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Modelo económico y pesca
Ricardo G. Perrotta1
Un poco de historia. Políticas de Estado y recursos naturales.
En 1880 asume la presidencia Julio A. Roca, lleva adelante el denominado Proceso de
Organización Nacional (PON), bajo la hegemonía de los terratenientes de la Pampa Húmeda. Su
principal tarea fue la formación del Estado-Nación. Este proceso se basó en un sistema de capitalismo
librecambista y agrario (Estado desregulador), favorecido por una creciente demanda internacional de
materias primas, convirtiéndose la Argentina, dentro de la división mundial trabajo, en el “granero del
mundo”, de esta manera se estableció una economía complementaria con Inglaterra, “el taller del
mundo”. Esto fue posible debido a la abundancia de medios de vida y la prodigalidad de las pampas y
contribuyó para formar una clase dominante sin iniciativa autónoma, ni proyecto nacional, ni espíritu
de riesgo, ni una lógica de innovación tecnológica y reinversión productiva. La crisis de 1929/30
origina un cambio en el tipo de Estado que pasa a ser regulador (1930), comienza a estimular un
proceso de industrialización, denominado, “Industrialización por Sustitución de Importaciones” (ISI),
que consistió en reemplazar principalmente la importación de artículos de consumo doméstico, se
llevó adelante mediante medidas proteccionistas, como el control de cambios y la creación del Banco
Central (Plan Pinedo, año 1934). Estas medidas, favorecieron el crecimiento industrial de la segunda
mitad de los ’30 y principios de los ’40, que servirán de base al denominado estado de bienestar
(“Keynesianismo”) (Estado Interventor). Durante la década del ’50 y principios de los ’60 se fomentó
la intervención del Estado en la economía (Estado Productor), la sustitución de importaciones, la
industrialización, la creación de exportaciones nuevas (no solamente de materias primas) y la
capacidad para planificar el desarrollo nacional. De esta manera el desarrollismo se impuso al
liberalismo ortodoxo y estas ideas ocuparon un rol decisivo en torno a las luchas políticas y sociales en
América Latina. Así, la orientación unilateral de la economía nacional establecida en 1880, basada en
la explotación de productos agropecuarios se modificó, favoreciendo a sectores industriales, incluso de
pequeñas y medianas industrias, aunque todo este proceso estuvo dirigido por los terratenientes
ganaderos que fundaron el país en 1880, lo que limitó ese desarrollo. Esto se debió a que no hubo
reforma agraria ni otras medidas que pudieran debilitar su poder, por lo tanto, continuaron
manteniendo su rol hegemónico. La renta agraria se invertía en la industria y a su vez la ganancia de la
industria en la tierra, generando una continua interrelación. Pero este proceso, aunque limitado, fue
1 Licenciado en Ecología y Doctor en Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata; Licenciado en
Historia, Universidad Nacional de Mar del Plata. Investigador del Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP) y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UNMdP).
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creando una fuerte base de trabajadores industriales que cada vez más no sólo reclamaban mejoras
económica, si no una mayor participación en la vida política, cuyo auge tuvo lugar durante la década
del 60 y principios de los 70. Ante una posible pérdida del poder, la clase dominante decide instaurada
la dictadura militar a partir del 24 de marzo de 1976, denominándola Proceso de Reorganización
Nacional, una versión actualizada del PON, es decir la vuelta a un país exclusivamente productor de
materias primas. Por lo tanto, la política de gobierno se basó en el desmantelamiento de la industria y
por consiguiente en la desarticulación de los trabajadores industriales, motor de las demandas. Para
que esto sea posible, fue necesaria una cruel represión y sustentar la política económica en cuatro
premisas: a- lograr una tasa de ganancia superior al mercado mundial de capitales; b- crear una
estructura social con costos laborales ínfimos y poca intervención estatal; c- estimulo a la inversión y
expansión de capitales extranjeros; d- privilegiar áreas con elevada rentabilidad y vinculadas a la
obtención de materias primas, como agro, petróleo y pesca.
Modelo exportador-depredador. La “republiqueta sojera”.
El camino abierto en 1976 permite que actualmente exista una feroz apropiación por parte
de grandes empresas de nuestras riquezas naturales, más del 80% del PBI corresponde a
exportación de materias primas. La explotación pesquera no ha sido ajena a estas políticas cuyas
consecuencias hoy padecemos. Millones de pobres pueblan nuestro país. En el año 1997, el
gobierno nacional entregó a los capitales extranjeros empresas como Aerolíneas Argentinas e
YPF, y sancionó una ley de Pesca (Ley Federal de Pesca 24.922) que avala en esta actividad lo
que se hizo en otros sectores de la economía, como los mencionados. Esta ley no sufrió
cuestionamiento de parte de los sucesivos gobiernos. Si analizamos su texto, la palabra “recurso”
es el elemento central de esta ley, ahora bien para que no queden dudas para quién y para que son
importantes los recursos pesqueros, esta normativa federal no hace una sola mención a palabras
como comunidad, pescador, social o alimento y repite 21 veces la palabra “empresa” contra 2 de
“trabajo”. Tampoco se hizo nada para recuperar a la empresa estatal petrolera, cuya venta fue
apoyada desde la región patagónica. Las consecuencias son el alto precio del combustible, que hoy
penamos y su inminente escasez, ante la falta de una política de exploración, condicionando así
cualquier intento de desarrollo industrial en lo inmediato. No obstante, tampoco dicho intento
parece estar en los planes del gobierno actual. Otro ejemplo clarificador del modelo económico
implementado es lo que pasa con el gas. En los últimos diez años su producción aumentó más del
100%, de unos 21 millones de metros cúbicos a unos 50 millones de metros cúbicos. El 85 % de la
producción esta en manos de las empresas Repsol, Total, Petrobras y Panamerican. Repsol tiene
participación en la Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Petrobras en Transportadora de Gas
del Sur (TGS). Repsol es una de las mayores exportadoras de gas a las usinas térmicas chilenas.
