ENERGÍA:

Y PARA QUIÉN? ¿PARA QUÉ

Escenarios energéticos en América del Sur: Aportes para un debate necesario

Diciembre de 2008

Este material puede ser reproducidolibremente, total o parcialmente, siempreque sea con fines no comerciales.Agradeceremos que sea citada su fuente.

ÍndiceIntroducción............................................................................................................. 31. Energía como derecho de los pueblos ........................................................................42. Energía: negocio transnacional e insumo para el mercado............................................63. Exportación y consumo de energía..........................................................................11 3.1 Consumo minero e industrial.............................................................................11 3.2 Consumo en transporte.....................................................................................12 3.3 Consumo agrícola y forestal...............................................................................124. Políticas públicas y estrategias de integración energética..........................................145. Propuestas por los derechos y la sustentabilidad energética de los pueblos..................16

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Introducción

La evidencia de una crisis energética global se ha instalado en el discurso y el debate de los di-versos sectores y actores políticos a nivel mun-dial. Los impactos de un escenario cada vez más restrictivo y la tendencia al encarecimiento de los combustibles fósiles, asociados ya sea a la escasez o a la especulación financiera, sumados a la pro-gresiva relevancia que adquieren las consecuencias sociales y ambientales derivadas de su uso –par-ticularmente las emisiones de gases de efecto in-vernadero, responsables del Cambio Climático– incentivan la discusión sobre las alternativas para abordar la crisis y los caminos para transitar ha-cia una economía mundial menos dependiente del petróleo y de los combustibles fósiles en general.

Sin embargo, el debate sobre la crisis y el futu-ro energético aún no incorpora un análisis sobre la relación entre la demanda energética, los mode-los productivos, los derechos de la población y la sustentabilidad en el uso de los recursos y terri-torios. Tal como se ha planteado en el ámbito de la justicia climática, los costos del desarrollo ener-gético y la responsabilidad por los impactos am-bientales son diferenciados. En América Latina, al igual que en otras regiones no industrializadas, los costos del desarrollo energético deberían ser asu-midos por los grandes emprendimientos produc-tivos y los servicios afines, que son los principales consumidores y demandantes de energía, y no por los hogares, cuyo consumo es significativamente inferior y dependen fuertemente de fuentes reno-vables, particularmente la leña.

En este contexto, es evidente que lo que está en juego en la discusión sobre el desarrollo ener-gético en nuestra región es la dinámica del mo-delo de desarrollo vigente, donde la apuesta por el crecimiento económico sostenido ha significa-do un aumento en la demanda por insumos ener-géticos para satisfacer a los sectores productivos, especialmente a aquellos vinculados a la extrac-ción, transporte y exportación de materias pri-mas o commodities (recursos naturales con esca-so procesamiento) y productos semi-elaborados asociados a ellas. En consecuencia, la superación

de la actual crisis energética, climática y económi-ca requiere una revisión y transformación profun-da del modelo de producción, intercambio y con-sumo vigente.

Una discusión de fondo sobre las políticas y el desarrollo energético, por lo tanto, requiere eva-luar la disponibilidad de fuentes de energía que caracterizan la región, la gran diferencia de la de-manda entre los diferentes sectores de consumo, las brechas e impactos de la producción de la ener-gía, y los costos y condiciones de acceso para las comunidades y las personas.

El futuro energético, como desafío global de al-cance local, debe considerar el derecho de las per-sonas, comunidades y naciones de acceder a fuen-tes energéticas limpias y seguras, y debe asegurar la sustentabilidad ambiental de los recursos natu-rales, los ecosistemas y territorios. Tales condicio-nes constituyen requisitos fundamentales para dar viabilidad ambiental, económica, social y política a las sociedades humanas del futuro.

Como aporte básico para este debate, en este documento se presenta la estructura de los con-sumos energéticos en América del Sur; se ejem-plifican los impactos de los principales sectores productivos de la región –llamados “motores” del crecimiento económico–; se relevan los impactos ambientales, sociales y políticos del modelo ener-gético en curso; y se destacan los cuestionamien-tos y procesos ciudadanos en la discusión sobre alternativas que resguarden el ejercicio de los de-rechos de los pueblos y la integridad de los te-rritorios.

Actualmente, 45 millones de latinoamerica-nos no tienen energía eléctrica, y 83 millones co-cinan con biomasa (básicamente leña). Sin em-bargo, las políticas energéticas están orientadas exclusivamente al crecimiento de la economía y, fundamentalmente, a abastecer al sector exporta-dor y los proyectos de integración regional.

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Las economías del subcontinente siguen pro-fundizando un modelo de producción extracti-vista, incentivado por los precios de los commo-dities en el mercado internacional. A la fecha, la única opción validada e implementada por los gobiernos de la región es la profundización del modelo expoliador de los recursos naturales y los territorios. Por estas razones, resulta indispensa-ble evaluar críticamente las estrategias de desa-rrollo de los gobiernos, y formular en un con-texto más amplio los desafíos que suponen el abastecimiento y cobertura energética en la re-gión.

En este sentido, la primera pregunta que es

preciso formular es ¿para qué y para quién se formulan y planifican el desarrollo energético, el desarrollo productivo y los procesos de inte-gración? Pensamos que la justicia socio-ambien-tal, la sustentabilidad y la democracia deben ser la base y los condicionantes del desarrollo eco-nómico en general y del energético en particu-lar. Este enfoque de democracia y derechos en el ámbito de la energía requiere la incorporación de:

(a) La dimensión social, que asegura el dere-cho a satisfacer las necesidades de subsistencia, lo cual implica un acceso equitativo a los servicios energéticos y bienes ambientales para el desarro-llo de una vida digna para las actuales y futuras generaciones; equidad para mujeres y hombres y para los diferentes pueblos y culturas. Esta con-dición resulta fundamental en un mundo donde la inequidad aumenta día a día.

(b) La dimensión ecológica, que implica in-corporar en las actividades humanas y políticas públicas las condiciones necesarias para preser-var y potenciar la diversidad y complejidad de los ecosistemas, mantener su productividad y ciclos naturales y conservar la biodiversidad. La inte-gridad de la naturaleza es el sostén de la vida hu-

mana; la crisis ecológica se expresa directamen-te en amenazas a la sobrevivencia física y cultural de las comunidades y de los sectores más exclui-dos de las sociedades del planeta.

