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EJL jp Corte Constitucional del Ecuador Acción Extraordinaria de Protección Señores Jueces de la Corte Constitucional, I. NOMBRE DE LOS LEGITIMADOS ACTIVOS Apelante: Edward Francis LIGHTHART, ciudadano, con cédula de identidad 015075151-9, en unión de hecho, asesor en relaciones pública en jubilación, de 64 años de edad, domiciliado en la ciudad de Cuenca, ante Ustedes comparezco y presento la siguiente ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN por lo que se refiere a la sentencia del caso 01371-2020-00119 y fundamentada en Artículos 94, 66 literal 23) y 437 literal 1) y 2) de la Constitución de la República del Ecuador y legitimado para interponer la presente acción en virtud del Artículo 58 y del Artículo 9 literal a) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). Afectado: Roy Kent MARTIN, ciudadano, con cédula de identidad 015075328-3, en unión de hecho, arquitecto en jubilación, de 75 años de edad, domiciliado en la ciudad de Cuenca, una persona adulta mayor de doble vulnerabilidad quien padece de múltiples enfermedades y condiciones catastróficas y crónicas. II. INTRODUCCIÓN La autoridades constitucionales desempeñan un rol protagónico en la protección de los derechos, principios y garantías constitucionales, pues al prevenir o cesar su vulneración, hacer efectiva la reparación integral y las garantías de no repetición, materializan la vivencia de los derecho humanos. En el presente caso, la ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN es la vía más idónea, eficaz y apropiada para la tutela de los derechos del ciudadano, ROY KENT MARTN, a quien por su condición de persona adulta mayor quien padece de múltiples condiciones y enfermedades catastróficas y crónicas, el Estado está obligado a darle un atención preferente, especializada - con una enfoca particular a los grupos de vulnerabilidad, tal como la personas adultas mayores - generar ajustes razonable, y acciones positivas o afirmativas. Este criterioes respaldado por garantías constitucionales, para el efecto cabe señalar lo siguiente: Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la culturafísica, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otrosque sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de genero y generacional. Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo. Calle Paseo Río Tomebamba 010204-Cuenca Teléfono: 07-415 1464 Correo electrónico: [email protected]

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Señores Jueces de la Corte Constitucional,
I. NOMBRE DE LOS LEGITIMADOS ACTIVOS
Apelante: Edward Francis LIGHTHART, ciudadano, con cédula de identidad n° 015075151-9, en unión de hecho, asesor en relaciones pública en jubilación, de 64 años de edad, domiciliado en la ciudad de Cuenca, ante Ustedes comparezco y presento la siguiente ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN por lo que se refiere a la sentencia del caso 01371-2020-00119 yfundamentada en Artículos 94, 66 literal 23) y 437 literal 1) y 2) de la Constitución de la República del Ecuador y legitimado para interponer la presente acción en virtud del Artículo 58 y del Artículo 9 literal a) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionalesy Control Constitucional (LOGJCC).
Afectado: Roy Kent MARTIN, ciudadano, con cédula de identidad n° 015075328-3, en unión de hecho, arquitecto en jubilación, de 75 años de edad, domiciliado en la ciudad de Cuenca, una persona adulta mayor de doble vulnerabilidad quien padece de múltiples enfermedades y condiciones catastróficas y crónicas.
II. INTRODUCCIÓN
La autoridades constitucionales desempeñan un rol protagónico en la protección de los derechos, principios y garantías constitucionales, pues al prevenir o cesar su vulneración, hacer efectiva la reparación integral ylas garantías de norepetición, materializan la vivencia de los derecho humanos.
En el presente caso, la ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN es la vía más idónea, eficaz y apropiada para la tutela de los derechos del ciudadano, ROY KENT MARTN, a quien por su condición de persona adulta mayor quien padece de múltiples condiciones y enfermedades catastróficas ycrónicas, el Estado está obligado a darle un atención preferente, especializada - con una enfoca particular a los grupos de vulnerabilidad, tal como la personas adultas mayores - generar ajustes razonable, y acciones positivas o afirmativas.
Este criterioes respaldado por garantías constitucionales, para el efecto cabe señalar lo siguiente:
Art. 32.- La saludes underecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derechoal agua, la alimentación, la educación, la culturafísica, el trabajo, la seguridad social, losambientes sanosy otrosque sustentan el buenvivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de genero y generacional.
Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad yquienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de altacomplejidad, recibirán atención prioritaria yespecializada enlos ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo.
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las victimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.
Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayoreslos siguientes derechos:
1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas.
Art. 38.- El Estado establecerá políticaspúblicas y programas de atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de laspersonas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participaciónen la definición y ejecución de estas políticas.