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Una investigación de FLACSO (Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales), revela que el
sector gasífero fue eximido del régimen de retenciones a las exportaciones Además, de liquidar un
30% de sus ganancias obtenidas por las exportaciones, es decir, que un 70 % de estos ingresos
nunca llegan a la Argentina. La escasez de gas del año pasado, significó subsidiar el gasoil (a un
costo de unos 1.200 millones de dólares) y la utilización de fuel-oil (su quema produce una
importante contaminación) para reemplazar al gas como combustible empleado en el
funcionamiento de las centrales eléctricas.
La legislación argentina facilita también, las inversiones en explotaciones mineras. Estas
actividades han provocado una creciente preocupación por los impactos sobre el medio ambiente y
la sociedad. Las exportaciones en este rubro llegaron a superar los 1.000 millones de dólares
anuales. También, las empresas, cuentan con importantes incentivos fiscales, como bajísimos
impuestos y reembolsos a las exportaciones si operan desde puertos patagónicos (igual que la
pesca). Para acceder a los beneficios sólo necesitan inscribirse en el registro de inversiones
mineras de la Secretaría de Minería de la Nación. Además, el gobierno nacional a través de esta
secretaría y del Servicio de Geología y Minería (SEGEMAR) pone a disposición a las empresas
información geológica y de recursos minerales: mapas geológicos a diferentes escalas; mapas del
potencial minero derivados de datos de geofísica aérea; mapas mineralógicos; estudios de impacto
ambiental; servicios tecnológicos y laboratorios; estudios de peligrosidad geológica a escala de
detalle, etc. Es decir, el Estado trabajando para las grandes empresas. En esta misma dirección el
organismo equivalente en pesca al SEGEMAR, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (NIDEP), durante enero de 2007 fue modificada la estructura de la Dirección Nacional
de Investigación, cuestionada por parte de los trabajadores del sector científico-técnico, se basó en
definir Programas de investigación que estudien recursos pesqueros explotados por grandes
empresas pesqueras, incluyendo extranjeras.
Los bosques desempeñan un papel clave en el almacenamiento del carbono; si se eliminan,
el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera puede llevar a un calentamiento global de la
Tierra, con multitud de efectos secundarios problemáticos. En las regiones templadas la
agricultura se basó en la eliminación de los bosques aprovechando la fertilidad de sus suelos.
Entre 1998 y 2002 desaparecieron en Argentina 781.930 hectáreas, pero en los últimos cuatro
años, el proceso se acentuó y los desmontes arrasaron con 1.108.669 hectáreas, lo que equivale a
280.000 hectáreas por año, o 821 hectáreas de bosques por día, es decir, 34 hectáreas por hora.
Hoy nos encontramos en emergencia forestal. La implantación de monocultivos, como la soja, que
requiere del uso de mucha cantidad de agrotóxicos, que agregan el componente de contaminación,
en la tierra, aire y en lo poco de agua que va quedando. Similares procesos se dan en el noroeste
para cultivar soja y debido a la actividad de las petroleras. En el norte de Santa Fe (donde la soja
reemplazó al lino), es otra área de desmontes. En el segundo estado argentino, chicos (entre los
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catorce y dieciséis años de edad) son usados como señales para fumigar y por supuesto son
rociados con pesticidas mientras trabajan como postes.