(c) La sustentabilidad económica, que exige redefinir la actividad económica como parte de un sistema más amplio; es decir: considerando el espacio ambiental en el cual se desarrollan las ac-tividades económicas, las cuales deben ser com-patibles con la preservación de los ecosistemas y de los servicios que estos prestan a la sociedad en el corto y en el largo plazo.

(d) Finalmente, la sustentabilidad política, que involucra el derecho de las personas a participar directamente en la toma de decisiones, en la de-finición de su futuro colectivo y en la gestión de los bienes ambientales a través de estructuras de gobierno descentralizadas y democráticas. Sólo decisiones plenamente democráticas pueden ase-gurar políticas y sistemas sociales que respondan al bienestar colectivo.

La sustentabilidad del desarrollo energético, al incorporar estas cuatro condiciones, permi-te reconocer la relación entre energía, sociedad, medioambiente y democracia, con miras a com-patibilizar la producción y el consumo de energía con la protección de los ecosistemas; revisar crí-ticamente los impactos de cada opción sobre la biodiversidad y los territorios; asegurar la equi-dad y el acceso a los bienes que garantizan el ejer-cicio de derechos; y mejorar la calidad de vida de los pueblos. Todo ello permite democratizar las decisiones sobre las políticas y el desarrollo ener-gético resguardando la disponibilidad de los re-cursos energéticos.

Hoy, el desarrollo energético en nuestra re-gión se aborda sólo desde la dimensión econó-mica y está orientado a satisfacer las prioridades del mercado por sobre las necesidades de la po-

1. Energía como derecho de los pueblos

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blación. Esto nos ha conducido a una situación de extrema inequidad, inseguridad y vulnerabili-dad de los sistemas de abastecimiento de energía en la región.

Aunque existen diferencias entre los gobier-nos de América Latina, las políticas de Estado –o la ausencia de las mismas–, muestran una orien-tación común en la región: la priorización de un mercado basado en las industrias extractivas, y la escasa o nula producción de valor agregado so-bre los recursos naturales.

Dentro de esta lógica, tanto las políticas pú-blicas como las inversiones estatales en infraes-tructura benefician a las empresas privadas, na-cionales y trasnacionales, que logran así el acceso a energía de bajo costo. Este modelo provoca es-tragos ambientales, multiplica las desigualdades sociales, profundiza la destrucción de territorios y el agotamiento de recursos no renovables, ge-nerando una riqueza que no resuelve sino que agrava las carencias de una gran parte de la po-blación de nuestros países.

Por ello, el mercado de energía en América Latina es un sector atractivo para la inversión ex-tranjera, y los pronósticos de escasez o encareci-miento de las fuentes convencionales no hacen más que estimular la inversión, asegurándoles un retorno rápido y lucrativo. Así, trasnaciona-les como REPSOL, ENDESA, IBERDROLA, AES Gener y Unión FENOSA, entre otras, tie-nen una gran presencia en los sectores vincula-dos al petróleo, el gas natural, las grandes repre-sas y la electricidad.

Los impactos del desarrollo energético, si-

multáneamente, han generado un área de interés político creciente y movilizador wwen la socie-dad civil. “Los levantamientos sociales en países ricos en recursos energéticos (Bolivia, Ecuador y Venezuela) condujeron al poder a representantes que, en algunos casos, ofrecían explícitamente nacionalizar y cambiar la gestión de los recursos energéticos. Con dispares resultados, mientras algunos gobernantes promovían la recuperación y control estatal de los combustibles fósiles (Bo-livia), otros reorientaban sus políticas para mi-

nimizar el impacto de la exportación sobre el consumo interno (Argentina), y algunos profun-dizaban el desarrollo de alternativas poco susten-tables, como los agrocombustibles (Brasil)�”.

En la conformación de un desarrollo ener-gético al servicio de los pueblos, la renacionali-zación de los recursos es un paso esencial para recuperar la soberanía sobre los recursos estra-tégicos. Estos procesos, sin embargo, deben ir acompañados de una revisión crítica del mode-lo exportador primario y del crecimiento econó-mico como estrategia de desarrollo, y requieren la incorporación de las condiciones de sustenta-bilidad política y socio-ambiental anteriormente señaladas.

Sobre esta base, es posible avanzar en la cons-trucción de sociedades donde la energía esté orientada a asegurar el bienestar y los derechos de los pueblos, y donde se asegure la conserva-ción del patrimonio ambiental y territorial que las naciones poseen para su sustento y desarro-llo.

1. Fuente: Política Energética en América Latina: Presente y Futuro. Programa Cono Sur Sustentable e Institute for Poli-cy Studies, 2008.

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Los indicadores de crecimiento económico (Producto Interno Bruto- PIB) y el intercambio comercial (exportaciones/importaciones) a nivel global, muestran que el incremento del comer-cio internacional es muy superior a la produc-ción de bienes y servicios. Según señalan las ci-fras de la Organización Mundial del Comercio, entre �980 y 2006 el PIB mundial (en dólares) se duplicó, pero las exportaciones aumentaron casi seis veces2.

Esta tendencia, reflejo de la progresiva inter-nacionalización de las economías nacionales, se traduce en un aumento sostenido de los insumos que requiere la producción de bienes exportables. En países no industrializados, dichos bienes se re-fieren principalmente a energía, materias primas y commodities. Entre �995 y 2007, el conjunto de estos países aumentaron sus ventas externas en 240,8 %, con Estados Unidos como destino prin-cipal. En América del Sur, el 27% de las expor-taciones (en promedio) se destina a Norteamé-rica. Brasil también es un importante comprador de bienes y commodities en la región: Argentina, Bolivia y Paraguay le venden el 2�,7%; el 20% y el 30,4% de sus productos, respectivamente. Asimis-mo, Asia es relevante como destino de las expor-taciones de Chile y Perú.

En términos macroeconómicos, las ganancias del sector exportador son fundamentales para sostener los índices de crecimiento económico en la región. Sólo entre 2005 y 2007, las exportacio-nes de bienes provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela sumaron � billón �37 mil millones de dólares, mientras que las importacio-nes alcanzaron sólo 790 mil millones de dólares.

El cuadro de la página siguiente muestra el rol histórico de nuestra región como proveedor de

2. En: Escenarios Energéticos para América del Sur: Integra-ción, modelo productivo, energía. Aportes para un debate necesario. Programa Cono Sur Sustentable, 2008.

materias primas y productos semi-elaborados a países industrializados.