Enparticular, el Estado tomará medidas de:
4. Protección yatención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones.
Art. 66.-Se reconoce y garantizará a las personas:
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.
III. SENTENCIA OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN
Las sentencias que serán objeto de la presente acción son aquellas que se emitieron por el Señor Juez Carlos Eduardo CÁRDENAS RIVERA de la Unidad Judicial de Trabajo Cuenca el 16 de marzo del 2020 (PRIMERA INSTANCIA) y el 22 de junio del 2020 (SEGUNDA INSTANCIA) dentro del caso 01371-2020- 00119, que se ejecutó debidamente. Las partes procesales dentro del miso son: Edward Francis LIGHTHART en calidad de accionante y Roy Kent MARTIN en calidad de afectado; y, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) — Hospital José Carrasco Arteaga (HJCA), Presidencia de la República, Procuraduría General del Estado en calidad de accionados.
IV. DEMONSTRACIÓN DE HABER AGOTADOTODOS LOS RECURSOS
Debido a losacontecimientos relacionados al caso, que se detallarán infra., no cabe recurso alguno de las sentencias dictadas relacionadasa la ACCIÓN DE PROTECCIÓN presentada el 10 de marzo del 2020dentro caso 01371-2020-00119.
V. IDENTIFICACIÓN PRECISA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL VIOLADO EN LA DECISIÓN JUDICIAL
Los derechos constitucionales violados por las sentencias dentro caso 01371-2020-00119 es el derecho a la tutela efectiva de derechos, consagrados en el Artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que se refiere al derecho a recibir sentencias debidamente motivadas, conforme al Artículo 76, numeral 7, literal I) de la Constitución de la República del Ecuador, el derecho a ser escuchado, contenido en el Artículo76, numeral 7, literal c) de la mismo Norma, así como los derechos de recibir las personas adultas mayores atención prioritaria y especializada y a la "atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas" consagrados en los Artículos 36 y 37 numera 1) respectivamente de la Constitución de la República del Ecuador
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VI. ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS RECURRIDAS
En los considerandos del caso bajo examen, hizo el juez determinaciones respecto a la ACCIÓN DE PROTECCIÓN presentada el 10 de marzo del 2020 y motivada por las múltiples negativas en la prestación de medicamentos y servicios sanitarios para el Afectado.
1. Determinación de fecha 16 de marzo del 2020 (PRIMERA INSTANCIA)
Dentro la determinación del 16 de marzo del 2020, se estableció:
[...] Previa prescripción médica, las entidades accionadas precautelarán queal afiliado se le dote de los medicamentos que sean necesarios de acuerdo a las condiciones y especificaciones establecidas por su médico tratante cadavezqueellosea indispensable para su salud.1
2. Determinación de fecha 22 de junio del 2020 (SEGUNDA INSTANCIA)
Dentro la determinación del 22 de junio del 2020, se estableció:
3.4. Indica el recurrente quecon la sentencia recurrida se está obligando a adquirir la medición "tresiba", pero la decisión como medida de reparación dice: 1.- Como medida de satisfacción se ordena que el IESS y el Hospital José Carrasco Arteaga, siempre que exista prescripción de su médico tratante sobre el suministro de la insulina conocida como "Tresiba", O CUALQUIER OTRA que tenga mayor grado de efectividad ysea lanecesaria para proteger lasalud delseñor Roy Kent Martin, garantice ladisponibilidad y acceso de los medicamentos, y ejecute los mecanismos necesarios para su adquisición. Por lo que la sentencia recurrida lo que hace es garantizar que la medicación que reciba el señor Martin, sea la adecuada y necesaria para el tratamiento de la diabetes tipo 2 de larga data y en una persona de la tercera edad; sea esta tresiba que se ha referido tiene como principio activo DEGULEC, o cualquier otra que cumpla los fines esperados en torno a la vida digna del paciente. Si la jefa de Endocrinología ha referido que ya existe en el cuadro de medicinas, esa medicina también debe ser suministrada al ciudadano Roy Kent Martin.2
Se entregó la insulina glargina por el IESS/HJCA bajo la marca LANTUS™ (a partir del 05 de junio del 2020) y BASAGLAR'" (a partir del 28 de agosto del 2020). Empero a lo expuesto, no lograron estas insulinas glarginas losefectos previstosy necesarios para el Sr. MARTIN: después de empezar el uso de LANTUS™ y BASAGLAR"", subieron las glicemias del Sr. MARTIN a niveles peligrosamente altos.