El modelo productor de materias primas para la exportación también se verifica en el
modelo agroalimentario, que hace que hoy gran parte de nuestra población no pueda cubrir sus
necesidades alimenticias básicas. Esta paradoja se explica por el control por parte de las grandes
empresas transnacionales y las tecnologías, de los supermercados, la gran industria alimentaria, la
industria semillera y de agrotóxicos.. Por otro lado, se desplazaron los cultivos destinados al
consumo interno del país y la explotación ganadera –por la reducción del número de cabezas de
ganado y la implementación de engorde a corral (feed lot), que genera, contaminación ambiental,
dado que en poco espacio se concentran gran cantidad de ganado y por el tipo de alimento que
reciben hace que se produzca una carne de menor calidad, desde el punto de vista alimenticio. Más
de 90 millones de productos agrícolas se producen por año, 70 millones de toneladas son cereales,
de los cuáles en el 2007 más de 47 millones de toneladas correspondieron a la soja,
fundamentalmente para la exportación. Uno de cada tres dólares exportados por Argentina
provienen del complejo sojero, que así se convierte en "nuestro blindaje", el riesgo país es hoy el
precio de la soja. Casi el 100% de los cultivos son transgénicos, es decir, genéticamente
manipulada para resistir los agroquímicos, principalmente el herbicida a base de glifosato
(aumenta la incidencia y severidad de diversos tipos de cáncer, malformaciones congénitas y
trastornos neurológicos), que producen empresas como la Monsanto, la misma multinacional que
tiene el derecho de propiedad sobre la semilla y provee diferentes insumos necesarios para el
cultivo. Toda esta brutal apropiación por parte de grandes empresas de nuestras riquezas naturales,
origina grandes ganancias empresariales y un futuro incierto a miles de trabajadores.
Del discurso “progresista” a la realidad de los números.
La actual presidenta mencionó en reiteradas ocasiones durante la campaña electoral del
2007, que su futuro gobierno sería la continuación de los cambios que se estaban implementando,
acuñó la frase: “la continuidad del cambio”. Ahora bien, a qué cambio se refería?. En el primer
año de gestión del presidente Kirchner el gobierno entregó 198.000.000 de dólares en concepto de
comisión al grupo de bancos encargado de mediar entre el Gobierno y los acreedores privados de
papeles de la deuda externa, que representó un 0,8% de lo negociado. Mientras que la comisión
pagada por Cavallo-De la Rúa a los bancos por el megacanje representaba un 0,5%, es decir,
fueron menos de 150.000.000 de dólares. Ese gobierno, fue el gobierno constitucional que más ha
pagado en concepto de deuda externa, recordemos, entre otros pagos los 10.000 millones de
dólares girados al FMI, suficiente dinero para recuperar la empresa YPF. La concentración del
capital es otra de las características del sistema económico. Las 500 grandes empresas no
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financieras generan más del 30% del valor agregado de todo el país y venden casi el 80% del total
exportado. En 1993 eran nacionales 281 y en 2004 sólo ostentaban esa condición 165. El
segmento extranjero genera cerca del 91% de las utilidades del medio millar de firmas más
importantes. Por otra parte, se sigue manteniendo el IVA al 21%, siendo que este impuesto es el
más regresivo de todos ya que grava con el mismo importe a un desocupado que a un empresario.
En marzo de 2007, el superávit fiscal fue de 1.485 millones de pesos, pero el servicio de la deuda
insumió 1.190 millones de pesos, es decir el 80%, por lo tanto quedaron 295 millones. Por otra
parte, las provincias siguen deficitarias y deben recurrir al aporte del tesoro nacional y el gobierno
subsidia a las empresas de transporte y energía y el Bco. Central sostiene el dólar “alto”, mediante
frecuentes compras de esta divisa. Para evitar un aumento del circulante que genere más inflación
(que el gobierno quiere disimular mediante la intervención en el INDEC), se emiten bonos (por un
valor hasta el presente de unos 50.000 millones de dólares), con los que se compran los dólares.
Estos bonos generan intereses que habrá que pagar en algún momento. La inflación según datos
oficiales se ubicó en el 2007 en 8,5%, mientras que los trabajadores del INDEC agrupados en la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la sitúan entre el 22,3 y 26,2%, que en el caso de
alimentos y bebidas la situación es mucho peor, dado que habrían aumentado entre 36,4 y 38, 4%
por ciento. Es interesante mencionar que los aumentos salariales se fijan en función del índice de
inflación, reconocer un valor menor al “real”, implica favorecer a las empresas que así
aumentarían en menos porcentaje los salarios y pone en evidencia el carácter patronal del actual
gobierno. La renta actual de los trabajadores en relación al PBI es de un 22%, en la década de los
70 alcanzó el 59%. Por todo esto, la reunión de la presidente con la CGT a fines de enero de este
año, cerró un pacto que impida reclamos de los trabajadores, eventuales protestas y pedidos de
suba salariales. De esta manera el gobierno profundiza su accionar conservador ante el deterioro
económico de la clase trabajadora.
