europea fue de 134,65 euros por persona en 2012.8 Las autoridades no han explicado cómo van a solucionar los efectos sobre la protección y realización del derecho a una vivienda adecuada, especialmente para los colectivos más vulnerables, al tiempo que recortan considerablemente el gasto en vivienda pública. Las autoridades públicas no han llevado a cabo evaluaciones ex ante ni ex post del impacto en los derechos humanos.

En segundo lugar, el elevado número de viviendas vacías en España (3,44 millones, según el censo de 2011) es un importante recurso potencialmente disponible que las autoridades públicas pueden y deben usar para garantizar el derecho a la vivienda. Sin embargo, ni las autoridades públicas de Madrid han adoptado medidas concretas, ni las de autoridades de Cataluña han aplicado íntegramente la Ley 18/2007 sobre el derecho a la vivienda, ni el gobierno español ha estudiado las posibilidades que ofrece el gran número de viviendas vacías en el mercado privado y en manos de Sareb.9

En tercer lugar, las autoridades públicas no han explicado debidamente las razones de abreviar el periodo de calificación, es decir, el tiempo en que la vivienda social puede seguir siendo un recurso público antes de pasar a manos privadas.10 En particular, la reducción de este periodo en Cataluña en años recientes puede constituir

6 Carta de fecha 16 de mayo de 2012 dirigida a los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales por el Presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

7 Carme Trilla (2014): Desigualdad y vivienda, Arquitectura, Ciudad y Entorno, Vol. 9, Nº 26, pp. 94-126, p. 119; Juli Ponce

Solé (20 de marzo de 2015): “Siete consideraciones sobre el derecho a la vivienda, la ciudad y las viviendas vacías:

podemos hacer más (y mejor)”, blog de la Revista catalana de dret públic.

8 Datos de Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=spr_exp_fho&lang=en.

9 Sareb es la sociedad de gestión de activos creada por el gobierno español en aplicación del Memorando de Entendimiento

sobre Condiciones de Política Sectorial Financiera suscrito en 2012 por el gobierno de España y la Comisión Europea. Sareb

adquirió activos problemáticos (especialmente activos de créditos inmobiliarios y activos en pago de deudas) de los bancos

con objeto de realizar su valor a largo plazo. A cambio de los activos, los bancos asumieron una participación del 55 por

ciento en el capital de Sareb.

10 El periodo de calificación es aquel en que el precio y las condiciones de venta o permuta de la vivienda social están

regulados por ley. Transcurrido ese periodo, la propiedad puede venderse libremente en el sector privado.



7

una violación de su obligación de abstenerse de adoptar medidas deliberadamente regresivas sobre el derecho a la vivienda.

En cuarto lugar, las autoridades de Madrid y, en menor medida, las de Cataluña, han vendido parte de sus viviendas sociales a sociedades de inversión, reduciendo aún más un parque ya limitado.

Por último, Cataluña y Madrid han restringido la disponibilidad de las prestaciones sociales (Renta Mínima de Inserción) desde 2011 y 2012, lo que ha afectado a la capacidad de las personas para no caer en la pobreza y la exclusión social, incluida su capacidad de acceso a una vivienda en el sector privado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El derecho a la vivienda corre peligro en España. Las autoridades españolas no han adoptado medidas suficientes para proteger y hacer efectivo este derecho. Los desalojos hipotecarios están entre las manifestaciones más graves del perjuicio que la austeridad causa en el disfrute de los derechos humanos por parte de las personas que sufren las peores consecuencias de la crisis económica.

Deben habilitarse mecanismos jurídicos y judiciales que permitan defender ante los tribunales el derecho a la vivienda de las personas afectadas por desalojos hipotecarios. Los jueces deben disponer de los medios jurídicos necesarios para evaluar en cada caso la proporcionalidad y razonabilidad de un desalojo en las ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales. Debe establecerse un mecanismo preceptivo que vigile la negociación entre bancos y familias, para garantizar que el desalojo es realmente el último recurso una vez examinadas todas las alternativas posibles.

Las autoridades públicas en todos los niveles de gobierno (central, autonómico y municipal) deben asimismo adoptar medidas para proporcionar acceso a la vivienda, garantizando la transparencia y el acceso a la información pública.



8

GLOSARIO BANCO MALO Estructura empresarial, pública o privada, creada para aislar activos tóxicos o de alto riesgo, como los bienes inmuebles (activos no líquidos) en tiempos de crisis económica.

CALIFICACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL Periodo limitado durante el cual el precio y las condiciones de venta o permuta de la vivienda social están regulados por ley. Transcurrido este periodo, la propiedad puede venderse libremente en el sector privado.

CONDONACIÓN DE LA DEUDA Acuerdo por el que el deudor es liberado total o parcialmente de la deuda.

DACIÓN EN PAGO Acción por la que el deudor queda liberado de la deuda restante a cambio de la entrega de la propiedad utilizada como garantía financiera.

DESALOJO HIPOTECARIO La expulsión de las personas que viven en una casa debido a una ejecución hipotecaria tras haber perdido sus derechos sobre la propiedad.

EJECUCIÓN HIPOTECARIA Procedimiento por el que un juez ordena la venta de una propiedad hipotecada para saldar una deuda tras el incumplimiento de las obligaciones financieras garantizadas con esa propiedad. La acción es iniciada por el acreedor, normalmente un banco, contra el deudor, que, en el caso de las viviendas habituales, es la familia que reside en la propiedad.

HIPOTECA ABIERTA Tipo de hipoteca que, en determinadas circunstancias, permite al deudor obtener un préstamo del capital pagado mensualmente, lo cual a largo plazo eleva la cuantía de la deuda.

JUSTICIABILIDAD La capacidad de interponer un recurso ante un organismo independiente e imparcial cuando se ha cometido o es probable que se cometa la violación de un derecho. Incluye el acceso a mecanismos que garantizan derechos reconocidos, y otorgan a los titulares de derechos un recurso legal para hacer que se cumplan en el caso de que el garante de derechos no cumpla con sus obligaciones.11

LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD Ley que ofrece a algunos deudores, en determinadas circunstancias, la posibilidad de obtener la condonación de sus deudas.

SOCIEDAD ANÓNIMA COTIZADA DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (SOCIMI) Empresa privada que posee e invierte en bienes inmuebles generadores de renta.

11 Comisión Internacional de Juristas (2008): Courts and the legal enforcement of ESCR: Comparative experiences of

justiciability, p. 6.

© EFE/Quique Curbelo



9

TIPOLOGÍA EUROPEA DE LA EXCLUSIÓN ASOCIADA A LA VIVIENDA (ETHOS) Sistema de categorías creado por la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar (FEANTSA) para mejorar el conocimiento y la forma de medir la exclusión asociada a la vivienda en Europa.12

12 http://www.feantsa.org/spip.php?article120



10

METODOLOGÍA Este informe es fruto de un proyecto de investigación realizado entre abril de 2014 y abril de 2015. Tras un periodo inicial de investigación documental para examinar las políticas públicas, la legislación interna y el derecho internacional de los derechos humanos eventualmente aplicable, un equipo de investigación de Amnistía Internacional visitó Madrid y Barcelona a principios de julio de 2014 para reunirse con organizaciones de la sociedad civil, economistas, abogados, profesores universitarios, trabajadores sociales y titulares de derechos en situación de riesgo.

Se tomó la decisión de centrarse en las regiones de Madrid y Cataluña. Estas dos comunidades autónomas concentran un gran porcentaje de las ejecuciones y desalojos hipotecarios, sobre todo de viviendas habituales. También albergan un gran número de viviendas vacías, y han asistido al surgimiento de movimientos sociales especialmente activos contra los desalojos hipotecarios y en defensa del derecho a la vivienda. Sin embargo, no se pretende dar a entender en este informe que Madrid y Cataluña son las comunidades autónomas que peor funcionan en España, ni hacer comparaciones entre ellas.

Amnistía Internacional llevó a cabo una segunda ronda de entrevistas en Madrid y Cataluña en octubre de 2014. La organización se reunió con organizaciones de la sociedad civil y otros actores, y entrevistó a diversos titulares de derechos en situación de riesgo. Asimismo, celebró reuniones con el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Fomento, el Defensor del Pueblo, el Síndic de Greuges de Cataluña, el Departamento de Asuntos Sociales de la Comunidad Madrid, los Departamentos de Bienestar Social y Familia, y de Vivienda (Habitatge), de Cataluña, la entidad responsable de los servicios de vivienda de la zona metropolitana de Barcelona (Regesa, en reunión celebrada por teléfono), los Departamentos de Servicios Sociales de las ciudades de Madrid y Barcelona, y las empresas municipales de vivienda de Madrid (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, EMVS), Barcelona y Terrassa (Cataluña). A pesar de los múltiples intentos de la organización, ni el Ministerio de Justicia ni el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) aceptaron celebrar una reunión.

En enero de 2015, fueron entrevistados más titulares de derechos en situación de riesgo. En conjunto, Amnistía Internacional entrevistó a 45 personas afectadas por ejecuciones de bienes hipotecarios para la preparación de este informe: son 28 mujeres y 17 hombres; 26 tienen la nacionalidad española y 19 son ciudadanos extranjeros (casi todos de Latinoamérica y Marruecos); y 31 viven en Cataluña y 14 en Madrid. En la mayoría de los casos también la familia se ve afectada, por lo que el número de personas perjudicadas por estos procesos es considerablemente superior. Aunque la muestra no es estadísticamente representativa de los matices de la problemática de la vivienda en el país, los casos destacados en este informe ilustran algunas de las preocupaciones principales de quienes corren peligro de ser desalojados debido a ejecuciones hipotecarias.

Amnistía Internacional está profundamente agradecida a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatori DESC, Cáritas, Provivienda y profesionales de la judicatura y abogacía, profesorado universitario, trabajadores sociales y economistas que hicieron aportaciones muy valiosas.

La organización desea resaltar el papel protagonista de las personas afectadas, especialmente las mujeres, en la defensa de sus propios derechos, así como el apoyo ofrecido por organizaciones del Tercer Sector y el efecto empoderador de la PAH.

© AI



11

1. INTRODUCCIÓN Desde que comenzó la crisis económica en 2008, cientos de miles de personas en España han perdido su casa o corren peligro de perderla en ejecuciones de bienes hipotecarios debido al desempleo y al sobreendeudamiento. A pesar de este fenómeno sin precedentes, el gobierno central no ha adoptado medidas suficientes para salvaguardar el derecho a una vivienda adecuada de las personas afectadas, como es su obligación conforme al derecho internacional, especialmente respecto a los colectivos más vulnerables. Las autoridades de Madrid y Cataluña han agravado más la situación con la introducción de medidas deliberadamente regresivas e injustificadas que contravienen las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos.

En este informe se analiza la ejecución hipotecaria de viviendas habituales y hasta qué punto las autoridades públicas están adoptando todas las medidas necesarias para proteger y realizar de manera progresiva el derecho a la vivienda en España.

El informe comienza con una introducción general a la dimensión del fenómeno de los desalojos hipotecarios en España en tiempos de crisis económica, más un resumen de las políticas implementadas por el Estado. Continúa con el marco internacional pertinente en materia de derechos humanos, aplicable en España. En la primera parte del informe se examina el proceso que atraviesan las familias desde el momento en que ya no pueden hacer frente a los pagos mensuales hasta que son desalojadas o se marchan voluntariamente. En la segunda parte se analiza cómo responden las autoridades públicas de Madrid y Cataluña a la necesidad de vivienda a la luz de las normas de derechos humanos. El informe concluye con un conjunto de recomendaciones basadas en el derecho internacional de los derechos humanos, dirigidas al gobierno central, al poder judicial y la administración de justicia, a las comunidades autónomas y a los gobiernos de Cataluña y Madrid.

COMPETENCIAS AUTONÓMICAS EN ESPAÑA: QUIÉN ES RESPONSABLE DE QUÉ

Mientras que el gobierno central es el responsable de la regulación del proceso de ejecución hipotecaria, las competencias de vivienda están básicamente descentralizadas, transferidas a los ámbitos municipal y autonómico. Todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional y en la Constitución deben ser respetados, protegidos y realizados en todos los ámbitos de autoridades del Estado.13

El derecho a la vivienda está garantizado expresamente por el artículo 47 de la Constitución de 1978, y asimismo por los artículos 10.2 y 96.1 como parte de las obligaciones jurídicas internacionales de España, que se han incorporado al derecho interno. El derecho a la vida privada y familiar también se proclama en el artículo 18 de la Constitución, así como en el derecho internacional de los derechos humanos.

El gobierno central es responsable de garantizar la protección y realización de todos los derechos constitucionales. También se encarga de la planificación general de la actividad económica y de la legislación procesal, sin perjuicio de las especialidades derivadas del derecho sustantivo de las comunidades autónomas.14

Urbanismo y vivienda, por otra parte, son competencias de las comunidades autónomas. Los Estatutos de Autonomía de la Comunidad de Madrid y de Cataluña asumen esta competencia.15

13 Respetar los derechos consagrados en la Constitución es preceptivo para todas las autoridades públicas, ya sean locales,

autonómicas o centrales (artículo 9.1 de la Constitución). Las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por

España deben cumplirse en todos los niveles de gobierno (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Assanidze v. Georgia,

Sentencia de 8 de abril de 2004, párr. 148).

14 Artículos 149.1.1, 149.1.6 y 149.1.13 de la Constitución.



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Los municipios tienen además ciertas competencias respecto al desarrollo urbanístico y la promoción y gestión de la vivienda pública. Asimismo, los municipios ofrecen servicios sociales, ya sea directamente o en representación de las comunidades autónomas.16

15 Artículo 148.1.3 de la Constitución, artículo 26.1.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid de 1983 (Ley

Orgánica 3/1983), y los artículos 26 y 137 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 (Ley Orgánica 6/2006).

16 Artículos 25 y 27.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local.



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2. LOS DESALOJOS HIPOTECARIOS Y EL DERECHO A LA VIVIENDA EN TIEMPOS DE CRISIS ECONÓMICA Los desalojos hipotecarios están entre las consecuencias más visibles de las dificultades por las que están pasando miles de familias debido a la crisis en España.

Según datos estadísticos judiciales, se pusieron en marcha 578.546 ejecuciones hipotecarias entre 2008 y 2014; de ellas, 25.811 terminaron en un desalojo en 2013 y 28.877 más en 2014.17 Como se explica más adelante, estos datos no distinguen entre viviendas habituales y otras formas de propiedad pero, basándose en información recabada de entidades financieras, el Banco de España documentó más de 98.000 desalojos hipotecarios de viviendas habituales ejecutados entre enero de 2012 y junio de 2014, de los que 52.000 se derivaron de un procedimiento judicial.18

La mayoría de los desalojos afectan a casas construidas y compradas durante la etapa de bonanza económica de la década hasta 2008.19 La vivienda en propiedad se consideraba una inversión segura y las hipotecas se convirtieron en un producto muy atractivo para el sector financiero. Sin embargo, como ha señalado el relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, este modelo ocasionó un incremento considerable de los precios: Entre 1998 y 2005, el precio del suelo se multiplicó por cinco, el de la vivienda se disparó hasta un 150% y el valor total de las hipotecas se multiplicó por diez.20

El alto número de ejecuciones y desalojos que se han llevado a cabo desde 2008 son principalmente el resultado de un alto índice de desempleo, dado que la falta de ingresos es la razón principal de que las familias no puedan seguir afrontando los pagos hipotecarios. El índice de desempleo subió del 8 por ciento en 2007 al 26 por ciento en 2013.21 En 1,8 millones de familias, todos los miembros económicamente activos están en el paro.22 La

17 Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales - Datos desde 2007 hasta cuarto trimestre de 2014:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Informes-estadisticos-periodicos/Datos-sobre-el-efecto-de-la-

crisis-en-los-organos-judiciales---Datos-desde-2007-hasta-cuarto-trimestre-de-2014 (13 de marzo de 2015)

18 Banco de España (19 de mayo de 2014)

http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/notabe190514.pdf y(13 de

noviembre de 2014)

http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/notabe131114.pdf

19 Los datos más recientes muestran que el 61,7% de las certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas

habituales corresponden a hipotecas contratadas entre 2005 y 2008. Las mismas fuentes indican que el 28,7% del número

total de ejecuciones hipotecarias afecta a viviendas habituales. INE (5 de marzo de 2015): “Estadística sobre Ejecuciones

Hipotecarias. Cuarto trimestre de 2014 y Año 2014. Datos provisionales”, http://www.ine.es/daco/daco42/eh/eh0414.pdf

20 Relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, MiloonKothari (2008): Informe tras su misión a España,

A/HRC/7/16/Add.2, párrs. 40-44; Véase, asimismo, relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, Raquel

Rolnik (2012): Informe al Secretario General, A/67/286.

21 Descendió al 23 por ciento en marzo de 2015. Datos de Eurostat

(http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=132.STS.M.ES.S.UNEH.RTT000.4.000).

22 INE (23 de abril de 2015): "Encuesta de Población Activa (EPA). Primer trimestre de 2015"

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0115.pdf



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brecha entre los índices de desempleo y de morosidad (6,7% en junio de 2014)23 refleja el enorme esfuerzo que están haciendo miles de familias para cumplir con sus pagos a pesar de la cruda situación económica. Refleja también hasta qué punto las familias dependen del llamado "colchón familiar", es decir, del apoyo de familiares y amigos. Las entrevistas a familiares y amigos de personas que se enfrentaban a una ejecución hipotecaria o la habían padecido confirman que las han ayudado no sólo alojando en su casa a los afectados tras el desalojo, sino también ofreciendo fondos para evitar un impago o retrasarlo al máximo.

A medida que ha crecido el desempleo también han ido en aumento la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. La tasa española de “trabajadores pobres” (índice de exposición a la pobreza en situación de empleo) es del 12,3%, comparado con el 9,1% registrado en la UE.24 El Indicador de Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social (AROPE) alcanza al 27,3% de la población, lo que supone un aumento respecto al 24,7% en 2009. Este índice es un 2,8% superior a la media en la UE. La desigualdad también ha aumentado, con un coeficiente de Gini que ha pasado de 32,9 en 2009 a 34,2 en 2012.25

El gobierno central ha aprobado una serie de medidas en los últimos años en relación con los desalojos hipotecarios. A raíz de dos sentencias del Tribunal de Justicia de laUnión Europea según las cuales había incompatibilidades con la Directiva 93/13 de la UE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial),26 la Ley 1/2013 permitió que las familias alegaran la existencia de una cláusula abusiva que constituyera el fundamento de la ejecución del contrato, y el Real Decreto-ley 11/2014 ofreció tanto a acreedores como a deudores la oportunidad de recurrir contra la decisión adoptada por el juez sobre este asunto.27

El gobierno ha aprobado también medidas destinadas a suspender el desalojo de familias consideradas pertenecientes a “colectivos especialmente vulnerables” (Real Decreto-ley 27/2012, modificado por la Ley 1/2013 y el Real Decreto-ley 1/2015), y además ha creado un Código de Buenas Prácticas de adhesión voluntaria para los bancos (Real Decreto-ley 6/2012, modificado por la Ley 1/2013 y el Real Decreto-ley 1/2015), en función del cual pueden ofrecer una carencia en la amortización del capital, una reducción del tipo de interés y la ampliación del plazo del contrato, una condonación de la deuda o la dación en pago, es decir, saldar la deuda mediante la entrega de la propiedad.

23 Banco de España (noviembre de 2014): Informe de Estabilidad Financiera, p. 32.

http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/InformesEstabilidadFinancera/14/IEF-

Noviembre2014.pdf

24 Eurostat (2012):

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tesov110&language=en Mide el

porcentaje de personas que tienen un empleo y unos ingresos disponibles por debajo del umbral de riesgo de pobreza (el

60% de la renta media nacional).

25 INE (27 de mayo de 2014): “Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) Resultados definitivos. Año 2013”.

http://www.ine.es/prensa/np844.pdf. Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_peps01&lang=en.

El indicador AROPE se usa en la estrategia Europa 2020. Se define como el porcentaje de población incluida en al menos

uno de estos tres supuestos: a) en riesgo de pobreza (60% de la renta media por unidad de consumo); b) en situación de

grave privación material; o c) en situación familiar de intensidad laboral muy baja (menos del 20% del potencial de trabajo).

El coeficiente de Gini sirve para medir la desigualdad de ingresos, en una escala de 0, que significa igualdad absoluta, a

100, equivalente a la desigualdad absoluta.

26 TJUE, Asunto C-415/11, Mohamed Aziz c. Catalunyacaixa, sentencia de 14 de marzo de 2013, y Asunto C-169/14, Sánchez

Morcillo c. BBVA, sentencia de 17 de julio de 2014.

27 Tanto la Ley 1/2013, de mayo de 2013, como el Real Decreto-ley 11/2014, de septiembre de 2014, ofrecían solamente un

periodo de un mes a las personas cuya causa estuviera pendiente ante el tribunal en ese momento. La publicación de estas

leyes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se consideró suficiente a efectos de comunicación. No se suspendieron los

procesos judiciales en curso ni se exigió a los jueces que informaran a las personas que corrían peligro de perder su casa.



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Según el gobierno español, 31.500 familias se han beneficiado de estas medidas: 16.500 aplicaciones del Código de Buenas Prácticas, 12.600 casos de reestructuración de la deuda, 4.000 daciones en pago y 13.000 desalojos suspendidos.28

Pero no son suficientes, ya que no garantizan un recurso efectivo a las personas que pueden ver conculcado su derecho a la vivienda como consecuencia de un desalojo hipotecario. El proceso judicial no garantiza una evaluación independiente de la proporcionalidad del desalojo de viviendas habituales ni respeta la igualdad de oportunidades, y las medidas del gobierno no se han adoptado en consulta con las personas afectadas y las organizaciones de la sociedad civil, como se demuestra en el capítulo 4.

Amnistía Internacional ha observado que, si la mayoría de las personas afectadas por desalojos hipotecarios no acaba en la calle, se debe principalmente al apoyo de amigos, familiares y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, que las personas no terminen literalmente en la calle no quiere decir que España esté cumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda. Además, no hay datos estadísticos oficiales sobre el número de ellas que han pasado a ser personas sin hogar por culpa de desalojos hipotecarios.29

El mercado español de la vivienda depende en gran medida de la vivienda en propiedad30 con una inversión muy escasa en vivienda social o protegida. Se calcula que el parque de viviendas sociales en España representa solamente el 1-2% de todas las viviendas, comparado con el 32% en Países Bajos, el 23% en Austria, el 18% en Reino Unido o el 17% en Francia.31

Pero las autoridades españolas, a pesar de este historial tan endeble en materia de vivienda social, no han respondido suficientemente a la crisis económica y al consiguiente aumento del número de desalojos con políticas públicas proactivas para proteger y realizar el derecho a la vivienda, que incluyan ampliar la provisión de vivienda social para las personas que lo necesitan.

Amnistía Internacional ha identificado cinco señales de alarma de que las autoridades públicas de Madrid y Cataluña están adoptando medidas regresivas injustificadas sobre el derecho a la vivienda, prohibidas por el derecho internacional: recortes del gasto público en vivienda; infrautilización de los recursos públicos disponibles; reducción del periodo de calificación durante el cual la vivienda social puede seguir siendo un recurso público antes de pasar a manos privadas; venta de viviendas sociales a sociedades de inversión, y medidas regresivas en las ayudas sociales, que están asociadas a la realización del derecho a la vivienda (véase el capítulo 5).

Representantes de las autoridades públicas entrevistados por Amnistía Internacional afirmaron que, en el contexto de la presente crisis económica, ha sido necesario adoptar estas y otras medidas enfocadas a la austeridad para cumplir sus obligaciones internacionales en cuanto a los objetivos de déficit y deuda pública. Pero las autoridades públicas tienen también obligaciones jurídicas internacionales sobre los derechos humanos (capítulo 3). De hecho, como señala el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, la erosión de los derechos económicos, sociales y culturales puede ser la consecuencia de políticas públicas concretas que no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos.32

28 Ministerio de Economía y Competitividad (24 de marzo de 2015): “Más de 31.500 familias se han beneficiado de las

medidas de protección de deudores hipotecarios”.

29 Según datos estadísticos oficiales, hay en torno a 23.000 personas sin hogar en España. INE (21 de diciembre de 2012):

“Encuesta a las personas sin hogar. Avance de resultados. Año 2012” (http://www.ine.es/prensa/np761.pdf. La Federación

de Entidades de Apoyo a las Personas sin hogar (fePsh) indica que más de 30.000 personas viven sin hogar en nuestro país.

Véase http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=7876

30 Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvho02&lang=en En 2007, el 80,6% de las familias

tenían en propiedad la casa donde vivían. Debido a los desalojos, en 2013 esa cifra había disminuido hasta el 77,7%,

todavía muy inferior al 65,7% de promedio de los 15 países de la UE.

31 CECODHAS (2012): The Housing Europe Review 2012, p. 24.

32 Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa (2013): La protección de los derechos humanos en tiempos de



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Los casos destacados en este informe muestran que la crisis económica ha afectado de manera desproporcionada a personas en situación de especial vulnerabilidad: parados, madres solteras, inmigrantes, niños, etc. La situación de las mujeres es especialmente grave. Además de cuidar de los hijos o de miembros adultos de la familia y realizar otras tareas domésticas, y a pesar de tener una situación económica más precaria en general, suelen ser ellas quienes acuden a los Servicios Sociales, los organismos oficiales de vivienda y las asociaciones de ayuda en busca de una solución para la dramática situación que atraviesan sus familias.

En tiempos de graves restricciones de recursos debe darse prioridad a la protección de los miembros más vulnerables de la sociedad.33 Como ha señalado el relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, las políticas públicas en esta área deben tener en cuenta la situación de las mujeres que están especialmente expuestas a sufrir violaciones de los derechos relativos a la vivienda debido a múltiples formas de discriminación.34

Durante esta crisis económica, miles de personas se han organizado para defender sus derechos y protestar por los desalojos masivos. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), creada en Barcelona en 2009 y con presencia en el resto de España actualmente, es la expresión organizada de esta indignación. Amnistía Internacional ha sido testigo de cómo formar parte de organizaciones como la PAH está empoderando a las personas afectadas y ayudándolas a estar en mejor posición para negociar con los bancos y defender sus derechos.

crisis económica.

33 CDESC (1990): Observación general nº 3, "La índole de las obligaciones de los Estados Partes", párr. 12.

34 Relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, MiloonKothari (2006): La mujer y la vivienda adecuada

(E/CN.4/2006/118).



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3. MARCO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Y EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA

España ratificó en 1977 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), de 1966. En su artículo 2.1, el Pacto establece que todos los Estados Partes deben adoptar medidas "hasta el máximo de los recursos de que disponga[n], para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos".

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que vigila el cumplimiento del Pacto por parte de los Estados, ha dejado claro que “en general, las normas internacionales sobre derechos humanos jurídicamente vinculantes deben operar directa e inmediatamente en el sistema jurídico interno de cada Estado Parte, permitiendo así a los interesados reclamar la protección de sus derechos ante los jueces y tribunales nacionales”.35

Si bien la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales puede lograrse de manera progresiva, los Estados tienen la obligación inmediata de “adoptar medidas” y actuar con tanta rapidez y eficacia como puedan para lograr ese objetivo.36

Diversos tratados regionales e internacionales ratificados por España garantizan el derecho a una vivienda adecuada de manera implícita o expresa. Entre ellos están el PIDESC (artículo 11.1), la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 27.4), la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5.e) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (artículos 13 y 14). El artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos garantizan el derecho a que se respete el propio hogar. También la Carta Social Europea (revisada), que España aún no ha ratificado, proclama el derecho a la vivienda en su artículo 31.

Los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y realizar los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos el derecho a una vivienda adecuada.37 Para cumplir la obligación de respetar estos derechos, los Estados deben abstenerse de entrometerse en su disfrute. La obligación de protegerlos implica que los Estados garanticen que las personas vean impedido el disfrute de sus derechos por parte de terceros, como pueden ser agentes empresariales, incluidos los bancos. Por último, conforme a su obligación de hacerlos efectivos, los Estados deben hacer uso de todos los recursos disponibles para conseguir progresivamente la plena realización de los derechos humanos. Pero no debe interpretarse equivocadamente que esa obligación de realizar de manera progresiva los derechos económicos, sociales y culturales la despoja de todo contenido significativo. Impone la obligación inmediata de adoptar "lo más expedita y eficazmente posible" medidas deliberadas, concretas y orientadas a hacer efectivos estos derechos.38

35 CDESC(1998): Observación general nº 9, "La aplicación interna del Pacto", párr. 4.

36 CDESC (1990): Observación general nº 3: "La índole de las obligaciones de los Estados Partes", párrs. 2 y 9.

37 CDESC (2011): Declaración sobre las obligaciones de los Estados partes en relación con el sector empresarial y los derechos

económicos, sociales y culturales, 20 de mayo de 2011, E/C.12/2011/1.




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Así lo expresa el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “El derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”. El Comité ha identificado siete criterios para determinar si una vivienda es adecuada: a) seguridad jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; c) ubicación; d) habitabilidad; e) asequibilidad; f) accesibilidad, y g) adecuación cultural.39

“Aunque algunos desalojos pueden ser justificables, por ejemplo en caso de impago persistente del alquiler o de daños a la propiedad alquilada sin causa justificada, las autoridades competentes deberán garantizar que los desalojos se lleven a cabo de manera permitida por una legislación compatible con el Pacto y que las personas afectadas dispongan de todos los recursos jurídicos apropiados.”40

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su Observación general nº 7, que desarrolla la prohibición de los desalojos forzosos, ha explicado que los Estados deben garantizar que, antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo, se estudien todas las alternativas posibles en consulta con las personas afectadas. Además, cuando los afectados no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos disponibles, para que se les proporcione una vivienda alternativa adecuada.41

Respetar el principio de no discriminación es una obligación de efecto inmediato. En tiempos de limitaciones graves de recursos, la protección de los miembros más vulnerables de la sociedad debe ser prioritaria.42 La política pública debe abordar la discriminación estructural que sufren las mujeres. En particular, los países deben adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida económica y social a fin de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres con respecto a la obtención de préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero, entre otras cosas (artículo 13.b de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).

TEST DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD DE LAS INTROMISIONES EN EL DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR

El derecho a la vivienda está indisolublemente unido a la protección del hogar y al derecho a la vida privada y familiar, reconocido no sólo en el artículo 18 de la Constitución Española, sino también en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificados por España en 1977 y 1979, respectivamente.

La conexión entre el derecho a la vivienda y el derecho a la vida privada y familiar en el contexto específico de los embargos hipotecarios ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.43

El artículo 17 del PIDCP establece que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación[y que] toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

39 CDESC (1991): Observación general nº 4, El derecho a una vivienda adecuada, párrs. 7 y 8.

40 CDESC (1997): Observación general nº 7, El derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos, párr. 11.

41 CDESC (1997): Observación general nº 7, El derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos, párrs. 13 y 16.


43 TJUE, Asunto C-34/13, Kušionová v. SMART capital, sentencia de 10 de septiembre de 2014, párr. 65.



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Como ha afirmado el Comité de Derechos Humanos, encargado de vigilar que los Estados cumplan el PIDCP, “incluso cualquier injerencia prevista en la ley [debe estar] en consonancia con las disposiciones, los propósitos y los objetivos del Pacto y [ser], en todo caso, razonable en las circunstancias particulares del caso”.44

En palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “La pérdida del hogar es la forma más extrema de injerencia en el derecho al respeto del hogar. Cualquier persona que pueda sufrir una injerencia de esta magnitud debería en principio poder hacer que un tribunal independiente decidiese la proporcionalidad de la medida”.45 Por consiguiente, hacen falta “razones de interés público de particular trascendencia” en caso de intromisión grave en el derecho a la vida privada y familiar.46

IGUALDAD DE ARMAS

El principio de igualdad de armas entre las partes se aplica a causas tanto civiles como penales y es un elemento central del derecho a un juicio justo (artículo 6 del CEDH y artículo 14 del PIDCP), y debe respetarse siempre que el derecho interno confíe a un órgano una función judicial.47

Este principio exige la igualdad procesal entre las partes. Es un derecho que incluye la oportunidad adecuada para aducir pruebas, impugnar pruebas hostiles y presentar argumentos sobre los asuntos en cuestión. Requiere asimismo condiciones que no pongan en clara desventaja a alguna de las partes respecto de la otra.48

PROHIBICIÓN DE ADOPTAR MEDIDAS DELIBERADAMENTE REGRESIVAS E INJUSTIFICADAS SOBRE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales deben utilizar todos los recursos de que dispongan con miras a la realización progresiva del derecho a la vivienda y los demás derechos reconocidos en el Pacto (artículo 2.1). Un requisito de la realización progresiva es la prohibición general de adoptar medidas deliberadamente regresivas, que en principio son contrarias al Pacto y sólo pueden justificarse por referencia a la totalidad de los derechos previstos en él.49 Por tanto, corresponde a los gobiernos probar que la decisión de retroceder en la protección del derecho a la vivienda es necesaria para mejorar el disfrute general de los derechos económicos, sociales y culturales en su conjunto.50

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha recordado a los Estados que “las crisis económicas y financieras mundiales no disminuyen la responsabilidad de las autoridades nacionales y la comunidad internacional en la realización de los derechos humanos y los exhorta a que presten asistencia, en particular, a los más vulnerables a ese respecto” (Resolución S-10/1, 2009). Asimismo ha afirmado que “el ejercicio de los derechos básicos de la

44 Comité de Derechos Humanos (1988): Observación general nº 16: Artículo 17. Derecho a la intimidad, párr. 4.

45 TEDH, McCann c. Reino Unido, 2008, párr. 50, Paulic v. Croatia, 2009, párr. 43, Kay et al v. UK, 2010, párr. 68, Buckland

v. UK, 2012, párr. 65; y Rousk v. Sweden, 2013, párr. 137.

46 TEDH, Connors v. UK, 2004, párr.86.

47 Comité de Derechos Humanos (2007): Observación general nº 32: Artículo 14. Sección II.

48 TEDH, Neumeister v. Austria, sentencia de 27 de junio de 1968, párr. 22, y H. v. Belgium, Sentencia de 30 de noviembre

de 1987, párr. 53.


50 CDESC (2007): Evaluación de la obligación de adoptar medidas hasta el "máximo de los recursos de que disponga" de

conformidad con un protocolo facultativo del Pacto, E/C.12/2007/1, párr. 9.



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población de los países deudores a la alimentación, la vivienda, el vestido, el empleo, la educación, los servicios de salud y un medio ambiente saludable no puede subordinarse a la aplicación de las políticas de ajuste estructural, los programas de crecimiento y las reformas económicas emprendidos a causa de la deuda" (Resolución 11/5, 2009).

Recordando que las crisis económicas y financieras representan una amenaza para la realización progresiva de los derechos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha insistido en que los ajustes de políticas en tiempos de crisis deben ser provisionales, necesarios y proporcionales, no deben tener carácter discriminatorio, deben mitigar las desigualdades impidiendo que los derechos de las personas más desfavorecidas se vean desproporcionadamente afectados y, por último, deben especificar un contenido mínimo básico de derechos o el nivel mínimo de protección social.51 En este sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pidió a España “que revise las reformas adoptadas en el contexto de la actual crisis económica y financiera para garantizar que todas las medidas de austeridad implementadas mantengan el nivel alcanzado de protección de los derechos económicos, sociales y culturales, y sean en todos casos temporales, proporcionales y no perjudiciales para los derechos económicos, sociales y culturales”.52

ACCESO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA

El acceso a la información, la transparencia y la participación activa son principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. El principio de participación está efectivamente garantizado mediante una serie de derechos proclamados en documentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 21 y 27), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 13.1 y 15.1).

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha destacado las valiosas aportaciones de la sociedad civil sobre las posibles implicaciones de la legislación, y también ha pedido a los Estados que colaboren con la sociedad civil para permitir su participación en el debate público de los asuntos relacionados con los derechos humanos.53

"[La estrategia nacional de vivienda] deberá reflejar una consulta extensa con todas las personas afectadas y su participación, incluidas las personas que no tienen hogar, las que están alojadas inadecuadamente y sus representantes."54

Antes de llevar a cabo un desalojo deben estudiarse todas las alternativas viables en consulta con las personas afectadas.55

El Comité Europeo de Derechos Sociales ha dejado claro que el derecho a la vivienda impone a los Estados la obligación de adoptar los medios jurídicos, económicos y operativos necesarios de garantizar un progreso constante, mantener estadísticas significativas sobre necesidades, recursos y resultados, realizar exámenes periódicos del impacto de las estrategias adoptadas, establecer un calendario y vigilar atentamente el impacto de las políticas adoptadas sobre cada una de las categorías de personas afectadas, especialmente las más vulnerables.56



52 CDESC (2012): Observaciones finales: España, E/C.12/ESP/CO/5, párr. 17

53 Resolución 27/31 del Consejo de Derechos Humanos, octubre de 2014, párrs. 7 y 8.

54 CDESC (1991): Observación general nº 4, El derecho a una vivienda adecuada, párr. 12.

55 CDESC (1997): Observación general nº 7, El derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos, párr. 14. Relatora

especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, Raquel Rolnik (2013): Principios rectores sobre la seguridad de la

tenencia para los pobres de las zonas urbanas; Comité Europeo de Derechos Sociales (2012): Conclusiones XIX-4 (2011)

sobre España, p. 15.

56 CEDS, Feantsa c. Francia, Petición Nº 39/2006, Decisión de fondo de 5 de diciembre de 2007, párr. 56. Aunque España no



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4. DESALOJOS HIPOTECARIOS Y OBLIGACIONES INTERNACIONALES DE ESPAÑA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS En España, las ejecuciones hipotecarias no llevan aparejada una evaluación independiente de los desalojos de viviendas habituales. El proceso tampoco respeta el principio de igualdad de armas, en contravención del derecho internacional de los derechos humanos. De hecho, las medidas adoptadas por el gobierno central en los últimos años no han garantizado la participación activa de las personas afectadas, y el gobierno tampoco ha llevado a cabo evaluaciones del impacto.

En opinión de Amnistía Internacional, las ineficaces vías de recurso para las víctimas de violaciones de derechos humanos derivadas de los desalojos hipotecarios tienen su origen en la falta de justiciabilidad del derecho a la vivienda en España.

La legislación española no garantiza debidamente los derechos económicos, sociales y culturales.57 Si bien el artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a la vivienda, el poder judicial, incluido el Tribunal Constitucional, generalmente ha interpretado que el contenido del derecho depende de su desarrollo legislativo. Según el Artículo 53.3 de la Constitución, los derechos reconocidos en el Capítulo Tercero, como el derecho a la vivienda, “informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos [pero] sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”.

Las competencias de la vivienda están en gran medida descentralizadas en España (artículos 148 y 149 de la Constitución). Todas las comunidades autónomas han aprobado leyes sobre vivienda, y algunas califican expresamente la vivienda como un derecho: Andalucía (Ley 4/2013), Canarias (Ley 2/2014), Cataluña (Ley 18/2007), Navarra (Ley 24/2013) y Galicia (Ley 8/2012).58 Aun así, estas leyes no garantizan el derecho a impugnar las violaciones del derecho a la vivienda ante un tribunal. Únicamente la reciente Ley de Vivienda aprobada por el Parlamento vasco considera la vivienda como un derecho subjetivo.59 En otras palabras, las comunidades autónomas, con la excepción del País Vasco, no han aprobado leyes que desarrollen el contenido y significado del derecho a la vivienda, detallando su contenido básico mínimo, ofreciendo salvaguardias adecuadas y permitiendo que se impugne ante los tribunales cualquier infracción de la obligación de respetar, proteger y realizar el derecho a la vivienda. Por consiguiente, el derecho a la vivienda sigue sin estar suficientemente protegido ante los tribunales.

ha ratificado la Carta Social Europea (revisada), la interpretación del Comité es pertinente para comprender el significado del

derecho a la vivienda.

57 Amnistía Internacional (2011): Derechos a la intemperie: Obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y

culturales en España.

58 En Castilla-La Mancha se estableció, en virtud de la Ley 1/2011, que, cuando un solicitante de vivienda llevara más de un

año en lista de espera, el gobierno autonómico tendría que cubrir el gasto extraordinario de una casa alquilada en el sector

privado. Sin embargo, esta ley fue invalidada por la Ley 1/2012 un año después de su adopción, y esta cláusula en particular

no llegó a aplicarse.

59 El 18 de junio de 2015, el Parlamento Vasco aprobó la Ley de Vivienda del País Vasco, que incluye la posibilidad del alquiler

obligatorio de viviendas vacías y la justiciabilidad de este derecho en determinados supuestos.



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En otras palabras, las comunidades autónomas no han aprobado leyes que desarrollen el contenido y significado del derecho a la vivienda, detallando su contenido básico mínimo, ofreciendo salvaguardias adecuadas y permitiendo que se impugne ante los tribunales cualquier infracción de la obligación de respetar, proteger y realizar el derecho a la vivienda. Por consiguiente, el derecho a la vivienda sigue sin estar suficientemente protegido ante los tribunales.

En general, el Tribunal Constitucional se ha mostrado reticente a aplicar el derecho internacional de los derechos humanos en los casos relacionados con el derecho a la vivienda. De hecho, en 2011 declaró inadmisible la cuestión de constitucionalidad planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Sabadell, que alegaba que las disposiciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil que regulan la ejecución hipotecaria podían infringir los artículos 24 (juicio justo) y 47 (derecho a la vivienda) de la Constitución.60 Aunque el Tribunal Constitucional desestimó este caso, el juez del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona elevó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y éste finalmente resolvió que los procedimientos de ejecución hipotecaria contravenían la Directiva 93/13 de la UE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.61

El derecho a la vivienda, como otros derechos económicos, sociales y culturales, goza de menor protección constitucional en España. El disfrute del derecho humano a la vivienda resulta hoy imposible o muy difícil para un sector importante de la población española, situación que en gran parte trae causa de la falta de precisión constitucional de este derecho. Urge entonces dejar clara en la Constitución su justiciabilidad y su contenido mínimo.

En 2008, el relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada recomendó a España que garantizara “la posibilidad de invocar ante los tribunales el derecho a una vivienda adecuada, consagrado en la Constitución de España y en los correspondientes instrumentos internacionales, mediante mecanismos de denuncia accesibles a todos".62 En su último informe sobre España, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales instó a España a que, “en virtud del principio de indivisibilidad, universalidad e interdependencia de los derechos humanos, adopte las medidas legislativas pertinentes para garantizar a los derechos económicos, sociales y culturales un nivel de protección análogo al que se aplica a los derechos civiles y políticos [y a que] tome las medidas adecuadas para asegurar la plena justiciabilidad y aplicabilidad de todas las disposiciones del Pacto por los tribunales nacionales”.63

En los apartados siguientes se exponen los motivos de preocupación para Amnistía Internacional relacionados con la regulación y aplicación de la ejecución hipotecaria en España.

4.1. AUSENCIA DE EVALUACIÓN Y CONSIDERACIÓN DE LA PROPORCIONALIDAD EN LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS DE VIVIENDAS HABITUALES

“No son familias, no son hogares; para el tribunal, son meras inscripciones registrales.” (juez)

Al centrarse únicamente en la capacidad de pago del deudor, la regulación actual de las ejecuciones hipotecarias en España no tiene en cuenta la necesidad de considerar también el derecho de las personas a la vivienda. Concretamente, en la medida en que no permite que los jueces determinen la proporcionalidad o razonabilidad

60 Tribunal Constitucional, Auto 113/2011, de 19 de julio de 2011. 61 TJUE, Asunto C-415/11, Mohamed Aziz c. Catalunyacaixa, Sentencia de 14 de marzo de 2013.

62 Relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, Miloon Kothari (2008): Informe tras su misión a España, párr.

97.

63 CDESC (2012): Observaciones finales: España, E/C.12/ESP/CO/5, párr. 6.



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de un desalojo, la ejecución hipotecaria en España no está en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos relacionadas con el derecho al hogar y a la vida privada y familiar.

CÓMO FUNCIONA LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA En España, las hipotecas están reguladas por el Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria. De las tres vías previstas en su artículo 129, el procedimiento ejecutivo es más rápido que los otros dos (procedimiento declarativo y venta extrajudicial) y, por tanto, el deudor suele preferirlo.

El procedimiento ejecutivo está regulado por los artículos 681 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. En caso de impago de la hipoteca durante tres meses, la demanda se notifica a la familia (con lo que comúnmente llaman “el tocho”), a la que se pide que satisfaga la deuda. Si no puede afrontar el pago, la casa debe ser subastada para saldar la deuda. A falta de postores, la subasta suele declararse desierta. Si es la vivienda habitual, el acreedor adquirirá la propiedad por el 70% de su valor de tasación (era del 60% antes de mayo de 2013, y del 50% antes de julio de 2011). Si la deuda excede ese valor, no hay dación en pago. Con independencia del acuerdo alcanzado por el banco y la familia, esta última perdería la casa pero conservaría la deuda restante.64

Cuando la casa continúa ocupada por la familia, debido a las demoras del sistema judicial, el desalojo o lanzamiento normalmente lleva más tiempo del mes previsto en el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También se suspenden algunos desalojos debido a que vecinos y miembros de movimientos sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) forman una barrera alrededor de la casa para impedir que la policía acceda a la propiedad. Finalmente, en ocasiones al secretario judicial no le queda otra alternativa que suspender el desalojo. Sin embargo, para entonces la familia ya ha perdido su vivienda y el derecho a permanecer en ella. Sólo es cuestión de tiempo que desalojen el lugar, de manera voluntaria o con la intervención de la policía.

Puede haber negociaciones con el banco antes de que éste emprenda acciones legales, o incluso después, mientras prosiguen las actuaciones judiciales.

El gobierno ha adoptado medidas para suspender el desalojo de familias a las que se considera incluidas en “colectivos especialmente vulnerables”. El periodo de suspensión comenzó en noviembre de 2012 (Real Decreto-ley 27/2012), y se ha ampliado hasta mayo de 2017 (Ley 1/2013 y Real Decreto-ley 1/2015). La situación de vulnerabilidad de la persona viene determinada por su situación económica (ingresos frente a gastos mensuales, “alteración significativa” de sus ingresos en los cuatro años anteriores, definida así: "cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5) y familiar (familias numerosas, familias monoparentales con dos o más hijos, familias con algún hijo de tres años de edad o menos, familias con algún miembro con una discapacidad superior al 33% y, desde febrero de 2015, familias con algún miembro mayor de 60 años).65

Amnistía Internacional comparte la preocupación de otras organizaciones de la sociedad civil respecto a la legislación que regula las suspensiones de desalojos hipotecarios, basándose en que su ámbito de aplicación es demasiado restrictivo, por ejemplo en cuanto a los límites de edad o al alcance de las dificultades económicas que atraviesa la familia.

Amnistía Internacional se reunió con diversas personas que, a pesar de que no se las considere pertenecientes a uno de los grupos "especialmente vulnerables” que establece la ley, sufren igualmente las negativas consecuencias del desalojo para el disfrute de sus derechos humanos. Es el caso de Ainhoa, entre otros.

64 La dación en pago es la acción por la que el deudor queda liberado de la deuda pendiente a cambio de la entrega de la

propiedad presentada como garantía financiera.

65 Véase el artículo 1 de la Ley 1/2013, modificada por el Real Decreto-ley 1/2015, en el Anexo.



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Ainhoa Lafuente

“Mi madre estaba a punto de someterse a una operación grave y no quería que mi padre y ella siguieran sufriendo por esto. No puedo alargar más el proceso. Yo tengo tiempo, pero mis padres no.”

En 2005, Ainhoa tenía empleo fijo como dependienta de una tienda de decoración en Terrassa. Cuando se le presentó la oportunidad, decidió comprar un piso en la ciudad con el aval de sus progenitores. El banco le ofreció una hipoteca por el valor total de la casa: 157.000 euros. El contrato tenía una característica: era una hipoteca abierta, que, en caso de necesidad, permite al deudor solicitar un préstamo del capital pagado mensualmente, lo que a largo plazo eleva la cuantía de la deuda. Ainhoa utilizó esta opción cuando lo necesitó. “En mi caso, la

vía de la hipoteca abierta se convirtió en un callejón sin salida”.

Tenía una hipoteca a un tipo de interés variable IRPH, que elevó hasta 1.100 los casi 700 euros mensuales que pagaba inicialmente.

Ainhoa perdió su trabajo en 2009 y, durante un año, recurrió a la "flexibilidad" que ofrecía la hipoteca abierta. Volvió a trabajar en 2010, pero en 2011 volvió a perder su empleo y desde entonces no ha encontrado otro.

En septiembre de 2013, sin ahorros y ya sin fondos en la hipoteca abierta, Ainhoa dejó de pagar. Un mes y medio antes había nacido su hija Rocío. Su compañero en aquel momento había contraído una deuda con la Seguridad Social, por lo que se le retenía parte del salario. Debían mantenerse los tres con 900 euros al mes. Pagar la hipoteca era, sencillamente, imposible.

Ainhoa comenzó la negociación con el banco. “Por mi hija, se suponía que yo estaba cubierta por la "Ley De Guindos" (Ley 1/2013), pero mis padres, que eran los avalistas, no estaban cubiertos”.

Ainhoa se unió al PAH a principios de 2013, primero en Terrassa y luego en Barcelona, donde pasaba la mayor parte del tiempo ya que es donde viven sus padres.

“Nunca estoy sola cuando hablo con el banco. Siempre hay alguien del PAH conmigo. Eso es lo mejor de todo. Recibes apoyo que no esperas recibir ni de tu propia familia. Hacen que vuelvas a confiar en el ser humano. ¡Mi hija tiene aquí un montón de canguros!”

A la hora de tratar con el banco, hay una cosa muy importante que condiciona a Ainhoa: el estado de salud de sus progenitores. Ambos han sufrido un derrame cerebral, y su madre además padece cáncer.

Después de un tira y afloja durante varios meses, el banco hizo una propuesta que Ainhoa, en el momento de publicación de este informe, está valorando si aceptar o no: dación en pago y una deuda adicional de 4.500 euros. “Mi madre está a punto de someterse a una operación grave y no quiero que mi padre y ella siguieran sufriendo por esto. No puedo alargar más el proceso. Yo tengo tiempo, pero mis padres no".

Ainhoa Lafuente. © AI



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Ainhoa afirma que toda esta situación ha afectado negativamente a su salud y que ha adelgazado 30 kilos desde que dejó de pagar la hipoteca en septiembre de 2013.

La propuesta del banco terminaría con el problema de la deuda, pero Ainhoa aún sigue sin saber dónde va a vivir. “Si hace falta, echaré abajo de una patada la puerta de un piso que sea propiedad de un banco. No me dejan otra elección".

Ainhoa recibe actualmente una subvención por desempleo de 337 euros al mes. También recibe ayuda alimentaria de Cáritas y los trabajadores sociales están estudiando si tiene derecho a cobrar una prestación social, la Renta Mínima de Inserción (RMI).

Con arreglo a la legislación vigente, los casos como el de Ainhoa no entran en la lista de colectivos especialmente vulnerables. La ley marca una línea bien definida entre los "colectivos especialmente vulnerables” y el resto de los casos. La Ley de Enjuiciamiento Civil no ofrece a los jueces los medios para evaluar detenidamente la proporcionalidad y razonabilidad del desalojo o las situaciones de vulnerabilidad más allá de los supuestos concretos que prevé la ley. Así se lo explicó un juez a Amnistía Internacional: “No son familias, no son hogares; para el tribunal son meras inscripciones registrales”.66

Prácticamente todas las personas entrevistadas que habían sufrido un procedimiento ejecutivo de ejecución hipotecaria dijeron que sus abogados les habían aclarado desde el primer momento que el resultado era inevitable: iban a perder su casa.

El derecho internacional de los derechos humanos obliga a los Estados a establecer un marco regulador que proteja el derecho a la vivienda frente a la intromisión de terceros, incluidos actores empresariales como los acreedores en los contratos hipotecarios.67 Si no se aplican las debidas salvaguardias, incluida una evaluación de las repercusiones para los afectados, el riesgo de que los desalojos por embargo hipotecario interfieran en el disfrute del derecho al hogar y a la vida familiar es desproporcionado. En el caso de Ainhoa, el análisis de proporcionalidad debe tener en cuenta las condiciones de salud de sus progenitores y cómo seguramente les afectaría un desalojo.

Los Estados deben garantizar que las medidas legislativas y otros procesos son adecuados para prevenir y, si procede, castigar los desalojos realizados por particulares u organismos sin las salvaguardias adecuadas.68 En noviembre de 2013, tres procedimientos especiales de la ONU recordaron al gobierno español la obligación de los Estados de garantizar que las personas afectadas por los desalojos disponen de todos los recursos jurídicos necesarios.69 El derecho a la vivienda y el derecho a la vida privada y familiar, reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, requieren que toda forma de intromisión no sólo esté legalmente establecida sino también que sea proporcionada y razonable en las circunstancias concretas de cada caso.

66 Reunión celebrada en Barcelona el 3 de julio de 2014.

67 CDESC (2011): Declaración sobre las obligaciones de los Estados partes en relación con el sector empresarial y los derechos

económicos, sociales y culturales, 12 de julio de 2011, E/C.12/2011/1.

68 CDESC (1997): Observación general nº 7, El derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos, párr. 11

69 Carta del 15 de noviembre de 2013 firmada por la relatora especial sobre el derecho a la vivienda, la relatora especial sobre

la extrema pobreza y los derechos humanos y el experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las

obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre

todo los derechos económicos, sociales y culturales (ESP 5/2013).



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Al no establecer un mecanismo para evaluar la proporcionalidad y razonabilidad del desalojo caso por caso, la ejecución hipotecaria en España no ofrece un recurso efectivo, en contravención de las normas jurídicas internacionales.70

Las autoridades españolas deben garantizar que el desalojo realmente es el último recurso, que sólo se lleva a cabo después de haberse proporcionado todas las alternativas posibles. Todo desalojo debe ajustarse a las normas regionales e internacionales de derechos humanos.

4.2. IGUALDAD DE ARMAS EN LAS NEGOCIACIONES CON EL BANCO En España no se ha habilitado un mecanismo que vele por la igualdad procesal en las negociaciones entre los bancos y las familias.71 Partiendo del principio general de la igualdad de armas, las autoridades públicas deben garantizar la imparcialidad del proceso de negociación para evitar la desigualdad entre las partes.

El Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, establecido por el Real Decreto-ley 6/2012, sólo es aplicable a personas que atraviesan dificultades económicas en determinadas condiciones, aunque cabe reconocer que los criterios de elegibilidad fueron ampliados en cierta medida mediante la Ley 1/2013 y el Real Decreto-ley 1/2015.

Los bancos no tienen que firmar el Código obligatoriamente, pero la inmensa mayoría lo ha hecho.72 Una vez que han firmado, en primer lugar pueden ofrecer una carencia en la amortización del capital o una reducción del tipo de interés y de la extensión del contrato. En segundo lugar, pueden proponer una quita sobre el conjunto de la deuda. Finalmente, si no se considera viable ninguna de estas medidas, el banco puede ofrecer la dación en pago.73

Las negociaciones con los bancos se celebran sólo entre las partes y a puerta cerrada, sin un mecanismo que vele por la buena fe de ambas partes y la igualdad procesal entre ellas. Sara y Francisco expresan la gran frustración que les produce. Solamente la implicación de organizaciones de la sociedad civil como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha equilibrado la balanza en algunos casos.

70 Comité de Derechos Humanos (1988), Observación general nº 16: Artículo 17 - Derecho a la intimidad, párr. 4; TEDH,

Connorsv. UK, 2004, párr. 86; McCann c. Reino Unido, 2008, párr. 50; Paulic v. Croatia, 2009, párr.43; Kay et al v. UK,

2010, párr. 68; Bucklandv. UK, 2012, párr. 65; Rouskv. Sweden, 2013, párr. 137.

71 La igualdad procesal incluye oportunidad adecuada para aducir pruebas, impugnar pruebas adversas y presentar argumentos

sobre los asuntos tratados. Requiere asimismo condiciones que no coloquen a ninguna de las partes en una situación de

importante desventaja respecto a la otra. La igualdad de condiciones es parte integrante del derecho a un juicio justo,

garantizado por el artículo 14 del PIDCP y por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tratados ratificados

por España.

72 Resolución de 7 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica la

lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las

deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual(BOE, nº 101, 28 de abril de 2015).

73 Según el preámbulo del Real Decreto-ley 1/2015, 14.000 familias se beneficiaron del Código de Buenas Prácticas entre

marzo de 2012 y febrero de 2015. Como ya se ha dicho, el Banco de España documentó más de 98.000 desalojos de

viviendas habituales entre enero de 2012 y junio de 2014.



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“Sara”

(nombre ficticio)

“El banco no me ofreció ninguna alternativa.”

Sara vino de Marruecos en 2001. Actualmente vive con su esposo, su hijo, de 11 años, y su padre, de 75.

Sara trabajó de limpiadora y su esposo en la construcción. En 2006 decidieron comprar un piso en el barrio madrileño de Vallecas mediante una hipoteca que les concedió el banco. “Me gusta mi casa. Tuve que hacerle una buena reforma después de comprarla, ni siquiera había lavadora o fregadero. Pagamos más de 200.000 por una casa que necesitaba una obra importante. Pero iba a ser nuestra casa”.

Tanto Sara como su esposo se quedaron sin empleo en 2009. Por entonces, los pagos mensuales de la hipoteca eran equivalentes a la suma de sus dos prestaciones por desempleo. Sencillamente, ya no podían hacer frente a la hipoteca.

“El banco nos dijo que podíamos quedarnos hasta que recibiéramos una carta del tribunal. Cuando les preguntamos, no nos ofrecieron otra alternativa”.

Sara recibió la demanda en marzo de 2012. “El abogado de oficio no nos ayudó lo más mínimo. Al final buscamos la ayuda del abogado de Cáritas”.

En noviembre de ese año, sólo cuatro días antes de cumplirse el plazo fijado para que abandonaran las instalaciones de forma voluntaria, Sara recibió una carta del tribunal por la que les comunicaban que el desalojo se había suspendido en virtud del Real Decreto-ley 27/2012, que posteriormente fue ampliado. Desconoce por completo lo que sucederá tras la suspensión.

Sara y su esposo siguen en el paro. Sara está dedicada al cuidado de su hijo y de su padre, que padece cáncer. Desde noviembre de 2012, la familia ha tenido que vivir con los 532 euros al mes de la prestación social (RMI). Siguen sin tener otra fuente de ingresos.

La familia continúa viviendo en su casa. Pagan la electricidad, pero no saben quién corre con los gastos del agua y otros servicios. No utilizan la calefacción central. Cocinan con una bombona de gas y Sara se asegura de que su padre tenga siempre cerca un pequeño radiador.

“¿Cómo voy a pagar un alquiler? Prefiero no pensar en lo que voy a hacer cuando nos digan que tenemos que irnos”.



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Francisco Hurtado

“Nunca estoy solo, y pienso que cada cosa que consigo en la negociación puede ayudar también a otras personas.”

En 2009, Francisco trabajaba por cuenta propia y vivía con su esposa y sus dos hijos. Tenían un modesto taller de imprenta. Su piso, valorado en 206.000 euros, hacía las veces de garantía desde que en 2006 les concedieron la hipoteca. En 2009 pasaron dos cosas: la pareja se separó y Francisco vio cómo su negocio comenzaba a decaer hasta que prácticamente dejó de funcionar en 2014. Al separarse, sus hijos decidieron irse a vivir con él: “Para mí era un honor, pero no dejaba de preguntarme cómo iba a cubrir tantos gastos sin empleo”.

Francisco ya no podía pagar los 1.350 euros mensuales de la hipoteca. Decidió vender su piso para pagar la deuda, que en aquel momento se elevaba a 166.000 euros. “Hubo varias personas interesadas en comprar mi piso por 145.000 euros en metálico, pero el banco no se avino a negociar”.

Francisco lleva más de dos años y medio negociando con el banco. “Nunca voy solo a las reuniones. De no haber sido por la PAH, habría aceptado lo primero que me ofrecieron, y ahora sé que habría sido un error. Pienso que cada cosa que consigo en la negociación puede ayudar también a otras personas”.

Francisco trabaja por cuenta propia y gana entre 400 y 600 euros al mes. Se siente atrapado entre la espada y la pared. “Desde que me di de alta como autónomo, no tengo derecho a prestaciones sociales. Pero, al no tener ingresos de ninguna clase, por mínimos que fueran, el banco se resistía a ofrecerme nada”.

Pocas semanas antes de la publicación de este informe, y después de largas conversaciones con el banco, Francisco llegó a un acuerdo con el banco por el que su deuda ha quedado saldada mediante la dación en pago y podrá permanecer dos años más en la casa con sus dos hijos pagando al banco un alquiler de 260 euros al mes.

“Los empleados del banco insisten en que mi situación habrá mejorado mucho dentro de dos años. Yo no soy tan optimista. Estoy seguro de que tendré que seguir luchando”.

En febrero de 2015, el gobierno aprobó la “Ley de Segunda Oportunidad” (Real Decreto-ley 1/2015), que extiende la Ley Concursal a los particulares afectados por el sobreendeudamiento por causas ajenas a la actividad empresarial. Este nuevo marco puede ofrecer a algunos deudores la oportunidad de volver a empezar en determinadas circunstancias.74 Es demasiado pronto para prever las repercusiones de esta nueva legislación.

74 (Nuevo) artículo 178 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal).

Francisco Hurtado. © AI



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Aparte de eso, la legislación española no prevé un mecanismo preceptivo que garantice la igualdad de armas en la negociación entre las familias y las instituciones financieras.75 La igualdad de condiciones es un principio general del debido proceso reconocido en el derecho internacional.76

El caso español difiere de la práctica general en otros países europeos, como han documentado la Defensoría del Pueblo y el Síndic de Greuges.77 En Francia, con arreglo al Código del Consumidor de 1989, existe un mecanismo específico para abordar el sobreendeudamiento de las personas (Commission de surendettement des particuliers). El procedimiento se inicia a petición del deudor y en él participan la administración pública, instituciones financieras y asociaciones de consumidores. Es un paso obligatorio antes del proceso judicial. En Alemania, la Ley de Insolvencia de 1994 establece un procedimiento concursal simplificado (Verbraucherinsolvenzverfahren) en el que el juez puede supervisar la imparcialidad y viabilidad de la reestructuración de la deuda. En Inglaterra y Gales existe desde 2008 un protocolo previo a la acción que obliga a acreedores y deudores a garantizar por todos los medios que sólo se recurre al embargo y posterior desalojo como último recurso.78

La exposición a las violaciones de derechos humanos aumenta con la falta de vivienda. Amnistía Internacional considera que, cuando el sobreendeudamiento puede dar lugar a una ejecución hipotecaria y finalmente a un desalojo, debe darse prioridad siempre que sea posible a las soluciones in situ para que las personas puedan permanecer en su hogar y no verse expuestas a quedarse sin él.79 Ateniéndose a las prácticas de países vecinos y, lo que es más importante, a las normas internacionales de derechos humanos, España debe disponer de mecanismos judiciales y administrativos para abordar la desigualdad entre bancos y familias y garantizar que el desalojo es realmente el último recurso en caso de impago hipotecario una vez que se han estudiado todas las demás alternativas posibles.

4.3. FALTA DE CONSULTA Y DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN DERECHOS HUMANOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DESALOJOS HIPOTECARIOS, Y AUSENCIA DE DATOS FIABLES Y PRECISOS Contraviniendo el derecho internacional de los derechos humanos,80 el gobierno no ha consultado a las personas

75 Algunos gobiernos autonómicos han creado oficinas para abordar el problema del sobreendeudamiento (es el caso de la

Ofideute en Cataluña) y diversos colegios de abogados vienen ofreciendo su asesoramiento como “intermediarios

hipotecarios” (Consejo General de la Abogacía Española y Consejo General de Trabajadores Sociales (2013): Oficinas de

Intermediación Hipotecaria).

76 Comité de Derechos Humanos (2007): Observación general nº 32: Artículo 14. Sección II.Tribunal Europeo de Derechos

Humanos, Neumeister v. Austria, sentencia de 27 de junio de 1968, párr. 22, y H. v. Belgium, sentencia de 30 de

noviembre de 1987, párr. 53.

77 Síndic de Greuges de Catalunya (julio de 2012): Informe sobre la regulación de un sistema de reestructuración de la deuda

hipotecaria; Defensor del Pueblo (octubre de 2013): Estudio sobre crisis económica e insolvencia personal: actuaciones y

propuestas del Defensor del Pueblo.

78 House of Commons Library (enero de 2014): Mortgage arrears and repossessions, SN/SP/4769.

79 Relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, Raquel Rolnik (2013): Principios rectores sobre la seguridad de

la tenencia para los pobres de las zonas urbanas, Principio 3.

80 Artículos 21 y 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 25 del PIDCP, y artículos 13.1 y 15.1 del

PIDESC; Consejo de Derechos Humanos, Resolución 27/31, El espacio de la sociedad civil, octubre de 2014; CDESC

(1991): Observación general nº 4, El derecho a una vivienda adecuada, párr. 12; Comité de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales (1997): Observación general nº 7, El derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos, párr. 14. Relatora

especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, Raquel Rolnik (2013): Principios rectores sobre la seguridad de la

tenencia para los pobres de las zonas urbanas; Comité Europeo de Derechos Sociales (2012): Conclusiones XIX-4 (2011)

sobre España, p. 15; ECSR, Feantsa c. Francia, Petición Nº 39/2006, Decisión de fondo de 5 diciembre 2007, párr. 56.



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afectadas y las organizaciones de la sociedad civil que las representan, ni ha evaluado el posible impacto de sus políticas, especialmente en las personas más vulnerables de la sociedad. Esto se refleja en el hecho de que no haya datos estadísticos fiables sobre la dimensión del problema de los desalojos de viviendas habituales en España.

Representantes del Ministerio de Economía y Competitividad y del Ministerio de Fomento reconocieron a Amnistía Internacional que el gobierno central no había llevado a cabo consultas con las personas afectadas ni con organizaciones de la sociedad civil.81

En 2012, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU recomendó a España que evaluara el impacto de sus políticas recopilando información estadística desglosada.82 Unos años antes, el relator especial sobre el derecho a la vivienda había recomendado a las autoridades españolas “reunir datos desglosados sobre las condiciones de vivienda, sobre todo relativos a los grupos vulnerables, que proporcionen al Gobierno la información necesaria para iniciar políticas conformes a las obligaciones que le imponen los derechos humanos y la Constitución”.83

Sin embargo, el gobierno español no ha evaluado el probable impacto en derechos humanos de sus políticas sobre desalojos hipotecarios.84 Tampoco ha llevado a cabo evaluaciones del impacto de género, a pesar de que la Ley de Igualdad lo obliga a hacerlo.85 En su reunión con las autoridades públicas, Amnistía Internacional pudo confirmar que los gobiernos autonómicos de Madrid y Cataluña y los gobiernos municipales de Madrid y Barcelona tampoco habían llevado a cabo evaluaciones de impacto.86 Otras organizaciones y movimientos sociales han publicado estudios sobre las consecuencias de los desalojos hipotecarios para los derechos humanos.87

Evaluar el impacto probable de una política es difícil cuando no hay datos precisos en los que basarse. A pesar de la petición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hasta ahora el gobierno no ha recopilado datos exhaustivos desglosados sobre el impacto correspondiente en grupos concretos. Tres instituciones públicas diferentes han reunido información cualitativa sobre los desalojos en España hasta la fecha: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco de

81 Amnistía Internacional se reunió con el Ministerio de Economía y Competitividad el 15 de octubre de 2014, y con el

Ministerio de Fomento al día siguiente, 16 de octubre. Una posible excepción es el Fondo Social de Viviendas, creado por

Real Decreto-ley 27/2012, por el que los bancos pusieron 5.891 viviendas de su parque a disposición de personas que

habían sufrido un desalojo. En 2014, a instancias de organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio de Economía amplió

parcialmente los criterios de adhesión al Fondo. La Moncloa (12 de marzo de 2015): “El Fondo Social de Viviendas recibe

3.507 solicitudes hasta final de 2014”.

82 CDESC (2012): Observaciones finales: España, E/C.12/ESP/CO/5, párr. 8.


88.

84 Amnistía Internacional se reunió con el Ministerio de Economía y Competitividad el 15 de octubre de 2014, y con el

Ministerio de Fomento al día siguiente, 16 de octubre.

85 Artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

86 Reuniones: con los servicios municipales de vivienda de Barcelona, el 6 de octubre de 2014; con los servicios sociales de la

Generalitat, el 8 de octubre; con los servicios de vivienda del gobierno autonómico de Cataluña y los servicios sociales

municipales de Barcelona, el 9 de octubre, y con los servicios sociales del gobierno autonómico de Madrid y los servicios

municipales sociales y de vivienda de Madrid, el 14 de octubre.

87 PAH y Observatori DESC: Emergencia habitacional en el Estado español. La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los

desalojos desde una perspectiva de derechos humanos. 2013 http://observatoridesc.org/sites/default/files/2013-Emergencia-

Habitacional.pdf



31

España. El primero se basa en datos procedentes de las salas judiciales; el segundo, en datos del Registro de la Propiedad, y el tercero, en datos proporcionados por los propios bancos. Hasta 2013, no empezaron el Banco de España y el INE a distinguir entre ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales y ejecuciones hipotecarias de cualquier otro tipo de propiedad. En cualquier caso, la información no está desglosada por grupos sociales, lo que significa que los responsables de formular las políticas y la opinión pública en general desconocen cuántos hombres y mujeres, menores de edad y adultos, extranjeros y otros grupos, etc. han sido desalojados, o si el número de personas sin hogar ha aumentado por ese motivo.88 Sólo se conoce el número de propiedades que han sido objeto de ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis económica, y desde 2013, disponemos de distintas fuentes sobre el número de viviendas habituales. Sin embargo, no hay datos públicos sobre el número de personas afectadas por los desalojos hipotecarios.

Como ha señalado la relatora especial sobre una vivienda adecuada, todos los Estados tienen la obligación de evaluar constantemente el impacto de sus políticas de vivienda y deben asignar los fondos necesarios para facilitar un control efectivo. A tal fin, los Estados deben emplear indicadores de derechos humanos desglosados para identificar tendencias que señalen progreso, estancamiento o retroceso en la realización del derecho a una vivienda adecuada89. No obstante, el control efectivo del impacto de las políticas de vivienda es inviable sin los datos adecuados.

88 Esto seguramente impedirá que las autoridades españolas cumplan la petición del Comité de Derechos Económicos, Sociales

y Culturales a los Estados de informar, entre otras cosas, sobre el número de personas expulsadas de su vivienda en los

últimos cinco años. CDESC (1997): Observación general nº 7, El derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos,

párr. 19.

89 Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, Raquel

Rolnik (2012): Informe a la Asamblea General, párr. 71 c), k) y l). Doc ONU: A/67/286, agosto de 2012.



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5. EL DERECHO A LA VIVIENDA EN MADRID Y CATALUÑA: UN RETROCESO INJUSTIFICADO EN TIEMPOS DE AUSTERIDAD

Las autoridades públicas de Madrid y Cataluña han adoptado medidas deliberadamente regresivas sobre el derecho a la vivienda, contraviniendo el derecho internacional de los derechos humanos.

Los desalojos hipotecarios han forzado a miles de personas a tener una “vivienda insegura”, que, con arreglo a la tipología ETHOS, significa vivir provisionalmente y sin seguridad de tenencia90 con amistades o familiares, u ocupar ilegalmente una vivienda debido a la ausencia de alternativas.91 Muchas de las personas entrevistadas dijeron a Amnistía Internacional que los servicios sociales suelen recomendar a quienes se enfrentan a un desalojo que se muden a casas de familiares o amigos porque no hay alternativas disponibles. “No podemos hacer otra cosa”, es la respuesta habitual. De hecho, el propio sector de trabajo social ha denunciado públicamente la falta de recursos para abordar este problema.92

En todo caso, que la mayoría de las personas no terminen literalmente en la calle porque consigan apoyo en otra parte no quiere decir que las autoridades españolas estén cumpliendo sus obligaciones internacionales.

Resulta especialmente preocupante que, en un momento en el que urgía adoptar medidas para realizar el derecho a la vivienda de quienes lo necesitaban, en particular de los más vulnerables, las autoridades públicas hayan adoptado, de manera injustificada y deliberada, medidas regresivas que son contrarias a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

El principio de igualdad y no discriminación es una obligación de efecto inmediato y significa que los Estados también deben dar prioridad a la situación de los grupos más vulnerables para garantizarles acceso suficiente al disfrute de los derechos. Sin embargo, España no lo está haciendo.

90 "La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la

ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o

propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que

les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados

Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares

que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados." CDESC

(1991): Observación general nº 4, El derecho a una vivienda adecuada, párr. 8.a.

91 Tipología ETHOS: http://www.feantsa.org/spip.php?article120.

92 Según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el gasto público en servicios sociales disminuyó

un 38,5 % entre 2010 y 2013, lo que equivale a unos 4.970 millones de euros. Las autoridades locales han reducido en un

23% el gasto en esta área en el mismo periodo, y las comunidades autónomas son las únicas que han acometido recortes

reducidos del presupuesto (4,9%), véase Informe Sobre el Estado Social de la Nación 2015. ¿Y si ya hemos salido de la

crisis...? (http://www.directoressociales.com/images/documentos/INFORME%20ESTADO%20SOCIAL%202015%203.pdf).

Los medios de comunicación han informado de que en diciembre de 2014, los trabajadores de los servicios sociales

municipales de Barcelona enviaron una carta al alcalde para quejarse de que el Ayuntamiento no “garantiza un realojo digno

de los ciudadanos" afectados por los desalojos. Elpais.com (21 de enero de 2015): “Rebelión en el Ayuntamiento para dar

realojo digno a los desahuciados”.



33

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha recordado que “las crisis económicas y financieras mundiales no disminuyen la responsabilidad de las autoridades nacionales y la comunidad internacional en la realización de los derechos humanos y los exhorta a que presten asistencia, en particular, a los más vulnerables a ese respecto”.93

Como ha señalado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, las autoridades españolas deben garantizar “que todas las medidas de austeridad adoptadas identifiquen el contenido mínimo esencial de todos los derechos del Pacto, y que tome todas las medidas apropiadas para proteger este contenido esencial en cualquier circunstancia, especialmente para las personas y los grupos desfavorecidos y marginados”.94

Este informe se centra en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña porque representan un porcentaje considerable de los desalojos sobre todo de viviendas habituales, mantienen grandes parques de viviendas vacías y han asistido al surgimiento de movimientos sociales especialmente activos.

El derecho internacional de los derechos humanos obliga a todos los sectores gubernamentales (locales, autonómicos y centrales) a demostrar que están empleando todos los recursos disponibles para conseguir de manera progresiva la plena realización del derecho a la vivienda.95 Amnistía Internacional ha identificado al menos cinco señales de alarma de que las autoridades públicas de Madrid y Cataluña están adoptando en la práctica medidas regresivas injustificadas sobre el derecho a la vivienda, prohibidas por el derecho internacional: recortes del gasto público en vivienda; infrautilización de los recursos públicos disponibles; reducción del periodo de calificación durante el cual la vivienda social sigue siendo un recurso público antes de pasar a manos privadas; venta de viviendas sociales a sociedades de inversión, y medidas regresivas en prestaciones sociales, que están asociadas a la realización del derecho a la vivienda.

5.1. “EL GRIFO SE HA CERRADO”: RECORTES DEL GASTO PÚBLICO EN VIVIENDA El parque de vivienda pública en España es de los más reducidos de Europa, y el gasto público en vivienda también está por debajo de la media europea, y no ha hecho sino reducirse desde que se desató la crisis económica.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha insistido en que, para ser admisibles, los recortes del gasto en vivienda deben ser provisionales, necesarios y proporcionales, no deben tener carácter discriminatorio, deben mitigar las desigualdades impidiendo que los derechos de las personas más desfavorecidas se vean desproporcionadamente afectados y, por último, deben especificar un contenido mínimo básico de derechos o el nivel mínimo de protección social.96

Las autoridades públicas en España no han justificado adecuadamente los recortes del gasto basados en estos criterios y, por tanto, recortar el gasto en vivienda podría ser equivalente a adoptar medidas deliberadamente regresivas e injustificadas sobre el derecho a la vivienda.

93 Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Resolución S-10/1:“Efectos de las crisis económicas y financieras mundiales en

la realización universal y el goce efectivo de los derechos humanos”, 23 de febrero de 2009, párr. 5.

94 CDESC (2012): Observaciones finales: España, párr. 8.

95 Artículo 2.1 del PIDESC. Relatora Especial sobre el derecho a la vivienda, LeilaniFarha (2014): Informe de la Relatora

Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho

de no discriminación a este respecto, LeilaniFarha (A/HRC/28/62).





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Las comunidades autónomas y el gobierno central comparten la responsabilidad del gasto en vivienda sobre la base de que, las primeras elaboran y ejecutan sus propios presupuestos pero la mayoría de sus recursos provienen del gobierno central.97 Según el Defensor del Pueblo, hay en torno a 276.000 viviendas sociales en España, 250.000 de las cuales están gestionadas por las comunidades autónomas y 26.000 por grandes municipios.98 El último censo oficial de población y vivienda (2011) indica que España tiene 25,2 millones de viviendas.99 Por tanto, la vivienda social sería aproximadamente el 1,1% del sector de la vivienda en su conjunto. Este porcentaje es llamativamente bajo si se compara con el 32% de Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% de Reino Unido y el 17% de Francia. De hecho, dentro del grupo de la UE-15, sólo Grecia presenta un dato inferior, y eso es porque es el único país europeo que no tiene actualmente un plan de vivienda social.100

La Generalitat tiene en torno a 14.000 viviendas sociales en toda Cataluña, junto con otras 6.000 gestionadas por el Ayuntamiento de Barcelona y 2.000 más por organizaciones del sector terciario. Varios municipios más tienen también viviendas sociales propias. Estas cantidades son claramente insuficientes para responder a las necesidades de los más de 100.000 solicitantes que hay actualmente en todo el territorio catalán (72.000 en el registro de la Generalitat y 28.000 en el de Barcelona).101 Así se lo reconocieron representantes del Ayuntamiento de Barcelona a Amnistía Internacional: “Sabemos que nuestro parque de vivienda está muy por debajo de la demanda de la sociedad”.102

Respecto a Madrid, según información recopilada por el Defensor del Pueblo a principios de 2013, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) posee 4.700 viviendas, y el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA), 20.600.103

La relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada ha pedido a los Estados que aumenten sus gastos en vivienda a fin de eludir los efectos negativos de las crisis en el sector inmobiliario.104

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó a España en 2012 que “trabaje en coordinación con las comunidades autónomas para invertir más recursos en el aumento de la oferta de vivienda social que permita cubrir la demanda”.105

Por el contrario, el gasto público en vivienda desde el comienzo de la crisis no ha hecho sino reducirse. La partida de vivienda de los Presupuestos Generales del Estado se redujo en más de la mitad entre 2008 y 2015.106 Las ayudas a la vivienda descendieron de 40,95 euros por persona en 2008 a 27,79 en 2012 (a

97 Las excepciones son el País Vasco y Navarra, que tienen sus propios regímenes fiscales: “concierto económico” y “convenio

económico”, respectivamente.

98 Algunos municipios más pequeños tienen también su propio parque de viviendas sociales. Defensor del Pueblo (2013):

Estudio sobre viviendas protegidas vacías.

99 INE (18 de abril de 2013): “Censos de Población y Viviendas 2011. Edificios y viviendas”

http://www.ine.es/prensa/np775.pdf

100 CECODHAS (2012): TheHousingEuropeReview 2012, p. 24.

101 Agència de l’Habitatge de Catalunya (2014): Memoria de 2013.

102 Reunión con los servicios municipales de vivienda de Barcelona el 6 de octubre de 2014.

103 Defensor del Pueblo (2013): Estudio sobre viviendas protegidas vacías, p. 50.

104 Relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, Raquel Rolnik (2012): Informe a la Asamblea General,

A/67/286, párr. 71.n.

105 CDESC (2012): Observaciones finales: España, párr. 21.

106 Carme Trilla (2014): Desigualdad y vivienda, Arquitectura, Ciudad y Entorno, Vol. 9, Nº 26, pp. 94-126, p. 119; Juli



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precios constantes de 2005). La cantidad por término medio en la Unión Europea fue de 134,65 euros por persona en 2012.107

Cataluña gastó 571,3 millones de euros en vivienda pública en 2011,108 pero el presupuesto catalán de vivienda para 2013 fue de 152,27 millones, casi cuatro veces menos.109 Tanto el gobierno catalán como el central han reducido su contribución al gasto en vivienda en Cataluña. Según datos procesados por la Fundación Civio, Cataluña gastó 25,74 euros por persona en vivienda y promoción de la construcción de viviendas en 2013. En 2008 había gastado 47,71 euros por persona. En la región de Madrid se redujo de 86,25 euros en 2008 a 31,76 en 2013.110

Para la mayoría de las partes interesadas entrevistadas por Amnistía Internacional, el verdadero problema de las políticas de vivienda en España reside en la escasez de la inversión pública, que es un síntoma crónico del sector público de la vivienda, pero agudizado especialmente desde que estalló la crisis. El grifo se ha cerrado: “Es tancal'aixeta”, como alguien expresó en Barcelona. Diversas personas entrevistadas por Amnistía Internacional que se han visto afectadas por un desalojo llevan años en lista de espera y, sin embargo, no les han ofrecido la posibilidad de acceder al sector de la vivienda social.

La asequibilidad es uno de los criterios para determinar la adecuación de una vivienda, y las autoridades deben garantizar vivienda social pública asequible que satisfaga las necesidades de todas las personas.111 No obstante, muchos de los afectados por los desalojos dijeron que, aunque les ofrecieran una vivienda social, no podrían pagar el alquiler oficial, que actualmente supera los ingresos de muchas personas en situación de vulnerabilidad.

Ponce Solé (20 de marzo de 2015): “Siete consideraciones sobre el derecho a la vivienda, la ciudad y las viviendas vacías:

podemos hacer más (y mejor)”, blog de la Revista catalana de dret públic.

107 Datos de Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=spr_exp_fho&lang=en.

108 Carme Trilla (2014): Desigualdad y vivienda, Arquitectura, Ciudad y Entorno, Vol. 9, Nº 26, pp. 94-126, p. 117.

109 Agència de l’Habitatge de Catalunya (2014): Memoria de 2013.

110 Fundación Civio: http://dondevanmisimpuestos.es/

111 CDESC (1991): Observación general nº 4, El derecho a una vivienda adecuada, párr. 8; relator especial sobre el derecho a

una vivienda adecuada, MiloonKothari (2008): Informe tras su misión a España, párr. 100.



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Maritza Saavedra

“Nos marchamos con algo de ropa y poco más. La mayoría de nuestras cosas se quedaron adentro.”

Maritza vino de Ecuador en 2001. En junio de 2014, obtuvo la nacionalidad española. Vive en Madrid con su compañero, Darwin José, y tienen dos hijos en común: Alexandra, de 11 años, y Aitor, de 2.

Maritza y Darwin compraron un apartamento en julio de 2007. Por entonces, ella trabajaba de dependienta en un comercio y ganaba 900 euros al mes. Darwin trabajaba de mensajero y su sueldo rondaba los 1.500 euros. El banco les ofreció una hipoteca por valor de 248.000 euros. Después de estar

pagando 1.267 euros al mes a un tipo de interés fijo durante un año, el interés pasó a ser variable (IRPH).

Cuando Maritza y Darwin perdieron sus empleos, se encontraron con que no podían hacer frente a los pagos mensuales. Al cabo de varios meses, ya no pudieron luchar más y dejaron de pagar en 2008. En diciembre de ese año, el banco los demandó por impago.

Perdieron su casa en la ejecución hipotecaria, pero conservaron una deuda de al menos 120.000 euros.

Maritza se acuerda muy bien de esa fecha: 4 de noviembre de 2009. El tribunal había señalado que el desalojo debía tener lugar ese día. Para ahorrarle sufrimiento a su hija, Maritza y su esposo decidieron desalojar la vivienda voluntariamente. “Nos marchamos con algo de ropa y poco más. La mayoría de nuestras cosas se quedaron adentro”.

La salida del hogar se convirtió en la entrada a un laberinto. Se mudaron al apartamento de su hermana y allí estuvieron tres meses. Pero, a principios de 2010, decidieron alquilar un piso del sector privado por 230 euros al mes. Tuvieron que compartir el espacio con tres personas más. Maritza, su esposo y su hija dormían en la misma cama. Unos meses después, un vecino les ofreció un piso en el que sólo tendrían que pagar agua y electricidad. Una vez estuvieron a punto de tener que marcharse porque una sobrina del vecino iba a necesitar la vivienda. Afortunadamente, por ahora siguen ahí, aunque no saben por cuánto tiempo.