Debido a los resultados del uso de LANTUS'" y BASAGLAR'", se presentaron dos escritos/informes con respecto a losacontecimientos relacionados a los niveles glicémicos del Sr. MARTIN.3
Cabe recalcar que desde los cambios en la insulina que se realizaron desde junio, no tuvo el Sr. MARTIN consulta ninguna para controlar los efectos del cambio de la insulina por parte del IESS/HJCA. Es menester que se enfatice para diabéticos, cuándo se realiza un cambio de insulina — o cualquiera otro medicamento para pacientes quienes padecen de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, tal como el Sr. MARTIN — es imprescindible que sea monitoreado de cerca la evolución del paciente por especialistas.
Sírvaseconsultar página 2 de la copia de la dicha notificaciónadjunta.
" Sírvase consultar pagina 11 de la copia de la dicha notiticacion adjunta.
3Sírvase consultar copias de losescritos/informes adjuntas.
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3. Audiencia del 16 de marzo del 2020
En consideración de la edad ydel estado de la salud del Sr. MARTIN y en consideración de la emergencia sanitaria nacional, concedió el juez alSr. MARTIN unaexoneración a comparecer en laaudiencia. Empero a lo expuesto, cabe señalar que una exoneración a comparecer no significa que el Sr. MARTIN haya renunciado a derecho constitucional a ser escuchado: Una comparecencia ante el juez podría haberse realizado en la residencia de St. MARTIN.
De igual manera, vale señalar que el patrocinio letrado brindado por la Defensoría Publico no se encontró nunca con el Sr. MARTIN.
Derecho, como su disciplina hermana medicina, es un arte a la vez una ciencia. Por lo tanto, es indispensable que tengan los profesionales de ambas disciplinas undiálogo directocon el cliente/paciente para que se para que se aprendan, se comprendan y se determinen los hechos de un caso.
Vil. DERECHOS CONSTITUCIONALES AFECTADOS
Se consagró dentro la Constitución de la República del Ecuador los deberes primordiales del Estado, que incluyen:
Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridadsocial y el agua para sus habitantes. (Artículo3 literal 1)).
De igual manera, se garantizan los derechos para las personas adultas mayor a recibir:
Las personas adultas mayoresrecibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitospúblico y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. (Artículo 36); y.
ElEstado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos:
La atención gratuita y especializada de salud, asi como el acceso gratuito a medicinas. (Artículo 37 literal 1)).
Por lo que se refiere al derecho al debido proceso, cabe señalar:
fn todo proceso en el que se determinen derechos y obligacionesde cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:
El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. (Artículo 76 numeral 7 literal c)).
En cuanto a los derechos constitucionales otorgados a las personas adultas mayores, es menester recalcar:
Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personasprivadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedadescatastróficaso de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y
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privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. (Artículo 35).
La cohesión y la integridad del sistema jurídico dependen del respeto absoluto al mismo como unidad sistemática orientad a la consecución de los fines del Estado. La inobservancia injustificada de cualquiera de los principios y preceptos normativos aplicables a un caso concreto lesiona la cohesión y la integridad necesarias en un Estado de Derecho y atenta contra la seguridad jurídica, otro de los derechos consagrados dentro de la Constitución de la República como tal y como objetivo estatal:
Elderecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. (Artículo 82).
En relación con la cohesión y la integridad del sistema jurídico, cabe recalcar:
Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. Encaso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional. (Artículo 427);
La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquierotra normajurídicao acto del poder público. (Artículo 424);
El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.
Encaso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las jaezas yjueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.
La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. (Artículo 425); y.
Todaslas personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. (Artículo 426).
VIII. PRETENSIÓN
Por todo lo expuesto, se solicita que se sirva declarar la procedencia de la presente acción extraordinaria
de protección, y en consecuencia, declaren la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, de garantías constitucionales en cuanto a derechos otorgados a personas adultas mayores en los que se refiereal caso 01371-2020-00119, una ACCIÓN DE PROTECCIÓN, por la expedición de las determinaciones del 16 de marzo del 2020 (PRIMERA INSTANCIA) y del 22 de junio del 2020 (SEGUNDA INSTANCIA), y por lo tanto dispongan el resarcimiento de los mismos y la reparación integral al AFECTADO, Sr. Roy Kent
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MARTIN, de manera específica se demanda que se sirve ordenar el cumplimiento por las partes correspondientes del IESS/HJCA el suministro de la insulina quetiene el mayor grado de efectividad yes la necesaria para proteger la salud del Sr. Roy Kent MARTIN, TRESIBA'", en la medida en que no tienen LANTUS'" y BASAGLAR'" (ocualquiera índole de insulina de esta familia de insulinas glarginas) los efectos necesarios, y el seguimiento sanitario adecuado y necesario para las condiciones y enfermedades catastróficas y crónicas que padece el Sr. MARTIN.
Suscrito en Cuenca/el octav
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