La pesca en Argentina
La Argentina posee una extensa plataforma marítima unos 4.000 km de costa y una de las
plataformas más grandes del mundo, abarcando casi 1 millón de km2, con importantes recursos
pesqueros, tanto por su valor de mercado como su cantidad. Sin embargo, muchas poblaciones
marinas explotadas se hallan actualmente fuera de los límites biológicos aceptables, o bien se capturan
en exceso o la pesquería está sostenida fundamentalmente por individuos juveniles. La situación es
especialmente grave en especies demersales, como la merluza común (caída de biomasa, pesca sobre
la población de juveniles), la merluza negra (caída de biomasa, pesca dirigida sobre juveniles), que ha
llevado a esta pesquería casi a desaparecer y la merluza austral (caída de biomasa). Otras veces el
manejo pesquero es caótico, como en el langostino, que condujo a que más de 100 buques pararan
durante gran parte del año 2005 o el calamar que experimentó una brusca caída en las capturas
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después de la zafra del 2004, aunque tuvo una mejoría en el 2006. De mantenerse las tendencias
actuales, muchas de poblaciones disminuirán sus biomasas a valores que harán que su explotación deje
de ser económicamente rentables, con los consiguientes problemas ambientales y pérdida de puestos
de trabajo, mientras los dueños de los barcos y las fábricas habrán obtenido inmensas ganancias. A su
vez, la capacidad pesquera de la flota supera con creces la necesaria para llevar adelante una pesca de
manera sostenible. No obstante, las sucesivas resoluciones de la autoridad nacional que establecen los
cupos de captura no son debidamente fundadas, lo que pone en duda su objetividad. Algunos de los
principales factores que definen la actual situación del sector pesquero son: sobrepesca, no se
administra el esfuerzo pesquero de manera de lograr un equilibrio sostenible entre rendimientos
biológicos y extracción cuando se alcanzan los límites de explotación; falta o laxos controles; un
Estado que favorece grupos económicos muy concentrados; exceso de capacidad de la flota;
importantes estructura de extracción y procesamiento industrial; fuerte dependencia del mercado
internacional; poca participación del mercado interno en el consumo de productos del mar; cambios
estructurales de gran importancia en los últimos 20 años; utilización de artes de pesca no
reglamentarios; excesivo descarte, captura de juveniles; bajos salarios, principalmente del personal en
tierra; "permisos de pesca irrestrictos" (son licencias que generan derechos adquiridos, aquel barco que
obtiene lícitamente un permiso si no es por causa justificada no se le puede revocar) y acceso a las
áreas de pesca abierto.
La pesca comercial en Argentina se inicia a fines del siglo XIX. Sin embargo la pesca de mayor
escala que se llevó adelante con la introducción de barcos de altura, empieza a principios de la década
del 60, en coincidencia con el auge industrializador de ese período de la histórica argentina. Para
favorecer esta etapa expansiva, el Estado nacional a través del Banco Industrial de la R. Argentina
(BIRA), aportó subsidios y créditos. La mitad de éstos se efectivizaron entre1965 y 1966 y se
construyeron, con aportes del BIRA y del Baco. Central de la R. Argentina, 30 barcos de altura y
media altura. En 1969 caen las exportaciones y los créditos resultan impagables, las empresas
quebraron y fueron rescatadas con nuevos créditos. Estos se utilizaron para comprar barcos fresqueros
europeos que estaban ociosos por el agotamiento de los caladeros del norte. Así comenzó la pesquería
de la merluza y se convirtió en el caladero más importante. Las deudas adquiridas con el Estado no se
pagaron. En los primeros años de la década del 70 se origina otro ciclo de expansión de la actividad
pesquera, favorecida por la implementación de una serie de medidas administrativas, como la
declaración de los recursos vivos en la zona marítima argentina propiedad del Estado y el
establecimiento de la exclusividad de explotación para embarcaciones con bandera nacional (hasta el
año 1992 que la actividad es desregulada). Además, el estado dio, otra vez, muchas facilidades para la
importación de buques, otorgó exenciones impositivas y asistencia financiera directa. En esta etapa,
las empresas dedicadas a la pesca, deciden instalar masivamente plantas de fileteado y congelado en
tierra, por lo tanto conformaron empresas integradas, es decir contaban con la capacidad de extraer y
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procesar la materia prima. Algunas se expandieron a Puerto Madryn y Puerto Deseado, en la región
Patagónica. En 1973 la flota de altura de la ciudad de Mar del Plata (principal puerto pesquero
argentino, asentado en la prov. de Bs. As) junto con la flota costera, representaban el 90% de la
producción nacional; mientras que las tradicionales “lanchitas amarillas” (pequeña flota con esloras
que no superan los 17 m), escuela de los marineros marplatenses, pasó a un segundo plano,
enfrentando grandes dificultades económica para operar, situación que se repite durante la década de
los 90. En este mismo año las capturas aumentaron casi un 50%, pero se estancaron al año siguiente y
bajaron en 1975. En julio ese año el entonces ministro de economía Celestino Rodrigo, impulsó una
devaluación de la moneda del 100% y entre otras medidas, estableció un aumento al combustible de
175%. Después de tres décadas con una inflación promedio del 30 por ciento anual, la inflación en
Argentina llegó al 300 % en el año y los precios al consumidor se incrementaron 566 % en sólo 10
meses, entre marzo del 75 y enero de 1976. Este proceso conocido como “Rodrigazo” afectó la
actividad pesquera, fundamentalmente la exportación. Es interesante mencionar que el
comportamiento de las capturas sigue la tendencia de las exportaciones, dado que, como se ha
mencionado, el consumo interno es bajo y la pesca es dependiente del mercado internacional. No
obstante, el país seguía integrándose al mercado mundial con el esquema de países periféricos
dependientes, importando maquinarias y barcos y exportando materia prima sin elaborar. A mediados
de los 70 se establecieron a nivel internacional las zonas de soberanía costera de 200 millas. Esto
afectó a las grandes flotas de factorías que actuaban en diferentes áreas del mundo (URSS, Polonia,
España, Japón, Corea). En 1976, con el golpe cívico-militar, estas flotas comenzaron a desarrollar el
sistema de Joint Ventures (aventura conjunta), consistente en la asociación con empresas locales,
como estrategia para operar dentro de las zonas marítimas restringidas. Algunas de estas se
conformaron con empresas españolas que explotaron los recursos patagónicos y comenzaron a operar
desde esta región argentina. Muchos pesqueros extranjeros se introdujeron al país usando la figura de
simular la formación de empresas con un directorio con mayoría compuesta por testaferros argentinos,
de esta manera las empresas pesqueras multinacionales acentuaron su poder económico mediante una
intensa explotación de los recursos pesqueros (empleando esta estrategia en países poco desarrollados,
como es el caso argentino), mediante empresas subsidiarias, radicadas bajo rótulos nacionales y
exportan sus productos a la empresa madre a bajo precio. Modalidad que continúa en la actualidad.