Mientras, su antigua vivienda permanece vacía desde noviembre de 2009. Maritza piensa que parte de sus enseres aún pueden están allí.

“Mi casa es un sueño inalcanzable. Sobre todo, me duele por mis hijos”.

De momento, Maritza trabaja cuidando ancianos por la noche, mientras su madre cuida de Alexandra y Aitor.

Lleva años en lista de espera para optar a una vivienda social, pero todavía no le han comunicado nada.

“Me he sentido muy sola. Sólo mi vecino nos ha ayudado realmente. Nadie más”.

Maritza Saavedra. © AI



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El derecho internacional de los derechos humanos no determina la ruta precisa que deben seguir las autoridades públicas para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Las autoridades públicas tienen cierto margen de maniobra para identificar la mejor manera de hacer efectivo el derecho a la vivienda. Sin embargo, deben abstenerse de adoptar medidas deliberadamente regresivas e injustificadas y, en todo caso, la carga de la probar que sus políticas son las adecuadas recae en las propias autoridades. El gobierno español y los gobiernos autonómicos de Madrid y Cataluña no han explicado como corresponde por qué los recortes del gasto en vivienda están justificados, ni si son provisionales y proporcionales y no afectan de manera desproporcionada a las personas en situación de especial vulnerabilidad.

5.2. CASAS VACÍAS: ¿ESTÁN USANDO TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES LAS AUTORIDADES PÚBLICAS? Aparte del gasto público, las autoridades públicas no han agotado todos los recursos alternativos disponibles para hacer efectivo el derecho a la vivienda mediante una regulación más rigurosa del mercado de la vivienda y del suelo. Tampoco las autoridades han hecho un uso más intensivo de los edificios vacíos, como recomendó a España el relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada.112

Según el censo oficial de población y vivienda más reciente, en 2011 había 3,44 millones de casas vacías en España. El número de viviendas vacías aumentó en un 10,8% en un decenio y, de las casas construidas durante el periodo de auge de la construcción, el 18,5% continuaban vacías. Más de 263.000 casas en la Comunidad de Madrid (el 9,1% de todas las viviendas de la región) y más de 448.000 en Cataluña (11,6%) seguían desocupadas.113

A pesar del impacto directo de la crisis económica en la vivienda, los únicos datos oficiales disponibles se remontan a 2011.114 Las autoridades públicas de Madrid y Cataluña confirmaron en entrevistas que ellas tampoco disponían de datos posteriores a 2011.115 La normativa recientemente aprobada obligará a inscribir las casas vacías en un registro público en Cataluña.116

No hay datos estadísticos oficiales sobre las casas vacías en Europa pero, según algunos cálculos, hay 11

112 Relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, MiloonKothari (2008): Informe tras su misión a España, párrs.

101 y 91.

113 INE (18 de abril de 2013): “Censos de Población y Viviendas 2011. Edificios y

viviendas”,http://www.ine.es/prensa/np775.pdf. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se considera que una

vivienda está desocupada cuando lleva tiempo deshabitada, está disponible para venta o alquiler, o ha sido efectivamente

abandonada, y no se usa de forma esporádica o estacional. Algunos expertos han cuestionado estos datos, argumentando

que la cifra es demasiado baja como para reflejar con precisión la realidad de las casas vacías en España (véase

http://economia.elpais.com/economia/2013/04/18/actualidad/1366281899_838814.html).

114 El Ministerio de Fomento publica informes anuales sobre el número de edificios nuevos no vendidos. Según el último, en

2013 había 564.000 casas vacías nuevas en España, en comparación con las 627.000 de 2011. En cualquier caso, estos

números sólo representan en torno al 16% del número total de casas vacías identificadas por el INE en 2011 (Ministerio

de Fomento (2014): Informe sobre el stock de vivienda nueva 2013). Exceptuando el caso del País Vasco

(https://www.euskadi.net/r41-ovse130x/es/), no parece haber información más reciente de las comunidades autónomas.

115 Reuniones con el Ayuntamiento de Barcelona el 6 de octubre, el Ayuntamiento de Terrassa y la Generalitat el 9 de octubre,

y con el Ayuntamiento de Madrid el 14 de octubre de 2014.

116 Decreto Ley 1/2015, de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas

provenientes de procesos de ejecución hipotecaria.



38

millones en toda la UE,117 lo que significa que más del 30% de todas las casas vacías de Europa se sitúan en España. España sería también, con diferencia, el país con el mayor número de casas vacías.

No todas las casas vacías son inmediatamente habitables, ya que algunas llevan largos periodos desocupadas. Sin embargo, dada la disponibilidad de un gran número de casas vacías en España, existe un recurso al que las autoridades públicas podrían recurrir para conseguir de manera progresiva la plena realización del derecho a la vivienda, como exigen las normas internacionales de derechos humanos.

La relatora especial sobre una vivienda adecuada, la relatora especial sobre la extrema pobreza y el experto independiente sobre la deuda externa y los derechos humanos plantearon sus motivos de preocupación ante el gobierno español, afirmando que “el programa de austeridad del gobierno, con consecuencias especialmente graves para las personas que viven en la pobreza, ha socavado drásticamente el derecho a una vivienda adecuada, pese a las numerosas viviendas vacías materialmente disponibles en España”.118

No existe una definición legal de casa vacía en Madrid, y el gobierno autonómico no ha adoptado medidas concretas sobre este tipo de vivienda en la región.

Amnistía Internacional ha identificado tres ejemplos claros (uno en Cataluña y dos más en el ámbito del gobierno central) que demuestran que las autoridades públicas no han agotado las posibilidades de intervención pública en el mercado privado relativo a las viviendas vacías.

5.2.1. INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN CATALANA SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA: LA NECESIDAD DE CONSTRUIR CASAS VACÍAS DISPONIBLES PARA ALQUILAR Antes de la crisis, Cataluña aprobó la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda. En sus párrafos 6 y 7, el artículo 42 establecía que mantener una casa vacía de manera injustificada durante más de dos años constituía un quebrantamiento de la función social de la propiedad privada y, en consecuencia, establecía la posibilidad del alquiler obligatorio en forma de expropiación temporal del usufructo, política que ya se aplicaba en otros países europeos, como Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Francia o Reino Unido.119

No obstante, en 2011 fueron derogadas esas dos cláusulas concretas del artículo 42 (Ley 9/2011) y la expropiación temporal del usufructo nunca se aplicó en Cataluña.

La Ley 18/2007 aún prevé la posibilidad de imponer sanciones a los propietarios que mantengan vacías sus viviendas sin causa justificada (artículos 41 y 123). Sin embargo, tanto la Generalitat como los ayuntamientos se han mostrado muy reticentes y muy pocos han tomado alguna medida. De hecho, Terrassa es hasta ahora el único municipio que ha impuesto multas coercitivas a bancos que mantienen casas fuera del mercado del alquiler después de embargos hipotecarios.120 Aunque el mecanismo esté previsto en la Ley, las autoridades

117 Guardian.com (23 de febrero de 2014): “Scandal of Europe's 11m emptyhomes”.

118 Mandatos de la relatora especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida

adecuado y sobre el derecho a la no discriminación a este respecto, la relatora especial sobre la extrema pobreza y los

derechos humanos y el experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras

internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos

económicos, sociales y culturales. Carta de denuncia al gobierno español, 15 de noviembre de 2013

(https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/public_-_AL_Spain_15.11.13_%285.2013%29.pdf).

119 Dictamen 282/2007, de 29 de noviembre, solicitado por el Parlamento de Cataluña, en relación con el Dictamen de la

Comisión de Medio Ambiente y Vivienda sobre el Proyecto de ley del derecho a la vivienda en Cataluña (BOPC, nº 143, de

23 de octubre de 2007).

120 Con 215.000 habitantes, Terrassa tiene el mayor número de desalojos en la provincia de Barcelona (Diputació de



39

públicas de Cataluña parecen en general reticentes a imponer sanciones a los propietarios que rehúsan colocar sus viviendas en el mercado de alquiler.121

5.2.2. INICIATIVAS AUTONÓMICAS IMPUGNADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Los parlamentos autonómicos de Andalucía, Navarra y Canarias han aprobado leyes con la intención de imponer embargos provisionales parecidos a los prescritos en Cataluña entre 2007 y 2011, pero centradas exclusivamente en los bienes inmuebles que pasaban a manos de las instituciones financieras después de un desalojo hipotecario.122 El gobierno español recurrió contra estas leyes ante el Tribunal Constitucional, alegando no sólo que las comunidades autónomas no son competentes según la Constitución, sino también que las medidas representaban una carga "desproporcionada" sobre los bancos y creaban un “riesgo de distorsión del mercado de crédito”.123

A raíz del recurso de apelación del gobierno central, las disposiciones impugnadas fueron derogadas y, por tanto, no están actualmente en vigor. El 26 de mayo de 2015, el Tribunal Constitucional decidió por mayoría a favor del gobierno central y declaró que el Decreto-ley de Andalucía (previo a la adopción de la ley autonómica) era contrario al reparto constitucional de poderes entre el gobierno central y las comunidades autónomas.124

5.2.3. SAREB: OPORTUNIDAD PERDIDA PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS RELATIVAS A LA VIVIENDA Debido a la difícil situación económica, en julio de 2012, España y la Comisión Europea firmaron el “Memorando de Entendimiento sobre Condiciones de Política Sectorial Financiera”.125 Este acuerdo, por el que España recibió 41.400 millones de euros para recapitalización bancaria, establecía la obligatoriedad de crear una “entidad externa de gestión de activos”, comúnmente llamada "banco malo", para que los activos problemáticos de los “bancos rescatados”, especialmente bienes inmobiliarios y activos en pago de deudas, pudieran eliminarse rápidamente de los balances de los bancos. La idea era establecer una institución aparte que se encargara de adquirir los activos tóxicos “con objeto de realizar su valor a largo plazo”. A cambio de los activos, los bancos recibían una participación en el capital del banco malo.

Un mes más tarde, el gobierno aprobó el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, por el que se estableció el "banco malo": la Sociedad de gestión de Activos

Barcelona - Observatori Local d'Habitatge (2013): Revista digital Apuntsd’Habitatge, Nº 5). No obstante, según datos del

Ayuntamiento, el porcentaje de casas vacías es parecido al promedio catalán: 11%. En otros municipios, aunque se han

tomado medidas, todavía no se han impuesto multas coercitivas (reunión entre Amnistía Internacional y el Ayuntamiento de

Terrassa el 9 de octubre de 2014). En octubre de 2014, el Ayuntamiento de Barcelona reguló la inspección de viviendas

vacías.

121 En el momento de redactarse este informe, el Parlamento de Cataluña está estudiando un proyecto de ley para gravar

fiscalmente la vivienda vacía.

122 Decreto-ley de Andalucía 6/2013, de 9 de abril, y Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento

de la función social de la vivienda, Ley Foral de Navarra 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el

derecho a la vivienda, y Ley de Islas Canarias 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero,

de Vivienda y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda.

123 Auto 69/2014 sobre Navarra y Auto 115/2014 sobre Andalucía, del Tribunal Constitucional. Acuerdo de la Comisión

Bilateral de Cooperación Administración General del Estado – Comunidad Autónoma de Canarias, 19 de septiembre de

2014.

124 Tribunal Constitucional, Sentencia de 26 de mayo de 2015.

125 Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14946



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procedentes de Reestructuración Bancaria (Sareb). El 55% del capital de Sareb procede de instituciones financieras privadas, pero el 45% restante proviene del Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Además de otros bienes, Sareb pasó a ser la propietaria de 80.000 viviendas recibidas de manos de entidades de crédito que, a su vez, las habían adquirido mediante embargos hipotecarios. Sareb es, en la práctica, la propietaria de las casas ocupadas por algunas de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional que se están defendiendo de un desalojo en la actualidad.

Hasta la fecha, Sareb ha cedido voluntariamente 600 viviendas al gobierno de Cataluña para que puedan ponerse en alquiler como parte del plan catalán de vivienda social.126 Aunque es indudable que esto ha beneficiado a algunas familias, la cantidad es demasiado pequeña (representa menos del 1%) si se tiene en cuenta el número de casas vacías en manos de Sareb.

Aunque es una empresa de derecho privado, Sareb fue creada en virtud de un real decreto-ley en aplicación de un acuerdo entre el reino de España y la Comisión Europea. Las instituciones financieras privadas adquirieron acciones del banco malo a cambio de propiedades que no podían vender en el sector privado. En la medida en que Sareb está regulada por una norma jurídica, el gobierno español debe adoptar todas las medidas a su disposición para modificar su mandato, para que esté obligada a utilizar su parque de casas vacías con plazos concretos a fin de garantizar el acceso a la vivienda de tantas personas como sea posible.

5.2.4. EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD PRIVADA Para hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas, las autoridades públicas deben establecer un equilibrio entre los derechos de propiedad y la función social de la propiedad, como ha señalado la relatora especial. En particular, deben promover el acceso de las personas pobres de las zonas urbanas a una vivienda segura y bien ubicada llevando a cabo auditorías de las viviendas y los edificios desocupados, adoptando medidas para combatir la especulación y la infrautilización de las viviendas privadas y regulando las instituciones financieras y el mercado de financiación en relación con la vivienda, entre otras medidas.127

El Parlamento Europeo ha pedido asimismo a “los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que adopten medidas eficaces e incentivadoras, basándose en análisis prospectivos de la necesidad de viviendas, para luchar contra la existencia de viviendas vacías de larga duración, en especial, en las zonas con tensiones, para luchar contra la especulación inmobiliaria y movilizar esas viviendas para convertirlas en viviendas sociales”.128

Si deciden no tomar ninguna medida respecto a las viviendas vacías de propiedad privada en España, las autoridades públicas deben explicar por qué consideran que no es un medio adecuado de realizar progresivamente el derecho a la vivienda. Ni la Generalitat ni el gobierno de España han explicado suficientemente por qué no hacen pleno uso de las viviendas vacías en el sector privado para hacer efectivo el derecho a la vivienda.

126 Reunión con los responsables autonómicos de vivienda de Cataluña el 9 de octubre de 2014.

127 Relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, Raquel Rolnik (2013): Principios rectores sobre la seguridad

de la tenencia para los pobres de las zonas urbanas, Principio 4. La función social de la propiedad privada también se

proclama en el artículo 33 de la Constitución Española, y el Tribunal Constitucional ha establecido con claridad que la

función social es parte integrante del derecho mismo, en la medida en que tanto la utilidad individual como la función

social definen de manera indisoluble el contenido básico del derecho de propiedad (Auto 37/1987 del Tribunal

Constitucional, de 26 de marzo de 1987, F.J. 2º.

128 Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de junio de 2013, sobre la vivienda social en la Unión Europea

(2012/2293(INI))



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5.3. VIVIENDA SOCIAL: REDUCCIÓN DEL PERIODO DE CALIFICACIÓN Madrid y Cataluña son dos ejemplos de cómo el problema del reducido volumen del parque de viviendas sociales en España se agrava debido a la brevedad del periodo de calificación de vivienda social, que, en el caso de Cataluña, se ha reducido aún más en los últimos años.

En la mayoría de las comunidades autónomas, la vivienda social permanece un periodo limitado en el sector público. Eso significa que, aunque la vivienda social se haya edificado en suelo legalmente reservado a esta clase de viviendas, e incluso si se han destinado fondos públicos a su construcción, el carácter social de la vivienda tiene una duración limitada. Tras un periodo predeterminado, la propiedad es transferida al sector privado, donde no son aplicables los controles públicos sobre el precio de venta.

Desde que estalló la crisis económica, el periodo de calificación se ha reducido en Cataluña. El Plan catalán para el derecho a la vivienda 2004-2007 establecía un periodo de calificación de 90 años.129 Ese límite se redujo a 30 años en el Plan 2009-2012,130 y el actual Plan 2013-2016 establece un periodo de entre 10 y 30 años, dependiendo de si la promoción de viviendas había recibido ayudas directas o no.131

En el caso de Madrid, la calificación no ha cambiado, pero ya era relativamente baja. Sólo dura entre 10 y 15 años, dependiendo de si es para alquiler o para venta.132 Es decir, que, en algunos casos, una casa edificada en suelo legalmente reservado para vivienda social se puede cambiar privada y libremente después de sólo 10 años, y los residentes se ven obligados a buscar otro lugar donde vivir.

Tras su visita de investigación a España en 2007, el relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada escribió: “A pesar de que en las disposiciones de la Constitución se reconoce que la vivienda es un derecho básico, en la práctica es considerada un simple bien de consumo, que se compra y se vende. En este contexto, debe recuperarse la función social de la vivienda y aplicarse plenamente el artículo 47 de la Constitución. Todos los sectores de la sociedad, incluidos los promotores inmobiliarios, los constructores, las agencias inmobiliarias, los grupos de la sociedad civil y otros agentes de los sectores público y privado, deben participar en la realización de este derecho humano básico".133

Representantes públicos entrevistados por Amnistía Internacional en Cataluña sostuvieron que era necesario reducir el periodo de calificación para convencer a los promotores urbanísticos de que presentaran sus

ofertas.134 La idea subyacente es que, dado que una calificación inferior implica que la promoción inmobiliaria tarda menos en poder ser vendida libremente, la inversión generará más ingresos en menos tiempo.

Amnistía Internacional considera que este es otro indicador del retroceso intencionado en el disfrute del derecho a la vivienda, ya que socava el propósito de la vivienda social. La organización considera que las autoridades públicas de Madrid y Cataluña no han explicado por qué consideran justificada la adopción de tales medidas en un país con un parque de vivienda social tan reducido y en un momento de demanda creciente, sabiendo que el resultado es la reducción del número de viviendas sociales disponibles a largo plazo.

129 Decretos 454/2004 y 244/2005.

130 Tercera disposición transitoria del Decreto 13/2010.

131 Artículo 47 del Decreto 75/2014.



86.

134 Reunión con el servicio municipal de vivienda de Barcelona el 6 de octubre de 2014.



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5.4. VENTA DE VIVIENDA SOCIAL A SOCIEDADES DE INVERSIÓN En años recientes, las autoridades públicas de Madrid y también las de Cataluña han vendido vivienda social a sociedades de inversión, reduciendo así el parque disponible. Y eso a pesar de que el relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada había recomendado a España en 2008 “aumentar la oferta de viviendas de alquiler mediante la construcción de viviendas de alquiler más asequibles, la utilización más intensiva de los edificios vacíos y la consolidación de un parque de viviendas de alquiler gestionado con fondos públicos para atender a la demanda de la población de bajos ingresos y garantizar a los inquilinos la seguridad de los contratos de arrendamiento”.135

Desoyendo esta recomendación, el verano de 2013, en Madrid, el IVIMA vendió 2.935 casas y una serie de plazas de aparcamiento y cuartos trasteros a una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI) por valor de 201 millones de euros. En la declaración de innecesariedad, que es jurídicamente preceptiva cuando el gobierno alega que el bien no es necesario para el desempeño de ninguna función pública,136 la directora gerente del IVIMA, Ana Gomendio, aduce que la venta era necesaria para conseguir un presupuesto equilibrado.137 Sin embargo, no explica cómo se puede compatibilizar esta venta con una creciente demanda de vivienda social, especialmente en un entorno en el que miles de personas se enfrentan a un desalojo hipotecario. La declaración de innecesariedad pasa completamente por alto el hecho de que a menudo se requiere vivienda social para desempeñar una función pública básica: garantizar el derecho a la vivienda.

Por su parte, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid vendió 1.860 casas a otra SOCIMI en 2013. Esta cantidad equivale aproximadamente a un tercio del parque de vivienda del Ayuntamiento. Amnistía Internacional solicitó información a la EMVS sobre la fecha límite de calificación de las casas vendidas a esta SOCIMI, pero el director gerente de la empresa, Fermín Oslé, se negó a facilitarla.138 No obstante, admitió que al menos una de las promociones inmobiliarias pasaría al sector privado ya en 2015.

Según la respuesta del IVIMA a la petición de información del Defensor del Pueblo, la SOCIMI se subroga en la posición de la Comunidad de Madrid y debe respetar el contrato de alquiler vigente (de tres a cinco años). La SOCIMI se ha comprometido públicamente a mantener las condiciones anteriores sobre los plazos de vigencia de los contratos pero, según las quejas de personas afectadas, la situación empeoró considerablemente desde que llegaron los nuevos propietarios. Afirman que ahora están obligadas a pagar recibos adicionales, y les inquieta el futuro.139

En este sentido, el Defensor del Pueblo ha advertido de que “el cambio de propietario tiene consecuencias de importancia para los inquilinos de las viviendas. Entre esas consecuencias cabe señalar que varía completamente su situación, de ser los destinatarios directos del servicio público de promoción de viviendas –con todo lo que ello lleva consigo– a ser simples sujetos de una relación arrendaticia de carácter privado, en la que no tienen una posición de igualdad real con el arrendador. Ello trae como consecuencia que carecen de medios de oposición frente a medidas adoptadas por el nuevo dueño-arrendador, de manera unilateral y con un empeoramiento de la


101.

136 En aplicación de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid (artículo 49.1).

137 La declaración de innecesariedad del IVIMA consta en los archivos de Amnistía Internacional.

138 La solicitud fue expresada en dos ocasiones: en la reunión celebrada con el director gerente de la EMVS el 14 de octubre

de 2014, y por correo electrónico enviado ese mismo día. La organización recibió respuesta por correo electrónico el 17 de

octubre, por la que declinaban revelar información. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la

información pública y buen gobierno entrará en vigor para municipios y comunidades autónomas en diciembre de 2015.

139 Reunión de Amnistía Internacional con la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social de Madrid el 10 de julio

de 2014.



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situación inicial del inquilino (subidas de renta, de gastos de comunidad, obligación de contratar un seguro, etc.).”140

En Cataluña, en 2010 y 2011, Regesa, empresa de vivienda pública de la zona metropolitana de Barcelona, vendió 381 viviendas, además de plazas de aparcamiento y cuartos trasteros, a una SOCIMI. Según la información proporcionada por Regesa, 66 de ellas se vendieron con la calificación de vivienda social por un periodo de 90 años, mientras que, para los restantes, sólo se transfirió el derecho de superficie, lo que significa que los edificios volverán a ser de propiedad pública después de 75 años.141 La representante de Regesa sostuvo que la venta era necesaria a causa del déficit de la empresa. Asimismo confirmó a Amnistía Internacional que, en cualquier caso, la venta había sido autorizada tanto por la Generalitat como por el Ayuntamiento de Barcelona.142

Las autoridades públicas no han explicado la compatibilidad de la venta de la vivienda social con la obligación de hacer efectivo el derecho a la vivienda. Teniendo en cuenta el reducido parque de vivienda social que hay en España, y especialmente considerando el breve periodo de calificación social en la Comunidad de Madrid, la venta de viviendas sociales al sector privado es otra señal del retroceso injustificado y deliberado en el derecho a la vivienda.

Amnistía Internacional recuerda que el Estado debe garantizar que la privatización no da lugar a un retroceso injustificado en el disfrute del derecho a la vivienda.143 En concreto, a la organización le preocupan los posibles efectos perjudiciales de la subida de los alquileres en el acceso a la vivienda, incluidos posibles desalojos. Las autoridades públicas deben garantizar que el cambio de titularidad no repercuta negativamente en las condiciones de vida de los inquilinos.

5.5. MEDIDAS REGRESIVAS EN LAS PRESTACIONES SOCIALES A pesar de que tienen lafunción de evitar que las personas caigan en la pobreza y la exclusión social, desde el comienzo de la crisis económica, las prestaciones sociales en Cataluña y Madrid han experimentado un claro retroceso.

Las prestaciones sociales en España están reguladas por las comunidades autónomas y reciben el nombre genérico de Renta Mínima de Inserción (RMI), si bien su designación cambia de una comunidad a otra. Las cantidades entregadas son bajas en general, y el Comité Europeo de Derechos Sociales las considera insuficientes, excepto en el País Vasco y Navarra.144 La RMI media en España es de 330 euros al mes,145 cantidad claramente insuficiente para cubrir todos los gastos de alojamiento en todas las provincias de España

140 Defensor del Pueblo, Informe Anual 2014, (2015), p. 365. Los inquilinos de casas del IVIMA pueden beneficiarse de la

reducción de su alquiler (Decreto 226/1998), pero este tratamiento especial ya no sería aplicable en la medida en que sólo

se aplica a la vivienda social de propiedad pública, y estas casas ya son de propiedad privada (Decisión del Defensor del

Pueblo de mayo de 2014). Decisión del Defensor del Pueblo de 2014. Nº Expediente: 13025363, registrada en los

archivos de Amnistía Internacional).

141 En archivo de Amnistía Internacional.

142 Conversación telefónica de Amnistía Internacional con la representante de Regesa el 16 de octubre de 2014.

143 CDESC (1991): Observación general nº 4, El derecho a una vivienda adecuada, párr. 14.

144 CEDS (noviembre de 2014): Conclusiones XX-2 (España), artículos 3, 11, 12, 13 y 14 de la Carta de 1961, p. 236 La

RMI catalana va de 423,70 a 645,30 euros, en función del número de miembros de la familia. La RMI de Madrid está

entre 375,55 y 532,51 euros.

145 Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (2015): Informe sobre el Estado Nación 2015, p. 4.



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excepto Teruel.146

La RMI complementa otras fuentes de ingresos (provenientes deltrabajo, pensión, prestación por desempleo). Como tal, puede representar el último recurso disponible para evitar que una persona caiga en la pobreza y la exclusión social, lo que incluye el acceso a una vivienda asequible.

Según los últimos datos estadísticos de Eurostat, España destinó a protección social el 25,9% de su PIB en 2012, comparado con el 29,5% por término medio en la UE.147 En España, 1,8 millones de viviendas en España tienen a todos sus miembros económicamente activos desempleados.148 Alrededor de 743.000 no tienen ingresos de ninguna clase.149 Sin embargo, basándose en la última recopilación de datos estadísticos del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad (de 2012), la RMI sólo llegó a 218.000 de esas familias.150 La RMI no llega a un número suficiente de familias para que puedan cubrir sus necesidades básicas cuando carecen de otros ingresos.

Algunas de las personas con las que se reunió Amnistía Internacional reciben la RMI, como Sara, por ejemplo. Sin embargo, Maritza, Francisco, Ainhoa y muchos más no cobran prestaciones sociales de ninguna clase a pesar de su situación de vulnerabilidad y del riesgo de perder su casa debido al paro y al sobreendeudamiento. Esto se debe a las restricciones económicas y administrativas del sistema, muchas de ellas aprobadas en los últimos años.

En Cataluña, la RMI está regulada por la Ley 10/1997, modificada por la llamada “ley ómnibus”: Ley 7/2011, de 27 de julio, de Medidas Fiscales y Financieras. Según explicaron distintas fuentes a Amnistía Internacional, la reforma respondía a un discurso público en auge que acusaba a los inmigrantes de cometer fraude contra el sistema.

Basándose en los ingresos medios catalanes, superiores a los españoles, el 19,8% de la población catalana está en riesgo de pobreza, es decir, alrededor de 1,5 millones de personas.151 Con la crisis, el número de beneficiarios de la RMI aumentó de 13.700 en 2008 a 30.277 en 2010. Sin embargo, con la modificación de la ley, el número de beneficiarios descendió a 26.182 beneficiarios en 2011 y a 23.123 en 2012. Se calcula que en 2014 fueron unos 25.000.152

La Ley 7/2011 introdujo al menos cuatro cambios regresivos en el régimen de la RMI. En primer lugar, el requisito de “residencia continuada y efectiva” en Cataluña subió de uno a dos años.153 En segundo lugar, en caso de que haya falta de respuesta por parte de las autoridades, se entiende que la solicitud ha sido rechazada, mientras que anteriormente, el silencio administrativo se consideraba positivo.154 En tercer lugar, la prestación

146 http://www.enalquiler.com/precios/precios-alquiler-marzo-2015.pdf

147 Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

148 INE (23 de octubre de 2014): “Encuesta de Población Activa (EPA). Tercer trimestre de 2014”

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0314.pdf

149 EPA-22: http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ANUARIO2013/EPA/index.htm

150 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2013): El Sistema Público de Servicios Sociales: Informe de Rentas

Mínimas de Inserción – año 2012, p. 45; Red Emin (octubre de 2014): Informe sobre los sistemas de rentas mínimas en

España.

151 IDESCAT (2013): http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=415&lang=es

152 Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (mayo de 2014): Nova pobresa i renda mínima d’inserció, p. 27.

153 Artículo 6.1.b de la Ley 10/1997 (nuevo).

154 Artículo 11.2 (nuevo).



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ahora se concede por un periodo máximo de un año, a no ser que concurran circunstancias excepcionales que requieran una ampliación.155 Por último, a pesar de que se reconoce la RMI como un derecho en el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de 2006, la reforma de 2011 la transformó en una mera partida presupuestaria.156 Eso significa que el número de personas que pueden recibir esta prestación social no va a depender de necesidades objetivas, como en el caso de un derecho legal, sino de los recursos disponibles en el presupuesto anual.

En el caso de Madrid, la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción fue igualmente modificada por otra “ley ómnibus”: Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

En Madrid hay 1,3 millones de personas socialmente excluidas o en peligro de exclusión social en Madrid, el 20,4% de la población (AROPE).157 Por tanto, no es sorprendente que los datos oficiales indiquen que el número de solicitantes se ha triplicado desde 2008.Sin embargo, como en Cataluña después de la reforma de la ley, el número de personas que realmente reciben la prestación descendió en 2013 a 12.908, inferior en un 2,46% al del año anterior. Solamente 18.123 familias reciben la RMI en Madrid (55.500 personas). De ellas, 3.185 son familias monoparentales, y el 96,3% de éstas son de madres solteras.158 Por tanto, es evidente el efecto desproporcionado que toda medida regresiva tiene sobre las mujeres que están en una situación económicamente delicada.

El proceso para decidir si una persona cumple los criterios para recibir la RMI en teoría no dura más de tres meses.159 Sin embargo, la información obtenida por Amnistía Internacional indica que el proceso dura bastante más: desde ocho meses, según fuentes gubernamentales,160 hasta más de un año, según personas afectadas entrevistadas por la organización.

La reforma de 2012 endureció los criterios de elegibilidad relativos a la demostración de la residencia permanente en la Comunidad de Madrid.161 Estableció asimismo la suspensión inmediata de la RMI en caso de quebrantamiento de alguna de las obligaciones de los beneficiarios.162 Como consecuencia, la RMI puede suspenderse por un periodo de hasta tres meses mientras el beneficiario presenta las pruebas exigidas por la administración pública, petición que en algunos casos puede resultar desmesuradamente cara, lo que, en la práctica, supone revertir la carga de la prueba. Por ejemplo, en uno de los casos examinados por Amnistía Internacional fueron suspendidas las prestaciones concedidas a una madre soltera y sus dos hijos porque no tenía a su disposición el convenio regulador del divorcio entre ella y su esposo, que vivía en Sudamérica.

Teniendo en cuenta que afectan a personas que dependen de la RMI (400-500 euros al mes) para vivir, una suspensión de tres meses puede tener drásticas repercusiones en su vida.

Las prestaciones sociales constituyen un sistema de protección social garantizado como parte del derecho a la seguridad social, reconocido en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

155 Artículo 23.1 (nuevo).

156 Tercera disposición final (nueva).

157 EAPN Madrid (2014): Evolución e impacto del riesgo de la pobreza y la exclusión en la Comunidad de Madrid, p. 6.

158 Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (2014): Balance Anual de Gestión de la RMI 2013,

71.


160 Reunión con el Departamento de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid el 14 de octubre de 2014.

161 Artículo 6 de la Ley 15/2001 (nuevo).

162 Artículos 13 y 27 (nuevos).



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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha dejado claro que las prestaciones sociales son necesarias para evitar la pobreza y la exclusión social. Los Estados deben establecer sistemas de protección y garantizar su sostenibilidad. También deben asegurarse de que las prestaciones son suficientes en importe y duración, y que la manera de asignarlas no quebranta los principios de igualdad y no discriminación. Por tanto, los criterios para acogerse a las prestaciones deben ser razonables, proporcionados y transparentes. No se permite a los Estados adoptar medidas deliberadamente regresivas, a menos que puedan demostrar que las han adoptado tras un examen minucioso de todas las alternativas en relación con la totalidad de los derechos económicos, sociales y culturales.163

Teniendo en cuenta el reducido parque de vivienda pública en España, prestaciones sociales como la RMI podrían ser el último recurso de las familias para acceder a vivienda asequible en el sector privado. Sin embargo, las medidas regresivas adoptadas en Madrid y Cataluña en los últimos años hacen que esto sea cada vez sea más difícil.

Para que estén justificados, los ajustes de las políticas deben ser provisionales y proporcionados, y deben mitigar las desigualdades impidiendo que los derechos de las personas más desfavorecidas se vean desproporcionadamente afectados.

En periodo de crisis económica, Amnistía Internacional considera que las reformas de 2011 y 2012 constituyen un retroceso injustificado de la cobertura mínima proporcionada por las prestaciones sociales en Cataluña y Madrid, lo cual es incompatible con las normas internacionales de derechos humanos.

163 CDESC (2008): Observación general nº 19, El derecho a la seguridad social, párrs. 11, 22, 24, 29 y 42.



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6. CONCLUSIONES Los desalojos hipotecarios y las medidas regresivas sobre el derecho a la vivienda están entre las manifestaciones más graves del impacto negativo de la austeridad en los derechos humanos.

En el contexto de la crisis económica, España no ha adoptado las medidas necesarias para proteger y realizar el derecho a una vivienda adecuada, y las autoridades públicas han dependido del mercado privado manera desproporcionada para hacer efectivo el acceso a la vivienda.

El proceso actual de ejecución hipotecaria se basa en el concepto de vivienda como un activo financiero y no como un derecho humano. El procedimiento judicial y el Código de Buenas Prácticas no respetan los principios de la igualdad de armas, el derecho a un recurso efectivo y la evaluación independiente de la proporcionalidad y razonabilidad del desalojo de viviendas habituales.

El gobierno no ha cumplido su obligación de vigilar debidamente el impacto de sus políticas en el disfrute del derecho a la vivienda en España. No hay estadísticas fiables sobre la dimensión del problema de los desalojos de viviendas habituales. El gobierno no ha consultado adecuadamente con las personas afectadas y las organizaciones de la sociedad civil, ni ha evaluado las consecuencias de sus políticas, particularmente para las personas más vulnerables de la sociedad. Tampoco ha llevado a cabo evaluaciones del impacto.

Miles de familias carecen de seguridad de tenencia y viven en viviendas inseguras después de ser desalojadas. El derecho internacional de los derechos humanos establece que los gobiernos locales, autonómicos y centrales deben emplear todos los recursos disponibles para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Sin embargo, al menos cinco señales de alarma indican que ha habido un retroceso deliberado e injustificado en la protección de este derecho desde el comienzo de la crisis económica.

En primer lugar, las autoridades han efectuado importantes recortes del gasto público en vivienda. En segundo lugar, no han agotado las posibilidades de intervención pública en el mercado privado respecto a las viviendas vacías. En tercer lugar, han reducido el periodo de calificación de vivienda social. En cuarto lugar, en algunos casos, las autoridades públicas han vendido parte de sus viviendas sociales a sociedades de inversión, dando lugar a la reducción de un parque ya limitado. Por último, han adoptado medidas regresivas injustificadas sobre las prestaciones sociales, por lo que las familias que viven en la pobreza o con riesgo de exclusión social tienen más dificultades para acceder a un alojamiento decente en el sector privado.

Estas señales de alarma demuestran que las autoridades públicas en España, Madrid y Cataluña han adoptado, en relación con el derecho a la vivienda, medidas deliberadamente regresivas e injustificadas que contravienen su obligación de utilizar todos los recursos disponibles para alcanzar de manera progresiva la plena satisfacción de ese derecho.

En un momento de crisis económica en que era más necesario que nunca adoptar políticas públicas destinadas a proteger y realizar el derecho a la vivienda, la pasividad y las medidas regresivas han dejado desprotegidas a cientos de miles de personas y, por tanto, han supuesto un quebrantamiento de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos.



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7. RECOMENDACIONES Amnistía Internacional pide a las autoridades públicas de España que cumplan sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos con relación al derecho a una vivienda adecuada. En concreto, Amnistía Internacional hace las siguientes recomendaciones:

Al gobierno de España:

Mejorar la garantía de protecciones sobre el derecho a la vivienda:

o absteniéndose de llevar a cabo desalojos hipotecarios de viviendas habituales mientras no se implementen todas las garantías de derechos humanos;

o garantizando que el marco jurídico que regula los desalojos hipotecarios incorpora salvaguardias adecuadas de derechos humanos, incluida la realización de una prueba de proporcionalidad;

o presentando un proyecto de ley ante las Cortes Generales que modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil para que, en las ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales, los jueces puedan evaluar caso por caso la proporcionalidad y razonabilidad del desalojo hipotecario;

o estableciendo un mecanismo preceptivo que supervise la negociación entre bancos y familias antes de iniciarse la ejecución hipotecaria de viviendas habituales, a fin de garantizar que se respeta el principio de la igualdad de armas y que el desalojo es realmente el último recurso una vez que se han estudiado todas las alternativas posibles;

o modificando el artículo 53 de la Constitución para reforzar la garantía de protecciones del derecho a la vivienda;

o ratificando la Carta Social Europea (revisada) de 1996 y su Protocolo adicional de 1995,que prevé un sistema de reclamaciones colectivas;

o aplicando las recomendaciones de los organismos internacionales de vigilancia de los derechos humanos, en particular del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la relatora especial sobre el derecho a la vivienda, del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y del Comité Europeo de Derechos Sociales.

Proporcionar acceso a la vivienda:

o garantizando la implementación de medidas efectivas para examinar todas las alternativas posibles al desalojo; ninguna persona debe quedarse sin hogar a causa del desalojo;

o regulando las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho a la vivienda presentando ante las Cortes Generales un proyecto de ley sobre derecho a la vivienda basado en las normas internacionales de derechos humanos;

o adoptando todas las medidas a su disposición, para que Sareb esté obligada a utilizar su parque de viviendas vacías con plazos concretos y así garantizar el acceso a la vivienda de tantas personas como sea posible;



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o trabajando en coordinación con las comunidades autónomas para destinar más recursos a ampliar el parque de vivienda social.

Garantizar transparencia y acceso a la información:

o solicitando al Instituto Nacional de Estadística que recopile información desglosada (por género, edad, nacionalidad, etc.) sobre las condiciones de vivienda, las ejecuciones hipotecarias y los desalojos hipotecarios;

o evaluando y dando a conocer el probable impacto de las políticas públicas relativas a desalojos hipotecarios sobre la población, especialmente las personas más vulnerables y, en particular, realizando evaluaciones del impacto;

o llevando a cabo consultas genuinas con las personas afectadas y las organizaciones de la sociedad civil sobre las medidas introducidas para mitigar los efectos de los embargos hipotecarios, y garantizando transparencia y el derecho de acceso a la información de la ciudadanía.

A la Administración de Justicia:

• Aplicar las normas internacionales de derechos humanos relativas a los derechos económicos, sociales y culturales, garantizando la eficacia de los derechos reconocidos en la Constitución y prestando especial atención a los principios de igualdad y no discriminación;

• Impartir a los miembros del poder judicial la formación necesaria en materia de derecho internacional de los derechos humanos relativo a los derechos económicos, sociales y culturales.

A las Comunidades Autónomas:

• Emplear todos los recursos disponibles para conseguir la realización progresiva del derecho a la vivienda y abstenerse de adoptar medidas deliberadamente regresivas que son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos;

• Adoptar legislación sobre el derecho a la vivienda que sea acorde con el derecho internacional de los derechos humanos;

• Realizar evaluaciones del impacto de las políticas de vivienda sobre los derechos humanos, en consulta con las personas afectadas y las organizaciones de la sociedad civil, y garantizando transparencia y acceso a la información;

• Llevar un censo actualizado de viviendas vacías y analizar la disponibilidad de viviendas vacías de propiedad privada como posible recurso para hacer efectivo el derecho a la vivienda;

• Garantizar que el programa de protección social permite que todas las familias disfruten de un nivel de vida adecuado.

A Cataluña, además:

• Aplicar la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, en toda su amplitud;

• Garantizar que toda venta de vivienda social es compatible con la necesidad de incrementar la disponibilidad de vivienda social en Cataluña;

• Actuar conforme al reconocimiento de los derechos en el área de los servicios sociales del artículo 24 del Estatuto de Autonomía y rectificar las medidas regresivas que afectan a la RMI aprobadas en 2011.



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Con respecto a Ainhoa, Francisco y sus familias:

• Garantizar la debida protección de su derecho a la vivienda. • Garantizar su acceso efectivo a una vivienda social si fuera necesario.

A la Comunidad de Madrid, además:

• Garantizar que toda venta de vivienda social es compatible con la necesidad de incrementar la disponibilidad de vivienda social en Madrid;

• Rectificar las medidas regresivas que afectan a la RMI aprobadas en 2012.

Con respecto a Sara, Maritza y sus familias:

• Garantizar la debida protección de su derecho a la vivienda. • Garantizar su acceso efectivo a una vivienda social si fuera necesario.

A los municipios:

• Emplear todos los recursos disponibles para conseguir la realización progresiva del derecho a la vivienda y abstenerse de adoptar medidas deliberadamente regresivas que son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos.

• Realizar evaluaciones del impacto de las políticas de vivienda sobre los derechos humanos, en consulta con las personas afectadas y las organizaciones de la sociedad civil, y garantizando transparencia y acceso a la información.



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ANEXO ARTÍCULO 1 DE LA LEY 1/2013, MODIFICADA POR REAL DECRETO LEY 1/2015, DE 27 DE FEBRERO Suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables

1. Hasta transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo.

2. Los supuestos de especial vulnerabilidad a los que se refiere el apartado anterior son:

a) Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.

e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.

f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

g) Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituya su domicilio habitual.

h) El deudor mayor de 60 años.

3. Para que sea de aplicación lo previsto en el apartado 1 deberán concurrir, además de los supuestos de especial vulnerabilidad previstos en el apartado anterior, las circunstancias económicas siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas. Dicho límite será de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas en los supuestos previstos en las letras d) y f) del apartado anterior, y de cinco veces dicho indicador en el caso de que el ejecutado sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.



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b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.

4. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá:

a) Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5.

b) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.



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INFORMACIÓN SOBRE LA SAREB A lo largo del año pasado la SAREB ha estado dispuesta a poner 2.000 pisos en alquiler a disposición en toda España considerando que sus interlocutores deben ser únicamente las CCAA. Está en conversaciones con ellas y algunas de ellas, por ejemplo Andalucía se ha negado ya que las condiciones que establecen consideran que no son favorables. El acuerdo con la Generalitat de Catalunya. Ese acuerdo se realiza una cesión temporal de 600 pisos con las siguientes condiciones: La cesión tendrá validez durante cuatro años y podrá prorrogarse por períodos de un año. Los inmuebles abarcan 72 municipios, donde hay mayor dificultad de acceso a la vivienda Las viviendas las adjudicará la Generalitat, de acuerdo con los municipios, a colectivos con

pocos recursos en situación de emergencia o inscritos en el registro de demandantes a unos precios que oscilaran entre los 150 y los 400€/mes por vivienda, y que en ningún caso superará el 30% de sus ingresos.

La Generalitat se hará cargo de los gastos de gestión y administración de las casas.

Son viviendas desocupadas pero si alguna de ellas está ocupadas por los antiguos. La contraprestación económica de la Generalitat a la SAREB será de 125 €/mes para los

pisos desocupados y de 75 €/mes para los ocupados. Los gastos propios de la propiedad (seguros, cuotas comunidad, IBI,…) serán a cargo de la SAREB y los de gestión (cédulas, certificados de eficiencia energética, administración,…) serán a cargo de la Generalitat.

La SAREB garantiza que las viviendas están en condiciones de uso e invertirá un máximo de 600€ por vivienda para su adecuación.

A los propietarios que han perdido la propiedad pero la entidad financiera no ha instado el lanzamiento, se intentará regularizarlos con un alquiler social adecuado a sus ingresos.

Se establece un periodo de tres meses de carencia de estas contraprestaciones a partir de la firma del documento de cesión.

Se establece una comisión de seguimiento que se reunirá mensualmente.

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10/03/2015Boletín Oficial de AragónNúm. 47

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ORDEN 20 de febrero de 2015, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., para la cesión de vivienda destinada al alquiler asequible.

Inscrito en el Registro General de Convenios con el núm. 2015/7/0016 el convenio de co-laboración suscrito, con fecha 5 de febrero de 2015, por la Presidenta del Gobierno de Aragón y el Presidente de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Ban-caria, S.A., y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he resuelto:

Ordenar la publicación del citado convenio que figura como anexo de esta orden, en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 20 de febrero de 2015.

El Consejero de Presidencia y Justicia,ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

ANEXOCONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Y LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A., PARA LA CESIÓN DE VIVIENDA ASEQUIBLE

En Zaragoza, a 5 de febrero de 2015

REUNIDOS

De una parte, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, representada por D.ª Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Presidenta del Gobierno de Aragón, facultada para la firma del presente convenio en virtud de la competencia atribuida por el artículo 4.1 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.

De otra parte, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Ban-caria, S.A. (en adelante, SAREB), con CIF: A86602158, y domicilio en Madrid, paseo de la Castellana, 89, CP 28010, representada por su Presidente, D. Jaime Echegoyen Enríquez de la Orden, condición que ostenta en virtud de Acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 26 de enero de 2015.

Las partes manifiestan la plena vigencia de las facultades con las que actúan y se reco-nocen capacidad legal suficiente para otorgar el presente acuerdo, y

MANIFIESTAN

I. La Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud del artículo 27 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Aragón, promoverá de forma efectiva, el ejercicio del derecho a una vivienda digna facilitando el acceso a ésta en régimen de propiedad o al-quiler. El Gobierno de Aragón, en cumplimiento de sus competencias en materia de vivienda y en el marco del Plan Aragonés de Gestión Social de la Vivienda, ha considerado imprescin-dible proceder a la creación de un instrumento como la Red de Bolsas de Viviendas para el Alquiler Social de Aragón, con el objetivo de garantizar al máximo la disponibilidad de vivienda para todos los casos que sea necesario. Este instrumento fue creado mediante el Decreto 102/2013, de 11 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se crea y regula la Red de Bolsas de Viviendas para el Alquiler Social de Aragón, así como las disposiciones de desa-rrollo de este Reglamento, constituidas por la Orden de 28 de junio de 2013, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, por el que se inicia el proceso de aporta-ción de viviendas a la Red de Bolsas de Viviendas para el Alquiler Social de Aragón, y la Orden de 12 de agosto de 2013, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, por la que se inicia el proceso de recepción de solicitudes para ser beneficiario de viviendas de la Red de Bolsas de Viviendas para el Alquiler Social de Aragón, se desarrolla la política de vivienda social.

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La Red de Bolsas de Viviendas para el Alquiler Social de Aragón está conformada con las viviendas que aporten, ya sean personas físicas o jurídicas, con las que aporten las Adminis-traciones Públicas, así como aquellas entidades financieras de crédito y entidades sociales no lucrativas que decidan colaborar con la misma. Con ello, se pretende atender las necesi-dades de vivienda social que existen en el territorio aragonés, ya sea como consecuencia de procedimientos de desahucio, o simplemente para permitir que aquellas familias o personas que no tengan ingresos suficientes para sufragar alquileres en el mercado libre puedan dis-poner de una vivienda digna.

II. SAREB es una sociedad anónima de naturaleza jurídico-privada creada al amparo de las previsiones contenidas en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y reso-lución de entidades de crédito, como elemento clave del proceso de saneamiento del sistema financiero español y en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Reino de España en el Memorando sobre Política Sectorial Financiera, hecho en Bruselas y Madrid el 23 de julio de 2012. La sociedad tiene por objeto exclusivo la tenencia, gestión y administración di-recta o indirecta, adquisición y enajenación de los activos transferidos por las entidades de crédito sometidas a procesos de reestructuración o resolución, así como de aquellos que pudiera adquirir en el futuro, maximizando su valor y logrando su desinversión en un plazo razonable.

III. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, SAREB se constituye como una sociedad anónima que presenta determinadas particularidades deri-vadas de su objeto social singular y el interés público derivado de su actividad. En concreto, el real decreto señala como sus objetivos:

a) Contribuir al saneamiento del sistema financiero adquiriendo los activos correspon-dientes de forma que, desde su transmisión, se produzca una traslación efectiva de los riesgos vinculados a estos activos.

b) Minimizar los apoyos financieros públicos.c) Satisfacer las deudas y obligaciones que se contraigan en el curso de sus operaciones.d) Minimizar las posibles distorsiones en los mercados, que se puedan derivar de su ac-

tuación.e) Enajenar los activos recibidos, optimizando su valor, dentro del plazo de tiempo para el

que hayan sido constituidas.

IV. SAREB, sin alejarse del mandato legal que le ha sido encomendado, desea contribuir a paliar el problema social de la escasez de oferta de vivienda en régimen de alquiler ase-quible. Para articular ese objetivo, ha buscado la colaboración de las instituciones públicas competentes en materia de política de vivienda, como la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. SAREB entiende que la cesión temporal de un número limitado de vi-viendas, para su puesta en régimen de alquiler por las instituciones autonómicas compe-tentes, resulta compatible con su labor fundamental de liquidación de activos procedentes de la reestructuración bancaria, toda vez que se produzca dentro de unas determinadas condi-ciones establecidas en este convenio.

V. En la implementación de este convenio por fases, ambas partes acuerdan que es nece-sario priorizar la cesión de viviendas en las zonas donde la problemática social de la vivienda es más aguda, preferentemente en los municipios de demanda fuerte y acreditada, y recabar para colaboración de sus respectivos equipos de gobierno municipales.

VI. El artículo 4.1 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, atribuye al Presidente la función de firmar los convenios en los que la Administración de la Comunidad Autónoma sea parte, función que puede delegar en los Consejeros, y el ar-tículo 28 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, regula la autorización para la suscripción de los convenios y los acuerdos objeto de la ley, a salvo de lo dispuesto en la legislación específica, indicando que deberán ser autori-zados mediante acuerdo del Gobierno de Aragón.

El presente convenio se tramita anticipadamente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42.5 del Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

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Por las razones anteriores, y teniendo suficientes facultades para este acto, las partes comparecientes acuerdan formalizar el presente acuerdo marco de colaboración que llevan a efecto, en virtud de las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.— Objeto.1.1. El objeto de este convenio es establecer las condiciones de colaboración entre la Ad-

ministración de la Comunidad Autónoma de Aragón y SAREB, que permitan destinar, durante un tiempo determinado, parte de las viviendas de propiedad de esta última al alquiler ase-quible bajo la gestión de dicha Comunidad.

En este sentido, SAREB manifiesta su voluntad de ceder en usufructo a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón un número mínimo de 80 viviendas recibiendo en con-traprestación un precio fijo mensual por cada una de las unidades cedidas adaptado a las circunstancias de cada una de ellas, de modo que permita el arrendamiento de dichas vi-viendas por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón a particulares en un rango de pre-cios asequibles.

1.2. El Gobierno de Aragón aportará, en cumplimiento de los compromisos y obligaciones a que se refiere la cláusula 2.4 del presente convenio, el importe máximo de 760.000 €, con cargo a la partida presupuestaria G/4312/470076/91 002, y distribuidos en cuatro anualidades (2015-2018) por importe de 190.000 € cada una de ellas.

1.3. Las viviendas objeto de este convenio se situarán preferentemente en los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón con mayor demanda de vivienda.

1.4. Las viviendas objeto de este convenio podrán incluir cualesquiera viviendas propiedad de SAREB, en particular, y sin carácter limitativo, viviendas actualmente poseídas por per-sonas físicas en quienes concurra la condición de antiguos deudores hipotecarios que, ha-biéndose sido objeto de un procedimiento desahucio, se encuentren en situación previa al lanzamiento judicial, situaciones posesorias irregulares derivadas de un previo arrendamiento como consecuencia del impago de rentas u otras cantidades debidas por el arrendatario o expiración del término contractual, ocupaciones en precario u otras situaciones posesorias asimiladas, con el fin de regularizar la situación presente del poseedor actual, mediante su transformación en un alquiler asequible evitando así que el potencial lanzamiento se pro-duzca. En todo caso, al menos un 70% de las viviendas se encontrarán vacías en el momento de la cesión.

1.5. La consecución de los fines de este convenio podrá articularse por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en su caso, en colaboración con los ayuntamientos donde estén situadas las viviendas, sin que ello modifique la condición de cesionario de las mismas, de la que será la única responsable frente a SAREB, del cumplimiento de todas las obligaciones dimanantes de este convenio.

Segunda.— Características del contrato de cesión de uso entre SAREB y la Administra-ción de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2.1. SAREB y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón firmarán uno o varios contratos por los que SAREB cederá en usufructo cada una de las viviendas detalladas en dicho contrato. Estos contratos se ajustarán al modelo que será aprobado por acuerdo de ambas partes a través de la Comisión de seguimiento a que se refiere la cláusula quinta del presente convenio, siendo este modelo incorporado al presente convenio mediante la corres-pondiente adenda.

2.2. El montante de la contraprestación por dicha cesión, a satisfacer por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, dependerá de si la vivienda se encuentra o no ocu-pada en el momento de la cesión.

En el supuesto de viviendas ocupadas de forma irregular, la contraprestación será fija y se establecerá en 75 €/mes por cada vivienda ocupada cedida.

En caso de viviendas que se encuentren vacías en el momento de la cesión, la con-traprestación se establecerá en una cuantía fija de 125 €/mes por cada vivienda vacía cedida.

El abono de dichas contraprestaciones será independiente del hecho mismo de que la vi-vienda se encuentre o no arrendada a un inquilino que la destine a vivienda permanente. Las contraprestaciones se liquidarán a SAREB con una frecuencia trimestral, previa presentación por SAREB de la relación de viviendas y de los gastos efectuados a que hace referencia la cláusula 2.4.

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El pago de estas contraprestaciones se realizará, previo informe del Jefe de Servicio de Gestión Social de la Vivienda, y mediante la correspondiente resolución del Director/a Ge-neral de Vivienda y Rehabilitación.

2.3. Se establece un periodo de carencia para el pago de las contraprestaciones de tres meses. Dicho periodo de carencia comenzará a computarse en el momento de la firma del contrato de cesión.

2.4. Durante la totalidad del plazo del contrato suscrito, la distribución de los gastos entre las partes se repartirá de la siguiente forma:

A cuenta de SAREB:- Gastos de seguros (daños y responsabilidad civil).- Gastos de comunidad.- IBI, tasas y tributos vinculados a la propiedad de las viviendas.- Todos aquellos otros gastos necesarios, derivados de la actuación inicial de puesta en

alquiler de las viviendas vacías, para garantizar las condiciones de habitabilidad.- Gastos de mantenimiento de las condiciones de habitabilidad de la vivienda (zonas pri-

vativas) y reparaciones necesarias, cuando tengan un carácter extraordinario.- Adecuaciones para la re-comercialización.A cuenta de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón:- El gasto correspondiente a la obtención de la cédula de habitabilidad de la vivienda (si

resultara necesario).- Certificado de eficiencia energética (si no existiera).- Gastos de mantenimiento ordinario de las condiciones de habitabilidad de la vivienda

(zonas privativas), reparaciones ordinarias necesarias y asistencia técnica al arrendatario.- Medidas que resulten necesarias para la prevención de la ocupación ilegítima en las vi-

viendas vacías.- Gastos propios de gestión y administración de los alquileres (administración, contabi-

lidad, representación en comunidades de propietarios, depósito de fianzas, etc.).2.5. El contrato de cesión entre SAREB y la Administración de la Comunidad Autó-

noma de Aragón tendrá una duración de 4 años, al término de los cuales, y según pro-ceda en cada caso, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón garantizará que:

a) Las viviendas serán devueltas a SAREB, vacías y en adecuadas condiciones de habi-tabilidad, de modo que SAREB pueda tomar plena posesión de las mismas; o.

b) SAREB, o la sociedad que ésta determine, se subrogará en el contrato de arrenda-miento que en esa fecha se halle vigente, si bien será condición de la subrogación que el arrendatario se encuentre al corriente de pago de la renta en el momento en que dicha subrogación haya de tener lugar.

2.6. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se compromete a informar a SAREB, con periodicidad mensual, de la situación de todos los inmuebles cedidos en lo refe-rente a las altas realizadas, regularizaciones efectuadas, ocupación, tasas de mora, ingresos por alquileres y cualesquiera otros detalles que la Comisión de seguimiento de este convenio considere oportuno incluir.

2.7. En el supuesto que los poseedores u ocupantes de las viviendas no regularicen su situación mediante la formalización de un contrato de alquiler, la Administración de la Comu-nidad Autónoma de Aragón deberá remitir a SAREB un informe sobre la situación social de los ocupantes y las condiciones de la vivienda. Una vez recibido el informe, podrá extenderse el plazo de carencia previsto para viviendas ocupadas en el último párrafo de la cláusula 2.2, en dos meses adicionales, si concurrieran circunstancias que así lo justificasen, lo que será apre-ciado por la Comisión de seguimiento del convenio. Si al término del plazo de carencia exten-dido no se hubiera conseguido la regularización de los ocupantes, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón lo notificará a la SAREB, junto con los informes preceptivos, siendo devueltas las viviendas, sin cargo alguno a la Administración de la Comunidad Autó-noma de Aragón, sin que en ningún caso el número de viviendas objeto de devolución pueda exceder del 30% de las que fueron cedidas.

2.8. En el supuesto que los arrendatarios de las viviendas desistan del contrato, y siempre y cuando se produzca la entrega física de las llaves y de la posesión efectiva del inmueble durante la vigencia del convenio, la Comunidad Autónoma de Aragón pondrá en conocimiento de la SAREB este hecho, siendo opción de SAREB recuperar la vivienda vacía o autorizar la formalización de un nuevo contrato de alquiler con terceras personas, operando en este caso la carencia de tres meses para el pago de la contraprestación, tal y como se dispone en el punto 2.2, párrafo quinto.

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2.9. Los contratos de cesión de viviendas, que menciona la cláusula 2.1, se firmarán de forma escalonada en un plazo total no superior a 6 meses. El número de viviendas incluidas en cada fase quedará a discreción de SAREB.

Tercera.— Características del alquiler asequible a particulares.3.1. SAREB consiente que la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón

arriende las viviendas a particulares, personas físicas de su elección, siempre que se cum-plan las condiciones establecidas en esta cláusula.

3.2. Las características que deberá cumplir el contrato de arrendamiento que la Adminis-tración de la Comunidad Autónoma de Aragón formalice con los particulares interesados en condiciones de alquiler asequible serán:

i. El importe de la renta por alquiler no podrá ser inferior a 75 euros mensuales ni inferior a 3 euros/m² de superficie útil con un límite mensual de 300 euros.

ii. El importe de la renta no superará el 40% de los ingresos netos actuales de la unidad familiar de los futuros inquilinos.

iii. Con carácter general, no se repercutirán al arrendatario gastos adicionales de la vi-vienda.

iv. Cumplirá con los requerimientos de la obligación de depósito y regularización de las fianzas ante los organismos competentes.

3.3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón llevará a cabo los procesos de adjudicación de las viviendas, intervendrá como arrendadora en los contratos de arrenda-miento que suscriban las personas físicas que resulten adjudicatarias y gestionará el cobro de las rentas a los arrendatarios de las viviendas, por medios propios o a través de entidades colaboradoras.

3.4. La selección de inquilinos por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón atenderá a los criterios que ésta determine en el marco de su política de vivienda, sin perjuicio de las ayudas al alquiler que pudieran corresponderles por aplicación del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabi-litación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, u otras ayudas o subsidios similares concedidos por las Administraciones Públicas competentes.

3.5. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón inspeccionará y controlará el estado posesorio o de ocupación de las viviendas, comprobando, asimismo, que los arren-datarios se encuentren al corriente de pago de la renta, realizará una adecuada gestión y administración de las viviendas, atendiendo a las solicitudes de los arrendatarios y a las soli-citudes de reparaciones técnicas y mantenimiento necesario para el mantenimiento de las condiciones de habitabilidad, e instará, en los casos en que proceda, y de acuerdo con el protocolo que a este respecto establezca la Comisión de Seguimiento de este convenio, cual-quier acción judicial pertinente, promoviendo, en su caso el oportuno procedimiento judicial de desahucio por falta de pago o cualquier otra actuación que resulte necesaria para recuperar la posesión del inmueble, en el supuesto de ocupación ilegítima de la vivienda.

3.6. Los gastos de gestión de los alquileres corresponden a la Administración de la Comu-nidad Autónoma de Aragón y se satisfarán con cargo a la diferencia entre la contraprestación total a percibir por SAREB, en concepto de cesión de las viviendas, y las rentas por alquiler percibidas de los inquilinos particulares de las viviendas que hayan sido efectivamente arren-dadas.

Cuarta.— Características de las viviendas objeto de la cesión.4.1. Corresponderá a SAREB, seleccionar las viviendas que serán ofrecidas en régimen

de cesión de uso temporal a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de modo que no se ponga en cuestión el cumplimiento de los mandatos legales a los que está sujeta.

4.2. Las viviendas vacías propuestas para su cesión, que pueden ser libres o sujetas a algún régimen de protección pública, deberán disponer de cédula de habitabilidad o califica-ción vigente y deberán reunir las condiciones para su uso inmediato. De ser necesaria una inversión para garantizar esto último, SAREB asumirá su coste hasta un máximo de 600 €/vivienda. De superarse este límite, SAREB podrá optar por dejar la vivienda fuera del alcance del presente convenio.

4.3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón comprobará que las vi-viendas vacías propuestas para su cesión por SAREB reúnen las condiciones adecuadas para su uso inmediato e informará a SAREB de cualesquiera inversiones adicionales que fuesen necesarias para ello.

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4.4. Las viviendas ocupadas propuestas para su cesión serán revisadas, una vez cedidas por SAREB, por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para deter-minar la situación social de los ocupantes y su posibilidad de regularizar su situación en forma de arrendamiento de los descritos en el presente convenio. De los resultados de esta revisión, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón dará cuenta a SAREB por medio de un informe escrito.

4.5. Los suministros de luz, agua y gas serán dados de alta por las personas arrendatarias de las viviendas o, en su caso, por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Los consumos de suministros deberán ser asumidos por los arrendatarios.

Quinta.— Comisión de seguimiento.5.1. Se constituye una comisión de seguimiento integrada como mínimo por dos represen-

tantes de cada una de las partes del presente convenio. Esta comisión se reunirá a petición de cualquiera de ambas partes y por lo menos dos veces al año. Ante una petición de reunión por escrito de una de las dos partes, ésta deberá producirse en un plazo no superior a 15 días naturales.

5.2. Las funciones de la Comisión de seguimiento serán las siguientes:i. Efectuar el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos del presente con-

venio.ii. Velar para que se cumplan las finalidades para las que se arrienda el uso de las vi-

viendas objeto del convenio.iii. Resolver, en primera instancia, las controversias que puedan surgir en la interpretación

y cumplimiento del convenio.5.3. Las decisiones de la Comisión de seguimiento se adoptarán por unanimidad.

Sexta.— Vigencia.Este convenio estará vigente durante el plazo de 4 años a contar desde la fecha de su

firma y podrá prorrogarse por periodos de un año por acuerdo expreso de las partes, sin per-juicio de la vigencia independiente de los contratos de arrendamiento que se hayan formali-zado a raíz de la operatividad de este convenio y que a la fecha de expiración del convenio se encuentren al corriente de pago. En ese caso, se atenderá a la vigencia establecida en el contrato.

Séptima.— Confidencialidad.7.1. SAREB y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se obligan a man-

tener la confidencialidad sobre los asuntos de los que tengan conocimiento por razón de esta colaboración, y no podrán darles difusión sin la autorización expresa y por escrito de la otra parte.

7.2. Ambas partes se comprometen a utilizar toda la información a la que tengan acceso con ocasión o en ejecución de este acuerdo, únicamente dentro del marco de este convenio. Por lo tanto, la revelación de la información confidencial por parte de cualquiera de las partes podrá dar lugar a las responsabilidades correspondientes.

7.3. En las comunicaciones que pudieran realizarse entre SAREB y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con datos de carácter personal o especialmente protegidos, ambas partes actuarán con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-tección de Datos de Carácter Personal.

Octava.— Causas de extinción.Serán causas de extinción del convenio las siguientes:i. El mutuo acuerdo de las partes que lo suscriben, manifestado por escrito.ii. La imposibilidad legal o material de continuar con el objeto del convenio.iii. El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas.iv. La denuncia de una de las partes, que habrá de hacerse con un mínimo de tres meses

de antelación.v. La finalización del periodo de vigencia establecido en la cláusula sexta, sin que medie

acuerdo para prorrogarlo.vi. Las causas generales establecidas en la legislación vigente.

Novena.— Resolución de conflictos.Las controversias que puedan plantearse sobre la interpretación, modificación, efectos y

resolución del presente convenio las resolverá la Comisión de seguimiento.

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A falta de acuerdo de la Comisión de seguimiento, los conflictos se someterán a los ór-ganos judiciales que resulten competentes.

Y en prueba de conformidad, firman este convenio, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

Filling the empties:

National commitment, local action

Empty Homes Network Policy Statement

Final Version 13th January 2015

Contents

FILLING THE EMPTIES: FIVE POINT PLAN ............................................................... 1

INTRODUCTION ........................................................................................................ 2

1. A NATIONAL EMPTY HOMES INITIATIVE .............................................................. 3

2. AN EMPTY HOMES LOAN FUND ........................................................................... 5

3. FUNDING FOR SOCIAL HOUSING ......................................................................... 6

4. AN EMPTY HOMES ACT ........................................................................................ 7

5. LOCAL EMPTY HOMES INITIATIVES ..................................................................... 8

Filling the empties: five point plan

At national level

1. A commitment from government to implement a sustainable, evidence-

based, cost-effective national Empty Homes Initiative.

2. A national Empty Homes Loans Fund, administered by local authorities.

3. Dedicated capital funding streams, appropriately managed, for

organisations of all sizes that create social housing from empty property.

4. An Empty Homes Act to bring coherence to the hotchpotch of legislation

affecting empty homes.

At local level

5. Sustainable, effective empty homes initiatives in every local authority,

supported by appropriate financial frameworks, delivered through cost-

effective partnerships and enjoying local support.

Introduction

Building on progress to date

We recognise that under the Coalition government there has been considerable progress in addressing the issue of empty homes. We have benefited from dedicated capital funding programmes, changes to council tax and the introduction of New Homes Bonus for reducing numbers of empties. But already the dedicated funding stream for empty homes has been discontinued and there are concerns about the long-term position with New Homes Bonus.

Drawing on the experience and insight of practitioners who work across the public, private and voluntary sectors, the Empty Homes Network is proposing five policy strands, each backed up with practical measures that will not only sustain the progress made but build on it.

We will happily work with any incoming government to help them implement the measures outlined.

Why empty homes matter

Empty homes make headlines because they matter to lots of people, people who are offended by the sight of wasted homes when so many families still do not have a

decent roof over their heads1; and/or worry about empty homes blighting their neighbourhoods; and/or find the condition and/or value of their home affected by an empty property next door2;

and/or suffer from anti-social behaviour associated with an empty property; and/or oppose the building of much-needed new housing on open space when existing homes are

not being put to good use; and/or care about climate change and the carbon cost of building new homes compared with

upgrading and re-using existing ones3.

These issues concern large numbers of people in every community in Britain. That’s why empty

homes are a national concern as well as a local one and why we need a national initiative to address the problem.

But a national initiative is no use unless it can deliver at local level, street by street, property by property: that’s where we need councils to take the lead by building effective programmes in their local area.

Empty homes can’t solve Britain’s housing problem. But unless there is a coherent, strenuous,

visible programme to do something about the empties, attempts to build the new homes we need will continue to meet local opposition.

1. A national empty homes initiative

A commitment from government to implement a sustainable, cost-effective,

evidence-based national Empty Homes Initiative

“A commitment” producing and publicising SMART action

plans to underpin the initiative

Setting aims and objectives

Ensuring objectives have outcome measures such as:

number of long-term empties brought back to use

homes created from redundant commercial space

number of social homes delivered

Making sure the outcomes are realistic, based on evidence of what works

Allocating to the initiative

identifiable persons responsible for delivery

capital and revenue funding where needed

Planning for the short, medium and long term – what will happen when?

“sustainable”

recognising that property will continue to fall

empty and creating frameworks and

programmes that conserve investments in

skills and knowledge and permit long-term

planning

“cost-effective”

balancing costs and benefits based on the

evidence, leveraging private sector finance

and exploiting the hidden value lying fallow

in empty homes.

Measureable

Specific

Achievable

Resourced

Time-bound

means

means

means

1. A national empty homes initiative (continued)

“evidence-based” evaluation of schemes and approaches to

identify what works

Approaches to funding

loan schemes (Wales, Kent, councils)

private sector grant schemes (councils)

funding for affordable housing via HCA, Community

Grants Programme

“Clusters of Empties”, homesteading

prudential borrowing by councils

Fiscal measures

Council tax discounts, exemptions and premiums

VAT

Incentives to local authorities – New Homes Bonus and alternatives Frameworks for delivery

national initiatives (e.g. Wales, Scotland)

regional partnerships (e.g. Wales, Kent)

community-led housing

Effectiveness of enforcement legislation Data issues

accuracy of council tax

quantifying the social and economic benefits of empty

homes work

hidden costs of empties

“national”

recognising the national dimension of the

solutions we need and acting accordingly

improving the law

improving taxation measures

developing national funding programmes to support

local responses and avoid a “postcode lottery”

creating and disseminating templates and models that

can be replicated locally

promoting best practice at local level

building in flexibility appropriate to different regional

housing markets

negotiating with lending institutions to create an

appropriate framework for tackling empty homes4

means

Evaluation of

means

National

Dimension

2. An empty homes loan fund

A national Empty Homes Loans Fund, administered by local authorities

“national”

recognising the advantages of a national

framework to support the Loans Fund

national publicity for the scheme

using a national funding body such as the HCA5 to

manage distribution of funding to councils

standard templates and models for procedures,

documents etc.

skill and knowledge sharing across the country

“Loans Fund”

an initial pot of money is made available for

councils to lend; on being repaid the funding

becomes available for re-use – a “revolving

fund”

“administered

by local

authorities”

taking advantage of “localism”: commitment,

skills, infrastructure and legal powers:

the commitment of local councils to tackling empties in

their areas

the existing legal powers of councils to offer loans

the existing procedures and partnerships available in

most areas for providing loans to the private sector

specific experience in loans to bring empties back into

use

IN WALES: The Welsh Government introduced its national

Houses to Homes loan scheme in 2012, working in partnership with

the Welsh Local Government Association. Together, they joined

with local authorities to build a successful Welsh empty homes

initiative around the loans scheme, with well-documented benefits

described in the evaluation reports produced by Sheffield Hallam

University.

means

means

means

National

Framework

Localism

3. Funding for social housing

Dedicated, sustainable capital funding streams, appropriately managed,

available to organisations of all sizes that create social housing from empty

property

“dedicated”

exclusively for bringing empty homes back into

use

“sustainable”

with a view to long term delivery so that

partner organisations can confidently invest in

the skills, knowledge and processes required in

this challenging work

“capital funding

streams”

dedicated funding opportunities tailored to the

needs of different organisations: “horses for

courses”, like the £50million Communities

Grant Programme6

“appropriately

managed”

proportionate to the scale of funding and the

size of the funded organisation, protecting

public money without unnecessary

bureaucracy7

“organisations

of all sizes”

local authorities, housing associations,

community-led housing organisations, small

companies, concerned individuals

anyone able to make a contribution can do so

we utilise the strengths of diverse, often small-scale

agencies best suited to tackling scattered empty street

properties

we reap the wider social benefits offered by

community-led housing groups.

“social housing”

affordable housing, homeless accommodation,

supported accommodation

“empty

property” empty dwellings, wasted space above shops,

redundant offices

means

means

means

means

means

so that

means

means

4. An Empty Homes Act

An Empty Homes Act to bring coherence to the hotchpotch of legislation

affecting empty homes

“coherence”

making the law consistent, proportionate and

able to address the issues particular to empty

homes compared with occupied homes

“hotchpotch of

legislation”

cutting through the red-tape to produce new

sensible rules that work

Definitions Give consistent definitions of second and empty homes that make sense across council tax / housing statute.

“Antisocial

property” The law should recognise that some property, like abandoned cars, creates problems for communities and should be categorised and dealt with accordingly8.

Compulsory

Purchase End the loophole whereby owners of problem empties can get a £75,000 bonus if councils have to compulsorily purchase them9

Empty Dwelling

Management Orders End the rules that prevent owners voluntarily agreeing an EDMO with a council10. Bring in a simpler process of application and appeal the same as for other Housing Act measures.

Cost recovery Rationalise the law to give councils simple, consistent rules that provide an unqualified right to recover taxpayer money spent on enforcement11 e.g. up-front costs associated with EDMOs12.

Valuation Office

Agency Revise the definitions that allow the worst empty homes to be removed from council tax lists altogether13.

Council tax

exemptions Introduce a time-limit of two years on council-tax exemptions available to people inheriting homes14. (See also further council tax proposals in next section.)

Council tax data Improve access to council tax data for empty homes purposes.15

VAT Reduce the costs of repairs by harmonising VAT on repairs with new-build; review current perverse VAT incentives to keep homes empty. Make Works-in-Default subject to VAT to prevent tax avoidance.

Housing Act Review and improve legislation and Statutory Guidance relevant to enforcement on empty homes e.g. the Housing Health and Safety Rating System.

means

means

including

5. Local empty homes initiatives

Sustainable, effective empty homes initiatives in every local authority, ,

delivered through cost-effective partnership, enjoying local support and

backed by appropriate financial frameworks. .

“sustainable”

building for the longer term with suitably

skilled and trained staff, which should include a

dedicated empty homes officer.

“effective”

meeting at least the EHN’s Recommended Good

Practice Standards for: Local Authority Empty

Homes Initiatives16,17

a deliverable action-plan that is evaluated

a range of options able to address the diverse issues

faced by owners and neighbours of empty homes

the necessary, “can-do” culture

“every local

authority”

either each council on its own or in partnership

with neighbours18, but either way ending the

postcode lottery that denies many communities

adequate initiatives19.

“cost-effective

partnerships”

working with community-led housing groups,

homesteaders, small builders, property

investors and other agencies best able to deal

with scattered street properties

outreach and negotiation are conducted as effectively

as possible, helping overcome the inertia of reluctant

owners

owners have a range of genuine alternatives available,

meaning enforcement need only be used as a last resort

local authorities can move forwards confidently knowing

they have the tools and options needed to tackle a

diverse range of empties

means

means

including

means

so that

means

5. Local empty homes initiatives (continued)

“enjoying local

support”

effective consultation with local communities to

ensure that measures to tackle empty homes are

properly understood and widely supported in

the light of the available options20. Regeneration

schemes should observe George Clarke’s

Recommendations for housing regeneration areas21

“appropriate

financial

frameworks”

a fair council tax framework for empty and

second homes, encouraging owners to keep

homes occupied; suitable incentives for

councils to encourage the best use of the local

housing stock; adequate funding to allow

implementation of the government “Ten point

plan for regeneration”22

a more compelling Empty Homes Premium, consistent

with that applied in Scotland and Wales23

a stepped approach to Empty Homes Premium,

reflecting length of time empty24

treating second homes broadly the same as empty

homes for council tax purposes, including the element

of Empty Homes Premium25

more appropriate penalties for tax evasion26

a review of the New Homes Bonus and the consideration

of potentially cheaper alternatives, such as match-

funding of local empty homes initiatives27

an acceptance that housing is an essential part of the

nation’s infrastructure and that maintaining and

improving it to an adequate standard in some cases

requires central government investment

means

means

including

Fair Council

Tax

Incentives For

Councils

Adequate

Funding

Councils

NOTES

1 There were 57,910 households in temporary accommodation in England, 2

nd quarter 2014; those households

included 84,930 children (CLG Live Tables on Homelessness Table 775 Statutory homelessness: households in

temporary accommodation1, by type of accommodation, at the end of each quarter). There were 1,688,892

households on council waiting lists in England, 1st April 2013 (CLG Live tables on rents, lettings and tenancies

Table 600 Rents, lettings and tenancies: numbers of households on local authorities' housing waiting lists, by district) 2 Hometrack estimated that a home next door to an empty property would lose an average 18% of its value (2003

report) 3 See New Tricks from Old Bricks published by Empty Homes and the Building and Social Housing Foundation

and available for download from the BSHF website. 4 The Empty Homes Network has been working the Council of Mortgage Lenders and leading banks such as the

Lloyds Group to create more focus around the part that lenders can play to contribute to bringing empty homes

back into use. We have published a Briefing for Lenders that the CML makes available to its members on its

website. It is downloadable from our Library at http://www.ehnetwork.org.uk/library-item/private-sector-leasing-

lender-briefing . 5 “HCA” – Homes and Communities Agency. The HCA currently administers billions of pounds worth of

government investment in “recoverable funds”. However, the assumption is that once the funding was distributed

to local authorities they would retain it in a recirculating pot for a significant number of years, if not in perpetuity. 6 The £50million Community Grants Programme [CGP] strand of the government’s 2012-15 empty homes

funding programme allowed community-led housing organisations to get involved with inspiring results. See

http://www.pinterest.com/selfhelphousing/empty-homes-community-grants-programme/ for some examples. 7 The CGP programme (see previous note) was administered by Tribal and DCLG with appropriate regard to the

nature of the community-led organisations involved. Few of those organisations would have met the range of

criteria associated with the Homes and Communities Agency funding stream or would have had the necessary

skills or confidence to deal with the standard HCA contracts and procedures that are geared to much larger

amounts of funding and larger organisations. 8 Where the local authority has needed to intervene because a property has been neglected, the property might be

categorised as “anti-social” for a period of five years or until such time as there is a change of ownership.

Properties thus categorised would no longer qualify for Basic Loss Adjustment under the compulsory purchase

legislation and local authorities would be given enhanced powers of intervention to prevent a recurrence of

problems. 9 Owners of empty homes that are compulsorily purchased normally benefit from a 7.5% Basic Loss Adjustment

on the value of the home, up to a maximum of £75,000. 10

Rules introduced by the Coalition government mean that, unless a home has been empty for two years, it

cannot be subject to an EDMO no matter how many problems the vacant home causes for neighbours and not

even if the owner would like the council to issue an EDMO. 11

Provided the enforcement is found to be justified should there be an appeal. 12

Rules for cost recovery vary from one piece of legislation to another. We think the community interest in the

property should take precedence over all others, meaning that any debt to the local authority arising out of its

intervention would have the first call on any equity should the home be sold. With Empty Dwelling Management

Orders, local authorities turn an unproductive asset into one that earns money for the owner, yet council-tax-

payers are unable to recover the up-front costs of doing so. 13

When a building becomes uninhabitable through lack of repair or deliberate damage, it may be possible for the

owner to have it “de-listed” so that it is no longer subject to council tax, meaning that some of the very worst

empties can avoid council tax. This loophole should be removed. Nor should such homes be eligible for

demolition without planning permission (a loophole that has already been plugged as far as we know:

“Development is not permitted by Class A where the building has been rendered unsafe or otherwise

uninhabitable by the action or inaction of any person having an interest in the land on which the building stands,

if it is practicable to secure safety or health by works of repair or works for affording temporary support” see

here). 14

Homes can benefit from an indefinite council tax exemption following the death of an owner if there is no

grant of probate. Some of the worst eyesore empty homes fall into this category as a result of deliberate inaction

by whoever would be responsible for securing probate.

15

There is only limited availability of council tax data for empty homes strategy purposes. 16

Downloadable from the EHN website here. 17

In Wales, the Welsh government and the Welsh Local Government Association worked with local authorities

to build regional partnerships that share best practice and some administration overheads: this was a pre-

condition for councils to receive Houses to Homes funding. See the evaluations of the initiative for further detail,

accessible via our library here. 18

Wales, Scotland, Kent, London, Greater Manchester, and West of England all provide excellent examples of

the advantages of cross-boundary partnerships. 19

“…authorities vary significantly in the level of resources devoted to tackling LTE and while those with

relatively high LTE are more likely to devote more resources to tackling the problem and vice versa, there are

exceptions to this pattern” . Application of Discretionary Council Tax Powers for Empty Homes, CLG, 2008. 20

Based on the views of the Government’s Empty Homes Adviser, George Clarke, some of the issues that have

arisen in regeneration areas might have been avoided if consultation had been conducted more effectively with a

clearer range of options and more consideration given to the needs of the local community. 21

The government’s Ten point plan for regeneration states:

…Full engagement with the community is required for any existing homes regeneration programme. The

local community and stakeholders should be able to make informed decisions about the future of their

homes and areas and consultation with them should be clear, open and unbiased…

(https://www.gov.uk/government/news/91-million-cash-to-tackle-over-6000-empty-and-derelict-homes )

We would endorse the phrasing in George Clarke’s original 12-point version which said:

The questions in a consultation should clearly consider all of the options openly and fairly and not

directly or indirectly give preference to one option over another.

(see http://www.ehnetwork.org.uk/newsitem/george-clarkes-manifesto-change ) 22

The Ten point plan for regeneration suggests rights to occupiers that would have costs attached, e.g. Point 8:

… this means giving first refusal to new or refurbished houses at the same price as the compensation

paid to the occupier when they were displaced.

Central government should support its strategy with the necessary funding as part of a renewed commitment to

regeneration. 23

In Scotland and Wales, the Empty Homes Premium is set at 100% instead of 50% as in England. 24

It would be appropriate for the Empty Homes Premium to rise according to how long a property has been

empty. The minimum level of premium should be applicable after one year (as in Scotland and Wales), not the

two years currently applicable in England. 25

Wales has already led the way. See our news story at http://www.ehnetwork.org.uk/newsitem/wales-leads-

way-with-second-homes-premium. If treated the same as long-term empty homes, it would no longer be possible

to evade the Empty Homes Premium by furnishing a property. 26

Currently the penalty for providing misleading information on a council tax form is understood to be £75 in

England whereas in Scotland there is a fixed penalty of £1,000 which is more appropriately aligned with the

gains made by misrepresentation. 27

The New Homes Bonus has been effective in encouraging many local authorities to tackle empty homes and

maintain their empty homes initiatives. Nevertheless, the response by local authorities has been patchy and the

NHB regime overall has been subject to considerable criticism. There may be more direct options that would be

equally or more effective. For example, EHN suggested in 2008 that central government offer match-funding for

empty homes initiatives in every housing authority. We costed this at £8million per annum. By comparison, in

2014-15 an estimated £114million was paid to local authorities for the “empty homes” element of New Homes

Bonus (Evaluation of the New Homes Bonus, DCLG, 2014, para122). The match-funding model would allow the

creation of a planned and sustainable national empty homes strategy rooted in local authority initiatives based on

a more predictable source of funding.

About the Empty Homes Network We are a national network with approximately 500 individual members, launched in 2001 as the National Association of Empty Property Practitioners with the support of the government. Then-Minister Sally Keeble wrote

“NAEPP[=EHN] will provide a national voice for local authority and RSL staff in their work to bring empty homes back into use. The Government is keen to see its membership grow into a national network of empty property practitioners. So I would urge all local authorities to take out membership of NAEPP[EHN]. This will ensure that all relevant officers in the authority benefit from the good practice and training opportunities developed by, and for, empty property practitioners”.

Since then we have expanded our membership to include those working in regeneration companies, in self-help and community groups, and in private sector firms involved in helping bring empty homes back into use.

We are a not-for-profit membership organisation that is separate from and completely independent of the charity Empty Homes Agency.

Our main role is to support all practitioners and organisations involved in addressing the issue of empty homes, helping them work as effectively as possible. We do this by facilitating the sharing of information and experience, by organising training events and conferences, by promoting best practice amongst delivery partners and by promoting sound policy at national level. We will argue for service improvement; help practitioners with the least time and resources to gain confidence; and support DCLG and other policy makers in developing approaches that will work in all localities.