Esta matriz económica-productiva explica la fuerte presión sobre los recursos naturales de la región y, en consecuencia, la relevancia del sector exportador como consumidor de energía. La pro-ducción y venta de estos bienes –y no las perso-nas, ni sus hogares– requiere gran disponibilidad de energía y agua, extensas superficies de suelo y subsuelo, sistemas de transporte (carreteras, hi-drovías y vehículos de carga), redes de transporte de energía (gasoductos, redes eléctricas), insumos industriales, agroquímicos y semillas transgénicas; maquinaria industrial y tecnología. Todo ello ge-nera un fuerte impacto en las economías loca-les, las comunidades y los territorios en que se ins-talan estos grandes emprendimientos productivos orientados al abastecimiento del mercado mun-dial.

En el caso particular de la energía, es posible afirmar que en toda América Latina el consumo se orienta principalmente al transporte de mercan-cías y a satisfacer los requerimientos de la industria extractiva y de commodities. El sector transpor-te concentra el 35,3% del consumo total de energía en América Latina, basado exclusi-vamente en combustibles fósiles. En la Zona Andina, el transporte representa el 34% del con-sumo energético y un 28% en el Cono Sur.

Lo sigue el sector industrial, con el 30,5% del consumo en toda Latinoamérica. En el Cono Sur, la industria concentra el 36% del con-sumo total de energía, a diferencia de la Zona Andina, donde alcanza sólo ��%, debido al tipo de exportaciones que involucra. Los países andi-nos exportan principalmente combustibles fósi-les, y el Cono Sur principalmente commodities; siendo la industria brasileña la más demandante de energía de la región latinoamericana, seguida de la chilena (vinculada a la producción minera) y la argentina.

2. Energía: negocio transnacional e insumo para el mercado

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País Principales productos exportados

Argentina:Productos que conforman �9,�% de sus exportaciones.

Hawrina de soja, aceite de soja, porotos de soja, maíz en grano, trigo, vehí-culos automotores para el transporte de personas de hasta seis ocupantes, mineral de cobre, aceite de petróleo, vehículos automotores para el trans-porte de mercancías, gasolinas, naftas para petroquímica, carne deshuesa-da, fuel oil, oro y aceite de girasol.

Bolivia:Productos que conforman 82,09% de sus exportaciones.

Gas natural (�0,�9%), minerales de zinc, aceites crudos de petróleo, pel-lets de soja, minerales de plata, estaño sin alear, oro, aceite de soja, nuec-es, artículos enchapados de joyería y minerales de plomo.

Brasil: Productos que conforman �0,�% de las exportaciones.

Aceite de petróleo, hierro, porotos de soja, aviones, café en grano, vehícu-los automotores para transporte de personas, azúcar de caña, pellets de soja, pasta de papel, menudos de aves, carne vacuna deshuesada, azúcar de remolacha, granos de maíz, hierro fundido en barras, teléfonos celulares, gasolina, fuel oil y hojas de tabaco.

Colombia: Productos que conforman �0,9% de las exportaciones.

Aceites crudos de petróleo, hulla, café, ferroníquel, fuel oil, vehículos au-tomotores para transporte de personas no superiores a �000 cm� de cilin-drada, bananas frescas, desperdicios para recuperación de metales precio-sos, flores frescas, oro bruto y en polvo, gasolinas, carne fresca congelada, desechos de aceite de petróleo, azúcar de caña y de remolacha.

Chile:Productos que conforman �0,��% de las exportaciones.

Cobre refinado, mineral de cobre, cobre para el afino (total cobre y deriva-dos: ��,1%), minerales de molibdeno, pasta química de coníferas y eucalip-tus, productos frutícolas (manzanas y uvas), vino, metanol, pino insigne aserrado y filetes de salmón.

Ecuador: Productos que conforman 1,92% de las exportaciones.

Aceites de petróleo (��,8� %), bananas frescas, fuel oil, crustáceos en su diverso estado, conserva de atún, rosas, preparaciones y conservas de pes-cado, cacao, camarones, aceite de palma y nafta disolvente.

Perú:Productos que conforman ��% de las exportaciones.

Mineral de cobre, oro bruto y en polvo, mineral de zinc, cobre refinado, ha-rina de pescado, mineral de molibdeno, minerales de plomo, aceites crudos de petróleo, plata sin alear, café, plomo refinado, fuel oil, aeronaftas, alam-bre de cobre, gasolinas y espárragos.

Paraguay:Productos que conforman 82,09% de las exportaciones. No incluye electricidad.

Energía eléctrica, poroto de soja, harina de soja, aceite de soja, carne bo-vina fresca o congelada deshuesada, maíz en grano, algodón simplemente desmotado, semillas de sésamo, aceite de girasol, madera, azúcar de caña, carbón vegetal, cueros y pieles de bovino.

Uruguay:Productos que conforman �0,8�% de las exportaciones.

Carne bovina fresca y congelada, porotos de soja, arroz pulido, madera en bruto de eucaliptus, cueros de bovino curtidos al cromo, gasolinas, prefor-mas para soplado de botellas de plástico, leche entera, cebada, arroz blan-queado, oro en lingotes, quesos, leña, energía eléctrica, arroz descascarilla-do, filetes de merluza, caucho sin vulcanizar y naranjas.

Venezuela: Productos que conforman 8�,��% de las exportaciones.

Aceite de petróleo (��,��%), aluminio sin alear, hulla bituminosa, produc-tos férreos obtenidos por reducción directa, metanol, urea, productos inter-medios de hierro, coque de petróleo, aleaciones de aluminio, ferroníquel, óxido de aluminio, alcoholes y barcos

Principales productos exportados por América del Sur, según país (año 200�)

Fuente: Escenarios Energéticos para América del Sur: Integración, modelo productivo, energía. Aportes para un debate necesario. Programa Cono Sur Sustentable, 2008.

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En contraste, el sector residencial representa apenas �3,6 del consumo energético latinoameri-cano, pero concentra más del 90% del consumo total de leña en la región. Por este motivo, y con-siderando los antecedentes ya expuestos, es po-sible afirmar que las grandes producciones de energía no están destinadas a satisfacer las necesidades de la población, sino de los em-prendimientos productivos, y en particular los destinados a la exportación.

Finalmente, el uso de energía en el sector co-mercial y público (6,6% del total) resulta bajo res-pecto de otros sectores productivos, aunque ha tenido un importante incremento. Otros usos –con �0,7% del consumo latinoamericano–, están ligados principalmente al refinamiento de com-bustibles (petróleo, gas) y a la generación, distri-bución, transmisión y centros de transformación de electricidad (4,7% en Centroamérica, �2% en el Cono Sur y �5,6% en la Zona Andina) Esto evidencia el alto consumo de la propia industria

de energía, lo que da cuenta de la escasa sustenta-bilidad de la producción: parte importante de la energía consumida es utilizada, paradójicamen-te, para generar energía. El caso más extremo es Venezuela, donde el 43% de la producción de gas natural se usa para alimentar la industria pe-trolera.