Mientras tanto las FFAA impulsaron la creación de complejos exportadores a través de la
Subsecretaria de Intereses Marítimos y el el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) volvió a dar
créditos con avales del Estado para la compra de barcos que estaban inutilizados en los países de norte
y a prefinanciar las exportaciones. En el marco de este contexto y el de la “guerra fría”, en que se
disputa el control por el Atlántico Sur, en 1977, impulsado por la Marina de Guerra, se crea el Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). De esta manera este organismo, creado
sobre los despojos dejados por el paso de la dictadura (muchos científico debieron emigrar) en el
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Instituto Interuniversitario de Biología Marina, se convierte en la “herramienta científica” del sector
privado de la pesca, rol que continúa hasta nuestros días. En esta época se crean Alpesca, Sasetru Api,
Conarpesa; Arbumasa, Argenova, Pescasur, Pescanova, Harengus y se consolidan Ventura, Mellino,
Solimeno, Moscuzza y Valastro. En 1981 la industria estaba otra vez en una situación crítica, con
exceso de plantas en tierra, dedicadas al mono producto de la merluza. Por tercera vez los empresarios
no pagaron y fueron refinanciados; sus deudas se estatizaron y haciéndose cargo de las mismas el
conjunto de la sociedad, mientras volvían a recibir capital con la excusa de prefinanciar exportaciones.
Paralelamente ocurren despidos masivos y baja de salarios. Poco mas tarde la depresión quedó
encubierta por las importantes capturas de langostino, que duró unos años a partir de 1982. Durante el
gobierno del presidente Alfonsín (1983-1989), surgen problemas con el Uruguay, que supera las
capturas establecidas en el área compartida (Zona Común de pesca, tratado de 1975); se pierde la zona
costera alrededor de Malvinas y se firman los acuerdos marco (1986) con Bulgaria (empresas Galme
Pesquera y Arpemar) y la ex URSS (Argenpez, Santa Elena y Estrella de Mar). Tenían como objetivo
reactivar la actividad pesquera y las fuentes de trabajo, principalmente en la zona patagónica y
permitir incursionar en el área de exclusión de Malvinas (zona que comprendía 200 millas alrededor
de estas islas, establecida por el Reino Unido después de la derrota Argentina de la guerra del año
1982) de personal argentino embarcado en los buques de esas naciones. Estos convenios (tenían una
finalidad geopolítica, ya que pretendía “compensar” la presencia del RU en el Atlántico Sur)
produjeron, como era de esperar, una suba en las capturas, en especial de especies australes y por otro
lado, no cubrieron las expectativas previstas. Además causaron una división entre las empresas
asentadas en la ciudad de Mar del Plata, las que fueron favorecidas por el acuerdo y las que no, estas
últimas lideradas por el grupo Ventura, se alió con el Sindicato de Obreros del Pescado (SOIP), cuyo
Secretario General era Abdul Saravia. Esta alianza entre la burocracia sindical y el empresariado, se
consolida con el paro del 13 de octubre de 1986 contra los acuerdos marco y con la asunción como
presidente de Menem (1989-1999). Durante este período se implementó un programa de medidas y
reformas altamente abarcativas, como la privatización de todas las empresas públicas y la
desregulación de los mercados y las inversiones extranjeras. Todas estas decisiones contribuyeron al
incremento de la marginalidad y pauperización de vastos sectores medios y bajos de la sociedad.