For further information Contact: David Gibbens, Policy Lead Empty Homes Network, PO Box 703, Exeter, EX1 9PX

Telephone: 0844 736 5 736 web: www.ehnetwork.org.uk e-mail: [email protected]

Document History 1st draft: 23Nov2014 2nd draft:27Nov2014: Works in default 3rd draft: 7Dec2014: add: footnotes to provide detail and background; credit for government action to date; EHN’s desire to contribute to implementation; work with lenders; sustainability of local authority initiatives; penalties for supplying misinformation about council tax liability; review of Housing Act legislation and guidance; value of cross-boundary partnerships and property investors 4th draft: 8Dec2014: add: mainly improved wording unintentionally omitted from 3rd draft. 5th draft: 8Dec2014: remove reference to NEHLF 6th draft 16Dec2014: new detail around finance and local initiatives 7th draft 18Dec2014: corrected amount of NHB related to empties 8th draft 12Jan2015: included points related to George Clarke’s 10-point plan for regeneration. Final version 12Feb2015: prepared for publication

Thanks to: Anon, Trafford MBC Jim Davies, Tameside MBC Mark Fisher, Basingstoke and Deane BC Jon Fitzmaurice, self-help-housing.org Steve Habgood, LB Bromley Andrew Lavender, Housing Training & Consultancy Ltd. Sue Li, Amber Valley BC Nick Pritchard-Gordon, Reading BC Elizabeth Ukiomogbe, LB of Ealing and All EHN Executive Members

document source: EHNPolicyStatement-2015Final.docx last saved: 09/Apr/2015 14:24

CURSO DE GESTION DEL PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA EN ALQUILER

INDICE DE LECCIONES

1. Naturaleza y Ámbito de la Administración del Parque de Vivienda. 2. Organización de la Administración y Gestión de Patrimonios Públicos de Vivienda. Procesos y Transversalidad. 3. Indicadores de Gestión y Cuadro de Mando Integral en la Gestión de la Vivienda Pública. 4. Sistemas de Adjudicación de Vivienda Protegida. Criterios de Formalización e Instrumentos Contractuales. 5. Modelos de Intervención Socio-Comunitaria en Vivienda Pública. Acción, Programas y Comunicaciones Externas e Internas. 6. El Mantenimiento y la Rehabilitación de Vivienda Pública. Cobros y Repercusiones. 7. La Inspección. Incumplimientos Legales. Los Desahucios. 8. La Conflictividad Vecinal. El Compromiso Social Común. 9. La Participación en el Régimen de Propiedad Horizontal y las Comunidades de Vecinos. 10. Redes De Intercambio de Conocimiento para la Mejora Continua de la Gestión y la Administración de Patrimonios Públicos de Vivienda.

1

Honekin batera bidaltzen dizut etxebizitzaren lege-proposamenaren gaineko txostena, Enplegu, Gizarte Politika eta Etxebizitza Batzordean eratutako lantaldeak prestatu duena. Eusko Legebiltzarra, 2015eko maiatzaren 12a Legelaria

Se adjunta informe elaborado por la ponencia constituida en el seno de la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para el estudio de la pro-posición de ley de vivienda. Parlamento Vasco, a 12 de mayo de 2015 Letrado

Enplegu, Gizarte Politika eta Etxebizitza Batzordea Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

Andoni Iturbe Mach

2

ENPLEGU, GIZARTE POLITIKA ETA ETXEBIZITZA BATZORDEARI TXOSTENA, ETXEBIZITZAREN LEGE PROPOSAME-NAREN GAINEAN Lantaldea eratu zen etxebizitzaren lege-proposamenaren gaineko txostena egiteko. Lantaldeak 2014ko apirilaren 8an, maiatzaren 6an, 13an, 20an eta 28an, ekainaren 2an, 10ean eta 17an, uztailaren 3an, irailaren 16an, 23an eta 30ean, urriaren 7an eta 28an, azaroaren 5ean, 12an eta 18an eta abenduaren 2an eta 2015eko urtarrilaren 16an eta 21ean, otsailaren 3an, 10ean eta 17an, martxoaren 3an eta 17an eta maiatzaren 4an egin-dako bileretan legebiltzarkide hauek izan dira: Gloria Sánchez Martín batzordeburua eta Gorka Maneiro Labayen (Mistoa-UPyD), Nerea Llanos Gómez (PV-ETP), Bixen Itxaso González (SV-ES), Marian Beitiala-rrangoitia Lizarralde (EH Bildu) eta Norberto Aldaitu-rriaga Zorrozua (EA-NV) batzordekideak. Legebiltzarraren Erregelamenduko 138. artiku-luan ezarritakoa betetzeko, lantaldeak Enplegu, Gi-zarte Politika eta Etxebizitza Batzordeari aurkezten dio honako

T X O S T E N A

I.- ZUZENKETEN EZTABAIDA - Lege-proiektuaren izena. Ez da onartu: 386 (EA

-NV). - Zioen azalpena. Onartuak: 373 eta 374

(Mistoa-UPyD), 245 (PV-ETP), 377 (Mistoa-UPyD) eta 249 (PV-ETP) eta zuzenketa teknikoa. Ez dira onartu: 387 (EA-NV), 1 eta 2 (EH Bildu), 244 (PV-ETP), 375 (Mistoa-UPyD), 246 eta 247 (PV-ETP), 376 (Mistoa-UPyD), 248 (PV-ETP), 378 (Mistoa-UPyD), 250 (PV-ETP), 3 (EH Bildu), 251 eta 252 (PV-ETP), 380 (Mistoa-UPyD), 253 eta 254 (PV-ETP), 381 eta 382 (Mistoa-UPyD), 255 eta 256 (PV-ETP), 383 (Mistoa-UPyD), 257 (PV-ETP), 384 (Mistoa-UPyD), 258 (PV-ETP), 385 (Mistoa-UPyD) eta 259 eta 260 (PV-ETP). Erretiratua: 379 (Mistoa-UPyD).

- 1. artikulua. Erdibidekoa: 261 (Mistoa-UPyD).

Ez dira onartu: 4 (EH Bildu), 388 (EA-NV) eta 85 (PV-ETP).

A LA COMISIÓN DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIA-LES Y VIVIENDA INFORME DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE VI-VIENDA La ponencia encargada de redactar el informe relativo a la proposición de ley de vivienda, se ha reunido los días 8 de abril, 6, 13, 20 y 28 de mayo, 2, 10 y 17 de junio, 3 de julio, 16, 23 y 30 de sep-tiembre, 7 y 28 de octubre, 5, 12 y 18 de noviembre, 2 de diciembre de 2014, 16 y 21 de enero, 3, 10 y 17 de febrero, 3 y 17 de marzo y 4 de mayo de 2015, con la asistencia de Gloria Sánchez Martín, presidenta de la comisión, y de los parlamentarios Gorka Manei-ro Labayen (Mixto-UPyD), Nerea Llanos Gómez (PV-ETP), Bixen Itxaso González (SV-ES), Marian Beitiala-rrangoitia Lizarralde (EH Bildu) y Norberto Aldaiturria-ga Zorrozua (EA-NV), y en cumplimiento de lo dis-puesto en el artículo 138 del Reglamento de la Cáma-ra, eleva a la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda el siguiente

I N F O R M E

I.- DEBATE DE LAS ENMIENDAS

- Título de la proposición no de ley. No se asu-me: 386 (EA-NV).

- Exposición de motivos. Se asumen: 373 y 374

(Mixto-UPyD), 245 (PV-ETP), 377 (Mixto-UPyD) y 249 (PV-ETP) y una enmienda técnica. Se rechazan: 387 (EA-NV), 1 y 2 (EH Bildu), 244 (PV-ETP), 375 (Mixto-UPyD), 246 y 247 (PV-ETP), 376 (Mixto-UPyD), 248 (PV-ETP), 378 (Mixto-UPyD), 250 (PV-ETP), 3 (EH Bildu), 251 y 252 (PV-ETP), 380 (Mixto-UPyD), 253 y 254 (PV-ETP), 381 y 382 (Mixto-UPyD), 255 y 256 (PV-ETP), 383 (Mixto-UPyD), 257 (PV-ETP), 384 (Mixto-UPyD), 258 (PV-ETP), 385 (Mixto-UPyD) y 259 y 260 (PV-ETP). Se retira: 379 (Mixto-UPyD).

- Artículo 1. Se transa: 261 (Mixto-UPyD). No se

asumen: 4 (EH Bildu), 388 (EA-NV) y 85 (PV-ETP).

Enplegu, Gizarte Politika eta Etxebizitza Batzordea Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

3

- 2. artikulua. Onartuak: 389, 392 eta 393 (EA-NV) eta 89 (PV-ETP). Erdibidekoa: 88 (PV-ETP). Ez dira onartu: 5 (EH Bildu), 390 (EA-NV), 86 (PV-ETP), 262 eta 263 (Mistoa-UPyD), 87 (PV-ETP), 264 eta 265 (Mistoa-UPyD), 391 (EA-NV), 266, 267, 268, 269 eta 270 (Mistoa-UPyD). Zuzenketa teknikoa: 2.b (berria).

- 3. artikulua. Onartuak: 402 (EA-NV) eta 99 (PV

-ETP). Erdibidekoak: 92 (PV-ETP) eta 398 (EA-NV); 98 (PV-ETP) eta 403 (EA-NV). Ez dira onartu: 271 (Mistoa-UPyD), 90 (PV-ETP), 394, 395 eta 396 (EA-NV), 91 (PV-ETP), 397 (EA-NV), 93 (PV-ETP), 399 (EA-NV), 94 eta 95 (PV-ETP), 272 (Mistoa-UPyD), 400 (EA-NV), 96 (PV-ETP), 401 (EA-NV), 273 (Mistoa-UPyD), 6 (EH Bildu), 97 (PV-ETP) eta 274 (Mistoa-UPyD).

- 4. artikulua. Onartua: 404 (EA-NV). Ez dira

onartu: 100 (PV-ETP), 275 eta 276 (Mistoa-UPyD), 101 (PV-ETP), 7 (EH Bildu), 405 (EA-NV), 102 (PV-ETP), 277 (Mistoa-UPyD) eta 103 (PV-ETP). Zuzenketa teknikoa: 4.2.d.

- 5. artikulua. Erdibidekoa: 8 (EH Bildu) eta 278

(Mistoa-UPyD) (azken xedapen berri bat sortzen du, hirugarrena bis). Ez dira onartu: 104 (PV-ETP), 406 (EA-NV), 279 (Mistoa-UPyD) eta 105 (PV-ETP).

- 6. artikulua. Ez dira onartu: 106 (PV-ETP), 407,

408 eta 409 (EA-NV), 280 (Mistoa-UPyD), 410 (EA-NV) eta 281 (Mistoa-UPyD). Erretiratua: 9 (EH Bildu).

- 7. artikulua. Erdibidekoa: 10 (EH Bildu) eta 284

(Mistoa-UPyD) azken xedapen berri bat sortzen du, hirugarrena ter). Ez dira onartu: 107 (PV-ETP), 411 eta 412 (EA-NV), 108 (PV-ETP), 282 (Mistoa-UPyD), 413 (EA-NV), 109 (PV-ETP), 414 (EA-NV), 110 (PV-ETP), 283 (Mistoa-UPyD) eta 111 (PV-ETP).

- 8. artikulua. Erdibidekoa: 285 (Mistoa-UPyD).

Ez dira onartu: 11 (EH Bildu), 112 (PV-ETP), 415 (EA-NV), 113 (PV-ETP), 416 (EA-NV), 114 (PV-ETP), 286 (Mistoa-UPyD), 115 (PV-ETP), 287 (Mistoa-UPyD) eta 417 (EA-NV).

- 9. artikulua. Erdibidekoak: 12 (EH Bildu); 292

(Mistoa-UPyD). Ez dira onartu: 116 (PV-ETP), 418 (EA-NV), 117 (PV-ETP), 288 (Mistoa-UPyD), 419 (EA-NV), 118 (PV-ETP), 289 (Mistoa-UPyD), 119 (PV-ETP), 290 (Mistoa-UPyD), 420 (EA-NV), 13 eta 14 (EH Bildu), 120 (PV-ETP), 421 eta 422 (EA-NV). Erretiratua: 291

- Artículo 2. Se asumen: 389, 392 y 393 (EA-NV) y 89 (PV-ETP). Se transa: 88 (PV-ETP). No se asumen: 5 (EH Bildu), 390 (EA-NV), 86 (PV-ETP), 262 y 263 (Mixto-UPyD), 87 (PV-ETP), 264 y 265 (Mixto-UPyD), 391 (EA-NV), 266, 267, 268, 269 y 270 (Mixto-UPyD). Enmienda técnica: 2.b (nuevo).

- Artículo 3. Se asumen: 402 (EA-NV) y 99 (PV-

ETP). Se transan: 92 (PV-ETP) y 398 (EA-NV); 98 (PV-ETP) y 403 (EA-NV). No se asumen: 271 (Mixto-UPyD), 90 (PV-ETP), 394, 395 y 396 (EA-NV), 91 (PV-ETP), 397 (EA-NV), 93 (PV-ETP), 399 (EA-NV), 94 y 95 (PV-ETP), 272 (Mixto-UPyD), 400 (EA-NV), 96 (PV-ETP), 401 (EA-NV), 273 (Mixto-UPyD), 6 (EH Bildu), 97 (PV-ETP) y 274 (Mixto-UPyD).

- Artículo 4. Se asume: 404 (EA-NV). No se asu-

men: 100 (PV-ETP), 275 y 276 (Mixto-UPyD), 101 (PV-ETP), 7 (EH Bildu), 405 (EA-NV), 102 (PV-ETP), 277 (Mixto-UPyD) y 103 (PV-ETP). Enmienda técnica: 4.2.d.

- Artículo 5. Se transan: 8 (EH Bildu) y 278 (Mixto

-UPyD) (crea una disposición final tercera bis). No se asumen: 104 (PV-ETP), 406 (EA-NV), 279 (Mixto-UPyD) y 105 (PV-ETP).

- Artículo 6. No se asumen: 106 (PV-ETP), 407,

408 y 409 (EA-NV), 280 (Mixto-UPyD), 410 (EA-NV) y 281 (Mixto-UPyD). Retirada: 9 (EH Bil-du).

- Artículo 7. Se transan: 10 (EH Bildu) y 284

(Mixto-UPyD) (crea una disposición final tercera ter). No se asumen: 107 (PV-ETP), 411 y 412 (EA-NV), 108 (PV-ETP), 282 (Mixto-UPyD), 413 (EA-NV), 109 (PV-ETP), 414 (EA-NV), 110 (PV-ETP), 283 (Mixto-UPyD) y 111 (PV-ETP).

- Artículo 8. Se transa: 285 (Mixto-UPyD). No se

asumen: 11 (EH Bildu), 112 (PV-ETP), 415 (EA-NV), 113 (PV-ETP), 416 (EA-NV), 114 (PV-ETP), 286 (Mixto-UPyD), 115 (PV-ETP), 287 (Mixto-UPyD) y 417 (EA-NV).

- Artículo 9. Se transan: 12 (EH Bildu); 292

(Mixto-UPyD). No se asumen: 116 (PV-ETP), 418 (EA-NV), 117 (PV-ETP), 288 (Mixto-UPyD), 419 (EA-NV), 118 (PV-ETP), 289 (Mixto-UPyD), 119 (PV-ETP), 290 (Mixto-UPyD), 420 (EA-NV), 13 y 14 (EH Bildu), 120 (PV-ETP), 421 y 422 (EA-NV). Se retira: 291 (Mixto-UPyD).

4

(Mistoa-UPyD). - 10. artikulua. Ez dira onartu: 293 (Mistoa-

UPyD), 15 (EH Bildu), 121 (PV-ETP), 294 (Mistoa-UPyD), 122 (PV-ETP), 16 (EH Bildu) eta 295 (Mistoa-UPyD).

- 11. artikulua. Onartuak: 424 eta 426 (EA-NV).

Erdibidekoa: 123 (PV-ETP) eta 423 (EA-NV). Ez dira onartu: 17 (EH Bildu), 296 (Mistoa-UPyD), 124 (PV-ETP), 425 (EA-NV) eta 297 (Mistoa-UPyD).

- 12. artikulua. Onartuak: 125 (PV-ETP), 300

(Mistoa-UPyD) eta 126 (EA-NV). Ez dira onartu: 298 eta 299 (Mistoa-UPyD) eta 427 (EA-NV).

- 13. artikulua. Ez dira onartu: 301 (Mistoa-

UPyD), 18 (EH Bildu), 127 (PV-ETP), 428 (EA-NV) eta 128 (PV-ETP). Zuzenketa teknikoa: 13-13.2.


UPyD) eta 429 (EA-NV). - 15. artikulua. Erdibidekoa: 19 (EH Bildu), 430

eta 431 (EA-NV). Ez dira onartu: 303 (Mistoa-UPyD), 432 (EA-NV), 304 (Mistoa-UPyD) eta 434 eta 435 (EA-NV). Erretiratua: 433 (EA-NV).

- 16. artikulua. Onartua: 129 (PV-ETP). Erdibide-

koa: 20 (EH Bildu). Ez dira onartu: 305 eta 306 (Mistoa-UPyD), 436 eta 437 (EA-NV) eta 21 (EH Bildu).

- 17. artikulua. Zuzenketarik gabe. - 18. artikulua. Onartuak: 438 (EA-NV) eta 130

(PV-ETP). Ez dira onartu: 22 (EH Bildu), 307 (Mistoa-UPyD), 23 (EH Bildu) eta 439 eta 440 (EA-NV).

- 19. artikulua. Onartua: 131 (PV-ETP). Ez dira

onartu: 24 (EH Bildu) eta 308 (Mistoa-UPyD). - 20. artikulua. Onartuak: 442, 443 eta 444

(EA-NV). Ez dira onartu: 25 (EH Bildu), 309 (Mistoa-UPyD) eta 441 (EA-NV).

- 21. artikulua. Onartua: 449 (EA-NV). Ez dira

onartu: 26 (EH Bildu), 310 (Mistoa-UPyD), 445 eta 446 (EA-NV), 132 (PV-ETP), 448 eta 447 (EA-NV) eta 133 (PV-ETP).

- 21. bis artikulua (berria) (22.a izango da). Erdi-

bidekoa: 450 (EA-NV).

- Artículo 10. No se asumen: 293 (Mixto-UPyD),

15 (EH Bildu), 121 (PV-ETP), 294 (Mixto-UPyD), 122 (PV-ETP), 16 (EH Bildu) y 295 (Mixto-UPyD).

- Artículo 11. Se asumen: 424 y 426 (EA-NV). Se

transan: 123 (PV-ETP) y 423 (EA-NV). No se asumen: 17 (EH Bildu), 296 (Mixto-UPyD), 124 (PV-ETP), 425 (EA-NV) y 297 (Mixto-UPyD).

- Artículo 12. Se asumen: 125 (PV-ETP), 300

(Mixto-UPyD) y 126 (PV-ETP). No se asumen: 298 y 299 (Mixto-UPyD) y 427 (EA-NV).

- Artículo 13. No se asumen: 301 (Mixto-UPyD),

18 (EH Bildu), 127 (PV-ETP), 428 (EA-NV) y 128 (PV-ETP). Enmienda técnica: 13.2.

- Artículo 14. No se asumen: 302 (Mixto-UPyD) y

429 (EA-NV). - Artículo 15. Se transan: 19 (EH Bildu), 430 y

431 (EA-NV). No se asumen: 303 (Mixto-UPyD), 432 (EA-NV), 304 (Mixto-UPyD) y 434 y 435 (EA-NV). Se retira: 433 (EA-NV).

- Artículo 16. Se asume: 129 (PV-ETP). Se transa:

20 (EH Bildu). No se asumen: 305 y 306 (Mixto-UPyD), 436 y 437 (EA-NV) y 21 (EH Bildu).

- Artículo 17. Sin enmiendas. - Artículo 18. Se asumen: 438 (EA-NV) y 130

(PV-ETP). No se asumen: 22 (EH Bildu), 307 (Mixto-UPyD), 23 (EH Bildu) y 439 y 440 (EA-NV).

- Artículo 19. Se asume: 131 (PV-ETP). No se

asumen 24 (EH Bildu) y 308 (Mixto-UPyD). - Artículo 20. Se asumen: 442, 443 y 444 (EA-

NV). No se asumen: 25 (EH Bildu), 309 (Mixto-UPyD) y 441 (EA-NV).

- Artículo 21. Se asume: 449 (EA-NV). No se

asumen: 26 (EH Bildu), 310 (Mixto-UPyD), 445 y 446 (EA-NV), 132 (PV-ETP), 448 y 447 (EA-NV) y 133 (PV-ETP).

- Artículo 21 bis (nuevo) (será 22). Se transa: 450

(EA-NV).

5

- 21. ter artikulua (berria). Ez da onartu: 451 (EA-

NV). - 21. quater artikulua (berria). Ez da onartu: 452

(EA-NV). - 22. artikulua (23.a izango da). Onartua: 454

(EA-NV). Ez dira onartu: 311 (Mistoa-UPyD), 27 (EH Bildu), 453, 455 eta 456 (EA-NV), 134 (PV-ETP) eta 457 eta 458 (EA-NV).

- 23. artikulua (24.a izango da). Ez dira onartu:

312 (Mistoa-UPyD), 459 (EA-NV), 135 (PV-ETP), 460 (EA-NV), 28 (EH Bildu) eta 461 (EA-NV).

- 24. artikulua (25.a izango da). Onartua: 137

(PV-ETP). Ez dira onartu: 462 (EA-NV), 29 (EH Bildu), 313, 314 eta 315 (Mistoa-UPyD), 463 (EA-NV), 316 (Mistoa-UPyD), 136 (PV-ETP), 464 (EA-NV), 138 (PV-ETP) eta 317 (Mistoa-UPyD).

- 24. bis artikulua (berria). Ez da onartu: 465

(EA-NV). - 25. artikulua (26.a izango da). Onartua: 139

(PV-ETP). Ez dira onartu: 318 (Mistoa-UPyD), 30 (EH Bildu) eta 467 (EA-NV). Erretiratua: 466 (EA-NV).

- 26. artikulua (27.a izango da). Ez dira onartu:

319 (Mistoa-UPyD), 31 (EH Bildu), 468 (EA-NV) eta 32 (EH Bildu). Zuzenketa teknikoa: 26.2.

- 27. artikulua. Onartuak: 320 (Mistoa-UPyD),

140 (PV-ETP), 469 (EA-NV) eta 33 (EH Bildu). - 27. ter artikulua (berria). Ez da onartu: 470 (EA-

NV). - 27. quater artikulua (berria). Ez da onartu: 471

(EA-NV). - 28. artikulua. Onartua: 34 (EH Bildu). - 29. artikulua (28.a izango da). Ez dira onartu:

472, 473, 474 eta 475 (EA-NV). - 30. artikulua (29.a izango da). Onartua: 476

(EA-NV). Ez dira onartu: 35 (EH Bildu), 321 (Mistoa-UPyD) eta 141 eta 142 (PV-ETP).

- 31. artikulua (30.a izango da). Onartuak: 477,

478, 479 eta 480 (EA-NV) eta 36 (EH Bildu). Ez

- Artículo 21 ter (nuevo). No se asume: 451 (EA-

NV). - Artículo 21 quater (nuevo). No se asume: 452

(EA-NV). - Artículo 22 (pasa a ser 23). Se asume: 454 (EA-

NV). No se asumen: 311 (Mixto-UPyD), 27 (EH Bildu), 453, 455 y 456 (EA-NV), 134 (PV-ETP) y 457 y 458 (EA-NV).

- Artículo 23 (pasa a ser 24). No se asumen: 312

(Mixto-UPyD), 459 (EA-NV), 135 (PV-ETP), 460 (EA-NV), 28 (EH Bildu) y 461 (EA-NV).

- Artículo 24 (pasa a ser 25). Se asume: 137 (PV-

ETP). No se asume: 462 (EA-NV), 29 (EH Bil-du), 313, 314 y 315 (Mixto-UPyD), 463 (EA-NV), 316 (Mixto-UPyD), 136 (PV-ETP), 464 (EA-NV), 138 (PV-ETP) y 317 (Mixto-UPyD).

- Artículo 24 bis (nuevo). No se asume: 465 (EA-

NV). - Artículo 25 (pasa a ser 26). Se asume: 139 (PV-

ETP). No se asumen: 318 (Mixto-UPyD), 30 (EH Bildu) y 467 (EA-NV). Se retira: 466 (EA-NV).

- Artículo 26 (pasa a ser 27). No se asumen: 319

(Mixto-UPyD), 31 (EH Bildu), 468 (EA-NV) y 32 (EH Bildu). Enmienda técnica: 26.2.

- Artículo 27. Se asumen: 320 (Mixto-UPyD), 140

(PV-ETP), 469 (EA-NV) y 33 (EH Bildu). - Artículo 27 ter (nuevo). No se asume: 470 (EA-

NV). - Artículo 27 quater (nuevo). No se asume: 471

(EA-NV). - Artículo 28. Se asume: 34 (EH Bildu). - Artículo 29 (pasa a ser 28). No se asumen:

472, 473, 474 y 475 (EA-NV). - Artículo 30 (pasa a ser 29). Se asume: 476 (EA-

NV). No se asumen: 35 (EH Bildu), 321 (Mixto-UPyD) y 141 y 142 (PV-ETP).

- Artículo 31 (pasa a ser 30). Se asumen: 477,

478, 479 y 480 (EA-NV) y 36 (EH Bildu). No se

6

dira onartu: 322, 323 eta 324 (Mistoa-UPyD), 143, 144 eta 145 (PV-ETP).

32. artikulua (31.a izango da). Onartuak: 481

eta 482 (EA-NV). Ez da onartu: 325 (Mistoa-UPyD).

- 33. artikulua (32.a izango da). Onartuak: 485

eta 486 (EA-NV). Erdibidekoa: 327 (Mistoa-UPyD) eta 37 (EH Bildu). Ez dira onartu: 326 (Mistoa-UPyD), 146 (PV-ETP), 484 (EA-NV), 147 (PV-ETP), 38 (EH Bildu), 148 (PV-ETP) eta 487 eta 488 (EA-NV). Erretiratua: 483 (EA-NV). Zuzenketa teknikoa: atalaren titulua.

- 33. bis artikulua (berria) (33.a izango da). Erdi-

bidekoa: 489 (EA-NV). - 34. artikulua. Onartuak: 491 eta 492 (EA-NV).

Erdibidekoa: 490 (EA-NV). Ez dira onartu: 149 eta 150 (PV-ETP), 39 (EH Bildu), 151 (PV-ETP) eta 328 (Mistoa-UPyD).

- 35. artikulua. Onartuak: 152 (PV-ETP), 330

(Mistoa-UPyD), 494 (EA-NV) eta 153 (PV-ETP). Ez dira onartu: 329 (Mistoa-UPyD), 40 (EH Bildu) eta 331 (Mistoa-UPyD), 495 (EA-NV) eta 332 (Mistoa-UPyD). Erretiratua: 493 (EA-NV).

- 36. artikulua. Erdibidekoa: 41 (EH Bildu) eta

496 eta 497 (EA-NV). Ez dira onartu: 333 (Mistoa-UPyD) eta 154 eta 155 (PV-ETP).

- 37. artikulua. Onartua: 156 (PV-ETP). Ez dira

onartu: 334 (Mistoa-UPyD) eta 498 (EA-NV). - 38. artikulua. Ez dira onartu: 42 (EH Bildu),

157 (PV-ETP), 499 (EA-NV), 335 (Mistoa-UPyD) eta 500 (EA-NV). Zuzenketa teknikoa: 2. pun-tuan.

- 39. artikulua. Ez dira onartu: 158 (PV-ETP), 501

(EA-NV), 336 (Mistoa-UPyD) eta 502 eta 503 (EA-NV). Erretiratua: 159 (PV-ETP).

- 40. artikulua. Ez dira onartu: 505 (EA-NV) eta

43 (EH Bildu). Erretiratua: 504 (EA-NV). - 41. artikulua. Ez dira onartu: 507 (EA-NV), 337

eta 338 (Mistoa-UPyD), 160 (PV-ETP), 44 (EH Bildu) eta 339 (Mistoa-UPyD). Erretiratua: 506 (EA-NV).


161 (PV-ETP). Erretiratua: 508 (EA-NV).

asumen: 322, 323 y 324 (Mixto-UPyD), 143, 144 y 145 (PV-ETP).

- Artículo 32 (pasa a ser 31). Se asume: 481 y

482 (EA-NV). No se asume: 325 (Mixto-UPyD). - Artículo 33 (pasa a ser 32). Se asumen: 485 y

486 (EA-NV). Se transan: 327 (Mixto-UPyD) y 37 (EH Bildu). No se asumen: 326 (Mixto-UPyD), 146 (PV-ETP), 484 (EA-NV), 147 (PV-ETP), 38 (EH Bildu), 148 (PV-ETP) y 487 y 488 (EA-NV). Retirada: 483 (EA-NV). Enmienda técnica: título de la sección.

- Artículo 33 bis (nuevo) (pasa a ser 33). Se tran-

sa: 489 (EA-NV). - Artículo 34. Se asumen: 491 y 492 (EA-NV). Se

transa: 490 (EA-NV). No se asumen: 149 y 150 (PV-ETP), 39 (EH Bildu), 151 (PV-ETP) y 328 (Mixto-UPyD).

- Artículo 35. Se asumen: 152 (PV-ETP), 330

(Mixto-UPyD), 494 (EA-NV) y 153 (PV-ETP). No se asumen: 329 (Mixto-UPyD), 40 (EH Bildu) y 331 (Mixto-UPyD), 495 (EA-NV) y 332 (Mixto-UPyD). Se retira: 493 (EA-NV).

- Artículo 36. Se transan: 41 (EH Bildu) y 496 y

497 (EA-NV). No se asumen: 333 (Mixto-UPyD) y 154 y 155 (PV-ETP).

- Artículo 37. Se asume: 156 (PV-ETP). No se

asumen: 334 (Mixto-UPyD) y 498 (EA-NV). - Artículo 38. No se asumen: 42 (EH Bildu), 157

(PV-ETP), 499 (EA-NV), 335 (Mixto-UPyD) y 500 (EA-NV). Enmienda técnica: en el punto 2.

- Artículo 39. No se asumen: 158 (PV-ETP), 501

(EA-NV), 336 (Mixto-UPyD) y 502 y 503 (EA-NV). Se retira: 159 (PV-ETP).

- Artículo 40. No se asumen: 505 (EA-NV) y 43

(EH Bildu). Se retira: 504 (EA-NV). - Artículo 41. No se asumen: 507 (EA-NV), 337 y

338 (Mixto-UPyD), 160 (PV-ETP), 44 (EH Bildu) y 339 (Mixto-UPyD). Se retira: 506 (EA-NV).

- Artículo 42. No se asumen: 509 (EA-NV) eta

161 (PV-ETP). Se retira: 508 (EA-NV).

7

- 43. artikulua. Ez da onartu: 511 (EA-NV). Erreti-ratua: 510 (EA-NV). Zuzenketa teknikoa: 2. puntuan.

- 44. artikulua. Ez dira onartu: 513 (EA-NV), 162

(PV-ETP) eta 340 (Mistoa-UPyD). Erretiratua: 512 (EA-NV).


45 (EH Bildu). Erretiratua: 514 (EA-NV). - 46. artikulua. Ez dira onartu: 517 (EA-NV) eta

163 (PV-ETP). Erretiratua: 516 (EA-NV). - 46. bis artikulua (berria). Ez da onartu: 518

(EA-NV). - 47. artikulua. Erdibidekoa: 46 (EH Bildu) eta

519 (EA-NV). Ez dira onartu: 341 (Mistoa-UPyD) eta 520 (EA-NV). Erretiratua: 521 (EA-NV).


(PV-ETP). - 48. artikulua. Onartua: 165 (PV-ETP). Ez da

onartu: 522 (EA-NV). - 49. artikulua. Ez dira onartu: 523 (EA-NV),

166, 167 eta 169 (PV-ETP). Erretiratua: 168 (PV-ETP).


(PV-ETP). - 50. artikulua. Onartuak: 524, 525, 526, 527

eta 529 (EA-NV). Erdibideka: 528 (EA-NV). - 51. artikulua. Onartuak: 172 eta 173 (PV-ETP).

Ez dira onartu: 171 (PV-ETP) eta 530 eta 531 (EA-NV).

- 51. ter artikulua (berria). Ez da onartu: 532 (EA-

NV). - 52. artikulua. Onartuak: 174 (PV-ETP) eta 534

(EA-NV). Ez da onartu: 533 (EA-NV). - 52. bis artikulua (berria). Ez da onartu: 535

(EA-NV). - 53. artikulua. Onartuak: 536 eta 537 (EA-NV). - 54. artikulua. Onartuak: 175 (PV-ETP), 538

(EA-NV), 176 (PV-ETP) eta 541 (EA-NV). Ez dira onartu: 342 (Mistoa-UPyD), 47 (EH Bildu), 343

- Artículo 43. No se asume: 511 (EA-NV). Se retira: 510 (EA-NV). Enmienda técnica: en el punto 2.

- Artículo 44. No se asumen: 513 (EA-NV), 162

(PV-ETP) y 340 (Mixto-UPyD). Se retira: 512 (EA-NV).

- Artículo 45. No se asumen: 515 (EA-NV) y 45

(EH Bildu). Se retira: 514 (EA-NV): - Artículo 46. No se asumen: 517 (EA-NV) y 163

(PV-ETP). Se retira: 516 (EA-NV). - Artículo 46 bis (nuevo). No se asume: 518 (EA-

NV). - Artículo 47. Se transan: 46 (EH Bildu) y 519

(EA-NV). No se asumen: 341 (Mixto-UPyD) y 520 (EA-NV). Se retira: 521 (EA-NV).

- Artículo 47 bis (nuevo). No se asume: 164 (PV-

ETP). - Artículo 48. Se asume: 165 (PV-ETP). No se

asume: 522 (EA-NV). - Artículo 49. No se asumen: 523 (EA-NV), 166,

167 y 169 (PV-ETP). Se retira: 168 (PV-ETP). - Artículo 49 bis (nuevo). No se asume: 170 (PV-

ETP). - Artículo 50. Se asumen: 524, 525, 526, 527 y

529 (EA-NV). Se transa: 528 (EA-NV). - Artículo 51. Se asumen: 172 y 173 (PV-ETP).

No se asumen: 171 (PV-ETP) y 530 y 531 (EA-NV).

- Artículo 51 ter (nuevo). No se asume: 532 (EA-

NV). - Artículo 52. Se asumen: 174 (PV-ETP) y 534

(EA-NV). No se asume: 533 (EA-NV). - Artículo 52 bis (nuevo). No se asume: 535 (EA-

NV). - Artículo 53. Se asumen: 536 y 537 (EA-NV) - Artículo 54. Se asumen: 175 (PV-ETP), 538 (EA-

NV), 176 (PV-ETP) y 541 (EA-NV). No se asu-men: 342 (Mixto-UPyD), 47 (EH Bildu), 343

8

(Mistoa-UPyD), 539 (EA-NV), eta 177, 178 eta 179 (PV-ETP). Erretiratua: 540 (EA-NV).


(PV-ETP). - 55. artikulua. Ez da onartu: 542 (EA-NV). - 56. artikulua. Ez dira onartu: 181 (PV-ETP), 48

(EH Bildu), 182 eta 183 (PV-ETP), 543 (EA-NV), 184 (PV-ETP), 544 (EA-NV) eta 185 (PV-ETP).

- 56. bis artikulua (berria). Ez dira onartu: 49 (EH

Bildu) eta 186 (PV-ETP). - 56. ter artikulua (berria). Ez da onartu: 187 (PV-

ETP). - 57. artikulua. Erdibidekoa: 344 (Mistoa-UPyD).

Ez dira onartu: 188 (PV-ETP), 545 (EA-NV) eta 50 eta 51 (EH Bildu).

- 57. bis artikulua (berria). Ez da onartu: 83 (SV-

ES). - 58. artikulua. Onartua: 548 (EA-NV) (seigarren

xedapen iragankorra bis izango da). Ez dira onartu: 189 (PV-ETP), 546, 547 eta 549 (EA-NV), 345 (Mistoa-UPyD) eta 550 (EA-NV).

- 59. artikulua. Zuzenketarik gabe. - 60. artikulua. Onartuak: 191 (PV-ETP) eta 346

(Mistoa-UPyD) (82. artikulua izango da). Ez dira onartu: 190 (PV-ETP) eta 551 (EA-NV).

- 61. artikulua. Onartua: 52 (EH Bildu). Ez da

onartu: 552 (EA-NV). Erretiratuak: 193 eta 192 (PV-ETP).


(EA-NV), 195 (PV-ETP) eta 554 (EA-NV). - 63. artikulua. Ez dira onartu: 53 (EH Bildu),

347 (Mistoa-UPyD), 196 eta 197 (PV-ETP), 555 (EA-NV) eta 348 (Mistoa-UPyD).

- 64. artikulua. Onartua: 54 (EH Bildu). Erdibide-

koa: 350 (Mistoa-UPyD). Ez dira onartu: 349 (Mistoa-UPyD) eta 556 eta 557 (EA-NV).

- 65. artikulua. Ez da onartu: 351 (Mistoa-UPyD). - 66. artikulua. Ez da onartu: 352 (Mistoa-UPyD).

Zuzenketa teknikoa: artikuluaren titulua.

(Mixto-UPyD), 539 (EA-NV), y 177, 178 y 179 (PV-ETP). Se retira: 540 (EA-NV).

- Artículo 54 bis (nuevo). No se asume: 180 (PV-

ETP). - Artículo 55. No se asume: 542 (EA-NV). - Artículo 56. No se asumen: 181 (PV-ETP), 48

(EH Bildu), 182 y 183 (PV-ETP), 543 (EA-NV), 184 (PV-ETP), 544 (EA-NV) y 185 (PV-ETP).

- Artículo 56 bis (nuevo). No se asumen: 49 (EH

Bildu) y 186 (PV-ETP). - Artículo 56 ter (nuevo). No se asume: 187 (PV-

ETP). - Artículo 57. Se transa: 344 (Mixto-UPyD). No se

asumen: 188 (PV-ETP), 545 (EA-NV) y 50 y 51 (EH Bildu).

- Artículo 57 bis (nuevo). No se asume: 83 (SV-

ES). - Artículo 58. Se asume: 548 (EA-NV) (pasa a ser

disposición transitoria sexta bis). No se asumen: 189 (PV-ETP), 546, 547 y 549 (EA-NV), 345 (Mixto-UPyD) y 550 (EA-NV).

- Artículo 59. Sin enmiendas. - Artículo 60. Se asumen: 191 (PV-ETP) y 346

(Mixto-UPyD) (pasa al artículo 82). No se asu-men: 190 (PV-ETP) y 551 (EA-NV).

- Artículo 61. Se asume: 52 (EH Bildu). No se

asume: 552 (EA-NV). Se retiran: 193 y 192 (PV-ETP).


(EA-NV), 195 (PV-ETP) y 554 (EA-NV). - Artículo 63. No se asumen: 53 (EH Bildu), 347

(Mixto-UPyD), 196 y 197 (PV-ETP), 555 (EA-NV) y 348 (Mixto-UPyD).

- Artículo 64. Se asume: 54 (EH Bildu). Se transa:

350 (Mixto-UPyD). No se asumen: 349 (Mixto-UPyD) y 556 y 557 (EA-NV).

- Artículo 65. No se asume: 351 (Mixto-UPyD). - Artículo 66. No se asume: 352 (Mixto-UPyD).

Enmienda técnica: título del artículo.

9

- 67. artikulua. Onartuak: 55 (EH Bildu), 198 (PV-ETP) eta 558 (EA-NV). Ez da onartu: 353 (Mistoa-UPyD).


UPyD) eta 56 eta 57 (EH Bildu). - 69. artikulua. Ez dira onartu: 58 (EH Bildu),

199 (PV-ETP), 355 (Mistoa-UPyD) eta 559 eta 560 (EA-NV).

- 70. artikulua. Onartuak: 357 (Mistoa-UPyD) eta

561 (EA-NV) (xedapen iragankor berria izango da). Ez dira onartu: 200 (PV-ETP) eta 356 (Mistoa-UPyD).

- 71. artikulua. Onartua: 60 (EH Bildu). Erdibide-

koa: 59 (EH Bildu), 563 (EA-NV) eta 1. para-grafoa. Ez dira onartu: 201 (PV-ETP), 562 (EA-NV), 202 (PV-ETP), 358 (Mistoa-UPyD) eta 564 (EA-NV).

- 72. artikulua. Onartuak: 204 (PV-ETP) eta 360

(Mistoa-UPyD). Ez dira onartu: 203 (PV-ETP), 565 (EA-NV), 359 (Mistoa-UPyD), 566 (EA-NV), 361 (Mistoa-UPyD) eta 205 (PV-ETP).


(EA-NV). - 73. artikulua. Erdibidekoa: 362 (Mistoa-UPyD).

Ez dira onartu: 206 (PV-ETP), 568 eta 569 (EA-NV) eta 61, 62 eta 63 (EH Bildu).


(Mistoa-UPyD) eta 570 eta 571 (EA-NV). Zuzen-keta teknikoa.

- 75. artikulua. Ez dira onartu: 208 eta 209 (PV-

ETP). Erretiratuak: 572 eta 573 (EA-NV). - 76. artikulua. Ez da onartu: 210 (PV-ETP). - 77. artikulua. Ez dira onartu: 211 (PV-ETP), 574

(EA-NV) eta 64 (EH Bildu). - 78. artikulua. Onartuak: 212 (PV-ETP) eta 65

(EH Bildu). Ez da onartu: 575 (EA-NV). Erretira-tua: 213 (PV-ETP).

- 79. artikulua. Onartua: 214 (PV-ETP). - 80. artikulua. Zuzenketarik gabe. - 81. artikulua. Onartuak: 215 eta 216 (PV-ETP).

- Artículo 67. Se asumen: 55 (EH Bildu), 198 (PV-ETP) y 558 (EA-NV). No se asume: 353 (Mixto-UPyD).


56 y 57 (EH Bildu). - Artículo 69. No se asumen: 58 (EH Bildu), 199

(PV-ETP), 355 (Mixto-UPyD) y 559 y 560 (EA-NV).

- Artículo 70. Se asumen: 357 (Mixto-UPyD) y

561 (EA-NV) (pasa a ser disposición transitoria nueva). No se asumen: 200 (PV-ETP) y 356 (Mixto-UPyD).

- Artículo 71. Se asume: 60 (EH Bildu). Se transa:

59 (EH Bildu), 563 (EA-NV) y el apartado 1. No se asumen: 201 (PV-ETP), 562 (EA-NV), 202 (PV-ETP), 358 (Mixto-UPyD) y 564 (EA-NV).

- Artículo 72. Se asumen: 204 (PV-ETP y 360

(Mixto-UPyD). No se asumen: 203 (PV-ETP), 565 (EA-NV), 359 (Mixto-UPyD), 566 (EA-NV), 361 (Mixto-UPyD) y 205 (PV-ETP).

- Artículo 72 bis (nuevo). No se asume: 567 (EA-

NV). - Artículo 73. Se transa: 362 (Mixto-UPyD). No se

asumen: 206 (PV-ETP), 568 y 569 (EA-NV) y 61, 62 y 63 (EH Bildu).


(Mixto-UPyD) y 570 y 571 (EA-NV). Enmienda técnica.

- Artículo 75. No se asumen: 208 y 209 (PV-

ETP). Se retiran: 572 y 573 (EA-NV). - Artículo 76. No se asume: 210 (PV-ETP). - Artículo 77. No se asumen: 211 (PV-ETP), 574

(EA-NV) y 64 (EH Bildu). - Artículo 78. Se asumen: 212 (PV-ETP) y 65 (EH

Bildu). No se asume: 575 (EA-NV). Se retira: 213 (PV-ETP).

- Artículo 79. Se asume: 214 (PV-ETP). - Artículo 80. Sin enmiendas. - Artículo 81. Se asumen: 215 y 216 (PV-ETP).

10

- 82. artikulua. Ez dira onartu: 364 (Mistoa-UPyD), 576 eta 577 (EA-NV) eta 66 (EH Bildu).

- 83. artikulua. Onartuak: 578, 579 eta 580

(EA-NV). Ez dira onartu: 365 (Mistoa-UPyD) eta 67 (EH Bildu).


UPyD) eta 68 (EH Bildu). - 85. artikulua. Onartuak: 581 (EA-NV) eta 217,

218 eta 219 (PV-ETP). Erdibidekoa: 220 (PV-ETP).

- 85. bis artikulua (berria) (86.a izango da).

Onartua: 582 (EA-NV). - 86. artikulua (87.a izango da). Zuzenketarik

gabe. - 87. artikulua (88.a izango da). Onartuak: 221

eta 222 (PV-ETP). - 88. artikulua (89.a izango da). Onartuak: 224

eta 225 (PV-ETP). Ez da onartu: 583 (EA.NV). Zuzenketa teknikoa: 5. puntuan.

- 89. artikulua (90.a izango da). Onartua: 226

(PV-ETP). - 90. artikulua (91.a izango da). Ez da onartu:

223 (PV-ETP). - 91. artikulua (92.a izango da). Onartuak: 584

eta 585 (EA-NV). Ez da onartu: 227 (PV-ETP). - 91. bis artikulua (berria). Ez da onartu: 228

(PV-ETP). - 91. ter artikulua (berria). Ez da onartu: 229 (PV-

ETP). - Lehenengo xedapen gehigarria. Onartuak: 230

eta 231 (PV-ETP). Erdibidekoa: 232 (PV-ETP). - Bigarrena. Ez dira onartu: 69 (EH Bildu) eta 84

(SV-ES). - Hirugarrena. Ez dira onartu: 586 (EA-NV) eta

70 (EH Bildu). - Laugarrena. Onartua: 587 (EA-NV). - Bosgarrena (berria). Ez dira onartu: 233 (PV-

ETP) eta 588 (EA-NV).

- Artículo 82. No se asumen: 364 (Mixto-UPyD), 576 y 577 (EA-NV) y 66 (EH Bildu).

- Artículo 83. Se asumen: 578, 579 y 580 (EA-

NV). No se asumen: 365 (Mixto-UPyD) y 67 (EH Bildu).


68 (EH Bildu). - Artículo 85. Se asumen: 581 (EA-NV) y 217,

218 y 219 (PV-ETP). Se transa: 220 (PV-ETP). - Artículo 85 bis (nuevo) (pasa a ser 86). Se asu-

me: 582 (EA-NV). - Artículo 86 (pasa a ser 87). Sin enmiendas. - Artículo 87 (pasa a ser 88). Se asumen: 221 y

222 (PV-ETP). - Artículo 88 (pasa a ser 89). Se asumen: 224 y

225 (PV-ETP). No se asume: 583 (EA-NV). En-mienda técnica: al punto 5.

- Artículo 89 (pasa a ser 90). Se asume: 226 (PV-

ETP). - Artículo 90 (pasa a ser 91). No se asume: 223

(PV-ETP). - Artículo 91 (pasa a ser 92). Se asumen: 584 y

585 (EA-NV). No se asume: 227 (PV-ETP). - Artículo 91 bis (nuevo). No se asume: 228 (PV-

ETP). - Artículo 91 ter (nuevo). No se asume: 229 (PV-

ETP). - Primera disposición adicional. Se asumen: 230

y 231 (PV-ETP). Se transa: 232 (PV-ETP). - Segunda. No se asumen: 69 (EH Bildu) y 84

(SV-ES). - Tercera. No se asumen: 586 (EA-NV) y 70 (EH

Bildu). - Cuarta. Se asume: 587 (EA-NV). - Quinta (nueva). No se asumen: 233 (PV-ETP) y

588 (EA-NV).

11

- Seigarrena (berria). Ez da onartu: 589 (EA-NV). - Lehenengo xedapen iragankorra. Zuzenketarik

Gabe. - Bigarrena. Zuzenketarik gabe. - Hirugarrena. Onartuak: 71 (EH Bildu) eta 590

(EA-NV). - Laugarrena (hirugarrena izango da). Zuzenketa-

rik gabe. - Bosgarrena (laugarrena izango da). Ez dira

onartu: 72 (EH Bildu), 234 (PV-ETP) eta 591 (EA-NV).

- Seigarrena (bosgarrena izango da). Onartuak:

592 eta 593 (EA-NV). Ez dira onartu: 73 (EH Bildu) eta 367 (Mistoa-UPyD).

- Seigarrena (berria). Onartua: 548 (EA-NV), 58.

artikuluari aurkeztua. - Zazpigarrena. Onartuak: 235 (PV-ETP), 368

(Mistoa-UPyD) eta 594 (EA-NV). - Zazpigarrena (berria). Onartua: 561 (EA-NV),

70.3 artikuluari aurkeztua. - Zortzigarrena (berria). Ez da onartu: 74 (EH

Bildu). - Lehenengo xedapen indargabetzailea. Zuzenke-

tarik gabe. - Bigarrena. Erdibidekoa: 595 (EA-NV). - Hirugarrena. Onartua: 82 (EH Bildu). - Lehenengo azken xedapena. Zuzenketarik gabe. - Bigarrena. Ez da onartu: 236 (PV-ETP). Erretira-

tua: 596 (EA-NV). - Hirugarrena. Onartuak: 75 (EH Bildu) eta 597

(EA-NV). Ez da onartu: 369 (Mistoa-UPyD). - Hirugarrena bis (berria) (hirugarrena izango

da). Erdibidekoa: 278 (Mistoa-UPyD) eta 8 (EH Bildu), 5. artikuluari aurkeztuak.

- Hirugarrena ter (berria) (laugarrena izango da).

Erdibidekoa: 284 (Mistoa-UPyD) eta 10 (EH Bildu), 7. artikuluari aurkeztuak.

- Sexta (nueva). No se asume: 589 (EA-NV). - Primera disposición transitoria. Sin enmiendas. - Segunda. Sin enmiendas. - Tercera. Se asumen: 71 (EH Bildu) y 590 (EA-

NV). - Cuarta (pasa a ser tercera). Sin enmiendas. - Quinta (pasa a ser cuarta). No se asumen: 72

(EH Bildu), 234 (PV-ETP) y 591 (EA-NV). - Sexta (pasa a ser quinta). Se asumen: 592 y

593 (EA-NV). No se asumen: 73 (EH Bildu) y 367 (Mixto-UPyD).

- Sexta (nueva). Se asume: 548 (EA-NV), presen-

tada al artículo 58. - Séptima. Se asumen: 235 (PV-ETP), 368 (Mixto-

UPyD) y 594 (EA-NV). - Séptima (nueva). Se asume: 561 (EA-NV), pre-

sentada al artículo 70.3. - Octava (nueva). No se asume: 74 (EH Bildu). - Primera disposición derogatoria. Sin enmiendas. - Segunda. Se transa: 595 (EA-NV). - Tercera. Se asume: 82 (EH Bildu). - Primera disposición final. Sin enmiendas. - Segunda. No se asume: 236 (PV-ETP). Se retira:

596 (EA-NV). - Tercera. Se asumen: 75 (EH Bildu) y 597 (EA-

NV). No se asume: 369 (Mixto-UPyD). - Tercera bis (nueva) (pasa a ser tercera). Se tran-

san: 278 (Mixto-UPyD) y 8 (EH Bildu), presenta-das al artículo 5.

- Tercera ter (nueva) (pasa a ser cuarta). Se tran-

san: 284 (Mixto-UPyD) y 10 (EH Bildu), presen-tadas al artículo 7.

12

- Laugarrena (bosgarrena izango da). Onartua: 370 (Mistoa-UPyD). Ez dira onartu: 76 (EH Bildu), 598 (EA-NV), 237, 238 eta 239 (PV-ETP).

- Bosgarrena (seigarrena izango da). Ez da

onartu: 77 (EH Bildu). - Seigarrena (zazpigarrena izango da). Ez dira

onartu: 78 (EH Bildu), 371 (Mistoa-UPyD), 240 eta 241 (PV-ETP) eta 599 eta 600 (EA-NV).

- Seigarrena bis (berria). Ez da onartu: 242 (PV-

ETP). - Zazpigarrena (zortzigarrena izango da). Ez dira

onartu: 601 (EA-NV), 79 (EH Bildu) eta 372 (Mistoa-UPyD).

- Zazpigarrena bis (berria). Ez da onartu: 80 (EH

Bildu). - Zazpigarrena ter (berria). Ez da onartu: 81 (EH

Bildu). - Zortzigarrena (bederatzigarrena izango da). Ez

da onartu: 243 (PV-ETP). II.- PROPOSATUTAKO TESTUA Lantaldeak ondorengo testu hau proposatzen dio batzordeari: Etxebizitzaren lege-proposamena.

ZIOEN AZALPENA

I

Etxebizitza izateko eskubidea nahitaezkoa da gizakiarentzat, funtsezko beste eskubide batzuk baldin-tzatzen baititu; adibidez, enplegua izatekoa, botoa ematekoa, prestazio eta zerbitzu publikoak jasotzekoa, seme-alabak eskolaratzekoa, kulturaz eta ingurumen egokiaz gozatzekoa, bizipenak senideekin eta lagune-kin partekatzekoa, eta beste hainbat ere, itzal handie-neko doktrinak eta justizia-auzitegiek behin eta berriz nabarmendu dutenez. Etxebizitza izateko eskubideak eta eskubide hori benetan gauzatzeak bizitza duin bat eramatea errazten eta ahalbidetzen diote gizakiari. Duela zenbait hamarkadatatik, 1948ko aben-duaren 10eko Giza Eskubideen Aldarrikapen Uniber-tsalean (25.1 artikulua), 1966ko abenduaren 16ko

- Cuarta (pasa a ser quinta). Se asume: 370 (Mixto-UPyD). No se asumen: 76 (EH Bildu), 598 (EA-NV), 237, 238 y 239 (PV-ETP).

- Quinta (pasa a ser sexta). No se asume: 77 (EH

Bildu). - Sexta (pasa a ser séptima). No se asumen: 78

(EH Bildu), 371 (Mixto-UPyD), 240 y 241 (PV-ETP) y 599 y 600 (EA-NV).

- Sexta bis (nueva). No se asume: 242 (PV-ETP). - Séptima (pasa a ser octava). No se asumen:

601 (EA-NV), 79 (EH Bildu) y 372 (Mixto-UPyD).

- Séptima bis (nueva). No se asume: 80 (EH Bil-

du). - Séptima ter (nueva). No se asume: 81 (EH Bil-

du). - Octava (pasa a ser novena). No se asume: 243

(PV-ETP). II.- TEXTO PROPUESTO La ponencia propone a la comisión el siguiente texto: Proposición de ley de vivienda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El derecho a disfrutar de una vivienda constituye una necesidad vital para el ser humano por cuanto condiciona el disfrute de otros derechos esenciales como tener un empleo, ejercer el derecho de sufragio, acceder a las prestaciones y a los servicios públicos, escolarizar a los hijos, gozar de la cultura y de un medio ambiente adecuado, compartir las vivencias con familiares y amigos y un sinfín más reiteradamente puesto de relevancia tanto por la doctrina más autori-zada como por los propios tribunales de justicia. El derecho a disfrutar de una vivienda y su realización efectiva facilitan y permiten al ser humano llevar una vida digna. Desde hace décadas, tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciem-bre de 1948 (artículo 25.1) como en el Pacto Interna-

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Ekonomia, Gizarte eta Kultura Eskubideen Nazioarteko Itunean (11.1 artikulua) eta Europako Parlamentuak, Kontseiluak eta Batzordeak 2000ko abenduaren 7an onartutako Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubi-deen Gutunean (34.3 artikulua), hiruretan, etxebizitza-ren garrantzi soziala azpimarratzen da eta pertsonen eta haien familien bizi-baldintzak hobetzearekin eta gizarte-bazterketa saihestu eta gainditzeko posibilita-tearekin lotzen da. Nazioarteko xedapen horiei lotuta, 1978ko Konstituzioak aurrerapen handia ekarri zuen, esplizituki aitortzen baitu, 47. artikuluan, herritar guztiek dauka-tela eskubidea etxebizitza duin eta egokia izateko, eta botere publiko guztiei exijitu eta agintzen die beha-rrezko baldintzak susta eta arau egokiak ezar ditzatela eskubide hori benetan gauza dadin. Konstituzioaren manu horrek interes orokorrare-kin lotuta agertzen ditu etxebizitzaren gaia eta lurzo-ruaren erabilera, espekulazioa saihesteko, eta era berean hori lotuta dago erkidegoak hirigintza-jarduerek sortutako gainbalioetan parte hartzearekin. Etxebizitzaren, lurzoruaren eta hirigintzaren arteko lo-tura estu hori islatuta agertzen da bai Estatuko oina-rrizko legerian (Lurzoruari buruzko Legearen testu bate-gina onartzen duen ekainaren 20ko 2/2008 Legegin-tzako Errege Dekretua, zeinaren 4.1 artikuluan azpi-marratzen baita etxebizitza duin, egoki eta irisgarria izateko eskubidea), bai gaiari buruz autonomia-erkidegoetako ia legebiltzar guztiek onartutako lege-arau ugari eta askotarikoetan ere. Arau-multzo horrek, esan bezala, azpimarratu egiten du etxebizitzaren funtsezko balio eta garrantzi soziala, etxebizitza, zentzu zabal batean, bizitoki gisa ulertuta, eta lege honi dagokio, hain zuzen ere, zehaz-tea aipatutako arauetako terminoak, gutxi edo aski abstraktu eta generikoak.

II Nabarmentzekoa da esplizituki aitortzen zaiela, eskubide subjektibo gisa, etxebizitza bat legez modu egonkorrean okupatzeko eskubidea etxebizitza duin eta egokirik ez dutenei –aipatutako zentzuan–, etxebizi-tza lortzeko diru-baliabiderik ez badute. Eskubide bat aitortzen da, beraz, administrazio-auzotasuna duten egoiliar atzerritarrei ere badagokiena, nazioarteko itunek eta legeek xedatutakoaren arabera, Konstituzio Auzitegia aspalditik esaten ari denaren haritik (KAaren 107/1984 epaia, 3. OJa). Eskubide horretan, etxebizi-

cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966 (artículo 11.1), o en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea aprobada por el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2000 (artículo 34.3), se coincide en resaltar la dimensión social de la vivienda, vinculada a la mejora de las condiciones de existencia de las personas y sus familias y a la posibili-dad de evitar y superar la exclusión social. En conexión con las citadas disposiciones inter-nacionales, el texto constitucional de 1978 supuso un gran avance respecto de aquellas al reconocer explíci-tamente en su artículo 47 el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y ade-cuada, exigiendo y transmitiendo a todos los poderes públicos el mandato de la promoción de las condicio-nes necesarias y el establecimiento de las normas per-tinentes para hacer efectivo el mencionado derecho. Este precepto constitucional incorpora la vincu-lación de la vivienda y la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especu-lación, lo que se anuda igualmente a la participación de la comunidad en las plusvalías que genere la ac-ción urbanística. Esta íntima y estrecha relación entre vivienda, suelo y urbanismo se ve reflejada, asimismo, en la regulación estatal básica (Real Decreto Legislati-vo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo, en cuyo artículo 4.1 se insiste en el reconocimiento del derecho a dis-frutar de una vivienda digna, adecuada y accesible), al igual que en las abundantes y diversas normas legales aprobadas en la materia por la práctica totalidad de los parlamentos autonómicos. En esa cascada normativa, como ya se ha ex-puesto, se enfatiza el valor e importancia social esen-cial de la vivienda, entendida en su amplia acepción de lugar de alojamiento residencial, correspondiendo precisamente a esta ley concretar los términos más o menos abstractos y genéricos de las normas reseña-das.

II Se destaca el explícito reconocimiento, y como derecho subjetivo, del derecho a la ocupación legal estable de una vivienda a favor de quienes, no dispo-niendo de una vivienda digna y adecuada en la men-cionada acepción, carecen de los recursos económi-cos precisos para conseguir una. Se reconoce, pues, un derecho entre cuyas personas destinatarias se inclu-yen también las personas extranjeras residentes con vecindad administrativa, según lo disponen los trata-dos internacionales y las leyes, como bien lo viene

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tzaren arloan legezkotasuna errespetatzeko eskakizu-naren inguruan legitimazioa handiagoa izan dadin ezartzen den akzio publikoaz gain, haren titularrei bide jurisdikzionalera jotzeko aukera ematen zaie eskubidea eraginkorra izan dadin, behartuta dauden botere pu-blikoek eskubide hori urratzen duten kasuetarako. Aurreikuspen hori guztiz berria da espainiar legerian. Era berean, gizarteak botere publikoei eskatu die lehenbailehen erreakzionatu dezatela hipoteka-exekuzioen ondoriozko etxegabetzeek eragindako per-tsonen etxebizitza-eskubidea ziurtatzeko, beren etxebi-zitzan jarraitu ahal izan dezaten. Eskakizun horren eraginez, etxebizitzaren erabileraren aldi baterako desjabetzearen kontzeptua gehitu da, aurreikusitako baldintzak betetzen direnerako, betiere. Modu horre-tan, interes sozialeko deklaratzen da etxegabetze-prozeduretan sartuta eta gizarte-larrialdiko egoera berezietan dauden pertsonen etxebizitza-premiari eran-tzuna ematea. Hori sartuta, bi alderdi artikulatzen dira: alde batetik, aintzat hartzea giza dramek eragindako gizarte-larrialdiko egoera, bizitzeko eskubidea bera ere zapuztu egin baita ohiko etxebizitzaz gabetzearen on-dorioz; beste aldetik, Europar Batasuneko Justizia Auzi-tegiaren 2013ko martxoaren 14ko epaia (C-415-11 gaia), agerian uzten duena beharrezkoa dela botere publikoek lehenbailehen esku hartzea, dagozkien esku-men-esparruetan, zeinak ohiko etxebizitzaren erabilera eta gozamenari lotutako oinarrizko eskubideak eta eskubide estatutarioak babestera zuzenduta baitaude. Lege honek, ohartuta babes publikoko etxebizi-tzen eta zuzkidura-bizitokien kopurua nahikoa ez dela premiari epe laburrean erantzuteko, bidea irekitzen du, ordezko aukera gisa, eskubidea betetzeko eskakizunari prestazio ekonomiko batez erantzuteko. Prestazio ho-rren bitartez, onuradunari aukera eman nahi zaio mer-katu babestutik kanpoko etxebizitza bat alokatzeko. Eskubide subjektiboa aitortzen zaien eskatzai-leek bete beharreko baldintzak ere finkatzen ditu, eta eskubidea pixkanaka ezartzeko irizpideak zehazten dira. Eskubidea erregelamendu bidez definitzen joango da, eta hartzaileen kopurua arian-arian handitzeari ekingo zaio, horretarako erabilgarri dauden ekonomia-baliabideek eta bizitokiek ahalbidetzen duten heinean.

señalando desde hace tiempo el propio Tribunal Constitucional (STC 107/1984, FJ 3.º). Como tal derecho, además, y junto con la acción pública que se instaura en materia de vivienda para la más amplia legitimación en la exigencia del respeto de la legali-dad, se atribuye a sus titulares el recurso a la vía juris-diccional precisa para hacerlo efectivo allí donde sea incumplido por los poderes públicos obligados, en una previsión inédita en la legislación española hasta este momento. Asimismo, la exigencia social de una urgente reacción de los poderes públicos para asegurar el derecho a la vivienda de las personas afectadas por desahucios provenientes de ejecuciones hipotecarias, a fin de que puedan continuar ocupando su vivienda, ha hecho incorporar el concepto de la expropiación temporal del uso de la vivienda, siempre que se cum-plan los requisitos previstos. De esta forma, se declara de interés social la cobertura de la necesidad de vi-vienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio. Su inclusión encuentra dos niveles de arti-culación: de un lado, atender a la situación de emer-gencia social provocada por dramas humanos que han llegado a que sea el propio derecho a la vida el que se haya truncado como consecuencia de los desahucios decretados sobre la vivienda habitual; de otro lado, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 (Asunto C-415-11), que pone en evidencia la necesidad de una actuación urgente de los poderes públicos, en sus respectivos ámbitos competenciales, dirigidos a la salvaguarda de los derechos fundamentales y estatuta-rios que van ligados al uso y disfrute de la vivienda habitual. La presente ley, consciente de la insuficiencia del parque de vivienda de protección pública y alojamien-tos dotacionales existente para cubrir la necesidad a corto plazo, arbitra la posibilidad subsidiaria de que la respuesta a la exigencia del derecho sea suplida por una prestación económica. Esta prestación tiene por objeto que el beneficiario pueda acceder a un arren-damiento fuera del mercado protegido. Establece también los requisitos que deben cum-plir aquellos solicitantes a quienes se les reconoce el derecho subjetivo, determinándose los criterios para implantar una entrada gradual del citado derecho, que se irá definiendo reglamentariamente, de modo que se proceda a una progresiva ampliación en el número de sus destinatarios en función de que así lo hagan posible los recursos económicos y los aloja-mientos disponibles para tal finalidad.

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Lege-testu hau idazteko unean eskariari buruz eginda dauden ikerketa eta analisiei erreparatuta, eskubide subjektiboa betetzea aurreikusten da lege-testu honetan, presa handieneko etxebizitza-premiei erreparatuta batez ere. Horretarako, babes publikoko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak fede-emaile publi-koren aurrean esleituko dira, esleipen-prozeduran eskabideak barematu egingo dira, eta, lehentasunak zehazteko, kontuan hartuko dira eskatzaileen errenta erabilgarria eta bizikidetza-unitateko kide-kopurua, bigarren mailako baremazio-irizpidetzat hartuta Etxebi-zitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroko inskripzioaren antzinatasuna; hori gorabe-hera, kupoak ezarri ahal izango dira, gizarte-kohesioa bermatzeko asmoz. Bestalde, aipatutako eskubide subjektiboari dagokionez, nahiz eta hura Administrazioaren eskura dauden legezko modu guztien bitartez berma daite-keen, lege-arau honek lehentasuna ematen dio aloka-tzeari, konponbiderik egokiena eta justuena delakoan. Hala, legeak aukera ematen du hirigune berean edo, are gehiago, eraikuntza-unitate berean batera egon daitezen alokatzeko eta jabetzako etxebizitzak eta na-has daitezen diru-sarrera maila eta adin eta familia-osaera diferenteetako bizikidetza-unitateak, eta are konbina daitezen ekimen publikoko eta pribatuko etxe-bizitza babestuak. Era berean, zuzkidura-bizitokiak bultzatzen dira, bizileku egokitzat jotzen baitira aldi bateko beharrizan sozialei erantzuteko (gazteen emantzipazioa, pertsona bananduak, etorkinak…). Zuzkidura-ekipamendu izae-rarekin, horretarako aurreikusitako jabari publikoko zuzkidura-lurzoruetan ezarri ahal dira, eta orobat plan-gintzan ekipamendu generiko edo komunitario gisa kalifikatuetan, bizitoki-erabilera hori ekipamenduare-narekin ere bateragarria bada. Zuzkidura-izaera dute-nez, bizitoki hauek ez dira etxebizitzatzat jotzen eta, ondorioz, ez zaizkie aplikatzen Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak ezarritako estandarrak eta legezko erreserbak. Alderdi objektibo batetik, bestalde, bizitzeko espazio egoki batez, bizileku batez edo egoitza batez gozatzeko eskubideaz gain, legeak inguru eta hiri- edo landa-ingurune duin eta egokia izateko eskubidea ere jasotzen du, hau da, Europako Zuzenbide konpara-tuari jarraiki "habitata" esaten zaiona izatekoa, halako-tzat ulertuz etxebizitzaz gain pertsonaren eta erkide-goaren bizitzan behar diren zerbitzu, jarduera, ekipa-mendu eta gainerako elementuak kokatzen diren leku

En atención a los estudios y análisis de demanda realizados en el momento de la redacción del presente texto legal, se prevé la satisfacción del derecho subjeti-vo, atendiendo principalmente a las necesidades de vivienda más urgentes. Para ello, las viviendas de pro-tección pública y los alojamientos dotaciones se adju-dicarán ante fedatario público, mediante un procedi-miento en el que se baremarán las solicitudes, otor-gando prioridad a los solicitantes en atención a la renta disponible y el número de miembros de la uni-dad de convivencia, considerándose la antigüedad de la inscripción en el Registro de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales un criterio accesorio de baremación; todo ello sin perjuicio de establecer cu-pos, de manera que se garantice la cohesión social. Por otro lado, y en lo que respecta al menciona-do derecho subjetivo, aun cuando su satisfacción pue-de realizarse a través de todos los modos legales al alcance de la Administración, esta norma legal opta por otorgar preferencia al alquiler como la forma más adecuada y más justa de resolverlo. Así, la ley posibili-ta que en las mismas zonas urbanas o incluso en la misma unidad edificatoria puedan coexistir viviendas destinadas a alquiler con viviendas en propiedad y mezclarse unidades convivenciales de distinto nivel de ingresos y de distintas edades y composición familiar, e incluso que se combinen viviendas protegidas de iniciativa pública y privada. Del mismo modo, se potencia la figura de los alojamientos dotacionales, considerados como mora-da adecuada para responder a unas necesidades so-ciales temporales (emancipación de jóvenes, personas separadas, emigrantes…). Con carácter de equipa-miento dotacional, su implantación se permite sobre suelos dotacionales de dominio público previstos para tal finalidad e incluyendo los calificados por el planea-miento como equipamiento genérico o comunitario cuando el referido uso de alojamiento resulte igual-mente compatible con el equipamental. Por su carác-ter dotacional, estos alojamientos no tienen la consi-deración de vivienda, motivo por el cual no les resul-tan de aplicación los estándares y reservas legales derivados de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. Desde una vertiente objetiva, esta ley no solo contempla el derecho al goce de un espacio habita-ble, de una morada, de un domicilio, sino también el derecho a un entorno y un medio urbano o rural digno y adecuado que, siguiendo las pautas del Dere-cho comparado europeo, se denomina y califica como "hábitat", entendiendo este como el lugar complejo en el que, además de la vivienda, se ubican los servicios, actividades, equipamientos y demás elementos en los

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konplexu hori. Horrela, eraikinak birgaitzeak eta hiri-guneak berroneratu eta ekonomikoki eta sozialki bizi-berritzeak, hirigintzako erabileren mestizajearen ikus-puntutik (gizarte-kohesioa), berebiziko garrantzia har-tzen dute. Joan-etorrien premia txikiagotzeko jarduerak bultzatzea, zerbitzu- eta azpiegitura-kontsumoaren eskakizuna gutxitzea eta lurraldean gutxiago esku har-tzea jardun publikoaren nahitaezko ildoak dira, eta horrela eman ziren aditzera Etxebizitzaren aldeko Eus-kadiko Gizarte Itunaren foroaren deliberamenduetan ere. Gainera, etxebizitzan eta lurzoruaren erabileran, aurreikusi egin behar dira zainketa-lanak (zeinak, ba-tez ere, etxeko esparruan eta etxearen inguruko espa-rruan egiten baitira) eta bizi-proiektu pertsonalen gara-pena errazten dituzten aldaketa sozialak. Azken ba-tean, gizarte-antolaketa hobe bat ezarri beharra dago, ardura partekatuan eta ordaindutako eta ordaindu gabeko lana uztartzean oinarritua. Ildo horretatik, eta kontuan izanik gure geogra-fian bizitegi-lurzorua urria dela, hiri barreiatuaren or-dez hiri trinkoaren eredua sustatuko duten mekanis-moak ezartzearen aldeko apustua egiten da, lekuan lekuko bereizgarriak errespetatu eta ingurunearekiko harmonizazioa gordeko duen ereduaren alde, horrela lurzorua modu arrazoizkoagoan okupatuko baita eta, ondorioz, hazkunde jasangarriago, homogeneoago eta harmonizatuagoa erraztuko. Horretarako, lege honek, Etxebizitzaren aldeko Euskadiko Gizarte Itunaren espiritura moldatuz, etxebi-zitzaren eta ondare eraikiaren arloko eskumenak ema-ten dizkie toki- eta lurralde-administrazioei eta erakun-deen arteko lankidetza bultzatzen du. Badira hainbat arazo garrantzitsu gure inguru-nean aspalditik eta sistematikoki errepikatzen direnak: etxebizitza lortzeko zailtasuna, bereziki larria gizarteko sektorerik ahulenetan; eraikitzeko lurzoru egoki eta prestaturik ez egotea, eta lurzoruak kudeaketa- eta prestaketa-prozesuaren ondoren hartzen duen balioa, etxebizitzaren azken prezioan eragin handia duena. Biztanleen bizi-kalitatea hobetzeko konpromiso aktiboa da Etxebizitzaren aldeko Euskadiko Gizarte Itunak ezarritako erronken eta konpromisoen helburu nagusia, betiere biztanleon bizitzako jarduerak gerta-tzen diren ingurunea errespetatuz. Itun horrek ematen duen ikuspegi berriaren erdigunean dago hirietan esku hartzea, hiri-espazioak birkualifikatuz, auzoak biziberri-tuz (alderdi sozialak eta ekonomia-jarduerari lotuak

que se desenvuelve la vida personal y comunitaria. De este modo, la rehabilitación de edificios y la regenera-ción de espacios urbanos y su revitalización económi-ca y social, bajo el prisma del mestizaje de usos urba-nísticos (cohesión social), cobran una importancia de primer orden. Las acciones tendentes a disminuir las necesidades de desplazamiento, reducir la exigencia de consumo de servicios e infraestructuras e intervenir menos en el territorio constituyen líneas de actuación pública imprescindibles, tal y como se manifestaron en las deliberaciones llevadas a cabo en el foro del Pacto Social por la Vivienda en Euskadi. Además, la vivienda y la utilización del suelo deben incorporar los cambios sociales que impulsan el favorecimiento de las tareas de cuidado (trabajo que se desarrolla fundamentalmente en el ámbito domésti-co y su entorno) y el desarrollo de proyectos vitales personales, combinando, en definitiva, una mejor organización social basada en la corresponsabilidad y conciliación del trabajo remunerado y no remunerado. En tal sentido, y considerando que el suelo resi-dencial constituye un bien escaso en nuestra geogra-fía, se aboga por el establecimiento de mecanismos que incentiven el modelo de ciudad compacta frente a la ciudad expansiva, respetando las singularidades propias de cada lugar y de forma armonizada con el entorno, lo que llevará a una ocupación más racional del suelo, propiciando un crecimiento más sostenible, homogéneo y armonizado. Para todo ello, la presente ley, adaptándose al espíritu que preside el Pacto Social por la Vivienda en Euskadi, atribuye a las administraciones locales y terri-toriales competencias en materia de vivienda y del patrimonio edificado y fomenta la colaboración interi-nstitucional. La dificultad del acceso a la vivienda, especial-mente acusada en los sectores más vulnerables de la sociedad, junto con la ausencia de suelo adecuado y preparado para la edificación y el valor que este ad-quiere tras el proceso de gestión y preparación, con su consiguiente efecto en el precio final de la vivienda, son los principales problemas que se vienen secular y sistemáticamente reproduciendo en nuestro entorno. El compromiso activo con la mejora de la cali-dad de vida de los habitantes, desde el respeto al medio en el que se desarrolla su actividad vital, se convierte en el objeto fundamental de los retos y com-promisos asumidos por el Pacto Social por la Vivienda de Euskadi. La intervención en la ciudad existente, mediante la recualificación de los espacios urbanos, la revitalización de los barrios (incluyendo tanto los as-

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barne) eta dauden eraikinen parkea hobetuz (gizarteak eraikin berriei eskatzen dizkien baldintzekin homologa-tzeko), eta horixe da lege-arau honek artikulatzen du-ena. Helburu hori kontuan izanda, etxebizitzaren funtzio sozialaren helmena eta edukia zehazten dira, eta partikularren eskubide eta eginbeharrei lotutako zenbait alderdi, lehen aintzat hartu gabeak, sartu dira; horien artean dago higiezinak hobetzeko edo birgai-tzeko eginbeharra, baita mantentzekoa ere, haien egokitzapen energetiko eta funtzionala lortzeko. Jenderik gabeko etxebizitzei buruzko araudia ere ezartzen da, ustez eta justifikaziorik gabe erabiltzen ez direnek ez dutela betetzen funtzio soziala. Hala ere, onartu behar da ezinbestekoa dela populazioan era naturalean gertatzen diren mugimenduei erantzuna emango dieten higiezin erabilgarriak egotea, higiezi-nen merkatuak portaera behar bezain malgua izan dezan, tentsio handiegirik gabe eskaintzaren eta eska-riaren artean. Etxebizitzaren errolda zorrotz aztertzen bada, argi ikusten da jenderik gabeko etxebizitzen kopurua ez dela oso esanguratsua etxebizitza izateko eskubide subjektiboa betetzeari dagokionez.

III Arau honek 10 kapitulu ditu. I. kapituluan esfor-tzu bat egiten da definitzeko etxebizitzaren kontzeptua bera eta etxebizitzak duin eta egokitzat joa izateko bete behar dituen gutxieneko parametroak, definizio horre-tarako dauden zailtasunak zailtasun. Ondoren, zehaz-ten dira botere publikoek dagokien autonomia zabala-ren barruan errespetatu eta garatu behar dituzten prin-tzipio gidariak eta ildo dogmatikoak; besteak beste, diskriminazioak desagerraraztea, lurralde- eta gizarte-kohesioa lortzea, eta planifikatzea eta programatzea, betiere etxebizitza bat legez okupatzeko eskubideari estu-estu loturik. I. kapituluaren funtsezko elementuetako bat funtzio soziala da, zeinak jabetza bera eta eraikinei lotutako bestelako eskubide pribatuak definitzen eta ezaugarritzen baititu. Gainera, kapitulu horretan, ba-bes publikoko etxebizitzari buruzko politika guztiak interes orokorreko zerbitzu deklaratzen dira berariaz, lotura eginez Europar Batasunaren Itunarekin eta euro-par erakundeek emandako ebazpenekin, hala nola

pectos sociales como los relacionados con la actividad económica) y la mejora del parque edificado (para alcanzar su homologación con las exigencias que la sociedad demanda a las construcciones de nueva planta), se sitúa en el centro de la nueva visión que emana del citado pacto y que esta norma legal articu-la. Con este objetivo, se define el alcance y conteni-do de la función social de la vivienda, incorporándose algunos aspectos relacionados con los derechos y deberes de los particulares anteriormente no conside-rados, como son el deber de mejora o de rehabilita-ción y el de mantenimiento de los inmuebles con el fin de lograr su adecuación energética y funcional. Se incluye, asimismo, la regulación relativa a la vivienda deshabitada, entendiendo su no utilización injustificada como un incumplimiento de la función social. No obstante, hay que admitir que para que el mercado inmobiliario tenga un comportamiento sufi-cientemente elástico, sin tensiones excesivas en rela-ción con la oferta y demanda, es preciso que existan inmuebles disponibles para dar respuesta a esos movi-mientos que de forma natural se producen en la po-blación. Si se analiza el censo de vivienda con el debi-do rigor, se observa que el número de viviendas des-habitadas no resulta realmente significativo en lo que respecta a la satisfacción del derecho subjetivo de acceso a la vivienda.

III Son 10 los capítulos en los que se articula esta norma. El capítulo I se inicia con un esfuerzo de apro-ximación, siempre difícil, al concepto mismo de vivien-da y a los parámetros que, como mínimo, han de considerarse de cara a su calificación como digna y adecuada, y continúa con los principios rectores y directrices dogmáticas que han de respetar y desarro-llar los diferentes poderes públicos en el amplio mar-gen de autonomía que les corresponde y que, entre otros, se deben a la erradicación de discriminaciones, al logro de la cohesión territorial y social y a la planifi-cación y programación, todos ellos en relación ines-cindible con el derecho de acceso a la ocupación legal de una vivienda. La función social, que define y caracteriza tanto la propiedad como otros derechos privados referidos a la edificación, es uno de los elementos esenciales de este capítulo I, en el que además se produce la decla-ración expresa de servicio de interés general de todas las políticas de vivienda de protección pública, enla-zando de ese modo con el Tratado de la Unión Euro-pea y las resoluciones emanadas desde las institucio-

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interes orokorreko zerbitzuen liburu berdeari buruz Europako Parlamentuak 2004ko urtarrilaren 13an emandakoarekin. II. kapituluan, hasiera-hasieran, esplizituki aitor-tzen zaie etxebizitza bat legez okupatzeko eskubide subjektiboa etxebizitzarik izan ez eta lortzeko beha-rrezko baliabiderik ere ez duten guztiei. Eskubide horri lotuta, egoera berezian diren pertsonena jasotzen da, hipoteka-exekuzioen ondoriozko etxegabetze-prozeduretan sartuta egonda gizarte-bazterketako egoeran gerta litezkeen pertsonena. Ikuspegi soziala, inondik ere, guztiz lotua Eusko Legebiltzarrak gizartera-tzeko eta diru-sarrerak bermatzeko onartutako lege-riari. Hor agindu zehatza ematen zaie botere publikoei eta, gainera, eskatu behar diren baldintzak zeintzuk diren eta eskubidea nola bete daitekeen ere zehazten da, alegia etxebizitza edo bizitoki bat eskura jarriz, ahal dela alokairuan, edo, bestela, prestazio ekono-miko bat emanez etxebizitzaren ordez, edo erabilera-ren aldi baterako desjabetzera iritsiz denbora-bitarte jakin baterako. Ildo horretatik, legeak bat egiten du nazioarteko joerarik aurreratuenekin, eta etxegabearen kontzeptu ireki bat ezartzen du, horren barruan sartzen baititu bai aterperik edo babeslekurik ez dutenak, bai etxebizitza-rik ez dutenak edo etxebizitza ez-segurua edo desego-kia dutenak, edo hipotekaren ondoriozko etxegabetze-prozesu batean sortutako etxebizitza-premiagatik gi-zarte-bazterketako egoeran gerta daitezkeenak. Hori guztia, erabilgarri dauden etxebizitza-baliabideak, ahal dela, alokairuko etxebizitzak sustatzera bideratuko direla aurreikusita, eta erosteko aukerarekin aloka-tzeko bidea irekita, orobat, erosteko diren etxebizitzen-tzat. III. kapituluan, eskumen-banaketaren ereduaren funtsa ezartzen da, etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidea betetzeko behar den erakunde arteko lanki-detza gisa defini daitekeena. Lurralde-administrazio guztien arteko itunek eta udalez gaindiko entitate pu-blikoen esku-hartzean subsidiariotasun-printzipioa berariaz aldarrikatzeak bidea libre uzten dute planifika-zio- eta programazio-tresna ezinbestekoak ezartzeko, etxebizitzaren arloan toki-erakundeen plan zuzentzai-leak sortuz, betiere erabat aukerakoak izango direlarik erakunde horientzat. Era berean, lege-mailako xeda-pen honetara ekarri dira jada badauden Babes Publi-koko Etxebizitzen eta Zuzkidura Bizitokien Erregistroa eta Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Es-katzaileen Erregistroa, zeinak, aukerakoak halaber, toki-erakundeetan ere sortu ahal izango baitira.

nes europeas, como la de 13 de enero de 2004 del Parlamento Europeo relativa al libro verde sobre los servicios de interés general. El capítulo II se abre precisamente con el explíci-to reconocimiento del derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda por todos los que no se hallen en posesión de una y no dispongan de medios necesarios para conseguirla. Vinculado a este derecho se recoge el de las personas en especiales circunstancias que, encontrándose en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria, pudieran llegar a caer en situación de exclusión social. Vertiente indudablemente social, íntimamente relacionada con la legislación aprobada por el Parlamento Vasco para la garantía de ingresos y para la inclusión social, y que viene acompañada del mandato preciso dirigido a los poderes públicos, incluyendo los requisitos exigi-bles y el modo de satisfacción de este derecho con la puesta a disposición de una vivienda o alojamiento, preferentemente en régimen de alquiler, o subsidiaria prestación económica en defecto de aquella, o llegan-do a la expropiación temporal del uso por un período determinado de tiempo. A este respecto, la ley entronca también con las corrientes internacionales más adelantadas, adoptan-do un concepto abierto de persona sin hogar y com-prendiendo dentro de él tanto a quien carece de techo o cobijo como a quien carece de vivienda o dispone de una vivienda insegura o inadecuada o pueda incu-rrir en una situación de exclusión social por necesidad de vivienda sobrevenida en un proceso de desahucio hipotecario. Todo ello con la previsión de que los recursos disponibles en materia de vivienda se orienten preferentemente a la promoción de viviendas en alqui-ler, y permitiendo que las viviendas para compra pue-dan utilizar la vía de alquiler con opción de compra. En el capítulo III se contempla la base del mode-lo de distribución competencial, que más bien se po-dría definir como de colaboración interinstitucional ordenada al cumplimiento del derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada. La concertación entre todas las administraciones territoriales y el expreso llamamiento al principio de subsidiariedad en la inter-vención de las entidades públicas supramunicipales abren paso, en este apartado, a los ineludibles instru-mentos de planificación y programación, con la crea-ción de los planes directores de las entidades locales en materia de vivienda, de carácter total y absoluta-mente potestativo para ellas. Del mismo modo, son atraídos a este rango legal los existentes Registro de Viviendas de Protección Pública y Alojamientos Dota-cionales y Registro de Solicitantes de Vivienda Protegi-da y Alojamientos Dotacionales, apuntando, igual-

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IV. kapituluan, Euskal Autonomia Erkidegoaren Lurzoru Ondare Publikoa sortzen da, eta, horrela, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean ezarritako aukera gauzatzen da, etxebizitza-eskubidea betetzeko nahitaezkoa den legezko tresna hori sustatuz. Ildo horretatik, proposatzen da Lurzoru Ondare Publikoko higiezinak, oro har, titulartasun publikokoak izan daitezela gerora ere, eta, ahal dela, ondoriozko etxebizitzak alokairukoak izan daitezela, dagokien funtzio soziala betetzeko. V. kapituluan, babes publikoko etxebizitzak sustatzeko modu berria arautzen da. Lehen, esku-hartzea etxebizitzan bertan, elementu fisikoan, zentratu izan da; lege honetan, ordea, pertsona eta haren eko-nomia-egoera jartzen dira erdi-erdian. Hori, jakina, aldaketa nabarmena da, eta baditu bere arriskuak. Aldaketa horren oinarri izan dira Etxebizitzaren aldeko Euskadiko Gizarte Itunaren foroan eta 2010-2013 aldirako Etxebizitzaren eta Hiri Berrikuntzaren Plan Zuzentzailea egiteko sortutako herritarren parte-hartze prozesuan bildu ziren hausnarketak. Horrekin sistema justuago eta solidarioago bat ezarri nahi da, hainbat faktoreri lotua, hala nola finantza-ahalmenari, familia- edo bizikidetza-unitate esleipenduneko kideen kopu-ruari eta eskatzaileen erregistroan izena emanda iga-rotako denborari; horrela, gainera, etxebizitzaren pre-zioa eraikuntza egitearen benetako kostuari egokitzen zaio, sustapenaren bideragarritasuna eta eraikuntza-kalitatea bermatuz. VI. kapituluan, etxebizitza eta lokal babestuen eta zuzkidura-bizitokien berezko araubide juridikoa garatzen da, baina lege-maila behar duten alderdiak baino ez dira sartu, geroagoko erregelamendu bi-dezko garapenaren jokoa errespetatuz. Bizitegiari lotu-tako esku-hartze babestuen lege-panorama argitzeko, honako esku-hartze hauek definitzen dira: babes sozia-leko etxebizitzak (araubide bereziko babesaren eta araubide orokorrekoaren arteko diferentzia desager-tzen da), etxebizitza tasatuak (udalenak edo Autonomia Erkidegoarenak) eta zuzkidura-bizitokiak. Merkatari-tzako lokalak ere kalifikatu ahal izango dira, gizarte-kohesioa eta ekonomia-jarduera hasi berrien ezarpena bultzatzeko eta sustatzeko modu gisa, bereziki berrone-ratzen ari diren hiri-eremuetan.

mente con carácter facultativo, la posibilidad de su creación en el seno de las entidades locales. En el capítulo IV se procede a la creación del Patrimonio Público de Suelo de la Comunidad Autó-noma del País Vasco, verificándose así la posibilidad establecida ya en la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanis-mo del País Vasco, con el impulso de un instrumento legal imprescindible para lograr la satisfacción del derecho a la vivienda. En relación con él, se propone que los inmuebles que formen parte del Patrimonio Público de Suelo se mantengan, con carácter general, bajo titularidad pública y las viviendas resultantes se destinen preferentemente al alquiler, en orden al cum-plimiento de la función social que les corresponde. El capítulo V se centra en la regulación del nue-vo modo en que se concibe la acción de fomento de la vivienda de protección pública. A diferencia de todo cuanto se ha realizado anteriormente, en que la inter-vención se ha concentrado en el objeto o elemento físico de la vivienda en sí, en esta ley se postula sobre la persona y su situación económica como centro de gravedad. Esta previsión constituye, evidentemente, un giro notable no exento de riesgos, basado en las refle-xiones recogidas en el foro del Pacto Social por la Vivienda en Euskadi y en el proceso de participación ciudadana creado para la elaboración del Plan Direc-tor de la Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013. Con ello se busca un sistema más justo y solidario, que se vincula tanto a la capacidad financiera como al número de integrantes de la unidad familiar o con-vivencial adjudicataria y a la antigüedad de la inscrip-ción en el registro de solicitantes, permitiendo, por otro lado, adecuar el precio de la vivienda al costo real de la ejecución de la construcción en garantía de la viabilidad y la calidad constructiva de su promo-ción. El capítulo VI es el encargado de desarrollar el régimen jurídico propio de las viviendas y locales pro-tegidos y de los alojamientos dotacionales, procurán-dose la incorporación exclusiva de aquellos aspectos necesitados de rango legal y respetando el juego del posterior desarrollo reglamentario. Para clarificar el panorama legal de los tipos de intervenciones protegi-das residenciales, se definen como tales las denomina-das viviendas de protección social (desapareciendo la diferencia entre protección de régimen especial y de régimen general), las viviendas tasadas (municipales o autonómicas) y los alojamientos dotacionales. Los locales comerciales podrán ser objeto de calificación como modo de incentivar y estimular la cohesión so-cial y la implantación de actividades económicas inci-pientes, especialmente en ámbitos de regeneración urbana.