Como el sector transporte y la industria ex-portadora son los principales demandantes de energía, es fácil comprender por qué los com-bustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón) ocupan el lugar predominante en la oferta de energía primaria de la región, con 73% del to-tal. La hidroelectricidad, con ��%, tiene un peso relativamente fuerte, debido a la abundancia de este recurso en la región, aunque su aprovecha-miento se realiza a través de megaproyectos, pro-vocando severos impactos a las comunidades y los ecosistemas. Finalmente, la leña ocupa un lu-gar significativo en la matriz energética, pero su uso es casi exclusivamente residencial.

Gráfico 1: Consumo total de energía secundaria en América Latina, según sector (% respecto del consumo total en KTep)

Nota: Columnas apiladas según valores totales, considerando el consumo final de energías por sector, de acuerdo a fuentes secundarias. Fuente: Política Energética en América Latina: Presente y Futuro. Programa Cono Sur Sustentable, Institute for Policy Studies e International Forum on Globalization, 2008.

Fuente: Elaboración propia en base a cifras de OLADE, 200�, en Escenarios Energéticos para América del Sur, op. cit.

Gráfico �: Países productores de petróleo y gas natural en América Latina, 200� (en % de Mbbl y Gm�, respectivamente)

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Gráfico 2: Oferta total de energía primaria en Latinoamérica, según fuentes (año 200�)

Fuente: Escenarios Energéticos para América del Sur, op.

cit., en base a cifras de OLADE, Informe de estadísticas energéticas 200�.

La autonomía de los países en materia ener-gética –esto es: la capacidad de satisfacer la de-manda de energía con recursos disponibles en sus territorios–, es muy heterogénea en la re-gión. Mientras que Venezuela, Brasil y Argenti-na cuentan con fuentes fósiles propias, Uruguay, Paraguay y Chile son países predominantemen-te importadores de estos combustibles. Los grá-ficos que siguen (3) dan cuenta de los principales productores de combustibles fósiles en América Latina, liderados por México y Venezuela.

Sin embargo, en los países productores de combustibles, la mayor parte se exporta. Las ci-fras confirman que el mercado energético latino-americano no está orientado a satisfacer las de-mandas internas y mejorar la calidad de vida de la población, sino a alimentar el comercio interna-cional. Colombia y Bolivia producen 74% y 45% de petróleo adicional al que requiere el mercado interno, mientras que Venezuela produce �30% más que sus requerimientos. Ecuador triplica su producción respecto de su oferta interna. Perú, en cambio, produce sólo 47% de su oferta, impor-tando el restante 53%. Brasil logra cubrir estre-chamente su oferta con el total de su producción; ello explica su interés por emprendimientos ener-géticos que le ofrezcan mayor autonomía como los de energía nuclear, las grandes represas y los agrocombustibles. Brasil concentra el 76% de la producción de agrocombustibles en la región. Ar-gentina es una excepción, con un leve superávit de 29%. Una situación particular en el mercado de la energía es Paraguay, que exporta la mayor parte de su hidroelectricidad a Brasil y Argentina, a tra-vés de empresas binacionales.

La energía nuclear, con presencia en Argenti-na, Brasil y México, es una opción poco signifi-

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cativa en la región. Su desarrollo se inició durante los gobiernos militares sudamericanos, con el ob-jeto de dominar el ciclo de combustible nuclear. En la actualidad, las centrales se hallan próximas a la obsolescencia (como la central Atucha I, en Ar-gentina), sin haber cumplido durante su funciona-miento los rendimientos ni la disponibilidad pro-metida.

Pese a ello, en el actual debate energético de la región la opción nuclear ha cobrado fuerza como alternativa frente a la crisis de disponibilidad y los costos de los combustibles fósiles, y como estrate-gia para “reflotar” iniciativas nucleares estancadas. Recientemente, los presidentes de Brasil y Argen-tina anunciaron la creación de una empresa bina-cional de energía nuclear para producir energía eléctrica, reprocesar uranio, desarrollar productos médicos y agrícolas, y abastecer submarinos ató-micos. Estiman que esta iniciativa se podría am-pliar a toda Sudamérica, donde según el gobierno brasileño se podrían construir entre �2 y �5 cen-trales nucleares antes de 2030.

Además de ser poco factibles económicamen-te, este tipo de iniciativas no responden en abso-luto al interés y beneficio de los pueblos, sino a factores geopolíticos y de seguridad.

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La estructura productiva tiene un enorme peso sobre el mercado energético en Améri-ca Latina y el Cono Sur (Argentina, Brasil, Chi-le y Uruguay). En términos macroeconómicos, Argentina ha crecido en 3,4 veces entre �993 y 2007. En Chile, el crecimiento promedio entre �986 y 2007 es de 5,7%. Brasil presenta un cre-cimiento oscilante, pasando de 2,7% en 2002 a 5,4% en 2007, con bajas significativas en 2003 (�,�%) y un alza en 2005 (5,7%). Uruguay pre-senta un alza significativa del PIB tras la caída que registró entre �999 y 200�. El siguiente cua-dro presenta las cifras de crecimiento real, ajusta-das a la inflación (el valor difiere de la tasa de cre-cimiento del PIB por este ajuste).

Cuadro 2: Producto Interno Bruto (PIB) - Tasa de Crecimiento Real (%)

Nota: PIB-Tasa de crecimiento real es el resultado del cre-cimiento anual del PIB ajustado por la inflación y expresa-do como un porcentaje. Fuente: INDEXMUNDI, en base a in-formación de CIA World Factbook (www.indexmundi.com).

La participación de los diversos sectores pro-ductivos en el PIB es variable para cada país, aun-que existen elementos comunes. En Chile, la producción de bienes representa el 40,4% del Pro-ducto Interno Bruto en el país y está compuesta por industrias extractivas (sector silvoagropecua-rio y minería, sumando un �4,5%), construcción (8,�%) y manufacturas (�7,�%). La industria ma-nufacturera es derivada de materias primas con escaso procesamiento: alimentos envasados y congelados, como las conservas de frutas y los productos acuícolas; vino y jugos de frutas; pro-ductos forestales como celulosa y papel.