Mientras tanto, los capitales de la pesca continuaron aumentado sus exportaciones y estafando a la
sociedad comprando barcos inútiles con préstamos del Estado. Entretanto existía una feroz
competencia entre empresas, especialmente Arpemar y Ventura, que le permitiera acceder a mayores
pre-finaciaciones de exportaciones. Finalmente este proceso culminó con el vaciamiento de empresas;
retiro masivo de capitales y el remate de plantas y barcos, que condujo a una enorme ola de quiebras
del sector. La gestión judicial dirigió sus esfuerzos para que los capitales terminaran concentrándose
en: Moscuzza, Valastro, Mellino, Solimeno, Barillari y Di Leva. A principios de los 90, se produce un
cambio estructural de la flota al entrar masivamente buques factorías-congeladores (es interesante
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mencionar que Carlos Corach, Ministro del Interior de Menem había sido abogado de la Cámara de los
Congeladores, CAPECA). En 1994 se consolida este proceso al entrar en vigencia el acuerdo con la
Comunidad Económica Europea por el cual se favorecen las asociaciones mixtas con empresas
europeas (principalmente españolas) para dar acceso a nuevas posibilidades de pesca y renovar la
flota. Los factorías-congeladores españoles que, habiendo perdido sus caladeros históricos (en África y
otras partes del mundo), estaban en peligro de quiebra, al asociarse con empresas argentinas, lograron
ocupar el excedente de sus barcos y controlar la captura en aguas argentinas, mientras tenían la
comercialización garantizada en su país de origen. Estas maniobras contribuyeron a evitar el crack
financiero de la banca española antes de su entrada en lo que fuera el Mercado Común Europeo (hoy
Unión Europea). España dicta una legislación que favorecía la constitución de empresas conjuntas
otorgando al socio español, cuya participación fuera mayor al 40%, cupos de importación libres de
derechos aduaneros para una determinada proporción de lo producido por los buques pesqueros
adquiridos en aquel país. De esa forma, como mencionamos anteriormente, empresas asociadas de
capitales nacionales y extranjeros formaron “joint ventures”. Otra vez, la crisis de sobreproducción de
un país desarrollado se descargó sobre un país periférico. Los mecanismos que permitieron el ingreso
masivo de buques fueron el otorgamiento de numerosos permisos de pesca y la transferencia de otros,
correspondientes a barcos quebrados y en otros casos inexistentes. Todo esto fue posible debido a la
política llevada adelante por la Secretaria de Ganadería, Agricultura, Pesca y Alimentación a cargo de
Felipe Solá, hoy gobernador de la principal provincia Argentina, Buenos Aires y aliado del presidente
Kirchner (2003-2007). Existe un informe, en manos del gobierno nacional (aunque no es tenido en
cuenta), realizado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, en el cual se detallan todos estos
mecanismo e identifica los barcos y empresas involucradas.
El “aumento” de las exportaciones oculta las operaciones realizadas al interior de las empresas,
consistentes en las transferencias de ganancias de un país a otro. Los barcos que se traían no eran
realmente “ventas” sino inversiones de capital puestas en maquinarias en las empresas teóricamente
mixtas. Los envíos de pescado y otras especies capturadas no figuraban como importaciones, no eran
“compras” sino un medio de girar a la metrópoli los beneficios del saqueo del recurso y la plusvalía
del trabajador explotado en el país periférico. A todo esto se agrega que las empresas presentan
sobrefacturaciones de exportaciones para cobrar reintegros (al operar desde puertos patagónicos), con
la complicidad de los funcionarios locales. Estos importantes cambios fueron acompañados por la
formación de las denominadas “cooperativas” (en realidad no lo son), que evitaban (y evitan, siguen
funcionando) la relación de dependencia de los trabajadores con las empresas, a quien suministran la
materia prima procesada. Esta forma de explotación, llamada también “trabajo en negro”, se origina
como consecuencia de que la mayoría de las empresas pesqueras tenían importantes deudas con el
Estado por no realizar los pagos correspondientes de los descuentos que le hacían a los trabajadores en
concepto de aportes jubilatorios. La sanción de la ley tributaria de 1992, los enfrentaba a sanciones
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penales por este motivo, la salida fue vaciar las empresas, quebrar y montar “cooperativas” a través de
testaferros, con la complicidad del Estado y la burocracia sindical. Esta falta de obligación contractual,
exime de compensaciones económicas por parte de las empresas a los trabajadores ante una
disminución del trabajo en las plantas procesadoras, por una merma o agotamiento de la materia
prima. También la implementación de este régimen laboral llevó a que más de 6.000 trabajadores de la
pesca quedaran sin trabajo. Esta masa de desocupados se utilizó posteriormente, para “flexibilizar” la
actividad laboral, situación que se mantiene en la actualidad. Así el funcionamiento de Moscuzza y
compañía (ahora sin Mellino), se basa en poseer barcos factorías-congeladores, como fresqueros y de
una feroz explotación de los trabajadores (fileteros, envasadores, estibadores), mediante bajos salarios
y condiciones precarias de trabajo (bajas temperaturas y humedad en el lugar de trabajo, largas
jornadas laborales, mala alimentación), sin seguridad social, ni posibilidades de alcanzar una
jubilación. Ante el menor intento de luchar contra las arbitrariedades, se pierde el trabajo y se ingresa