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Hain zuzen ere, eraikinen birgaitzeaz eta hiri-eremuen berroneratzeaz ari da VII. kapitulua. Horre-tarako, ekintza publikoa bideratuko da –itundua, ja-kina–, pilatutako esperientzia aberatsa ahalik eta gehi-ena aprobetxatuz beharrezko bitarteko juridikoak izango dituena, hala nola jabetza horizontalaren ba-rruan kargak eta onurak ekitatez banatzeko prozesua, birgaitzeko eta hiri-berroneratzeko prozesuetan okupa-zioa edo nahitaezko salmenta ahalbidetzea, irisgarrita-suna edo bizigarritasuna hobetzeko lurzoru publikoen okupazioa baimentzea, eraikinen inguratzailea hobe-tzen esku hartzeko aukera bermatuko duten neurriak hartzea, dauden etxebizitzak zatitu ahal izatea, eta abar, horrelakoak sarritan eskatu baitira ondare erai-kia birkualifikatzeko prozesuetan. Politika publiko ho-riek lehentasunezkoak dira etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidea bermatzeko, eta ingurumenaren eta gizartearen ikuspegitik jasangarriagoak dira lurzoru berrien hedapen eta kontsumo atzeraezina baino. Kontuan hartu behar da dagoeneko eraikita dagoen parkearen % 70ek baino gehiagok 30 urtetik gorako antzinatasuna duela eta eraikinak lehenengo araudi termikoa baino lehenagokoak direla eta, beraz, oso urruti daudela gaur egun energia-eraginkortasunerako nahi diren eskakizunak betetzetik. Aintzat hartu behar da, halaber, energia-kontsumoaren eta berotegi-efektuko gasen zati handi bat bizitegi-sektorean sortzen dela. Europako azken direktibak, hain zuzen ere, energiaren kontsumoa eta karbono dioxidoaren isurketak murriztearen alde ager-tzen dira, eta energia berriztagarrien erabilera bultza-tzen dute, erregai fosiletatik datozen energiekiko men-dekotasuna gutxitzeko; dena ere, erabilgarri dauden baliabideak errespetatzeari eta datozen belaunaldien garapena arriskuan ez jartzeari begira. Beraz, nahita-ezkoa da lege-mekanismo egokiak ezartzea bai eska-kizun horiek betetzeko, bai eraikinen funtzio sozialak haien gainean dakartzan eskubide eta betebeharrak betetzeko. Ondoren, VIII. kapituluan, baiezko erantzuna ematen zaio hiri-errentamenduei buruzko legeriatik datorren gonbitari, hiri-finkak errentan hartzen dituzten pertsonek edo entitateek jarri behar dituzten fidantzak ezarri eta arautzeko. Ildo horretatik, aintzat hartu be-har da zenbaterainoko garrantzia duten interesik ga-beko gordailu horiek, etxebizitza-politika publikoak sustatzeko erabiltzen direnez gero, horri erreparatuta ulertzen baita fidantzok lege-xedapen honetan sartzea

Precisamente, a la rehabilitación de edificios y regeneración de áreas urbanas se dirige el capítulo VII en una acción pública, obviamente concertada, que trata de aprovechar al máximo la rica experiencia acumulada, dotando de los medios jurídicos necesa-rios, como el caso del proceso de equitativa distribu-ción de cargas y beneficios en el seno de la propiedad horizontal, la ocupación o venta forzosa en procesos de rehabilitación o regeneración urbana, la autoriza-ción de ocupación de suelos públicos para mejorar la accesibilidad o habitabilidad, las medidas necesarias para garantizar la posibilidad de intervenir en la mejo-ra de la envolvente de las edificaciones, la división de viviendas existentes y otros reiteradamente demanda-dos en los mencionados procesos de recualificación del patrimonio edificado. Estas políticas públicas se consideran prioritarias en su relación con el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada, resultan-do ambiental y socialmente más sostenibles que la expansión y consumo irreversible de nuevas superficies de suelo. Debe tenerse en cuenta que más del 70 % del total del parque edificado existente cuenta con una antigüedad superior a los 30 años, con edificios ante-riores a la primera normativa térmica publicada, es-tando, por lo tanto, lejos de cumplir con los requisitos de eficiencia energética deseables hoy en día. A mayor abundamiento, ha de considerarse igualmente que una parte significativa del consumo energético y la emisión de gases de efecto invernadero se produce en el sector residencial. Las últimas directi-vas europeas preconizan, precisamente, la reducción del consumo energético y de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, así como el incremento de la utilización de las energías renovables para tener una menor dependencia de las energías procedentes de combustibles fósiles, todo ello bajo la perspectiva de respetar los recursos disponibles sin comprometer el desarrollo de las generaciones futuras. Se hace, pues, imprescindible establecer los mecanismos lega-les precisos para cumplir tanto con los citados requeri-mientos como con los derechos y obligaciones sobre las edificaciones que delimita su función social. A continuación, en el capítulo VIII se da respues-ta favorable a la invitación que dimana de la legisla-ción de arrendamientos urbanos, en orden al estable-cimiento y regulación de las fianzas que han de depo-sitar las personas o entidades arrendatarias de fincas urbanas. A este respecto, ha de considerarse la impor-tancia que estos depósitos sin interés tienen en cuanto a su empleo en el estímulo de las políticas públicas de vivienda, lo que explica la total procedencia de su

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bidezkoa dela guztiz. IX. kapituluan, zehazten da etxebizitza zein kasu-tan den desegokia bere funtzio soziala betetzeko, dela okupatu gabe edo gainokupatuta dagoelako, dela bestelako gabeziengatik. Egoera horiek gainditzeko, administrazio publikoek, beren eskumen eta erantzuki-zunen barruan, pertsona eta entitate pribatuekin ere jardun beharko dute sustapen- eta lankidetza-neurriak hartu eta inplementatzeko orduan, betiere eragindako herritarren eskubide besterenezinak errespetatuz, are gehiago nahitaez bete beharreko manuen bitartez dihardutenean. Kapitulu honetan, etxebizitza-eskubideari lotutako ohiko esku-hartze modu guztiak sartu dira: desjabetzea, erabileraren aldi baterako desjabetzea barne; deklaratzea ezen interes sozialekoa eta presakoa dela erantzuna ematea hipoteka-exekuzioen ondoriozko etxegabetze-prozeduretan sar-tuta eta gizarte-larrialdiko egoera berezietan dauden pertsonen etxebizitza-premiari; eroslehentasun-eskubidea eta atzera eskuratzeko eskubidea; nahita-ezko ordezpena, eta etxegabetze administratiboa, her-tsapen-isunez gainera. Azken kapituluan, X.ean, ikuskapen-, diziplina- eta zehapen-araubideak ezartzen dira, lege-maila behar baitute ezinbestean. Ildo horretatik, beharrezko eginbideak eta horiek bideratzeko har daitezkeen be-hin-behineko neurriak zehazten dira; arau-hauste oso larriak, larriak eta arinak tipifikatzen dira, eta, orobat, zehazten dira erantzuleak, preskripzio- eta iraungitze-kasuak, administrazio eskudunak eta, besteak beste, zehapenen zenbatekoak, jakina, zeinak urtero egune-ratu ahal izango baitira. Lege-testuaren amaieran bestelako xedapen saihetsezinak daude: xedapen gehigarriak, higiezin-zerbitzuen eskaintzako bitartekaritzaren arautze zehatza egiteko eta, bizitegi-premiak asetzeko asmoz, koopera-tiba bidezko autosustapenaren araubidea jasotzeko ere; xedapen iragankorrak, horien helburua delarik, batetik, beharrezko malgutasunez bateragarri egitea aurreko lege-araubideak eta lege honetan ezartzen den esparru berria, eta, bestetik, legea indarrean sar-tzen denetik harik eta dagokion erregelamendua onartu arteko epean etxebizitza izateko eskubidea be-tetzeko baldintzak ezartzea eta orobat etxebizitzaren erabileraren aldi baterako desjabetzearen onuradunek bete beharreko baldintzak ere ezartzea hipoteka-exekuzioen ondoriozko etxegabetze-prozeduretan sar-tuta eta gizarte-larrialdiko egoera berezietan dauden pertsonen etxebizitza-premiaren kasuetan; xedapen indargabetzaileak, eta, bukaeran, azken xedapenak,

incorporación en esta disposición legal. El capítulo IX se dirige a la previsión de los su-puestos en los que la desocupación, la sobreocupa-ción o las insuficiencias concurrentes en una vivienda la hacen inadecuada para la función social a la que viene ordenada. Las administraciones públicas, en el marco de sus competencias y responsabilidades, ha-brán de perseverar en la previsión e implementación de las medidas de estímulo y colaboración también con las personas y entidades privadas para remontar y superar las mencionadas situaciones, respetando siempre los inalienables derechos de la ciudadanía que resulte afectada, máxime cuando se actúe a través de mandatos de cumplimiento obligado. Se incorpo-ran en este capítulo todos los ya tradicionales medios de intervención vinculados al derecho a la vivienda, como son la expropiación, incluyendo la expropiación temporal del uso; la declaración de interés social y urgencia de la cobertura de la necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergen-cia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria; los derechos de tanteo y retracto; la sustitución forzosa, y el desahucio adminis-trativo, además de las multas coercitivas. El último de los capítulos, el X, se dedica a esta-blecer los regímenes de la inspección, disciplina y régimen sancionador, ineludiblemente necesitados de rango legal, incorporando las diligencias precisas, así como las medidas provisionales que puedan adoptar-se en su sustanciación, y la tipificación de las infrac-ciones muy graves, graves y leves con la concreción de las personas responsables, los supuestos de prescrip-ción y caducidad, las administraciones competentes y, por supuesto y entre otras, las cuantías de las sancio-nes, que podrán ser actualizadas anualmente. El texto legal se cierra con las también irreem-plazables disposiciones adicionales, debidas a la regu-lación precisa de la intermediación en la prestación de los servicios inmobiliarios y a la incorporación del régimen de autopromoción, por cooperativas, para la satisfacción de las necesidades residenciales; las dis-posiciones transitorias, llamadas a compatibilizar con la debida flexibilidad los regímenes legales preceden-tes y el nuevo marco que se crea en la presente ley, así como a establecer las condiciones que han de contemplarse en la satisfacción del derecho a disponer de una vivienda y los requisitos que deben reunir los beneficiarios de la expropiación temporal del uso de la vivienda en los supuestos de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergen-cia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria en el período transitorio desde la entrada en vigor de la ley hasta la aproba-

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Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean beharrezko egokitzapenak egiteko, baita legea indarrean sartuko den eguna zehazteko.

I. KAPITULUA XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Xedea 1. Konstituzioaren 47. artikuluko agindua gara-

tzeko eta betetzeko, eta Autonomia Estatutuaren 10.31 artikuluan aitortutako eskumen oso eta esklusiboak gauzatuz, lege honen xedea da etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidea arautzea Euskal Autonomia Erkidegoan.

2. Botere publikoek aipatutako eskubidea gauza

tzeko egoki diren neurriak sustatuko dituzte, honako irizpide hauen arabera:

a) Etxebizitza egoitza, bizileku edo etxe

egonkorra izatea, eta haren hartzaile edo erabiltzaileek modua edukitzea bertan duintasunez bizitzeko, beren intimitatea babesteko eta familia- eta gizarte-harremanez gozatzeko, hura okupatu eta erabiltzeko legezko eskubidea dutelarik.

b) Tamainari dagokionez, bertan biziko den

pertsona, familia edo bizikidetza-unitatearen ezaugarrietarako egokia izatea, horien bizitzako aldiak eta bizitegi-premiak kontuan hartuta eta gizonen eta emakumeen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna errespetatuta.

c) Eraikinen antolamenduari buruzko lege-

rian eta aplikatu beharreko araudi tekni-koan aurreikusitako baldintza objekti-boak betetzea, funtzionaltasunari, biziga-rritasunari, segurtasunari eta osasunga-rritasunari dagokienez.

2. artikulua. Euskadiko etxebizitza-politikaren printzipio gidariak Lege hau betetzeko sustatuko diren politika publikoek honako printzipio hauei jarraituko diete:

ción del reglamento que lo determine; las disposicio-nes derogatorias, y, por último, las disposiciones fina-les, con la introducción de los ajustes necesarios en la precedente Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, y con la determinación de la fecha de entrada en vigor de esta ley.

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto 1. En desarrollo y cumplimiento del mandato pre-

visto en el artículo 47 de la Constitución, así como en ejercicio de las competencias plenas y exclusivas reconocidas en el artículo 10.31 del Estatuto de Autonomía, la presente ley tiene por objeto la regulación del derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. Los poderes públicos promoverán las medidas

oportunas para hacer efectivo el mencionado derecho, bajo los siguientes criterios:

a) Que la vivienda pueda constituir domici-

lio, morada u hogar estable en el que sus destinatarios o usuarios puedan vivir con dignidad, salvaguardar su intimidad y disfrutar de las relaciones familiares o sociales teniendo derecho legal a su ocupación y utilización.

b) Que resulte adecuada, en razón a su

tamaño, para las características de la persona, familia o unidad de convivencia a que vaya destinada, respetando la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y atendiendo, además, a las distintas etapas de su vida y a sus necesidades de residencia.

c) Que reúna las condiciones objetivas

previstas al efecto en la legislación de ordenación de la edificación y normativa técnica aplicable, en lo que se refiere tanto a su funcionalidad como a su habi-tabilidad y a su seguridad y salubridad.

Artículo 2. Principios rectores de la política de vivienda en Euskadi Las políticas públicas que se promuevan en cum-plimiento de la presente ley atenderán a los siguientes principios:

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a) Etxebizitza duin, egoki eta irisgarria izateko es-kubidea bermatzeko, lankidetzan eta koordina-tuta aritzea botere publiko guztiak, Estatuko Administrazio orokorraren mendeko organoak eta euskal sektore publikoa barne, zeina osa-tzen baitute Autonomia Erkidegoko Administra-zio orokorrak, foru-aldundiek, toki-erakundeek eta haien mendeko titulartasun publikoko era-kunde guztiek.

b) Erabakiak hartzeko eremuetan gizonen eta

emakumeen ordezkaritza orekatua izatea, ber-dintasunari buruzko legeriarekin bat etorriz.

c) (lehen b) Etxebizitza duin eta egoki bat legez oku-

patzeko eskubidearen eraginkortasunaren ingu-ruko ekimenetan jarduketa publikoak eta priba-tuak koherenteak izatea.

d) (lehen c) Etxebizitzei eta zuzkidura-bizitokiei bu-

ruzko politika publikoak planifikatu eta progra-matzea, kontuan hartuta alokairuko etxebizitza dela Konstituzioan ezarritako etxebizitza-eskubideari erantzuteko funtsezko tresna.

e) (lehen d) Etxebizitza edo bizitoki babestu bat iza-

teko eskubidea erabiltzerakoan edozein diskri-minazio desagerraraztea, kolektibo ahulen al-deko ekintza positiboko neurriak ezarrita eta jokabide diskriminatzaileak zigortuta.

f) (lehen e) Bizi-ziklo bakoitzean bizilagunen egoe-

rara ondoen egokitzen den etxebizitza lortu edo bertan egoteko modu legala hautatzeko askata-suna sustatzea.

g) (lehen f) Lurralde-kohesioa egotea sustapen- eta

birgaikuntza-neurrien aurreikuspen eta aplikazi-oaren banaketa orekatuan, eta, aldi berean, etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien eskaintza zabal eta behar bestekoa lortzea.

h) (lehen g) Kontuan hartzea ezen etxebizitza babes-

tua jabetzan esleitzeko beharrezkoa dela autofi-nantzatzea, baliabide publikorik kontsumitu gabe, halako baliabideak alokatze-programetara bideratu ahal izateko. Jabetzako etxebizitzaren hartzailea, hartarako lege-baldintzak betez gero, etxebizitza araubide ho-rretan edukitzearen aldeko hautua egiten duen

a) Colaboración y coordinación de todos los poderes públicos, incluyendo los órganos de-pendientes de la Administración general del Estado y el sector público vasco, compuesto por la Administración general de la Comuni-dad Autónoma, las diputaciones forales, las entidades locales y todos los entes de titulari-dad pública dependientes de ellas, en la ga-rantía del derecho al disfrute de una vivienda digna, adecuada y accesible.

b) Representación equilibrada de hombres y muje-

res en los distintos ámbitos de toma de deci-sión, de conformidad con la legislación en ma-teria de igualdad.

c) (antes b) Coherencia de las actuaciones públicas y

privadas en las iniciativas relacionadas con la efectividad del derecho a acceder a la ocupa-ción legal de una vivienda digna y adecuada.

d) (antes c) Planificación y programación de las polí-

ticas públicas de vivienda y alojamientos dota-cionales, desde la consideración de que la vi-vienda en alquiler es el instrumento fundamen-tal para dar respuesta al mandato constitucio-nal representado en el derecho a la vivienda.

e) (antes d) Erradicación de cualquier discriminación

en el ejercicio del derecho al disfrute de una vivienda o alojamiento protegidos, con el esta-blecimiento de medidas de acción positiva a favor de los colectivos vulnerables y con la pe-nalización de las conductas discriminatorias.

f) (antes e) Promoción de la libertad de elección del

modo legal de acceso y permanencia en la vivienda que mejor se adapte, en cada ciclo vital, a las circunstancias de las personas mora-doras.

g) (antes f) Cohesión territorial en la distribución

equilibrada de la previsión y aplicación de las medidas de fomento, promoción y rehabilita-ción, procurando a su vez una oferta variada y suficiente de viviendas y alojamientos dotacio-nales.

h) (antes g) Consideración de que la adjudicación en

propiedad de la vivienda protegida ha de auto-financiarse, sin consumir recursos públicos, para que estos puedan canalizarse hacia pro-gramas de alquiler. La vivienda en propiedad tendrá como destinatario a un sector de pobla-ción que, cumpliendo con las condiciones lega-les para ello, opte por la tenencia en el citado

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biztanleria-sektorea izango da. i) (lehen h) Udaleko eta udalez gaindiko plangintza

eta etxebizitza-politika koordinatzea, horrela, babes publikoko etxebizitzaren jarduera-eremuetan, urbanizatzeko jarduketa egokiak eta etxebizitza-tipologia horrekin bat datozenak aurreikus daitezen.

j) (lehen i) Dibertsitatea eta gizarte-kohesioa egotea

hiri, herri eta landaguneetako auzo eta bizitegi-sektoreetan, integrazio egoki bat bermatuz hiri- edo landa-ingurunean, baita segregazioa, baz-terketa, diskriminazioa edo jazarpena prebeni-tuz, eragotziz edo zigortuz ere, jokabide horiek arrazoi sozioekonomikoengatik, demografiko-engatik nahiz belaunaldi, genero, kultura, erlijio edo beste zernahigatik sortuak izan.

k) (lehen j) Herritarrek etxebizitzei eta zuzkidura-

bizitokiei buruzko politika publikoak formula-tzeko prozesuan benetan parte hartzea eta lan-kidetzan jardutea, bai eta bizitegiak sustatu, eraiki, kontserbatu, birgaitu, berroneratu eta berritzen edo horien administrazio edo kudea-ketako zereginetan aritzen diren izaera sozia-leko eta irabazi-asmorik gabeko entitateek ere.

l) (lehen k) Dagoen etxebizitzen eta bizitoki publiko

nahiz pribatuen parkea kontserbatu, birgaitu, eraberritu eta berritu dadin bultzatzea eta susta-tzea, bai eta auzoen, hiriguneko multzoen, lan-daguneen eta eremu degradatuen suspertze sozioekonomikoa eta berroneratzea ere.

m) (lehen l) Etxebizitza babestu eta zuzkidura-bizitoki

berrien eraikuntzako esku-hartze guztiak nahiz etxebizitza horien birgaitze- edo eraberritze-jarduketak bizigarritasun-, funtzionaltasun- eta segurtasun-baldintzak hobetzera bideratzea, arreta berezia jarrita irisgarritasunean, baliabide naturalen erabilera eraginkorrean eta gizarte-, finantza- eta ingurumen-jasangarritasunean, diseinu unibertsalaren printzipioei jarraiki.

n) (lehen m) Jarduera produktiboak eta pertsonen

bizitza indibiduala eta familiakoa erantzunkide-tasunez bateratzen lagunduko duen hiri-planifikazio bat bultzatzea, erantzunkidetasu-nezko gizarte-antolaketa bat erraztuz.

o) (lehen n) Bizitegien hazkunde homogeneoa, jasan-

régimen. i) (antes h) Coordinación del planeamiento munici-

pal y supramunicipal con la política de vivien-da, de manera que en ámbitos de actuación de vivienda de protección pública se prevean ac-tuaciones urbanizadoras adecuadas y coheren-tes con la citada tipología de vivienda.

j) (antes i) Diversidad y cohesión social en los ba-

rrios y sectores residenciales de las ciudades, pueblos y núcleos rurales, incluyendo la garan-tía de una adecuada integración en el entorno urbano o rural, así como previniendo, evitando o penalizando fenómenos de segregación, ex-clusión, discriminación o acoso por razones socioeconómicas, demográficas, generaciona-les, de género, culturales, religiosas o de cual-quier otro tipo.

k) (antes j) Participación y colaboración efectiva de

la ciudadanía en la formulación de las políticas públicas en materia de vivienda y alojamientos dotacionales, así como la de las entidades de carácter social y sin ánimo de lucro que se in-corporen a la promoción, construcción, conser-vación, rehabilitación, regeneración y renova-ción del parque habitacional o a tareas de ad-ministración y gestión de este.

l) (antes k) Impulso y fomento de la conservación,

rehabilitación, reforma y renovación del parque existente de viviendas y alojamientos tanto pú-blicos como privados, así como de la recupera-ción socioeconómica y regeneración de barrios, conjuntos urbanos, núcleos rurales y áreas de-gradadas.

m) (antes l) Orientación de todas las intervenciones,

tanto en la construcción de nuevas viviendas protegidas y alojamientos dotacionales como en actuaciones de rehabilitación o reforma, hacia la mejora de sus condiciones de habitabi-lidad, funcionalidad y seguridad, con especial consideración hacia su accesibilidad, uso efi-ciente de los recursos naturales y sostenibilidad social, financiera y medioambiental, teniendo en cuenta los principios del diseño universal.

n) (antes m) Promoción de una planificación urbana

que favorezca la conciliación corresponsable de las actividades productivas con la vida indivi-dual y familiar de las personas, facilitando una organización social corresponsable.

o) (antes n) Fomento de tejidos o estructuras urbanas

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garria eta inguruneari egokitua sustatuko duten hiri-sare edo -egiturak sustatzea, lurzoru berrien okupazioa gutxituz.

p) (lehen o) Etxebizitza eta zuzkidura-bizitokien ingu-

ruko ekintza guztietan ingurumenaren, paisaia-ren eta kulturaren balioa aintzat har dadin sus-tatzea, ekintza horiek jasangarritasunaren, ba-liabide naturalen ekonomiaren eta energia au-rreztearen irizpideak izan beharko dituztelarik gidari, sektoreko legeriari jarraiki.

q) (lehen p) Eraikinak, etxebizitzak eta haien ingurune

urbanizatua gizarte-erantzukizunez erabil daite-zen bultzatzea, duten funtzio soziala errespetatu eta betetzeko.

r) Etxebizitzaren arloan planifikazio bat ezarri,

garatu eta exekutatzea herritarren premia errea-len eta haien egoera pertsonal, sozial, ekono-miko eta laboralen arabera.

3. artikulua. Kontzeptuen definizioa Lege honetan aurreikusitakoaren ondorioeta-rako, honako definizio hauek hartuko dira kontuan: a) Zuzkidura-bizitokia: eraikuntza baten zati bateko

bizitegi-zuzkidura bat da, pertsonen edo biziki-detza-unitateen bizileku-premiak aldi baterako asetzeko, errenta edo kanon baten truke. Titu-lartasun publikoko ekipamenduetara zuzendu-tako eta zerbitzu publikoari atxikitako lurzoruan edo eraikin edo lokaletan kokatuta egongo da. Zuzkidura-izaera duenez, ez zaizkio aplikatuko hirigintza-arauditik datozen estandarrak eta legezko erreserbak, eta etxebizitza-erabilerarekin pareka daiteke araudi teknikoa aplikatzearen ondorioetarako.

b) Hiri-berroneratzeko eremua (HBE): hiriko edo

landako eraikin-multzo bat da, dagokion uda-lak eskatu eta Eusko Jaurlaritzak onartutako mugaketa duena eta Administrazio publikoaren ekintza berezi bat jaso beharko duena, kontuan hartuta haren ondare urbanizatu edo eraikia eguneratu edo egokitzeko premia eta helburu diren herritarren egoera sozioekonomikoa.

que favorezcan un crecimiento residencial ho-mogéneo, sostenible y armonizado con el en-torno, aminorando la ocupación de nuevos suelos.

p) (antes o) Estímulo de la puesta en valor del medio

ambiente, el paisaje y la cultura en todas las acciones referentes a la vivienda y los aloja-mientos dotacionales, que habrán de guiarse por criterios de sostenibilidad, economía de recursos naturales y ahorro energético de acuerdo con la legislación sectorial en la mate-ria.

q) (antes p) Promoción del uso socialmente respon-

sable de la edificación, de la vivienda y de su entorno urbanizado en orden al respeto y cum-plimiento de su función social.

r) El establecimiento, desarrollo y ejecución de

una planificación en materia de vivienda de acuerdo con las necesidades reales de los ciu-dadanos y de sus circunstancias personales, sociales, económicas y laborales.

Artículo 3. Definición de conceptos A los efectos previstos en la presente ley, se ten-drán en cuenta las siguientes definiciones: a) Alojamiento dotacional: es una dotación resi-

dencial en parte de una construcción, que se destina a resolver de forma transitoria y me-diante pago de renta o canon la necesidad de habitación de personas o unidades de convi-vencia. Estará ubicada sobre suelo o en edifica-ciones o locales destinados a equipamientos de titularidad pública y afectos al servicio público. Por su carácter dotacional, no le serán de apli-cación los estándares y reservas legales deriva-dos de la regulación urbanística, siendo asimi-lable al uso de vivienda a efectos de la aplica-ción de la normativa técnica.

b) Área de regeneración urbana (ARU): es el con-

junto edificatorio urbano o rural cuya delimita-ción es aprobada por el Gobierno Vasco a instancia del ayuntamiento correspondiente y que debe ser sometido a una acción especial por parte de la Administración pública en aten-ción a las condiciones de necesidad de actuali-zación o adecuación de su patrimonio urbani-zado o edificado, así como a las condiciones socioeconómicas de la población a la que va dirigida.

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c) Babes publikoko kalifikazioa: unitate eraiki bati, edo haren zati bati, dagokion babes publikoko araubidearen onurak eta mugak esleitzen diz-kion deklarazio administratiboa da.

d) Gizarte-kohesioa: habitat edo ingurune eraiki

berean hirigintza-erabilera eta gizarte-kolektibo diferenteak nahastearen edo batera egotearen emaitza da; beste erabilera batzuen artean, mota diferenteetako etxebizitza babestuez gain, beste zenbait etxebizitza-kategoria, ekipa-mendu, jarduera-mota eta eraikuntza hartzen ditu barnean.

e) Lurralde-kohesioa: lurralde osoan gizarte-

kohesioa modu orekatuan banatzea, horrela egoitza hautatzeko askatasuna, mugikortasun geografikoa eta bizitza pertsonalaren oinarrizko baldintzak ahalbidetuz.

f) Diseinu unibertsala: ingurunea, eraikinak edo

zerbitzuak diseinatzea ahalik eta pertsona gehi-enek erabili ahal izan ditzaten, baita edozein desgaitasun duten pertsonek ere, ahalik eta modurik autonomoenean, erabi lera-berdintasunean. Diseinuak erabilerraza eta guztientzat egokia izan behar du bakoitzaren gaitasunak eta trebetasunak gorabehera, hain-bat printzipio aplikatuta, hala nola malguta-suna, diseinu intuitiboa, ulerterraztasuna, akats-tolerantzia, ahalegin fisiko txikiarekin erabili ahal izatea eta tamaina egokikoa izatea.

g) Eraikina: hirigintzako erabilera baterako edo

gehiagotarako proiektatu, eraiki, eraberritu edo birgaitutako higiezina.

h) Lurralde-izaerako toki-erakundeak: halakotzat

hartuko dira bai udalerriak, bai toki-erakunde txikiak eta kontzejuak.

i) Infraetxea: bizitegi-erabilerara zuzentzen den

baina gutxieneko bizigarritasun-baldintzetara ez heltzearen ondorioz erabilera horretarako le-gezko baldintzak betetzen ez dituen eraikuntza-zatia.

j) Genero-ikuspegiaren integrazioa: emakumeen

eta gizonen egoera, baldintza, jomuga eta be-harrizan diferenteak modu sistematikoan aintzat hartzea, eta, horretarako, berariazko helburu eta jarduketak txertatzea politika eta ekintza guztietan, maila guztietan eta horien planifika-zio-, exekuzio- eta ebaluazio-fase guztietan,

c) Calificación de protección pública: es la decla-ración administrativa que atribuye a una unidad edificada o a parte de ella los beneficios y limi-taciones propias del régimen de protección pública correspondiente.

d) Cohesión social: es el resultado de la mezcla o

coexistencia de usos urbanísticos y colectivos sociales diferentes en un mismo hábitat o en-torno edificado, incluyendo, entre otros usos, diferentes tipos de vivienda protegida, conjunta-mente con otras categorías de vivienda, equipa-mientos, tipos de actividades y construcciones.

e) Cohesión territorial: es el reparto equilibrado de

la cohesión social en el conjunto del territorio, procurando, de ese modo, la libertad de elec-ción de domicilio, la movilidad geográfica y las condiciones básicas de la vida personal.

f) Diseño universal: es el diseño del entorno, de

los edificios o de los servicios para que puedan ser utilizados por el mayor número de personas, incluidas las personas con cualquier tipo de discapacidad, de la forma más autónoma posi-ble, en igualdad de uso. El diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas las personas, independientemente de sus capacidades y habi-lidades, respondiendo a los principios de flexibi-lidad, diseño intuitivo, facilidad de su percep-ción, tolerancia a errores, posibilidad de su uso con escaso esfuerzo físico, y con dimensiones apropiadas.

g) Edificio: inmueble proyectado, construido, re-

formado o rehabilitado con destino a uno o varios usos urbanísticos.

h) Entidades locales de carácter territorial: se en-

tenderán por tales tanto los municipios como las entidades locales menores y los concejos.

i) Infravivienda: es la parte de una construcción

que se destina a uso residencial careciendo de las condiciones legales para ello por no llegar a las condiciones mínimas de habitabilidad.

j) Integración de la perspectiva de género: es la

consideración sistemática de las diferentes si-tuaciones, condiciones, aspiraciones y necesi-dades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igual-dad en todas las políticas y acciones, a todos

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desberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko.

k) Etxebizitza araudira egokitzeko, mantentzeko

edo hobetzeko obrak: lege honen ondorioeta-rako, eraikinaren elementu pribatibo bati, hain-bati edo guztiei eragiten dieten obrak dira, helburu dutenak elementu horiek birgaitzea eta aplikatu beharreko araudira egokitzea, erai-kuntza- eta material-baldintzak mantentzea edota bizigarritasun-baldintzak hobetzea.

l) Erantzunkidetasunezko gizarte-antolaketa: ema-

kumeei eta gizonei bizitzaren alor guztietan beren premiak asetzea errazten dien gizarte-antolaketarako eredua da, eta, era berean, eremu pribatuan eta publikoan dituzten erantzu-kizunei aurre egiteko aukera ematen diena.

m) Etxegabea: bizitzeko leku fisikorik ez duen per-

tsona da, edo etxebizitzarik ez duena, edo etxe-bizitza ez-segurua edo desegokia duena.

n) Merkatuko prezioa: alokatze eta salerosketako

zenbateko ekonomikoak dira, unean-unean merkatu askera egokituta daudenak, ingururik hurbilenean.

o) Hiri-berroneratzea: ingurumenaren eta baldintza

fisiko, urbano, sozial eta ekonomikoen inguruko alderdiak integratzen dituen esku-hartze publi-koko prozesua da, eta hiriguneko multzo bateko edo biztanlegune bateko biztanleriaren bizi-kalitatea eta eraikinen, urbanizazioaren eta zuzkiduren baldintzak hobetzeko aukerak ema-ten dituena.

p) Birgaitzea: eraikin bat hirigintzari, egiturari edo

eraikuntzari dagokionez egokitzeko obrak edo lanak planifikatu, kudeatu eta exekutatzeko ekintza da, eraikinaren jasangarritasunerako beharrezko neurriak barne direlarik, kalifikatu zaion erabilerarako baldintza egokietara itzul-tzeko. Lege honen ondorioetarako, birgaitzeak ondare eraikiari egiten dio beti erreferentzia.

q) Eraikina berritzea edo berreraikitzea: eraikina

edo ondare eraikia eraikuntza berriko beste batez ordeztea.

r) (lehen s) Berrurbanizatzea: lurzoru urbanizatuan

esku hartzeko obrak edo lanak planifikatu, ku-deatu eta exekutatzeko ekintza da, espazio li-

los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación.

k) Obras de adaptación a la normativa, manteni-

miento o mejora de la vivienda: a los efectos de esta ley, son las obras que afectan a uno, varios o todos los elementos privativos de la edifica-ción para rehabilitarlos y adaptarlos a la nor-mativa que les resulte aplicable, mantener las condiciones constructivas y de los materiales o mejorar sus condiciones de habitabilidad.

l) Organización social corresponsable: es el mo-

delo de organización social que facilita a las mujeres y a los hombres la satisfacción de sus necesidades en los diferentes ámbitos de la vida, así como la posibilidad de hacer frente a las responsabilidades generadas desde los ám-bitos público y privado.

m) Persona sin hogar: es la persona que no dispo-

ne de lugar físico de residencia, o que carece de vivienda, o cuya vivienda es insegura o es inadecuada.

n) Precio de mercado: son los importes económi-

cos, en cada momento ajustados a la realidad del libre mercado, tanto de alquiler como de compraventa, en el entorno más próximo.

o) Regeneración urbana: es el proceso de inter-

vención pública que integra los aspectos rela-cionados con el medio ambiente y las condicio-nes físicas, urbanas, sociales y económicas y plantea alternativas para mejorar la calidad de vida de la población y las condiciones de la edificación, urbanización y dotaciones de un conjunto urbano o núcleo de población.

p) Rehabilitación: acción de planificar, gestionar y

ejecutar las obras o trabajos de adecuación urbanística, estructural o constructiva de un edificio, incluyendo las medidas precisas para su sostenibilidad, todo ello con el fin de devol-verle las condiciones adecuadas al uso para el que se halla calificado. A los efectos de esta ley, la rehabilitación viene siempre referida al patrimonio edificado.

q) Renovación de la edificación o reedificación: es

la acción de sustitución del edificio o patrimo-nio edificado por otro de nueva construcción.

r) (antes s) Reurbanización: es la acción de planifi-

car, gestionar y ejecutar las obras o trabajos de intervención en el suelo urbanizado y que tiene

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break, berdeguneak, bideak eta azpiegitura-sareak egokitzea duena helburu.

s) (lehen t) Hiri-biziberritzea: auzo, hirigune edo

eraikin-multzo bat jarduera komertzial, ekono-miko eta soziala sustatzeko neurrien bidez be-rroneratzeko eragiketei lotutako ekintza edo ekintza-multzoa.

t) (lehen u) Jasangarritasuna: erabilgarri dauden

baliabide naturalak errespetuz eta arrazionalki erabiltzea, haien iraupena edo berriztapena ziurtatzeko moduan, egungo premiei eran-tzunda eta etorkizuneko belaunaldiek berenak asetzeko aukera mantenduta. Ingurumen-, gi-zarte- eta ekonomia-parametroen arteko orekari erantzun behar dio.

u) (lehen v) Etxebizitza egoki erabiltzea: etxebizitza

bere funtzio sozialari jarraiki eta bere tamaina-ren eta ezaugarrien eta erabiltzaileen arteko erlazioaren arabera erabiltzea da, jenderik gabe edo gainokupatuta dagoen etxebizitzarena be-zalako egoerarik gertatzen ez delarik arrazoirik gabe.

v) (lehen w) Etxebizitza: eraikina edo eraikin baten

zatia, izaera pribatibokoa eta bizitegi gisa era-biltzekoa.

w) (lehen x) Etxebizitza edo bizitoki egokia: bere ta-

mainagatik, kokalekuagatik eta ezaugarrienga-tik pertsona, familia edo bizikidetza-unitate jakin baten bizitegitarako egokia den etxebizitza edo bizitokia.

x) (lehen y) Etxebizitza edo bizitoki duina: bizigarrita-

sun-irizpideen araberako ezaugarri teknikoak dituen etxebizitza edo bizitokia.

y) (lehen z) Jenderik gabeko etxebizitza: jarraituki bi

urtean baino gehiagoan okupatu gabe dagoe-lako bere funtzio soziala betetzen ez duena, hura ez erabiltzea justifika dezakeen arrazoirik egon gabe, lege honetan eta lege hau garatzen duen araudian aurreikusitako baldintzen ara-bera.

z) (lehen aa) Gizarteratzeko etxebizitza: Administrazio

publikoak edo irabazi-asmorik gabeko entita-teek kudeatzen dutena eta arreta berezia behar duten pertsonei zuzentzen zaiena.

aa) (lehen bb) Etxebizitza nagusia: udal-erroldan per-

por objeto la adecuación de espacios libres, zonas verdes, viales y redes de infraestructuras.

s) (antes t) Revitalización urbana: acción o conjunto

de acciones vinculadas a las operaciones de regeneración urbana de un barrio, núcleo o conjunto edificatorio con la adopción de medi-das incentivadoras de la actividad comercial, económica y social de este.

t) (antes u) Sostenibilidad: es la utilización racional y

respetuosa de los recursos naturales disponi-bles, de manera que se asegure su pervivencia o renovación, cubriendo las necesidades del presente y preservando la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan las suyas. Debe responder al equilibrio entre parámetros am-bientales, sociales y económicos.

u) (antes v) Uso adecuado de una vivienda: es la

utilización de la vivienda, acorde a su función social, conforme a la relación entre su tamaño y características y sus usuarios o usuarias, de modo que no se produzcan situaciones injustifi-cadas de vivienda deshabitada o sobreocupa-da.

v) (antes w) Vivienda: edificio o parte de un edificio,

de carácter privativo y con destino a uso resi-dencial.

w) (antes x) Vivienda o alojamiento adecuado: es la

vivienda o el alojamiento que por su tamaño, ubicación y características resulta apropiada o apropiado para la residencia de una concreta persona, familia o unidad de convivencia.

x) (antes y) Vivienda o alojamiento digno: es la vi-

vienda o alojamiento cuyas características técni-cas son acordes a los criterios de habitabilidad.

y) (antes z) Vivienda deshabitada: es la que incum-

ple su función social por encontrarse desocupa-da de forma continuada, durante un tiempo superior a dos años, sin causa alguna que pue-da justificar su no utilización en los términos previstos en esta ley y normativa de desarrollo.

z) (antes aa) Vivienda de inserción: es la gestionada

por la Administración pública o entidades sin ánimo de lucro para su destino a personas que requieren de una especial atención.

aa) (antes bb) Vivienda principal: es la vivienda que

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tsona, familia edo bizikidetza-unitate baten egoitza gisa ageri den etxebizitza.

bb) (lehen cc) Ordezko etxebizitza: hirigintza- edo des-

jabetze-eragiketengatik nahiz birgaitzeko edo hiri-berritze edo -berroneratzeko jarduketengatik beren etxebizitza utzi behar izan duten pertsona, familia edo bizikidetza-unitateen aldi baterako bizitegi berria edo bizitegi iraunkor berria iza-tera zuzentzen den etxebizitza.

cc) (lehen dd) Bigarren bizitetxea: etxebizitza

nagusi bat izan eta beste bat aldizka edo aldi bateko egonaldietarako erabiltzen duenaren titulartasuneko etxebizitza. Titulartasun bereko etxebizitzak, bi baino gehiago direnean, ez dira inola ere bigarren bizitetxetzat hartuko.

dd) (lehen ee) Gainokupatutako etxebizitza: etxe-

bizitza bat gainokupatuta dago baldin eta han bizi direnen kopurua handiagoa bada bertarako egoki jotzen den gehieneko kopurua baino, kontuan hartuta azalera, bizigelen kopuru eta neurria eta bizigarritasun-baldintzak.

ee) (lehen ff) Babes publikoko etxebizitzen sustapena-

ren erreferentziako prezioa edo errenta eta zuz-kidura-bizitokien kanona: sustapen bakoitzaren prezioa, errenta edo kanona da, etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako saileko sailburuaren aginduaren arabera kalku-latua, aipatutako etxebizitza eta zuzkidura-bizitokiek zer azalera duten kontuan izanda, eta etxebizitza- edo bizitoki-motaren arabera nahiz kokapen geogra f ikoaren, eduk i t za -araubidearen, kontserbazio-egoeraren, antzina-tasunaren eta arrazoituta ezarritako beste al-derdi batzuen arabera.

ff) Bizikidetza-unitatea: Gizarteratzeko eta Diru

Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18-/2008 Legearen 9. artikuluan adierazitako mo-duan definitzen da.

4. artikulua. Funtzio soziala betetzea 1. Etxebizitzaren edo bizitokiaren nahiz eraikinaren

eta gainerako elementu komunen jabe denak, eta haien edukitza eta gozamenerako titulu juridikoa duen edonork, horiek definitzen eta ezaugarritzen dituen funtzio soziala bete behar dute, lege honetan eta aplikatu beharreko gai-nerako araudian ezarritako moduan.

consta como domicilio de una persona, familia o unidad de convivencia en el padrón munici-pal.

bb) (antes cc) Vivienda de realojo: es la vivienda que

se destina a nueva residencia, transitoria o per-manente, de las personas, familias o unidades de convivencia que se ven obligadas a dejar su vivienda por causa de operaciones urbanísticas o expropiatorias o de actuaciones de rehabilita-ción, renovación o regeneración urbana.

cc) (antes dd) Vivienda de segunda residencia: es la

vivienda de titularidad de quien, disponiendo ya de una vivienda principal, utiliza otra de modo intermitente o en estancias temporales. Las vi-viendas de la misma titularidad que superen el número de dos no se considerarán, en ningún caso, vivienda de segunda residencia.

dd) (antes ee) Vivienda sobreocupada: es aquella vi-

vienda en la que se aloja un número de habi-tantes que excede del máximo considerado adecuado con relación a la superficie, número y dimensión de las piezas habitables y condicio-nes de habitabilidad de la vivienda.

ee) (antes ff) Precio o renta de referencia de la promo-

ción de viviendas de protección pública y canon de alojamientos dotacionales: es el precio, renta o canon de cada promoción, calculado a tenor de la respectiva orden del consejero o consejera del departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, en función de la superficie de las viviendas y aloja-mientos citados y según el tipo de vivienda o alojamiento, su ubicación geográfica, régimen de tenencia, estado de conservación, antigüe-dad y otros aspectos que se establezcan motiva-damente.

ff) Unidad de convivencia: se define en idénticos

términos que lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Ga-rantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

Artículo 4. Cumplimiento de la función social 1. Tanto las personas propietarias como quien

ostenta cualquier título jurídico de tenencia y disfrute de una vivienda o alojamiento, así co-mo del edificio y elementos comunes en su conjunto, deben cumplir la función social que los define y caracteriza, en los términos de la presente ley, así como de la normativa que les

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2. Funtzio sozial hori ez dela betetzen iritziko zaio

honako kasu hauek gertatzen badira, besteak beste:

a) Jabeek ez betetzea kontserbatzeko, man-

tentzeko eta birgaitzeko eginbeharrak. b) Etxebizitza, bizitokia edo etxebizitzen erai-

kina okupatu gabe egotea modu iraun-korrean edo, lege honetan ezarritakoa-ren arabera, arrazoirik gabe.

c) Etxebizitza edo bizitokia gainokupatua

egotea. d) Babes publikoko etxebizitza edo bizitoki

babestua ez erabiltzea esleipendun edo titularraren ohiko bizileku gisa, salbu eskumena duen Eusko Jaurlaritzako organoaren berariazko baimena ba-dago, erregelamenduz zehaztuko den arrazoi justifikatuan oinarritua.

e) Etxebizitza babestua lortzeko exiji daitez-

keen baldintzak eta esleipendunak edo esleipendunek gerora iritsitako ekonomia- edo ondare-ahalmena oso diferenteak izatea.

f) Etxebizitza, bizitokia edo eraikina behar

bezala ez erabiltzea, haren kalifikazio urbanistikoari, baimenari eta xedeari ez dagokien eta legearen edo erregelamen-duaren arabera baimendu ezin den era-bilera bat emanez.

g) Etxebizitza edo zuzkidura-bizitokia kon

tserbatzeko eta mantentzeko eginbeharra ez betetzea errentariak edo erabiltzaileak.

3. Etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaur-

laritzako sailak eta toki-erakundeek sustapen- eta ituntze-ekintzak bultzatuko dituzte, bai eta beharrezkoak diren ohartarazpeneko eta per-tsuasioko esku-hartzeak ere, bakoitzak bere eskumenen esparruan, etxebizitza, bizitoki eta eraikinen funtzio soziala bete dadin.

resulte de aplicación. 2. Se entenderá que se incumple esta función so-

cial, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de los deberes de con-servación, mantenimiento y rehabilitación por parte de los propietarios.

b) Situación o estado de desocupación de

la vivienda, del alojamiento o de la edifi-cación de viviendas cuando ello se pro-duzca de manera permanente o injustifi-cada en los términos de esta ley.

c) Situación o estado de sobreocupación de

la vivienda o alojamiento. d) No destino de la vivienda de protección

pública o alojamiento protegido a resi-dencia habitual de su adjudicataria o adjudicatario o titular, salvo autorización expresa del órgano competente del Go-bierno Vasco, motivada en causa justifi-cada que se determinará reglamentaria-mente.

e) Manifiesta desproporción entre las con-

diciones exigibles para el acceso a una vivienda protegida y la capacidad eco-nómica o patrimonial, sobrevenida tras la adjudicación, de la persona o perso-nas adjudicatarias de aquella.

f) Uso inadecuado de la vivienda, aloja-

miento o edificación cuando se someta a una utilización distinta a la de su califica-ción urbanística, autorización y destino coherente y legal o reglamentariamente autorizable.

g) Incumplimiento del deber de conserva-

ción y mantenimiento de una vivienda o alojamiento dotacional por parte del arrendatario o usuario.

3. El departamento competente en materia de

vivienda del Gobierno Vasco y las entidades locales promoverán las acciones de fomento y concertación, así como las intervenciones de advertencia y persuasión que resulten necesa-rias, en el ámbito de sus competencias respecti-vas, al objeto del cumplimiento de la función social de las viviendas, alojamientos y edifica-ciones.

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4. Halaber, etxebizitza-gaietan eskumena duen

Eusko Jaurlaritzako saila eta toki-erakundeak lankidetzan jardungo dira funtzio soziala bete-tzen ez duten esparru eta egoera bakanak iden-tifikatu, zedarritu eta deklaratzeko, bai eta aipa-tutako funtzio soziala betetzen dela bermatzeko legez egoki diren neurriak hartzeko ere.

5. artikulua. Interes orokorreko zerbitzua 1. Babes publikoko politiketara zuzendutako etxe-

bizitzaz eta bizitokiz hornitzeari lotutako jarduera guztiak interes orokorreko zerbitzu gisa eratzen dira, herritar guztiei etxebizitza duin eta egokia ziurtatzeko. Aipatutako zerbitzua martxan jar-tzeko, erakunde autonomo bat sortuko da, hel-buru duela haren barruan biltzea lege hau onartzeko unean etxebizitza arloan dauden enpresa publiko eta erakunde guztiak. Eusko Jaurlaritzak, dekretu bidez, haren funtzioak eta antolaketa zehaztuko ditu.

2. Etxebizitza-gaietako Europako araudiarekin

homologatzeko, etxebizitza sozialak izango dira lege honetan babes publikoko etxebizitza gisa definitutakoak nahiz zuzkidura-bizitokiak, alde batera utzita eraikuntza berrikoak edo birgai-tuak diren edo bitartekotza edo lagapeneko gizarte-programen bitartez lortu diren.

3. Artikulu honetako aurreko paragrafoetan aurrei-

kusi diren ondorio beretarako, interes orokorre-kotzat joko dira ondare eraiki edota urbanizatua berroneratzea, berritzea eta birgaitzea susta-tzeko jarduera publikoak ere. Esku-hartze horien eraginpean dauden etxebizitza guztiak etxebizi-tza sozialtzat hartuko dira laguntza publikoak jaso ahal izateko ondorioetarako.

6. artikulua. Akzio publikoa eta eskubide subjekti-boa 1. Publikoa izango da administrazio-organoetan

eta eskumena duen jurisdikzioaren epaitegi eta auzitegietan lege hau eta lege honen garapen eta exekuziorako arau, xedapen, plan eta pro-gramak bete daitezen exijitzeko akzioa.

4. Igualmente, el departamento competente en

materia de vivienda del Gobierno Vasco y las entidades locales colaborarán en la identifica-ción, delimitación y declaración de los ámbitos y situaciones aisladas en que se produzca in-cumplimiento de la función social, así como en la adopción de las medidas que resulten legal-mente procedentes para garantizar el cumpli-miento de la mencionada función social.

Artículo 5. Servicio de interés general 1. Todas y cada una de las actividades vinculadas

a la provisión de viviendas y alojamientos desti-nados a políticas de protección pública se con-figuran como un servicio de interés general, para asegurar una vivienda digna y adecuada a toda la ciudadanía. Para la efectiva puesta en práctica del mencionado servicio, se creará un organismo autónomo, con el objeto de integrar las diferentes empresas públicas y organismos existentes en materia de vivienda en el mo-mento de la aprobación de la presente ley. El Gobierno Vasco, mediante decreto, establecerá sus funciones y organización.

2. A efectos de la homologación con la normativa

europea en materia de vivienda, tienen la con-dición de viviendas sociales tanto las viviendas que la presente ley define como viviendas de protección pública como los alojamientos dota-cionales, independientemente de si son resulta-do de procesos de nueva construcción o de rehabilitación o de si se obtienen en virtud de programas sociales de mediación o cesión.

3. A los mismos efectos previstos en los apartados

anteriores de este artículo, las actividades públi-cas de fomento de la regeneración, renovación y rehabilitación del patrimonio edificado o ur-banizado se considerarán igualmente de interés general. Todas las viviendas afectadas por estas intervenciones tendrán la consideración de vi-viendas sociales a los efectos de poder recibir ayudas públicas.

Artículo 6. Acción pública y derecho subjetivo 1. Será pública la acción para exigir ante los ór-

ganos administrativos y ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción competente la ob-servancia de la presente ley, así como de las normas, disposiciones, planes y programas que se dicten en su desarrollo y ejecución.

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2. Lege-arau honetako 9. artikuluaren eta artikulu

hori garatzeko emango diren xedapenen ara-bera etxebizitza eta bizitoki babestu bat legez okupatzeko eskubidea duten pertsonek etxebizi-tza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari erreklamatu ahal izango diote eskubide hori betetzea, eta administrazio horren ebazpe-nak administrazioarekiko auzien jurisdikzioan errekurritu ahal izango dira.

3. Zuzkidura-bizitokiak eraikitzeko aukera ematen

duen bizitegi- edo ekipamendu-lurzorua, etxebi-zitzak edo zuzkidura-bizitokiak dituzten udal-administrazioak etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailarekin lankidetzan jardungo dira eta lurzoru, etxebizitza eta bizitoki horiek aipatutako sailaren eskura jarriko dituzte, aurreko paragrafoan aurreikusitako erreklama-zioari erantzuteko, dagokion udalerrian errolda-tutakoren batek aurkezten duenean erreklama-zio hori.

II. KAPITULUA ETXEBIZITZA DUIN ETA EGOKI BAT LEGEZ OKU-PATZEKO ESKUBIDE SUBJEKTIBOA 7. artikulua. Etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidea eta etxebizitza edo bizitoki bat legez okupatzeko eskubidea 1. Administrazio-auzotasuna Euskal Autonomia

Erkidegoko edozein udalerritan duen pertsona orok eskubidea du lege honen 1. artikuluan ezarritako parametroen araberako etxebizitza duin, egoki eta irisgarria izateko.

2. Eusko Jaurlaritzak, bere organo eskudunen

bitartez, bai eta toki-erakundeek eta etxebizitza-gaietan eskudunak diren gainerako instituzio publikoek ere, aurreko paragrafoan aurreikusi-tako eskubidea betetzen dela zainduko dute. Horretarako, xedapen eta neurri egokiak sustatu eta hartuko dituzte etxebizitza bat edo, hala badagokio, zuzkidura-bizitoki bat lortu eta legez okupa dezaten egoitza bizigarririk ez dutenek edo, izanda ere, segurua edo beren premien araberakoa ez dutenek.

3. Artikulu honen ondorioetarako, etxebizitza lor-

tzeko legezko modalitateak legeria zibilaren edo

2. Las personas que, con arreglo al artículo 9 de

la presente norma legal y a las disposiciones que se dicten en su desarrollo, tengan derecho a acceder a la ocupación legal de una vivienda o alojamiento protegido podrán reclamar su cumplimiento ante el departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, y las resoluciones de esta administración serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

3. Las administraciones municipales que dispon-

gan de viviendas, de alojamientos dotacionales o de suelo residencial o de equipamiento dota-cional calificado con posibilidad de construir alojamientos dotacionales colaborarán con el departamento competente en materia de vivien-da del Gobierno Vasco, poniéndolos a disposi-ción del citado departamento, al objeto de dar satisfacción a la reclamación prevista en el apartado precedente, cuando esta se formule por parte de personas empadronadas en el correspondiente término municipal.

CAPÍTULO II

DERECHO SUBJETIVO DE ACCESO A LA OCUPA-CIÓN LEGAL DE UNA VIVIENDA DIGNA Y ADE-CUADA Artículo 7. Derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada y derecho de acceso a la ocu-pación legal de una vivienda o alojamiento 1. Todas las personas con vecindad administrativa

en cualesquiera municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi tienen el derecho a dis-frutar de una vivienda digna, adecuada y acce-sible, definida con arreglo a los parámetros establecidos en el artículo 1 de esta ley.

2. El Gobierno Vasco, a través de sus órganos

competentes, así como las entidades locales y demás instituciones públicas con competencias en materia de vivienda, velarán para la satisfac-ción del derecho previsto en el párrafo antece-dente. A tal efecto, promoverán y adoptarán las disposiciones y medidas oportunas conducentes al acceso y ocupación legal de una vivienda o, en su caso, de un alojamiento dotacional por parte de quienes no dispongan de domicilio habitable o, disponiendo de él, resulte inseguro o inadecuado a sus necesidades.

3. A los efectos del presente artículo, las modali-

dades legales de acceso serán todas las que

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administratiboaren arabera legez egingarriak eta bideragarriak diren oro izango dira, eta barnean sartzen dira bai jabari-titulartasuna eta bai erosteko aukera daukan edo ez daukan errentamendua, nahiz aipatutako eskubidea betetzeko egokia den edozein eskubide erreal edo erabilera-eskubide.

4. Eusko Jaurlaritzak eta lurralde-izaerako admi-

nistrazio publikoek erabilgarri dauden etxebizi-tza-baliabideak, lehentasunez, egoera txarre-nean dauden kolektiboentzako alokairuko etxe-bizitzak sustatzera bideratuko dituzte. Lehenta-sun horrek esan nahi du etxebizitza-baliabideen % 80 alokatze-politiketara bideratuko dela eta babes publikoko araubidean eraikitakoaren bolumena ez dela ehuneko hori baino txikiagoa izango.

8. artikulua. Etxebizitza-premia 1. Pertsona, familia edo bizikidetza-unitate batek

etxebizitza baten premia duela joko da bizitoki egonkor edo egokirik gabe eta halakorik lor-tzeko bitarteko ekonomikorik gabe dagoenean eta horregatik gizarte-bazterketako egoeran erortzeko arriskua duenean.

2. Hurrengo artikuluko 4. paragrafoaren ondorio-

etarako, etxebizitza-premian daudenak honako hauek direla joko da: beren ohiko etxebizitzaren titularrak izanda eta etxebizitza hori hipoteka-exekuzioaren ondoriozko etxegabetze-prozedura batean sartuta egonda, hipoteka-mailegua ordaindu ezin dutenak gizarte-bazterketaren arriskuan gertatu gabe. Era berean, joko da etxebiz i tza-premian daudela gizarte-bazterketaren arriskuan gertatu gabe errenta ordaindu ezin duten eta, egoera berean izanda, etxegabetuak diren errentariak, bizileku-konponbiderik jaso gabe.

3. Etxebizitza edo bizitoki babestu bat legez modu

egonkorrean okupatzeko eskubidea aitortzen zaio, lege honetan ezarritako baldintzetan, pre-mia duen pertsona, familia edo bizikidetza-unitate orori.

4. Aurreko paragrafoan aurreikusitakoa eragotzi

gabe, lege hau garatzeko emango diren xeda-penek ezarriko dituzte, besteak beste, babes publikoko araubide bakoitzerako gehieneko eta gutxieneko diru-sarrerak nahiz dagozkien pre-zio, errenta edo kanonen zenbatekoak.

resulten legalmente factibles y viables con arre-glo a la legislación civil o administrativa, com-prendiendo tanto la titularidad dominical como el arrendamiento con o sin opción a compra, o cualesquiera derechos reales o de uso sean adecuados para satisfacer el referido derecho.

4. El Gobierno Vasco y las administraciones públi-

cas de carácter territorial orientarán los recursos disponibles en materia de vivienda preferente-mente a la promoción de viviendas en régimen de alquiler, para destinarlas a los colectivos más desfavorecidos. Dicha preferencia significa que el 80 % de los recursos en materia de vivi-enda se destinará a políticas de alquiler, no siendo inferior a ese porcentaje el volumen edificatorio de protección pública.

Artículo 8. Necesidad de vivienda 1. Se considera que una persona, familia o unidad

convivencial tiene necesidad de vivienda cuan-do, no disponiendo de alojamiento estable o adecuado, tampoco cuenta con los medios económicos precisos para obtenerlo, encon-trándose por ello en riesgo de caer en situación de exclusión social.

2. A los efectos del apartado 4 del artículo si-

guiente, se considera que tienen necesidad de vivienda aquellos que, siendo titulares de su vivienda habitual y encontrándose ésta incursa en un procedimiento de desahucio por ejecu-ción hipotecaria, no puedan hacer frente a los pagos del préstamo hipotecario sin incurrir en riesgo de exclusión social. Se considera igual-mente que tienen necesidad de vivienda aque-llos arrendatarios que no puedan hacer frente a los pagos del arrendamiento sin incurrir en riesgo de exclusión social y que, encontrándose en las mismas circunstancias, sean objeto de desahucio, sin solución habitacional.

3. Se reconoce el derecho al acceso a la ocupa-

ción legal estable de una vivienda o alojamien-to protegido, en los términos de la presente ley, a toda persona, familia o unidad de conviven-cia que se halle incursa en causa de necesidad.

4. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado ante-

rior, las disposiciones que se dicten en desarro-llo de esta ley establecerán, entre otros extre-mos, los ingresos máximos y mínimos exigidos para cada uno de los diferentes regímenes de protección pública, así como los importes de

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9. artikulua. Eskubide subjektiboa betetzeko mo-duak eta exijitzeko baldintzak 1. Etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko

eskubidea bete ahal izango dute horretarako eskumena duten euskal administrazio publi-koek, alokairuan eskura jarrita etxebizitza ba-bestu bat edo bizitoki babestu bat, edo baita etxebizitza libre bat ere baldin eta erabilgarri badago bitartekaritza-programaren batengatik edo beste arrazoi batzuengatik, kasu bakoitzean egoki den errenta edo kanonarekin.

2. Etxebizitza edo bizitokirik ezean, eta izaera sub-

sidiarioarekin, eskubidea prestazio ekonomi-koen sistema bat ezarrita bete ahal izango da.

3. Administrazio publiko eskudunei etxebizitza-

eskubidea exijitzeko, honako baldintza hauek guztiak bete beharko dira:

a) Etxebizitza edo bizitoki egonkor edo egokirik gabe egotea. Etxebizitza egokia ez izatearen arrazoiak izan daitezke bizigarritasuna, tamaina, ahalmen eko-nomikoa, arrazoi juridikoak edo egune-roko bizitegi normalizatua izatea zailtzen duen beste edozein.

b) Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizi-

tokien Eskatzaileen Erregistroan baliozko eran izena emanda egotea, alokairuko etxebizitzaren eskatzaile gisa soilik, erre-gelamenduz ezarriko den gutxieneko antzinatasunarekin, zeinaren kontaketa-rako errespetatu egingo baita lege hau indarrean sartzean jada eskuratuta eta indarrean dagoena.

c) Urteko diru-sarrerak erregelamenduz

ezarritako mugen artean daudela froga-tzea.

4. Hipoteka-exekuzioen edo errenta ez ordaintzea-

ren ondoriozko etxegabetze-prozeduretan sar-tuta eta gizarte-larrialdiko egoera berezietan dauden pertsonen etxebizitza-premiaren kasue-tan, etxebizitzaren erabileraz aldi baterako des-jabetzeko prozedura aplikatu ahal izango da, 73 eta 74. artikuluetan ezarritakoaren arabera

precios, rentas o cánones correspondientes. Artículo 9. Modos de satisfacción y requisitos de exigencia del derecho subjetivo 1. La satisfacción del derecho a la ocupación le-

gal de una vivienda digna y adecuada podrá ser realizada por parte de las administraciones públicas vascas con competencia para ello mediante la puesta a disposición, en régimen de alquiler, de una vivienda protegida o de un alojamiento protegido, o incluso de una vivien-da libre en caso de su disponibilidad por causa de programas de intermediación u otros, con la renta o el canon que corresponda en cada caso.

2. En defecto de vivienda o alojamiento, y con

carácter subsidiario, esta satisfacción podrá efectuarse mediante el establecimiento de un sistema de prestaciones económicas.

3. Para la exigencia ante las administraciones

públicas competentes del derecho de acceso resultará necesario cumplir la totalidad de los siguientes requisitos:

a) No hallarse en posesión de vivienda ni

de alojamiento estable o adecuado. La no adecuación de la vivienda podrá deberse a razones jurídicas, de habitabi-lidad, de tamaño, de capacidad econó-mica o cualesquiera otras que dificulten una residencia cotidiana y normalizada.

b) Hallarse válidamente inscrito en el Regis-

tro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales en la condi-ción de demandante exclusivamente de alquiler, con una antigüedad mínima que se establecerá reglamentariamente y que respetará, a efectos de su cómputo, la ya adquirida y vigente en el momento de la entrada en vigor de esta ley.

c) Acreditar unos ingresos anuales com-

prendidos entre los límites que se esta-blezcan reglamentariamente.

4. En los supuestos de necesidad de vivienda de

personas en especiales circunstancias de emer-gencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria o por im-pagos de arrendamiento, se podrá aplicar el procedimiento de expropiación temporal del uso de la vivienda objeto de aquel, de acuerdo

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eta aurreko paragrafoan adierazitako baldin-tzak exijitzekoak izan gabe.

III. KAPITULUA ESKUMENAK, PLANIFIKAZIOA ETA PROGRAMA-ZIOA 10. artikulua. Etxebizitza-gaietako eskumenak 1. Eusko Jaurlaritzak, lurralde historikoek eta lu-

rralde-izaerako toki-erakundeek izango dituzte, dagozkien organoen bitartez, etxebizitza-gaietako eskumenak eta ardurak, lege honetan eta aplikatu beharreko araudian ezarritakoaren arabera.

2. Udalei dagozkie beren titulartasuneko zuzkidura

-bizitokien antolamendu, sustapen, kudeaketa, esleipen eta kontroleko eskumenak, bai eta udal-araubide tasatuko etxebizitza, lokal eta eranskinenak ere, eraikuntza berrikoak izan edo birgaitzeko eta hiri-berroneratzeko berariazko planen ondoriozkoak izan.

3. Lege honetan aurreikusitakoaren arabera, hala-

ber udalei dagozkie ikuskatzeko, behin-behineko neurriak hartzeko eta eraikinak egoki erabiliko direla bermatzeko esku-hartze publi-koko ahalmen eta ahalak, baita etxebizitzaren merkatuan eragitekoak ere, eta orobat beraiei dagokie etxebizitza-gaietan zehatzeko ahala erabiltzea.

4. Lurralde-izaerako toki-erakundeek, duten neu-

rriagatik edo baliabide faltagatik, arazoak bal-din badituzte etxebizitza-gaietako beren esku-menak bakarka nahiz elkartuta gauzatzeko, etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaur-laritzako organoari edo dagokion foru-aldundiari agindu ahal izango diote edo haren esku utzi eskumenen gauzatzea, administrazio-prozedurari buruzko legerian aurreikusitakoaren arabera.

11. artikulua. Planifikazioa eta programazioa 1. Etxebizitza-gaietako planifikazio eta programazi-

orako tresnak honako hauek dira:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldea antolatzeko gidalerroak eta lurraldearen

con lo establecido en los artículos 73 y 74 y sin ser exigibles los requisitos señalados en el apar-tado anterior.

CAPÍTULO III

COMPETENCIAS, PLANIFICACIÓN Y PROGRAMA-CIÓN Artículo 10. De las competencias en materia de vivienda 1. El Gobierno Vasco, los territorios históricos y las

entidades locales de carácter territorial, a través de sus órganos correspondientes, ostentarán competencias y responsabilidades en materia de vivienda en los términos de la presente ley, así como de la normativa que les resulte de aplicación.

2. Corresponden a los ayuntamientos las compe-

tencias de ordenación, promoción, gestión, adjudicación y control de los alojamientos dota-cionales de su titularidad, así como de las vi-viendas, locales y anejos de régimen tasado municipal, ya sean de nueva construcción o derivados de planes específicos de rehabilita-ción y regeneración urbana.

3. En los términos también previstos en esta ley,

corresponden igualmente a los ayuntamientos las facultades y potestades de intervención pú-blica en materia de inspección, adopción de medidas provisionales e intervención para ga-rantizar el uso adecuado de las edificaciones, así como de incidencia en el mercado de la vivienda, y el ejercicio de la potestad sanciona-dora en materia de vivienda.

4. Las entidades locales de carácter territorial que

por su dimensión o falta de recursos tengan dificultad en el ejercicio, por sí o asociadas, de sus competencias en materia de vivienda po-drán encomendar o delegar el citado ejercicio en el órgano competente en materia de vivien-da del Gobierno Vasco o en la diputación co-rrespondiente, de acuerdo con lo prevenido en la legislación sobre procedimiento administrati-vo.

Artículo 11. Planificación y programación 1. Los instrumentos de planificación y programa-

ción en materia de vivienda son los siguientes:

a) Directrices de ordenación del territorio del País Vasco y planes territoriales par-

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zatiko planak, etxebizitza-gaiak jorratzen dituztenean, Euskal Autonomia Erkide-goko lurraldea antolatzeko legerian au-rreikusitakoaren arabera.

b) Etxebizitzen lurraldearen arloko plana,

zeina Eusko Jaurlaritzak prestatu eta onartuko baitu Euskal Autonomia Erkide-goko lurraldearen antolamenduko lege-riari jarraiki.

c) Eusko Jaurlaritzaren etxebizitzaren plan

zuzentzailea, etxebizitzei buruzko politika publikoetarako gida- eta orientazio-izaerarekin. Jaurlaritzak hiru urtean behin bidali beharko dio plan hori Eusko Lege-biltzarrari, komunikazio gisa izapide-tzeko.

d) Etxebizitzari dagokion guztiaren inguruko

hirigintza-plangintza.

e) Lurralde-izaerako toki-erakundeen plan zuzentzaileak, borondatezkoak erakunde horientzat; koherenteak izango dira Eusko Jaurlaritzaren plangintza zuzentzai-learekin, eta, horrez gain, hirigintza-plangintzarekin koordinatuko dira.

2. Erregelamendu bidez ezarriko dira plangintza-

ren fase guztietan kontuan izan beharreko ge-nero-irizpideak, eta irizpide horien irismena, edukia, erregistroa, jarraipena eta baliozkotzea arautuko dira; halaber, beharrezko gutxieneko zehaztapenak eta aurreko paragrafoan aurrei-kusitako planifikazio- eta programazio-tresnak izapidetzeko prozedura ezarriko dira.

12. artikulua. Babes Publikoko Etxebizitzen eta Zuzkidura Bizitokien Erregistroa 1. Babes Publikoko Etxebizitzen eta Zuzkidura Bizi-

tokien Erregistroa sortzen da, aurreko antzeko administrazio-erregistroa ordeztu edo, hala badagokio, hari jarraipena emango diona. Etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaur-laritzako organoak kudeatuko du administrazio-erregistro gisa, eta haren helburua izango da bertan inskribatzea Euskal Autonomia Erkide-goan dauden etxebizitza babestu eta zuzkidura-bizitoki guztiak edo sustatu, eraiki edo hala kalifikatzen direnak eta haien titularrak. Erregis-troaren funtzionamendua eta araubide juridikoa erregelamendu bidez garatuko dira.

ciales en cuanto incidan en materia de vivienda, según lo previsto en la legisla-ción de ordenación del territorio del País Vasco.

b) Plan territorial sectorial de vivienda, que

será elaborado y aprobado por el Go-bierno Vasco de conformidad con la legislación de ordenación del territorio del País Vasco.

c) Plan director de vivienda del Gobierno

Vasco, que tendrá una naturaleza direc-triz y orientadora de las políticas públicas en materia de vivienda. El Gobierno remitirá este plan al Parlamento Vasco, para su tramitación como comunicación, cada tres años.

d) Planeamiento urbanístico en todo lo

concerniente a vivienda. e) Planes directores de las entidades locales

de carácter territorial, potestativos para ellas, que resultarán coherentes con el planeamiento director del Gobierno Vas-co, coordinándose además con el pla-neamiento urbanístico.

2. Reglamentariamente se establecerán los crite-

rios de género a tener en cuenta en todas las fases de planeamiento, regulando su alcance, contenido, registro, seguimiento y validación, así como las determinaciones mínimas necesa-rias y el procedimiento de tramitación de los instrumentos de planificación y programación previstos en el apartado precedente.

Artículo 12. El Registro de Viviendas de Protección Pública y Alojamientos Dotacionales 1. Se crea el Registro de Viviendas de Protección

Pública y Alojamientos Dotacionales, que susti-tuirá o, en su caso, dará continuidad al prece-dente registro administrativo de similares carac-terísticas. Será gestionado como registro admi-nistrativo por el órgano competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco y tendrá por objeto la inscripción en él de todas las viviendas protegidas y alojamientos dotacionales existen-tes o que se promuevan, construyan o se califi-quen como de tales en el ámbito de la Comuni-dad Autónoma de Euskadi, así como sus titula-res. Reglamentariamente se desarrollará su funcionamiento y régimen jurídico.

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Etxebizitza babestuen edo zuzkidura-bizitokien sustatzaile publiko nahiz pribatu ororen betebe-harra izango da haiek Babes Publikoko Etxebizi-tzen eta Zuzkidura Bizitokien Erregistroan inskri-batzea.

2. Erregistroak ahalik eta informaziorik zehatzena

izan dezan, beste erregistro publiko batzuetako datuak ere bildu ahal izango dira bertan jaso-tzeko, hala nola biztanleen udal-errolda, eraiki-nen errolda, katastro edo jabetza-erregistrokoak, bai eta beste administrazio pu-bliko batzuen artxiboetakoak ere, betiere izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko arau-dia errespetatuta.

3. Erregistro horren gardentasuna eta izaera publi-

koa bermatuko dira, baita hartara iristeko erraz-tasuna ere.

13. artikulua. Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroa 1. Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien

Eskatzaileen Erregistroa sortzen da, aurreko antzeko administrazio-erregistroa ordeztu edo, hala badagokio, hari jarraipena emango diona eta etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren mende egongo dena. Izena emanda dauden eskatzaileak unean-unean ezagutzea izango du helburu, eta etxebi-zitza babestuen eta zuzkidura-bizitokien esleipe-naren kudeaketa eta kontrola egiteko tresna izango da. Datu pertsonalak eta berdintasuna-ren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak errespetatuz jardungo da.

2. Aipatutako erregistroan, argi bereiziko dira

erosteko interesa duten etxebizitza-eskatzaileen zerrenda eta alokairuko etxebizitza eskatzen dutenena. Alokairuko etxebizitza eskatzen duten pertsona edo bizikidetza-unitateek, etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboaren eskatzailetzat hartuko badira, lege honen 9. artikuluan aurreikusitako diru-sarrerak dituztela frogatu beharko dute eta ber-tan eskatzen diren beste baldintzak bete. Etxebi-zitza baten esleipendunak uko egiten badio esleitutako etxebizitzari, lege hau garatzeko araudian salbuetsita ez dagoen arrazoiren ba-tengatik, baja emango zaio erregistroan eta ezin izango du berriz ere izena eman uko egiten duenetik urtebete igaro arte.

Quien promueva, con carácter público o priva-do, viviendas protegidas o alojamientos dota-cionales tendrá la obligación de inscribirlos en el mencionado Registro de Viviendas de Protec-ción Pública y Alojamientos Dotacionales.

2. Al objeto de que el registro disponga de la in-

formación más precisa posible, podrán reca-barse para su anotación en él los datos obran-tes en otros registros públicos como el padrón municipal de habitantes, el censo de edificios, el catastro o el registro de la propiedad, así como los que figuran en los archivos de otras administraciones públicas, todo ello con el de-bido respeto a la normativa de protección de datos de carácter personal.

3. Se garantizarán la transparencia y el carácter

público de este registro, así como la facilidad de acceso a él.

Artículo 13. El Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales 1. Se crea el Registro de Solicitantes de Vivienda

Protegida y Alojamientos Dotacionales, que sustituirá o, en su caso, dará continuidad al precedente registro administrativo de similares características y que, dependiente del departa-mento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, tendrá por objeto el puntual conocimiento de las personas demandantes inscritas, sirviendo como instrumento para la gestión y control de la adjudicación de las vi-viendas protegidas y los alojamientos dotacio-nales, con pleno respeto a la protección de los datos personales y a los principios de igualdad y no discriminación.

2. En el citado registro se diferenciarán con clari-

dad la relación de demandantes de vivienda interesados en compra y la relación de deman-dantes de alquiler. Únicamente se considera-rán demandantes del derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda digna y ade-cuada las personas o unidades de convivencia demandantes de alquiler que acrediten los ingresos previstos en el artículo 9 de esta ley y cumplan el resto de los requisitos exigidos en él. Caso de que un adjudicatario de vivienda renuncie a la vivienda adjudicada, por causa distinta a las excepcionadas en la normativa de desarrollo, cursará baja en el registro y no podrá volver a inscribirse hasta transcurrido un año desde la fecha de la renuncia.

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3. Lurralde-izaerako toki-erakundeek ere eskatzai-leen erregistroak eduki ahal izango dituzte, aldi baterako nahiz modu iraunkorrean, eta Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Babestuen eta Zuzki-dura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroarekin koordinatu beharko dituzte.

Toki-erakundeen eskatzaileen erregistroak beren borondatez Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Ba-bestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan sartuz gero, jatorrizko erregistroko inskripzioen antzinatasuna errespetatuko du hark.

4. Administrazio-erregistroak direnez, sektore pu-

blikoko erakundeek artikulu honetan aurreikusi-tako erregistroetako informazioa eman edo trukatu ahal izango dute elkarren artean, baina etxebizitzaren inguruko eskudantziak erabiltzeko soilik, eta betiere izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko araudia errespetatuz.

IV. KAPITULUA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN LURZORU ONDARE PUBLIKOA 14. artikulua. Euskal Autonomia Erkidegoaren Lurzoru Ondare Publikoa osatzea 1. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio

orokorraren barruan, Euskal Autonomia Erkide-goaren Lurzoru Ondare Publikoa sortzen da, nortasun juridikorik gabe, lurzoruaren eta etxe-bizitzaren merkatua arautzeko asmoz, bai eta ekimen publikoko jarduketetarako eta, bereziki, babes publikoko araubideren bati atxikitako etxebizitzak eraikitzeko lurzorua lortzeko ere. Xedea du ekimen publikoko jarduketak indar-tzea, horiek zerikusia dutenean babes publikoko araubideren bati atxikitako etxebizitzak edo zuzkidura-bizitokiak sustatu, urbanizatu eta erai-kitzearekin, alokairuko etxebizitzak sustatzeare-kin, hiri-berroneratze eta -berritzearekin eta bizitegitarako eraikinak eta ondare eraikia bir-gaitzearekin.

2. Horretarako, etxebizitza-gaietan eskumena duen

Eusko Jaurlaritzako sailak ustiapen-erregistro bat egingo du, eta horrek, erregelamendu bidez ezarritako eran, ondasunen inbentario bat

3. Las entidades locales de carácter territorial po-drán disponer también de sus correspondientes registros de solicitantes, ya sean de naturaleza temporal o permanente, que habrán de coordi-narse con el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales del Go-bierno Vasco.

Si los citados registros de solicitantes de las

entidades locales se integraren voluntariamente en el Registro de Solicitantes de Vivienda Prote-gida y Alojamientos Dotacionales del Gobierno Vasco, se respetará por parte de este la anti-güedad que las inscripciones tuvieren en el registro de origen.

4. En su cualidad de registros administrativos, y

con absoluto respeto de la normativa en mate-ria de protección de datos de carácter personal, los entes del sector público podrán intercam-biarse o facilitarse mutuamente información de los registros previstos en el presente artículo a los solos efectos del ejercicio de sus atribucio-nes con relación a la vivienda.

CAPÍTULO IV

PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO DE LA COMU-NIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Artículo 14. Constitución del Patrimonio Público de Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco 1. En el seno de la Administración general de la

Comunidad Autónoma, sin personalidad jurídi-ca, se crea el Patrimonio Público de Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con la finalidad de regular el mercado del suelo y de la vivienda, así como de conseguir suelo para actuaciones de iniciativa pública, y, en particu-lar, para la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública. Su ob-jeto es potenciar actuaciones de iniciativa públi-ca relacionadas con la promoción, urbaniza-ción y construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública o aloja-mientos dotacionales, con el fomento de la vivienda de alquiler, con la regeneración y la renovación urbana y con la rehabilitación de la edificación y del patrimonio edificado residen-cial.

2. A tal efecto, el departamento competente en

materia de vivienda del Gobierno Vasco elabo-rará un registro de explotación, comprensivo, en los términos que reglamentariamente se

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izango du. Inbentarioan, gutxienez jaso beharko dira hura osatzen duten ondasunen eta baliabi-deen zerrenda eta haiek administratzeko eta xedatzeko eragiketen zerrenda, ondasun eta baliabide horien azken xedea zehaztuta. Ustia-pen-erregistro hori lege honetan ezarritako kon-trol-mekanismoen mende egongo da.

15. artikulua. Ezaugarriak eta xedea 1. Euskal Autonomia Erkidegoaren Lurzoru On-

dare Publikoa osatzen duen ondarea indepen-dentea izango da, gainerako ondaretik banan-dua, eta etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak kudeatuko du, hel-buru hauek betetzeko:

a) Lurzorua edo bizitegitarako hirigintza-eraikigarritasuna eskuratzea, etxebizitzak, bizitokiak, lokalak eta eranskinak susta-tzeko edo eraikitzeko.

b) Eraikin babestu horiek eta jarduketari

berari lotutako ekipamendu publikoak sustatzea edo eraikitzea bera.

c) Hiri-eremuak, auzoak, eremu degrada-

tuak, biztanleguneak eta, orokorrean, eraikinak urbanizatzea, berroneratzea, berritzea, biziberritzea edo birgaitzea, etxebizitzak sustatzearren eta eraikitzea-rren eta lege honetako printzipioak, ja-rraibideak eta helburuak betetzearren.

d) Planifikazioa, programazioa eta lankide-

tza sustatzea eta etxebizitzei eta hiri-berroneratzeari buruzko politika publi-koak garatzeko baliabide teknologiko egokiak xedatzea.

e) Alokairuko etxebizitzen eskaintza pribatua

sustatzea, betiere errentak zehazterakoan alokatze publikoaren irizpide berberak badarabiltza.

f) Beharrezko jarduketa guztiak sustatzea

eta exekutatzea, etxebizitza duin eta egoki bat okupatzeko eskubidea benetan gauzatzeko, arau honetan zehazturik dagoen bezala.

establezcan, de un inventario de bienes en el que constará, como mínimo, el listado de bie-nes y recursos integrantes y una relación de operaciones de administración y disposición relativas a los citados bienes y recursos, con indicación del destino final previsto para ellos. Este registro de explotación estará sujeto a los mecanismos de control establecidos en esta ley.

