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La senadora por Crdoba Norma Morandini escribi das atrs en estas

pginas que la causa de los derechos humanos no se puede defender

con mentiras. No se puede defender tampoco con nuevas violaciones de

derechos humanos como est ocurriendo en el pas.

Un da despus de que la ciudadana votara un nuevo gobierno, las ansias

de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre.

Los trgicos hechos de la dcada del setenta han sido tamizados por la

izquierda ideolgicamente comprometida con los grupos terroristas que

asesinaron aqu con armas, bombas e integracin celular de la que en nadase diferencian quienes provocaron el viernes 13, en Pars, la conmocin

que sacudi al mundo. Aquella izquierda verbosa, de verdadera

configuracin fascista antes y ahora, se apoder desde comienzos del

gobierno de los Kirchner del aparato propagandstico oficial.

Se ocult as lo que ya no puede taparse por ms tiempo a la compresin

No ms venganza

La eleccin de un nuevo gobierno es momento

propicio para terminar con las mentiras sobre los

aos 70 y las actuales violaciones de los derechos

humanos

LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2015

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de una sociedad cuya composicin por edad ha ido cambiando en los

ltimos cuarenta aos. A la sociedad argentina de los aos setenta no eranecesario explicarle que el aberrante terrorismo de Estado sucedi al

pnico social provocado por las matanzas indiscriminadas perpetradas por

grupos entrenados para una guerra sucia, a los que el kirchnerismo ha

distinguido con la absurda calificacin de "juventud maravillosa".

La sociedad dej aislados a esos "jvenes idealistas", mientras el

terrorismo de Estado los aplastaba con su poder de fuego, sin ms

salvedades que las de algunas voces aisladas, sin ms ley que la de laeficacia de operaciones militares que tenan por objetivo aniquilar al

enemigo y sin una moral diferente, en el fondo, que la de los rebeldes a

quienes combatan.

Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar. Debatir que quienes

sembraron la anarqua en el pas y destruyeron vidas y bienes no pueden

gozar por ms tiempo de un reconocimiento histrico cuya gestacin se

fund en la necesidad prctica de los Kirchner de contar en 2003 conalguna bandera de contenido emocional. Lo hicieron as al asumir el poder

con apenas el 22 por ciento de los votos. Antes haban mirado en esos

asuntos para otro lado.

Hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una es el vergonzoso

padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la

comisin de delitos cometidos durante los aos de la represin subversiva

y que se hallan en crceles a pesar de su ancianidad. Son a estas alturas

ms de trescientos los detenidos por algunas de aquellas razones que han

muerto en prisin, y esto constituye una verdadera vergenza nacional.

Das atrs, tal situacin se ha agravado por una escandalosa decisin del

Tribunal Oral de La Plata, que revoc la prisin domiciliaria de varios

militares de avanzada edad, como los coroneles Carlos Saini y Oscar

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Bardelli, el capitn de navo Carlos Robbio y el almirante Antonio Vaek.

Pareci una burla su coincidencia con el privilegio domiciliario concedidopor esos das, por un tribunal del Chaco, a un mafioso de 65 aos,

condenado a 19 aos de prisin por haber traficado ms de mil kilos de

cocana a Espaa.

En segundo lugar, de modo paralelo, han continuado actos de persecucin

contra magistrados judiciales en actividad o retiro. Uno ha sido el caso del

uez federal de Mar del Plata Pedro Hooft, absuelto el ao ltimo tras siete

aos de acusaciones sobre supuestos delitos de lesa humanidad. Elperverso armado de la causa sali a la luz por grabaciones aportadas como

prueba, pero Hooft est afrontando nuevos ataques. Tambin debimos

ocuparnos recientemente del proceso irregular montado contra el juez

Nstor Montezanti, de Baha Blanca, en otro claro intento oficialista de

desarticular la investigacin de causas que involucran a la familia

presidencial.

Sin ms elementos que referencias mendaces aportadas por tres militarescondenados como autores de las matanzas producidas en la denominada

masacre de "Palomitas", se persigui por ms de diez aos al ex juez

federal de Salta Ricardo Lona. ste se encuentra en prisin preventiva por

supuestas fallas en la investigacin de la muerte del ex gobernador de

Salta Miguel Ragone, ocurrida en marzo de 1976. Se desconoce, en

cambio, que el juez Lona haba sido quien reuni las pruebas que llevaron

a condenar a los partcipes del hecho, segn lo reconoci la propia Corte

Suprema de Justicia de la Nacin.

Por otra parte, la acusacin en su contra carece de validez pues la accin

no se encuentra instada por los fiscales de la causa, sino por otros

designados ad hoc por la cuestionada Procuracin General de la Nacin,

careciendo por ello de atribuciones para impulsar la accin. Con casi 80

aos y una grave enfermedad, Lona corre peligro de que los fiscales lo

enven a prisin solicitando la revisin del informe mdico que desaconseja

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LA NACION Opinin Editorial

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rotundamente su traslado a una crcel.

La cultura de la venganza ha sido predicada en medios de difusin del

Estado y en las escuelas habituadas a seguir las pautas histricas nada

confiables del kirchnerismo. O sea, la mentira de la que ha hablado la

senadora Morandini.

El palabrero de sujetos que han sido responsables de haber incendiado al

pas en los aos setenta convencidos de que las armas de fuego y los

explosivos, con sus secuelas de muerte y dolor, eran la va de acceso a una

sociedad mejor, no puede intimidar a los polticos responsables, ni a los

ueces compenetrados de su misin, de actuar en consonancia con la

verdad histrica y los principios bsicos del derecho penal.

Siempre ser indispensable construir a partir de la verdad completa,

apaciguar y no agotar la bsqueda de todos los medios necesarios para

que se cumpla la imploracin del papa Francisco de que todas las

herramientas de la ley se activen "para evitar cualquier tipo de venganza y

curar las heridas", aunque "sin dejar de mirar las cicatrices", como bien

aport.

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