a listas de los que nunca conseguirán volver a trabajar. En 1996, año de grandes capturas y
exportaciones, marcó el comienzo de otra gigantesca crisis de sobrecapitalización y caída por
sobrepesca de las capturas de merluza y las otras especies australes. Al año siguiente se sanciona la
Ley Federal de pesca (24.922), que en su artículo 27 establece la entrega por parte del Estado
Nacional a las empresas de una porción disponible del recurso, mediante un título de propiedad y en
forma gratuita (cuotificación). Los grupos nacionales (Moscuzza y compañía) con sede en Mar del
Plata a los que podríamos agregar las doce empresas españolas que operan desde Puerto Madryn y
otros puertos patagónicos, quecontrolan más del 70% de la pesquería de langostino, las empresas
Santa Elena y Glaciar Pesquera, asociadas mediante Joint Ventures a las de Nueva Zelanda, Sealord y
Amaltal, respectivamente, que pescan merluza de cola, las dedicadas a la pesca de merluza negra
como la empresa American Seafood (Noruega con sede en USA), las españolas que capturan calamar
o la empresa estadounidense Wanchese Argentina, junto a la canadiense Clear Water que tienen la
exclusividad de la captura de vieira y otras; movilizan unos 1.000 millones de dólares anuales. En los
primeros ocho meses de 2006 la Argentina exportó 843 millones de dólares, contra 575 millones en
igual período de 2005. Un 47% de ese monto correspondió a materia prima sin elaborar, lo que
implica menos manos de obra en tierra (entre 1972 y 2006 las plantas en tierra autorizadas
disminuyeron en casi el 50%). Según datos suministrados por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
de la Nación, durante el año 2007 se descargaron 903.024 mil toneladas (pescados y mariscos), un 16
por ciento menos que las 1.070.000 toneladas que se de desembarcadas durante todo el 2006.
El proceso descrito, significó crisis para los recursos pesqueros, para los trabajadores se instaló
la ilegalidad laboral y desde el punto de vista del control alimentario, estamos bajo dominio
extranjero. Estas políticas, continúan implementándose desde la nación y las provincias con salida al
mar que forman parte del Consejo Federal Pesquero (organismo que define la política pesquera,
presidida por el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Ley Federal 24.922), la promoción
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de la explotación de los recursos pesqueros en manos de empresas extranjeras o en asociación con
argentinas, no es más que la continuidad de las políticas económicas de saqueo, intensificadas a partir
de 1976.
El caso de la pesquería de merluza (Merluccius hubbsi)
La merluza es un ejemplo típico de destrucción de un recurso mediante una explotación
basada en la mera acción extractiva. A principios de la década de los noventa, la merluza se
encontraba en el tope de su explotación. No obstante, a partir del año 1996 se otorgaron permisos de
pesca indiscriminados y se incorporaron 70 buques factorías-congeladores europeos, con lo que la
capacidad de pesca aumentó en un 150%. Todo esto condujo a que a partir de 1997, fue imposible para
las autoridades, ocultar, negar o minimizar la situación crítica en que se encontraba la pesquería,
obligándolos a adoptar algunas medidas para proteger el recurso. Por ejemplo, declarar por parte del
Congreso de la Nación en emergencia a la Merluza por un año, el establecimiento frente a las costas
patagónicas de Chubut de vedas temporales, con el objeto de proteger a los juveniles y confinar a la
flota congeladora al sur del paralelo 48º, prohibiéndose su operación sobre la merluza. Ante esta
última situación, las empresas operadoras de los buques factorías-congeladores -principalmente de
origen español- presentaron medidas cautelares en los juzgados patagónicos de Rawson, Ushuaia y
Viedma, obteniendo dictámenes favorables que les permitieron violar legalmente las medidas de
protección tomadas. Así a principios de la década de los 90 se capturaban alrededor de 400.000
toneladas mientras que en los últimos años de esa década y principios de la siguiente, la captura se
duplicó. El descarte llegó a más de 200.000 t y lo que queda de este recurso se asienta en ejemplares
juveniles, que a partir del año 2002 sostienen la pesquería. En el año 2004 más del 70% de la
mortalidad por pesca se ejercía sobre el grupo de edad dos (edad de primera madurez alrededor de 2
años). Esta situación ubica a la merluza argentina en la peligrosa posición de estar en sobrepesca de
reclutamiento, antesala del agotamiento del recurso. Mientras continúa el deficiente sistema de
controles, que posibilita la captura de juveniles y el ingreso de barcos en las zonas de veda y de
deficientes estadísticas pesqueras; a estas irregularidades se suman las resoluciones de la autoridad de
aplicación (Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de la Nación, SPyA)), sin las debidas
fundamentaciones, que determinan los cupos de captura y los mecanismo de transferencias
“irregulares” de permisos de pesca consistente en que un buque va a desguace le transfiere su permiso
de pesca a otro con una mayor capacidad de pesca. Todos éstos mecanismos permiten el incremento
del esfuerzo de pesca y de la captura anual de merluza por sobre los límites biológicamente aceptables.
La resolución 14/2007 de la SPyA establece un nuevo ordenamiento en la pesca de la merluza y
reconoce su estado critico y que “Que no obstante ello, es imprescindible mantener el criterio de
contemplar las situaciones de crisis social que pudieran atravesar las provincias con litoral marítimo”.