Artículo 15. Naturaleza y destino 1. El Patrimonio Público de Suelo de la Comuni-

dad Autónoma del País Vasco estará integrado por un patrimonio independiente y separado del resto de su patrimonio y será gestionado por el departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, en el cumplimien-to de los siguientes fines:

a) La adquisición de suelo o de edificabili-

dad urbanística residencial con destino a la promoción o construcción de vivien-das, alojamientos, locales y anejos.

b) La promoción o construcción misma de

las mencionadas edificaciones protegi-das, así como de equipamientos públicos relacionados con la propia actuación.

c) La urbanización, regeneración, renova-

ción, revitalización o rehabilitación de áreas urbanas, barrios, áreas degrada-das, núcleos de población y edificios en general, para la promoción y construc-ción de viviendas y el cumplimiento de los principios, directrices y objetivos de la presente ley.

d) El fomento de la planificación, progra-

mación y cooperación y la disposición de medios tecnológicos adecuados para el desarrollo de las políticas públicas de vivienda y regeneración urbana.

e) El fomento de la oferta privada de vivien-

da de alquiler, siempre que a la hora de establecer las rentas siga los mismos criterios que el alquiler público.

f) La promoción y la ejecución de cuantas

actuaciones sean precisas para hacer efectivo el derecho de acceso a la ocu-pación de una vivienda digna y adecua-da en los términos previstos en la presen-te normativa.

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g) Beste edozein helburu, baldin eta bete-tzen baditu lege honetako 1. artikuluaren 2. paragrafoko legezko parametroak eta 2 eta 40. artikuluetako printzipioak .

2. Euskal Autonomia Erkidegoaren Lurzoru On-

dare Publikoko ondasunak eta baliabideak ezin izango dira erabili artikulu honetan zehaztuta-koak ez diren beste helburu batzuetarako, ezta ere Lurzoru Ondare Publikoa bera administra-tzeak, mantentzeak eta handitzeak dakartzan gastuez bestelakoak estaltzeko.

3. Lurzoru Ondare Publikoa administratzearen

barruan sartzen dira ondare publiko horren legezko helburuak betetzeko beharrezko ahal-menak eta ahalak, xedatzekoa eta gastua egite-koa barne, bai eta haren aldeko nahitaezko desjabetzeak, ordezpenak eta birpartzelazioak egitekoa ere.

4. Euskal Autonomia Erkidegoaren Lurzoru On-

dare Publikoaren araubide juridikoa erregela-mendu bidez garatuko da.

16. artikulua. Lurzoru-ondarea osatzen duten ondasunak eta baliabideak 1. Euskal Autonomia Erkidegoaren Lurzoru On-

dare Publikoaren barruan ondasunak eta balia-bide ekonomikoak sartzen dira.

2. Lurzoru Ondare Publikoa osatzen dute Euskal

Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorra-ren titulartasuneko ondasun hauek:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Adminis-trazio orokorraren titulartasuneko onda-sunen artetik hartara zuzentzen direnak, bai eta etxebizitza babestuei edo zuzki-dura-bizitokiei buruzko politika publikoei loturik daudenak ere.

b) Lurzoru-ondare publiko hori osatzeko,

mantentzeko edo handitzeko eskuraturiko higiezinak edo eskubideak, edozein sail-kapen eta kalifikazio urbanistiko dutelarik ere.

c) Lurzoru Ondare Publikoko beste ondasun

batzuen truke eskuraturiko lursailak.

g) Cualesquiera otros que atiendan al cum-plimiento de los parámetros legales pre-vistos en el artículo 1, apartado 2, y de los principios contenidos en los artículos 2 y 40 de la presente ley.

2. Los bienes y recursos del Patrimonio Público de

Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco no podrán destinarse a fines distintos de los previstos en este artículo, así como tampoco a la cobertura de gastos diferentes a los que resulten de la administración, mantenimiento e incremento del propio Patrimonio Público de Suelo.

3. La administración del Patrimonio Público de

Suelo comprende las facultades y potestades precisas para el cumplimiento de sus finalida-des legales, incluidas las de disposición y gasto, así como la de expropiación, sustitución y re-parcelación forzosa en su beneficio.

4. Reglamentariamente se desarrollará el régimen

jurídico del Patrimonio Público de Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Artículo 16. Bienes y recursos integrantes 1. El Patrimonio Público de Suelo de la Comuni-

dad Autónoma del País Vasco estará integrado por bienes y recursos económicos.

2. Forman parte del Patrimonio Público de Suelo

los siguientes bienes de titularidad de la Admi-nistración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco:

a) Los bienes de titularidad de la Adminis-

tración general de la Comunidad Autó-noma del País Vasco que sean destina-dos a él, así como los vinculados a las políticas públicas de vivienda protegida o de alojamientos dotacionales.

b) Los inmuebles o derechos adquiridos,

cualquiera que fuese su clasificación y calificación urbanística, para constituir, mantener o incrementar este patrimonio público de suelo.

c) Los terrenos adquiridos por permuta con

otros bienes del Patrimonio Público de Suelo.

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d) Lege honetan arauturiko eroslehentasun-eskubidea eta atzera eskuratzeko eskubi-dea erabiliz lorturiko ondasunak.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko Adminis-

trazio orokorraren titulartasuneko etxebi-zitza babestuak eta eranskinak, zuzkidura-bizitokiak eta lokal babestuak, eta, hala-ber, beste etxebizitza, eranskin eta lokal batzuk, haiek xedatzeko adinako titulua izanez gero, alokatzea barne.

f) Nahitaezko desjabetzearen bidez eskura-

tuak.

3. Lurzoru Ondare Publikoari loturiko baliabide ekonomikoak dira honako hauek:

a) Ekonomia- edo aurrekontu-ekitaldi ba-

koitzean Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko aurrekontu orokorretan Lurzoru Ondare Publikoaren helburuak betetzeko gordetzen den kopu-rua.

b) Lurzoru Ondare Publikoko ondasunak

administratzetik edo xedatzetik datozen diru-sarrerak, ondasun horiek eskualda-tzea, errentan jartzea edo, orokorrean, haien gaineko eskubideak ezartzea dela eta.

c) Lege honetan aurreikusitako tutoretza-,

diziplina- eta zehapen-ahalak erabiliz Eusko Jaurlaritzak jartzen dituen hertsa-pen-isun eta zehapenetatik sartzen diren kopuruak.

d) Hipoteka-berme modura Lurzoru Ondare

Publikoko ondasunak dauzkaten kredi-tuak.

e) Edozein pertsona fisikok edo juridikok

Lurzoru Ondare Publikoa handitzearren dohaintzan ematen dituen kopuruak.

f) Jenderik gabeko etxebizitzaren kanona likidatzearen ondoriozko diru-sarrerak, Eusko Jaurlaritzak etxebizitza jenderik gabeko etxebizitza deklaratzen duenean –udalek deklaratu ezean– eta dagokion

d) Los bienes adquiridos mediante el ejerci-cio de los derechos de tanteo y retracto regulados en esta ley.

e) Las viviendas protegidas y anejos, los

alojamientos dotacionales y los locales protegidos de titularidad de la Adminis-tración general de la Comunidad Autó-noma del País Vasco, e igualmente otras viviendas y demás anejos y locales sobre los que se ostente un título suficiente que permita su disposición, incluido el arren-damiento.

f) Las adquiridas vía expropiación forzosa.

3. Son recursos económicos afectos al Patrimonio Público de Suelo:

a) La cantidad que se consigne en los pre-

supuestos generales de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en cada ejercicio económico o presupuestario, para el cumplimiento de las finalidades del Patrimonio Público de Suelo.

b) Los ingresos derivados de la administra-

ción o disposición de los bienes del Patri-monio Público de Suelo, ya sea por cau-sa de su transmisión, de alquiler o, en general, del establecimiento de derechos sobre ellos.

c) Las cantidades ingresadas en concepto

de multas coercitivas y sanciones proce-dentes del ejercicio por el Gobierno Vas-co de las potestades tutelares, disciplina-rias y sancionadoras previstas en esta ley.

d) Los créditos que tengan como garantía

hipotecaria los bienes incluidos en el Patrimonio Público de Suelo.

e) Las cantidades que sean donadas por

cualquier persona física o jurídica con destino a incrementar el Patrimonio Pú-blico de Suelo.

f) Los ingresos derivados de la liquidación

del canon de vivienda deshabitada cuan-do el Gobierno Vasco, en defecto de los ayuntamientos, declare la vivienda des-habitada y liquide el canon correspon-

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kanona likidatzen duenean. g) Hiri-finken errentamendu-kontratuen

ondorioz jarritako fidantzen zenbatekoa-ren % 80.

h) Fidantzak jartzean izandako atzerapenen-

gatik sortutako errekargu eta interesen zenbatekoa.

17. artikulua. Euskal Autonomia Erkidegoaren Lurzoru Ondare Publikoko ondasunak xedatzeko egintzak 1. Lurzoru Ondare Publikoko ondasunen xedatzea,

baldin horrek berekin badakar haien jabetza eskualdatzea edo haien gaineko eskubideak ezartzea, lege honekin bat etorriz hori posible denean, kostu bidezko lizitazio publikoaren bitartez egingo da orokorrean.

2. Jabari osoko besterentzeak egiteko lizitazio

publikoko oinarrietan, gutxienez honako hauek zehaztu beharko dira beti:

a) Lizitaziorako gutxieneko prezioa. b) Direnak direlako etxebizitza edo lokal

babestuen prezioa edo errenta. c) Eraikingintzako obrak exekutatzeko eta,

lursailak ez badira orubetzat hartzen, urbanizazio-obrak egiteko gehieneko epeak.

18. artikulua. Zuzeneko besterentzea eta doako besterentzeak edo berezko balioaren azpitik egi-nikoak 1. Lurzoru Ondare Publikoko ondasunak beste-

rendu daitezke zuzenean, lizitazio publikorik gabe, eta erregelamendu bidez zehaztuko diren betekizunak eta baldintzak betez, honako kasu hauetakoren bat gertatzen denean:

a) Administrazio publikoen arteko hitzarme-nek edo administrazio publikoen eta sektore publikoko erakundeen arteko hitzarmenek eragin dutenean dena de-lako besterentzea.

b) Ondasun-eskuratzailea irabazi-asmorik

ez duen eta onura publikoko deklaratuta

diente. g) El 80 % del importe de las fianzas depo-

sitadas por causa de los contratos de arrendamiento de las fincas urbanas.

h) El importe de los recargos e intereses por

retrasos en el depósito de las fianzas. Artículo 17. Actos de disposición de bienes del Patrimonio Público de Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco 1. La disposición de los bienes incluidos en el

Patrimonio Público de Suelo que implique la transmisión de su propiedad o el establecimien-to de derechos sobre ellos, cuando sea posible conforme a esta ley, se realizará como regla general mediante licitación pública a título one-roso.

2. En todo caso, en las bases de la licitación pú-

blica para la enajenación en pleno dominio se contendrán, como mínimo, las siguientes deter-minaciones:

a) Precio mínimo de licitación. b) Precio o renta de las viviendas o locales

protegidos que resulten en su caso. c) Plazos máximos para la ejecución de las

obras de edificación, y, en su caso, de urbanización cuando los terrenos no tuvieran la consideración de solar.

Artículo 18. Enajenación directa y enajenaciones gratuitas o por debajo de valor 1. Podrán enajenarse directamente, sin necesidad

de licitación pública, los bienes del Patrimonio Público de Suelo, con los requisitos y condicio-nes que se determinen reglamentariamente, cuando concurra alguna de las siguientes cir-cunstancias:

a) Cuando la enajenación se derive de

convenios entre administraciones públi-cas o entre estas y entes del sector públi-co.

b) Cuando el adquirente sea una entidad

sin ánimo de lucro, declarada de utilidad

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dagoen entitate bat denean eta babes publikoko araubideren bateko etxebizi-tzak eraikitzea sustatzen duenean.

c) Titulartasun publikoko etxebizitza-

eraikinen edo sektore publikoko erakun-deenen kasuan, eskarigileak haien le-gezko okupatzaileak direnean.

d) Aurreko artikuluan aurreikusitako proze-

dura esleitu gabe geratzen denean; kasu horretan, besterentzea zuzenean egin ahal izango da, gehienez ere urtebeteko epean, baldintza-agiri berari jarraituta. Besterentze-prezioa ezingo da baxuagoa izan, inoiz ere, esleitu gabe geratu den prozeduran lizitazio-tipo modura aurrei-kusitakoa baino.

e) Ondasunak babes publikoko etxebizitzei

atxiki gabeko lokalak edo eranskinak direnean eta etxebizitzen sustapen publi-korako eskumena baliatuz eraikita dau-denean, betiere Euskadiren ondareari buruzko legeriaren arabera beharrezkoa den baimenarekin.

2. Lurzoru Ondare Publikoko ondasunak doan

edo beren balioaren azpitik laga daitezke, erre-gelamendu bidez zehaztuko diren betekizunak eta baldintzak betez, honako kasu hauetakoren bat gertatzen denean:

a) Lagapen-hartzailea administrazio publiko

bat edo sektore publikoko erakunde bat denean, eta xedea, berriz, lege honetako 15. artikuluan jasota datozenetako edo-zein.

b) Eskarigilea irabazi-asmorik ez duen eta

onura publikoko deklaratuta dagoen erakunde bat denean eta lursailak etxebi-zitza babestuak eraikitzeko direnean.

c) Lagapen-hartzailea kasuan kasuko etxe-

bizitzaren legezko okupatzailea denean eta ordezko etxebizitza emateko xedez administrazio publiko jarduleak behar bezala onarturiko erabaki baten bidez lortua denean etxebizitza hori.

3. Kasu guztietan, Gobernu Kontseiluaren bai-

mena beharko da aurretik.

pública, que promueva la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.

c) En el caso de edificios de viviendas de

titularidad pública o de entes del sector público, cuando los peticionarios sean sus ocupantes legales.

d) Cuando el procedimiento previsto en el

artículo anterior quede desierto, en cuyo caso la enajenación podrá llevarse a cabo de manera directa dentro del plazo máximo de un año y con arreglo al mis-mo pliego de condiciones. En ningún caso el precio de la enajenación podrá ser inferior al previsto como tipo de lici-tación en el procedimiento que ha que-dado desierto.

e) Cuando se trate de locales y anejos no

vinculados a viviendas de protección pública y construidos al amparo de la competencia en materia de promoción pública de vivienda, siempre con la autorización que se precise con arreglo a la legislación de patrimonio de Euska-di.

2. Podrán cederse gratuitamente o por debajo de

su valor los bienes del Patrimonio Público de Suelo, con los requisitos y condiciones que se determinen reglamentariamente, cuando con-curra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el cesionario sea una administra-

ción pública o ente del sector público, y el destino, cualquiera de los contempla-dos en el artículo 15 de esta ley.

b) Que el peticionario sea una entidad sin

ánimo de lucro declarada de utilidad pública y el destino de los terrenos sea la construcción de viviendas protegidas.

c) Que el cesionario sea ocupante legal

de la vivienda afectada y obtenida en virtud de acuerdo de realojo debida-mente aprobado por la administración pública actuante.

3. En todos los supuestos será necesaria la autori-

zación previa del Consejo de Gobierno.

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V. KAPITULUA BABES PUBLIKOKO BIZITEGIETARAKO SISTEMA: BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZEN ETA ZUZKI-DURA BIZITOKIEN DEFINIZIOA ETA MOTAK 19. artikulua. Babes publikoko bizitegietarako sistema Administrazio publikoek, bakoitzak bere esku-men-esparruan, sustatu egingo dituzte lege honetan aipatzen diren babes publikoko etxebizitzak, halako jarduketak bultzatzeko neurri ekonomiko, fiskal, hiri-gintzako eta bestelakoen bidez, zeinak erregelamendu bidez zehaztuko baitira. Bizitegi-parke babestua planifikatu, programatu, proiektatu, sustatu edo exekutatzeko lanetan, esku-hartze publikoa babes publikoko bizitegietarako sis-tema gisa eratzen da. Sistema hori osatzen duten ba-liabideak hauek dira: a) Babes publikoko etxebizitzak. b) Zuzkidura-bizitokiak. 20. artikulua. Babes publikoko etxebizitzak 1. Babes publikoko etxebizitza izango dira lege

honetan eta lege hau garatzeko araudian etxe-bizitzen bizigarritasun, kalitate, azalera, erabi-lera eta prezioari edo errentari buruz ezarritako betekizunak eta baldintzak betetzen dituztenak eta, aldi berean, halako kalifikazioa eman die-nak etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak edo, udal-araubide tasatuko etxebizitzak baldin badira, kasuan kasuko uda-lak.

2 (lehen 3). Araubide juridikoaren, onura ekonomi-

koen eta jabetza-eskubidea mugatzearen ondo-rioetarako, etxebizitza babestuaren kontzeptua-ren barruan sartuko dira behin betiko kalifikazi-oan ondorio horietarako agertzen diren beste elementu guztiak, hala nola garajeak, trastele-kuak, lokalak eta gainerako elementu pareka-garriak.

3. Etxebizitza babestuen ezaugarri teknikoak bete-

tzen dituztenean, etxebizitza libreek ere jaso dezakete babestuen kalifikazioa baldin eta haien sustatzaileak edo titularrak hala eskatzen badu dagozkion laguntzak jaso ahal izatearren, etxebizitza horiek etxebizitza babestuen prezioan

CAPÍTULO V SISTEMA RESIDENCIAL DE PROTECCIÓN PÚBLI-CA: DEFINICIÓN Y TIPOS DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA Y ALOJAMIENTOS DOTA-CIONALES Artículo 19. Sistema residencial de protección pública Las administraciones públicas, dentro de su res-pectivo ámbito de competencias, fomentarán la pro-moción de viviendas de protección pública a las que se refiere la presente ley, mediante el establecimiento de medidas económicas, fiscales, urbanísticas y de cualquier otra naturaleza que favorezcan tales actua-ciones, que se determinarán reglamentariamente. La intervención pública en cuanto a la planifica-ción, programación, proyección, promoción o ejecu-ción del parque residencial protegido se configura en el sistema residencial de protección pública constituido por los siguientes recursos: a) Viviendas de protección pública. b) Alojamientos dotacionales. Artículo 20. Viviendas de protección pública 1. Tendrán la consideración de viviendas de pro-

tección pública las viviendas que cumplan los requisitos y condiciones de habitabilidad, cali-dad, superficie, uso y precio o renta estableci-dos por la presente ley y su normativa de desa-rrollo y se califiquen como tales por el departa-mento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, o por el ayuntamiento corres-pondiente cuando se trate de viviendas de régi-men tasado municipal.

2 (antes 3). Se considerarán también comprendidos

en el concepto de vivienda protegida, a efectos del régimen jurídico, beneficios económicos y limitaciones del derecho de propiedad, todos aquellos elementos, como garajes, trasteros, locales y demás elementos asimilables, que a estos efectos se incluyan o consten en la corres-pondiente calificación definitiva de vivienda protegida.

3. Siempre que se ajusten a las características

técnicas de las viviendas protegidas, la califica-ción también podrá extenderse a la vivienda libre cuando su promotor o promotora o titular lo solicite para poder percibir las ayudas corres-pondientes al objeto de su venta, arrendamien-

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edo errentan saldu, alokatu edo lagatzeko. 21. artikulua. Babes publikoko etxebizitza-motak 1. Babes publikoko etxebizitzak bi motatakoak izan

daitezke prezioaren edo errentaren arabera, etxebizitza legez okupatu nahi dutenek bete behar dituzten baldintzen arabera eta daukaten etxebizitza-premiaren arabera:

a) Babes sozialeko etxebizitza. b) Etxebizitza tasatua, araubide autonomiko

edo munizipalekoa. 2. Eusko Jaurlaritzak, erregelamendu bidez, babes

sozialeko etxebizitzen eta araubide autonomi-koko etxebizitza tasatuen ezaugarri hauek gara-tuko ditu, besteak beste: dagokien prezioa edo errenta, etxebizitza legez okupatu nahi dutenek bete behar dituzten baldintzak, finantza-neurriak eta etxebizitzen araubide juridikoa.

3. Udal-etxebizitza tasatuen sustapenek babes

sozialeko etxebizitzen ezaugarri berak eta arau-bide juridiko bera izango dituzte. Berezitasunak, edonola ere, lege honetan bertan, lege honen erregelamendu bidezko garapenean eta udalek argitaratzen dituzten tokiko ordenantzetan eza-rriko dira, eta, gutxienez, zehaztapen hauek jaso beharko dituzte:

a) Etxebizitzen, lokalen eta eranskinen ezau-garriak, zehatz-mehatz beteta babes so-zialeko etxebizitzen arau teknikoak eta bizigarritasunari buruzkoak.

b) Udal-titulartasuneko etxebizitzen, lokalen

eta eranskinen araubide juridikoa, zehaz-tuta haien kalifikazioa, prezioak, erren-tak, lurzoruaren eta urbanizazioaren gehieneko kostuei dagokien ehunekoa, esleitzeko modua eta zehaztu beharreko beste edozer.

c) Etxebizitza, eranskin edo lokal horien

esleipena lor dezaketenek bete beharko dituzten baldintzak.

to o cesión al precio o renta de la vivienda pro-tegida.

Artículo 21. Tipos de vivienda de protección públi-ca 1. Las viviendas de protección pública, en función

de su precio o renta, de los requisitos que de-ben cumplir los interesados o interesadas en el acceso a la ocupación legal de la vivienda y de las circunstancias de su necesidad de vivienda, podrán ser de los siguientes tipos:

a) Vivienda de protección social. b) Vivienda tasada de régimen autonómico

o municipal. 2. El Gobierno Vasco desarrollará reglamentaria-

mente, entre otros extremos, las características de las viviendas de protección social y tasadas de régimen autonómico en cuanto a su precio o renta correspondiente, los requisitos que de-ben cumplir los interesados en el acceso a la ocupación legal de la vivienda, las medidas financieras y el régimen jurídico de las vivien-das.

3. Las promociones de viviendas tasadas munici-

pales tendrán las mismas características y régi-men jurídico que las viviendas de protección social, con las especialidades que se establez-can en esta ley, en su desarrollo reglamentario y en las ordenanzas locales que los ayunta-mientos publiquen al efecto, y que deberán contemplar, como mínimo, las siguientes deter-minaciones:

a) Características de las viviendas, locales y

anejos de que se trate, con cumplimiento estricto de la normativa técnica de las viviendas de protección social y de habi-tabilidad.

b) Régimen jurídico de las viviendas, locales

y anejos de titularidad municipal, con indicación de su calificación, precios, rentas, porcentaje correspondiente a los costes máximos de suelo y urbanización, modo de adjudicación y cualesquiera otros aspectos que resulten procedentes.

c) Requisitos que deban cumplir las perso-

nas que puedan resultar adjudicatarias de las citadas viviendas, anejos o loca-les.

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4. Salerosketa- eta errentamendu-kontratu pribatu-

etan agertuko da etxebizitza bakoitza babes publikoko zein modalitatetakoa den.

22. artikulua (berria). Babes publikoko etxebizi-tzen xedea 1. Etxebizitza babestuak ohiko egoitza iraunkorra

izateko erabiliko dira. Ez da inoiz ere onartuko bigarren bizileku izateko erabiltzea. Esleitu edo eskualdatzen direnetik gehienez sei hilabetera okupatu beharko dira, eta erregelamendu bidez zehazten diren baldintzetan.

2. Egoitza iraunkortzat hartuko da urte natural

osoan bizitzeko benetan erabiltzen den tokia, salbu etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak emandako berariazko bai-mena badago, erregelamendu bidez zehaztuko diren arrazoiengatik.

23. artikulua (lehen 22.a). Zuzkidura-bizitokiak 1. Zuzkidura-bizitokitzat joko da bertan bizitzeko

egokia den eraikina, ekipamendu edo zuzkidura gisa eratzen dena eta pertsonen edo bizikidetza-unitateen bizileku-premia aldi baterako konpon-tzeko erabiltzen dena, errenta edo kanon baten truke. Bertan biziko direnei bizileku batek ohiko premia pertsonalak asetzeko eduki behar dituen lekua eta instalazioak eskainiko dizkie, lege honetan eta lege hau garatzeko arauetan eza-rritako baldintzak betez.

2. Zuzkidura-bizitokiak ez dira etxebizitza babestu

gisa kalifikatuko, eta honako leku hauetako batean kokatu ahal izango dira:

a) Hir igintza-plangintzak zuzkidura-

bizitokitarako kalifikatutako lurzoruetan. b) Hirigintza-plangintzak komunitate-

ekipamendutarako edo zuzkidura-bizitoki gisa erabiltzea ahalbidetzen duen beste ekipamenduren baterako kalifikatutako lurzoruetan.

c) Lehendik dauden titulartasun publikoko

eraikin edo lokaletan, baldin eta erabi-lera horretara zuzentzen badira.

4. La pertenencia de la vivienda a cada modali-

dad de protección pública se hará constar en los contratos privados de compraventa y arren-damiento.

Artículo 22 (nuevo). Destino de las viviendas de protección pública 1. Las viviendas protegidas se destinarán a domici-

lio habitual y permanente. En ningún caso se admitirá el destino para segunda residencia. Deberán ser ocupadas en un plazo máximo de seis meses a partir de la adjudicación o trans-misión y en las condiciones que reglamentaria-mente se determinen.

2. Se entenderá por domicilio permanente el que

constituya el lugar de residencia efectiva du-rante todo el año natural, salvo autorización expresa al efecto otorgada por el departamen-to competente en materia de vivienda del Go-bierno Vasco, por causas que serán determina-das reglamentariamente.

Artículo 23 (antes 22). Alojamientos dotacionales 1. Se entenderá por alojamiento dotacional la

edificación residencial apta para ser habitada, que se configura como equipamiento o dota-ción, destinada a resolver de forma transitoria y mediante abono de renta o canon la necesidad de habitación de personas o unidades de convi-vencia. Cumplirá los requisitos establecidos en esta ley y su normativa de desarrollo para ofre-cer a las personas que vayan a habitar en ella el espacio y las instalaciones necesarias que satisfagan sus necesidades personales ordina-rias de habitación.

2. Los alojamientos dotacionales no serán objeto

de su calificación como vivienda protegida, y podrán situarse, alternativamente:

a) Sobre suelos calificados por el planea-

miento urbanístico para tal finalidad de alojamiento dotacional.

b) Sobre suelos que el planeamiento urba-

nístico califique de equipamiento comu-nitario u otro equipamiento que permita el uso de alojamiento dotacional.

c) En edificaciones o locales preexistentes

de titularidad pública que se destinen al efecto.

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3. Etxebizitza bat legez okupatzeko zailtasunak

dauzkatenei aldi baterako bizitokia eskaintzeko erabiliko dira, hala nola gazteei, immigranteei, etxebizitza partekatua erabiltzeko eskubidea galdu duten bananduei edo dibortziatuei, hiri-gintzako eragiketak direla-eta beste bizitoki baten zain daudenei eta antzeko beste batzuei. Erabili ahal izango dira, halaber, aldi baterako bizitokia eskaintzeko bai gizarteratzen ari diren kolektiboetako pertsonei, bai babes berezia behar dutenei, hala nola genero-indarkeria jasan duten emakumeei, adinekoei, etxegabeei, desgaitasun fisiko, psikiko edo intelektuala du-tenei eta antzeko egoeran dauden beste ba-tzuei.

4. Zuzkidura-bizitokiak haien erabiltzaileek aldi

batean okupatzeko izango dira. Haien ezauga-rriak eta araubide juridikoa lege honetan eta lege hau garatzeko onartzen diren xedapenetan zehaztutakoak izango dira, eta, besteak beste, zehaztu beharko dituzte horrelako bizitokiak okupatzeko baldintzak eta modua, bai eta oku-pazioaren hasierari eta bukaerari buruzko arauak ere. Edonola ere, ezin izango zaizkie inoiz ere aplikatu ez nahitaezko luzapena, ez hiri-errentamenduei buruzko legeriako gaine-rako zehaztapenak.

Udal-titulartasuneko zuzkidura-bizitokiak arau-tzen dituzten udal-ordenantzetan jasota egon beharko dute aurreko artikuluko 3. paragrafoan aurreikusitako zehaztapenek gutxienez, egokitu beharrekoa egokiturik.

5. Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta

udalek hitzarmenak egin ahal izango dituzte, premia duten gizarte-sektoreentzat arian-arian zuzkidura-bizitokien udalez gaindiko sare bat eratzeko.

6. Kontuan hartuta zuzkidurakoak direla, zuzkidura

-bizitokiei ez zaizkie aplikatuko hirigintzako le-geetan etxebizitzak planifikatzeko eta kudea-tzeko jasota dauden eraikigarritasun-mugak, ez eta lursailetan eta etxebizitza babestuetan erre-serbatu beharreko gutxieneko estandarrak ere. Edonola ere, dagokion araudi teknikoa aplikatu behar zaienean, etxebizitzaren bizitegi-erabilera dutela joko da.

24. artikulua (lehen 23.a). Lurzorua lortzea, zuz-kidura-bizitokiak eraikitzeko

3. Estarán destinados al alojamiento temporal de

personas con dificultades de acceso a la ocu-pación legal de una vivienda, como jóvenes, inmigrantes, personas separadas o divorciadas que hayan perdido el derecho al uso de la vi-vienda compartida, personas pendientes de realojamiento por operaciones urbanísticas y otros similares. Podrán destinarse igualmente al alojamiento temporal de personas de colectivos en proceso de reinserción o de quienes requie-ran de una especial protección, como mujeres víctimas de violencia de género, personas ma-yores, personas sin hogar, discapacitados físi-cos, psíquicos e intelectuales y otros en simila-res circunstancias.

4. Los alojamientos dotacionales se ocuparán por

sus usuarios o usuarias con carácter temporal. Sus características y régimen jurídico serán los contemplados en la presente norma legal y disposiciones que se dicten en su desarrollo y que establecerán, entre otras determinaciones, los requisitos y modo de acceso, así como nor-mas sobre el inicio y terminación de la ocupa-ción, sin que en ningún caso les resulte de apli-cación la prórroga forzosa ni demás precisiones de la legislación de arrendamientos urbanos.

Las ordenanzas locales que regulen los aloja-mientos dotacionales de titularidad municipal contendrán, como mínimo y con las adaptacio-nes pertinentes, las determinaciones previstas en el apartado 3 del artículo anterior.

5. La Administración de la Comunidad Autónoma

y los ayuntamientos podrán establecer conve-nios a los efectos de la conformación progresi-va de una red supramunicipal de alojamientos dotacionales con destino a los sectores sociales necesitados.

6. En atención a su propia naturaleza dotacional,

a los alojamientos dotacionales no les serán de aplicación ni los límites de edificabilidad ni los estándares mínimos de reserva de terrenos y de vivienda protegida previstos en la legislación urbanística para la planificación y gestión de viviendas, aun cuando tendrán la condición de uso residencial de vivienda al objeto de la apli-cación a ellos de la normativa técnica corres-pondiente.

Artículo 24 (antes 23). Obtención de suelo para la construcción de alojamientos dotacionales

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1. Udal-plangintzan zuzkidura-bizitokitarako horni-dura publiko modura kalifikaturik dauden lur-sailak bi eratara lor daitezke, halakoak ezar-tzeko ardura duen administrazioaren alde: jar-duketa integratuetan sartuta edo haiei atxikita baldin badaude, derrigor eta doan lagaz; edo, jarduketa integratuetan sartu gabe eta haiei atxiki gabe badaude, nahitaez desjabetuz. Lege honetan eta lege hau garatzeko arauetan jaso-tako baldintzak betetzen badituzte, lursail horien gainean jasotzen diren eraikinak zuzkidura-bizitokitzat joko dira.

2. Aurreko paragrafoan zehaztutako kasuetan,

lursailak eta haien gainean jasotzen diren erai-kinak dagokion lurzoru-ondare publikora bil-duta geratuko dira eta zerbitzu publiko bati atxikita dauden jabari publikoko ondasuntzat hartuko dira. Ezin izango dira eskualdatu; hala ere, zuzenean laga ahal izango dira etxebizitza-arloko eskumenak dauzkaten administrazio publikoen artean, edo administrazio horien eta mendean dituzten sektore publikoko entitateen artean, lege honetan eta lege hau garatzeko arauetan jasotako kasuetan eta baldintzetan. Zuzkidura-bizitokiak lurzoruaren titularra den administrazioak edo erakunde publikoak eraiki eta kudea ditzake, zuzenean, edo hirugarren batzuei emakida-eskubidea eman, eraiki eta kudea ditzaten.

3. Artikulu honetako aurreko paragrafoetan jartzen

duenaz gainera, eta salbuespenez, behin-behinean zuzkidura-bizitokitarako erabil dai-tezke titulartasun pribatuko edo publikoko erai-kinak, eraikin-zatiak edo lokalak ere, baldin eta une jakin bateko edo egoeraren araberako premiak direla-eta jendeari bitarte batean or-dezko etxebizitza edo bizitegia emateko badira, eta, betiere, etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako organoak behar den dekla-razioa eginda. Behin-behineko erabilera horien udal-baimena lortzeko ez da beharrezkoa izango informazio publikoko izapidea, ezta beste konpromiso batzuk frogatzea ere, baizik eta, bakarrik, jabeak onartzea etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako organoak egindako deklarazioa. Dena dela, prekarioan emandakotzat joko da, eta eraikina uzteko betebeharra egongo da, inolako kalte-ordainik hartzeko eskubiderik gabe, hirigintza-araudian ezarritako eran.

1. Los terrenos calificados por el planeamiento municipal como dotación pública con destino a alojamientos dotacionales serán obtenidos, a favor de la administración responsable de su implantación, bien por cesión obligatoria y gratuita en el supuesto de incluirse o adscribirse a actuaciones integradas, o bien por expropia-ción forzosa en el supuesto de no figurar inclui-dos ni adscritos a estas. Las construcciones que se edifiquen en ellos, si cumplen las condicio-nes establecidas por esta ley y su normativa de desarrollo, tendrán la consideración de aloja-mientos dotacionales.

2. En los supuestos señalados en el apartado an-

terior, los terrenos y la edificación que se cons-truya sobre ellos quedarán incorporados al patrimonio público de suelo correspondiente y tendrán la condición de bienes demaniales afectos a un servicio público. No podrán ser objeto de transmisión, sin perjuicio de la posibi-lidad de su directa cesión entre administracio-nes públicas con competencias en materia de vivienda, así como entre estas y las entidades del sector público dependientes de ellas, en los supuestos y con los requisitos previstos en esta ley y su normativa de desarrollo. La administra-ción o el ente público titular del suelo podrá construir y gestionar directamente los aloja-mientos dotacionales o podrá otorgar derecho concesional a terceros para su construcción y gestión.

3. Con independencia de lo previsto en los apar-

tados precedentes de este artículo, y con carác-ter excepcional, podrán destinarse también a usos provisionales de alojamiento dotacional las edificaciones o partes de estas y los locales, todos ellos de titularidad privada o pública, que, contando para ello con la debida declara-ción efectuada por el órgano competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, atien-dan a necesidades puntuales o coyunturales de realojo o residencia. La autorización municipal de estos usos provisionales no precisará de trámite de información pública, ni de la acredi-tación de otros compromisos, sino únicamente la aceptación, por parte de la propiedad, de la declaración del órgano competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco. Se entenderá, en todo caso, concedida en precario, y con la obligación de desalojo sin derecho alguno a indemnización en los términos previstos en la normativa urbanística.

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VI. KAPITULUA BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZEN ETA ZUZKI-DURA BIZITOKIEN ARAUBIDE JURIDIKOA

1. ATALA PREZIOA ETA ERRENTA EDO KANONA

25. artikulua (lehen 24.a). Babes publikoko etxe-bizitzen prezioa edo errenta eta zuzkidura-bizitokien errenta edo kanona 1. Babes publikoko etxebizitzen eta atxikitako

eranskinen erreferentziako prezioa edo errenta, baita zuzkidura-bizitokien kanonaren zenbate-koa ere, etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako saileko sailburuaren agindu bidez ezarriko dira, duten azalera kontuan har-tuta. Ondorio horietarako, etxebizitza- edo bizi-toki-mota ere kontuan hartuko da, baita koka-pen geografikoa, edukitza-araubidea, kontser-bazio-egoera, antzinatasuna eta arrazoituta ezarritako beste alderdi batzuk ere.

2. Era berean, etxebizitza-gaietan eskumena duen

Eusko Jaurlaritzako saileko sailburuaren agindu bidez, babes publikoko etxebizitzak eta arau-bide autonomikoko etxebizitza tasatuak eslei-tzeko eskatzen duten pertsonen edo bizikidetza-unitateen gehieneko finantza-ahalmenaren zen-batekoak ezarriko dira. Errenta estandarizatuari dagokionez, kontuan izan beharko da Familiei Laguntzeko 13/2008 Legeko 6. artikuluan eza-rritakoa.

26. artikulua (lehen 25.a). Babes publikoko etxe-bizitzak eta zuzkidura-bizitokiak gerora eskual-datu edo erabiltzeko lagaz gero ordaindu beha-rreko prezioa eta errenta edo kanona 1. Babes publikoko etxebizitzen eta zuzkidura-

bizitokien prezioak eta errentak edo kanonak eguneratzeko irizpideak erregelamendu bidez garatuko dira. Babesak irauten duen legezko epean, etxebizitza babestuen lehenengo eta ondorengo eskualdatzeetako edozein xedatze- edo alokatze-egintzak gehieneko salmenta- edo errenta-prezio bat izango du, zeina lege hau garatzen duen araudiaren bidez zehaztuko baita.

2. Debekaturik daude gainprezioa eta prima, baita

aplikatzekoak diren arauen araberako prezio, errenta edo kanona aldatzen duen kopuru oro

CAPÍTULO VI RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS VIVIENDAS DE PRO-TECCIÓN PÚBLICA Y LOS ALOJAMIENTOS DO-TACIONALES

SECCIÓN 1.ª PRECIO Y RENTA O CANON

Artículo 25 (antes 24). Precio o renta de las vi-viendas de protección pública y renta o canon de los alojamientos dotacionales 1. El precio o la renta de referencia de las vivien-

das de protección pública y sus anejos vincula-dos, así como el importe del canon de los alo-jamientos dotacionales, se establecerán por orden del consejero o consejera del departa-mento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco en función de la superficie de aquellos. A estos efectos se considerará tam-bién el tipo de vivienda o alojamiento, su ubi-cación geográfica, su régimen de tenencia, estado de conservación, antigüedad y otros aspectos que se establezcan motivadamente.

2. Asimismo, por orden del consejero o consejera

del departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco se establecerán los importes de la capacidad financiera máxima de las personas o unidades de convivencia demandantes de la adjudicación de viviendas de protección pública y de tasadas de régimen autonómico. Se deberá tener en cuenta lo esta-blecido en el artículo 6 de la Ley 13/2008, de Apoyo a las Familias, en lo relativo a la renta estandarizada.

Artículo 26 (antes 25). Precio y renta o canon en posteriores transmisiones o cesiones de uso de las viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales 1. Se desarrollarán reglamentariamente los crite-

rios de actualización de las rentas o cánones de las viviendas de protección pública y alojamien-tos dotacionales. Durante el período legal de protección, cualquier acto de disposición o de arrendamiento de viviendas protegidas en pri-meras o posteriores transmisiones estará sujeto a un precio de venta o renta máximo, que será fijado en la normativa de desarrollo de la pre-sente ley.

2. Se prohíbe el sobreprecio, la prima o la percep-

ción de cualquier cantidad que altere el precio, renta o canon que corresponda de acuerdo con

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jasotzea. Deusezak izango dira, erabat, kasu bakoitzean aplikatu beharreko arauetan bai-mendurik dauden gehieneko kopuruak baino prezio, errenta edo kanon handiagorik ezartzen duten klausulak eta estipulazioak.

3. Aurreko paragrafoan jasota dauden kasu horie-

tan, higiezina eskualdatzeko edo haren erabi-lera lagatzeko gainerako baldintzak betetzen baldin badira, eskualdaketa edo erabilera-lagatze hori legezko gehieneko prezioan egin dela iritziko zaio, eta kontratuaren gainerako zatiak baliozkotzat joko dira. Behar baino ge-hiago ordaindu duen eskuratzaileak edo okupa-tzaileak dirua itzultzea erreklama dezake, eta, gainera, ikusi egin beharko da beste erantzuki-zunik badagoen, lege honetako X. kapituluan –arau-hausteei eta zehapenei buruzkoan– xeda-turik dagoenaren arabera.

27. artikulua (lehen 26.a). Babes publikoko etxe-bizitzetarako lurzoruaren prezioa 1. Babes publikoko etxebizitzak sustatzeko lurzo-

ruaren prezioan, ezin dira gainditu dagozkien babes-arauetan bai lurzorurako eta bai urbani-zaziorako jarrita dauden gehieneko jasanaraz-pen-balioak. Lege honetako 21. artikuluan ze-haztu diren etxebizitza-mota guztietan bete be-harko da arau hau.

2. Gehieneko jasanarazpen-balio horiek gehie-

neko prezio-muga batzuk dira, bizitegitarako hirigintza-eraikigarritasun babestua duten par-tzelen kostu bidezko eskualdatzeetarako jartzen direnak. Gai honetan indarrean dagoen lege-rian xedaturikoaren arabera halako eskualda-tzeak islatzen diren egintza eta kontratu guztien eskritura publikoetan jasoko dira gehieneko prezio-muga horiek.

2. ATALA (lehen 3.a) BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZEN KALIFIKAZIOA 28. artikulua (lehen 29.a). Babes publikoko gisa kalifikatzea 1. Etxebizitza bat babes publikoko etxebizitzatzat

har dadin, halakoentzat jarrita dauden onurak lor ditzakeelarik eta duen araubidearen mugak beretzen dituelarik, beharrezkoa izango da etxe-bizitza babestuaren kalifikazioa lortzea. Atxiki gabeko eranskinak edo kalifikatu gabeko loka-lak ez dira babestutzat hartuko, eta, hortaz,

las normas aplicables. Serán nulas de pleno derecho las cláusulas y estipulaciones que esta-blezcan precios, rentas o cánones superiores a los máximos que autorice la normativa aplica-ble en cada caso.

3. En los supuestos previstos en el apartado ante-

rior, se entenderá que la transmisión o cesión de uso se ha realizado al precio máximo legal-mente permitido, considerándose válido el resto del contrato, si se cumplen los demás requisitos para la transmisión o cesión de uso del inmue-ble. El adquirente u ocupante que haya abona-do las cantidades indebidas podrá reclamar su reintegro, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a tenor de lo dispuesto en el capítulo X, de infracciones y sanciones, de la presente ley.

Artículo 27 (antes 26). Precio del suelo con des-tino a vivienda de protección pública 1. El precio de los suelos que se destinen a la

promoción de vivienda de protección pública, en cualquiera de sus tipologías relacionadas en el artículo 21 de la presente ley, deberá respe-tar los valores máximos de repercusión tanto de suelo como de urbanización establecidos por sus normativas protectoras respectivas.

2. Estos valores máximos de repercusión se esta-

blecen como límite máximo de precio en las transmisiones onerosas de parcelas con edifica-bilidades urbanísticas residenciales protegidas. Esta condición de límite máximo de precio se hará constar en las escrituras públicas de todos los actos y contratos en los que se reflejen las citadas transmisiones de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en la mate-ria.

SECCIÓN 2.ª (antes 3.ª)

CALIFICACIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA Artículo 28 (antes 29). Calificación de protección pública 1. Para que una vivienda sea reconocida como

vivienda de protección pública, pudiendo acce-der por ello a los beneficios dispuestos para ella y asumiendo las limitaciones propias de su régimen, será necesario obtener la debida cali-ficación de vivienda protegida. Los anejos no vinculados o los locales que no estén califica-

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libretzat joko dira lege honen eta lege hau ga-ratzeko arauen ondorioetarako.

2. Kalifikazioa administrazio-deklarazio bat da,

zeinaren bidez etxebizitza, eranskin edo lokal batek, banaka edo besterekin batera sustapen batekoa izanez, dagokion babes publikoko araubideak dituen onurak lortzen baititu eta haren mugak beretzen.

3. Babes publikoko etxebizitzak eta haien eranski-

nak kalifikatzeko administrazio-prozeduran bi fase bereizten dira:

a) Behin-behineko kalifikazioa. Kalifikazio

hori emateko, eskumena duen adminis-trazioak egiaztatzen du proiektuak bete-tzen duela etxebizitza babestuei buruz indarrean dagoen araudia, eta espresuki edo isiltasunaren bidez kalifikazio hori eman izanak ahalmena ematen dio inte-resdunari finantziazio kualifikatua eska-tzeko.

b) Behin betiko kalifikazioa. Horren bidez,

Administrazioak aitortzen du, egiaztatu ondoren, eraikitako errealitatea behin-behineko kalifikazioa lortu zuen proiek-tuaren araberakoa dela, edo proiektuari behar bezala baimenduta egindako al-daketen araberakoa.

29. artikulua (lehen 30.a). Kalifikazioaren irau-pena 1. Babes publikoko etxebizitzek eta haien eranski-

nek, tipologia edo sustapena edozein dela ere, babes publikoko kalifikazio iraunkorra izango dute, lege honetan ezarritako salbuespenetan izan ezik.

2. Nolanahi ere, etxebizitza-gaietan eskumena

duen Eusko Jaurlaritzako sailak erregelamendu bidez ezarritako betekizunen, baldintzen eta prozeduraren arabera, kalifikazioa kendu ahal izango zaie, edo, hala badagokio, urte-kopurua zehaztuta kalifikazio-epe bat ezarri, honelako etxebizitzak badira:

a) Hirigintza- edo desjabetze-jarduketa

batek eragindako etxebizitza libre baten titularrari ordezko etxebizitza izateko es-kubidea bermatze aldera jabetzan eslei-tutako babes publikoko etxebizitzak.

dos no tendrán la condición de protegidos, considerándose, por tanto, libres a los efectos de esta ley y su normativa de desarrollo.

2. La calificación es la declaración administrativa

por la cual una vivienda, anejo o local, de for-ma individual o perteneciendo a una promo-ción de forma conjunta, tiene acceso a los be-neficios y asume las limitaciones propias del régimen de protección pública correspondiente.

3. En el procedimiento administrativo de califica-

ción de viviendas de protección pública y sus anejos se distinguen dos fases:

a) Calificación provisional, para cuyo otor-

gamiento la administración competente verifica que el proyecto cumple con la normativa vigente para la vivienda prote-gida y cuya concesión, expresa o por silencio, faculta al interesado para solici-tar la concesión de financiación cualifi-cada.

b) Calificación definitiva, a tenor de la cual

la Administración reconoce, previa com-probación, que la realidad construida se atiene al proyecto que obtuvo la califica-ción provisional o a modificados de di-cho proyecto que hubieren sido debida-mente autorizados.

Artículo 29 (antes 30). Duración de la calificación 1. Las viviendas de protección pública y sus

anejos, sea cual fuere su tipología o promo-ción, tendrán la calificación permanente de protección pública, con las salvedades previstas en esta ley.

2. No obstante, y con los requisitos, condiciones y

procedimiento que se establezcan reglamenta-riamente por el departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, po-drán ser objeto de descalificación o, en su ca-so, de establecimiento de un plazo de califica-ción con la fijación del número de años de esta, en los siguientes supuestos:

a) Las viviendas de protección pública adju-

dicadas en régimen de propiedad para garantizar el derecho al realojo al titular de una vivienda libre afectada por una actuación urbanística o expropiatoria.

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b) Berroneratze-, berritze- edo birgaitze-prozesu bat dela-eta babes publikoko kalifikazioa borondatez hartu duten etxe-bizitza, eranskin eta merkataritza-lokalak.

3. Behar bezala justifikatutako arrazoirik ezean,

artikulu honetako aurreko paragrafoan aurrei-kusitakoaren arabera kalifikazioa kentzea edo kalifikazioarentzat iraunaldi berri bat ezartzea baimentzen duen aginduak baldintzatzat jarriko du dena delako higiezinaren kontura jasotako laguntza guztiak edo batzuk itzuli beharra, la-guntza horiek erregelamendu bidez ezarri be-zala eguneratuta edo zuzenduta, eta haien zen-batekoa zehaztuta.

30. artikulua (lehen 31.a). Kalifikazioa ematea eta kalifikazio-agiriaren gutxieneko edukia 1. Etxebizitza bati eta haren eranskinei babestu

kalifikazioa ematea edo ukatzea, zer dagokion, etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaur-laritzako sailak erabakiko du, edo dagokion udalak, udal-etxebizitza tasatuak badira.

2. Horretarako, eta aipatutako behin-behineko eta

behin betiko kalifikazio bakoitzerako, artikulu honetako aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera dagokion administrazioak hiru hilabe-teko epea izango du ebazpena emateko, agiri guztiak aurkezten direnetik. Hala ere, eskumena duen organoak, arrazoituta, erabaki dezake epea beste bi hilabetez luzatzea.

3. Baldin eta legez ezarritako hiru hilabeteko epea

edo, hala badagokio, luzapena amaitu eta artean ebazpenik eman ez bada, iritziko zaio kalifikazioa eman egin dela administrazio-isiltasun positiboa bitarteko. Hala eta guztiz ere, isiltasunaren bidez ezingo da eskuratu ahalmen edo eskubiderik baldin eta kalifikazioa lortzeko legez ezarritako baldintzak betetzen ez badira.

4. Bai behin-behineko kalifikazioaren agirian, bai

behin betikoarenean, honako eduki hauek jaso beharko dira gutxienez:

a) Sustatzailearen identitatea, hartan sartu-

b) Las viviendas, anejos y locales comercia-les que se hayan acogido voluntariamen-te a la calificación de protección pública como consecuencia de un proceso de regeneración, renovación o rehabilita-ción.

3. Salvo causa justificada debidamente motivada,

la orden que, en su caso, autorice, conforme a lo previsto en el apartado anterior de este ar-tículo, la descalificación o el establecimiento de un nuevo plazo de duración de la calificación fijará como condición la necesidad de devolu-ción de todas o parte de las ayudas percibidas, actualizadas o corregidas según se establezca reglamentariamente, por cuenta del inmueble en cuestión, y concretando el importe de aque-llas.

Artículo 30 (antes 31). Concesión de la califica-ción y contenido mínimo del documento de califi-cación 1. El otorgamiento o denegación, en su caso, de

la calificación de vivienda protegida, incluidos sus anejos, lo realizará el departamento com-petente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, o el ayuntamiento correspondiente cuando se trate de régimen tasado municipal.

2. A tal efecto, y para cada una de las citadas

calificaciones provisional y definitiva, la admi-nistración a la que corresponda conforme a lo establecido en el apartado anterior de este artículo dispondrá de un plazo máximo de tres meses, desde que se haya presentado la docu-mentación completa, para dictar resolución. No obstante, el órgano competente podrá acordar motivadamente la ampliación del plazo por otros dos meses.

3. Si, transcurrido el plazo de tres meses legal-

mente previsto o, en su caso, el plazo de am-pliación, no se hubiera dictado resolución, se entenderá otorgada la calificación por silencio administrativo positivo. Todo ello sin perjuicio de que no podrán adquirirse por silencio facul-tades o derechos si no se cumplen los requisitos legalmente exigidos para la calificación.

4. Tanto en el documento de la calificación provi-

sional como en el de la definitiva deberán ha-cerse constar, como contenido mínimo, los siguientes extremos:

a) Identidad del promotor o promotora, que

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rik izena edo sozietatearen izena, identifi-kazio fiskala eta egoitza.

b) Babes publikoko etxebizitza-mota, lege

honetan ezarritako tipologiaren arabera, edo, hala badagokio, merkataritzako lokala edo ekipamendua.

c) Etxebizitzen edo lokalen eta garaje, tras-

teleku eta eranskinen kopurua eta aza-lera erabilgarria, zehaztuz horiek etxebizi-tzei atxikita dauden ala ez, eta horietako bakoitzaren azalera erabilgarria.

d) Etxebizitzak edo lokalak lortzeko araubi-

dea eta hasierako erabilera.

e) (lehen f) Berariaz aipatzea kalifikazio iraun-

korra, edo, hala badagokio, kalifikazio-epea lege honetan jasotako salbuespe-nezko kasuetan.

f) (lehen g) Esleitzeko prozedura. g) (lehen h) Eroslehentasun-eskubidea eta

atzera eskuratzeko eskubidea erabiltzea dagokion entitatea.

h) (lehen j) Behin betiko kalifikazioan, gai-

nera, eskualdatu diren etxebizitzen eta haiei atxikitako eranskinen salmenta-prezioa zehaztuko da. Eskualdatu ez direnetan, eutsi egingo zaie behin-behineko kalifikazioaren parametroei.

31. artikulua (lehen 32.a). Lehen erabilerako udal-lizentzia eta behin betiko kalifikazioa batera ger-tatzea 1. Babes publikoko etxebizitzen sustatzaileek, etxe-

bizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlari-tzako sailari dagokionean etxebizitza babestua-ren kalifikazioa ematea, lehen erabilerako udal-lizentziaren eskaerarekin batera aurkeztu be-harko dute Eusko Jaurlaritzan eskumena duen organoari babes publikoko etxebizitzaren behin betiko kalifikazioa eskatu izana ziurtatzen duen agiria edo eskaera horren kopia zigilatua.

2. Udalak, eskaera hori behar bezala aurkeztuta

jasotakoan eta dagozkion berrikuspenak eta egiaztapenak egin ondoren, eman egingo du,

deberá incluir nombre o razón social, identificación fiscal y domicilio.

b) Tipo de vivienda de protección pública,

según la tipología establecida en esta ley, o, en su caso, local comercial o equipamiento.

c) Número y superficie útil de las viviendas

o locales y garajes, trasteros y anejos, especificando si son o no vinculados, así como su superficie útil respectiva.

d) Régimen de acceso y uso inicial de las

viviendas o locales. e) (antes f) La mención expresa de la califica-

ción permanente, o, en su caso, del pla-zo de calificación en los supuestos ex-cepcionales recogidos en esta ley.

f) (antes g) Procedimiento de adjudicación. g) (antes h) Entidad a la que le corresponde el

ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.

h) (antes j) En la calificación definitiva, ade-

más, se consignará el precio de venta de aquellas viviendas y anejos vinculados cuya transmisión se haya materializado. En los que no se hubiera producido di-cha transmisión, se mantendrán vigentes los parámetros de la calificación provi-sional.

Artículo 31 (antes 32). Concurrencia de la licencia municipal de primera utilización y la calificación definitiva 1. Los promotores de viviendas de protección pú-

blica en las que el otorgamiento de la califica-ción de vivienda protegida corresponda al de-partamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco deberán acompañar a la petición de licencia municipal de primera utili-zación copia de la solicitud sellada o certifica-ción de haber solicitado al órgano competente del Gobierno Vasco la calificación definitiva de vivienda de protección pública.

2. El ayuntamiento, recibida esta solicitud en de-

bida forma, previas las revisiones y comproba-ciones oportunas, concederá, en su caso, li-

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hala badagokio, lehen erabilerako lizentzia, baina etxebizitza-gaietako eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailetik behin betiko kalifika-zioa lortzeko baldintzarekin, lizentzia hori era-ginkorra izango bada.


laritzako organoak behin betiko kalifikazioa emandakoan, dagokion udalari jakinaraziko dio, eta orduan etxebizitza babestuaren obra berriaren deklarazioaren eskritura publikoa egin ahal izango da, bi ebazpen horiek aurkeztuta.

4. Urez, gasez, elektrizitatez, telekomunikazioez eta

beste zerbitzu komunitario batzuez hornitzen duten konpainiek ez dute zerbitzuz hornituko baldin eta aurretik frogatzen ez bada etxebizitza edo bizitoki babestuaren lehen erabilerako li-zentzia badela, bai eta, hala badagokio, etxebi-zitza babestuaren behin betiko kalifikazioa ere.

3. ATALA (lehen 4.a)

ESLEITZEKO PROZEDURA ETA SUSTAPEN MOTAK 32. artikulua (lehen 33.a). Babes publikoko etxe-bizitzak eta zuzkidura-bizitokiak esleitzeko proze-dura 1. Babes publikoko etxebizitzak fede-emaile publi-

koaren aurrean esleituko dira, erregelamenduz ezarritako prozeduraren bidez, non eskabideak barematu egingo baitira eta, lehentasunak ze-hazterakoan, kontuan hartuko baitira eskatzai-learen errenta erabilgarria eta haren bizikidetza-unitatearen kide-kopurua, eta bigarren mailako irizpide modura izango baita kontuan etxebizitza-eskatzaile gisa duen antzinatasuna; dena den, kupo batzuk ere ezarri ahal izango dira beharri-zan sozialei erantzuteko. Betiere bermatu egingo dira publizitatearen eta lehia askearen printzipioak, eta esleitzeko prozedura ezin izango da hasi, inoiz ere, sustapenaren behin-behineko kalifikazioa lortu aurretik.


laritzako sailak, foru-aldundiek, udalek, kontze-juek eta toki-erakunde txikiek beraiek sustatu-tako babes publikoko etxebizitzak esleitzeko prozeduratik kanpo utz ditzakete ordezko etxebi-zitza izateko eskubidea bermatzera bideratutako etxebizitzak eta edozein desgaitasunek eragin-dako mendetasun-egoerak edo gizarte-bazterketaren arriskuko egoerak konpontzera

cencia de primera utilización, condicionando su efectividad a la obtención de la calificación definitiva por parte del departamento compe-tente en materia de vivienda de Gobierno Vas-co.

3. Cuando el órgano competente en materia de

vivienda de Gobierno Vasco otorgue la califica-ción definitiva, la notificará al ayuntamiento respectivo, y podrá elevarse a escritura pública la declaración de obra nueva de la vivienda protegida, acompañando ambas resoluciones.

4. Las compañías suministradoras de agua, gas,

electricidad, telecomunicaciones y otros servi-cios comunitarios no suministrarán los servicios sin la previa acreditación de la existencia de licencia de primera utilización de vivienda o alojamiento protegido y, en su caso, de la cali-ficación definitiva de vivienda protegida.


PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TIPOS DE PROMOCIÓN Artículo 32 (antes 33). Procedimiento de adjudi-cación de las viviendas de protección pública y de los alojamientos dotacionales 1. Las viviendas de protección pública se adjudi-

carán ante fedataria o fedatario público me-diante el procedimiento que se determine regla-mentariamente, en el que se baremarán las solicitudes otorgando prioridad a los solicitantes en atención a la renta disponible y en relación con el número de miembros de la unidad de convivencia, y la antigüedad como demandante de vivienda se tendrá en cuenta como criterio accesorio; todo ello sin perjuicio de establecer cupos destinados a resolver necesidades de carácter social. En todo caso se garantizarán los principios de publicidad y libre concurren-cia, y el procedimiento de adjudicación no po-drá iniciarse, en ningún caso, antes de la ob-tención de la calificación provisional de la pro-moción.


vivienda del Gobierno Vasco, las diputaciones forales, los ayuntamientos, los concejos y las entidades locales menores podrán excluir del procedimiento de adjudicación de viviendas de protección pública promovidas por ellos aque-llas viviendas que se destinen a garantizar el derecho de realojo y a resolver situaciones de dependencia, de todo tipo de discapacidad o

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bideratuak. 3. Halaber, esleipen-prozeduratik kanpo utz dai-

tezke eroslehentasun-eskubidea eta atzera esku-ratzeko eskubidea erabiliz lortutako babes pu-blikoko etxebizitzak, baldin eta, beren antzinata-suna, kontserbazio-egoera edo eraikuntza berri-koetatik bereizten dituzten beste ezaugarri ba-tzuk direla-eta, komeni bada berariazko eslei-pen-prozedura izan dezaten edo behin-behineko erabileretarako izenda daitezen, dela ek ipamendutarako, de la zuzk idura-bizitokitarako, dela egokitzat jotzen diren eta interes publikoaren edo funtzio sozialaren ara-berakoak diren beste batzuetarako.

4. Foru-aldundiek, udalek eta kontzejuek, bai eta,

hala badagokio, toki-erakunde txikiek ere, be-raiek sustatutako babes publikoko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak esleitzeko oinarriak ezarriko dituzte, betiere errespetatuz lege hone-tan, lege honen erregelamendu bidezko gara-penean eta diskriminazio positiboko kupoei buruz indarrean dagoen araudi sektorialean ezarritako prozedura eta mugak.

5. Babes publikoko etxebizitzak esleitzeko oinarrie-

tan onarpen-baldintzatzat jar daiteke aurrez eta antzinatasun jakin batekin udalerrian errolda-tuta egotea, betiere errespetatuz norbanakoaren eskubideak eta gizartearen eta lurraldearen kohesioak dakartzan premiak, bai eta mugikor-tasun geografikoak dakartzanak ere, horiek denak lege-arau honek babesten ditu eta. Oi-narri horietan, halaber, aurreikus daiteke errol-daturik egotearen baldintza horren ordez antzi-natasun eta iraupen jakin bateko lan-kontratu bat izatearen baldintza ezartzea, udalerrian bertan edo haren eremu funtzionalean dagoen lanpostu baterako lan-kontratu bat izatearena.

6. Bizitokiak esleitzeko, alokairuko babes sozialeko

etxebizitzentzat zehaztuta dauden printzipio ber-berak erabiliko dira. Nolanahi ere, kontuan izanik gizartearen premien zerbitzurako dauden zuzkidurak direla, berariazko prozedurak ezarri ahal izango dira jarduketa bakoitzerako, haren ezaugarriak eta berezitasunak aintzat hartuta. Prozedura horiek etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako organoak onartu be-harko ditu.

33. artikulua (berria). Desgaitasun-egoerara ego-kitutako etxebizitza edo bizitokia esleitzea

de riesgo de exclusión social. 3. Podrán excluirse, igualmente, del procedimiento

de adjudicación las viviendas de protección pública adquiridas en el ejercicio de los dere-chos de tanteo y retracto y que, por su antigüe-dad, estado de conservación u otras circunstan-cias que las singularicen y diferencien de las de nueva construcción, aconsejen un procedimien-to de adjudicación específico o su destino a usos provisionales, de equipamiento, de aloja-miento dotacional u otros que se consideren oportunos y se adecuen al interés público y función social.

4. Las diputaciones forales, los ayuntamientos y los

concejos, y, en su caso, las entidades locales menores, establecerán las bases para la adjudi-cación de las viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales que promuevan, respetando en todo caso el procedimiento y límites que se prevén en esta ley, en su desarro-llo reglamentario y la normativa sectorial vigen-te relativa a cupos de discriminación positiva.

5. Las bases para la adjudicación de las viviendas

de protección pública podrán incluir como re-quisito de admisión el empadronamiento previo y con una antigüedad determinada, siempre con respeto a los derechos individuales y a las necesidades derivadas de la cohesión social y territorial, así como de la movilidad geográfica, amparados por la presente norma legal. Las mencionadas bases podrán igualmente prever que el citado requisito de empadronamiento pueda ser suplido por la disposición de un con-trato de trabajo, de una antigüedad y duración que también se contemple, con puesto de tra-bajo ya en el propio municipio o en su área funcional.

6. La adjudicación de los alojamientos se realizará

siguiendo los principios definidos para las vi-viendas de protección social en régimen de alquiler. No obstante, teniendo en cuenta su carácter de dotación al servicio de las necesida-des de la sociedad, se podrán establecer proce-dimientos específicos para cada actuación en atención a sus características y peculiaridades. Estos procedimientos deberán ser aprobados por el órgano competente en materia de vivien-da del Gobierno Vasco.

Artículo 33 (nuevo). Adjudicación de vivienda o alojamiento adaptado a situación de discapaci-

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1. Egokitutako etxebizitza babestu bat edo bizitoki

egokitu bat esleitu behar zaienean desgaitasun-egoera batean aurkitzen denari edo direnei, baldin eta egokitu gabeko etxebizitza baten titular badira eta egokitutakoa behar badute, esleipenarekin batera edo haren aurretik, etxe-bizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlari-tzako Sailaren eskura jarri beharko dute beren titulartasuneko etxebizitza, errentan emana iza-teko.

2. Eusko Jaurlaritzak haren esku jarri den etxebizi-

tza onartu ahal izateko, etxebizitzak gutxieneko bizigarritasun-baldintzak bete behar ditu inda-rrean dagoen araudiaren arabera. Edonola ere, etxebizitza edo bizitoki egokitua lortzearren bere etxebizitza uzten duenari edo dutenei dagokie errenten zenbatekoa, hargatik eragotzi gabe zenbateko hori, osorik edo partez, esleitutako etxebizitza edo bizitokiaren errenta konpentsa-tzeko erabiltzea.

34. artikulua. Ordezko etxebizitza izateko eskubi-dea etxebizitza ohiko eta iraunkorra utzarazten den kasuetan 1. Eskumena duen zeinahi administrazio publikok

izapidetu eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean gauzatutako hirigintza-jarduketa baten, desjabetze-jarduketa baten edo birgai-tzeko nahiz hiri-berroneratze edo -berritzeko jarduketa baten ondorioz beharrezkoa bada ohiko bizilekua den etxebizitza utzaraztea haren legezko okupatzaileei, orduan administrazio jarduleak edo desjabetzearen onuradunak be-harrezkoak diren kudeaketak egin beharko ditu legezko okupatzaileek ordezko etxebizitza iza-teko duten eskubidea bermatzeko, salbu eta frogatzen bada ez direla betetzen etxebizitza-premiarentzat lege honetan eta lege hau gara-tzeko araudian ezarritako baldintzak.

2. Hirigintza-jarduketen kasuan, hirigintza-gaietan

indarrean dagoen araudiak xedatutakoa beteko da. Hirigintzakoak ez diren desjabetzeen kasue-tan, berriz, administrazio jarduleak edo desjabe-tzearen onura jasoko duen entitateak desjabe-tuari jakinarazi beharko dio hark ohiko bizileku zuen etxebizitzaren edukitza-araubide bereko etxebizitzarik badela gertueneko inguruan eta antzeko ezaugarriekin. Etxebizitza horiek eskura jartzeko gutxienez bi eskaintzaren jakinarazpena egin dela frogatu beharko da: okupazioaren aurreko akta sinatu baino lehen, presako desja-

dad 1. Cuando haya de procederse a la adjudicación

de una vivienda protegida adaptada o aloja-miento adoptado a una situación de discapaci-dad de quien o quienes, aun siendo titulares de una vivienda no adaptada, precisen de tal adju-dicación, previa o simultáneamente a ella, ha-brán de poner la vivienda de su titularidad a disposición del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de vivienda para su destino a arrendamiento.

2. El Gobierno Vasco solo podrá aceptar la vivien-

da puesta a su disposición cuando cumpla las condiciones mínimas de habitabilidad, confor-me a la normativa vigente. En todo caso, el importe de las rentas corresponderá a quien o quienes ceden la vivienda para obtener la vi-vienda o alojamiento adaptado, sin perjuicio de que el citado importe pueda destinarse, total o parcialmente, a compensar la renta de la vi-vienda o alojamiento adjudicado.

Artículo 34. Derecho de realojo en supuestos de desalojo de vivienda habitual y permanente 1. Cuando como consecuencia de una actuación

urbanística, una actuación expropiatoria o una actuación de rehabilitación, regeneración o renovación urbana, tramitada por cualquier administración pública competente y verificada en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sea necesario desalojar a los ocu-pantes legales de una vivienda que constituya residencia habitual, la administración actuante o el beneficiario de la expropiación deberá realizar las gestiones necesarias para garanti-zar el derecho al realojo de los ocupantes le-gales, salvo que se acredite que no concurren los requisitos de necesidad de vivienda estable-cidos en esta ley y su normativa de desarrollo.

2. En el supuesto de actuaciones urbanísticas se

estará a lo dispuesto por la normativa vigente en materia urbanística. En supuestos de expro-piaciones no urbanísticas, la administración actuante o la entidad beneficiaria de la expro-piación deberá poner en conocimiento del ex-propiado o expropiada la existencia de vivien-das en el mismo régimen de tenencia con que la persona afectada ocupaba la vivienda que constituía su residencia habitual, en el emplaza-miento más próximo y de características simila-res. Deberá acreditarse la notificación de, al

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betzeen kasuan, edo desjabetutako etxebizitza-ren okupazio-akta sinatu baino lehen.

3. Ordezko etxebizitza izateko eskubidea etxebizi-

tza librean edo babes publikoko etxebizitzan gauza daiteke. Ordezko etxebizitza gisa etxebizi-tza babestu bat izateko eskubidea edukiko dute hirigintza- edo desjabetze-jarduketak eragin-dako etxebizitzen legezko okupatzaileek, soilik baldin eta etxebizitza horiek ohikoak eta iraun-korrak badira eta ordezko etxebizitza izateko baldintzak, aplikatzekoa den araudian ezarrita-koak, betetzen badira.

4. Erregelamenduz garatuko da babes publikoko

etxebizitzen esleipenetan ordezko etxebizitza izateko eskubidea bermatuko duten etxebizitzak erreserbatzeko prozedura, eta orobat etxebizitza horiek lortzeko hautagaiek bete beharreko bete-kizunak eta baldintzak. Nolanahi ere, eragin-dako pertsonen egoera ekonomikoaren eta etxebizitza-premiaren arabera emango dira ordezko etxebizitzak, prezioa, errenta edo ka-nona zehazteko orduan bizikidetza-unitatearen diru-sarrerak kontuan izanda eta eragindakoen familiaren osaera aintzat hartuta.

35. artikulua. Etxebizitza babestuen eta zuzkidura-bizitokien sustapen-motak 1. Babes publikoko etxebizitzen sustapena titularta-

sun publikokoa nahiz titulartasun pribatukoa izan daiteke.

a) Titulartasun publikoko sustapena da ad-

ministrazio publiko batek edo sektore publikoko entitateek egindakoa.

b) Titulartasun pribatuko sustapena da per-

tsona fisiko edo juridiko pribatuek egin-dakoa, baita sektore publikoko entitateek eta sustatzaile pribatuek sinatutako lanki-detza-hitzarmenen bidez egindakoak ere.

2. Sustapenenei buruzko dokumentu, baldintza-

agiri edo hitzarmenek, besteak beste eta gutxie-nez, honako zehaztapen hauek jaso behar di-tuzte:

menos, dos ofrecimientos de puesta a disposi-ción de las citadas viviendas, lo que habrá de hacerse antes de la firma del acta previa a la ocupación, en el caso de las expropiaciones urgentes, o de la firma del acta de ocupación de la vivienda expropiada.

3. El derecho de realojo puede materializarse en

vivienda libre o en vivienda de protección públi-ca. Solo podrán optar al realojo en una vivien-da protegida los ocupantes legales de las vi-viendas afectadas por la actuación urbanística o expropiatoria cuando estas sean vivienda habitual y permanente y se cumplan las condi-ciones exigidas para el realojo en la normativa que resulte de aplicación.

4. Reglamentariamente se desarrollará el procedi-

miento para reservar en las adjudicaciones de viviendas de protección pública las viviendas que garanticen el derecho de realojo, así como los requisitos y las condiciones de acceso que deben cumplir quienes opten a aquellas. En cualquier caso, los realojos se realizarán en función de las circunstancias económicas y la necesidad de vivienda de las personas afecta-das, teniendo en cuenta los ingresos de la uni-dad convivencia! para la determinación del precio, renta o canon y atendiendo a la compo-sición familiar de los afectados.

Artículo 35. Tipos de promoción de vivienda pro-tegida y alojamientos dotacionales 1. La promoción de viviendas de protección públi-

ca puede ser de titularidad pública o de titulari-dad privada.

a) Será promoción de titularidad pública la

acometida por una administración públi-ca o por las entidades del sector público.

b) Será promoción de titularidad privada la

debida a las personas físicas o jurídicas privadas, incluyendo las promociones llevadas a cabo a través de convenios de colaboración entre entidades del sector público y promotoras o promotores pri-vados.

2. Los documentos, pliegos o convenios referentes

a las promociones deberán incluir, entre otras y como mínimo, las siguientes determinaciones:

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a) Sustapenaren prezioa eta esleipen-sistema.

b) (lehen c) Alokatze-errenten zenbatekoak eta

esleipendunek bete beharreko baldin-tzak, hala badagokio.

3. Zuzkidura-bizitokien sustapena titulartasun pu-

blikokoa izango da beti, halako bizitokietarako, ekipamendu komunitariorako edo aukera ema-ten duen zerbait parekagarritarako kalifikatua dagoen zuzkidura-lurzoru publikoan, eta orobat lehendik dauden titulartasun publikoko eraikine-tan edo lokaletan, erabilera horretara zuzentzen badira.

4. Babes publikoko etxebizitza edo zuzkidura-

bizitokien salmentari buruzko publizitatea egiten hasi baino lehen, haren testua etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak onartu beharko du, eta publizitateak apli-kagarri diren erregelamendu-arauak bete be-harko ditu.

36. artikulua. Esleitzeko beharrezkoak diren bete-kizunak gerora ez betetzea 1. Babes publikoko etxebizitza bat jabetzan edo

azalera-eskubidean esleitzeko beharrezko bal-dintzak gerora urratu egin direla joko da babes publikoko etxebizitza esleitu ondoren etxebizitza libre bat "inter vivos" eskuratzen denean.

2. Etxebizitza libre bat kostu bidez eskuratuz gero,

babes publikoko etxebizitza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrari itzuli be-harko zaio, Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan inskribaturik dagoen etxebizitza-eskatzaile bati eslei dakion.

3. Babes publikoko etxebizitzak Euskal Autonomia

Erkidegoko Administrazio orokorrari itzultzeko prozedura erregelamendu bidez garatuko da.

4. ATALA (lehen 5.a) BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZEN XEDAPENA. KONTRATUEI ONIRITZIA EMATEA 37. artikulua. Etxebizitzak eskualdatzeko kontra-tuei oniritzia ematea

a) Expresión del precio de la promoción y mención al sistema de adjudicación.

b) (antes c) Referencia a los importes de las

rentas por alquiler y requisitos que deben cumplir los adjudicatarios, en su caso.

3. La promoción de alojamientos dotacionales

será siempre de titularidad pública, sobre suelo dotacional público calificado para este fin, para equipamiento comunitario o asimilable que así lo permita, así como sobre edificaciones o loca-les preexistentes de titularidad pública que se destinen al efecto.

4. La publicidad de venta de viviendas de protec-

ción pública o de alojamientos dotacionales deberá someterse a la previa aprobación del texto por parte del departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco y ajustarse a las normas reglamentarias que sean aplicables.

Artículo 36. Incumplimiento sobrevenido de los requisitos necesarios para la adjudicación 1. Se considerará causa de incumplimiento sobre-

venido de los requisitos necesarios para la ad-judicación de una vivienda de protección públi-ca, tanto en propiedad como en derecho de superficie, la adquisición "inter vivos", con pos-terioridad a la adjudicación de la vivienda de protección pública, de una vivienda libre.

2. La adquisición onerosa de una vivienda libre

dará lugar a la obligación de restituir a la Ad-ministración general del País Vasco la vivienda de protección pública para que esta sea readju-dicada a una persona demandante de vivienda inscrita en el Registro de Solicitantes de Vivien-da Protegida y Alojamientos Dotacionales.

3. Reglamentariamente se desarrollará el procedi-

miento para la restitución de vivienda de pro-tección pública a la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco.


DISPOSICIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTEC-CIÓN PÚBLICA. VISADO DE CONTRATOS Artículo 37. Visado de los contratos de transmi-sión de viviendas

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1. Oniritzia ematearen xedea da egiaztatzea ezen

babes publikoko kalifikazioa duten sustapen publikoko etxebizitzak zein haien eranskinak eta lokal edo higiezinak –zuzenbidean onargarri den edozein tituluren bidez– lehenengo edo ondorengo aldietan eskualdatzeko edo erabil-tzen lagatzeko egintzak eta kontratuak legearen araberakoak direla, honako alderdi hauei erre-paratuz:

a) Eskuratzaileek edo okupatzaileek bete-

tzen dituzte eskuratu edo okupatzeko baldintza orokorrak.

b) Kontratuek badituzte nahitaez ezarri be-

harreko klausulak eta zehazten dute kali-fikazioaren iraupena eta modalitatea.

c) Salmenta-prezioak, errentak edo kano-

nak betetzen du indarrean dagoen lege-ria.

2. Aurreko paragrafoan ezarritakoari dagokionez,

oniritzia lortzeko honako agiri hauek aurkeztu behar dira:

a) Eskualdaketa edo erabilera-lagapena

formalizatzen den agiria.

b) Etxebizitza eskuratzen duenak edo laga-pen-hartzaileak mota horretako etxebizi-tzak lortzeko eskatzen diren baldintzak betetzen dituela frogatzen duen agiria.

3 (lehen 2). Eskualdatze-kasuetan oniritzia emango

da soilik baldin eta frogatzen bada ezen lege honetan eta lege hau garatzeko araudian eza-rritako formalitateak bete direla eroslehentasun-eskubidea eta atzera eskuratzeko eskubidea Administrazioaren mesedetan erabiltzeari dago-kionez.

4 (lehen 3). Etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko

Jaurlaritzako sailaren edo, hala badagokio, kasuan kasuko udalaren oniritzia beharko da aurrez xedapen-egintza hauetarako:

a) "Inter vivos" edo "mortis causa" eskualda-tzea babes publikoko etxebizitzak eraiki-tzeko kalifikazio urbanistikoa duten lur-sail, partzela edo orubeen jabetza edo azalera-eskubidea, edo horien gaineko eskubide errealak eratzea, hipotekaren

1. El visado tiene por objeto comprobar que los

actos y contratos de primeras o posteriores transmisiones o cesiones de uso, por cualquier título admitido en derecho, de viviendas de promoción pública y sus anejos, locales o in-muebles que tengan la calificación de protec-ción pública se adecuan a la legalidad, con-trastando que:

a) Los adquirentes u ocupantes cumplen los

requisitos generales de acceso. b) Los contratos contienen las cláusulas de

inserción obligatoria y establecen la du-ración y modalidad de calificación.

c) El precio de venta, renta o canon se

adecua a la normativa vigente. 2. A los efectos previstos en el apartado anterior,

para obtener el visado deberán presentarse los siguientes documentos:

a) El documento en el que se formalice la

transmisión o cesión de uso.

b) La documentación acreditativa de que el adquirente o cesionario reúne las condi-ciones exigidas para acceder a este tipo de viviendas.

3 (antes 2). En los supuestos de transmisión, el visa-

do se otorgará solamente si se acredita que se han cumplido las formalidades previstas en esta ley y su normativa de desarrollo respecto al ejercicio del derecho de tanteo y retracto en favor de la Administración.

4 (antes 3). Requerirán visado previo del departa-

mento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco o, en su caso, del ayuntamien-to correspondiente los siguientes actos de dis-posición:

a) La transmisión "inter vivos" o "mortis cau-

sa" de la propiedad o derecho de super-ficie de terrenos, parcelas o solares con calificación urbanística para su destino a viviendas de protección pública, o la constitución de derechos reales sobre

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kasuan izan ezik. b) "Inter vivos" edo "mortis causa" eskualda-

tzea babes publikoko etxebizitzaren nahiz eranskin edo lokal kalifikatuen jabetza edo azalera-eskubidea, edo horien gai-neko eskubide errealak eratzea, hipote-karen kasuan izan ezik.

c) Etxebizitzei atxikita ez dauden garaje,

trasteleku eta eranskin babestuak susta-pen bereko etxebizitza babestuen titula-rrei eskualdatzea.

d) Babes publikoko etxebizitzak zein atxiki-

tako eranskinak –zuzenbidean onargarri den edozein tituluren bidez– erabiltzen lagatzeko egintzak.

e) Sozietateen, ondasun-erkidegoen edo

nortasun juridikorik gabeko bestelako erakundeen akzioak, partaidetzak edo kuotak eskualdatzea, gutxienez aktiboen % 50 sustapen bereko babes publikoko etxebizitzek osatzen badute.

5 (lehen 4). Notarioek, eskritura publikoak egin au-

rretik, egiaztatuko dute kontratuek oniritzia jaso dutela, eta erregistratzaileek uko egingo diote inskribatzeari, oniritzia jaso dutela frogatzen ez bada. Biek etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren lurralde-ordezkaritzari edo, hala balegokio, dagokion udalari jakinaraziko diote kontratuak ez duela oniritzirik jaso.

6 (lehen 5). Oniritzi-eskaera aurkeztu eta hiru hila-

bete igaro eta gero ez bazaio artean ebazpen espresurik jakinarazi eskatzaileari, oniritzia ad-ministrazio-isiltasun positiboaren bitartez eman dela joko da. Ez da inoiz joko administrazio-isiltasunaren bitartez ahalmenik edo eskubiderik eskuratu denik babes publikoko etxebizitzei apli-katzekoa zaien araudiaren kontra.

38. artikulua. Xedapen-egintzetarako aurrebal-dintzak 1. Ezingo da formalizatu babes publikoko etxebizi-

tzen eta, hala badagokio, haiei atxikitako erans-kinen jabaria eskualdatzeko edo erabilera laga-tzeko egintzarik, aurrez behin betiko kalifikazioa eman ez bazaie. Debeku hori hausten duten

ellos, salvo en el caso de la hipoteca. b) La transmisión “inter vivos” o “mortis

causa” de la propiedad o derecho de superficie de una vivienda de protección pública, anejos o locales calificados, o la constitución de derechos reales sobre ellos, salvo en el caso de la hipoteca.

c) La transmisión de garajes, trasteros y

anejos protegidos y no vinculados a los titulares de viviendas protegidas de la misma promoción.

d) Los actos de cesión de uso, por cualquier

título admitido en derecho, de viviendas de protección pública y anejos vincula-dos.

e) La transmisión de acciones, participacio-

nes o cuotas de una sociedad, comuni-dad de bienes u otros entes sin persona-lidad jurídica cuyo activo esté constitui-do, al menos en un 50 %, de viviendas de protección pública de una misma promoción.

5 (antes 4). Los notarios, previamente al otorgamien-

to de las correspondientes escrituras públicas, comprobarán la existencia de visado de contra-tos, y los registradores denegarán la inscripción si no se acredita la concurrencia de este. Am-bos pondrán en conocimiento de la delegación territorial del departamento competente en ma-teria de vivienda del Gobierno Vasco o, en su caso, del ayuntamiento correspondiente la inexistencia de visado.

6 (antes 5). Transcurridos tres meses desde la pre-

sentación de la solicitud de visado sin que se hubiere notificado resolución expresa al solici-tante, el visado se entenderá concedido en virtud de silencio administrativo positivo. En ningún caso se entenderán adquiridas por silen-cio administrativo facultades o derechos en contra de la normativa aplicable a las viviendas de protección pública.

Artículo 38. Requisitos previos para los actos de disposición 1. No podrán formalizarse actos de transmisión de

dominio o de cesión de uso de viviendas de protección pública y anejos, en su caso, vincu-lados a ellas si no se ha obtenido previamente su calificación definitiva. Los actos que infrinjan

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egintzak deusezak izango dira. 2. Jabetzan edo azalera-eskubidean esleitu diren

babes publikoko etxebizitzak, sustapen-mota edozein dela ere, esleipendunak ezin izango ditu laga alokairuan, prekarioan edo erabilera-lagapeneko beste titulu baten bidez baldin eta etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaur-laritzako organoak berariaz horretarako bai-mena ematen ez badio. Nolanahi ere, etxebizi-tzako gela bat edo batzuk behin-behinean be-rralokatu ahal izango dira eta aldi batez erabil-tzeko laga ere bai, betiere etxebizitzak esleipen-dunaren bizileku ohiko eta iraunkor izaten ja-rraitzen badu eta lege-arau honetan jasotako funtzio soziala urratzen duen egoerarik sortzen ez bada horregatik.

3. Sustapen publikoko etxebizitza eta, hala bada-

gokio, haren eranskinak legez okupatu badira alokairu-araubidean edo erabilera-lagapeneko beste edozein tituluren bidez, esleipendunak ezingo dio erabilera hirugarren bati laga beste ezein tituluren bitartez.

39. artikulua. Etxebizitza-ibilbideak eta mugikor-tasun geografikoa 1. Babes publikoko etxebizitza baten legezko oku-

patzaileek eskubidea dute, artikulu honetan ezarritako baldintzetan, beren bizitzako garai diferenteetan sortzen zaizkien premiei egokitu-tako etxebizitza bat legez okupatzeko.

