6 o Lunes 1 de abril de 2013

DH

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Adriana Colín

Para tener acceso a los bienes y servicios básicos que hacen po-sible una vida digna en sociedad, todas las personas deben ejercer la movilidad como un derecho

humano que les permite la comunicación e integración de espacios y actividades.

Con esta convicción, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó el Informe especial so-bre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal 2011-2012, en donde se advierte que es imprescindible que las autoridades capitalinas asuman una perspectiva de análisis amplia y con un enfoque de dere-chos humanos que responda integralmente a un tema prioritario en la agenda pública y presupuestal de la ciudad.

Además de las respectivas estrategias y líneas de acción que contiene el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) en materia de transporte y acce-sibilidad, así como las recomendaciones emitidas por la CDHDF, el informe espe-cial presenta diversas propuestas para garantizar el derecho a la movilidad. Entre ellas destacan la necesidad de un nuevo paradigma donde el eje rector sean las personas y no los vehículos particulares, el compromiso institucional para garantizar la infraestructura vial y los sistemas de

El transporte públicodEbE vErsE como un mEdio para facilitar

El EjErcicio dE otros dErEchos

DF

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) publicó un informe especial orientado a visibilizar la problemática

de movilidad que existe en el Distrito Federal desde una perspectiva de derechos humanos

transporte colectivo de calidad y orientados sobre criterios de accesibilidad universal en su diseño y mantenimiento.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (INEGI, 2009), las personas emplean en promedio 16 horas a la semana para trasladarse de sus domicilios a sus centros de estudio o trabajo. Por su parte, la encuesta del Instituto Mexicano para la Competitividad (2012) mostró que ocho de cada 10 personas usuarias del transporte público lo consideran inseguro.

A su vez, la Evaluación Ciudadana de Ser-vicios Públicos (OCCM, 2009) reveló que 77% de las personas que usan microbuses están insatisfechas con el servicio que éstos prestan; mientras que en la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), siete de cada 10 mujeres afirmaron tener miedo de ser agredidas sexualmente al usar ese servicio de transporte.

Y en cuanto a la infraestructura vial, la En-cuesta de El Poder del Consumidor 2011 dio a conocer que sólo 6% de las personas consideró favorable la construcción de obras como la Supervía Poniente o los segundos pisos del Periférico, en tanto que 89% comentó que esas obras no tienen ninguna relación con sus necesidades de desplazamiento.

El derecho a la movilidad no está reconocido como tal a nivel nacional ni local, por lo que en el Distrito Federal se regula con base en

un enfoque técnico donde el transporte público significa la simple prestación de un servicio y no un medio para facilitar el ejercicio de otros derechos. Asimismo, la movilidad no ha sido el eje central de la política pública en materia de transporte, lo que impide configurar un sistema sufi-ciente y articulado con la infraestructura y el espacio público.

La transportación de millones de personas en la ciudad de México funciona a través de un modelo de concesiones individuales operadas por organizaciones informales, el cual se basa en el esquema “hombre-camión” que incentiva una arriesgada competencia por “el pasaje” y que compromete la seguridad de las personas usuarias. Por su parte, las políticas que se aplican en los sistemas de transporte público, de segregar a las personas usuarias a partir de su sexo, tampoco han solucionado la problemática de violencia que viven las mujeres en el ejercicio de su derecho a la movilidad.

Para sortear las deficiencias del sistema de transporte público, la tendencia entre la población ha sido la adquisición de sus pro-pios vehículos, lo que ha originado impactos en el ejercicio del derecho a la movilidad de niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad, y altos costos sociales y ambientales.

Con la publicación del informe especial, la CDHDF busca visibilizar la problemática de movilidad que existe en el Distrito Fe-deral desde una perspectiva de derechos humanos y, al mismo tiempo, exhortar a todas las personas que habitan y transi-tan en la ciudad de México a reconocerse como titulares del derecho a la movilidad y vigilar que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones para hacerlo exigible. DH

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