La Resolución 65/07 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación
distribuyó los cupos de merluza para este año 2008, con vigencia desde el 1º de enero de 2008 y por 5
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años, es decir hasta el 31 de diciembre de 2012. La autoridad de aplicación estableció un sistema de
cupos vinculados a un porcentaje de la Captura Máxima Permisible (CMP) y no a una cantidad de
toneladas prefijado como se había hecho años anteriores. Sobre esos porcentajes que le corresponden a
cada buque y en base a las diferentes CMPs que se vayan fijando para estos 5 años, será la cantidad de
toneladas que se le permitirá pescar a cada barco. La resolución establece una fuerte reducción de la
cantidad de toneladas de merluza autorizadas para capturar, ya que se fija una CMP para este año en
270 mil toneladas, contra las 340 mil asignadas para 2007. De este total corresponden 207 mil
toneladas al stock sur y 63 mil toneladas al stock norte. También se refiere a paradas biológicas de la
flota y otras medidas restrictivas del esfuerzo de pesca.
Recientes conflictos
Los trabajadores de la pesca en Puerto Deseado (a 2100 km al sur de la capital Buenos Aires),
después de conocer la burla del acuerdo salarial suscripto por el Sindicato Obreros Marítimos Unidos
(SOMU), que significó apenas un 16% de aumento y los descuentos al impuesto a sus salarios, que les
significa ingresos miserable para vivir dignamente en esas región austral (trabajan solamente 6 meses
al año) a la que se suma la indiferencia y desplantes de las autoridades gubernamentales y de parte de
las empresas españolas, al momento de pedir entrevistas y pedido de soluciones protagonizaron a fines
de julio unas jornadas de furia contra sus explotadores, que el gobierno y parte de la prensas trató de
mostrar como vandalismos de unos pocos. Pero cuando aún no se acallaban los ecos de su justa
protesta, una nueva rebelión se instaló el día lunes 16 de julio de 2007 en el principal puerto pesquero
argentino, Mar del Plata, situada a 400 Km al sur de la capital. La misma fue protagonizada por el
sector más explotado de la pesca marplatense, los trabajadores de tierra (fileteros, peones y
envasadores, entre otros). La lucha comenzó en las “cooperativas” denominadas Puerto Argentino,
San Julián, El faro, Fe de Mar, El Gaucho, La Armonía, San Jorge y 4 de Octubre, todas entidades
creadas por el grupo Valastro (uno de los "cinco grandes" de la pesca marplatense) para elaborar parte
del pescado capturado por su buques en condiciones laborales ventajosas, se congregaron a las puertas
de la planta que dicho empresario posee en calle Ayolas 3075 y que gira bajo la denominación de
Giorno S.A. reclamando una solución a la insostenible situación que sobrellevan luego de muchos días
sin trabajar ni percibir ingreso alguno. Luego se extiende por todo el puerto, con la consigna de un
salario garantizado mensual de 980$ (unos 330 dólares) y 8 horas diarias de trabajo. El lunes 23 de
julio, el SOIP, declara un paro por 24 horas a partir de las 8 horas, posteriormente, por presión de los
trabajadores es declarado por tiempo indeterminado. El conflicto, y mantuvo paralizado al puerto de
Mar del Plata, al cortarse los dos accesos al puerto e impedir así el trasporte de materia prima durante
más de dos semanas puso en evidencia todas las complicidades del sistema pesquero (empresarios y
gobiernos, nacional, provincial y municipal), desde la entrega de los recursos pesqueros a las grandes
empresas del sector hasta tolerar el trabajo no registrado, las condiciones de trabajo de semi-
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esclavitud, salarios miserables (no alcanzan el 15% de los costos totales de las empresas) y la evasión
de impuestos. Después de fatigosas negociaciones y amenazas de liberar los accesos por medio de las
fuerzas policiales el miércoles 1 de agosto. Se llega al siguiente acuerdo: se establece el plazo a 100
días corridos para efectivizar el blanqueo de todos los trabajadores; se estableció un salario mínimo de
800$ (unos 260 dólares); las negociaciones se darían en torno al convenio 161-171/75 (garantía
horaria, jornadas laborales de 8 hs.), no incluía una cláusula de paz social. La propuesta fue percibida
por los trabajadores como un triunfo. Sin embargo, casi inmediatamente de firmado en acuerdo
volvieron los conflictos frente a las plantas ante el incumplimiento de los empresarios de comenzar a
registrar a los trabajadores. Hoy no se ha registrado a ningún trabajador y ante la reducción de un 20%
de la CMP del 2008 respecto del 2007, el gobierno nada menciona acerca de que pasará con los
trabajadores ante la falta de materia prima.
Referencias
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argentino y uruguayo de la zona común de pesca y en el área que se extiende hasta 41ºs
(ZEEA) en 1994, 1996-2001 y 2003. Inf. Téc. INIDEP 7, (2006). 10 pp.
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