2. Aldaketak gertatzen badira babes publikoko

etxebizitza bat legez okupatzen duten familien edo bizikidetza-unitateen egoeran, barruan sartuta arrazoi laboral edo profesionalengatiko lekualdatzeak ere, pertsona edo bizikidetza-unitate interesdunek eskabidea aurkeztu ahal izango diote etxebizitza esleitu zien administra-zio publikoari edo, subsidiarioki, etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako organoari, eskatuz aitor dezala etxebizitzaz al-datzeko premia, bai eta sortzen den kupoan sartzeko aukera ere, trukatze-prozeduraren on-dorioetarako.

3. Eskabideari erantzunez emandako administrazio

-ebazpenak, hala badagokio, aldaketa beha-rrezkoa dela deklaratuko du eta zein baldintza-

esta prohibición serán nulos. 2. Las viviendas de protección pública que hayan

sido adjudicadas en propiedad o en derecho de superficie, cualquiera que sea el tipo de promo-ción, no podrán ser cedidas en arrendamiento, en precario o mediante cualquier otro título de cesión de uso por su adjudicatario, salvo auto-rización expresa del órgano competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco. Se permiten, no obstante, los subarriendos coyun-turales y cesiones temporales de uso de alguna o algunas habitaciones de la vivienda siempre que siga manteniéndose esta como residencia habitual y permanente de su adjudicatario o adjudicataria y ello no dé lugar a situaciones de incumplimiento de la función social contempla-das en la presente norma legal.

3. Si se ha accedido a la ocupación legal de una

vivienda de promoción pública y, en su caso, sus anejos correspondientes en régimen de arrendamiento o por cualquier otro título de cesión de uso, el adjudicatario o adjudicataria no podrá a su vez ceder su uso a un tercero por ningún otro título.

Artículo 39. Itinerarios de vivienda y movilidad geográfica 1. Las personas ocupantes legales de una vivienda

de protección pública tienen derecho, en los términos que se establecen en este artículo, al acceso a la ocupación legal de una vivienda adecuada a sus necesidades a lo largo de las diferentes etapas de su vida.

2. En el supuesto de que se produzcan modifica-

ciones en las circunstancias, incluyendo trasla-dos por motivos laborales o profesionales, de las familias o unidades de convivencia que ocupan legalmente una vivienda de protección pública, las personas o unidades de conviven-cia interesadas podrán presentar una solicitud ante la administración pública que se la hubiere adjudicado o, subsidiariamente, ante el órgano competente en materia de vivienda del Go-bierno Vasco, pidiendo que se reconozca la necesidad de cambio de vivienda, así como la posibilidad de su incorporación al cupo que se cree, a los efectos del pertinente procedimiento de permuta.

3. La resolución administrativa que al efecto se

emita declarará, en su caso, el citado estado de necesidad de cambio, así como las condiciones

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tan egin behar den zehaztuko du. Espedientea bultzatu duen pertsonari inolako ebazpenik jakinarazten ez bazaio hiru hilabeteko epean, hark iritzi ahal izango dio eskabidea onartu egin zaiola eta, ondorioz, dagokion kupora bilduta geratu dela aurreko paragrafoan aipatzen den trukatzerako.

VII. KAPITULUA

ERAIKINETAN ETA ERAIKITA DAUDEN HIRIGU-NEKO ETA LANDAGUNEKO MULTZOETAN ESKU HARTZEA 40. artikulua. Eraikinetan eta eraikita dauden hiriguneko eta landaguneko multzoetan esku hartzeko printzipio arautzaileak Lehenengo artikuluan jasotakoaren arabera lege honen xede den konstituzio-agindua betetzeko jarduera publikoa, eraikinen baldintzak eta eraikinen inguruarenak egokitzeari edo moldatzeari dagokionez, honako irizpide hauek gidatuko dute, gainera: a) Hiri-eredu jasangarriago bat definitzea, jadanik

dagoen hiria hobetuz eta finkatuz. b) Eraikitako ondarea modu jasangarrian erabil

dadin sustatzea, erabilera intentsiboa bultzatuz eta obra berrien aldean birgaitzea sustatuz.

c) Dibertsitatea eta gizarte-kohesioa sustatzea,

etxebizitza legez modu diferenteetan lortzeko aukera emanez sustapen berean, hala nola jabetzaren bidez eta alokairuaren bidez; hiriko espazio publikoen kalitatea eta egokikortasuna sustatzea, irisgarritasun unibertsala bultzatuz, eta irizpide bioklimatikoen ezarpena sustatzea bai espazio irekietan eta bai eraikietan.

d) Generoaren arloko ekitatea, hala hiri-

espazioaren nola ekipamenduen erabileran. e) Energia-kontsumoa optimizatzea eta murriztea

sistema pasiboak erabiliz, energia ekoizteko sistema zentralizatuen erabilera sustatzea eta energia berriztagarriak erabiltzea, bai eraikine-tan eta bai hiriguneko multzoetan.

f) Eraikinetan esku hartzeko jarduketetan, energia-

eraginkortasunari eta energia- eta baliabide-kontsumoari dagozkien betekizunak eta baldin-tzak betetzea, aplikatzekoa den araudi sektoria-

atinentes a este. La no comunicación de resolu-ción alguna en el plazo de tres meses a la per-sona que hubiera promovido el expediente permitirá a esta entender estimada su solicitud y su consiguiente incorporación al cupo corres-pondiente a los efectos de la permuta reseñada en el apartado anterior.

CAPÍTULO VII

INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN Y EN LOS CONJUNTOS URBANOS Y RURALES Artículo 40. Principios reguladores de la interven-ción en la edificación y en los conjuntos urbanos y rurales existentes La actividad pública que se desarrolle en cumpli-miento del mandato constitucional objeto de esta ley, según se contempla en su artículo 1, en cuanto a la adaptación o adecuación de las condiciones de la edificación y su entorno existente, se regirá además por los siguientes criterios: a) Definición de un modelo urbano más sostenible

mediante la mejora y consolidación de la ciu-dad existente.

b) Fomento del uso sostenible del patrimonio edifi-

cado, propiciando su uso intensivo e incenti-vando la rehabilitación frente a la obra nueva.

c) Fomento de la diversidad y de la cohesión so-

cial, permitiéndose en una misma promoción distintas modalidades legales de acceso, como propiedad y arrendamiento, de la calidad y versatilidad de los espacios públicos de la ciu-dad, mediante el fomento de la accesibilidad universal, y de la aplicación de criterios biocli-máticos tanto en los espacios abiertos como en los construidos.

d) La equidad de género en el uso del espacio

urbano y de los equipamientos. e) Optimización y reducción del consumo energé-

tico mediante utilización de sistemas pasivos, fomento de la utilización de sistemas centraliza-dos de producción de energía y uso de energías renovables, a nivel de edificio o de conjunto urbano.

f) Cumplimiento de los requisitos y condiciones de

eficiencia energética y consumo energético y de recursos en las actuaciones de intervención de la edificación, de acuerdo con lo previsto al

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lean eta klima-aldaketaren kontrako legerian ezarritakoaren arabera.

g) Baliabide naturalen kudeaketa egokia sustatzea,

batez ere uraren kontsumoa optimizatu eta mu-rrizteari dagokionez.

h) Eraikuntzan material biodegradagarri eta birzi-

klagarrien erabilera sustatzea. 41. artikulua. Eraikitako ondarea kontserbatzea eta balioestea, etxebizitza duin eta egokia iza-teko. Babes publikoko etxebizitzak kontserbatzeko berariazko eginbeharra 1. Lege honen 4. artikuluan zehaztutako funtzio

soziala betez, lursail, eraikuntza, instalazio eta eraikinen jabeek nahitaez mantendu behar di-tuzte ondasun horiek segurtasun, osasungarrita-sun, energia-eraginkortasun, txukuntasun eta apaintasun publikoko egoera onean, zor den gisan; hala, kontserbatzeko edo hobetzeko be-har diren lan eta obrak egingo dituzte, leku horien bizigarritasuna, irisgarritasuna eta erabi-lera eraginkorra bermatzeko, betiere energia eta baliabideak erregelamendu bidez ezarritako mugen barruan kontsumituz. Kasuan kasuko udalari dagokio baldintza horiek betetzen diren ikuskatzea, hirigintzako legerian ezarritakoaren arabera, eta, subsidiarioki, etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako organoari.

2. Eskualdatzearen kasuan, eskuratzaileek aurreko

jabearen eskubide eta eginbeharrak jasotzen dituzte subrogatuta, bai eta hark administrazio eskudunaren aurrean bere egindako eta erre-gistro-inskripzioan jasotako betebeharrak ere.

3. Administrazio publiko eskudunek, eta bereziki

toki-erakundeek, bakoitzak bere kabuz edo elkar hartuta eta Eusko Jaurlaritzaren zein foru-aldundien laguntzarekin, bultzatu egingo dute eraikitako ondarea birgaitu, berritu eta biziberri-tzea, herritarrek etxebizitza izateko duten eskubi-dea bete ahal izan dadin, bizigarritasun, funtzio-naltasun, energia-eraginkortasun, irisgarritasun eta segurtasuneko baldintza egokietan.

efecto en la normativa sectorial de aplicación, así como en la legislación contra el cambio climático.

g) Fomento de una correcta gestión de los recur-

sos naturales, particularmente en lo que se refiere a la optimización y reducción del consu-mo del agua.

h) Fomento de la utilización de materiales biode-

gradables o reciclables en la construcción. Artículo 41. Conservación y puesta en valor del patrimonio edificado para el disfrute de una vi-vienda digna y adecuada. Específico deber de conservación de las viviendas de protección públi-ca 1. En cumplimiento de la función social definida

en el artículo 4 de esta ley, los propietarios de terrenos, construcciones, instalaciones y edifi-cios tienen el deber de mantenerlos en las debi-das condiciones de seguridad, salubridad, efi-ciencia energética, ornato público y decoro, realizando en ellos los trabajos y las obras pre-cisas para conservarlos, o mejorarlos, a fin de mantener las condiciones requeridas para su habitabilidad, accesibilidad o uso efectivo co-rrespondiente con un consumo energético y de recursos dentro de los límites que reglamenta-riamente se establezcan. El cumplimiento de las mencionadas condiciones será fiscalizado por el ayuntamiento correspondiente, de conformi-dad con lo previsto en la legislación urbanísti-ca, y subsidiariamente por el órgano competen-te en materia de vivienda del Gobierno Vasco.

2. En caso de transmisión, los adquirentes se su-

brogarán en los derechos y deberes del anterior propietario, así como en las obligaciones asu-midas por este frente a la administración com-petente y que hayan sido objeto de inscripción registral.

3. Las administraciones públicas competentes, y en

especial las entidades locales, por sí o asocia-das y con la colaboración del Gobierno Vasco y las diputaciones forales, impulsarán el fomen-to de la rehabilitación, renovación y revitaliza-ción del patrimonio edificado, a fin de hacer posible la satisfacción del derecho a disfrutar de una vivienda por parte de la ciudadanía en condiciones de habitabilidad, funcionalidad, eficiencia energética, accesibilidad y seguridad adecuadas.

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4. Lege honetan ezarritako kontserbatze-, hobetze-, birgaitze- edo berroneratze-eginbeharrak bete-tzen ez badira, Udal Administrazioak edo, bes-tela, Eusko Jaurlaritzak gaitasuna izango du egin beharreko obren edo lanen exekuzio subsi-diariorako, baita ere nahitaezko salmentaren edo ordezpenaren araubidea aplikatzeko, edo jabetzaren funtzio soziala ez betetzeagatik des-jabetzeko, hargatik eragotzi gabe lurralde- eta hirigintza-antolamenduari buruzko legerian jasotako beste neurri batzuk ezartzea. Agindu-tako obrak edo lanak exekutatu ezean eta ez exekutatzeko arrazoirik egon ezean, dagokion eraikuntza edo eraikina lehengoratzeak izango lukeen kostuaren % 75 izango da kontserba-tzeko eginbeharraren gehieneko muga.

5. Horrez gain, babes publikoko etxebizitzen eta

haien eranskinen jabe eta erabiltzaileek nahiz zuzkidura-bizitokien erabiltzaileek kontserbazio, segurtasun, osasungarritasun, erosotasun ter-miko, energia-eraginkortasun eta apaintasun publikoko egoera onean eduki beharko dituzte ondasun horiek. Eginbehar horietako edozein bete ezean, bidezko neurriak har ditzake etxebi-zitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlari-tzako organoak.

6. Partikularren artean sustapena, eraikuntza, sal-

menta, alokatzea edo gisa horretako beste edo-zer dela-eta auziak sortuz gero, aplikatzekoa den araudi zibilaren arabera ebatzi beharko dira.

42. artikulua. Birgaitzeko premiaren deklarazioa 1. Udalek edo, haiek ekin ezean, etxebizitza-

gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak deklaratu ahal izango dute, betiere arra-zoituz, birgaitzeko premian daudela eraikin zehatz batzuk edo eraikin-multzo batzuk, hiri-berroneratzeko eremu baten barruan edo hiri-gintza-figura parekagarri batean sartuta daude-nez gain. Deklarazio horrekin batera, eragin-dako higiezin bakoitzaren balorazio ekonomi-koa eta beharko lukeen konponbide teknikoa-ren deskribapena ere egin beharko da, birgai-tzeko lanei ekiteko.

2. Eraikin bat hiri-berroneratzeko eremu batean

sartzen bada, edo hirigintzako legeriaren ara-bera parekagarri den figuraren batean, edo aurreko paragrafoan aipatu den birgaitzeko

4. El incumplimiento de los deberes de conserva-ción, mejora, rehabilitación o regeneración previstos en esta ley habilitará a la Administra-ción municipal o, en su defecto, al Gobierno Vasco para la ejecución subsidiaria de las obras o labores pertinentes, así como para la aplicación del régimen de venta o sustitución forzosa o la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, sin perjui-cio de otras medidas que se contengan en la legislación sobre ordenación territorial y urba-nística. En caso de la inejecución injustificada de las obras o labores ordenadas, el límite má-ximo del deber de conservación se elevará has-ta el 75 % del coste de reposición de la cons-trucción o edificio correspondiente.

5. Además, las personas propietarias y usuarias de

viviendas de protección pública y anejos, así como de alojamientos dotacionales, vendrán obligadas a mantenerlos en buen estado de conservación, seguridad, salubridad, confort térmico, eficiencia energética y ornato público. El incumplimiento de cualquiera de estos debe-res podrá dar lugar a la adopción de las medi-das oportunas por parte del órgano competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco.

6. Las cuestiones que se susciten entre particulares

en relación con la promoción, construcción, venta, arrendamiento o cualesquiera otras de similar naturaleza habrán de dilucidarse de conformidad con la normativa civil que les re-sulte de aplicación.

Artículo 42. Declaraciones de necesidad de reha-bilitación 1. Además de aquellos que estén incluidos dentro

de un área de regeneración urbana o figura urbanística asimilable, los ayuntamientos o, en caso de inactividad de estos, el departamento competente en materia de vivienda del Go-bierno Vasco podrán declarar, motivadamente, en estado de necesidad de rehabilitación edifi-cios específicos o conjuntos de ellos. Esta de-claración habrá de ir acompañada de una des-cripción de la solución técnica y de la valora-ción económica de cada uno de los inmuebles afectados, en orden a proceder a su rehabilita-ción.

2. La inclusión de un edificio dentro de la delimita-

ción de un área de regeneración urbana o figu-ra asimilable con arreglo a la legislación urba-nística, así como la declaración de estado de

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premia deklaratzen bada, horrek inplizituki eka-rriko du berekin eraikina onura publikoko de-klaratzea eta beharrezkoak izango diren onda-sun eta eskubideak okupatzeko premia deklara-tzea, eta, horrekin batera, okupazioa gauza-tzeko beharrezkoak diren legezko zortasunak ezartzea; hori guztia, nahitaezko salmentaren edo ordezpenaren araubidea aplikatzeko edo, hala badagokio, nahitaezko desjabetzea egi-teko.

43. artikulua. Birgaitzearen eta hiri-berroneratzearen planifikazioa 1. Birgaitzeko edo hiri-berroneratzeko premiaren

deklarazioak zein eraikuntzak eta eraikinak birgaitzeko lana antolatzeko programa, plan eta gainerako tresnak, hirigintza-arloko planetan egon edo haien xede izan daitezkeen arren, bakoitza bere aldetik ere onar daitezke, tokiko ordenantzen edo erregelamenduen onarpene-rako ezarritako prozeduraren bitartez, eta haien jarduketa-eremuak etenik gabeak edo etenak izan daitezke. Interes kulturaleko deklarazioa duten higiezinei edo beste edozein babes-araubideren mende dauden higiezinei eragiten badiete, behin betiko onarpena eman aurretik beharrezkoa izango da babes-araubide hori kudeatzeko eskumena daukan organoak aldeko txostena ematea. Txostena aipatutako plan eta tresnen informazio publikoaren eta entzunaldia-ren izapideetarako epeen barruan eman ahal izango da, eta, halako izapiderik ez bada, eska-tzen denetik hilabete igaro baino lehen eman eta jakinarazi beharko da; epe hori igarota-koan, jarduketek aurrera jarraitzeko modua izango dute. Txostena epez kanpo ematen bada, ez da nahitaez kontuan hartu beharko dagokion ebazpena ematerakoan.

2. Aurreko paragrafoan ezarritakoa eragotzi gabe,

hiri-berritze edo -berroneratzeko eremuen, barne-eraberrikuntzako eremuen edo hiri-eraberritzeko eremuen antolamendu xehatua egin nahi bada, edo hirigintzako legeriatik sor-tutako beste edozein kategoriarena, eta antola-mendu xehatuaren xedea bada eraikitako onda-rea birgaitzea edo ingurune urbanizatua hobe-tzea artikulua honetan jasotakoaren arabera, plan berezia izango da antolamendu horreta-rako tresna.

3. Birgaitzeko premia deklaratu zaien eremu edo

eraikinetan sustatzen eta gauzatzen diren birgai-

necesidad de rehabilitación prevista en el apar-tado anterior, llevará implícita la declaración de utilidad pública y de necesidad de ocupación de los bienes y derechos precisos, incluyendo la imposición de las servidumbres legales perti-nentes para ella, todo ello a los efectos de la aplicación del régimen de venta o sustitución forzosa, o, en su caso, su expropiación forzosa.

Artículo 43. Planificación de la rehabilitación y regeneración urbana 1. Las declaraciones de estado de necesidad de

rehabilitación o regeneración urbana, así como los programas, planes y demás instrumentos ordenadores de la rehabilitación de construc-ciones y edificios, sin perjuicio de que puedan contenerse en planes de naturaleza urbanística y ser objeto de estos, pueden también ser apro-bados de forma independiente a través del procedimiento previsto para la aprobación de las ordenanzas locales o reglamentos, y sus ámbitos de actuación podrán tener carácter continuo o discontinuo. Cuando afecten a in-muebles declarados de interés cultural o sujetos a cualquier otro régimen de protección, antes de su aprobación definitiva deberán ser infor-mados favorablemente por el órgano compe-tente para la gestión del mencionado régimen de protección. Este informe podrá ser emitido dentro de los plazos de información pública y audiencia de los mencionados planes e instru-mentos, y, en su defecto, habrá de ser emitido y comunicado en el plazo de un mes desde que le fuere requerido, transcurrido el cual se po-drán proseguir las actuaciones. El informe emi-tido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolu-ción.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado ante-

rior, la ordenación pormenorizada de las áreas de renovación o de regeneración urbana, áreas de reforma interior, áreas de reforma urbana o cualesquiera otras categorías derivadas de la legislación urbanística y que tengan por objeto la rehabilitación del patrimonio edificado o la mejora del entorno urbanizado de acuerdo con lo previsto en el presente artículo se realizará a través de la figura del plan especial.

3. Las intervenciones de rehabilitación que se pro-

muevan y se desarrollen en los ámbitos o edifi-

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tzeko esku-hartzeak lehentasunezkoak izango dira ekintza publikoaren sustapen eta kudeake-tan.

4. Baterako jarduketa-eremuak mugatzen dituen

erabaki administratiboak, edo bakarka exeku-tatu beharreko jarduketak identifikatzen ditue-nak, eremu horiek etenik gabeak edo etenak izan daitezkeelarik eta betiere informazio publi-koaren izapidea eta aplikatzekoa den legeriak eskatzen dituen jakinarazpenak bermatu be-harko direlarik, gutxienez ere dagokion espazio-mugaketa jaso beharko du, honako alderdi hauekin batera: a) Bilatzen dituen helburu eta interes publi-

koen justifikazioa, bai eta esku hartzeko proposamenaren premiarena eta kome-nigarritasunarena ere.

b) Aplikazio-eremuan sartutako higiezin

guztien identifikazioa, barnean direlarik haien katastro-erreferentzia eta katastro-ziurtagiri deskriptibo eta grafikoa; oro-bat, aipatutako higiezinen jabe eta le-gezko okupatzaileen identifikazioa.

c) Esku-hartzearen egokitasun teknikoa eta

bideragarritasun ekonomikoa justifikatzen duen memoria, kontuan izanda kargen eta lortutako onuren arteko proportzioa jarduketa-eremuan dauden jabeentzat.

d) Jarduketaren exekuzioak sortzen dituen kostuak eta hari egotz dakizkiokeen onu-rak eraginpeko guztien artean ekitatez banatzeko moduaren aurrerapena, onura horietan sartzen direlarik laguntza publikoak eta eragiketari lotutako diru-sarreraren bat sortzeko bidea ematen duten onura guztiak. Ekitatezko banake-taren oinarri izango dira jabe bakoitzari dagozkion partaidetza-kuotak, bai eta, lortzen den akordioaren arabera, eragi-ketan parte hartuko duten enpresa, enti-tate edo sozietateei beren esku-hartzearen ordainsari gisa dagokien par-taidetza ere.

e) Ordezko etxebizitza aldi baterako eta

behin betiko emateko planaren aurrera-pena, eta, hala badagokio, lehengo etxebizitzara itzultzekoarena.

cios declarados en estado de necesidad de rehabilitación tendrán un tratamiento prioritario en el fomento y gestión de la acción pública.

4. El acuerdo administrativo mediante el cual se

delimiten los ámbitos de actuación conjunta, que podrán tener carácter continuo o disconti-nuo, o se identifiquen las actuaciones que de-ban ejecutarse de manera aislada, garantizán-dose en todo caso el trámite de información al público y las notificaciones requeridas por la legislación aplicable, contendrá, como mínimo, la delimitación espacial que corresponda, acompañada de los siguientes extremos:

a) Justificación de los fines e intereses públi-

cos que persigue, así como de la necesi-dad y conveniencia de la propuesta de intervención.

b) Identificación de todos los inmuebles

incluidos en el ámbito espacial de apli-cación, incluyendo su referencia catastral y su certificación catastral descriptiva y gráfica, así como de sus propietarios y ocupantes legales.

c) Memoria que justifique la idoneidad

técnica y viabilidad económica de la intervención, teniendo en cuenta la pro-porción de las cargas respecto a los beneficios obtenidos para los propieta-rios incluidos en el ámbito de actuación.

d) Avance de la equidistribución entre todos

los afectados de los costes derivados de la ejecución de la actuación y de los beneficios imputables a esta, incluyendo entre ellos las ayudas públicas y todos los que permitan generar algún tipo de ingreso vinculado a la operación. La equidistribución tomará como base las cuotas de participación que correspon-dan a cada uno de los propietarios, así como la participación que, en su caso, corresponda, de conformidad con el acuerdo al que se haya llegado, a las empresas, entidades o sociedades que vayan a intervenir en la operación como retribución por su intervención.

e) Avance del plan de realojo temporal y

definitivo, y de retorno a que dé lugar, en su caso.

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f) Deskripzioa, egin beharreko jarduketena, jarduketarako aukeratutako kudeaketa-moduarena eta obrak exekutatzeko proi-ektuena –baldin proiektuok beharrezkoak badira–, dena ere lurralde- eta hirigintza-antolamenduko legeriaren eta jarduketa-rako egutegiaren arabera.

5. Jarduketa horietan, eraikigarritasun haztatua

handituko dela aurreikusten denean, ez da exiji-tzekoa izango zuzkidura publiko gehiago eraiki-garritasun-handitze horren proportzioan.

44. artikulua. Eraikitako ondareko ekintzak 1. Eraikitako ondarea kontserbatu, hobetu, ego-

kitu, moldatu eta balioesteko, honako ekintza hauek egin daitezke:

a) Eraikinak birgaitzea, helburu hauek lor-tzeko: 1) Hirigintzaren, egituraren edo erai-

kuntzaren aldetik egokitzea. 2) Elementu komunen edo instalazio

teknikoen bizigarritasun, segurta-sun eta energia-eraginkortasun baldintzak hobetzea.

3) Irisgarritasuna hobetzea eta egoi-

liarren edo erabiliko dituztenen premia funtzionaletara egokitzea.

4) Eraikinen eta etxebizitzen bizigarri-tasun-baldintzak lortzea.

b) Berroneratze-eremuetan esku hartzea, ondare urbanizatu edo eraikia egunera-tzeko edo egokitzeko premia dela-eta Administrazio publikoaren ekintza berezi bat jaso beharko duten hiriguneko eta landaguneko multzoetan. Erregelamendu bidez ezarriko dira esku-hartze horren baldintzak eta ezaugarriak.

2. Eraikitako ondarea kontserbatzeko eta balioes-

teko ekintzak hiri-lurzoruetan zein lurzoru urba-nizaezinetan egin ahal izango dira, eta, bizitegi-erabilerak nagusi direnean ere, sartu ahal

f) Descripción de las actuaciones a reali-zar, forma de gestión elegida para la actuación y proyectos en su caso necesa-rios para la ejecución de las obras, de conformidad con la legislación de orde-nación territorial y urbanística y calenda-rio de aquellas.

5. En estas actuaciones, cuando se prevea un

incremento de la edificabilidad ponderada, no serán exigibles nuevas dotaciones públicas en proporción al citado aumento de edificabilidad.

Artículo 44. Acciones en el patrimonio edificado existente 1. La conservación, mejora, adaptación, adecua-

ción y puesta en valor del patrimonio edificado podrá realizarse a través de las siguientes ac-ciones: a) Rehabilitación de edificios, al objeto de:

1.º Su adecuación urbanística, estruc-

tural o constructiva. 2.º La mejora de las condiciones de

habitabilidad, seguridad y eficien-cia energética de sus elementos comunes o de sus instalaciones técnicas.

3.º La mejora de sus condiciones de

accesibilidad, y adaptación a las necesidades funcionales de sus residentes o destinatarios.

4.º Alcanzar las condiciones de habi-

tabilidad de los edificios y de las viviendas.

b) Intervención en áreas de regeneración,

dirigida a los conjuntos urbanos o rura-les que, por las condiciones de necesi-dad de actualización o adecuación de su patrimonio urbanizado o edificado, de-ban ser sometidos a una acción especial de la Administración pública, de acuerdo con las condiciones y características que reglamentariamente se establezcan.

2. Las acciones encaminadas a la conservación y

puesta en valor del patrimonio edificado po-drán ir dirigidas tanto a suelos urbanos como a suelos no urbanizables, y, aun cuando primen

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izango dira halaber horiei lotutako beste erabi-lera batzuk, hala nola kultura-ondarea babestu eta sustatzekoak, eta orobat berritzeko premia duten hirugarren sektoreko edo industriako erabilerak.

3. Artikulu honetako aurreko paragrafoetan ezarri

den ekintza publikoaren koherentzia, efizientzia eta eraginkortasuna bermatzeko xedez, gaian eskumena duten administrazio publikoek elka-rrekin jardun beharko dute, eta etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako organoari egokituko zaio haien esku-hartzea koordinatzea.

4. Kultura-ondasun gisa kalifikatutako ondasun

higiezinen kasuan –edozein dela ere ematen zaien kategoria–, bai eta euskal kultura-ondareari buruzko legeriaren arabera inbentari-oan jasotako kultura-ondasun higiezinen ka-suan ere, esku-hartzeak legezko arauketa ho-rren arabera egin beharko dira, eta, halakorik izatera, dagokion babes-araubidearen barruan.

5. Inbentarioan jasotako bizitegi-erabilerako onda-

sun higiezinak babesteko araudia bete beharra-gatik ezinezkoa denean irisgarritasunari, biziga-rritasunari edo energia-eraginkortasunari da-gozkien gutxieneko baldintzen araberako egoki-tzea egitea, ordezko soluzio jasangarriak eta eraikinaren ezaugarriei eutsiko dietenak bila-tuko dira, etxebizitzak irisgarritasun- eta eroso-tasun-baldintza gutxienekoen arabera birgai-tzeko aukera ematen dutenak, halako moldez non bizitegi-erabilera nagusituko den. Nolanahi ere, aldez aurretik justifikatu egin beharko zaio Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen gaian eskumena duen sailari, eta sail horrek, dago-kion foru-aldundiari entzun ostean, baimena eman beharko du aurkeztutako aukera gauza-tzeko.

45. artikulua. Eraikin-birgaitzearen eta hiri-berroneratzearen kudeaketa aurreratua 1. Eraikin-birgaitzea edo hiri-berroneratzea jada

antolamendu xehatuan jasota dagoenean, edo ordenantza, plan, programa, birgaitzeko pre-miaren deklarazio edo horretarako balio duen beste edozein lege-tresnatan jasota dagoenean, orduan administrazio publiko jarduleak edo hirigintza-kudeaketako edo birgaikuntzako sozi-etateek aurrez ekin diezaiokete dagokion ku-deaketari, birgaitze- edo berroneratze-lanak prestatu eta aurreratzeko.

los usos residenciales, podrán involucrar tam-bién a otros usos vinculados a aquellos, como los de protección y promoción del patrimonio cultural, e incluso los terciarios e industriales que precisaran de su renovación.

3. Con el fin de garantizar la coherencia, eficien-

cia y eficacia de la acción pública prevista en los apartados precedentes de este artículo, las diferentes administraciones públicas con com-petencias en la materia deberán actuar conjun-tamente, correspondiendo la coordinación de su intervención al órgano competente en mate-ria de vivienda del Gobierno Vasco.

4. En el caso de los bienes inmuebles calificados

como bien cultural, en cualesquiera de sus ca-tegorías, así como de los bienes culturales in-muebles inventariados con arreglo a la legisla-ción del patrimonio cultural vasco, las interven-ciones habrán de respetar la mencionada regu-lación legal y, en su caso, el régimen de protec-ción correspondiente.

5. Cuando el respeto de la normativa de protec-

ción de bienes inmuebles inventariados de uso residencial hiciera imposible la adaptación a las condiciones mínimas de accesibilidad, habitabi-lidad o eficiencia energética, se buscarán solu-ciones alternativas sostenibles y respetuosas con las características del edificio, que permitan la rehabilitación de las viviendas con las condicio-nes mínimas de accesibilidad y confort, de for-ma que prevalezca el uso residencial. Todo ello, previa justificación ante el departamento competente en materia de patrimonio cultural del Gobierno Vasco, quien tras dar audiencia a la diputación foral correspondiente deberá au-torizar la alternativa presentada.

Artículo 45. Gestión anticipada de la rehabilita-ción de edificios y regeneración urbana 1. Una vez que la rehabilitación de edificios o la

regeneración urbana se halle prevista en la ordenación pormenorizada o en las ordenan-zas, planes, programas, declaraciones de esta-do de necesidad de rehabilitación o cualesquie-ra otros instrumentos legales hábiles para ello, la administración pública actuante o las socie-dades de gestión urbanística o de rehabilitación podrán iniciar anticipadamente las gestiones correspondientes al objeto de la preparación y adelanto de aquellas.

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2. Horretarako, dagokion administrazio publikoak,

halaber, aurrez okupa ditzake birgaitzeko edo hiri-berroneratzeko beharrezkoak diren ondasun eta eskubideak, bermatuz, edonola ere, legezko okupatzaileei ordezko etxebizitza emango zai-ela, behin-behinean edo behin betiko, ez baldin badute beste etxebizitzarik edo bizitoki egonkor edo egokirik, ez eta hori lortzeko bitarteko eko-nomikorik ere, eta horregatik gizarte-bazterketako egoeran erortzeko arriskuan ba-daude; betiere, etxebizitza bat legez okupatzeko lege-testu honek berak aitortzen duen eskubi-dea erabat errespetatzeko eta bermatzeko mo-duan.

46. artikulua. Birgaitzearen eta hiri-berroneratzearen kudeaketa: jarduteko sistemak 1. Eraikin-birgaitzea eta hiri-berroneratzea Udal

Administrazioak hirigintzako legerian jasota daudenetatik askatasunez aukeratutako jardute-sistemaren bidez kudea daitezke; era berean, legerian onartuta dagoen edozein zuzeneko edo zeharkako kudeaketa-modu erabil daiteke arau-bide juridikoari, administrazio publikoen kontra-tazioari, toki-araubideari eta lurralde- eta hiri-gintza-antolamenduari buruzko legeriari dago-kionez.

2. Eraikin-birgaitzea eta lurzoru urbanizaezinetan

eragina izango duten jarduketetan aurreikusita dagoen birgaitzea, nahiz hiri-berroneratzea, denak ere eragindako titularrekin hitzarmena edo akordioa lortuz gauzatuko dira, edo nahita-ezko salmentaren edo ordezpenaren araubidea aplikatuz edo nahitaezko desjabetzearen bidez. Nahitaezko salmentaren edo ordezpenaren edo nahitaezko desjabetzearen kasu horietan, lurzo-ruaren jabetzarako eskubidearen edukia haren balioaren % 50 gutxituko da, eta diferentzia administrazio jardulearen alde izango da.

3. Nolanahi ere, higiezinaren jabeen % 50 baino

gehiago ados baldin badaude Administrazioa-rekin dagokion borondatezko kudeaketa-hitzarmena formalizatzeko, aukera egongo da eragindako guztiei birgaitzea ezartzeko, eta horietako bakoitzari dagozkion eskubideak eta kargak ekitatezko banaketarako proiektu baten bidez doituko dira. Kasu horretan, dagokion birgaitze-proiektuaren bidez exekutatuko dira lanak; eragindakoekin akordioa lortzerik egon ez bada, emakidadun bati eslei dakioke proiek-tua, eraikitzeko eginbeharra betetzen ez dene-rako hirigintzako legerian aurreikusita dagoen

2. A tal efecto, la administración pública corres-

pondiente podrá incluso ocupar anticipada-mente los bienes y derechos necesarios para la rehabilitación o la regeneración urbana, garan-tizando, en cualquier caso, el realojo provisio-nal o definitivo de los ocupantes legales cuando no dispongan de otra vivienda o alojamiento estable o adecuado ni cuenten con los medios económicos precisos para obtenerlo, encon-trándose en riesgo de caer en situación de ex-clusión social, y siempre con absoluto y escru-puloso respeto y garantía del derecho de acce-so a la ocupación legal de una vivienda que se contiene en el presente texto legal.

Artículo 46. Gestión de la rehabilitación y regene-ración urbana: sistemas de actuación 1. La rehabilitación de la edificación y la regene-

ración urbana podrán ser gestionadas a través del sistema de actuación que libremente elija la Administración municipal de entre los previstos en la legislación urbanística, así como utilizar cualquiera de las modalidades de gestión direc-ta e indirecta admitidas por la legislación de régimen jurídico, de contratación de las admi-nistraciones públicas, de régimen local y de ordenación territorial y urbanística.

2. La rehabilitación de edificios, así como la que

se prevea en actuaciones incidentes en suelos no urbanizables, y la regeneración urbana se realizarán bien por convenio o acuerdo con los titulares afectados, bien por aplicación del régi-men de venta o sustitución forzosa o por expro-piación forzosa. En estos últimos supuestos de venta o sustitución forzosa o de expropiación forzosa, el contenido del derecho de propiedad del suelo se minorará en un 50 % de su valor, correspondiendo la diferencia a la administra-ción actuante.

3. No obstante, en el supuesto de que más del 50

% de la propiedad del inmueble estuviere de acuerdo con la Administración para la formali-zación del pertinente convenio voluntario de gestión, la rehabilitación podrá ser impuesta al conjunto de los afectados, cuyos derechos y cargas respectivos se ajustarán a través de un proyecto de equidistribución. En tal caso, la ejecución se llevará a cabo por medio del co-rrespondiente proyecto de rehabilitación, que, en defecto de acuerdo con los afectados, podrá ser adjudicado a un concesionario a través del mismo procedimiento previsto en la legislación

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prozeduraren bidez, birgaitze-lan horretarako beharrezko diren egokitzapenak eginda, zeinak erregelamenduzko garapenaren bidez arautu ahal izango baitira.

47. artikulua. Birgaitzeko hirigintza-sozietateak 1. Toki-erakundeek era ditzakete kudeaketako edo

birgaitzeko hirigintza-sozietateak, horien bitartez exekutatu ahal izateko eraikitako ondarea bir-gaitzeko nahiz hiri-berroneratze edo -berritzeko neurriak, ekintzak eta esku-hartzeak. Hori gai-nerako administrazio publikoekin ere egin deza-kete.

2. Eraikin-birgaitzearen edo hiri-berroneratzearen

kudeaketarako beharrezkoa den plangintza xehatua exekutatzeko kudeaketa-mandatua, osorik edo partez, zuzenean eslei dakieke ku-deaketako edo birgaitzeko hirigintza-sozietate horiei, inolako lizitazio publikorik egin gabe. Kudeaketa-mandatu hori eginez gero, hirigintza-sozietatea izango da desjabetzearen onuradun, eta hark jasoko ditu, subrogatuta, Administrazi-oak exekuzio-lan materialak egiteko dauzkan ahalmenak.

48. artikulua. Eraberritu, hobetu edo birgaitze-koak diren etxebizitzak eta lokalak diruz lagun-duta birgaitzea Eraikin eta etxebizitza libre edo babestuak eta haien eranskinak, trastelekuak eta garajeak, Adminis-trazio publikoak emandako diru-laguntzekin eraberritu, birgaitu edo hobetzen badira, diruz lagundutako bir-gaitzeak direla joko da eta halaxe izendatuko dira, eta laguntza-programetan nahiz esku-hartzeari dagokion plan, programa edo tresnan haientzat aurreikusitako zehaztapenen pean egongo dira. Diru-laguntzak arautzean, kontuan izan beharko da Familiei Laguntzeko 13/2008 Legearen 6. artiku-luan errenta estandarizatuari buruz ezarritakoa. 49. artikulua. Auzo-erkidegoetan esku hartzea 1. Kontserbatzeko eta birgaitzeko eginbeharra

betetzeko beharrezkoa bada zortasunak ezar-tzea, nahitaezko salmenta edo ordezpena egi-

urbanística para el incumplimiento del deber de edificar, con las adaptaciones precisas a la rehabilitación y que podrán dar lugar a su re-gulación por vía de desarrollo reglamentario.

Artículo 47. Sociedades urbanísticas de rehabilita-ción 1. Las entidades locales podrán constituir socieda-

des urbanísticas de gestión o de rehabilitación para la ejecución de las medidas, acciones e intervenciones en materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbana del patrimo-nio edificado, lo que podrán realizar también con el resto de las administraciones públicas.

2. La encomienda de la gestión correspondiente a

la ejecución del planeamiento pormenorizado para la gestión de la rehabilitación de edificios o regeneración urbana podrá ser total o par-cialmente adjudicada directamente a estas so-ciedades urbanísticas de rehabilitación o ges-tión sin necesidad de licitación pública alguna. Esta encomienda conllevará la condición de beneficiaria de la expropiación a favor de la sociedad urbanística, así como la subrogación de esta en las facultades de la Administración para la realización de las operaciones materia-les de la ejecución.

Artículo 48. Rehabilitación subvencionada de vi-viendas y locales objeto de reforma, mejora o rehabilitación Los edificios y las viviendas libres o protegidas, así como sus anejos, trasteros y garajes, que sean objeto de reforma, rehabilitación o mejora acogiéndo-se a las subvenciones que se establezcan por parte de la Administración pública tendrán la condición y deno-minación de rehabilitación subvencionada y estarán sometidas a las determinaciones que se prevean para ellos tanto en los programas de ayudas como en el plan, programa o instrumento correspondiente a la intervención. En la regulación de las subvenciones se deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 6 de la Ley 13/2008, de Apoyo a las Familias, en lo relativo a la renta estandarizada. Artículo 49. Intervención en comunidades vecina-les 1. Si para cumplir el deber de conservación y

rehabilitación se hiciere necesaria la imposi-ción de servidumbre, la venta o la sustitución

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tea edo elementu pribatibo nahiz komunak aldi baterako okupatzea, edo desjabetzea, halakoe-tan auzo-erkidegoek edo interesdunek aukera izango dute Udal Administraziora jotzeko eta dagokion espedientea abiaraz dezala eska-tzeko, horretarako dituzten arrazoiak berariaz aipatuz. Dena delako ondasuna desjabetzen bada, aldi baterako okupatzen bada edo zorta-suna ezartzen bazaio, auzo-erkidego hori edo horiek joko dira onuradun, nahitaezko desjabe-tzeari buruzko legerian jasotako ondorioeta-rako.

2. E ra i k inen i r i sga r r i t a suna , ene rg ia -

eraginkortasuna, bizigarritasuna, funtzionalta-suna edo segurtasuna hobetzeko esku-hartzeetan, beharrezkoa bada titulartasun publi-koko lekuren bat aldi baterako edo denbora-mugarik gabe okupatzea, titulartasuna daukan administrazio publikoak berak eman dezake zuzenean esku-hartze horiek egiteko baimena, betiere interes publikoaren kaltetan ez badira eta okupazio horrek lekuaren titulartasun publi-koa galtzea edo aldatzea ez eragitekotan.

3. Birgaitzeko esku-hartzeek eragindako jarduke-

tek, irisgarritasun-baldintzak, instalazioen zen-tralizazioa eta jasangarritasuna edo bizigarrita-suna hobetzeko egiten badira, ez dute handi-tzen eraikigarritasuna, ezta aldatzen ere lehen-dik dauden eraikinen eta antolamenduaren hirigintza-parametroak.

4. Birgaitzeko esku-hartzeak dentsitatea edo eraiki-

garritasuna handituko balu, handitze horrek ez luke ekarriko zuzkidura eta zerbitzuetarako lur-zorua emateko eginbehar berririk, ez eta hirigin-tzako gainbalioen erreskaterik ere.

50. artikulua. Ordezko etxebizitza izateko eta lehengora itzultzeko eskubideak 1. Birgaitzeko eta hiri-berroneratze eta -berritzeko

jarduketak exekutatzean higiezinen legezko okupatzaileak beren ohiko bizilekuetatik atera-razi behar badira, ordezko etxebizitza izateko eskubidea bermatu beharko diete pertsona ho-riei, lurraldea eta hirigintza antolatzeko legerian ezarritakoari jarraituz, honako hauek:

a) Desjabetzen duen administrazioak edo, hala badagokio, desjabetzearen onura-dunak, desjabetzea egiten denean. Ho-rretarako, etxebizitzak haien eskura jarri

forzosa, la ocupación temporal de elementos privativos o comunes o la expropiación, las comunidades de vecinos o las personas intere-sadas, justificando expresamente su iniciativa, podrán instar a la Administración municipal a la incoación del pertinente expediente a los citados efectos. En caso de expropiación, ocu-pación temporal o imposición de servidumbre, se tendrá a la citada comunidad o comunida-des como beneficiarias a los efectos previstos en la legislación de expropiación forzosa.

2. Las intervenciones de mejora de la accesibili-

dad, eficiencia energética, habitabilidad, fun-cionalidad o seguridad de las edificaciones, cuando precisen de la ocupación temporal o indefinida de algún espacio de titularidad pú-blica, podrán ser directamente autorizadas por parte de la administración pública titular, siem-pre que ello no perjudique al interés público y sin que tal ocupación implique pérdida o cam-bio en la titularidad pública del referido espa-cio.

3. Se considerará que las actuaciones derivadas

de las intervenciones de rehabilitación y dirigi-das a la mejora de las condiciones de accesibi-lidad, centralización de instalaciones, sostenibi-lidad o habitabilidad no suponen un incremento de la edificabilidad ni la variación de los pará-metros urbanísticos de las edificaciones y orde-nación existentes.

4. Si la intervención de rehabilitación produjera

un aumento de la densidad o edificabilidad, este no comportaría nuevos deberes de entre-ga de suelo destinado a dotaciones y servicios ni rescate de plusvalías urbanísticas.

Artículo 50. Derechos de realojo y retorno 1. En la ejecución de las actuaciones de rehabili-

tación, regeneración y renovación urbanas que requieran el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, deberán garantizar el derecho de aquellos al realojamiento en los términos esta-blecidos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística:

a) La administración expropiante o, en su

caso, la persona beneficiaria de la ex-propiación, cuando se actúe por expro-piación. A tales efectos, deberán poner a

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beharko dituzte babes publikoko araubi-deren bateko etxebizitzen kasuan inda-rrean dauden salmenta- edo alokatze-baldintzetan, eta haien premien arabe-rako azalerarekin, betiere babes-legerian finkaturiko mugen barruan. Ordezko etxebizitza ematea –desjabetutako etxebi-zitza okupatzen zen araubide berean– desjabetzearen balio justua ordaintzea beste izango da, non eta desjabetuak ez duen hautatzen balio justua dirutan jaso-tzea, kasu horretan ez baitu eskubiderik izango ordezko etxebizitza bat eman dakion.

b) Jarduketaren sustatzaileak, baterako

kudeaketa-eremuen bitartez jarduten denean, desjabetzeaz besteko prozedu-ren bidez. Kasu horietan, sustatzaileak bermatu beharko du okupatzaileei or-dezko etxebizitza bat ematen zaiela, aplikatu beharreko legeriaren arabera.

2. Jarduketa isolatua denean eta desjabetzerik

aplikatu behar ez denean, birgaitzeko edo eraisteko obren ondorioz etxebizitza alokatuak erabili ezin dituzten errentariek eskubidea izango dute ordezko etxebizitza eman dakien aldi baterako, bai eta, ahal denean, berriz le-hengo etxebizitzara itzultzeko eskubidea ere; bi eskubide horiek eraikin berriaren jabearen au-rrean baliatu ahal izango dira, kontratua amai-tzeko falta den denbora guztian.

Lehengo etxebizitzara itzultzeko eskubidea gau-

zatzeko, finkaren jabeak beste etxebizitza bat eman beharko du. Etxebizitza horren azalerak ez du aurrekoaren % 50 baino txikiagoa izan behar, eta gutxienez 90 metro karratu izan be-harko ditu, edo, azalera horretara iristen ez bada, ez du izan behar lehen zeukana baino txikiagoa; halaber, aurrekoaren antzeko ezau-garriak izan beharko ditu, eta eraitsi edo bir-gaitu den eraikinaren orube berean edo inguru-nean kokatuta egon beharko du.

3. Ordezko etxebizitza izateko eskubidea pertso-

nala eta besterenezina da, nahitaezko jarauns-leen edo bizirik geratu den ezkontidearen ka-suan izan ezik; horiek, betiere, frogatu egin beharko dute ordeztekoa den etxebizitza titula-rrarekin partekatzen zutela, ohiko bizileku gisa.

4. Ordezko etxebizitza emateko prozedura guztie-

tan, prozedurazko arau komun hauek beteko dira, gutxienez:

disposición de aquellos viviendas en las condiciones de venta o alquiler vigentes para las viviendas sometidas a algún régimen de protección pública y superfi-cie adecuada a sus necesidades, dentro de los límites establecidos por la legisla-ción protectora. La entrega de la vivien-da de reemplazo, en el régimen en que se viniera ocupando la expropiada, equi-valdrá al abono del justiprecio expropia-torio, salvo que el expropiado o expro-piada opte por percibirlo en metálico, en cuyo caso no tendrá derecho de realojo.

b) El promotor de la actuación, cuando se

actúe mediante ámbitos de gestión con-junta, mediante procedimientos no ex-propiatorios. En estos casos, el promo-tor deberá garantizar el realojamiento, en las condiciones que establezca la legislación aplicable.

2. Cuando se actúe de manera aislada y no co-

rresponda aplicar la expropiación, las personas arrendatarias que a consecuencia de las obras de rehabilitación o demolición no puedan ha-cer uso de las viviendas arrendadas tendrán el derecho a un alojamiento provisional, así como a retornar cuando sea posible, siendo ambos derechos ejercitables frente al dueño de la nue-va edificación, y por el tiempo que reste hasta la finalización del contrato.

Para hacer efectivo el derecho de retorno, el

propietario o propietaria de la finca deberá proporcionar una nueva vivienda, cuya superfi-cie no sea inferior al 50 % de la anterior y siem-pre que tenga al menos 90 metros cuadrados, o no inferior a la que tuviere si no alcanzaba la citada superficie, de características análogas a aquella y que esté ubicada en el mismo solar o en el entorno del edificio demolido o rehabilita-do.

3. El derecho de realojamiento es personal e

intransferible, salvo en el caso de los herederos forzosos o del cónyuge supérstite, siempre y cuando acrediten que compartían con el titu-lar, en términos de residencia habitual, la vi-vienda objeto del realojo.

4. Todo procedimiento de realojamiento respeta-

rá, al menos, las siguientes normas procedi-mentales comunes:

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a) Administrazio jarduleak artikulu honen 1.

paragrafoan aipatzen diren legezko oku-patzaileak identifikatuko ditu, zuzenbi-dean onartutako edozein baliabideren bitartez, eta jakinaraziko die higiezina dena delako jarduketan sartzen dela; halaber, entzunaldiaren izapidea balia-tzeko aukera emango die, eta, informa-zio publikorako eperik egonez gero, epe bera izango da entzunaldirako eta infor-mazio horretarako.

b) Entzunaldiaren edo informazio publikoa-

ren izapidean, interesdunek, ordezko etxebizitzarako eskubidearen titular iza-teko bete beharreko legezko baldintzak betetzen dituztela frogatzeaz gainera, eska dezakete eskubide hori aitor dakiela edo uko egin diezaiokete eskubide hori erabiltzeari. Erantzunik ez izateak ez dio eragotziko Administrazioari prozedurare-kin jarraitzea.

c) Aurreko idatzi-zatian aurreikusitako izapi-

dea amaitutakoan, Administrazioak or-dezko etxebizitza izateko eskubidea duten pertsonen behin betiko zerrenda onar-tuko du, lehendik onartua ez bazuen, eta jakinarazi egingo die erabakiak eragiten dienei.

d) Aurreko lerrokadetan xedatutakoa gora-

behera, beste pertsona batzuei ere ai-tortu ahal izango zaie ordezko etxebizitza izateko eskubidea, nahiz eta dagokion unea baino geroago frogatu betetzen dituztela eskubide hori izateko legezko baldintzak.

5. Ordezko etxebizitza izateko eskubidea gauza-

tzeko, jarduketak eragiten dien etxebizitza ba-koitzeko etxebizitza bat eskaini behar da, jardu-keta-eremu berean edo, hori ezinezkoa baldin bada, ahalik eta gertuena. Halako etxebizitza bat eskaintzea berez ezinezkoa bada, ordezko etxebizitza izateko eskubidearen titularrek esku-bidea izango dute haren balioa dirutan jaso-tzeko.

Ordezko etxebizitzaren azalera ordezko etxebizi-

tza izateko eskubidearen titularrak dituen pre-mien araberakoa izango da, artikulu honen 2. paragrafoan jasotako baldintza beretan, eta, titularrak desgaitasunen bat baldin badu, etxe-bizitza irisgarria izango da, edo, bestela, des-

a) La administración actuante identificará a

los ocupantes legales a que hace refe-rencia el apartado 1 de este artículo, mediante cualquier medio admitido en derecho, y les notificará la inclusión del inmueble en la correspondiente actua-ción, otorgándoles un trámite de audien-cia que, en el caso de que exista también un plazo de información pública, coinci-dirá con este.

b) Durante el trámite de audiencia o infor-

mación al público, las personas interesa-das, además de acreditar que cumplen los requisitos legales necesarios para ser titulares del derecho de realojamiento, podrán solicitar el reconocimiento del citado derecho o renunciar a su ejerci-cio. La ausencia de contestación no im-pedirá a la Administración continuar el procedimiento.

c) Una vez finalizado el trámite previsto en

la letra anterior, la Administración apro-bará el listado definitivo de las personas que tienen derecho a realojamiento, si no lo hubiera hecho ya con anterioridad, y lo notificará a los afectados.

d) No obstante lo dispuesto en los párrafos

anteriores, podrá reconocerse el derecho de realojamiento de otras personas que, con posterioridad al momento corres-pondiente, acrediten que reúnen los requisitos legales para tener el citado derecho.

5. Para hacer efectivo el derecho de realojamiento

será preciso ofrecer una vivienda por cada una de las viviendas afectadas por la actuación, bien en el mismo ámbito de actuación, o, si no es posible, lo más próximo a él. Cuando no sea materialmente posible ofrecer dicha vivienda, los titulares del derecho de realojamiento ten-drán derecho a su equivalente económico.

La vivienda de sustitución tendrá una superficie

adecuada a las necesidades del titular del dere-cho de realojamiento en iguales condiciones a las previstas en el apartado 2 del presente ar-tículo, y, en el caso de que este fuera una per-sona con discapacidad, será una vivienda acce-

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gaitasunaren ondoriozko premietara egokitua. 6. Ordezko etxebizitza izateko eskubidea aitortzea

eta lehenagoko eskubideak azkentzean dago-kion kalte-ordaina jasotzeko eskubidea ez daude elkarri loturik, bereiz dira, artikulu honen 1. paragrafoko a) idatzi-zatian xedatutako ka-suan izan ezik.

51. artikulua. Lehendik dauden etxebizitzak zati-tzea 1. Eraikitako ondarearen birgaitzeak berekin ekar

dezake eraikinaren egokitzapen funtzionala egitea, lehendik dauden etxebizitzak zatitu eta etxebizitza-unitate berriak sortuz edo unitate handiagoetan bilduz. Etxebizitza-unitate berri horiek gizarteak unean-unean dituen eskakizu-netara egokituak izan beharko dute, bai azale-raz eta bai konfigurazioz, eraikitako ondarearen funtzio soziala bete dezaten.

2. Aipatutako egokitzapen funtzionala egiteko,

ezinbestekoa da zatiketak ez eragitea inongo konposizio-apurketarik eraikinaren egituran edo funtzioan, eta ondorioz sortuko diren etxebizitza berriek ondo betetzea babes publikoko etxebizi-tzen diseinuarentzat ezarritako parametro, ze-haztapen eta ordenantzak –baldin halako etxe-bizitzen kalifikazioari heltzen badiote– eta oro-bat gutxieneko bizigarritasun-baldintzak, etxebi-zitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlari-tzako sailak ezarritakoak.

3. Lehendik dauden etxebizitzen jabeek, egokitza-

pen funtzionalaren bidez beren etxebizitzak bir-gaitu nahi badituzte, eta egokitzapen funtzio-nala etxebizitzak unitate berrietan zatituta egitea eskatzen badute, udalean izapidetuko dute etxe-bizitza edo etxebizitzak kokatuta dauden finka-ren ekitatezko banaketarako proiektua.

4. Ekitatezko banaketarako proiektu horrek eduki

hauek izango ditu:

a) Zatiketatik sortzen diren etxebizitza-unitate berrien deskribapena.

b) Etxebizitza-unitate berriei dagozkien par-

taidetza-kuoten erregularizazioa, auzo-erkidegoko gainerako jabeek jabetza horizontalaren araubidean dauzkaten kuotei inola eragin gabe.

sible o acorde con las necesidades derivadas de la discapacidad.

6. El reconocimiento del derecho de realojamiento

es independiente del derecho a percibir la in-demnización que corresponda, cuando se extin-gan derechos preexistentes, salvo lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 de este artículo.

Artículo 51. División de viviendas existentes 1. La rehabilitación del patrimonio edificado po-

drá implicar su adecuación funcional, mediante la división de viviendas existentes en nuevas unidades de vivienda, o su unión en unidades más amplias, adaptadas en cuanto a su superfi-cie y configuración a los requerimientos sociales del momento y que las hagan acordes con el cumplimiento de la función social del patrimo-nio edificado.

2. La citada adecuación funcional podrá realizar-

se cuando ello no conlleve la ruptura composi-tiva estructural o funcional de la edificación y las viviendas resultantes cumplan con los pará-metros, determinaciones y ordenanzas de dise-ño establecidas para las viviendas de protec-ción pública, caso de que se acojan a esta calificación, y con las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas por el departamento competente en materia de vivienda del Go-bierno Vasco.

3. Los propietarios de viviendas existentes, con el

fin de la rehabilitación de sus viviendas median-te su adecuación funcional, tramitarán ante el ayuntamiento el proyecto de equidistribución referido a la finca en que se ubiquen la vivienda o viviendas cuya adaptación funcional se solici-ta a través de su división en nuevas unidades de vivienda.

4. El citado proyecto de equidistribución tendrá los

siguientes contenidos:

a) La descripción de las nuevas unidades de vivienda resultantes.

b) La regularización de las cuotas de parti-

cipación correspondientes a las nuevas unidades de vivienda, sin afectar a las cuotas del resto de los condueños de la comunidad en régimen de propiedad horizontal.

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5. Ekitatezko banaketarako proiektu hori udalean

izapidetu eta onartzeko prozedura erregela-mendu bidez finkatuko da.

6. Udalek, udal-ordenantza bat onartuz eta plan-

gintza orokorra aldatu beharrik gabe, baimena eman dezakete bizitegitarako eraikinen beheko solairuen erabilera aldatzeko, hirugarren sekto-reko erabileratik bizitegi-erabilerara, arau oro-kor gisa jabe-erkidegoei baimena eskatu beha-rrik gabe, salbu eta jabetza horizontalaren araudiaren arabera exijitzekoa denean.

52 artikulua. Eraikinen ikuskapen teknikoa (EIT) 1. Erabilera nagusia bizitegitarakoa duten eraiki-

nak unean-unean erregelamenduz eskatzen diren kalitate-baldintzei egokitzen zaizkiela fro-gatu beharko da, teknikari eskudunak egindako ikuskapen teknikoen bitartez.

2. Titulartasuna daukaten auzo-erkidegoek edo –

halakorik ez balego, edo haiek betebeharra bete ezik– erregelamenduz ezarritako antzinata-suna baduten etxebizitza-eraikinetako elementu pribatiboen jabeek eraikinaren ikuskapen tekni-koa egin beharko dute, erregelamenduz ezarri-tako edukiaren eta maiztasunaren arabera. Eraikin oso bati edo higiezin-konplexu bati da-gokion ikuskapenak lokal eta etxebizitza guztiak hartuko ditu.

3. Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikinen Ikuska-

pen Teknikoen Erregistroa sortzen da, non au-rreko paragrafoetan ezarritakoaren arabera egindako ikuskapen guztiak inskribatu beharko baitituzte sustatzaileek, nahitaez. Erregistro ho-rren edukia eta funtzioak erregelamendu bidez garatuko dira.


laritzako sailak artikulu honetan jasotako ikus-kapenak bultzatuko ditu, eta ikuskapen horien jarraipena egiteaz ere arduratuko da. Era be-rean, bere gain hartuko ditu erregistroa sortu eta mantentzeari dagozkion eskumen eta ardu-rak.

5. Erregelamenduz zehaztuko da zer epetan eta

5. El procedimiento de tramitación y aprobación

municipal del mencionado proyecto de equidis-tribución se determinará reglamentariamente.

6. Los ayuntamientos podrán, mediante la aproba-

ción de una ordenanza municipal y sin necesi-dad de modificación del planeamiento general, permitir el cambio de uso terciario a uso resi-dencial en planta baja de edificios residencia-les, sin que sea necesario como regla general solicitar la autorización de las comunidades de propietarios, salvo en los supuestos en los que esta sea exigible a tenor de la normativa de propiedad horizontal.

Artículo 52. La inspección técnica de los edificios (ITE) 1. La adecuación de los edificios de uso predomi-

nantemente residencial a las exigencias de cali-dad que en cada momento se exijan reglamen-tariamente deberá acreditarse mediante inspec-ciones técnicas realizadas por técnico compe-tente.

2. Las comunidades de vecinos titulares o, en de-

fecto u omisión de actuación de aquellas, los propietarios de los elementos privativos de edifi-cios de viviendas con la antigüedad que se establezca reglamentariamente deberán realizar la inspección técnica del edificio con el conteni-do y plazo de reiteración que se establezca reglamentariamente. Las inspecciones que se refieran a la totalidad de un edificio o complejo inmobiliario extenderán su eficacia a todos y cada uno de los locales y viviendas existentes.

3. Se crea el Registro de Inspecciones Técnicas de

los Edificios de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el que deberán ser inscritas obliga-toriamente, por parte de sus promotores, las inspecciones que se realicen de conformidad con lo previsto en los apartados anteriores. El contenido y funciones de este registro se desa-rrollarán reglamentariamente.


vivienda del Gobierno Vasco impulsará las inspecciones previstas en este artículo, reali-zando asimismo su seguimiento y asumiendo las competencias y responsabilidades relacio-nadas con la creación y mantenimiento del registro.

5. Reglamentariamente se determinarán los plazos

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gainerako zer baldintza betez egin behar den eraikinen ikuskapen teknikoa.

6. Artikulu honen eta seigarren xedapen iraganko-

rraren bitartez arautzen den eraikinen ikuskapen teknikoa garaiz eta behar den moduan egiteko betebeharra ez betetzea hirigintzako arau-haustetzat joko da; eta aplikatu beharreko hiri-gintza-araudiak eraikinen ikuskapen teknikoa-ren txostena edo parekoa berariaz adierazitako epean egiteko eginbeharra ez betetzea nolako arau-haustetzat jotzen duen eta zer ondorio egozten dizkion, halakoa izango da arau-hauste hori eta halako ondorioak eragingo ditu.

7. Artikulu honetan arautzen den ikuskapenaren

txostena egitera behartuta dauden higiezin-jabeek txosten horren kopia bidali beharko di-ote dagokion udalari, eta hark, bere aldetik, nortasun juridikorik gabeko erregistro adminis-tratibo gisa sortu den Eraikinen Ikuskapen Tek-nikoen Erregistroari jakinaraziko dio, informazio hori erregistro bateratu bakar baten parte izan dadin. Udalari bidaltzeko eta hark aipatu den erregistroari jakinarazteko betebeharra eraiki-nen ikuskapen teknikoa betetzeko egiten diren obra eta esku-hartzeetarako izango da.

53. artikulua. Kalitatea, jasangarritasuna eta energia-eraginkortasunaren hobekuntza susta-tzea Eraikinen kalitatearen, jasangarritasunaren eta energia-eraginkortasunaren hobekuntza sustatzeko, etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak zehaztuko du zein neurri eta helburu izango diren betekizun horiek zenbateraino bete diren adieraz-teko eta bereizteko patroi, zigilu eta bereizgarriak ezar-tzeko balioko dutenak.

VIII. KAPITULUA FIDANTZAK JARTZEA ETA HIRI FINKEN ERRENTA-MENDU KONTRATUEN ERREGISTROA 54. artikulua. Fidantza jartzeko betebeharra 1. Hiri-finkak, hala etxebizitzatarakoak nola beste-

lakoak, errentan hartzen dituzten pertsonek edo entitateek Hiri Errentamenduei buruzko azaroa-ren 24ko 29/1994 Legearen 36.1 artikuluak adierazten duen diruzko fidantza jarri beharko dute etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren dagokion lurralde-ordezkaritzan, eta errentatzaileari jakinarazi

y demás condiciones en los que deberá llevarse a cabo la inspección técnica de los edificios.

6. El incumplimiento del deber de cumplimentar

en tiempo y forma la inspección técnica de los edificios regulada por este artículo y la disposi-ción transitoria sexta tendrá la consideración de infracción urbanística, con el carácter y las con-secuencias que atribuya la normativa urbanísti-ca aplicable al incumplimiento del deber de dotarse del informe de inspección técnica de edificios o equivalente, en el plazo expresamen-te establecido.

7. Los propietarios de inmuebles obligados a la

realización del informe de la inspección regula-da por este artículo deberán remitir una copia de aquel al ayuntamiento correspondiente, que comunicará, a su vez, al Registro de Inspeccio-nes Técnicas de los Edificios que se crea, como registro administrativo sin personalidad jurídica, al objeto de que la citada información forme parte de un registro integrado único. La obliga-ción de remisión al ayuntamiento y comunica-ción de este al registro citado regirá respecto de las obras o intervenciones que se realicen en cumplimiento de la inspección técnica de los edificios.

Artículo 53. Fomento de la calidad, sostenibilidad y mejora de la eficiencia energética Con el objeto de fomentar la mejora de la cali-dad, sostenibilidad y eficiencia energética de la edifi-cación, el departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco concretará las medidas y objetivos que hayan de servir para el establecimiento de los patrones, sellos y distinciones que identifiquen y distingan los niveles de su cumplimiento.

CAPÍTULO VIII DEPÓSITO DE FIANZAS Y REGISTRO DE CON-TRATOS DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBA-NAS Artículo 54. Obligación de depósito de fianzas 1. Las personas o entidades arrendatarias de fin-

cas urbanas destinadas tanto a vivienda como a otros usos deberán depositar en la delegación territorial correspondiente del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de vivienda la fianza en metálico establecida en el artículo 36.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y esta-

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beharko diote jarri dutela, fidantza jartzeko edo eguneratzeko betebeharra bete dutela egiazta-tzen duen dokumentazioaren kopia bat emanez hilabeteko epean, fidantza Autonomia Erkide-goko Administrazioaren dagokion organoan jartzen denetik kontatzen hasita. Fidantzaren gordailua egitea dohainik izango da eta ez du korriturik sorraraziko gordailugilearen alde.

2. Nolanahi ere, aurreko paragrafoan aurreikusi-

tako fidantza jarri beharrik ez dute izango admi-nistrazio publikoek, haien erakunde autono-moek, zuzenbide publikoko entitateek eta admi-nistrazioen mendeko gainerako erakunde publi-koek eta alokatzeetan bitartekari-lana egiten duten titulartasun publikoko entitateek, errentari gisa jarduten direnean babes publikoko etxebi-zitzen eta haiei atxikitako eranskinen errenta-mendua dela-eta, edo onura publikoko edo interes sozialeko deklaratutako irabazi-asmorik gabeko entitateei errentan emandako lokalak direla-eta.

3. Aipatutako betebeharra eta fidantzaren gordai-

lua bera exiji daitezke eta kontratuak indarrean dirauen artean iraungo dute horiek ere, inongo interesik sorrarazi gabe. Hauexek dira fidantzan jarri beharreko kopuruak:

a) Hilabeteko errenta, etxebizitzen errenta-

mendu-kontratuetan. b) Bi hilabeteko errenta, etxebizitza gisa

edo sasoika erabiltzeaz bestelako xede nagusiren bat duten errentamendu-kontratuetan.

c) Sasoikako errentamenduetan –zeinak,

Hiri Errentamenduen Legearen arabera, etxebizitza-erabileraz bestelakoetarako errentamendutzat hartuko baitira–, fidan-tzaren zenbatekoa kontratuaren iraunal-diaren proportzioan joango da, kontuan izanik ezarritako bi hilabeteko errentak urtebeteko iraupena duen kontratuari dagozkiola. Ondorio horietarako, sasoi-kako errentamendutzat jotzen dira urte-bete baino gutxiago irauten dutenak.


laritzako sailak erabaki dezake fidantzen dirua etxebizitza-eskubidea sustatzeko politikak finan-tzatzeko baliatzea, betiere fidantzak, hala eska-

rán obligadas a comunicar al arrendador la realización del depósito, mediante la entrega de una copia de la documentación justificativa del cumplimiento de la obligación de depositar la fianza o de su actualización en el plazo de un mes, a contar desde su ingreso en el corres-pondiente órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma. Este depósito será gra-tuito y no generará intereses a favor de la per-sona depositante.

2. No obstante, quedan exceptuadas de la obliga-

ción de prestar la fianza prevista en el apartado anterior las administraciones públicas, sus orga-nismos autónomos, las entidades de derecho público, los demás entes públicos dependientes de aquellas y las entidades de titularidad públi-ca que tienen por objeto la mediación en el alquiler cuando actúen como arrendatarios y en relación con el arrendamiento de viviendas de protección pública y anejos vinculados a estas o locales arrendados a entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública o interés social.

3. La obligación antecedente y el depósito mismo

de la fianza serán exigibles y permanecerán durante el tiempo de vigencia de los correspon-dientes contratos, sin devengo alguno de inte-rés, y en las siguientes cuantías:

a) Una mensualidad de renta en los contra-

tos de arrendamiento de vivienda. b) Dos mensualidades de renta en los con-

tratos de arrendamiento cuyo destino primordial sea distinto al de vivienda y al de temporada.

c) En los arrendamientos de temporada,

que conforme a la Ley de Arrendamien-tos Urbanos tendrán la consideración de arrendamientos para uso distinto del de vivienda, la cuantía de la fianza será proporcional al plazo de duración del contrato, teniendo en cuenta que las dos mensualidades establecidas correspon-den al contrato de un año de duración. A estos efectos, tienen la consideración de arrendamientos de temporada los de duración inferior a un año.


vivienda del Gobierno Vasco podrá disponer del importe de los depósitos para destinarlo a financiar políticas de fomento del derecho a la

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tuz gero, itzuli egingo direla bermatzen badu, % 20ko erreserba eginez.

5. Erregelamendu bidez ezarriko da fidantza nola

jarri behar den, dirua zuzenean sartuz edo kontzertu bidez; eta non, nola eta zer epetan. Fi-dantza jarri izana egiaztatzeko beharrezko xeda-penak ere erregelamenduz zehaztuko dira.

6. Nolanahi ere, fidantzaren gordailua Euskal

Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren diru-sarrera publikotzat joko da, eta, beraz, exekuzio-bidea erabili ahal izango da dagoz-kion epeetan jarri ez diren fidantzak ordaina-razteko, bai eta fidantza jartzeko betebehar hori ez betetzearen ondoriozko zehapenak ordainarazteko ere. Ordainketa garaiz kanpo egin bada, baina aldez aurreko berariazko errekerimendurik behar izan gabe, fidantzaren zenbatekoaren % 2ko errekargua ezarriko da; alabaina, berariazko errekerimendua egin be-har izan bada fidantza jarrarazteko, % 10era artekoa izango da errekargua.

7. Behin errentamendu-kontratua azkendutakoan,

etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaur-laritzako sailak, aldez aurretik errentariak eska-era eginda eta fidantzaren gordailuaren froga-giria eta kontratuaren kopia aurkeztuta, fidan-tza itzuliko du, gehienez ere hiru hilabeteko epean. Epe hori igaro eta artean ez bada fi-dantza itzuli interesdunari egotzi ezin zaion arrazoiren batengatik, diruaren legezko intere-sak ordaindu beharko dira, fidantza itzultzeko epe-muga igarotzen denetik fidantza egiaz itzultzen den artekoak.

55. artikulua. Hiri Finken Errentamendu Kontra-tuen Erregistroa 1. Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri Finken Erren-

tamendu Kontratuen Erregistroa sortzen da. Izaera administratiboa izango du eta etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren mende egongo da. Bertan inskribatu beharko dira Erkidegoko lurraldean kokatutako hiri-finken errentamendu-kontratu guztiak.

2. Erregelamendu bidez arautuko da erregistroak

nola funtzionatuko duen, bai eta inskripzioak, zuzenketak eta ezabatzeak nola eta zein kasutan egingo diren ere. Erregistrorako beharrezkoak izango diren gainerako xedapen guztiak ere

vivienda, siempre que quede garantizada la devolución de las fianzas, que en su caso sean reclamadas, con una reserva del 20 %.

5. Reglamentariamente se determinarán las formas

de depósito, mediante ingreso directo o me-diante concierto, así como el lugar, la forma y el plazo y demás disposiciones precisas para su verificación.

6. En cualquier caso, el depósito de la fianza ten-

drá la consideración de ingreso de derecho público de la Hacienda General del País Vasco, por lo que podrá utilizarse la vía ejecutiva para el ingreso de las fianzas no depositadas en los plazos correspondientes, así como para el in-greso de las sanciones que deriven del incum-plimiento de dicha obligación de depósito. El ingreso extemporáneo, sin requerimiento previo expreso, conllevará un recargo equivalente al 2 % del importe de la fianza, que aumentará has-ta el 10 % cuando se efectúe tras ser requerido expresamente para el depósito.

7. Una vez extinguido el contrato de arrenda-

miento, el departamento competente en mate-ria de vivienda del Gobierno Vasco, previa solicitud del arrendatario acompañada del resguardo de depósito y de copia del contrato, procederá a la devolución de la fianza en el plazo máximo de tres meses. Superado el cita-do plazo sin que se haya hecho efectiva la devolución por causa no imputable al interesa-do, se devengará el interés legal del dinero desde la fecha de vencimiento del plazo de devolución hasta la efectiva devolución de la fianza.

Artículo 55. El Registro de Contratos de Arrenda-miento de Fincas Urbanas 1. Se crea el Registro de Contratos de Arrenda-

miento de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de carácter administrati-vo, dependiente del departamento del Go-bierno Vasco competente en materia de vivien-da, y en el que deberán inscribirse todos los contratos de arrendamiento de las fincas urba-nas ubicadas en el territorio de la Comunidad.

2. Reglamentariamente se regulará su funciona-

miento, los modos y supuestos de inscripción, rectificación y cancelación, así como cuantas otras disposiciones resulten precisas para él, con escrupuloso respeto de la normativa aplica-

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arau horretan jasota egongo dira; betiere, kon-fidentzialtasuna eta datu pertsonalak babesteko aplikatu beharreko arauak zorrotz betetzen di-rela.

IX. KAPITULUA

ETXEBIZITZEN ERABILERA EGOKIAREN, BIZIGARRI-TASUN BALDINTZEN ETA FUNTZIO SOZIALAREN BERME JURIDIKOAK

1. ATALA JENDERIK GABEKO ETXEBIZITZAK, INFRAETXEAK ETA ETXEBIZITZA GAINOKUPATUAK 56. artikulua. Jenderik gabeko etxebizitza 1. Etxebizitza jenderik gabe dagoela joko da bal-

din eta jarraituki bi urtean baino gehiagoan okupatu gabe egon bada, eta, betiere, etxebizi-tza ez erabiltzea justifikatzen duen arrazoirik izan ez bada lege honetan edo lege hau gara-tzeko araudian ezarritako baldintzen arabera.

2. Jarraituki okupatu gabe egotea justifikatuta

dagoela joko da baldin etxebizitza bigarren bizitetxea bada, edo lana, osasuna, mendeta-suna edo gizarte-larrialdia dela-eta egoitza aldatu behar izan bada eta horregatik etxebizi-tza aldi batez desokupatu behar izan bada, edo titularrak merkatuko prezioan baldin badauka eskaintzan jarrita, saltzeko edo alokatzeko, edo kasu horien pareko beste batzuk gertatzen ba-dira. Halaber, okupatu gabe egotea justifikatzen duen arrazoia dela joko da titularra irabazi-asmorik gabeko entitateren bat izatea eta etxe-bizitza erabilera zehatz baterako gordetzea, kolektibo jakin batzuei zuzenduta.

3. Jenderik gabeko etxebizitzaren deklarazioa da-

gokion udalak erabaki ahal izango du, edo, bestela, etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak, dagokion udalari entzun ondoren. Nolanahi ere, ebazpena ema-teko, administrazio-prozedura bati jarraitu be-harko zaio, eta etxebizitzaren titularrei entzun beharko zaie prozedura horren barruan.

4. Jenderik gabeko etxebizitzen titularrek etxebizi-

tza-gaietan eskumena edo ahalmena duten administrazio eta entitate publikoei utzi ahal izango diete etxebizitzen kudeaketa, alokairuan, horretarako onartutako hitzarmen eta progra-metan zehaztutako baldintzetan, betiere.

ble en materia de confidencialidad y de protec-ción de datos de carácter personal.

CAPÍTULO IX GARANTÍAS JURÍDICAS DEL USO ADECUADO, DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LAS VIVIENDAS

SECCIÓN 1.ª VIVIENDA DESHABITADA, INFRAVIVIENDA Y VI-VIENDA SOBREOCUPADA Artículo 56. La vivienda deshabitada 1. Se considerará vivienda deshabitada aquella

vivienda que permanezca desocupada de forma continuada durante un tiempo superior a dos años, salvo que concurra motivo que justifique su no utilización en los términos previstos en esta ley y en su normativa de desarrollo.

2. En todo caso, se considerará que concurre

causa justificada para la desocupación conti-nuada en el caso de las viviendas de segunda residencia, así como en los supuestos de trasla-do de domicilio por razones laborales, de sa-lud, de dependencia o emergencia social que justifiquen la necesidad de desocupar temporal-mente la vivienda o cuando su titular la mantie-ne en oferta de venta o alquiler a precios de mercado, así como en otras situaciones equiva-lentes a las citadas. También se entenderá que concurre causa justificada para la desocupa-ción en el caso de que el titular de la vivienda sea una entidad sin ánimo de lucro que la des-tina a un uso concreto, dirigido a determinados colectivos.

3. La declaración de vivienda deshabitada podrá

acordarse por el ayuntamiento correspondiente, o, en su defecto, por el departamento compe-tente en materia de vivienda del Gobierno Vas-co, previa audiencia al ayuntamiento respecti-vo. En cualquier caso, la resolución irá precedi-da de un procedimiento administrativo con audiencia a los titulares de la vivienda.

4. Los titulares de viviendas deshabitadas podrán

ceder su gestión en régimen de alquiler a las administraciones y entidades públicas con com-petencias o facultades en materia de vivienda, en las condiciones que se determinen en los convenios y programas aprobados al efecto.

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57. artikulua. artikulua. Jenderik gabeko etxebizi-tzaren kanona 1. Etxebizitzaren jabetzaren funtzio soziala bete

dadin sustatze aldera, kanon bat ezartzen da jenderik gabe dauden etxebizitzen gainean. Kanon hori zergaz bestekoa izango da, jenderik gabeko etxebizitza deklaratuta daudenen gai-nean ezarriko dute Euskal Autonomia Erkide-goko udalek, eta kontzeptu horrengatik lortu-tako diru-sarrerek lurzoruaren udal lurzoru-ondarea hornituko dute.

2. Kanona pertsona fisikoei nahiz juridikoei ezar

dakieke, baita jaraunspen jasogabeei, ondasun-erkidegoei eta bestelako entitateei ere baldin eta, nortasun juridikorik izan ez arren, unitate ekonomiko edo ondare bereizia osatzen ba-dute, zerga ezartzeko modukoa, eta jenderik gabeko etxebizitzaren gaineko jabetza-eskubidearen titularrak badira eta, aldi berean, etxebizitza erabiltzeko eskubidea ere berena badute.

3. Baldin eta dena delako jenderik gabeko etxebi-

zitza gozatzeko eskubide erreala jabeari ez ba-dagokio, kanona eskubide erreal horren titula-rrari ezarriko zaio.

4. Kanona urtero likidatuko da eta jenderik ga-

beko etxebizitzaren deklarazioa administrazio-bidean behin betiko egintza bihurtzen denetik aurrera. Kanonaren karga 10 euro izango da metro karratu erabilgarri eta urte bakoitzeko, eta % 10 handituko da etxebizitzak aipatu den egoeran dirauen urte bakoitzeko, hasierako zenbatekoaren hirukoitza gainditu gabe betiere.

58. artikulua. Jenderik gabeko etxebizitza nahi-taez alokatzea 1. Jenderik gabeko etxebizitza deklaratu direnak

nahitaez alokatu beharra ezarri ahal izango da baldin eta kokatuta dauden eremuetan etxebizi-tzaren eskaria eta premia badagoela frogatzen bada, bai bizitegitarako lurzoruen hiri-sektoreetan eta bai berroneratze-eremuetan, hirigune historikoetan, hiri-erdialdeetan, hiri-auzuneetan edo urbanizazioak finkatutako ere-muetan, baina, betiere, jenderik gabeko etxebi-zitza deklaratu badira eta deklaraziotik urtebete igaro eta gero ere okupatu gabe jarraitzen ba-dute. Udalek ezarri ahal izango dute nahitaez alokatu beharra, eta, subsidiarioki, etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako

Artículo 57. Canon de vivienda deshabitada 1. Al objeto de fomentar el cumplimiento de la

función social de la propiedad de la vivienda, se establece un canon sobre la vivienda desha-bitada. Su imposición, de carácter extrafiscal, a cargo de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi gravará las viviendas declaradas deshabitadas y los ingresos por este concepto dotarán el patrimonio municipal de suelo.

2. La imposición del canon recaerá sobre las per-

sonas físicas y jurídicas, así como sobre las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de persona-lidad jurídica, constituyan una unidad económi-ca o un patrimonio separado, susceptible de imposición, y sean titulares del derecho de pro-piedad de la vivienda deshabitada, siempre que estén también en posesión del derecho de uso de la vivienda.

3. En caso de que el derecho real de goce o dis-

frute sobre las viviendas deshabitadas no co-rresponda al propietario, el canon recaerá so-bre los titulares del citado derecho real.

4. El canon se liquidará anualmente y a partir de

que la declaración de vivienda deshabitada constituya un acto definitivo en vía administra-tiva. El gravamen se fija en un importe de 10 euros por cada metro cuadrado útil y año, que se incrementará un 10 % por año que perma-nezca en dicha situación, sin que pueda superar tres veces el importe inicial.

Artículo 58. El alquiler forzoso de la vivienda des-habitada 1. Se podrá imponer el alquiler forzoso de las

viviendas declaradas deshabitadas y que se ubiquen en ámbitos de acreditada demanda y necesidad de vivienda, tanto en sectores urba-nos de suelo residencial como en áreas de re-generación, en cascos históricos, centros urba-nos, barrios urbanos y ámbitos consolidados por la urbanización, recayendo únicamente sobre viviendas declaradas deshabitadas que se mantengan desocupadas transcurrido un año desde su declaración. El alquiler forzoso podrá imponerse por los ayuntamientos y, subsidiaria-mente, por el departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco. En

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sailak. Azken kasu horretan, dagokion udalari entzun beharko zaio.

2. Nahitaezko desjabetzearen legeriak xedatzen

duenaren arabera izapidetuko da nahitaezko alokatzea. Nahitaez alokatu beharra ezartzea bidezkoa dela deklaratu ondoren, etxebizitzaren titularrak berak ordaindu beharko ditu bizigarri-tasun-baldintzak bermatzeko beharrezko diren egokitze- edo hobekuntza-obren kostuak eta kudeaketa direla-eta Administrazioak bere gain hartutako gastuak.

3. Etxebizitza deskribatzen duen eta nahitaezko

alokatzea ezarri beharra dagoela erabakitzen duen administrazio-bideko akordio edo ebaz-pen irmoan, zehaztu beharko da zer baldintza-tan eduki behar den etxebizitza alokatuta eta zenbat iraungo duen alokatze-aldiak, zeina bost urtekoa izango baita gehienez ere, baina beste bost urterainoko nahitaezko luzapena ezartzeko aukerarekin. Errentaria, berriz, Etxebizitza Ba-bestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan hautatu beharko da, alokairuko etxebizitzaren eskatzaileen artetik.

59. artikulua. Infraetxea 1. Infraetxetzat hartzen da etxebizitzatarako edo-

zein eraikin edo eraikin-zati, ez baldin baditu gutxieneko bizigarritasun-baldintzak betetzen lege honek eta aplikatzekoa den araudi sekto-rialak edo lege hau garatzeko argitaratutako araudiak zehazten duten moduan.

2. Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumena da

gutxieneko bizigarritasun-baldintzak arautzea, eta administrazio publikoek onartzen dituzten plangintza-tresna guztietarako dira nahitaez bete beharrekoak baldintza horiek.

3. Infraetxeak kokatuta dauden udal-barrutiko

udalari dagokio infraetxe horien bizigarritasunik ezaren deklarazioa egitea, lege honen hurrengo artikuluak xedatzen duenaren arabera.

4. Infraetxeen bizigarritasunik ezaren deklarazioa,

behin betikoa eta administrazio-bidean irmoa denean, jabetza-erregistroan inskribatu beharko da; hortik aurrera, eraikina ezingo da bizitegita-rako erabili harik eta egoera hori aldatu arte.

este último caso, deberá concederse audiencia al ayuntamiento respectivo.

2. La imposición del alquiler forzoso se tramitará

de conformidad con lo dispuesto en la legisla-ción de expropiación forzosa. Declarada la procedencia de imponer el alquiler forzoso, el titular de la vivienda deberá sufragar los gastos asumidos por la Administración en la gestión y el coste de las obras de acondicionamiento o mejora que resulten precisas para garantizar las condiciones de habitabilidad.

3. En el acuerdo o resolución firme en vía admi-

nistrativa por el que se describa la vivienda y se decida la necesaria imposición del alquiler for-zoso, se deberán determinar las condiciones de mantenimiento de la vivienda en alquiler, así como el plazo de este, que no será superior a cinco años, si bien se podrá imponer su prórro-ga forzosa hasta cinco años más, y se seleccio-nará al arrendatario de entre los demandantes de alquiler del Registro de Solicitantes de Vi-vienda Protegida y Alojamientos Dotacionales.

