UNIVERSIDAD FERMÍN TORO

VICE RECTORADO ACADÉMICO

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

ESCUELA DE DERECHO

Integrante

Deixon Romero

C.I: 20.144.703

Escuela de Derecho

SAIA “A”

Barquisimeto; junio 2015

Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico

Toda la iniciativa a dicha carta se profundizo el 31 de Mayo y 1 de Junio

del 2007, cuando los Ministros de Administración Pública y de la Reforma del

Estado y los Jefes de Delegación de los Gobiernos iberoamericanos se

reunieron para dar apertura a la IX conferencia en Pucon Chile, donde se

hablaron de temas de ámbito social y político, buscando el fortalecimiento de

sus instituciones públicas y la modernización de sus mecanismos de gestión,

teniendo en cuenta que la calidad de los organismos públicos es fundamental

para el desarrollo, la igualdad de oportunidades y el bienestar social,

apegándose a los diferentes tratados y convenios internacionales antes

fundamentados por los países iberoamericanos, teniendo en cuenta la

desigualdad social que ha creado la evolución tecnológica dejando muchos

atrás, por lo que se busca también la igualdad social en cuanto al conocimiento

de los avance tecnológico manejando la información en tiempo y espacio.

Dentro de todo esto el objetivo principal es formular la presente Carta

Iberoamericana de Gobierno Electrónico que contiene un conjunto de

conceptos, valores y orientaciones de utilidad para su diseño, implantación,

desarrollo y consolidación como herramienta coadyuvante de la mejora de la

gestión pública iberoamericana, donde hará protagonismo el ciudadano y sus

derecho ante el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) que

se lleven a cabo.

Las personas tanto naturales como jurídicas que tenga que relacionarse

con la administración pública y su gestión, poseyendo el derecho aunque este

fuera de dicho país, tal derecho le abre múltiples posibilidades de acceder

fácilmente a las administraciones pública como conocer, con la facilidad que

implican los medios electrónicos, lo que están haciendo tales Administraciones,

hacerlas más transparentes y, por ello mismo, más controlables contribuyendo

a luchar contra la corrupción y generando la confianza de los ciudadanos,

eliminar las barreras que el espacio y el tiempo ponen entre los ciudadanos y

sus Administraciones y que alejan al ciudadano del interés por la cosa pública,

promover la inclusión y la igualdad de oportunidades de forma que todos los

ciudadanos puedan acceder, cualquiera que sea su situación territorial o social

a los beneficios que procura la sociedad del conocimiento, participar

activamente emitiendo opiniones, sugerencias y en general en el seguimiento

de toma de decisiones, así como sobre el tipo de servicios que el Estado

provee y el modo de suministrarlo.

Se trata también de aprovechar el potencial de relaciones de las

Administraciones Públicas para impulsar el desarrollo de la sociedad de la

información y del conocimiento, existen dos objetivos que trabajan de la mano

un objetivo final y directo que reconoce a los ciudadanos un derecho que les

facilite su participación en la gestión pública y sus relaciones con las

Administraciones Públicas de manera transparente y respetuosa bajo el

principio de igualdad y el otro que es un objetivo estratégico e indirecto sirve

para promover la construcción de una sociedad de información y conocimiento,

inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo, esto permite el

reconocimiento de la multiculturalidad existentes, la diversidad lingüística, y el

conocimiento entre los pueblos, fortaleciendo así, el desarrollo cultural y

lingüístico.

Se insta a los Estados que, en la construcción de la Sociedad de la

Información y el Conocimiento eviten adoptar medidas y decisiones unilaterales

contrarias al Derecho Internacional, realizando acciones tendentes a contribuir

a la plena consecución del desarrollo económico y social de la población de los

países afectados y al bienestar de sus ciudadanos.

Por último, la Carta reconoce el rol insustituible que le corresponde a los

Estados en estas materias, para garantizar la universalización a toda la

población y la continuidad de los servicios electrónicos y el fortalecimiento de la

democracia.