En Argentina, la industria manufacturera re-presenta el �9,2% del PIB, seguida por los sec-tores agropecuario (�6%), minero (�3,5%) y de la construcción (�5,7%). En Brasil, los sectores más dinámicos son la producción agropecuaria, industrial, energética y minera. Todos estos sec-tores realizan un uso intensivo de energía –muy superior al consumo de los hogares, el comercio y el sector público– y en su mayoría están asocia-dos a la exportación (minería, agroindustria, pa-pel y celulosa). El siguiente gráfico presenta la estructura detallada de consumo según sectores.

Gráfico: Consumo total de energía por sec-tor, según país (en KTep)

Fuente: Política Energética en América Latina: Presente y Futuro. Programa Cono Sur Sustentable e Institute for Poli-cy Studies, 2008.

3.1 Consumo minero e industrial

En Brasil, el consumo energético del sector industrial representa el 35,6% de la demanda to-tal de energía, y está ligado principalmente a las industrias de aluminio primario, siderurgia, hie-rro, papel/celulosa y cemento. La minería de hie-rro y aluminio están orientados básicamente a la exportación (66,7% y 76,4% de la producción, respectivamente).

En Chile, el sector industrial representa el 34% del consumo energético. Si bien la infor-

Año Argentina Brasil Chile Uruguay

200� 8.� 0,2 �,� 2,�

200� 8.� �,1 �,8 10,2

200� 9.2 2,� �,� �,8

200� 8.� �,� �,2 �

2008 8.� �,� �,2 �,2

�. Exportación y consumo de energía

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mación discriminada por sector industrial esta-rá disponible sólo a partir del año 20093, estu-dios preliminares muestran que el sector cobre, la gran minería e industrias mineras varias, re-presentan el 60% del consumo de energía eléc-trica4. Excluyendo la minería, los otros grandes consumidores de energía son: industrias varias, 50%; producción de papel y celulosa, 24%; side-rurgia, �0%.

En Argentina, la industria consume el 33% de la energía (y 59% de su consumo depende del gas natural). Los mayores consumos correspon-den a la producción de: alimentos y bebidas; me-tales comunes; fabricación de coque; derivados de petróleo; minerales no metálicos; sustancias y productos químicos; papel y productos de pa-pel.

En Uruguay, el sector industrial consume 22% del total de la energía disponible. Los grandes con-sumidores de energía son la industria de minerales no metálicos y alimentos. Al año 2002, la industria de alimentos, bebidas y tabaco tuvo una participa-ción del 50% en el total de exportaciones, y de un 46% en el consumo total de combustibles fósiles.

La estructura de consumos, en síntesis, es si-milar en todos los países, destacándose la minería, la industria de alimentos, la energía, y la produc-ción de papel y celulosa. Los mayores consumos se concentran en sectores orientados a la exporta-ción. En Argentina y Uruguay, incluso, donde la industria alimentaria lidera el consumo energéti-co, la participación del sector en las exportaciones es significativa.

3.2 Consumo en transporte

En Brasil, el sector transporte representa el 26,3% del consumo final de energía. De ese total, un 92,�% corresponde principalmente a transpor-te de carga. La movilidad de mercancías se realiza fundamentalmente por carretera (58%) y por vías

�. Según confirma la Unidad de Cuentas Nacionales del Banco Central, de concretarse los proyectos de investiga-ción en curso a cargo de dicha Unidad.

�. Fuente: Programa de Investigaciones en Energía (PRIEN), Universidad de Chile, 2008,

férreas (25%). Las políticas públicas han incenti-vado el transporte por ruta, que además concen-tra el 95% del transporte de pasajeros.

En Uruguay, el transporte (abastecido exclu-sivamente con derivados del petróleo) concen-tra el 33% del consumo energético. El principal medio utilizado para el transporte de cargas es el marítimo (75,3% del total), seguido del terrestre (24,5%). El traslado de pasajeros se realiza princi-palmente por carretera, concentrando el 97% de los viajes.

En Argentina, el transporte representa el 28% del consumo energético total. Más de la mitad de este consumo corresponde a gasoil, seguido de las naftas, ambos derivados del petróleo. De ese to-tal, un 59% se destina a abastecer el transporte de cargas.

En Chile, el transporte consume el 24% del to-tal de energía disponible y el 64% de los derivados de petróleo. Las cifras de consumo energético no están discriminadas según transporte de carga y de pasajeros, pero se estima que más del doble de los viajes por vía férrea transportan cargas, y que el 56% de los viajes por carretera corresponden al mismo segmento.

Resulta alarmante que en todos los países los gobiernos hayan desfavorecido el transporte fe-rroviario y privilegiado la infraestructura vial, pro-moviendo directamente el transporte de carga por carreteras, el más ineficiente y costoso para trans-portar mercancías. Esta misma lógica está detrás del apoyo de los gobiernos a la integración de in-fraestructura vial en la región, siguiendo las direc-trices de las instituciones financieras internaciona-les y el apoyo a las exportaciones, subsidiando el transporte de las mercancías. La dependencia del transporte de carreteras contribuyó además al alza en el precio de los alimentos durante 2007 y 2008, por los mayores costos de los combustibles.

3.3 Consumo agrícola y forestal

En los países del Cono Sur, la industria agroa-limentaria es muy importante dentro de la matriz exportadora, aunque en Brasil y en Chile la in-

1�

dustria de papel y celulosa se ha desarrollado con mayor dinamismo. En Brasil, del total de con-sumos del sector energético intensivo (industria de aluminio, siderurgia, hierro, papel/celulosa y cemento), esta producción representa el 22% de los consumos. En el caso de Chile, donde 63% de la superficie cultivada corresponde a plan-taciones forestales y el �2% a frutales para ex-portación, el consumo de este sector también es muy significativo.

En Uruguay, el sector agropecuario represen-ta el 8% del consumo energético y el 36,3% de las exportaciones totales. La mayor parte de esta energía, el 53,3% del total, se usa para conserva-ción de alimentos (frigoríficos). El sector agrí-cola, en definitiva, “exporta” energía a través de la conservación de alimentos frescos.

En Argentina, la producción de alimentos es la mayor consumidora de energía dentro de los 30 mayores consumos del sector industrial, pero la industria de celulosa y papel es la más intensi-va en su uso (relación entre consumo de energía y unidad de producto) dentro de la producción silvoagropecuaria.

La demanda energética del sector silvoagrope-cuario en la región, como se hace evidente, sigue la tendencia del sector industrial, donde los ma-yores consumos se concentran en industrias ex-tractivas y escaso procesamiento, y en la venta de commodities al mercado internacional. Esto se refleja en la estructura exportadora y los produc-tos líderes en las ventas externas de cada país.