Artículo 59. Infravivienda 1. Se considera infravivienda toda edificación o

parte de ella, destinada a vivienda, que no cumpla con las mínimas condiciones de habita-bilidad en los términos establecidos en la pre-sente ley y en la normativa sectorial de aplica-ción o en la que se publique en desarrollo de esta ley.

2. Es competencia de la Comunidad Autónoma

del País Vasco la regulación de las condiciones mínimas de habitabilidad que serán de cumpli-miento obligatorio para los instrumentos de planeamiento que aprueben otras administra-ciones públicas.

3. El ayuntamiento del término municipal en que

se ubiquen las infraviviendas procederá a la declaración de inhabitabilidad de aquellas en los términos previstos en el artículo siguiente de la presente ley.

4. La declaración de inhabitabilidad de las infravi-

viendas, cuando sea definitiva y firme en vía administrativa, se inscribirá en el registro de la propiedad y conllevará la prohibición de su utilización residencial en tanto persista la citada situación.

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60. artikulua. Bizigarritasunik ezaren deklarazioa 1. Infraetxeen kasuan, eta etxebizitza edo bizitoki

bat erabiltzeak arriskuan jartzen duenean per-tsonen osasuna edo segurtasuna, edo erregela-menduz ezarritako bizigarritasun-baldintzak betetzen ez direnean, Udal Administrazioak higiezin horien bizigarritasunik eza deklaratu ahal izango du, bai behin-behinean eta bada-ezpada, bai behin betiko. Hortik aparte, dago-kion udalak bidezko diren presako neurriak har ditzake higiezina utzarazteko eta segurtatzeko.

2. Bizigarritasunik ezaren deklarazioa behin beti-

koa bada eta administrazio-bidean irmoa, bi-dezko diren esku-hartze neurriak hartu beharko dira higiezina berriz ere bertan bizitzeko modu-koa izateko, lehentasuna emanez beharrezko diren sustapen-, birgaitze- eta laguntza-neurriei; eta, bitarte horretan, aukera izango da aurrera jarraitzeko exekuzio-aginduekin, edo aurri-egoeraren deklarazioarekin –hala dagokionean– eta baita ere nahitaezko desjabetze, salmenta edo ordezpenarekin, funtzio soziala betetzen ez bada. Edonola ere, beti errespetatu behar da etxebizitza legez okupatzeko eskubidea, lege honen eta lege hau garatzeko ezarriko den araudiaren arabera.

3. Bizigarritasunik ezaren deklarazioa badaezpada

edo aldi baterako ematen bada, osasungarrita-sunik eza konpon daitekeelako garbitasuna eginda edo hondakinak kenduta, dagokion udalak, gizarte-zerbitzuei dagozkien jarduketak eragotzi gabe eta zerbitzu horiei lagunduz, be-har den baimen judiziala lortuta, egoitzara sar-tzeko eta aipatutako lanak egiteko agin dezake, eta lan horien kostua egoera horren erantzuleei egotzi.

61. artikulua. Gainokupatutako etxebizitza 1. Etxebizitza bat gainokupatuta dagoela jotzen da

han bizi direnen kopurua handiagoa bada ber-tarako egokitzat jotzen den gehieneko kopurua baino, kontuan hartuta bizigelen azalera, ko-puru eta neurria eta etxebizitzaren bizigarritasun-baldintzak. Erregelamendu bidez finkatuko dira gainokupatutako etxebizitzei aplikatu beharreko araubidea eta gainokupazioa saihesteko eta konpontzeko jarduketak.

Artículo 60. Declaración de inhabitabilidad 1. En los casos de infravivienda, así como en los

supuestos en que la utilización de una vivienda o alojamiento suponga un peligro para la segu-ridad o salud de las personas, o cuando se incumplan las condiciones de habitabilidad que reglamentariamente se determinen, y sin perjui-cio de la adopción por parte del ayuntamiento correspondiente de las medidas urgentes de desalojo y aseguramiento que resulten proce-dentes, la Administración municipal podrá de-clararlos inhabitables, lo que podrá hacerse tanto con carácter provisional y cautelar como con carácter permanente.

2. La declaración de inhabitabilidad, cuando sea

definitiva y firme en vía administrativa, conlleva-rá la necesaria adopción de las medidas de intervención que resulten procedentes, con prio-ridad de las de fomento, rehabilitación y ayuda, para que permitan recuperar la habitabilidad del inmueble, pudiendo seguirse con la emisión de órdenes de ejecución, o declaración, en su caso, de ruina e incluso expropiación, venta o sustitución forzosa por incumplimiento de la función social. Se respetará, en todo caso, el derecho de acceso a la ocupación legal de una vivienda en los términos de la presente ley y normativa que se dicte en su desarrollo.

3. Cuando la declaración de inhabitabilidad se

adopte con carácter cautelar o temporal, por razones de insalubridad que puedan resolverse con simples labores de limpieza y retirada de residuos, sin perjuicio de las actuaciones que correspondan a los servicios sociales y en apo-yo de estos, el ayuntamiento correspondiente, con la autorización judicial pertinente, podrá ordenar la entrada domiciliaria y la realización de las mencionadas labores con cargo a los responsables de la referida situación.

Artículo 61. Vivienda sobreocupada 1. Se considera que una vivienda se encuentra

sobreocupada cuando su número de habitantes excede del máximo considerado adecuado en relación con la superficie, número y dimensión de las piezas habitables y condiciones de habi-tabilidad de la vivienda. Reglamentariamente se regulará el régimen aplicable a las viviendas sobreocupadas y las actuaciones tendentes a evitar y corregir las situaciones de sobreocupa-ción.

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2. Aurreko paragrafoan aipatzen den erregela-

mendu bidezko garapen hori egin ezean edo egin bitartean, etxebizitza bat gainokupatuta dagoela joko da bertan bizi diren pertsonen kopuruak ratio hauen arabera dagokiona gain-ditzen duenean:

a) Etxebizitza batean pertsona 1 bizi bada, etxebizitzak 25 metro karratu erabilga-rriko azalera eduki beharko du gutxienez.

b) Etxebizitza batean 2 pertsona bizi badira,

hark 33 metro karratu erabilgarriko aza-lera eduki beharko du gutxienez.

c) Etxebizitza batean 3 pertsona edo ge-

hiago bizi badira, hark 15 metro karratu erabilgarriko azalera eduki beharko du, gutxienez, pertsonako.

Honetarako ez dira kontuan hartuko terrazen, balkoien eta esekitokien azalerak.

2. ATALA ETXEBIZITZAK EGOKI ERABILTZEN DIRELA BER-MATZEKO JARDUKETA PUBLIKOAK 62. artikulua. Funtzio soziala betetzen ez duten etxebizitzetan Administrazioak esku hartzeko tresna publikoak 1. Etxebizitzak egoki erabiltzen direla eta dagokien

funtzio soziala benetan betetzen dutela berma-tzeko, eskumena duten administrazioek behar diren sustapen-neurriak hartuko dituzte, eta horiek erregelamendu bidez garatuko dira.

2. Horrez gain, funtzio soziala betetzen ez delako

beharrezkoa denean –behar bezala arrazoituta–, eskumena duten administrazio publikoek esku-hartze administratiboko hainbat neurri hartu ahal izango dute etxebizitzen eta haien titularren gainean. Aurretiaz, edonola ere, administrazio-espedientea osatu beharko da eta interesdunei entzun beharko zaie; espediente horretan, esku hartzeko aukera guztiak aztertu beharko dira, eta justifikatu beharko da ezen hautatzen dela administratuen eskubideei kalterik txikiena egi-ten diena eta, aldi berean, dena delako kasu jakinean bermatzen duena etxebizitza egoki erabiltzen dela eta bete behar duen funtzio so-ziala betetzen duela. Hona hemen hartu ahal

2. En defecto del desarrollo reglamentario previsto

en el apartado anterior y en tanto no se proce-da a realizarlo, se entenderá que una vivienda incurre en situación de sobreocupación cuando el número de personas residentes en ella supere el que le corresponda en función de las ratios siguientes:

a) Una vivienda con 1 persona residente en

ella deberá disponer como mínimo de 25 metros cuadrados útiles de superficie.

b) Una vivienda con 2 personas residentes

en ella habrá de contar como mínimo con 33 metros cuadrados útiles de su-perficie.

c) Una vivienda con 3 o más residentes en

ella deberá disponer como mínimo de 15 metros cuadrados útiles de superficie por persona.

A estos efectos no se computarán las superficies de terrazas, balcones o tendederos.

SECCIÓN 2.ª

ACTUACIONES PÚBLICAS PARA GARANTIZAR EL USO ADECUADO DE LAS VIVIENDAS Artículo 62. Instrumentos públicos de intervención administrativa en viviendas que no cumplen la función social 1. Para garantizar el uso adecuado de las vivien-

das y el efectivo cumplimiento de la función social que les corresponde, las administraciones competentes adoptarán las medidas de fomento y estímulo procedentes, que se desarrollarán por vía reglamentaria.

2. Sin perjuicio de ello, cuando motivadamente

resulte preciso por causa de incumplimiento de la función social, las administraciones públicas competentes podrán adoptar sobre las vivien-das y sus titulares las medidas de intervención administrativa que se relacionan a continua-ción. Todo ello, previo expediente administrati-vo, con audiencia a los interesados, en el que se analicen las diferentes medidas de interven-ción posibles y se justifique que se opta por aquella que, resultando menos gravosa para los derechos de los administrados, garantice en el supuesto concreto el uso adecuado de la vivienda y el efectivo cumplimiento de la fun-ción social.

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izango diren neurriak: a) Lehentasunez eskuratzeko eskubidea eta

etxegabetze administratiboa erabiltzea. b) Jabetza kentzea funtzio soziala ez bete-

tzeagatik. c) Nahitaezko salmenta edo ordezpena. d) Exekuzio-aginduak. e) Jenderik gabeko etxebizitzen gaineko

kanona. f) Nahitaezko alokatzea jenderik gabeko

etxebizitzen kasuan. g) Hertsapen-isunak ezartzea. h) Zehapenak ezartzea.

63. artikulua. Etxebizitzen erabilera desegokia frogatzeko baliabideak 1. Etxebizitza edo bizitoki baten erabilera desego-

kia frogatzeko, eskumena duten administrazi-oek, lege honekin bat etorriz, zuzenbidean onartzen diren bideez gain, honako hauek es-katu eta kontuan hartu ahal izango dituzte:

a) Biztanleen erroldaren eta beste erregistro publiko batzuen datuak.

b) Uraren, gasaren eta elektrizitatearen ohiz

kanpoko kontsumoak, ohikoak baino handiagoak edo txikiagoak.

2. Artikulu honen 1. paragrafoan adierazitako

zerbitzuen konpainia hornitzaileek eta entitate kudeatzaileek derrigor eman beharko dituzte etxebizitzen erabilera desegokia frogatzeko es-katzen zaizkien datuak, betiere datuen babesari buruzko araudia erabat errespetatuz. Datuak lortzeko orduan eta beste edozein erregistro publikotatik lortutako informazioa tratatzeko orduan ere araudi hori bera bete beharko da .

3. Lehenengo paragrafoan xedatutakoaren ondori-

oetarako, ohiko kontsumoak baino txikiagoak daudela joko da baldin eta justifikatzen ez bada pertsona bati bizitegi-erabilerarako dagokion gutxieneko ur-, gas- eta elektrizitate-kontsumoa. Eta ohiko kontsumoak baino handiagoak dau-

a) Ejercicio del derecho de adquisición

preferente y del desahucio administrati-vo.

b) Expropiación por incumplimiento de la

función social. c) Venta o sustitución forzosa. d) Órdenes de ejecución. e) Canon sobre las viviendas deshabitadas. f) Alquiler forzoso en el caso de las vivien-

das deshabitadas. g) Imposición de multas coercitivas. h) Imposición de sanciones.

Artículo 63. Medios para acreditar el uso inade-cuado de las viviendas 1. Al objeto de acreditar la situación de uso inade-

cuado de una vivienda o alojamiento, las admi-nistraciones competentes, conforme a la pre-sente ley, podrán requerir y tener en cuenta, además de cuantos medios sean admitidos en derecho, los siguientes extremos:

a) Datos del padrón de habitantes y de

otros registros públicos. b) Consumos anormales, por exceso o por

defecto, de agua, gas y electricidad. 2. Las compañías suministradoras y entidades

gestoras de los servicios señalados en el apar-tado 1 de este artículo estarán obligadas a facilitar los datos que se requieran para acredi-tar el uso inadecuado de las viviendas, con pleno respeto a la normativa de protección de datos. Asimismo, deberá respetarse dicha nor-mativa en la obtención de datos y tratamiento de la información obtenida de cualquier otro registro público.

3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1,

se considerará que existen consumos anormales por defecto cuando no se justifique el consumo mínimo de agua, gas y electricidad que corres-ponde a una persona para un uso residencial. Y se considerará que existen consumos anor-

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dela joko da baldin eta etxebizitza edo bizitoki batean gainditu egiten bada lege honetan eta lege hau garatzeko araudian etxebizitza gaino-kupatuari buruz xedatutakoaren arabera haie-tan gehienez ere bizi daitekeen jende-kopuruari dagokion gehieneko kontsumoa.

Artikulu hau aplikatu ahal izateko, erregela-mendu bidez zehaztuko da zer jotzen den, per-tsona batentzat, bizitegi-erabilerarako ur-, gas- eta elektrizitate-kontsumoaren gutxieneko eta gehieneko mugatzat. Erregelamendu hori egiten ez den bitartean, gutxieneko kontsumotzat joko da Estatistikako Institutu Nazionalaren azken argitalpenaren arabera pertsona bakoitzari batez beste dagokion ur-, elektrizitate- eta gas-kontsumoaren herena, eta gehieneko kontsu-motzat joko da Estatistikako Institutu Nazionala-ren azken argitalpen horren arabera pertsona bakoitzari batez beste dagokion kontsumoa halako hiru.

3. ATALA

ETXEBIZITZAREN ETA ZUZKIDURA BIZITOKIEN MERKATUAN ESKU HARTZEKO TRESNA PUBLI-KOAK 64. artikulua. Eroslehentasun-eskubidea eta atzera eskuratzeko eskubidea 1. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak

eroslehentasun-eskubidea eta atzera eskura-tzeko eskubidea izango ditu lehenengo eta hu-rrengo eskualdatzeetan babes publikoko etxebi-zitzen eta haien eranskinen gainean, eta lokal eta higiezinen gainean ere, babes publikoko kalifikazio urbanistikoa duten lurzoru eraikiga-beak edo xede parekagarria dutenak barne.

2. Etxebizitza babestuetan eta eranskin, lokal eta

higiezin babestuetan, eta urbanistikoki horreta-rako kalifikaturiko lurzoruetan, lurralde histori-koek edo udalek sustatu badituzte edo sustatu behar badituzte, lurralde historikoek eta udalek ere izango dute eroslehentasun-eskubidea eta atzera eskuratzeko eskubidea lehenengo eta hurrengo eskualdatzeetan. Baina entitate pu-bliko horiek erabakitzen badute eskubide horiek ez erabiltzea, berehala jakinarazi beharko diote etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaur-laritzako sailari, eta hark erabiliko ditu haien ordez, lege honetan jasota datozen epeetan eta moduan betiere.

3. Eroslehentasun-eskubidea erabili ahal izango

da bai jabetzaren eta bai azalera-eskubidearen

males por exceso cuando se supere el consumo máximo que corresponde al número máximo de personas que puedan habitar en la vivienda o alojamiento a tenor de lo dispuesto en esta ley y su normativa de desarrollo respecto a la vi-vienda sobreocupada.

Reglamentariamente se determinarán los límites de consumo de agua, gas y electricidad que se consideran mínimos y máximos para el uso residencial, por persona, a los efectos de la aplicación de este artículo. En tanto no se pro-duzca el desarrollo reglamentario, se considera-rá consumo mínimo la tercera parte del consu-mo medio de agua, electricidad y gas por per-sona según la última publicación del Instituto Nacional de Estadística, y se considerará consu-mo máximo el triple del consumo medio por persona según la citada última publicación del Instituto Nacional de Estadística.

SECCIÓN 3.ª INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE LA VIVIENDA Y DE LOS ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Artículo 64. Derechos de tanteo y retracto 1. La Administración de la Comunidad Autónoma

del País Vasco gozará de los derechos de tan-teo y retracto en la primera y sucesivas transmi-siones sobre las viviendas de protección pública y sus anejos, así como sobre los locales e in-muebles, incluyendo los suelos no edificados con calificación urbanística de protección públi-ca o destino asimilable.

2. Los territorios históricos y los ayuntamientos

gozarán igualmente de los derechos de tanteo y retracto en la primera y sucesivas transmisiones de las viviendas protegidas y de los anejos, locales e inmuebles protegidos, incluyendo los suelos urbanísticamente calificados con tal fina-lidad, cuando hayan sido o deban ser promovi-dos por ellos. No obstante, si estas entidades públicas decidieren no ejercitar los menciona-dos derechos, lo pondrán en inmediato conoci-miento del departamento competente en mate-ria de vivienda del Gobierno Vasco, que los ejercitará en su sustitución, siempre en los pla-zos y modos previstos en el presente texto legal.

3. El derecho de adquisición preferente podrá ser

ejercitado en las transmisiones "inter vivos" o

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"inter vivos" edo "mortis causa" eskualdatzeetan, doakoetan zein kostu bidezkoetan, borondatez-koetan zein ondarearen gaineko exekuzio-prozeduren ondoriozkoetan.

4. Ezin izango dira erabili eroslehentasun-

eskubidea eta atzera eskuratzeko eskubidea ondorengoen, aurrekoen, ezkontideen edo iza-tezko bikote gisa erregistratutako bikotekideen alde egindako doako eskualdatzeetan, kasu hauetan izan ezik: etxebizitza hartzailearen bizi-leku ohiko eta iraunkorra bihurtzeko ez izatea edo hartzailearen ahalmen ekonomikoa edo ondare-egoera oso diferentea izatea etxebizitza babestu baten esleipenerako eskatzen denaren aldean. Era berean, eroslehentasun-eskubidetik eta atzera eskuratzeko eskubidetik kanpo geldi-tzen da etxebizitza eta haren eranskinak bikote ezkonduaren edo behar bezala erregistratutako izatezko bikotearen irabazpidezko sozietateari lagatzea eta irabazpidezko sozietatea desegitea-ren ondorioz etxebizitza eta haren eranskinak ezkontideetako edo bikotekideetako bati eslei-tzea, horiek ez baitira eskualdaketatzat hartzen lehentasunez eskuratzeko eskubidea aplikatzeko orduan.

5. Babestu gabeko etxebizitzak lehentasunez eros-

teko eta atzera eskuratzeko eskubidea erabili ahal izango da batez ere bizitegi-erabilerara zuzendutako eraikin osoen gainean eta etxebi-zitzen lurraldearen arloko planek etxebizitza-eskari frogatuko eremu gisa zedarrituak dituz-ten tokietako etxebizitza zehatzen gainean.

Lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko

eskubidean sartzen dira merkataritza-sozietateen akzio eta partaidetza sozialen eskualdaketak, baldin eta xede soziala zuzenean edo zeharka higiezinen arloko jarduerari lotuta badago eta eraikin edo etxebizitza horietakoren baten ja-beak badira sozietate horiek.

6. Hipoteka-exekuzioen prozesuetan eskuratutako

etxebizitzen eskualdaketa, edo konpentsazio bidez edo hipoteka-bermedun zorra ordainduz eskuratutakoena, baldin eta etxebizitza horiek lurraldearen arloko planetan etxebizitza-eskari frogatuko eremu gisa zedarritutako tokietan badaude, Euskadiko Administrazio publikoaren lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidearen barruan sartzen dira, lege hone-tan ezarritako prozeduren arabera, dela zuze-nean edo dela nortasun juridiko propioa duten eta etxebizitza-gaietan eskudun diren zuzenbide publikoko entitateen bitartez.

"mortis causa" tanto de la propiedad como del derecho de superficie, ya sean gratuitas u one-rosas, voluntarias o derivadas de un procedi-miento de ejecución patrimonial.

4. No podrán ejercitarse los derechos de tanteo y

retracto en las transmisiones gratuitas a favor de descendientes, ascendientes, cónyuges o parejas registradas como parejas de hecho, salvo que la vivienda no vaya destinada a resi-dencia habitual y permanente de su destinatario o destinataria o que su capacidad económica o situación patrimonial sea manifiestamente des-proporcionada respecto a la exigida para el acceso a la adjudicación de una vivienda prote-gida. La cesión de la vivienda y sus anejos a la sociedad de gananciales del matrimonio o pa-reja de hecho debidamente registrada y la adju-dicación de la vivienda y anejos a uno de los integrantes del matrimonio o pareja por disolu-ción de la sociedad de gananciales también quedan exceptuadas de los derechos de tanteo y retracto, no considerándose transmisión a los efectos de la aplicación del derecho de adquisi-ción preferente.

5. El derecho de tanteo y retracto de viviendas no

protegidas podrá ejercerse sobre edificios ente-ros destinados a uso residencial principalmente y sobre viviendas concretas en áreas que hayan sido delimitadas por los planes territoriales sec-toriales de vivienda como de acreditada de-manda de vivienda.

El derecho de tanteo y retracto incluye las trans-

misiones de acciones y participaciones sociales de sociedades mercantiles cuyo objeto social esté vinculado directamente o indirectamente a la actividad inmobiliaria y que sean propietarias de alguno de esos edificios o viviendas.

6. La transmisión de viviendas adquiridas en pro-

ceso de ejecución hipotecaria o mediante com-pensación o pago de deuda con garantía hipo-tecaria y que estén situadas en áreas de acredi-tada demanda que figuren delimitadas en los planes territoriales sectoriales de vivienda está sujeta al derecho de tanteo y retracto de la Administración pública vasca, de conformidad con los procedimientos establecidos en la pre-sente ley, bien directamente o a través de enti-dades de derecho público con personalidad jurídica propia y competentes en materia de vivienda.

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7. Titular eskualdatzaileak etxebizitza-gaietan

eskumena duen sailari edo haren ordezkari den erakundeari jakitera eman beharko dio eskualdatzeko erabakiaren berri.

65. artikulua. Eroslehentasun-eskubidea eta atzera eskuratzeko eskubidea erabiltzeko proze-dura Aurreko artikuluan azaldutako eroslehentasun-eskubidea eta atzera eskuratzeko eskubidea prozedura honen arabera erabiliko dira: a) Eskualdatzaileak bere eskualdatzeko asmoa

jakinarazi beharko dio, frogagarriro, dagokion administrazioari, eta prezioa, ordainketa-geroratzea –halakorik balego– eta funtsezko gainontzeko baldintzak adieraziko dizkio. Era berean, eskuratzailea nor den frogatu beharko du.

b) Ondarearen gaineko exekuzio-prozeduretan

egindako eskualdatzeen kasuan, esleipena egingo duen erakundeak Administrazio publi-koari jakinarazi beharko dio eskualdatzearen berri aldez aurretik, hiru eguneko epean, au-rreko artikuluan ezarritakoaren arabera, eta prezioa zein izango den eta esleipenduna nor izango den adieraziko dio. Dena dela, babes publikoko etxebizitzaren esleipendun izateko ezarritako betekizunak bete beharko ditu esku-ratzaileak, lege honetan eta lege hau garatzeko araudian jasotako eran.

c) Baldin eta aipatutako administrazioak erosle-hentasun-eskubidea erabili ez badu jakinaraz-pen oso eta frogagarria jaso eta 30 egun natu-raleko epean, eskubide hori iraungi egingo da jakinarazitako eskualdatzeari dagokionez.

d) Eskualdatzaileak ez badu jakinarazpenik egin,

edo jakinarazpena akastuna bada edo osorik ez badago, edo jakinarazitako eskualdatzea eros-lehentasun-eskubidea iraungi aurretik egin bada edo jakinarazitako baldintzetan egin ez bada, Administrazioak atzera eskuratzeko esku-bidea erabili ahal izango du. Eskubide hori erabiltzeko epea 60 egun naturalekoa izango da eskuratzaileak jakinarazpena egin eta biha-ramunetik kontatzen hasita; izan ere, eskuratzai-leak, kasu guztietan, jakinarazi egin beharko dio Administrazioari funtsezko zein baldintzatan

7. La decisión de transmitir se deberá comunicar

por parte del titular transmisor al departamento competente en materia de vivienda del Go-bierno Vasco o al organismo que lo repre-sente.

Artículo 65. Procedimiento para el ejercicio del tanteo o del retracto El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto indicados en el artículo anterior se efectuará conforme al procedimiento siguiente: a) La parte transmitente deberá notificar fehacien-

temente a la administración correspondiente su voluntad de transmitir señalando el precio, aplazamiento de pago, si existiera, y el resto de las condiciones esenciales, debiendo acreditar también la identidad de la adquirente.

b) En los supuestos de transmisiones llevadas a

cabo en un procedimiento de ejecución patri-monial, el organismo que haya de proceder a la adjudicación deberá realizar la previa notifi-cación de esta circunstancia, en el plazo de tres días, a la Administración pública según lo pre-visto en el artículo precedente, con indicación del precio y la identidad de la persona que vaya a ser adjudicataria. En todo caso, la parte ad-quirente deberá cumplir los requisitos estableci-dos para poder resultar adjudicataria de la vivienda de protección pública en los términos previstos en la presente ley y normativa de desarrollo.

c) Si la citada administración no ejercitara el tan-

teo en el plazo de los 30 días naturales siguien-tes a la notificación completa y fehaciente, se producirá la caducidad de tal derecho respecto a la transmisión notificada.

d) En el caso de falta de notificación de la parte

transmitente, o siendo defectuosa o incompleta la notificación, o habiéndose producido la transmisión notificada antes de la caducidad del derecho de tanteo o en condiciones distin-tas a las notificadas, la Administración podrá ejercer el derecho de retracto. Este se ejercitará en el plazo de 60 días naturales contados des-de el siguiente a la notificación, que la adqui-rente deberá hacer en todo caso a la Adminis-tración, de las condiciones esenciales en que se efectuó la transmisión, mediante entrega feha-

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egin zen eskualdatzea, dagokion eskritura pu-blikoaren kopia frogagarriro emanez.

e) Aurreko idatzi-zatian adierazitako jakinarazpena

egiteko, eskuratzaileak 30 egun naturaleko epea izango du, eskualdatzea eskritura publi-koan jaso eta hurrengo egunetik kontatzen ha-sita.

f) Egindako eskualdatzearen berri jakinarazteko

eginbeharra bete ez bada, Administrazioak, beste bideren batetik jakiten badu eskualdatze hori izan dela, atzera eskuratzeko eskubidea erabili ahal izango du jakiten duen unetik berta-tik, artikulu honetako d) idatzi-zatian adierazi-tako baldintza beretan.

g) Eskualdatzearen gaineko jakinarazpen frogaga-

rria garaiz eta forma egokian jaso ondoren, Administrazioak, arrazoiak emanda, uko egin ahal izango dio eroslehentasun-eskubidea era-biltzeari, eta uko horren berri eman beharko die eskualdatzaileari eta eskuratzaileari.

66. artikulua. Babestutako etxebizitzen eta haien eranskinen eskuratze-tituluak eskritura publikoan jasotzea eta erregistroan inskribatzea 1. Notarioek ez dute baimenduko eskritura publi-

koan jasotzea babes publikoko etxebizitzen eta haien eranskinen eskuratze-tituluak, ezta babes publikoko gisa kalifikatutako lokal eta higiezine-nak ere, baldin eta behar bezala frogatzen ez bada aurreko artikuluko a) idatzi-zatian adiera-zitako jakinarazpena egin dela eta Administrazi-oak eroslehentasun-eskubidea erabiltzeko dau-kan legezko epea igaro dela.

2. Jabetza-erregistratzaileek ukatu egingo dute

aipatutako higiezinen eskuratze-tituluen inskrip-zioa, baldin eta behar bezala frogatzen ez bada aurreko artikuluko a) idatzi-zatian adierazitako jakinarazpena egin dela eta Administrazioak lehentasunez eskuratzeko eskubidea erabiltzeko daukan legezko epea igaro dela.

3. Notarioek eta jabetza-erregistratzaileek etxebizi-

tza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari jakinarazi egin beharko diote babes pu-blikoko etxebizitzen eta haien eranskinen es-kualdatzeak eta babes publikoko gisa kalifikatu-tako lokal eta higiezinenak eskritura publikoan jasotzeko edo erregistroan inskribatzeko dagoen

ciente de copia de la escritura pública corres-pondiente.

e) La notificación de la parte adquirente expresada

en la letra anterior deberá ser efectuada por esta en el plazo de 30 días naturales contados desde el siguiente a la fecha de formalización de la transmisión en escritura pública.

f) En el supuesto de incumplimiento del deber de

notificación de la transmisión efectuada, la Administración, desde el momento en que tu-viera conocimiento por cualesquiera otros me-dios de la realidad de tal transmisión, podrá ejercer el derecho de retracto en las mismas condiciones de la letra d) del presente artículo.

g) Recibida la notificación fehaciente de la trans-

misión en tiempo y forma, la Administración podrá renunciar motivadamente al ejercicio del derecho de tanteo, debiendo comunicar la cita-da renuncia tanto a la parte transmitente como a la adquirente.

Artículo 66. Escritura pública e inscripción regis-tral de los títulos de adquisición de las viviendas de protección y sus anejos 1. Los notarios no autorizarán la formalización en

escritura pública de los títulos de adquisición de las viviendas de protección pública y sus anejos, ni sobre los locales e inmuebles que tengan la calificación de protección pública, cuando no se acredite debidamente la existencia de la notificación prevenida en la letra a) del artículo precedente y el transcurso del plazo legal con que cuenta la Administración para el ejercicio del derecho de tanteo.

2. Los registradores de la propiedad denegarán la

inscripción de los títulos de adquisición de los referidos inmuebles cuando no se acredite debi-damente la existencia de la notificación preveni-da en el apartado a) del artículo precedente y el transcurso del plazo legal con que cuenta la Administración para el ejercicio del derecho de adquisición preferente.

3. Los notarios y registradores de la propiedad

deberán notificar al departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco cualquier pretensión de formalización en escri-tura pública o de inscripción registral de trans-misiones de viviendas de protección pública y sus anejos, así como de los locales e inmuebles

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edozein asmo, baldin eta horiek Administrazi-oak lehentasunez eskuratzeko eskubidearen eraginpean badaude eta aurreko artikuluan eskatzen diren jakinarazpen frogagarriak ez badituzte.

4. Lehentasunez eskuratzeko eskubidea erabiltzea

erabakitzen duen administrazio-ebazpena behar adinako titulua izango da jabetza-erregistroan inskribatzeko, prezioaren ordainketa edo gor-dailua frogatu ondoren.

67. artikulua. Eskuratzeko prezioa eroslehentasun-eskubidearen eta atzera eskuratzeko eskubidea-ren kasuan Babes publikoko etxebizitzak, haien eranskinak eta babes publikoko gisa kalifikatutako lokal eta higie-zinak lehentasunez eskuratzeko eskubideak erabiliz eskuratzeko prezioari dagokionez, eroslehentasun-eskubidea edo atzera eskuratzeko eskubidea gauza-tzen den eskualdaketan zehaztutakoa izango da prezio hori, eta bat etorriko da higiezinaren antzinatasunaren eta kontserbazio-egoeraren ondoriozko balio-galera aplikatuta eguneratutako salmenta-prezioarekin. 68. artikulua. Eroslehentasun-eskubidea eta atzera eskuratzeko eskubidea erabiliz eskuratu-tako etxebizitzen eta eranskinen esleipena 1. Babes publikoko etxebizitzek eta haien eranski-

nek, baita babes publikoko gisa kalifikatutako lokalek eta higiezinek ere, Administrazioak le-hentasunez eskuratzeko eskubideak erabiliz eskuratutakoak badira, haien kalifikazioari da-gokion babes publikoko araubideari eutsiko diote. Kalifikazio-epe bat jarria duen babes publikoko etxebizitzaren kasuan, administrazio eskudunak etxebizitza horren kalifikazio iraunko-rra deklaratu ahal izango du.

2. Beste lurralde-administrazio baten, sozietate

publiko baten, Administrazio autonomiko edo munizipalari lotutako erakunde baten eta, oro-korrean, sektore publikoko edozein erakunderen alde erabili ahal izango ditu Administrazioak lehentasunez eskuratzeko eskubideak.

3. Orokorrean indarrean dagoen legeria errespe-

tatuz, eta, bereziki, etxebizitzak esleitzeko arauak errespetatuz, Administrazioak, era be-rean, etxebizitza babestua eskatzen dutenen alde erabili ahal izango ditu lehentasunez esku-ratzeko eskubideak.

que tengan la calificación de protección públi-ca, sometidos al derecho de adquisición prefe-rente de la Administración y que no incorporen las notificaciones fehacientes exigidas en el artículo precedente.

4. La resolución administrativa por la que se

acuerda el ejercicio del derecho de adquisición preferente será título suficiente para su inscrip-ción en el registro de la propiedad, previa acre-ditación del depósito o pago del precio.

Artículo 67. Precio de adquisición en caso de tan-teo o retracto El precio de adquisición mediante el ejercicio de los derechos de adquisición preferente de las viviendas de protección pública y sus anejos, así como de los locales e inmuebles que tengan la calificación de pro-tección pública, será el fijado en la transmisión objeto de tanteo o de retracto y habrá de corresponderse con el precio de venta actualizado una vez aplicado el factor de depreciación debido a la antigüedad y al estado de conservación del inmueble. Artículo 68. Adjudicación de las viviendas y anejos adquiridos como consecuencia del ejerci-cio de los derechos de tanteo o retracto 1. Las viviendas de protección pública y sus

anejos, así como los locales e inmuebles que tengan la calificación de protección pública, adquiridos por la Administración como conse-cuencia del ejercicio de los derechos de adqui-sición preferente, mantendrán el régimen de protección pública de su calificación. En caso de vivienda de protección pública sometida a plazo de calificación, la administración compe-tente podrá declarar su calificación permanen-te.

2. La Administración podrá ejercitar los derechos

de adquisición preferente en beneficio de otra administración territorial, una sociedad pública, un ente institucional vinculado a la Administra-ción autonómica o municipal y, en general, cualquier ente del sector público.

3. Con respeto a la legalidad vigente en general y

a las normas de adjudicación de las viviendas en particular, la Administración podrá igual-mente ejercitar los derechos de adquisición preferente en beneficio de personas demandan-tes de vivienda protegida.

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4. Eusko Jaurlaritzak lehentasunez eskuratzeko eskubide horiek sektore publikoko erakunde baten alde erabiltzea erabakitzen duenean, erakunde onuradunak bere gain hartuko ditu eskuratze-gastuak, baita eskualdatzaileari or-daindu beharreko prezioa ere, eta bete egingo ditu Eusko Jaurlaritzak etxebizitzari eman beha-rreko erabilerari dagokionez eta haren geroko esleipenari dagokionez ezartzen dituen irizpi-deak.

69. artikulua. Etxegabetze administratiboa Bidezkoa izango da Administrazioak etxegabe-tzea titulartasun publikoa duten babes publikoko etxe-bizitzen eta zuzkidura-bizitokien eta haien eranskinen nahiz titulartasun publikoa eta babes publikoko kalifi-kazioa duten lokal eta higiezinen titulurik gabeko oku-patzaileak, prekaristak, errentariak edo pertsona onu-radunak, honako arrazoi hauetakoren bat dagoenean: a) Ez ordaintzea errentamendu-kontratuan hitzartu-

tako errentak edo kanona, gastu edo zerbitzu komunengatik ordaindu beharreko kopuruak edo aplikatzekoa den araudiaren arabera or-daindu beharrekoak.

b) Etxebizitza edo bizitokia ez erabiltzea egoitza

ohiko edo iraunkor gisa. c) Behar ez bezalako edo baimendu gabeko era-

bilera ematea etxebizitzari, bizitokiari edo haien eranskinei.

d) Etxebizitza, bizitokia edo haien eranskinak oku-

patzea, horretarako legezko titulurik izan gabe. e) Administrazioaren baimenik izan gabe, osorik

edo partez lagatzea etxebizitzaren, bizitokiaren edo haien eranskinen erabilera.

f) Ordaindu gabe uztea, behin eta berriro, etxebi-

zitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlari-tzako sailak emandako maileguen kuotak.

70. artikulua. Etxegabetzeko eskumena 1. Babes publikoko etxebizitzaren edo zuzkidura-

bizitokiaren eta haien eranskinen eta babes publikoko kalifikazioa duten lokal eta higiezinen titulartasuna duen administrazioak izango du etxegabetzeko eskumena.

4. Cuando el Gobierno Vasco acuerde ejercitar estos derechos de adquisición preferente en beneficio de un ente del sector público, el ente beneficiario del derecho se hará cargo de los gastos de adquisición, así como del abono del precio al transmitente, y se someterá a los crite-rios que establezca el Gobierno Vasco tanto respecto al destino de la vivienda como a su posterior adjudicación.

Artículo 69. Del desahucio administrativo Procederá el desahucio administrativo de las personas beneficiarias, arrendatarias, precaristas u ocupantes sin título de las viviendas de protección pública de titularidad pública, de los alojamientos dotacionales y sus anejos, así como de los locales e inmuebles de titularidad pública y que tengan la califi-cación de protección pública, cuando concurra alguna de las siguientes causas: a) Impago de las rentas o canon estipulados en el

contrato de arrendamiento, de las cantidades exigibles por gastos o servicios comunes o de cualquier otro abono exigible por la normativa de aplicación.

b) No destinar la vivienda o el alojamiento a su

domicilio habitual o permanente. c) Destinar la vivienda, el alojamiento o sus

anejos a un uso indebido o no autorizado. d) Ocupar la vivienda, el alojamiento o sus anejos

careciendo de título legal para ello. e) Haber cedido sin autorización administrativa el

uso total o parcial de la vivienda, del aloja-miento o de sus anejos.

f) El impago reiterado de las cuotas de los présta-

mos concedidos por el departamento compe-tente en materia de vivienda del Gobierno Vas-co.

Artículo 70. Competencia para el desahucio 1. Será competente para ejercitar el desahucio la

administración titular de la vivienda de protec-ción pública o alojamiento dotacional y sus anejos, así como de los locales e inmuebles que tengan la calificación de protección públi-ca.

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2. Etxegabetze administratiboa etxebizitza babes-tuaren titularra den administrazioak ofizioz gau-zatu ahal izango du, edo sektore publikoko entitateek edo beste interesdun batzuek eska-tuta.

3. Lege honetan ezarritako etxegabetze administra-

tiboaren prozedura erregelamendu bidez gara-tuko da. Erregelamendu bidezko garapenean aintzat hartuko dira onuradunen lan-egoera, beraien errenta eta bizikidetza-unitatearen ezau-garri sozioekonomikoak.

71. artikulua. Babesik gabeko etxebizitzak eta eranskinak nahitaez desjabetzea 1. Udalek, eta, bestela, etxebizitza-gaietan esku-

mena duen Eusko Jaurlaritzako organoak, dagokion udalari entzun ondoren, desjabetu egin ahal izango dute babes publikoko kalifika-zioa ez duten etxebizitza eta eranskinen jabetza

2. , baldin eta kontserbatzeko eta birgaitzeko eginbeharra eta haien funtzio soziala betetzen ez badira eta desjabetzea beharrezkoa bada haien erabilera egokia bermatzeko.

2. Desjabetzea hasi aurretik, bizitegi-erabilera

baldintza egokietan bermatzeko beharrezko diren etxebizitzaren segurtasun- eta bizigarrita-sun-neurriak hartzeko agindua eman beharko da.

3. Artikulu honetan aurreikusitakoari dagokionez,

gorabehera hauetako bat edo batzuk tartean izatea nahikoa da nahitaezko desjabetzea egin ahal izateko:

a) Kontserbatzeko, mantentzeko eta birgai-

tzeko eginbeharra ez betetzea, baldin eta eginbehar horiek hirigintzako planetan, programetan, ordenantzetan edo horre-tarako lege-balioa duen beste edozein agiritan jasota badaude eta ez-betetzeak benetako arriskua badakar berekin per-tsonen segurtasunerako.

b) Etxebizitza edo eraikina bertan behera

utzia egotea eta, horren ondorioz, erabil-tzen den edo ez alde batera lagata, aurri-egoeraren deklarazioa jasotzeko arris-kua edukitzea.

c) Etxebizitza bi urtean baino gehiagoan

okupatu gabe egotea, jenderik gabeko

2. El desahucio administrativo podrá ser ejercitado de oficio por la administración titular de la vi-vienda protegida o a instancia de entidades del sector público o terceros interesados.

3. El procedimiento de desahucio administrativo

previsto en la presente ley será objeto de desa-rrollo reglamentario. Este desarrollo reglamen-tario tendrá en consideración la situación labo-ral de las personas beneficiarias, su renta y las características socioeconómicas de la unidad convivencial.

Artículo 71. Expropiación forzosa de viviendas y anejos no protegidos 1. Los ayuntamientos, y, en su defecto, el órgano

competente en materia de vivienda del Go-bierno Vasco, previa audiencia del ayuntamien-to respectivo, podrán expropiar la propiedad de las viviendas y anejos que no tengan la califica-ción de protección pública, en caso de incum-plimiento del deber de conservación y rehabili-tación y de la función social de estos, cuando la expropiación resulte necesaria para garantizar su uso adecuado.

2. Con carácter previo al inicio de la expropiación

deberá dictarse orden de ejecución de adop-ción de las medidas necesarias de seguridad y habitabilidad de la vivienda que garanticen el uso residencial en las debidas condiciones.

3. A los efectos de lo previsto en el presente ar-

tículo, será causa suficiente para la expropia-ción forzosa la concurrencia de alguno o varios de los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de los deberes de con-

servación, mantenimiento o rehabilita-ción cuando aquellos se contengan en los planes urbanísticos, programas, orde-nanzas o cualesquiera otros medios le-galmente hábiles para ello, siempre que conlleve un riesgo cierto para la seguri-dad de las personas.

b) Situación o estado de abandono que,

con independencia de su utilización o no, sitúa la vivienda o el edificio en ries-go de declaración de ruina.

c) Situación o estado de desocupación de

la vivienda durante un tiempo superior a

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etxebizitza deklaratzetik salbuestea justifi-katzeko aurreikusitako arrazoiak tartean izan gabe, eta frogaturik egotea babes publikoko etxebizitzaren eskaririk badela udalerrian edo haren eremu funtziona-lean.

4. Birgaitzeko hirigintza-sozietateak eta sektore

publikoko gainontzeko merkataritza-erakundeak, urbanizatutako eta eraikitako ondarea sustatu, eraiki eta birgaitzeko xedea dutenak, artikulu honetan adierazitako nahitaezko desja-betzearen onuradun izan daitezke.

5. Eraikinen nahitaezko desjabetzeen kasuetan,

kontserbatzeko eta birgaitzeko eginbeharra ez betetzea eta funtzio soziala ez betetzea gerta-tzen direnean, Administrazio publikoak lehenta-suna emango dio irabazi-asmorik gabeko elkar-teek eraikin horiek birgaitzeari eta ondoren erabiltzeari, erabilera-lagapeneko araubidean, baldin eta lege honen hirugarren xedapen gehi-garriko eskakizunak betetzen badituzte, berma-tzeko ezen eraikinen funtzio soziala betetzen dela lege honek ezartzen duen moduan.

72. artikulua. Babes publikoko etxebizitzak nahi-taez desjabetzea 1. Babes publikoko etxebizitzak, haiei atxikitako

eranskinak, lokalak eta eraikin osagarriak des-jabetzea legitimatzen duen interes soziala dago-ela jotzen da kasu hauetan:

a) Etxebizitza babestua ez erabiltzea egoitza ohiko eta iraunkor gisa, salbu berariazko baimena badago.

b) Bidezko arrazoirik gabe etxebizitza jende-

rik gabe edukitzea urtebetean baino ge-hiagoan.

c) Etxebizitzak kontserbatzeko, birgaitzeko

eta lege honetan ezarritako bizigarritasun-baldintzetan mantentzeko eginbeharrak ez betetzea.

d) Sektoreko legerian ezarritako irisgarrita-

suna gauzatzeko behar diren zerbitzu eta instalazioak eguneratzeko eginbeharra ez betetzea.

dos años sin que concurran las causas justificadas previstas como excepción a la declaración de vivienda deshabitada, y que quede acreditada la existencia de demanda de vivienda de protección pú-blica en el término municipal o en su área funcional.

4. Las sociedades urbanísticas de rehabilitación y

demás entidades mercantiles del sector público que tengan por objeto la promoción, construc-ción y rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado podrán ser beneficiarias de la ex-propiación forzosa a que se refiere el presente artículo.

5. En los casos de expropiación forzosa de edifi-

cios donde concurran casos de incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación e incumplimiento de la función social, la Adminis-tración pública dará prioridad a la rehabilita-ción y posterior uso de aquellos por asociacio-nes sin ánimo de lucro, en régimen de cesión de uso, siempre que cumplan los requisitos recogidos en la disposición adicional tercera de la presente ley, para garantizar el cumplimiento de su función social en los términos estableci-dos por esta ley.

Artículo 72. Expropiación forzosa de viviendas de protección pública 1. Se considera que concurre causa de interés

social que legitima la expropiación forzosa de las viviendas de protección pública, sus anejos vinculados, locales y edificaciones complemen-tarias en los siguientes supuestos:

a) No destinar la vivienda protegida a do-

micilio habitual y permanente, salvo autorización expresa.

b) Mantener la vivienda deshabitada sin

justa causa por plazo superior a un año. c) Incumplimiento de los deberes de con-

servación, rehabilitación y mantenimiento de las viviendas en las condiciones de habitabilidad establecidas en la presente ley.

d) Inobservancia del deber de actualizar los

servicios e instalaciones precisos para hacer efectiva la accesibilidad prevista por la legislación sectorial.

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e) Etxebizitza edo bizitokia baimenik gabe

eskualdatzea. f) Gainokupazioa. g) Etxebizitza baten titularrek hura okupa-

tzea, esleipenaren ondoren haien ekono-mia- edo ondare-ahalmenak, hiru urtean jarraian, % 50 baino gehiagoan gainditu dituelarik etxebizitza babestu baten eslei-pendun izan ahal izateko ezarri diren gehieneko kopuruak.


laritzako sailak izango du babes publikoko etxe-bizitzak desjabetzeko eskumena, aldundiek eta udalek sustatutako babes publikoko etxebizitzen kasuan izan ezik, kasu horretan nahitaezko des-jabetzea, hasiera batean, aldundien eta udalen eskumena izango baita, eta, subsidiarioki, Eusko Jaurlaritzako aipatu organoarena.

3. Desjabetzea hasi baino lehenago, organo esku-

dunak interesdunari berariaz ohartarazi beharko dio epe jakin bat duela etxebizitza egokiro era-bili eta funtzio soziala betetzeko beharrezkoak diren neurriak hartzeko, eta adierazi beharko dio, orobat, jarritako epean neurri horiek har-tzeari uzten badio arrazoirik gabe, administrazio eskuduna gaituta geldituko dela desjabetzea egiteko.

73. artikulua. Hipoteka-exekuzioen ondoriozko etxegabetze-prozeduretan sartuta dauden etxebi-zitzen aldi baterako erabileraren nahitaezko des-jabetzea 1. Etxebizitzen aldi baterako erabileraren desjabe-

tzea legitimatzen duen interes soziala dagoela jotzen da hipoteka-exekuzioaren edo errenta-menduaren ondoriozko etxegabetze-prozeduretan sartuta dauden eta gizarte-larrialdiko egoera berezietan eta bizileku-konponbiderik gabe dauden pertsonen etxebizi-tza-premiari erantzuna ematean. Halakoetan, jurisdikzio-organo eskudunak erabakitako kan-poratze-datatik kontatzen hasita, gehienez ere hiru urterako desjabetu ahal izango da kasuan kasuko etxebizitzaren erabilera, baldin eta etxe-bizitzak finantza-erakundeek, haien higiezin-filialek edo aktibo-kudeaketarako erakundeek

e) Transmisión no autorizada de la vivienda

o alojamiento. f) Sobreocupación. g) Ocupación por titulares en los que tras

la adjudicación de la vivienda sobreviene una situación de capacidad económica o patrimonial en la que, por tres años con-secutivos, sus ingresos alcanzan una cuantía superior en un 50 % a los máxi-mos establecidos para poder ser adjudi-catario o adjudicataria de una vivienda protegida.


vivienda del Gobierno Vasco ostentará la com-petencia para la expropiación de las viviendas de protección pública, a excepción de las vi-viendas de protección pública promovidas por las diputaciones y los ayuntamientos, cuya ex-propiación forzosa corresponderá inicialmente a estos y subsidiariamente al mencionado ór-gano del Gobierno Vasco.

3. Con carácter previo al inicio de la expropia-

ción, el órgano competente deberá realizar un apercibimiento expreso al interesado, conce-diendo un plazo para la adopción de las medi-das necesarias para el uso adecuado de la vivienda y el cumplimiento de la función social, con la advertencia de que el incumplimiento injustificado en el plazo que se conceda al efec-to habilitará a la administración competente para adoptar la expropiación.

Artículo 73. Expropiación forzosa del uso tempo-ral de viviendas incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria 1. Se considera que concurre causa de interés

social que legitima la expropiación forzosa del uso temporal de vivienda el proporcionar co-bertura a la situación de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria o arrendamiento y sin solución habitacional. En estos casos, podrá expropiarse el uso de la vivienda objeto de desahucio por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha de lanzamiento acordado por el órgano jurisdicci-onal competente, tanto en el caso de viviendas incursas en procedimientos de desahucio ins-

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eskatutako etxegabetzearen prozeduretan sar-tuta badaude eta errematearen esleipenduna horietako edozein bada, eta orobat baldin etxe-gabetzea errentamendu-kontratu batean kuotak ez ordaintzeagatik gertatzen bada, salbu eta etxebizitza okupatu behar badu jabeak berak, ezkontideak edo bigarren mailarainoko ahaide-tasuneko senide batek. Hori guztia, halere, ez da eragozpena izango Estatuko oinarrizko arau-dian xedatutakoa aplikatzeko.

Kasu horretan, erabileraren desjabetzearen

onuradun izan ahalko dira honako baldintza hauek betetzen dituzten pertsonak:

a) Beren bizileku ohiko eta iraunkorra hipo-

teka exekutatzekoa den edo errenta ez ordaintzeagatik utzaraztekoa den etxebi-zitzan edukitzea, beste ezein etxebizitza-ren jabe izan gabe eta hipoteka exekuta-tzekoa den edo errentariari utzaraztekoa den etxebizitzan bizi den familia-unitateko kideetako inor beste ezein etxe-bizitzaren titular izan gabe.

b) Jabe eta hipoteka-zordun eta errentari

zordun izaera edukitzea, hasierako izaera gisa.

c) Kanporatzeak gizarte-larrialdi edo -baz-

terketako egoera eta bizileku-gabezia sortu ahal izatea.

d) Erregelamendu bidez zehazten diren

baldintza ekonomikoak betetzea. 2. Etxebizitzaren erabileraren aldi baterako desja-

betzearen prozedurak nahitaezko desjabetzeari buruzko legeriaren araberakoa izan beharko du eta, halakorik egonez gero, aplikatzekoa den legeria sektorialean ezarritakoaren araberakoa. Prozedurari hasiera ematen dion ebazpena jakitera emango zaio kasuan kasuko hipoteka-exekuzioaren prozeduraz arduratzen ari den organo judizialari.

3. Gobernu Kontseiluaren dekretu bidez deklara-

tuko da, informazio publikoa eman ondoren eta arrazoiak adieraziz, okupazioaren interes so-ziala eta beharra, etxebizitzen erabileraren aldi baterako nahitaezko desjabetzearen ondorioe-tarako. Gobernu Kontseiluaren erabaki bidez, etxebizitza-gaietan eskumena duen sailaren esku utzi ahal izango da eskumen hori.

tado por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, en los cuales resulte adjudicatario del remate cualquiera de ellos como en el caso de que el desahucio tuviera lugar por impago de cuotas en un contrato de arrendamiento, salvo que la propiedad vaya a ocupar la vivienda seguida-mente por sí misma, por el cónyuge o por fami-liar hasta segundo grado de parentesco. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la norma-tiva básica estatal.

En este supuesto, podrán ser beneficiarias de la

expropiación del uso las personas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener su residencia habitual y perma-

nente en la vivienda objeto de ejecución hipotecaria o desahucio por impago de rentas, siendo su única vivienda en pro-piedad, y no poseer ningún miembro de la unidad familiar que conviva en la vivienda objeto de ejecución hipotecaria o desahucio del arrendatario la titulari-dad de ninguna otra vivienda.

b) Tener la condición inicial de propietarios

y deudores hipotecarios y arrendatarios deudores.

c) Que el lanzamiento pueda generar una

situación de emergencia o exclusión social y carencia habitacional.

d) Cumplir los requisitos de carácter econó-

mico que reglamentariamente se deter-minen.

2. El procedimiento de expropiación temporal del

uso de la vivienda deberá ajustarse a la legisla-ción de expropiación forzosa y, en su caso, a lo establecido por la legislación sectorial aplica-ble. La resolución que dé inicio a él se comuni-cará al órgano judicial que esté conociendo del procedimiento de ejecución hipotecaria de que se trate.

3. Mediante decreto del Consejo de Gobierno se

declarará, previa información pública y motiva-damente, el interés social y la necesidad de ocupación a efectos de expropiación forzosa temporal del uso de viviendas. Mediante acuer-do del Consejo de Gobierno podrá delegarse dicha competencia en el departamento compe-tente en materia de vivienda.

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4. Argitaratze-iragarkian, aurretiazko akta egiteko

zitazioa ere sartu ahal izango da. 5. Okupazio-aktan ezarriko da jabeak nola berres-

kuratuko duen etxebizitzaren erabilera, behin erabileraren aldi baterako desjabetzearen epea igarotakoan. Bereziki, atzera egiteko eskubidea aitortzen da onuradunaren egoera 1. paragra-foan ezarritako hiru urteko epea igaro aurretik aldatzen den kasurako, etxebizitza duin eta ego-kia izateko eskubidea erabili ahal izango duela-rik hipoteka-exekuzioaren prozedura aplikatu zitzaion etxebizitzak ahalbidetzen duen modu bertsuan. Era berean, atzera egiteko arrazoia sortuko da onuradun-izaera galtzen denean.

6. Onuraduna behartuta egongo da administrazio

desjabetzaileari diru-kopuru bat ematera balio justuaren ordainketarako ekarpen moduan. Kopuru hori ez da izango etxebizitzan bizi den familia-unitatearen diru-sarreren % 30 baino handiagoa, ezta % 15 baino handiagoa ere baldin diru-sarrera horiek lanbide arteko gutxi-eneko soldata gainditzen ez badute; orobat, ez da izango balio justuaren kopurua baino han-diagoa.

7. Onuradunak informazio faltsua eman badu edo

informazioa ezkutatu badu 1. paragrafoan jaso-tako baldintzak betetzerakoan edo dagokion dokumentazioa aurkezterakoan, galdu egingo du onuradun-izaera. Etxebizitza-gaietan esku-mena duen sailak zainduko du ea onuradunak aipatu diren baldintzak betetzen dituen eta, aurreko paragrafoan adierazitako moduan, onuradun gisa dagozkion kopuruen ordainketa egiten duen.

8. Erregelamendu bidez zehaztuko da zer doku-

mentazio aurkeztu behar den prozedura izapi-detzeko.

9. Eskabideak hasiera-hurrenkera berean izapide-

tuko dira, salbu eta, ahultasun bereziko kasue-tan edo kanporatzea berehala gertatzekoa de-nean, bestelako lehentasun bat ezartzen duen ebazpen arrazoitua ematen bada, zeina jasota geldituko baita.

10. Aurreko paragrafoan ezarritakoaren ondorioe-

tarako, ahultasun bereziko kasu bat dagoela iritziko zaio kanporatzeak eragina duenean adingabeak, mendetasuna duten adinekoak,

4. El anuncio de publicación podrá incluir la cita-

ción para el levantamiento del acta previa. 5. En el acta de ocupación se establecerá la forma

en que la propiedad recuperará el uso de la vivienda una vez transcurrido el plazo de expro-piación temporal del uso. En particular, se reco-noce el derecho de reversión en caso de que las circunstancias de la persona beneficiaria se modificaran antes de transcurrir los tres años establecidos en el apartado 1, de manera que pueda ejercer el derecho a una vivienda digna y adecuada en términos análogos a los que posibilita la vivienda que fue objeto del procedi-miento de ejecución hipotecaria. Asimismo, se incurrirá en causa de reversión cuando se pier-da la condición de beneficiario.

6. La persona beneficiaria quedará obligada al

pago a la administración expropiante de una cantidad en concepto de contribución al pago del justiprecio, en cuantía no superior al 30 % de los ingresos de la unidad familiar que con-viva en la vivienda y no superior al 15 % en caso de que estos no superen el salario mínimo interprofesional, ni superior a la cuantía del justiprecio.

7. Cuando la persona beneficiaria haya incurrido

en falsedad u ocultación de información en el cumplimiento de los requisitos contemplados en el apartado 1 o en la presentación de la docu-mentación pertinente, perderá la condición de beneficiaria. El departamento competente en materia de vivienda vigilará el cumplimiento de los requisitos referidos y el pago de las cantida-des a las que, como beneficiario, esté obligado en los términos del apartado anterior.

8. Reglamentariamente se determinará la docu-

mentación a aportar para la tramitación del procedimiento.

9. Las solicitudes se tramitarán según el orden

riguroso de incoación, salvo que, en supuestos de especial vulnerabilidad o en el caso de que el lanzamiento sea inminente, se dicte resolu-ción motivada, de la que quedará constancia, estableciendo una preferencia distinta.

10. A efectos de lo establecido en el apartado ante-

rior se entenderá que existe un supuesto de especial vulnerabilidad cuando el lanzamiento afecte a familias con menores de edad, mayo-

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desgaitasuna duten pertsonak, genero-indarkeriaren biktimak edo prestaziorako esku-biderik gabeko langabeak dituzten familietan.

11. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak

nahikoa kreditu izendatu beharko ditu Erkide-goko aurrekontu orokorretan, ekitaldi bakoi-tzean, etxebizitzen erabileraren aldi baterako desjabetzeari aurre egiteko. Kredituak nahikoa izan daitezen, aurre egingo zaien desjabetzee-tako etxebizitza-kopuruak, gutxienez ere, hipo-teka-exekuzioen ondoriozko etxegabetze-prozesuetan Erkidegoan aurreko ekitaldian egindako kanporatzeen kopurua adinakoa izan beharko du.

74. artikulua. Desjabetze-prozedura eta presako okupazioaren deklarazioa 1. Funtzio soziala betetzen ez delako etxebizitzak

nahitaez desjabetzeko, hirigintzari eta nahita-ezko desjabetzeari buruzko araudian ezarritako prozedura bete beharko da.

2. Ondasunen eta eskubideen presako okupazioa

deklaratzeko izapidea, desjabetze-legerian exiji-tutakoa, etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak aginduko du, edo aldundiek edo udalek, desjabetzean jardutea egokitzen zaion administrazioaren arabera.

75. artikulua. Nahitaezko salmenta edo ordez-pena 1. Lege honetan adierazten diren eraikitzeko edo

birgaitzeko eginbeharrak betetzen ez badira, dagokion udalak edo, bestela, etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako organoak gaitasuna izango du nahitaezko sal-mentaren edo ordezpenaren araubidea aplika-tzeko, kasuan kasuko udalari entzun ondoren. Nolanahi ere, Administrazioak esku hartzeko gainontzeko tresnei dagokienez, lege-arau ho-netan ezarritakoa errespetatuko da.

2. Honako ahal publiko hau hartzen da nahita-

ezko ordezpentzat: Administrazio publikoak higiezin baten titularra ordeztea, zuzenean bere-ganatuz higiezina eraiki edo birgaitzeko ahal-mena, aipatutako titularraren kontura, eta obrak lizitazio publikoaren bidez esleituz. Kasu horretan, esleitzeko prozeduraren oinarrietan zehaztuko dira esleipenerako aplikatzekoak diren irizpideak eta nahitaezko ordezpenaren

res dependientes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o personas desempleadas sin derecho a prestación.

11. La Administración de la Comunidad Autónoma

del País Vasco deberá consignar en los presu-puestos generales de la Comunidad, en cada ejercicio, como mínimo los créditos suficientes para hacer frente a la expropiación temporal de uso de un número de viviendas que sea equiva-lente al número de lanzamientos realizados en la Comunidad en procesos de desahucio por ejecución hipotecaria en el ejercicio inmediata-mente anterior.

Artículo 74. Procedimiento expropiatorio y decla-ración de urgencia 1. Las expropiaciones forzosas de viviendas por

incumplimiento de la función social se regirán por el procedimiento establecido en la normati-va urbanística y de expropiación forzosa.

2. El trámite de declaración de urgente ocupación

de bienes y derechos exigido en la legislación expropiatoria se dictará por el departamento competente en materia de vivienda del Go-bierno Vasco o por las diputaciones o los ayun-tamientos, en función de la administración que resulte actuante en la expropiación.

Artículo 75. Venta o sustitución forzosa 1. El incumplimiento de los deberes de edificación

o rehabilitación previstos en esta ley habilitará al ayuntamiento correspondiente y, en su defec-to, al órgano competente en materia de vivien-da del Gobierno Vasco, previa audiencia del ayuntamiento respectivo, para la aplicación del régimen de venta o sustitución forzosa, todo ello sin perjuicio de lo previsto en relación con los demás instrumentos de intervención admi-nistrativa también recogidos en esta norma legal.

2. Se entiende por sustitución forzosa la potestad

pública consistente en que la Administración pública sustituye al titular de un inmueble, asu-miendo directamente la facultad de edificar o rehabilitarlo con cargo al mencionado titular y procediendo a la adjudicación de las obras a través de licitación pública. En este caso, las bases del procedimiento de adjudicación deter-minarán los criterios aplicables para su adjudi-

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xede den eraikinaren jabeari edo jabeei esleitu beharreko sabai eraikiaren gutxieneko ehune-koa.

3. Artikulu honen 1. paragrafoan jasotako nahita-

ezko salmentaren edo ordezpenaren kasuetan, jabetza-eskubidearen edukia haren balioaren % 50 murriztuko da, eta diferentzia administrazio jarduleari egokituko zaio. Kasu horien ondori-ozko etxebizitzak eta lokalak, gainera, babestu gisa kalifikatu ahal izango dira, lege-arau hone-tan ezarritako motetariko batean, dela kalifika-zio iraunkorrarekin, dela aldi baterako kalifika-zioarekin.

4. Nahitaezko salmenta edo ordezpena jabetza-

eskubidea murriztu gabe aplikatuko da 46. artikuluan xedatutakoa baliatuz egindako jardu-ketetan, entitate jarduleak bere gain hartzen duenean etxebizitzen jabeei egotz dakizkiekeen kopuruen zenbatekoa, hain zuzen ere jabe ho-riek, beren muga sozioekonomikoengatik, zen-bateko hori ordaindu ezin dutelako gizarte-bazterketaren arriskuan erortzeagatik. Kasu horretan, hitzarmen bat sinatuko da entitate jardulearen eta jabearen artean, eta bertan jasota geldituko da ordezte-prozesuan onartu diren kopuruak itzultzeko formula eta geroratu diren kopuruei aplikatzeko interes-tasa.

76. artikulua. Nahitaezko salmentaren edo ordez-penaren prozedura eta haren ondorioak 1. Nahitaezko salmenta edo ordezpena Adminis-

trazioak hasiko du, ofizioz edo interesdunak eskatuta, eta publizitate eta lehiadun prozedura-ren bidez esleituko da, hirigintza-araudian eza-rritakoarekin bat etorriz.

2. Jabetza-araubideko eginbeharrak ez direla bete

deklaratzen duen ebazpena eman ondoren eta nahitaezko salmentaren edo ordezpenaren araubidea aplikatzea erabaki eta gero, adminis-trazio jarduleak dagokion egintzaren edo egin-tzen ziurtagiria bidaliko du jabetza-erregistrora, azken jabari-inskripzioaren bazterrreko ohar batean idatziz jaso dadin. Nahitaezko salmen-tako edo ordezpeneko egoera finkari buruz ematen diren erregistro-ziurtagirietan jasoko da.

3. Prozedura ebatzi ondoren, administrazio jardu-

leak esleipenaren ziurtagiria emango du, eta ziurtagiri hori jabetza-erregistroan inskriba dai-tekeen titulua izango da. Erregistro-inskripzioan

cación y el porcentaje mínimo de techo edifica-do a atribuir a la persona o personas propieta-rias del inmueble objeto de la sustitución forzo-sa.

3. En los supuestos de venta o sustitución forzosa

previstos en el apartado 1 de este artículo, el contenido del derecho de propiedad se minora-rá en un porcentaje equivalente al 50 % de su valor, correspondiendo la diferencia a la admi-nistración actuante. Las viviendas y locales re-sultantes podrán ser calificados, además, como protegidos en alguno de los tipos previstos en esta norma legal, ya sea con calificación per-manente o temporal.

4. Será de aplicación el sistema de venta o sustitu-

ción forzosa, sin reducción del derecho de pro-piedad, en las actuaciones llevadas a cabo al amparo de lo dispuesto en el artículo 46, cuan-do la entidad actuante asuma el importe de las cantidades imputables a aquellos propietarios de viviendas que, por sus limitaciones socio-económicas, no puedan hacer frente a su pago por caer en riesgo de exclusión social. En este supuesto, se suscribirá un convenio entre la entidad actuante y el propietario, en el que quedará reflejada la fórmula de devolución de las cantidades asumidas en el proceso de susti-tución y el tipo de interés aplicable a las canti-dades aplazadas.

Artículo 76. Procedimiento de venta o sustitución forzosa y sus efectos 1. La venta o sustitución forzosa se iniciará de

oficio o a instancia del interesado y se adjudi-cará mediante procedimiento con publicidad y concurrencia, conforme a lo previsto en la nor-mativa urbanística.

2. Dictada la resolución declaratoria de incumpli-

miento de deberes del régimen de la propiedad y acordada la aplicación del régimen de venta o sustitución forzosa, la administración actuante remitirá al registro de la propiedad certificación del acto o actos correspondientes para su cons-tancia por nota al margen de la última inscrip-ción de dominio. La situación de venta o susti-tución forzosa se consignará en las certificacio-nes registrales que de la finca se expidan.

3. Resuelto el procedimiento, la administración

actuante expedirá certificación de la adjudica-ción, que será título inscribible en el registro de la propiedad. En la inscripción registral se ha-

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jasota utziko da, eskuraketa desegiteko arrazoi gisa, zein eraikitze- edo birgaitze-baldintza eta epetara beharturik geratzen den eskuratzailea.

77. artikulua. Hertsapen-isunak 1. Zehapen moduan ezarritako isunak gorabe-

hera, eskumena duten administrazioek eman-dako exekuzio-aginduak oztopatuz gero, deso-bedituz gero edo bete ezik, Administrazioak hertsapen-isunak jarri ahal izango ditu. Gehie-nez bost jarri ahal izango dira, segidan eta hi-lean behin, eta horien helburua izango da lege honetan jasotako betebeharrak benetan bete daitezen bultzatzea.

2. Halaber, izaera bereko hertsapen-isunak jarri

ahal izango dira, hilean behin eta behar diren beste, administrazio-bidean ebazpen irmoaren bitartez jenderik gabeko deklaratu diren etxebi-zitzen benetako okupazioa sustatzeko.

3. Isunaren zenbatekoa honako kopuru hauetatik

handiena beste izango da gehienez: obrak egin behar badira, haien kostuaren % 30, edo 300 euro hilean.

4. Hertsapen-isunetatik lortutako zenbatekoa ad-

ministrazio jardulearen lurzoru-ondare publi-koan sartuko da.

X. KAPITULUA

IKUSKAPENA, DIZIPLINA ETA ZEHAPEN ARAUBI-DEA

1. ATALA IKUSKAPENA ETA BEHIN-BEHINEKO NEURRIAK

78. artikulua. Ikuskapena 1. Lege honetan aurreikusitako gai guztietan ikus-

kapen-lanak egitea egokitzen zaien edo bera-riaz hartarako ardura ematen zaien administra-zio eskudunetako enplegatu publikoek agintari-tzaren agentearen izaera dute aipatutako ondo-rioetarako; hori dela eta, haien egintzek egiaz-kotasun-presuntzioa izango dute, eta lege-arau hau eta osatzen edo garatzen duten xedapenak betetzen direla egiaztatzera bideratutako jardu-keta guztiak egin ahal izango dituzte enplegatu horiek.

rán constar las condiciones y los plazos de edifi-cación o rehabilitación a que quede obligado el adquirente en calidad de resolutorias de la adquisición.

Artículo 77. Las multas coercitivas 1. En los supuestos de obstaculización, desobe-

diencia o incumplimiento de las órdenes de ejecución dictadas por las administraciones competentes, y con independencia de las mul-tas impuestas como sanción, la Administración podrá imponer hasta cinco multas coercitivas, que se podrán imponer de forma sucesiva y con una periodicidad mensual, a fin de impeler el efectivo cumplimiento de las obligaciones con-tenidas en la presente ley.

2. Igualmente, podrán imponerse multas coerciti-

vas de la misma naturaleza y con periodicidad mensual, y sin límite del número de ellas, para promover la ocupación efectiva de las viviendas deshabitadas así declaradas en resolución firme en vía administrativa.

3. El importe de la multa alcanzará como máximo

la mayor de las siguientes cantidades: el 30 % del valor del coste de las obras requeridas, en su caso, o 300 euros por cada mensualidad.

4. Se ingresará en el patrimonio público de suelo

de la administración actuante el importe obteni-do de las multas coercitivas.

CAPÍTULO X

INSPECCIÓN, DISCIPLINA Y RÉGIMEN SANCIO-NADOR

SECCIÓN 1.ª

INSPECCIÓN Y MEDIDAS PROVISIONALES Artículo 78. Inspección 1. Las empleadas o empleados públicos de las

administraciones competentes a quienes corres-ponda o se encomiende expresamente el ejerci-cio de las labores de inspección en todo lo previsto en la presente ley tienen la condición de agente de la autoridad a los citados efectos, por lo que sus actos de inspección gozarán de las presunciones de veracidad, pudiendo reali-zar todas las actuaciones conducentes a la comprobación del cumplimiento de esta norma legal y disposiciones que la complementen o desarrollen.

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2. Administrazio publikoek zaintzako eta kontro-leko ahalmen jakin batzuk soilik eman ahal izango dizkiete behar bezala egiaztatutako enti-tate publikoei, eta erregelamenduz ezarriko dira bete beharreko eginkizunak eta ahalmen horiek erabiltzeko baldintzak.

79. artikulua. Eginbideak hastea 1. Ikuskapen-lanek dagozkien eginbideak hastea

ekarriko dute berekin baldin eta susmatzen bada ikuskapena egiten dutenek hautemandako jokabideak araudi honen urratze edo ez-betetze izan daitezkeela edo jokabide horiek arau-hauste administratibo moduan tipifikatuak izan daitezkeela.

2. Aipatutako eginbideak izapidetuta eta interesdu-

nei entzuteko nahitaezko izapidea bete ostean, dagokion ebazpena onartu ahal izango da, dela jarduketak artxibatuz, aipatutako urratze edo arau-haustea egin denik uste ez bada, dela, kasua hori bada, bidezko iritzitako kaute-lazko neurriak hartuz eta zehapen-prozedurari hasiera emanez.

3. Baldin, lege hau edo garapeneko araudia urra-

tzeagatik izapidetzen diren prozedurak direla-eta, delituaren edo falta penalaren zantzurik hautematen bada, zehapena jartzeko organo eskudunak Fiskaltzari jakinaraziko dio, eta zeha-pen-prozedura administratiboa eten egingo da harik eta jurisdikzio penalak epaia ematen duen arte. Zehapen penalak, horrelakorik izaten bada, zehapen administratiboa ezartzea erago-tziko du, baina ez arau-haustea egin aurreko egoera berrezartzeko neurriak hartzea eta Ad-ministrazio publikoari eragindako kalte-galeren ordaina exijitzea.

80. artikulua. Behin-behineko neurriak hartzea 1. Aurreko artikuluan aurreikusitakoaren arabera

ikuskapen-prozeduran har daitezkeen kaute-lazko neurriak honako hauek dira:

a) Kautela-neurriak obra berriko sustapene-tan edo birgaitzeko jarduketetan, hala nola obrak edo lanak etenaraztea, mate-rialak ateraraztea, pertsonak lekuan bizi-tzen jartzea debekatzea eta argindarra-ren, uraren edo gasaren hornidurak zigi-

2. Las administraciones públicas solo podrán otor-gar determinadas facultades de vigilancia y control a entidades públicas debidamente acre-ditadas, estableciéndose reglamentariamente las funciones a desarrollar y los requisitos para su ejercicio.

Artículo 79. Incoación de diligencias 1. Las labores de inspección conllevarán la aper-

tura de las pertinentes diligencias cuando se presuma que las conductas que se aprecien por quien lleva a efecto la inspección puedan ser constitutivas de vulneración o incumplimiento de esta normativa o puedan ser tipificadas co-mo infracción administrativa.

2. Una vez instruidas las mencionadas diligencias,

y previo el preceptivo trámite de audiencia a los interesados, se podrá adoptar la resolución pertinente, bien con el archivo de las actuacio-nes cuando no se estime concurrente la citada vulneración o infracción, o bien con la adop-ción de las medidas cautelares que, en su caso, se estimen oportunas y la incoación del proce-dimiento sancionador.

3. Si, con ocasión de los procedimientos instruidos

por infracción de esta legislación o normativa de desarrollo, resultaren indicios de delito o falta penal, el órgano competente para la im-posición de la sanción lo pondrá en conoci-miento del Ministerio Fiscal, suspendiendo el procedimiento administrativo sancionador hasta tanto se pronuncie la jurisdicción penal. La sanción penal, en caso de que se produzca, excluirá la imposición de la sanción administra-tiva, sin perjuicio de la adopción de las medi-das de reposición de la situación anterior a la comisión de la infracción, así como de la exi-gencia de los daños y perjuicios irrogados a la Administración pública.

Artículo 80. Adopción de medidas provisionales 1. Las medidas cautelares que pueden ser adopta-

das en el procedimiento de inspección con arreglo a lo previsto en el artículo anterior son las siguientes:

a) Medidas de cautela en promociones de

obra nueva o en actuaciones de rehabili-tación, consistentes en la suspensión de las obras o trabajos, la retirada de mate-riales, la prohibición de alojamiento de personas y el precinto o la interrupción

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latzea edo etetea. b) Arrisku-egoeran dauden bizitegitarako

eraikinak itxiaraztea. 2. Era berean, sortu den egoera birbideratzeko

neurriak hartu ahal izango dira. Besteak beste, honako hauek:

a) Bizigarritasunerako beharrezkoak diren

obrak eginaraztea, baita, hala badago-kio, eraikinen ikuskapen teknikoen ondo-riozko obrak ere.

b) Zehatzekoak ez diren hertsapen-isunak. c) Gainprezioaren zenbatekoa itzultzea. d) Fidantza, kauzioa, abala edo bermea

jartzea.

2. ATALA ZEHAPEN ARAUBIDEA

81. artikulua. Arau-haustearen kontzeptua Etxebizitzaren arloko arau-hausteak dira lege honek halakotzat tipifikatutako egintza edo ez-egite guztiak. 82. artikulua. Arau-hauste oso larriak Etxebizitzaren arloko arau-hauste oso larriak dira honako hauek: a) Etxebizitza edo bizitokietan irisgarritasunari bu-

ruzko lege-xedapenak urratzea, edo orobat urratzea eraikuntzari eta eraikingintzari buruzko arau teknikoak edo instalazioei, materialei, produktuei, isolamenduei, suteen kontrako ba-besari edo energia- eta ingurumen-jasangarritasunari buruzkoak, arrisku larriko edo osasunaren kalterako egoerak sortzen ba-dira.

b) Lursail, eraikuntza, instalazio, eraikin eta etxebi-

zitzak kontserbatzeko, mantentzeko eta birgai-tzeko eginbeharra ez betetzea, horrek pertsonen segurtasunerako arriskua badakar.

c) Etxebizitzak edo bizitokiak konpontzeko edo

berreraikitzeko exekuzio-aginduak edo adminis-trazio-aginduak, edo, kasua hori bada, hartu-

de suministros de energía eléctrica, agua o gas.

b) Clausura de edificaciones residenciales

en situación de riesgo. 2. Igualmente, podrán adoptarse medidas de re-

conducción de la situación creada, que pueden ser las que a continuación se establecen:

a) Exigencia de obras necesarias para la

habitabilidad, así como de las derivadas, en su caso, de las inspecciones técnicas de los edificios.

b) Multas coercitivas no sancionadoras. c) Devolución del importe del sobreprecio. d) Prestación de fianza, caución, aval o

garantía.

SECCIÓN 2.ª RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 81. Concepto de infracción Son infracciones en materia de vivienda todas las acciones u omisiones tipificadas como tales en la presente ley. Artículo 82. Infracciones muy graves Son infracciones muy graves en materia de vi-vienda: a) Vulnerar las disposiciones legales sobre accesi-

bilidad o las normas técnicas de construcción y edificación, instalaciones, materiales, produc-tos, aislamientos, protección contra incendios o sostenibilidad energética y ambiental en vivien-das o alojamientos, cuando se deriven situacio-nes de grave peligro o insalubridad.

b) Incumplir el deber de conservación, manteni-

miento y rehabilitación de los terrenos, cons-trucciones, instalaciones, edificios y viviendas, cuando ello suponga un riesgo para la seguri-dad de las personas.

c) Incumplir las órdenes de ejecución o mandatos

administrativos dirigidos a la reparación o re-construcción de viviendas o alojamientos, o las

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tako behin-behineko neurriak, ez betetzea, bal-din eta ez-betetze horregatik bizilagunentzat arrisku larria eragiten bada.

d) Gainokupazioari edo infraetxeari buruzko de-

beku-arauak ez betetzea, edo etxebizitzaren, eranskinaren, lokalaren edo bizitokiaren erabi-lera desegokiari buruzko arauak ez betetzea, bizilagunentzat arrisku larria dagoenean.

e) Lege honetan ezarritakoaren arabera higiezin-

jazarpena edo diskriminazioa dakarten egintza edo ez-egiteak burutzea.

f) Aldi berean babes publikoko etxebizitza bat

baino gehiago erabiltzea edo halako etxebizitza baten baino gehiagoren esleipendun izatea, salbu alokatze babesturako etxebizitza baten baino gehiagoren titularra den sustatzailearen kasua.

g) Etxebizitza, lokal edo zuzkidura-bizitokiak eraiki-

tzean, funtsezko eran apartatzea etxebizitzek eta lokalek behin-behineko kalifikazioa lortu zuten proiektutik eta zuzkidura-bizitokiei onartu zi-tzaien proiektutik, aurretiaz organo eskudunak hartarako baimenik eman gabe.

h) Higiezin babestuen eskualdaketetan gainprezioa

debekatzen duen araudia urratzea. i) Babes publikoko etxebizitza edo zuzkidura-

bizitokiei dagozkien diru-kopuru aurreratuak jasotzea beharrezko administrazio-baimenik gabe.

j) Hirigintza-plangintzak etxebizitza babestu edo

zuzkidura-bizitokien sustapenerako kalifikatzen dituen lursailak xede horretara ez bideratzea.

k) Euskal Autonomia Erkidegoaren Lurzoru On-

dare Publikoko ondasunak legez aurreikusita-koez bestelako xede batzuetara bideratzea.

k bis) (berria) Onura bat lortze aldera, etxebizitza edo

higiezin bat bertan behera utzita edo manteni-mendurik gabe edukitzea.

l) Eraikinen ikuskapen teknikoko txostenen ondori-

ozko konpontze- edo birgaitze-neurri eta jardu-ketei ez ekitea, txosten horietan agindutako epeetan, berehala edo presa handiz ekin beha-

medidas provisionales adoptadas, en su caso, cuando por causa de tal incumplimiento se incida en grave riesgo para los moradores.

d) Incumplir las normas de prohibición de la so-

breocupación o de la infravivienda, así como las relativas al uso inadecuado de la vivienda, anejo, local o alojamiento, con grave riesgo para los moradores.

e) Llevar a cabo acciones u omisiones que supon-

gan acoso inmobiliario o discriminación de acuerdo con lo establecido en la presente ley.

f) Hacer uso o ser adjudicatario o adjudicataria

de más de una vivienda de protección pública simultáneamente, salvo que se trate de un pro-motor o promotora que sea titular de más de una con destino al alquiler protegido.

g) Realizar la construcción de viviendas, locales o

alojamientos dotacionales apartándose sustan-cialmente del proyecto que obtuvo la califica-ción provisional, en el caso de viviendas y loca-les, y del proyecto aprobado, en el caso de los alojamientos dotacionales, sin la previa autori-zación del órgano competente.

h) Vulnerar la normativa que prohíbe el sobrepre-

cio en las transmisiones de inmuebles protegi-dos.

i) Percibir cantidades anticipadas referidas a vi-

viendas de protección pública o alojamientos dotacionales sin la debida autorización admi-nistrativa.

j) Incumplir el destino a promoción de viviendas

protegidas o alojamientos dotacionales, en el caso de los terrenos calificados por el planea-miento urbanístico para tal finalidad.

k) Destinar los bienes del Patrimonio Público de

Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco a una finalidad diferente a la legalmente prevista.

k bis) (nuevo) El abandono o falta de mantenimiento

de una vivienda o un inmueble con objeto de obtener un beneficio.

l) No acometer las medidas y actuaciones de

reparación o rehabilitación derivadas de los informes de inspección técnica de los edificios, en los plazos que se señalen en los citados

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rreko neurri eta jarduketak direnean. m) Higiezin-zerbitzuetako bitartekari-lanetan ari

denak hornigaiak ekarri behar dituzten edo jabe-erkidegoentzat lanak egin behar dituzten horni-tzaileei eta profesionalei komisioak eta ordain-ketak eskatzea, hertsatuki eskatzea edo haien-gandik jasotzea, dirutan edo gauzatan.

83. artikulua. Arau-hauste larriak Arau-hauste larriak dira honako hauek: a) Etxebizitza edo bizitokietan irisgarritasunari bu-

ruzko lege-xedapenak urratzea, edo orobat urratzea eraikuntzari eta eraikingintzari buruzko arau teknikoak edo instalazioei, materialei, produktuei, isolamenduei, suteen kontrako ba-besari edo energia- eta ingurumen-jasangarritasunari buruzkoak, arrisku larriko edo osasunaren kalterako egoerak sortzen ez badira.

b) Lursail, urbanizazio, eraikuntza, instalazio, erai-

kin eta etxebizitzak kontserbatzeko, mantentzeko eta birgaitzeko eginbeharra ez betetzea, horrek pertsonen segurtasunerako arriskurik ez bada-kar.

c) Etxebizitzak edo bizitokiak konpontzeko edo

berreraikitzeko exekuzio-aginduak edo adminis-trazio-aginduak, edo, kasua hori bada, hartu-tako behin-behineko neurriak, ez betetzea, na-hiz eta ez-betetze horregatik ez eragin bizigarri-tasunik ezik edo bizilagunentzako arriskurik.

d) Gainokupazioari edo infraetxeari buruzko de-

beku-arauak ez betetzea, edo etxebizitzaren, eranskinaren, lokalaren edo bizitokiaren erabi-lera desegokiari buruzko arauak ez betetzea, nahiz eta bizilagunentzat arriskurik ez haute-man.

e) Administrazioaren ikuskapen-lanetan elkarla-

nean aritzeari uko egitea, eskatutako informa-zioa emateari uko eginez edo aipatutako ikus-katze-jarduerak oztopatuz.

f) Etxebizitza, lokal eta zuzkidura-bizitokiak eraiki-

tzeko obrak exekutatzean, ez errespetatzea etxe-bizitzek eta lokalek behin-behineko kalifikazioa lortu zuten proiektuan aurreikusitakoa eta zuzki-dura-bizitokiei onartu zitzaien proiektuan aurrei-kusitakoa, organo eskudunak aurretiaz baime-

informes, cuando estas tengan carácter de in-mediato o muy urgente.

m) Pedir, instar o percibir, por parte de quien actúe

como agente de mediación de servicios inmobi-liarios, comisiones y pagos en metálico o en especie de los suministradores y profesionales que deban aportar suministros o desarrollar trabajos para las comunidades de propietarios.

Artículo 83. Infracciones graves Son infracciones graves las siguientes: a) Vulnerar las disposiciones legales sobre accesi-

bilidad o normas técnicas de construcción y edificación, instalaciones, materiales, produc-tos, aislamientos, protección contra incendios o sostenibilidad energética y ambiental en vivien-das o alojamientos, cuando no se deriven situa-ciones de grave peligro o insalubridad.

b) Incumplir el deber de conservación, manteni-

miento y rehabilitación de los terrenos, urbani-zaciones, construcciones, instalaciones, edificios y viviendas, cuando ello no suponga un riesgo para la seguridad de las personas.

c) Incumplir las órdenes de ejecución o mandatos

administrativos dirigidos a la reparación o re-construcción de viviendas o alojamientos, o las medidas provisionales adoptadas, en su caso, aun cuando por causa de tal incumplimiento no se incida en riesgo para los moradores o en inhabitabilidad.

d) Incumplir las normas de prohibición de la so-

breocupación o de la infravivienda, así como las relativas al uso inadecuado de la vivienda, anejo, local o alojamiento, aun cuando no se aprecie riesgo para los moradores.

e) Negarse a colaborar en las labores de inspec-

ción de la Administración, negándose a sumi-nistrar la información requerida u obstruyendo las referidas actividades inspectoras.

f) Ejecutar las obras de construcción de viviendas,

locales y alojamientos dotacionales de modo diferente al previsto en el proyecto que obtuvo la calificación provisional, en el caso de vivien-das y locales, y en el proyecto aprobado, en el caso de alojamientos dotacionales, sin la previa

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nik eman gabe, baldin eta diferentzia funtsez-koa ez bada.

g) Eraikingintzan nahitaezko kalitate-kontrolak ez

egitea. h) Etxebizitza edo bizitoki babestua bere bizigarri-

tasun-baldintzez gabetzea, edo azalera erabil-garria handitzea edo txikitzea dakarten obrak nahitaezko baimenik gabe egitea.

i) Babes publikoko etxebizitza ez erabiltzea jabeen

edo etxebizitza hori okupatzeko betebeharraren titularren bizileku ohiko eta iraunkor gisa, baldin eta hori beharrezko administrazio-baimenik gabe egiten bada.

j) Etxebizitza babestuaren zein zuzkidura-bizitokien

xedea eta erabilera ez betetzea. k) Babes publikoko etxebizitza eskualdatzea edo

lagatzea baimenik gabe eta babes publikoko etxebizitzen gaineko xedapen-egintzei buruzko araudiaren aurka.

l) Babes publikoko etxebizitza edo zuzkidura-

bizitokien salmentari buruzko publizitatea egitea etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaur-laritzako sailak testua aldez aurretik onartu gabe edo aplikatzekoak diren erregelamendu-arauetara egokitu gabe.

m) Babes publikoko etxebizitza bat edo zuzkidura-

bizitoki bat eskualdatzea, alokatzea edo haren erabilera lagatzea horretarako lege-baldintzak betetzen ez dituztenei.

n) Kasuan kasuko administrazio publikoari datu

faltsuak edo nabarmenki okerrak aurkeztea edo ematea etxebizitza eta zuzkidura-bizitokien sus-tapenaren eta eraikuntzaren inguruan esku har-tzen duten teknikariek egindako dokumentu eta ziurtagirietan.

o) Etxebizitzaren edo birgaitzearen arloan jasotzen

diren laguntzei dagokienez, haiek ematea era-gin zuten xedeez bestelako batzuetara bidera-tzea laguntza horiek.

p) Konpainiek urez, gasez, elektrizitatez, telekomu-

nikazioez eta beste zerbitzu komunitario batzuez hornitzea, etxebizitza edo bizitoki babestuaren lehen erabilerako lizentziarik egon gabe eta, hala badagokio, etxebizitzaren behin betiko

autorización del órgano competente, cuando tal diferencia no resulte sustancial.

g) Omitir los preceptivos controles de calidad en

la construcción de la edificación. h) Privar a la vivienda o alojamiento protegido de

sus condiciones de habitabilidad, o realizar obras que supongan incremento o reducción de su superficie útil sin la preceptiva autorización.

i) No destinar la vivienda de protección pública a

residencia habitual y permanente de los propie-tarios o de los titulares de la obligación de ocu-parla, cuando ello se realice sin la debida auto-rización administrativa.

j) Incumplir el destino y uso de la vivienda prote-

gida, así como de los alojamientos dotaciona-les.

k) Transmitir o ceder la vivienda de protección

pública sin autorización y con contravención de la normativa correspondiente a los actos de disposición de las viviendas de protección pú-blica.

l) Realizar publicidad de venta de viviendas de

protección pública o de alojamientos dotacio-nales sin la previa aprobación del texto por parte del departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco o sin ajustarse a las normas reglamentarias aplicables.

m) Transmitir, alquilar o ceder el uso de una vi-

vienda de protección pública o alojamiento dotacional a personas que no cumplan con los requisitos legales para ello.

n) Aportar o suministrar a la administración públi-

ca correspondiente datos falsos o notoriamente erróneos en los documentos y certificaciones expedidos por los técnicos intervinientes en relación con la promoción y construcción de viviendas y alojamientos dotacionales.

o) Destinar las ayudas percibidas en materia de

vivienda o rehabilitación a finalidades distintas de las que motivaron su concesión.

p) Suministrar por parte de las compañías agua,

gas, electricidad, telecomunicaciones y otros servicios comunitarios sin la existencia de licen-cia de primera utilización de vivienda o aloja-miento protegido y, en su caso, sin resolución

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kalifikazioaren ebazpenik gabe. q) Babes publikoko etxebizitzak eta zuzkidura-

bizitokiak esleitzea araudi aplikagarrian ezarri-tako esleipen-prozedura modu larrian edo erre-pikatuan urratuz.

r) Eroslehentasun-eskubideari edo atzera eskura-

tzeko eskubideari atxikitako etxebizitza, eranskin edo lokalei dagokienez, ez betetzea horiek es-kualdatzeko borondatea Administrazioari froga-garriro jakinarazteko betebeharra, edo ez bete-tzea etxebizitza babestuen gaineko edozein xe-dapen-egintza Administrazioari komunikatu edo jakinarazteko eginbeharra.

s) Babes publikoko higiezinen eskuratze-tituluak

eskritura publikoan jasotzeko edo erregistroan inskribatzeko araudia ez betetzea titularrek edo esku hartzen duten bitartekariek.

t) Kontratuaren eta behin betiko kalifikazioaren

kopia ez ematea etxebizitza babestuaren edo bizitoki babestuaren eskuratzaileari, errentariari edo gozamendunari.

u) Eraikinaren ikuskapen tekniko nahitaezkoa ez

edukitzea, ikuskapen hori legez exiji badaiteke. v) Administrazioari datu okerrak ematea etxebizitza

babestu baten legezko okupazioa lortzeko edo sustapen, eraikuntza, urbanizazio edo birgai-kuntzarako laguntza publikoak lortzeko.

w) Kooperatibek edo entitate ongileek estatutue-

tako helburuak aldatzea, aldaketa hori adminis-trazio-baimenik gabe egiten denean.

x) Etxebizitza babestu edo zuzkidura-bizitoki baten

erabileraren lagapen partzialetik onura ekono-mikoa lortzea, etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako organoaren bera-riazko baimenik gabe, edo udalaren baimenik gabe udal-etxebizitza tasatuen edo udalaren titulartasuneko bizitokien kasuan.

y) Etxebizitza edo zuzkidura-bizitokia kontserba-

tzeko eta mantentzeko eginbeharra ez betetzea errentariak edo erabiltzaileak.

z) Eraikinen ikuskapen teknikoko txostenen ondori-

ozko konpontze- edo birgaitze-neurri eta -

de la calificación definitiva de vivienda. q) Adjudicar las viviendas de protección pública y

los alojamientos dotacionales incumpliendo de manera grave o reiterada el procedimiento de adjudicación establecido por la normativa apli-cable.

r) Incumplir la obligación de notificación feha-

ciente a la Administración de la voluntad de transmisión de viviendas, anejos o locales suje-tos a los derechos de tanteo y retracto, o in-cumplir el deber de comunicar o notificar a la Administración cualquier acto de disposición de viviendas protegidas.

s) Incumplir por parte de los titulares o los agentes

intermediarios intervinientes la normativa para la elevación a escritura pública y la inscripción registral de los títulos de adquisición de inmue-bles de protección pública.

t) No realizar la entrega de copia del contrato y

de la calificación definitiva al adquirente, arren-datario o usufructuario de la vivienda protegida o del alojamiento protegido.

u) Carecer de la preceptiva inspección técnica del

edificio cuando resulte legalmente exigible. v) Suministrar datos inexactos a la Administración

al objeto de acceder a la ocupación legal de una vivienda protegida o a las ayudas públicas para la promoción, construcción, urbanización o rehabilitación.

w) Modificar por parte de cooperativas o entidades

benéficas los fines estatutarios, cuando se reali-ce sin autorización administrativa.

x) Obtener beneficio económico de la cesión par-

cial del uso de una vivienda protegida o aloja-miento dotacional sin autorización expresa del órgano competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, o del ayuntamiento en el caso de viviendas tasadas municipales o de aloja-mientos de su titularidad.

y) Incumplir por parte del arrendatario o usuario

el deber de conservación y mantenimiento de una vivienda o alojamiento dotacional.

z) No acometer las medidas y actuaciones de

reparación o rehabilitación derivadas de los

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jarduketei ez ekitea, txosten horietan agindutako epeetan, presaz ekin beharreko neurri eta jar-duketak direnean.

aa) Higiezin-zerbitzuetako bitartekariaren edo erai-

kin-ikuskatzaile teknikoaren eginkizunetan jar-dutea, tartean interes-gatazka dagoelarik, edo beharrezko independentzia edo inpartzialtasuna errespetatu gabe.

84. artikulua. Arau-hauste arinak Arin gisa kalifikatuko dira honako arau-hauste hauek: a) Etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaur-

laritzako sailaren oniritzi-izapidera ez aurkeztea etxebizitzen lehenengo eta hurrengo eskualda-ketetako edo erabilera-lagapenetako kontra-tuak.

b) Babes publikoko etxebizitzen eskualdaketako

eta erabilera-lagapeneko egintza eta kontratue-tan, nahitaez txertatu beharreko klausulak ez txertatzea eta egin beharreko lege-ohartarazpenak ez egitea.

c) Etxebizitza babestuen edo zuzkidura-bizitokien

sustapenari eta eraikuntzari buruzko iragarpen-kartela ez erakustea obra exekutatzen ari den bitartean.

d) Etxebizitza babestuei edo zuzkidura-bizitokiei

dagokien plaka ez egitea edo eraikinaren ata-riko fatxadan ez jartzea.

e) Etxebizitza babestuak edo zuzkidura-bizitokiak,

hala badagokio, nahitaezko aseguru-polizak formalizatu baino lehenago okupatzea.

f) Esleipendunek benetan eta ezarritako epean ez

okupatzea esleitu zaizkien babes publikoko etxebizitzak, edo aurretiaz okupatzea.

g) Higiezinak Babes Publikoko Etxebizitzen eta

Zuzkidura Bizitokien Erregistroan inskribatzeko betebeharra ez betetzea.

h) Etxebizitza eta bizitokien eskatzaile eta esleipen-

dunek honako eginbehar hauek ez betetzea: dagokiona jakinaraztea; datuak eguneratzea; eskatutako dokumentazioa ematea; elkarbizi-tzako eta auzotasuneko arauak betetzea, behin

informes de inspección técnica de los edificios, en los plazos que se señalen en los citados informes, cuando estas tengan carácter de ur-gente.

aa) Ejercer las funciones de agente mediador de

servicios inmobiliarios o inspección técnica de los edificios manteniendo una situación de con-flicto de intereses o sin respetar la debida inde-pendencia o imparcialidad.

Artículo 84. Infracciones leves Se calificarán como leves las siguientes infrac-ciones: a) No someter al trámite de visado del departa-

mento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco los contratos de la primera y sucesivas transmisiones o cesiones de uso de viviendas.

b) Omitir las cláusulas de inserción obligatoria y

las advertencias legales oportunas en los actos y contratos de transmisión y cesión de uso de las viviendas de protección pública.

c) Omitir la exposición del cartel anunciador de la

promoción y construcción de las viviendas pro-tegidas o alojamientos dotacionales durante la ejecución de la obra.

d) Omitir o no fijar la placa correspondiente a las

viviendas protegidas o alojamientos dotaciona-les en la fachada del portal de la edificación.

e) Ocupar las viviendas protegidas o los aloja-

mientos dotacionales antes de haber formaliza-do, en su caso, las pólizas de seguro precepti-vas.

f) No ocupar de forma efectiva y en los plazos

establecidos al efecto las viviendas de protec-ción pública que les hayan sido adjudicadas, o anticiparse en su ocupación.

g) Incumplir la obligación de inscripción de los

inmuebles en el Registro de Viviendas de Pro-tección Pública y Alojamientos Dotacionales.

h) Incumplir por parte de los demandantes y adju-

dicatarios de las viviendas y alojamientos los deberes de comunicación, actualización de datos, entrega de documentación requerida, observancia de las normas de convivencia y

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esleipendun bihurtzen direnean eta etxebizitza edo bizitokia badutenean; kasuan kasuko higie-zina kontserbatzea, eta, hala badagokio, aipa-tutako higiezin babestu horien inguruan egin behar dituzten ordainketak egitea.

i) Hiri-finkak errentan ematen dituzten pertsona

edo entitateek errentamendu-kontratuak ez inskribatzea kontratu horientzat aurreikusitako erregistroan, hartarako betebeharra izanda.

j) Hiri-finkak errentan hartzen dituzten pertsona

edo entitateek dagokion fidantza jartzeko bete-beharra ez betetzea, behin horretarako bera-riazko errekerimendua jaso ondoren eta epez kanpo jartzeagatik ezarritako errekarguak gora-behera.

k) Salaketa ausartegiak edo oinarririk gabeak

aurkeztea babes publikoko araudia ez betetzeagatik.

l) Agindu- eta bisita-libururik ez edukitzea babes

publikoko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak eraikitzeko obretan.

m) Etxebizitza babestua edo zuzkidura-bizitokia sei

hilabetetik gora okupatu gabe edukitzea admi-nistrazio-baimenik gabe, hori okupazioa amai-tzeko arrazoi ez denean.

n) Babes publikoko etxebizitzen publizitatea egitea

behin-behineko kalifikazioa eduki gabe. o) Aurreko artikuluetan aurreikusitako arau-

hausteak, baldin eta irizten bazaio, tartean diren inguruabarrak kontuan hartuta, ez dutela eragin handirik etxebizitza edo bizitoki babestuaren funtzio sozialean.

85. artikulua. Arau-hausteen erantzuleak 1. Lege honetan tipifikatutako arau-hauste admi-

nistratiboen ondorioz, arau-hausle diren per-tsona fisiko eta juridikoei bakarrik ezarri ahal izango zaizkie zehapenak, baita arau-haustea arauak ez betetze hutsa bada ere. Higiezinen erabilera okerrari dagozkion arau-hausteetan, higiezinen jabe edo titularrei ere jarri ahal izango zaizkie zehapenak. Higiezin-zerbitzuetako bitartekariak tartean diren egin-tzak direla-eta gertatzen diren arau-hausteetan, bitartekari horiek ere zehatu ahal izango dira.

vecindad una vez que resulten adjudicatarios y dispongan de la vivienda o alojamiento, con-servación del inmueble correspondiente y abo-nos económicos que, en su caso, debieren rea-lizar en relación con los citados inmuebles pro-tegidos.

i) Incumplir por parte de las personas o entidades

arrendadoras la obligación de inscripción de los contratos de arrendamiento de fincas urba-nas en el registro previsto para tales contratos.

j) Incumplir por parte de las personas o entidades

arrendatarias de fincas urbanas la obligación de depositar la pertinente fianza una vez que hayan sido expresamente requeridos para ello y con independencia de los recargos establecidos por su extemporaneidad.

k) Formular denuncias temerarias, o carentes de

fundamento, por incumplimiento de la normati-va de protección pública.

l) No contar con libro de órdenes y visitas en las

obras de edificación de viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales.

m) Desocupar sin autorización administrativa la

vivienda protegida o alojamiento dotacional durante un período superior a seis meses, cuan-do ello no sea causa de finalización de la ocu-pación.

n) Hacer publicidad de viviendas de protección

pública sin disponer de la calificación provisio-nal.

o) Las previstas en los artículos anteriores cuando,

en atención a las circunstancias concurrentes en su comisión, se considere de escasa entidad la afección a la función social de la vivienda o alojamiento protegido.

Artículo 85. Responsables de las infracciones 1. Solo podrán ser sancionadas por hechos consti-

tutivos de las infracciones administrativas tipifi-cadas en la presente ley las personas físicas o jurídicas infractoras, aun a título de simple inobservancia. En las infracciones atinentes al uso indebido de los inmuebles, podrá sancio-narse también a las personas propietarias o titulares de estos. En las infracciones debidas a actos en los que intervienen mediadores de servicios inmobiliarios, podrá sancionarse tam-bién a ellos.

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2. Arau-hauste administratiboa pertsona juridiko

bati, jabe-erkidego bati edo kooperatiba bati egotz dakiokeenean, arau-haustea den jardute edo ez-egite konkretu horretan pertsona juri-diko, jabe-erkidego edo kooperatiba haren borondatea eratzen edo eratu duten pertsona fisikoei buruz egingo da erruduntasun-epaiketa. Jabe-erkidegoetan, erantzukizuna banaka be-reiz badaiteke, zer edo zer egiteagatik edo ez egiteagatik araua hautsi izanaren erantzukizuna dutenek banaka erantzungo dute.

3. Zehapen-espediente baten instrukzioan jabe-

erkidego bati ez bazaio posible banakako eran-tzukizunak zehaztea, jabetza horizontalari bu-ruzko araudian zehaztutako erantzukizunen arabera jokatuko da.

4. Arau-haustea edo arau-hausteak egitea, eran-

tzule gertatzen direnei zehapenak ezartzea, bai eta neurri osagarriak hartzea eta kalte-galerengatik itzulketa eskatzea ere, behin admi-nistrazio-bidean irmo direnean, eragindako finkaren jabetza-erregistroko orri-bazterrean idatzi ahal izango dira. Era berean, kasuan kasuko aldizkari ofizialetan edo Autonomia Erkidegoko zabalkunde handieneko egunkarian edo egunkarietan argitaratu ahal izango dira, gastuak zehatua izan denaren kontura izango direlarik.

5 (berria). Aurreko zenbakian xedatutakoa aplika-

tzeko orduan, datuak babesteko araudian eza-rritakoari jarraituko zaio.

6 (berria). Pertsona bera lege honetan tipifikatutako

arau-hausteei dagozkien egitate baten baino gehiagoren erantzulea bada, egindako arau-hauste bakoitzarengatik dagokion zehapena bere aldetik ezarriko zaio. Era berean, pertsona bat baino gehiago badira arau-hauste beraren erantzuleak, pertsona horietako bakoitzari bere aldetik ezarriko zaio dagokion zehapena.

7 (berria). Zehapen-egitateak etxebizitza bati baino

gehiagori eragiten badie, nahiz eta etxebizitza horiek eraikin berekoak izan, etxebizitza bakoi-tzean zenbat arau-hauste egin diren, hainbat zehapen ezarriko dira.

86. artikulua (berria). Zehapen-prozeduretan agindutako administrazio-egintzen jakinarazpena

2. Cuando la infracción administrativa sea impu-

table a una persona jurídica, a una comunidad de propietarios o a una cooperativa, el juicio de culpabilidad se hará respecto a las personas físicas que formen o hayan formado la voluntad de aquella en la concreta actuación u omisión que constituye la infracción. En el supuesto de comunidades de propietarios, en caso de que la responsabilidad sea susceptible de individua-lización, los responsables por acción u omisión de la infracción de que se trate responderán individualmente de ella.

3. Si en la instrucción de un expediente sanciona-

dor a una comunidad de propietarios no le fuere posible delimitar las responsabilidades individuales, se estará a las responsabilidades establecidas en la normativa sobre propiedad horizontal.

4. La comisión de la infracción o infracciones, la

imposición de las sanciones a quienes resulta-ren responsables, así como la adopción de las medidas accesorias y la exigencia de restitución por los daños y perjuicios, una vez que sean firmes en vía administrativa, podrán ser objeto de anotación al margen de la finca afectada en el registro de la propiedad, así como de su publicación en los boletines oficiales correspon-dientes y en el diario o diarios de mayor difu-sión en la Comunidad Autónoma, corriendo los gastos a cuenta de quien hubiere resultado sancionado.

5 (nuevo). La aplicación de lo dispuesto en el nú-

mero anterior se ajustará a lo establecido en la normativa de protección de datos.

6 (nuevo). Cuando una misma persona resultare

responsable de varios hechos constitutivos de infracciones tipificadas en la presente ley, las sanciones impuestas tendrán entre sí carácter independiente. Igualmente, tendrán carácter independiente las sanciones impuestas a varias personas por la comisión de la misma infrac-ción.

7 (nuevo). Cuando el hecho sancionador afecte a

varias viviendas, aunque pertenezcan al mismo edificio, se impondrán tantas sanciones como infracciones se hayan cometido en cada vivien-da.

Artículo 86 (nuevo). Notificación de los actos ad-ministrativos dictados en procedimientos sancio-

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Lege honetako X. kapituluan ezarritakoa aplika-tuz etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlari-tzako sailak izapidetutako zehapen-prozeduretan agin-tzen diren administrazio-egintzak Eusko Jaurlaritzaren Zuzenean-Herritarren Arretarako Zerbitzuko iragarki-tauletan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administra-zio publikoaren egoitza elektronikoko iragarki-taula elektronikoan argitaratuz ordeztuko da udaleko ediktu-taulan eta aldizkari ofizialean –Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erki-deari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.5 artikuluak aipatuetan– jarritako iragarkien bidez egin-dako jakinarazpena. 87. artikulua (lehen 86.a). Preskripzioa eta iraun-gitzea 1. Lege honetan tipifikatutako arau-hauste admi-

nistratiboei dagokienez, lau urtera preskribatuko dute oso larriek, hiru urtera larriek eta bi urtera arinek, betiere arau-haustea egin denetik zen-batzen hasita. Arau-hauste jarraituetan, arau-haustea burutzen duen azken egintza amaitzen denean hasiko da epearen zenbaketa.

2. Administrazio-zehapenei dagokienez, ezarri eta

gero, lau urtera preskribatuko dute arau-hauste oso larrientzakoek, hiru urtera larrientzakoek eta bi urtera arinentzakoek, betiere zehapenek irmotasun administratiboa dutenetik zenbatzen hasita.

3. Lege honen arabera hasten diren zehapen-

espediente administratiboak espediente-hasiera horretatik sei hilabetera iraungiko dira baldin eta aipatutako epean inolako ebazpenik jakina-razten ez bada, eta hori guztia administrazio-prozedurako legeriarekin bat etorrita. Nolanahi ere, espedientea berriz hasi ahal izango da, arau-hausteak artean preskribatu ez badu.

88. artikulua (lehen 87.a). Preskripzio- eta iraun-gitze-epeak etetea 1. Arau-hausteen preskripzio-epeak eten egingo

dira zehapen-prozedura hastea, izapidetzea edo ebaztea ekarriko duen edozein administrazio-jarduketa egiten bada, erruztatuak formalki horren berri duelarik jakinarazpen pertsonalaren

nadores La publicación en los tablones de anuncios de Zuzenean-Servicio de Atención Ciudadana del Go-bierno Vasco y en el tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi sustituirá a la notifi-cación efectuada por medio de anuncios en el tablón de edictos del ayuntamiento y en el boletín oficial a que se refiere el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de los actos administrativos dictados en pro-cedimientos sancionadores tramitados por el departa-mento competente en materia de vivienda del Go-bierno Vasco en aplicación de lo dispuesto en el capí-tulo X de esta ley. Artículo 87 (antes 86). Prescripción y caducidad 1. Las infracciones administrativas tipificadas por

la presente ley prescribirán a los cuatro años en el caso de las muy graves, a los tres años en el de las graves y a los dos años en el de las le-ves, a contar, en todo caso, desde que se haya cometido la infracción. En las infracciones con-tinuadas, el cómputo del plazo se iniciará desde que hubiere finalizado el último acto con el que se consuma la infracción.

2. Las sanciones administrativas, una vez impues-

tas, prescribirán a los cuatro años en el caso de las infracciones muy graves, a los tres años en el de las graves y a los dos años en el de las leves, a contar, en todo caso, desde que ad-quieran firmeza administrativa.

3. Los expedientes administrativos sancionadores

que se incoen con arreglo a esta ley caducarán en el plazo de seis meses desde la mencionada incoación si durante el citado plazo no ha sido notificada resolución alguna, todo ello de con-formidad con la legislación de procedimiento administrativo, y sin perjuicio de su nueva in-coación para el caso de que no se hubiera producido la prescripción de la infracción.

Artículo 88 (antes 87). Interrupción de los plazos de prescripción y de caducidad 1. Los plazos correspondientes a la prescripción de

las infracciones se interrumpirán si se lleva a cabo cualquier actuación administrativa que conduzca a la iniciación, tramitación o resolu-ción del procedimiento sancionador, realizada

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bidez edo ediktu bidez; epeak eten egingo dira, halaber, erruztatuek erreklamazioa edo errekur-tsoa aurkeztuz gero. Alabaina, epeak aurrera egiten jarraituko du baldin eta zehapen-espedientea hilabetetik gora geldirik badago ustezko erantzuleari ezin egotz dakiokeen zerga-tiren batengatik.

2. Zehapenen preskripzio-epeak eten egingo dira

administrazio-zehapena exekutatzea xede duen administrazio-jarduketa bat egiten bada, zeha-tuek formalki horren berri dutelarik jakinarazpen pertsonalaren bidez edo ediktu bidez; epeak eten egingo dira, halaber, zehapen-ebazpenaren aurkako erreklamazioa edo erre-kurtsoa aurkezten badute zehatuek. Alabaina, epeak aurrera egiten jarraituko du baldin eta zehapen-espedientea hilabetetik gora geldirik badago ustezko erantzuleari ezin egotz dakio-keen zergatiren batengatik.

3. Administrazio-espedientea ez da iraungiko,

baizik eta aurreikusitako iraungitze-epea eten egingo da, administrazio-prozedurari buruzko legerian aurreikusitako kasuetan eta, hala ba-dagokio, jakinarazpenak ediktu bidez egiteko beharrezkoa den beste denboraz.

89. artikulua (lehen 88.a). Zehapenen zenbate-koak eta xedea 1. Arau-hauste oso larriak 20.001 (hogei mila eta

bat) eurotik 300.000 (hirurehun mila) eurora bitarteko isunarekin zehatuko dira.

2. Arau-hauste larriak 3.001 (hiru mila eta bat)

eurotik 20.000 (hogei mila) eurora bitarteko isunarekin zehatuko dira.

3. Arau-hauste arinak 300 (hirurehun) eurotik

3.000 (hiru mila) eurora bitarteko isunarekin zehatuko dira.

4. Hala ere, arau-haustea egitearen onura ekono-

mikoak aurreko paragrafoetan zehapen-mota bakoitzerako ezarri diren gehieneko mugak gainditzen baditu, arau-haustearekin lortutako onura ekonomikoaren balio bereraino handi-tuko da isunaren zenbatekoa.

5. Arau-hausleak bere borondatez konpontzen

baditu arau-haustearekin interes publikoari eragindako kalteak, zehapenaren zenbatekoa % 50 gutxitu edo barkatuko zaio, kalteak zehapen

con conocimiento formal del inculpado, ya sea por notificación personal o por edictos, así co-mo cuando los inculpados interpongan cual-quier reclamación o recurso. Continuará el cómputo del plazo si el expediente sancionador estuviese paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona presunta-mente responsable.

2. Los plazos de prescripción de las sanciones se

interrumpirán cuando se lleve a cabo una ac-tuación administrativa dirigida a ejecutar la sanción administrativa, con el conocimiento formal de los sancionados, ya sea por notifica-ción personal o por edictos, o cuando los san-cionados interpongan cualquier reclamación o recurso contra la resolución sancionatoria. Continuará el cómputo del plazo si el expedien-te sancionador permanece paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la presunta persona responsable.

3. La caducidad del expediente administrativo no

se producirá, interrumpiéndose el plazo previsto para ello, en los supuestos contemplados en la legislación de procedimiento administrativo y por todo el tiempo que sea necesario para efectuar las notificaciones mediante edictos, si así procede.

Artículo 89 (antes 88). Importes de las sanciones y destino 1. Las infracciones muy graves se sancionarán con

una multa de entre 20.001 (veinte mil un) euros y 300.000 (trescientos mil) euros.

2. Las infracciones graves se sancionarán con una

multa de entre 3.001 (tres mil un) euros y 20.000 (veinte mil) euros.

3. Las infracciones leves se sancionarán con una

multa de entre 300 (trescientos) euros y 3.000 (tres mil) euros.

4. No obstante, si el beneficio económico de la

comisión de la infracción superare los límites máximos establecidos para la sanción en los apartados precedentes, el importe de la multa se incrementará hasta la cuantía equivalente al beneficio obtenido por la infracción.

5. La reparación, voluntaria y por parte del infrac-

tor, de los daños ocasionados al interés público con la infracción, cuando se produzca durante la tramitación del procedimiento sancionador y

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-prozedura izapidetzen den bitartean konpon-tzen direnean eta errekurtso judizialik jartzen ez denean, berrerortzea salbuetsita betiere.

6. (berria) Baldin eta etxebizitza-errentamenduen

fidantza eta hari dagozkion eguneratzeak ez ordaintzean badatza arau-haustea, ordaindu beharreko kopuruaren bikoitza izango da gutxi-enez ere isuna. Arau-hausleak ordainketa-atzerapena bere borondatez eta Administrazioa-ren errekerimendurik gabe erregularizatzen badu, ez da zehapenik ezarriko; nolanahi ere, atzerapen horrengatik legez dagozkion interesak ordaindu beharko ditu.

7. (berria) Zehapenaren zenbatekoaren mailaketan,

bereziki kontuan hartuko da zer kalte eragin den, arau-hauslea edo hirugarren batzuk bide-gabeki aberastu ote diren, arau-haustea nahita edo behin baino gehiagotan egin den eta urte-beteko epean izaera bereko arau-hauste bat baino gehiago egin ote den, ebazpen irmoz hala deklaratu bada.

Inguruabar aringarritzat joko da dagokion ikus-kapena edo ohartarazpena egin ostean arau-hausleak bere borondatez jokaera alde batera utzi izana, bai eta zehapen-prozedura ebatzi aurretik konponketa-obrak egin izana ere. Aldiz, inguruabar astungarritzat joko da Administrazi-oak egindako errekerimenduak ez betetzea edota ikuskari-lana oztopatzea.

Paragrafo honetan aurreikusitako inguruabarrak ez dira kontuan hartuko zehapena mailakatzeko baldin eta jokaera tipikoetarako ezinbestekoa bada inguruabar horiek gertatzea.

8 (lehen 6). Artikulu hau baliatuz ezarritako isunen

ondorioz sartzen diren zenbatekoak udal lurzoru-ondarea edo Euskal Autonomia Erkidegoaren Lurzoru Ondare Publikoa finantzatzeko erabiliko dira, hurrenez hurren, dagokion udalak edo Eusko Jaurlaritzak ezarritako isunak diren kon-tuan hartuta.

90. artikulua (lehen 89.a). Diru-zehapenaren in-guruko neurri osagarriak 1. Arau-hauste oso larrien kasuan eta zehapen

osagarri gisa, urtebete eta hiru urte bitarteko gaitasungabetzea ezarri ahal izango zaie arau-

no se interpongan recursos judiciales en rela-ción con él, conllevará una reducción o condo-nación del 50 % del importe de la sanción, exceptuando la reincidencia.

6. (nuevo) Cuando la infracción cometida sea que

no se hubiese depositado la fianza con sus ac-tualizaciones en los arrendamientos de vivien-da, la multa no podrá ser inferior al doble del depósito debido. En el supuesto de regulariza-ción de la demora en el ingreso de forma vo-luntaria y sin requerimiento por parte de la Ad-ministración, no se impondrá sanción alguna, sin perjuicio del pago de intereses legales por el tiempo en que se demorase el ingreso.

7. (nuevo) En la graduación de la cuantía de la san-

ción se tendrá especialmente en cuenta el per-juicio causado, el enriquecimiento injusto obte-nido por la persona infractora o por terceros, la existencia de intencionalidad o reiteración y la reincidencia por la comisión, en el plazo de un año, de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.

Se considerará circunstancia atenuante el cese de la conducta de modo voluntario tras la oportuna inspección o advertencia, así como la realización de obras de subsanación antes de la resolución del procedimiento sancionador. Se-rán circunstancias agravantes el incumplimiento de los requerimientos efectuados por la Admi-nistración o la obstrucción de la función inspec-tora. Las circunstancias previstas en este apartado no se tendrán en cuenta a los efectos de gradua-ción de la sanción cuando su concurrencia sea exigida para las conductas típicas.

8 (antes 6). Las cantidades que se ingresen como

consecuencia de las multas impuestas al ampa-ro del presente artículo se destinarán a la finan-ciación del patrimonio municipal de suelo o del Patrimonio Público de Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según sean impues-tas por el ayuntamiento correspondiente o por el Gobierno Vasco respectivamente.

Artículo 90 (antes 89). Medidas complementarias a la sanción pecuniaria 1. En los supuestos de infracción muy grave, po-

drá imponerse como sanción accesoria la inha-bilitación de los infractores, durante un plazo de

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hausleei babes publikoko etxebizitzen sustape-netan edota finantziazio publikodun birgaitze-sustapenetan parte hartzeko. Zehatzeko ebaz-pena administrazio-bidean irmoa denean ha-siko da epea kontatzen.

Gaitasungabetua pertsona juridikoa bada, arau

-haustea baimendu edo onartu zuten zuzendari-tza-organoetako pertsona fisikoak ere gaitasun-gabetu egingo dira. Pertsona juridikoa gaita-sungabetze-epea amaitu aurretik desegiten bada eta hango kide ziren pertsona fisikoek beste enpresa edo sozietate batean karguren bat badute edo haien kapital sozialean parte hartzen badute –zuzenean edo beste pertsona baten bidez–, beste enpresa edo sozietate horie-tara ere hedatuko da gaitasungabetzea.

2. Administrazio-bidean ebazpen irmoa duen arau

-haustea larri gisa kalifikatua bada, urtebeteko gaitasungabetzea ezarri ahal izango da.

3. Aurreko paragrafoetan aurreikusitako gaitasun-

gabetzea bertan behera utzi ahal izango da baldin eta arau-hausleek beren borondatez konpontzen badituzte arau-haustearen ondori-oak, interes publikoari eragindako kaltea or-dainduta eta administrazio- edo jurisdikzio-errekurtsoak bideratzea saihestuta.

91. artikulua (lehen 90.a). Itzulketa kalte-galerengatik Arau-haustea egin duenari ezarritako diru-zehapena eta –halakorik bada– neurri osagarriak go-rabehera, arau-hausteak kalte-galerak ekarri badizkio Administrazioari, horien ebaluazio ekonomikoa egingo da eta administrazio-ebazpenaren parte gisa txerta-tuko. Arau-hausleari administrazio-bidez eskatuko zaio kalte-galeren zenbatekoa, beraren ondarearen gai-neko administrazio-premiamendua ere erabiliz baldin beharrezkoa bada. 92. artikulua (lehen 91.a). Administrazio publiko eskudunak 1. Lege honetan aurreikusitako zehapenak eta

neurri osagarriak ezartzeko eskumena izango duten administrazio publikoak honako hauek izango dira: Euskal Autonomia Erkidegoko Ad-ministrazio orokorra eta dagokien udal-administrazioak.

2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio

orokorrean, Gobernu Kontseiluari egokituko

uno a tres años, para participar en promocio-nes de vivienda de protección pública o de rehabilitación con financiación pública, lo que se computará a partir de la firmeza en vía ad-ministrativa de la resolución sancionadora.

Si la inhabilitación recae sobre una persona

jurídica, resultarán también inhabilitadas las personas físicas integrantes de sus órganos de dirección que hubiesen autorizado o consentido la comisión de la infracción. Si la persona jurí-dica se extinguiere antes de cumplir el plazo de inhabilitación, esta se extenderá a las empresas o sociedades en las que aquellas personas físi-cas desempeñen cargos de toda índole o en cuyo capital social participen, por sí o por per-sona interpuesta.

2. Cuando la infracción con resolución firme en

vía administrativa hubiere sido calificada como grave, el plazo de inhabilitación que se pueda imponer será de un año.

3. Podrá levantarse la inhabilitación prevista en los

apartados que anteceden si los infractores vo-luntariamente proceden a reparar las conse-cuencias de la infracción, restaurando de ese modo el daño causado al interés público y evi-tando la sustanciación de recursos administrati-vos o jurisdiccionales.

Artículo 91 (antes 90). Restitución por daños y perjuicios Con independencia de la sanción pecuniaria y, en su caso, de las accesorias que se le impusieren a quien haya cometido la infracción, cuando de ella se derivaren daños y perjuicios a la Administración, se realizará una evaluación económica de estos, que se incorporará como parte de la resolución administrati-va, y se exigirá a la persona infractora su importe por vía administrativa, incluyendo el apremio administrati-vo sobre su patrimonio si ello resultara necesario. Artículo 92 (antes 91). Administraciones públicas competentes 1. Serán administraciones públicas competentes

para la imposición de las sanciones y medidas accesorias previstas en esta ley la Administra-ción general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las administraciones municipales co-rrespondientes.

2. En la Administración general de la Comunidad

Autónoma de Euskadi, corresponderá al Conse-

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zaio 300.000 (hirurehun mila) eurotik gorako zehapenak ezartzea, eta, zenbateko hori gaindi-tzen ez duten kasu guztietan, etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari, erregelamendu bidez ezarritako organoen bitar-tez.

3. Udal Administrazioari dagokionez, toki-

araubideari buruzko legeriak ezarritako orga-noari egokituko zaio zehapenak ezartzea, edota, kasua hori bada, aipatutako entitatearen beraren erregelamentazio organikoan zehazten den organoari.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa. Higiezin-zerbitzuak ematen parte hartzen duten agenteak 1. Lege honen ondorioetarako, f inka-

administratzailea eta higiezinen agentea dira higiezin-zerbitzuak ematen parte hartzen duten agenteak. Lege honetan jasotako araubide juridikoari eta betebeharrei loturik daude biak, hargatik eragotzi gabe sektoreko arau bereziek xedatzen dutena.

2. Finka-administratzaile da ondasun higiezinen

titularrei eta jabe-erkidegoei administrazio- eta aholku-zerbitzuak ematea lanbide ohiko eta ordaindutzat duen pertsona fisikoa. Korporazi-oak eta beste pertsona juridiko batzuk ere hartu ahal izango dira finka-administratzailetzat, or-denamendu juridikoan jasota datozen baldintze-tan eta moduan.

3. Higiezinen agente edo agentzia da Euskal Auto-

nomia Erkidegoko lurraldean higiezin-transakzioetan bitartekaritza-zerbitzuak ematea lanbide ohiko eta ordaindutzat duen pertsona fisikoa edo juridikoa, eta zerbitzu horiek izan daitezke ondasun higiezinak salerosi, alokatu, trukatu edo lagatzeko eragiketei buruzkoak eta, eraketa barne, eragiketa horien inguruko esku-bideei buruzkoak.

4. Etxebizitza- eta kontsumo-gaietan eskumena

duten Eusko Jaurlaritzako sailek behar diren neurriak hartuko dituzte profesionalen eta zerbi-tzu-erabiltzaileen arteko harremanak gardenak direla bermatzeko.

5 (lehen 6.a). Etxebizitza-gaietan eskumena duen

jo de Gobierno la imposición de la multa que supere los 300.000 (trescientos mil) euros, y al departamento competente en materia de vivien-da del Gobierno Vasco, a través de los órganos que se establezcan reglamentariamente, en todos los casos que no superen el citado impor-te.

3. La imposición de las sanciones en el ámbito de

la Administración municipal corresponderá a aquel órgano a que se deba con arreglo a la legislación de régimen local o que se determi-ne, en su caso, en la reglamentación orgánica propia de la citada entidad.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Agentes que intervienen en la prestación de servicios inmobiliarios 1. A los efectos de esta ley, son agentes que inter-

vienen en la prestación de servicios inmobilia-rios el administrador de fincas y el agente inmo-biliario. Ambos quedan sujetos al régimen jurí-dico y obligaciones que se establecen en esta ley, sin perjuicio de lo que determine la norma-tiva sectorial específica.

2. Es administradora de fincas la persona física

que se dedica de forma habitual y retribuida a la prestación de servicios de administración y asesoramiento a los titulares de bienes inmue-bles y a las comunidades de propietarios. Tam-bién podrán considerarse administradoras de fincas las corporaciones y otras personas jurídi-cas en las condiciones y en los términos esta-blecidos por el ordenamiento jurídico.

3. Es agente o agencia inmobiliaria la persona

física o jurídica que se dedica de forma habitual y retribuida, dentro del territorio de la Comuni-dad Autónoma del País Vasco, a la prestación de servicios de mediación en transacciones inmobiliarias, referidos a las operaciones de compraventa, alquiler, permuta o cesión de bienes inmuebles, así como a los derechos relativos a tales operaciones, incluida su consti-tución.

4. Los departamentos competentes en materia de

vivienda y consumo del Gobierno Vasco toma-rán las medidas pertinentes a fin de garantizar la transparencia en las relaciones entre los pro-fesionales y los usuarios de los servicios.

5 (antes 6). El departamento competente en materia

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Eusko Jaurlaritzako sailak berariazko formatu eta ezaugarridun bereizgarri bat eta plaka bat sortuko ditu higiezinen agente eta agentzientzat. Plaka jendeak ikusteko moduan jarri beharko da inskribaturiko agente edo entitatearen lokal guztietan, eta bereizgarriak agenteen paper komertzialean eta publizitatean agertu beharko du; kasu bietan, agentearen dagokion erregis-troko inskripzio-zenbakia ere ipiniko da.

Bigarrena. Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria Etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaur-laritzako sailari dagokio gauzatzea Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legean etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria-ren arloan Autonomia Erkidegoko Administrazio oro-korrari aitortzen zaizkion eskumenak. Hirugarrena. Irabazi-asmorik gabeko elkarteek bizitegi-multzoak sustatzea edo eskuratzea erabi-lera-lagapeneko araubidean 1. Etxebizitzak eta eranskinak partaideen artean

esleitzeko asmoz kooperatiben edo bestelako elkarte batzuen bitartez autosustapena edo sus-tapena egiteko beste modalitate batzuk gorabe-hera, irabazi-asmorik gabeko elkarte pribatuek etxebizitza-multzo bat –higiezin bakar batean– sustatu edo eskuratu ahal izango dute, erabilera-lagapeneko araubidean, beren kideen bizitegi-premiak asetzeko, helburu horrekin eratutako elkarteak badira.

2. Kasu horretan, elkartea izango da higiezin-

multzoaren jabea, eta jabari osoa izango du haren gainean, edo eraikitzeko aukera ematen dion beste eskubideren bat. Elkartekideak per-tsona fisikoak izango dira, eta elkarteak eslei-tzen dizkien etxebizitzak eta lokalak erabiltzeko eskubidea izango dute baldin eta esleipena haren estatutuetan eta barne-antolakuntzako arauetan aurreikusitako erregelen arabera egi-ten bada.

3. Halako elkartean erabilera-lagapeneko araubi-

dean bazkide modura sartu nahi duenak diru-kopuru bat ordaindu beharko du, elkarteko gobernu-organoek zehaztuko dutena higiezina sustatu eta mantentzeko kostuen arabera. Sar-tzeko kopuru hori atzera itzuli egingo da baldin eta ordaindu duenak bere erabilera-eskubidea

de vivienda del Gobierno Vasco creará un dis-tintivo y una placa de formato y características específicas para los agentes y agencias inmobi-liarias. La placa tendrá que ser colocada en lugar visible para el público en cada uno de los locales del agente o entidad inscrita y el distinti-vo deberá figurar en el papel comercial y en la publicidad de los agentes, en ambos casos con el número de inscripción del agente en el regis-tro correspondiente.

Segunda. Prestación complementaria de vivienda Corresponde al departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco el ejercicio de las competencias que se reconocen a la Administra-ción general de la Comunidad Autónoma en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, en materia de pres-tación complementaria de vivienda. Tercera. Promoción o adquisición de conjuntos residenciales por asociaciones sin ánimo de lucro, en régimen de cesión de uso 1. Sin perjuicio de otras modalidades de autopro-

moción o de promoción a través de cooperati-vas u otras formas de asociación con la finali-dad de la adjudicación de viviendas y anejos a sus partícipes, la promoción o adquisición de un conjunto de viviendas, en inmueble único, para la satisfacción de las necesidades residen-ciales de sus asociados, en régimen de cesión de uso, podrá realizarse por las asociaciones privadas sin ánimo de lucro que se constituyan para tal finalidad.

2. En tal caso, el conjunto inmobiliario será pro-

piedad de una asociación de las referidas, en pleno dominio u otro derecho que habilite para construir sobre él, y sus asociados, que serán personas físicas, gozarán de un derecho de uso sobre la vivienda y locales que les sean adjudi-cados por la mencionada entidad conforme a las reglas que se prevean en sus estatutos y normas de organización interna.

3. Para acceder como socio a la asociación, en

régimen de cesión de uso, habrá de abonarse un importe económico que será fijado por los órganos de gobierno de aquella en función de los costes de la promoción y mantenimiento del inmueble. Este importe de entrada se reembol-sará en el caso de que quien lo hubiera abona-

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beste pertsona fisiko bati besterentzen badio, elkarteko gobernu-organoek fiskalizatuta, zei-nek bermatu beharko baitute espekulaziozko irabazi edo etekinik ez dagoela aipatutako bes-terentzean.

4. Elkartekide bakoitzaren erabilera-eskubidea

denbora-mugarik gabea da eta halaber "mortis causa" eskualdatu ahal izango da, dituen bal-dintza eta eduki berberekin. Ordainetan, kanon edo errenta sozial bat pagatu beharko da, eta elkarteak berak erabakiko du zenbatekoa den, hainbat kontzepturen kostuen arabera: susta-pena, eraikuntza, amortizazioa, mantenimen-dua, hobekuntzak eta bizitegitarako higiezinari dagozkion kontzeptu parekagarriak.

5. Erabilera-lagapeneko araubideko elkarteak,

xedapen honetan eta xedapen hau garatzeko arauetan aurreikusitakoari heltzen badiote, ho-rretarako ematen zaizkien laguntza publikoen hartzaile izan ahalko dira; elkartearen jabetzako higiezin-multzoa haren titulartasunekoa izango da modu iraunkorrean eta denbora-mugarik gabe, eta ezin izango da jabetza horizontala edo beste edozein jabetza-araubide pribatu izatera igaro.

Laugarrena. Lurzoru Ondare Publikoaren aurre-kontu-araubidea eta ekonomia- eta kontabilitate-kontrolekoa 1. Lurzoru Ondare Publikoaren aurrekontuak etxe-

bizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlari-tzako sailak kudeatuko ditu, eta Euskal Autono-mia Erkidegoko aurrekontu orokorretan sartuko dira bereizita.

2. Lurzoru Ondare Publikoa Euskal Autonomia

Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabili-tateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Le-gean aurreikusten den ekonomia-, finantza- eta kudeaketa-kontrolaren pean egongo da, egin beharreko eragiketa bakoitzari dagokion eko-nomia- eta zerga-kontrolaz bestalde.

3. Xedapen gehigarri honetan eta lege honetako

IV. kapituluan aurreikusi ez den orori dagokio-nez, Lurzoru Ondare Publikoaren araubidea zuzenbide pribatuko erakunde publikoei aplika-tzekoa den hura izango da Euskal Autonomia Erkidegoko ogasun nagusiarekin zerikusia duten gai guztietan.

do enajenare su derecho de uso a otra persona física bajo la fiscalización de los órganos de gobierno de la asociación, que habrán de ga-rantizar la inexistencia de lucro o beneficio es-peculativo en la mencionada enajenación.

4. El derecho de uso del que gozará cada uno de

los asociados tendrá carácter indefinido y será también transmisible "mortis causa" en sus pro-pios términos y contenidos, y, en contrapresta-ción a él, se abonará un canon o renta social establecido por la asociación de acuerdo con los costes de promoción, construcción, amorti-zación, mantenimiento, mejoras y conceptos asimilables correspondientes al inmueble resi-dencial.

5. Las asociaciones en régimen de cesión de uso

que se acojan a lo previsto en la presente dis-posición y normativa que la desarrolle podrán ser destinatarias de las ayudas públicas que se les concedan al efecto, y el conjunto inmobilia-rio propiedad de la entidad se mantendrá per-manente e indefinidamente en la titularidad de la asociación, no pudiendo tampoco transfor-marse en propiedad horizontal o cualesquiera otros regímenes privados de propiedad.

Cuarta. Régimen presupuestario y de control eco-nómico y contabilidad del Patrimonio Público de Suelo 1. Los presupuestos del Patrimonio Público de

Suelo serán gestionados por el departamento competente en materia de vivienda del Go-bierno Vasco y se integrarán en los presupues-tos generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco de forma diferenciada.

2. El Patrimonio Público de Suelo se someterá al

control económico-financiero y de gestión pre-visto en le Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comu-nidad Autónoma de Euskadi, sin perjuicio del control económico-fiscal que corresponda para cada una de las operaciones que hayan de realizarse.

3. En lo no previsto en la presente disposición

adicional y en el capítulo IV de la presente ley, el régimen del Patrimonio Público de Suelo será el aplicable a los entes públicos de derecho privado en todas las materias relacionadas con la hacienda general del País Vasco.

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4. Ekonomiaren eta ogasunaren alorrean esku-mena duen sailburuaren aginduz garatuko da xedapen gehigarri honetan aurreikusitakoa.

5. Kontrol Ekonomikoko Bulegoak ezarriko ditu

Lurzoru Ondare Publikoarentzako kontabilitate-arauak, eta orobat haren eragiketak erregistra-tzeko modua. Horiek ahalbidetu behar dute ondarearen eta ekonomia-baliabideen egoera zein den jakitea eta ondarearen ondasunak eta baliabideak administratzeko eta xedatzeko era-giketa guztiak ezagutzea, betiere ondasun eta baliabide horien azken xedea adierazita.

6. Lurzoru Ondare Publikoa Herri Kontuen Euskal

Epaitegiak fiskalizatuko du.

XEDAPEN IRAGANKORRAK Lehenengoa. Lege hau indarrean sartu aurretik hasitako prozedurak 1. Lege hau aplikatuko zaie berau indarrean sartu

ondoren hasten diren prozedura guztiei. Hala eta guztiz, aurretik hasitako prozeduretan sartu-tako interesdunek ere heldu ahal izango diete, beren borondatez, lege honetako eta lege hau garatzeko xedapenei.

2. Dagoeneko deklaraturik dauden eremu degra-

datuei, birgaitze integratuko eremuei eta figura parekagarriei, baita lege-arau hau indarrean sartu baino lehenago horretarako hasitako es-pedienteei ere, aurreko araudia aplikatuko zaie. Horrek ez du esan nahi, ordea, lege honetako eta lege hau garatzeko xedapenei heldu ezin zaienik borondatez.

Bigarrena. Babes publikoko etxebizitzak arautzen dituzten erregelamenduak Lege hau garatuko duten eta berau onartzeko unean indarrean daudenak ordeztuko dituzten errege-lamenduak onartu eta indarrean sartzen ez diren bitar-tean, aurretiko horiek jarraituko dute indarrean, lege honen aurka edo lege honekin kontraesanean ez da-goen guztian. Hirugarrena (lehen laugarrena). Behin-behineko kalifikazioa duten espedienteak Lege hau indarrean sartzerako behin-behineko

4. Por orden de la consejera o del consejero com-petente en materia de economía y hacienda se desarrollará lo previsto en la presente disposi-ción adicional.

5. La Oficina de Control Económico determinará

las normas contables y el modo de registro de las operaciones del Patrimonio Público de Suelo que permitan conocer el estado patrimonial y de los recursos económicos de este, así como el conocimiento de todas las operaciones de ad-ministración y de disposición de sus bienes y recursos, con indicación del destino final de estos.

6. El Patrimonio Público de Suelo estará sujeto a

fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley 1. La presente ley será de aplicación a todos los

procedimientos que se incoen con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, los intere-sados incluidos en procedimientos iniciados con anterioridad podrán acogerse voluntariamente a las disposiciones contenidas en esta norma legal y disposiciones de desarrollo.

2. Las áreas degradadas y áreas de rehabilitación

integrada y figuras asimilables ya declaradas, así como los expedientes incoados a tal efecto antes de la entrada en vigor de esta norma legal, se regirán por la normativa precedente. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de aco-gimiento voluntario a las disposiciones conteni-das en esta ley y disposiciones de desarrollo.

Segunda. Reglamentos reguladores de la vivienda de protección pública Hasta tanto no se dicten y entren en vigor los reglamentos correspondientes al desarrollo de esta ley y que suplan a los vigentes en el momento de la apro-bación de la presente, estos permanecerán en vigor en todo aquello que no se oponga o contradiga a esta disposición legal. Tercera (antes cuarta). Expedientes con califica-ción provisional Los expedientes de vivienda protegida que cuen-ten ya con la calificación provisional otorgada antes

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kalifikazioa baduten etxebizitza babestuen espedienteei aurreko araudia aplikatuko zaie ondorio guztietarako. Laugarrena (lehen bosgarrena). Etxebizitza duin eta egokia izateko eskubide subjektiboa ezartzeko eta gradualki aplikatzeko behin-behineko arau-bide juridikoa Harik eta argitaratzen diren arte lege honen 9. artikuluan –etxebizitza duin eta egoki bat legez okupa-tzeko eskubide subjektiboa betetzeko moduei eta exiji-tzeko baldintzei buruzkoan– aurreikusita dauden erre-gelamendu-xedapenak, lege-arau hau indarrean sar-tzen denetik aurrera egoera hauei egin beharko zaie aurre gradualki: a) Lege hau indarrean sartzen den egunaren biha-

ramunetik kontatzen hasita lehenengo urte natu-ralean, hiru kide edo gehiagoko bizikidetza-unitateek izango dute eskubidea, baldin eta urtean 15.000 euro baino gutxiagoko diru-sarrerak badituzte eta dagokion erregistro ofi-zialean gutxienez lau urte badaramatzate izena emanda alokairuko etxebizitzaren eskatzaile gisa.

b) Lege hau indarrean sartu ondorengo bigarren

urte naturalean, aurreko idatzi-zatian aurreikusi-takoek ez ezik, bi kideko bizikidetza-unitateek ere izango dute eskubidea, baldin eta urtean 12.000 euro baino gutxiagoko diru-sarrerak badituzte eta dagokion erregistro ofizialean gutxienez lau urte badaramatzate izena emanda alokairuko etxebizitzaren eskatzaile gisa.

c) Lege hau indarrean sartu eta hirugarren urte

naturaletik aurrera, xedapen honetako aurreko bi idatzi-zatietan aurreikusitakoek ez ezik, kide bakarreko bizikidetza-unitateek ere izango dute eskubidea, baldin eta urtean 9.000 euro baino gutxiagoko diru-sarrerak badituzte eta dagokion erregistro ofizialean gutxienez lau urte badara-matzate izena emanda alokairuko etxebizitzaren eskatzaile gisa.

Bosgarrena (lehen seigarrena). Hiri-finken erren-tamenduetan fidantzak jartzeko araubidearen aplikazioa 1. Lege honetan arauturik dagoen fidantzak jar-

tzeko betebeharra ez zaie aplikatuko lege hau indarrean sartu baino lehen sinatutako errenta-mendu-kontratuei; bai, ordea, lege hau inda-rrean sartu ondorengo kontratu horien berri-kuspenei.

de la entrada en vigor de esta ley se regirán a todos los efectos por la normativa precedente. Cuarta (antes quinta). Régimen jurídico provisio-nal para el establecimiento y aplicación gradual del derecho subjetivo a una vivienda digna y ade-cuada Hasta tanto no se publiquen las disposiciones reglamentarias previstas en el artículo 9 de la presente ley, referido a los modos de satisfacción y requisitos de exigencia del derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada, y desde la entrada en vigor de esta norma legal, se atenderán gradual-mente las siguientes situaciones: a) En el primer año natural a contar desde el día

siguiente a la entrada en vigor de la presente ley, tendrán derecho las unidades de conviven-cia de tres o más miembros, perceptoras de ingresos inferiores a 15.000 euros anuales y que se encuentren inscritas en el registro oficial con una antigüedad de cuatro o más años y como demandantes de alquiler.

b) En el segundo año natural desde la entrada en

vigor de esta ley, tendrán derecho, además de las previstas en la letra anterior, las unidades de convivencia de dos miembros, perceptoras de ingresos anuales inferiores a 12.000 euros e inscritas, como demandantes de alquiler, con una antigüedad de cuatro o más años en el registro oficial correspondiente.

c) A partir del tercer año natural desde la entrada

en vigor de esta ley, y además de las previstas en las dos letras anteriores de esta disposición, tendrán derecho las unidades de convivencia compuestas por un miembro, perceptoras de ingresos anuales en cuantía inferior a 9.000 euros e inscritas, como demandantes de alqui-ler, con una antigüedad de cuatro o más años en el registro oficial correspondiente.

Quinta (antes sexta). Aplicación del régimen de depósito de fianzas de arrendamiento de fincas urbanas 1. La obligación de depósito de fianzas regulada

en esta ley no será de aplicación a los contratos de arrendamiento suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, pero sí a sus revisiones posteriores a la mencionada entrada en vigor.

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2 (lehen 3.a). Edonola ere, errentamendu-

kontratuak egitean diru-fidantza bat exijitu eta jarri beharko da, hilabeteko errenta adinakoa etxebizitzen errentamenduan eta bi hilabeteko errenta adinakoa beste erabileretarako errenta-menduan, hiri-errentamenduei buruzko araudia-ren arabera.

Seigarrena (berria). Jenderik gabeko etxebizitza nahitaez alokatzea Lege honen 58. artikuluan xedatutakoari dago-kionez erregelamendu bidez arautzeari ekiten ez zaion bitartean, etxebizitza-eskaria eta -premia frogaturik daudela ulertzen da baldin eta jenderik gabeko etxebi-zitza dagoen udalerriko hirigintza-plangintzako eremu-etan ez badago eraiki daitekeen lurzorurik eraikitzeke, babes publikoko gisa kalifikatuta, eta azken bi urtean gutxienez hamar etxebizitza-eskatzaile badaude izena emanda Babes Ofizialeko Etxebizitzen Eskatzaileen Erregistroan. Zazpigarrena (berria). Etxegabetze administrati-boaren prozedura Lege honetan ezarritako etxegabetze administra-tiboaren prozedura erregelamendu bidez garatuko da. Bien bitartean, administrazio jardulearen ondare-araubideari aplikatzekoa den legerian aurreikusitakoa aplikatuko da.

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK Lehenengoa. Berariaz indarrik gabe uzten da apirila-ren 15eko 7/1988 Legea, babes ofizialeko etxebizitzak eskualdatzean Euskal Autonomia Erkidegoko Adminis-trazioak lehentasunez eskuratzeko duen eskubideari buruzkoa. Bigarrena. Berariaz indarrik gabe uzten dira Euska-diko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 200. artikulua eta zortzigarren eta bederatzigarren xedapen gehigarriak, eraikinen ikuskapen teknikoari, babes publikoko etxebizitzei eta zuzkidura-bizitokiei buruzkoak, hurrenez hurren. Indarrik gabe uzten dira, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko 2011ko Aurre-kontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 5/2010 Legeko hamargarren eta hamaikagarren xedapen gehigarriak, etxebizitzaren arloko Berme eta Konpen-tsazio Funtsari buruzkoak. Hirugarrena. Indarrik gabe uzten dira lege honetan xedatutakoaren kontrakoak diren eta bertan xedatuta-koarekin bat ez datozen maila bereko edo apalagoko

2 (antes 3). En cualquier caso, a la celebración del

contrato de arrendamiento, será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y a dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda, a tenor de la normativa de arrenda-mientos urbanos.

Sexta (nueva). Alquiler forzoso de la vivienda des-habitada En tanto no se proceda a su desarrollo regla-mentario en cuanto a lo dispuesto en el artículo 58 de esta ley, se entiende que existe acreditada demanda y necesidad de vivienda cuando en las áreas de planea-miento urbanístico municipal en que se halle la vivien-da deshabitada no exista suelo vacante pendiente de edificación, calificado de protección pública, y en los últimos dos años al menos diez demandantes de vi-vienda se hallen inscritos en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial. Séptima (nueva). Procedimiento de desahucio administrativo El procedimiento de desahucio administrativo previsto en la presente ley será objeto de desarrollo reglamentario, aplicándose, entretanto, el previsto en la legislación aplicable al régimen patrimonial de la administración actuante.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS Primera. Queda expresamente derogada la Ley 7/1988, de 15 de abril, de derecho preferente de adquisición en las transmisiones de viviendas de pro-tección oficial a favor de la Administración de la Co-munidad Autónoma de Euskadi. Segunda. Quedan expresamente derogados el artícu-lo 200, la disposición adicional octava y la disposición adicional novena de la Ley 2/2006, de Suelo y Urba-nismo del País Vasco, relativos a la inspección técnica de edificios, a las viviendas de protección pública y a los alojamientos dotacionales respectivamente, así como las disposiciones adicionales décima y undéci-ma de la Ley 5/2010, de 23 de diciembre, de Presu-puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2011, referentes al Fondo de Garantía y Compensación en materia de vivienda. Tercera. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se opongan a la presente ley y no sean conformes a ella.

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xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENAK Lehenengoa. Erregelamendu bidez garatzeko baimena Eusko Jaurlaritzari baimena ematen zaio lege hau betetzeko beharrezko diren erregelamendu-xedapen guztiak eman eta argitara ditzan, lege hone-tan berariaz aurreikusten direnez gain. Bigarrena. Zenbatekoak eguneratzea Etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaur-laritzako sailburuaren agindu bidez, aldian-aldian eguneratu egingo dira lege honetan zehazten diren zenbateko ekonomikoak urteko diru-sarrerei, jenderik gabeko etxebizitzaren kanonari, diruzko isunei eta lege honetan tipifikaturiko arau-hausteengatiko zehapenei dagokienez. Hirugarrena (berria). 5. artikuluan aurreikusitako erakunde autonomoa sortzeko epea Lege hau indarrean sartzen denetik urtebeteko epean, sortuta egon beharko du etxebizitza-gaietan esku hartzen duten sozietate eta erakundeak bilduko dituen erakunde autonomoak, 5.1 artikuluan adierazi-tako moduan. Epe hori betetzen ez bada, lege bidez sortu ahal izango da, legebiltzar-taldeen ekimenez. Laugarrena (berria). 7.4 artikuluan aurreikusitako etxebizitza-politikak aplikatzeko epea Lege honetako 7.4 artikuluan aipatzen diren etxebizitza-politiketan, non etxebizitza arloko baliabide publikoen % 80 bideratuko baita alokatzera, portzen-taje hori % 100eraino handituko da lege hau argita-ratu eta hurrengo bost urtean. Bosgarrena (lehen laugarrena). Euskadiko Lurzo-ruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 27. artikuluaren aldaketa Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 27. artikulua ho-nela idatzita geratzen da: "1. Herri-erakundeen hirigintzako ekintzan sortu-

tako gainbalioetan erkidegoak parte har dezan, hiri-lurzoru finkatugabearen eta lurzoru urbani-zagarriaren jabeek doan laga beharko diote

DISPOSICIONES FINALES Primera. Autorización para el desarrollo regla-mentario Se autoriza al Gobierno Vasco para dictar y publicar, además de las disposiciones reglamentarias expresamente previstas en esta ley, cuantas otras resul-ten precisas para su cumplimiento. Segunda. Actualización de importes Las cuantías económicas previstas en esta ley para ingresos anuales, canon de vivienda deshabita-da, multas pecuniarias y sanciones por las infracciones tipificadas en ella serán periódicamente actualizadas por orden de la consejera o consejero competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco. Tercera (nueva). Plazo de creación del organismo autónomo previsto en el artículo 5 En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley deberá estar creado el organismo autónomo que aglutine a todas las sociedades y orga-nismos que intervienen en materia de vivienda, en los términos expresados en el artículo 5.1. En el caso de que este plazo no se cumpla, podrá crearse mediante ley, a iniciativa de los grupos parlamentarios. Cuarta (nueva). Plazo para la aplicación de las políticas de vivienda previstas en el artículo 7.4 En las políticas de vivienda a las que se refiere el artículo 7.4 de esta ley, en las que el 80 % de los re-cursos públicos asignados en materia de vivienda se destinará al alquiler, dicho porcentaje se incrementará hasta llegar al 100 % en los cinco años siguientes a la fecha de publicación de esta ley. Quinta (antes cuarta). Modificación del artículo 27 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País Vasco Se da una nueva redacción al artículo 27 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que queda con el siguiente texto: "1. Para materializar la participación de la comuni-

dad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos, los propieta-rios de suelo urbano no consolidado y de suelo

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udalari egikaritze-eremuko eraikigarritasun haz-tatuaren % 15i dagokion lurzorua, urbanizazio-kostuetatik libre. Jarduketa integratuetan, egika-ritze-eremua egikaritze-unitatea da.

2. Hiri-lurzoru finkatugabe modura sailkatutako

lursailen kasuan, baldin eta eraikigarritasun haztatua handitzeagatik sailkatu bada horrela, jabeek doan laga behar diote udalari, urbaniza-zio-kostuetatik libre, aurreko hirigintza-antolamenduak esleitutako hirigintza-eraikigarritasun haztatuaren gaineko handitzea-ren % 15i dagokion lurzorua, salbu gainditu egin badira antolamendu horretan ezarritako egikaritze-epeak edo, halakorik ezean, lege honetako 189. artikuluan ezarritakoak, kasu horretan eraikigarritasun gauzatua hartuko baita kontuan.

3. Artikulu honetan arautzen den lagatze-modua

partzela eraikigarriaren edo eraikigarrien ka-suan gauzatuko da, eta partzela horiek udal lurzoru-ondareari atxiki beharko zaizkio beti.

4. Aurreko paragrafo horretan xedatutakoa gora-

behera, barrutiaren birpartzelazioaren ondorioz toki-administrazioak, gutxienez, orube baten edo partzela eraikigarri baten jabetza betea eskuratzen ez duenean, artikulu honetan aurrei-kusitako eraikigarritasunaren lagapena dirutan ordaindu ahal izango da, dagokion balioaren arabera, osorik edo zati baten, betiere diru hori lurzoru-ondareari atxiki beharko zaiolarik, edo haren balioari dagozkion etxebizitzen bidez ordaindu ahal izango da".

Seigarrena (lehen bosgarrena). Euskadiko Lurzo-ruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 35. artikuluaren aldaketa Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 35. artikuluaren 2. paragrafoa honela idatzita geratzen da: "2. Eraikigarritasun fisiko edo gordina bi eratara

adierazi ahal izango da: sabai-metro koadroen guztizko kopuru batez, edo lurzoru-metro koa-dro bakoitzeko sabai-metro koadrotan; bi kasu-etan, eraikigarritasun hori zehaztu beharra duen lurrralde-eremuari dagokiola. Lehendik dauden orube, partzela edo eraikuntzez bezainbatean, hirigintza-antolamenduak bi aukera izango ditu eraikigarritasun fisiko edo gordinari dagokio-

urbanizable tienen la obligación de ceder gra-tuitamente al ayuntamiento el suelo correspon-diente al 15 % de la edificabilidad ponderada, libre de cargas de urbanización, del ámbito de ejecución. En actuaciones integradas, el ámbito de ejecución es la unidad de ejecución.

2. En suelo urbano no consolidado por incremen-

to de la edificabilidad ponderada, los propieta-rios tienen la obligación de ceder gratuitamente al ayuntamiento, libre de cargas de urbaniza-ción, el suelo correspondiente al 15 % de dicho incremento sobre la edificabilidad urbanística ponderada atribuida por la ordenación urbanís-tica anterior, salvo que hubiesen vencido los plazos de ejecución establecidos en ella o, en su defecto, en el artículo 189 de esta ley, en cuyo caso se tendrá en cuenta la edificabilidad materializada.

3. La cesión regulada en este artículo se habrá de

materializar en parcela o parcelas edificables, que habrán de quedar en todo caso adscritas al patrimonio municipal de suelo.

4. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,

cuando la reparcelación en el ámbito corres-pondiente no dé lugar a derecho al pleno do-minio por la Administración local de al menos un solar o parcela edificable, parte o toda la cesión de edificabilidad urbanística prevista en este artículo podrá sustituirse por el abono en metálico de su valor, importe que en todo caso quedará adscrito al patrimonio público de sue-lo, o por las viviendas correspondientes a su valor".

Sexta (antes quinta). Modificación del artículo 35 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País Vasco Se da una nueva redacción al apartado 2 del artículo 35 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que que-da con el siguiente texto: "2. La edificabilidad física o bruta podrá expresarse

bien en una cuantía total de metros cuadrados de techo o bien en metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo, referida en ambos casos al ámbito territorial respecto al que resulte necesaria su determinación. Cuan-do se trate de solares, parcelas o edificaciones existentes, la ordenación urbanística podrá ex-presar la edificabilidad física o bruta mediante

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nez: profilak, garaierak edo eraikuntzaren forma edo bolumena arautzeko beste parame-tro batzuk jarrita adieraziko du, edo lehendik dagoen eraikigarritasuna finkatzea aipatuko du. Kasu horietan, obrak egitea beharrezkoa bada inguratzailea hobetzeko edo lehendik dagoen eraikin bateko irisgarritasun-baldintzak edo gutxieneko bizigarritasun-baldintzak betetzeko, indarrean dagoen araudiaren arabera, obra horiek ez dira aintzat hartuko eraikigarritasuna handitzearen ondorioetarako, eta ez da pentsa-tuko ez direla bete dagokion hirigintza-antolamenduan jasota datozen eraikigarritasun-parametroak".

Zazpigarrena (lehen seigarrena). Euskadiko Lur-zoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 80. artikuluaren aldaketa Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 80. artikulua ho-nela idatzita geratzen da: "80. artikulua. Gutxieneko estandarrak eta kopuruak babes publikoko araubide bati atxikitako etxebizitzei dagokienez 1. Udalaren hirigintza-plangintzak erabakiko du

babes publikoko araubideren bati atxikitako etxebizitzak egiteko kalifikatutako lursailen erre-serba. Erreserba horrek, gutxienez, ondorengo paragrafoetan zehazturik datozen estandarrak eta zenbatekoak jasoko ditu.

2. Erabilera nagusia bizitegirakoa duen eta jardu-

keta integratuen bitartez egikaritzea aurreikusten den hiri-lurzoru finkatuko areetan, plan oroko-rren eta, halakorik baldin badago, plan bere-zien hirigintza-antolamenduak lursailen zati bat kalifikatu beharko du etxebizitzak babes publi-koko araubideren bati atxikita eraikitzeko. Gu-txienez, area bakoitzean, lehenago gauzatuta-koaren aldean, bizitegirako ezartzen den hirigin-tza-eraikigarritasunaren gehikuntzaren % 40 gauzatzeko bezainbestekoak izango dira lursail h o r i e k . B i z i t e g i r a k o h i r i g i n t z a -eraikigarritasuneko ehuneko horretatik, % 20, gutxienez, babes sozialeko etxebizitzak eraiki-tzeko izango da, eta % 40ra arteko gainerakoa, etxebizitza tasatuak eraikitzeko.

3. Lehentasunezko erabilera bizitegirakoa duen

lurzoru urbanizagarriko sektore bakoitzean, plan orokorren, sektorizatze-planen eta, halakorik

el señalamiento de perfiles, alturas u otros pa-rámetros reguladores de la forma o volumen de la edificación o remitirse a la consolidación de la edificación existente. En estos supuestos, cuando sea necesario realizar obras para la mejora de la envolvente o para cumplir los requisitos de accesibilidad o las condiciones mínimas de habitabilidad de un edificio preexis-tente, a tenor de la normativa vigente, dichas obras no computarán a efectos de incremento de edificabilidad, ni se considerará que se han incumplido los parámetros de edificabilidad recogidos en la ordenación urbanística corres-pondiente".

Séptima (antes sexta). Modificación del artículo 80 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País Vasco Se da una nueva redacción al artículo 80 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que queda con el siguiente texto: "Artículo 80. Estándares y cuantías mínimas de vivien-das sometidas a algún régimen de protección pública 1. El planeamiento urbanístico municipal determi-

nará la reserva de terrenos calificados con des-tino a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, que, como mínimo, atende-rá a los estándares y cuantías que se señalan en los apartados siguientes.

2. En aquellas áreas de suelo urbano no consoli-

dado cuya ejecución se prevea mediante actua-ciones integradas de uso predominantemente residencial, la ordenación urbanística de los planes generales y, en su caso, de los planes especiales deberá calificar con destino a vivien-das sometidas a algún régimen de protección pública los terrenos precisos para materializar como mínimo el 40 % del incremento de la edificabilidad urbanística de uso residencial, respecto de la previamente materializada, que se establezca en cada área. Este porcentaje se desglosa en un mínimo del 20 % de la edifica-bilidad urbanística de uso residencial para la construcción de viviendas de protección social, y el restante porcentaje hasta alcanzar el 40 % con destino a viviendas tasadas.

3. En cada sector de suelo urbanizable de uso

preferentemente residencial, la ordenación ur-banística de los planes generales, de los planes

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baldin badago, plan partzialen hirigintza-antolamenduak lursailen zati bat kalifikatu be-harko du etxebizitzak babes publikoko araubi-deren bati atxikita eraikitzeko. Gutxienez, sek-tore bakoitzean, lehenago gauzatutakoaren aldean, bizitegirako ezartzen den hirigintza-eraikigarritasunaren gehikuntzaren % 75 gauza-tzeko bezainbestekoak izango dira lursail ho-riek. Bizitegirako hirigintza-eraikigarritasuneko ehuneko horretatik, % 55, gutxienez, babes sozialeko etxebizitzak eraikitzeko izango da, eta % 75era arteko gainerakoa, etxebizitza tasatuak eraikitzeko.

4. Artikulu honen aurreko bi paragrafoetan aipa-

tzen den babes publikoko etxebizitzetarako eza-r r i t a k o b i z i t e g i r a k o h i r i g i n t z a -eraikigarritasunaren banaketa espaziala area, sektore edo egikaritze-unitate bakoitzerako eza-rritako bizitegirako hirigintza-eraikigarritasun babestu osoan gauzatu beharko da, eta, ho-rrela, kohesio soziala bultzatu, ondoriozko erai-kuntza-unitate kolektiboetan erabilera ezberdi-nak eta babes-araubide eta legezko edukitze- eta gozamen-moduak nahastuz.

5. Sektore, area edo egikaritze-unitate bakoitzak

bere kabuz beteko du babes publikoko arau-bide bati atxikitako etxebizitzen gutxieneko hiri-gintza-eraikigarritasuna. Salbuespena izango da plangintza orokorraren berrikuspenean zehazta-penak ezartzen direnean lege honetan finkatu-tako estandarrak beste modu batera betetzeko, dela hiri-lurzoru finkatugabeak eta urbanizaga-rriak batera osatutako multzoan, dela lurzoru-mota bi horien artean edo egikaritze-sektore, -area edo -unitate desberdinen artean egitea. Azkenengo kasu horretan, beharrezkoa izango da Erkidegoko Administrazioan etxebizitza-eskumena duen sailak baimena ematea plan-gintzan hautatutako aukerarako, erreserbak modu orekatuan kalifikatzea bermatzeko eta, hala, bereizketa sozioespazialaren arriskua sai-hesteko.

6. Lege honen aginduz babes publikoko araubide

bati atxikitako etxebizitzetarako lurzorua erreser-batu beharra duten udalei dagokienez, errege-lamenduz ezarriko da egin daitezkeen etxebizitzen kopuruagatik egikaritze-unitate batzuk erre-serba-betebehar horretatik salbu uztea.

7. Gainera, babes publikoko etxebizitzen gutxie-

neko estandarrak modu globalean bete ahal

de sectorización y, en su caso, de los planes parciales deberá calificar con destino a vivien-das sometidas a algún régimen de protección pública los terrenos precisos para materializar como mínimo el 75 % del incremento de la edificabilidad urbanística de uso residencial, respecto de la previamente materializada, que se establezca en cada sector. Este porcentaje se desglosa en un mínimo del 55 % de la edifica-bilidad urbanística de uso residencial para la construcción de viviendas de protección social, y el restante porcentaje hasta el 75 %, con des-tino a viviendas tasadas.

4. La distribución espacial de la edificabilidad

urbanística residencial destinada a las viviendas de protección pública a que se refieren los dos párrafos anteriores de este artículo debe mate-rializarse en el conjunto de la edificabilidad urbanística residencial protegida que resulte en cada área, sector o unidad de ejecución, de forma que se contribuya a la cohesión social con la mezcla de usos diferentes, así como de regímenes protectores y modos legales de te-nencia y disfrute distintos en las unidades edifi-catorias colectivas resultantes.

5. El cumplimiento de la edificabilidad urbanística

mínima de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública se realizará individual-mente por cada sector, área o unidad de ejecu-ción, salvo que el planeamiento general esta-blezca en su revisión las determinaciones para cumplir de forma diferente los estándares fija-dos en esta ley, bien en el conjunto del suelo urbano no consolidado y urbanizable o bien entre ambas clases de suelo, o entre distintos sectores, áreas o unidades de ejecución. En este último supuesto será necesario que el de-partamento de la Administración autónoma competente en materia de vivienda autorice la opción elegida en el planeamiento para garan-tizar una calificación equilibrada de las reservas que evite los riesgos de la segregación socio espacial.

6. Reglamentariamente se determinará, en munici-

pios obligados por esta ley a reservar suelo para viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, la exención de dicha obli-gación de reserva para determinadas unidades de ejecución por razón del número de viviendas posibilitadas.

7. Además, y a instancia del ayuntamiento afecta-

do, el departamento de la Administración autó-

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izango dira, etxebizitza-transferentziak eginez. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan etxebizitza-eskumena duen sailak eman beharko du horretarako onespena, aldaketa-espedienteen bitartez, kasuan kasuko udalak eskatuta eta aurretiaz Euskal Autonomia Erkide-goko Lurralde Antolamendurako Batzordeak aldeko txostena eginda. Nolanahi ere, transfe-rentzia hori baimentzeko, lehenago edo aldi berean babes publikoko etxebizitza kopuru bera egikaritzea bermatu beharko da eskaera egiten den unean".

Zortzigarrena (lehen zazpigarrena). Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Le-geko zortzigarren xedapen gehigarriaren alda-keta Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko zortzigarren xeda-pen gehigarria honela idatzita geratzen da: "Zortzigarrena. Babes publikoko etxebizitzak: babes sozialeko etxebizitzak eta etxebizitza tasatuak 1. Lege honen ondorioetarako, honako hauek

hartuko dira babes publikoko etxebizitzatzat (BPE): babes sozialeko etxebizitzak (BSE) eta etxebizitza tasatuak (ET), eta horien araubide juridikoa Etxebizitzaren Legean eta lege hori garatzeko ematen diren arauetan ezartzen dena izango da.

2. Foru-aldundiek, toki-erakundeek orokorrean eta

horien artean bereziki udalek mota guztietako babes publikoko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak sustatu ahal izango dituzte. Sustapen horren ondoriozko etxebizitza eta bizitokiak Etxebizitzaren Legean aurreikusitakoaren ara-bera eta lege hori garatzeko ematen diren erre-gelamendu-xedapenetan ezarritakoaren ara-bera esleituko dira. Paragrafo honetan aipatu-tako instituzioek egiten dituzten deialdien oina-rrietan zehaztu beharko dira, besteak beste, hartzaile-multzoak eta esleitzeko prozedura, zeinetan nahitaez errespetatu beharko baitira publikotasunaren, lehia askearen eta diskrimi-naziorik ezaren printzipioak. Aipatutako admi-nistrazioek, justifikatuta, erabaki ahal izango dute sustapen bakoitzetik etxebizitza kopuru bat bereiztea, gizarte-beharrizanei erantzuteko edo, hirigintza- eta desjabetze-jarduketak direla-eta edo birgaitzeko edo hiri-berroneratzeko jardu-ketak direla-eta, ordezko etxebizitzak emateko.

noma del País Vasco competente en materia de vivienda, previo informe favorable de la Comi-sión de Ordenación del Territorio del País Vas-co, podrá aprobar en expedientes de modifica-ción el cumplimiento global de los estándares mínimos de viviendas de protección pública mediante transferencias de viviendas. En todo caso, será requisito imprescindible para autori-zar dicha transferencia que se garantice, en el momento de la realización de dicha solicitud, la ejecución previa o simultánea del mismo núme-ro de viviendas de protección pública".

Octava (antes séptima). Modificación de la dispo-sición adicional octava de la Ley 2/2006, de Sue-lo y Urbanismo del País Vasco Se da una nueva redacción a la disposición adicional octava de la Ley 2/2006, de Suelo y Urba-nismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que queda con el siguiente texto: "Octava. Viviendas de protección pública: viviendas de protección social y viviendas tasadas 1. A los efectos de esta ley, tendrán la considera-

ción de viviendas de protección pública (VPP) las viviendas de protección social (VPS) y las viviendas tasadas (VT), cuyo régimen jurídico será el previsto en la Ley de Vivienda y en las normas que se dicten en su desarrollo.

2. Las diputaciones forales, las entidades locales

en general y los ayuntamientos en particular podrán promover toda clase de viviendas de protección pública, así como de alojamientos dotacionales. Las viviendas y alojamientos re-sultantes se adjudicarán con arreglo a lo previs-to en la Ley de Vivienda y disposiciones regla-mentarias que se dicten en su desarrollo. Las bases de las convocatorias que realicen al efec-to las instituciones señaladas en el presente apartado establecerán, entre otras determina-ciones, la de los destinatarios y el procedimien-to para su adjudicación, en el que deberán respetarse necesariamente los principios de publicidad, libre concurrencia y no discrimina-ción. Justificadamente, por parte de las citadas administraciones podrá acordarse la exclusión de un cupo de viviendas de cada promoción para la atención de necesidades sociales o para realojos debidos a actuaciones urbanísti-cas, expropiatorias o de rehabilitación o rege-neración urbana.

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3. Araubide tasatuko babes publikoko etxebizitzak saltzeari dagokionez, baldin eta 80. artikuluan finkatutako gutxieneko estandarrak betetzeko kontatzen badute, gehienezko prezioak ezin izango du gainditu babes sozialeko etxebizitzen gehienezko prezioa bider 1,70 indizea. Legez edo erregelamenduz aldatu arte, etxebizitza horien onuradunen gehienezko diru-sarrerek ezin izango dute gainditu babes sozialeko etxe-bizitzak eskuratzeko indarrean dauden gehie-nezko diru-sarrerak bider 1,30 indizea. Nola-nahi ere, udalak bestelako parametro batzuk ezarri ahal izango ditu araubide orokorreko udal-etxebizitza tasatuetarako.

4. Ondorio estatistikoetarako, udalek jakinaraz-

pena bidaliko diote Eusko Jaurlaritzan etxebizi-tza-eskumena duen sailari beren udalerrietan babes publikoko araubidearen menpe ematen diren lizentziei buruz".

Bederatzigarrena (lehen zortzigarrena). Indarrean sartzea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argita-ratu eta hiru hilabetera sartuko da indarrean lege hau. Eusko Legebiltzarra, 2015eko maiatzaren 4a

3. El precio máximo de venta de las viviendas de protección pública de régimen tasado que com-puten en el cumplimiento de los estándares establecidos como mínimos en el artículo 80 no podrá superar 1,70 veces el precio máximo de las viviendas de protección social. Hasta que no se modifique por disposición reglamentaria, los ingresos máximos de los beneficiarios de estas viviendas no podrán ser superiores al índice de 1,3 respecto a los ingresos máximos vigentes para acceder a las viviendas de protección so-cial. Todo ello se establece sin perjuicio de la libertad para el establecimiento por parte del ayuntamiento de otros parámetros distintos para las viviendas tasadas municipales de régi-men general.

4. A efectos estadísticos, los ayuntamientos notifi-

carán al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de vivienda las licencias que se otorguen bajo el régimen de protección pública en sus propios municipios".

Novena (antes octava). Entrada en vigor La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Parlamento Vasco, a 4 de mayo de 2015

Gorka Maneiro Labayen Nerea Llanos Gómez (Mistoa-UPyD) (PV-ETP) Bixen Itxaso González Marian Beitilarrangoitia Lizarralde (SV-ES) (EH Bildu) Norberto Aldaiturriaga Zorrozua (EA-NV)

Documentación de la reunión del Grupo de Trabajo sobre...

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