El consumo energético residencial en los paí-

ses del Cono Sur es significativamente más bajo que el de los sectores productivos. En Brasil re-presenta el �0,9% de la energía consumida, sien-do la leña el principal combustible (37,5%). Los derivados de petróleo representan sólo el 25,8% de los consumos del sector y el 33,4% de la elec-tricidad.

En Uruguay, dentro del sector residencial, predomina el consumo de energía eléctrica, con 4�% del total del suministro, administrado por la empresa estatal UTE. La leña es la principal

fuente de calefacción en los hogares, y el gas para la cocción de alimentos. El alto porcenta-je de consumo de electricidad puede atribuirse a la concentración de la población en ciudades y al carácter estatal del suministro, lo que facilita el acceso de la población al servicio.

En Argentina, el sector residencial utiliza 2�% del total de la energía disponible, siendo el gas natural el principal energético que se consu-me (7�%). Le sigue la electricidad con 24% del consumo, y la leña con sólo 2%, lo que se atri-buye a que el país es un productor de gas natu-ral. Los principales usos del gas son: cocción de alimentos (30%), calentamiento de agua (24%) y calefacción (�9%).

En Chile, aunque la red eléctrica alcanza el 98% de los hogares urbanos y el 8�% de los ho-gares rurales, el combustible más utilizado en el sector residencial es la leña, (59%). Después le sigue un �9% que corresponde a los derivados de petróleo y el 8% del consumo es gas natural. Tal como queda expuesto con las cifras del con-sumo, las importaciones de combustibles están destinadas en primer lugar a satisfacer las necesi-dades del sector transporte e industria.

En todos los países de la región el uso de la leña es mayor en los sectores rurales y más aleja-dos de los centros urbanos, y entre la población de menos recursos, sea urbana o rural. Asimis-mo, el gasto de energía es mayor en los hogares más pobres: en el caso de Chile, los hogares con menos recursos gastan el �2% de sus ingresos en energía, mientras que apenas representa el �,8% del ingreso entre los hogares del 20% más rico de la población.

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Frente al escenario de crisis energética, los gobiernos latinoamericanos y las instituciones financieras internacionales defienden la necesi-dad de avanzar hacia una integración de merca-dos energéticos y expandir las redes de energía para satisfacer la demanda de los respectivos paí-ses. Sin embargo, como expusimos en el capítulo anterior, la industria de la energía alimenta prin-cipalmente a sistemas productivos basados en la exportación de materias primas y commodities; estas iniciativas de integración, en primer lugar, tienden a sostener e incrementar las ganancias de las empresas involucradas en el mercado energé-tico y el sector exportador.

Entre las propuestas de integración energé-tica, la mas ambiciosa es la Iniciativa para la In-tegración de la Infraestructura Regional Sura-mericana (IIRSA), promovida por instituciones financieras multilaterales como el Banco Mun-dial y el Banco Interamericano de Desarrollo, las mismas que promovieron la privatización de las empresas estatales de energía, la desregulación de los mercados y la integración de redes. IIR-SA contempla un Plan de Acción que fue acor-dado en la Cumbre de Presidentes del año 2000 (Brasilia), avalado por Ministros de Transpor-te, Energía y Comunicaciones de los doce países sudamericanos, e incluye los denominados “ejes de integración y desarrollo” y los “procesos sec-toriales de integración”. La Integración Energé-tica es uno de los ocho Procesos Sectoriales de Integración que propone IIRSA.

Según plantea oficialmente la iniciativa, “el ob-jetivo principal de este Proceso Sectorial es pro-mover acciones tendientes a crear las condicio-nes necesarias para que se desarrollen eficientes interconexiones energéticas regionales, bajo un marco regulatorio que promueva la competen-cia y el libre comercio”5. Ello se lograría median-te el desarrollo de una estructura de integración

�. Ver IIRSA > Áreas de Acción: “Los Procesos Sectoriales de Integración” y “La Integración Energética” (www.iirsa.org).

energética regional con impactos “aceptables” en cada país6. El parámetro de lo “aceptable” de-pende de la voluntad política de los gobiernos, condicionada a la presión por sostener el creci-miento macroeconómico y proteger los grupos de interés en estos proyectos (empresas de ener-gía, el sector exportador y las propias institucio-nes financieras).

Las reformas políticas promovidas por los gobiernos para las empresas de energía se en-marcan en las reformas económicas bajo crite-rios de instituciones financieras internacionales, la Organización Mundial de Comercio y los re-querimientos del mercado internacional. Estas reformas se promueven como “estrategias de modernización” y se refieren principalmente a:

Un sostenido proceso de apertura econó-mica.La privatización de activos de las empre-sas públicas.La desregulación de los mercados internos de bienes y servicios.La transnacionalización del acceso a los re-cursos naturales.Reducción del rol de los Estados.

Los avances de estas reformas han sido dis-pares. A mediados de �999 sólo existían cinco países con un organismo regulador en funciona-miento, tres “bolsas” de energía eléctrica con un nivel razonable de competencia, y un claro au-mento de la participación del sector privado en unos ocho países. Sin embargo, se evalúa que las reformas han sido lentas y se prevé un mayor es-tancamiento, pues no han generado los benefi-cios anunciados para los usuarios, sino sólo para el sector privado. Su crisis de viabilidad incluso es reconocida por el Banco Interamericano, uno de sus promotores (BID, �998, 2000, 200�)7.

�. Ídem, IIRSA > “La Integración Energética”.

�. Chile es una excepción a esta tendencia, puesto que las

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�. Políticas públicas y estrategias de integración energética

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Pese a ello, el proceso de reformas ha conso-lidado una visión mercantil del desarrollo energé-tico, vulnerando los derechos a la energía como parte de los derechos humanos ampliados. Las diversas Cumbres gubernamentales posteriores a Brasilia, y las iniciativas como UNASUR y la Co-munidad Andina de Naciones tienden a conso-lidar –con diversos matices– esta tendencia, aún siendo promovidas por los gobiernos considera-dos progresistas de la región. En los dos últimos años, la propuesta de Petroamérica y la creación de un Tratado de Seguridad Energética plantean la intención de los gobiernos de retomar la he-gemonía política, económica, financiera y tecno-lógica del sector público. Si bien estas iniciativas podrían suponer un alejamiento del BID y del Banco Mundial, sus propuestas incorporan los mismos principios y conceptos de IIRSA.

La Iniciativa Petroamérica, por ejemplo, pro-movida por Venezuela, aunque reconoce que la integración regional es un asunto de los Estados y gobiernos, no excluye la participación de agen-tes privados. Petroamérica plantea la integración de las empresas energéticas estatales de Améri-ca Latina y del Caribe para realizar inversiones conjuntas en la exploración, explotación y co-mercialización del petróleo y gas natural. En este contexto, los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela firmaron en 2005 un acuerdo para ini-ciar estudios de factibilidad a fin de construir un gasoducto que interconecte los yacimientos de gas de Venezuela con los principales centros de consumo en Brasil y Argentina. La aspiración a largo plazo es unir el Cono Sur con la Zona An-dina, para expandir las oportunidades de distri-bución de gas natural desde Venezuela, país que posee más de tres cuartas partes de las reservas gasíferas sudamericanas y cerca del 60% de las reservas de América Latina y el Caribe. Esta ini-ciativa está detenida por problemas de financia-miento e impactos socioambientales asociados8.

reformas privatizadoras tuvieron lugar durante el período dictatorial (19��-1989), anulando las posibilidades de inci-dencia de la sociedad civil sobre las medidas. Para evitar la vulnerabilidad y acelerar la instalación de reformas poten-cialmente impopulares, se instala un escenario político de excepción, que impida el debate democrático (Klein, Nao-mi: La doctrina shock. Ed. Paidós, 200�).

8. La propuesta requiere avanzar en la certificación de las

Otro ejemplo es el Acuerdo sobre Etanol, iniciativa promovida por Brasil y Estados Uni-dos, firmada en marzo de 2007 por los presiden-tes Lula y Bush para impulsar la investigación y producción de etanol a nivel mundial, y crear un mercado global de biocombustibles. Esta op-ción, impulsada como estrategia de reemplazo de los combustibles fósiles, “promueve (…) una producción agrícola que tendrá como fin soste-ner el nivel de consumo vehicular de los países más industrializados, en un contexto mundial en que no está resuelta la cuestión del hambre (…). La disyuntiva ‘energía o alimentos’ ya es un he-cho real: la decisión de Estados Unidos de utili-zar mayor cantidad de maíz para producir etanol, por ejemplo, ha disparado en México el precio del grano, provocando un impacto directo sobre las economías locales, que basan su dieta funda-mentalmente en el maíz”9.

reservas ubicadas en la faja del Orinoco, zona habitada por comunidades campesinas e indígenas que serían afectadas por la transformación territorial que supone una obra de tal magnitud (Más información: AMIGRANSA, http://ami-gransa.blogia.com/).

9. Pablo Bertinat y otros, Agrocombustibles: Argentina fren-te a una nueva encrucijada, Programa Argentina Sustenta-ble, Agosto de 200�, página �.

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En toda América Latina, las organizaciones sociales, las comunidades campesinas e indíge-nas y los sectores afectados por grandes repre-sas y emprendimientos energéticos, han iniciado un proceso de articulación en torno a la urgen-te necesidad de promover una política energéti-ca que priorice las necesidades de la población, el desarrollo local y las economías de subsistencia. Ello en base al reconocimiento de que el acceso a la energía es un derecho humano fundamental; y a la magnitud de los impactos adversos para las comunidades y los ecosistemas que han deriva-dos del modelo vigente de producción y consu-mo energético.

En el caso de la explotación petrolera, una si-tuación alarmante es la contaminación, hundi-miento o subsidencia de ciertas zonas costeras del Lago de Maracaibo, en Venezuela. Sólo un muro separa el Lago de Maracaibo de los cam-pos petroleros que albergan a miles de trabaja-dores y a sus familias. Como en todos los me-gaproyectos energéticos, las comunidades se ven obligadas a coexistir con explotaciones petrole-ras que avanzan sin las consultas ni los estudios previos de impacto ambiental, destruyendo im-punemente sus tierras, los reservorios de agua, las zonas de cultivo o cría de animales y el en-torno comunitario en general. A ello se suman los graves daños a la salud de los trabajadores petroleros y de pobladores aledaños a las áreas de explotación: campesinos, pescadores e indí-genas (Fuente: AMIGRANSA, Venezuela). En Ecuador, la operación de Chevron-Texaco rea-lizada entre �964 y �992, dejó más de 600 pisci-nas de desechos tóxicos, causando la contamina-ción de los ríos y el aire, la instalación de daños a los suelos debido a los frecuentes derrames de crudo y la deforestación de aproximadamente un millón de hectáreas de bosque húmedo tropical. Esta empresa descargó �8.500 millones de galo-nes de agua residual con materiales tóxicos en los ríos mientras que extraía petróleo en la selva

de Ecuador entre �972 y �992. Los agricultores e indígenas de Sarayacu confirman que el agua de pozo está cubierta por una capa aceitosa y que sus niños padecen erupciones y fiebres después de nadar en los ríos de la selva.�0

En la generación de energía a través de gra-mdes represas, un caso emblemático es el de Pa-raguay, con los embalses de Itaipú y Yaciretá. La megacentral Itaipú inundó un área de unos �.350 km2 entre Brasil y Paraguay. La propiedad agríco-la existente en el área fue expropiada y la pobla-ción se vio obligada a emigrar compulsivamente. El proceso de expropiación se inició a finales de los 70, y el ente binacional debía indemnizar a los propietarios cercanos al río Paraná; sin embar-go, muchos de los pobladores recibieron pagos muy inferiores a los valores reales. Algo similar sucede con la represa de Yacyretá, considerada la segunda más grande de América Latina. La po-blación afectada por la construcción de esta re-presa asciende a 3.8�0 familias, de las cuales sólo fueron reasentadas la mitad. Estas comunidades, que basaban su economía en la agricultura y la pesca, fueron trasladadas a lugares de ecosiste-mas más pobres. Por esta causa, muchas familias abandonaron la relocalización y se trasladaron a las zonas marginales de las ciudades, engrosan-do los cordones de pobreza. La represa también alteró las condiciones de pesca aguas abajo, y las enfermedades relacionadas con el embalse están entre las de mayor consulta en los hospitales se-gún los datos de Ministerio de Salud Pública.��

En Brasil, las más de 600 centrales hidroeléc-tricas han desplazado cerca de 200.000 familias, mayoritariamente campesinas e indígenas. Estos traslados han provocado la pérdida de fuentes de trabajo, cultura, identidad, sentido de perte-nencia y relaciones sociales, todos problemas sin

10. Fuente: Choike.org (ver: www.choike.org/nuevo/infor-mes/1��8.html).

11. Ibid.

�. Propuestas por los derechos y la sustentabilidad energética de los pueblos

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compensación posible. Los lagos artificiales han traído consigo problemas de salud, destrucción de las actividades de pesca y agricultura e inun-daciones aguas abajo. La población damnifica-da se ha organizado en el Movimento Nacional de Atingidos por Barragems (MAB), a través del cual se organizan actividades de resistencia, cam-pañas de denuncia y visibilización de los impac-tos de estos emprendimientos a nivel nacional e internacional.�2 Este es el movimiento de resis-tencia más grande de Latinoamérica vinculado a los impactos de la industria hidroeléctrica

12. Fuente: Honty, Gerardo, Impactos ambientales del sec-tor energético en el MERCOSUR: Diagnóstico y perspectivas, 2001.

Con el fin de abordar los problemas y desafíos asociados a las políticas públicas, la producción, la comercialización, el consumo y las estrategias de integración energética en América Latina, surge la Plataforma Energética de los Pueblos, el marco de las alianzas de la sociedad civil en los Foros Socia-les y las Cumbres de los Pueblos. Esta Plataforma articula a ONGs, sindicatos, organizaciones socia-les, campesinas e indígenas, para formular princi-pios y criterios de una política energética de los pueblos y para los pueblos. El texto que sigue re-produce algunos aspectos de la Declaración de esta Plataforma, discutida en diversos encuen-tros regionales y fortalecida por los espacios de discusión y debate de la sociedad civil.

Declaración Plataforma Energética de los Pueblos.

I. Derechos y soberanía energética*La energía es un derecho para: la subsistencia (calor, cocción), el mejoramiento de condiciones de vida y los sis-temas productivos. Las comunidades tienen derecho al territorio y a los recursos naturales (tierra, bosques) in-cluidos los recursos energéticos.*Los Estados tienen el deber de proveer a la población de este servicio y asegurar el acceso de todos a la energía.*La población debe participar democráticamente en los procesos de decisión sobre las políticas y proyectos ener-géticos, opciones tecnológicas y el uso de las fuentes energéticas de su país.*Las políticas y proyectos energéticos deben prevenir los impactos sociales y ambientales locales (comunidades y países) y globales (calentamiento global, etcétera). Esto requiere un cambio estructural del actual sistema de producción y consumo de energía que destruye el am-biente, las comunidades, las identidades y economías locales.

II. Seguridad energética y soberanía de los pueblos* La seguridad y la soberanía energéticas deben estar basadas en la soberanía de los pueblos, sobre los re-cursos energéticos y la toma de decisiones democráticas sobre su uso (prioridad de necesidades locales y nacionales y orientarlas al uso de energías propias y limpias).*La soberanía energética requiere descentralizar el uso de las fuentes energéticas a escala local, regional y nacional, permitiendo acceso y participación de la población, y la estabilidad ambiental y política de los sistemas energéticos.*Al igual que el comercio global motivado por un consumo excesivo de los países industrializados, la ex-plotación y uso excesivo de recursos energéticos y de energía deben cambiar radicalmente. Es necesario reducir el consumo energético y la dependencia de políticas basadas en la explotación petrolera, centrales nucleares y grandes represas. También promover el cambio hacia fuentes locales, renovables y limpias. *Las relaciones entre los países y la integración entre los pueblos deben orientarse hacia la cooperación y complementación energética para las necesidades de los pueblos. Se debe denunciar los proyectos de inte-gración energética que facilitan la apropiación de las fuentes energéticas por los actores privados nacio-nales y trasnacionales del negocio energético, con el fin de acumular riqueza. *Es necesario cuestionar el tipo de bienes que producimos y para quiénes se producen; como también de qué manera se producen y a quiénes benefician dichos procesos.

La soberanía energética requiere: * Acceso a la energía, servicios y recursos energéticos.* Equidad en el acceso a las fuentes y servicios energéticos.* Sustentabilidad socioambiental de los sistemas energéticos.

Fuente: Hacia el Foro Social Energético: Programa Cono Sur Sustentable. Porto Alegre, enero 200�.

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Los procesos de debate en el marco de la Alianza Social Continental, las cumbres de los pueblos y las discusiones alrededor de los pro-cesos de integración en curso han enriquecido estos conceptos en la práctica y en la lucha de todos los días por la defensa de los territorios. Indudablemente, este es un debate fundamental por la construcción de un nuevo modelo de de-sarrollo que abandone las viejas ideas del creci-miento económico como único camino para me-jorar la calidad de vida de los sudamericanos.

La construcción de esta Plataforma y los pro-cesos de diálogo respecto de los desafíos energé-ticos para la región se enmarcan en la discusión reciente sobre la justicia climática como concep-to fundamental para entender los impactos di-ferenciados del cambio climático –asociados a la estructura del consumo energético y al mode-lo de producción/intercambio/consumo vigen-te– sobre los diversos sectores de la población. La noción de justicia climática evidencia que los principales afectados por los fenómenos asocia-dos al cambio climático (desertificación, inunda-ciones, cambios en los regímenes hídricos, des-plazamiento y muerte de especies, migraciones masivas, etc.) son los sectores tradicionalmente marginalizados y empobrecidos de la sociedad, mientras que los principales responsables de es-tos fenómenos no sólo no asumen dicha res-ponsabilidad, sino que actúan a resguardo de sus intereses particulares ante este problema de al-cance global. Actualmente, las estrategias de mi-tigación y adaptación ante el cambio climático están siendo pensadas en función de proteger el modelo de desarrollo vigente y no como opor-tunidad para dar curso a las transformaciones de fondo que supone este desafío. Por ende, el de-bate energético actual, al incorporar la noción de derechos y democracia, supone abordar los desa-fíos en función de los principios de justicia, equi-dad y responsabilidades diferenciadas. En aras de la sustentabilidad política y la profundización de-mocrática de nuestras sociedades, esta discusión requiere, en forma indispensable, la participación de la sociedad civil y las comunidades de afecta-dos en los espacios de visibilización del proble-ma y de toma de decisiones para su abordaje.

Coordinación ejecutivaPablo Bertinatenergía@taller.org.ar Edición general:

www.inerciacomunicacion.com.ar

Diseño y diagramación:Mariano Sanguinettiarte@inerciacomunicacion.com.ar

Esta publicación se terminó de imprimir en elmes de diciembre de 2008 en los TalleresGráficos de Imprenta Acosta Hnos. S.H. enla ciudad de Santa Fe - Argentina