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Mecanismos de ascenso en la clase política

Martín DinataleAlejandra Gallo

Damián Nabot


© Konrad-Adenauer-StiftungSuipacha 1175, Piso 3ºC1008AAWCiudad de Buenos AiresRepública ArgentinaTel: (54-11) [email protected]

© Ediciones La CrujíaTucumán 1999 - C1050AAMCiudad de Buenos Aires, [email protected]

Diseño: Ana Uranga B. - Verónica LaraInfografías: Alejandro BogadoCorrección: Jimena Timor

ISBN: 987-1004-92-3

Impreso en ArgentinaHecho el déposito que establece la Ley 11.723

Prohibida su reproducción total o parcial, incluyendo fotocopia, sin la autorización expresa de los editores

Noviembre 2005

Dinatale, Martín La escalera invisible : mecanismos de ascenso en la clase política / Martín Dinatale ; Alejandra Gallo ; Damián Nabot - 1a ed. - Buenos Aires : La Crujía: Fundación Konrad Adenauer, 2005. 192 p. ; 21.5 x 15.5 cm

ISBN 987-1004-92-3

1. Política Argentina. I. Gallo, Alejandra II. Nabot, Damián III. Título CDD 320.982


A mis padres, Oscar y TeresitaMARTÍN DINATALE

A mis padres y a TomásALEJANDRA GALLO

A PaolaDAMIÁN NABOT


Í N D I C E

Agradecimientos .........................................................................11

Prólogo .........................................................................................13

Introducción ................................................................................17

Capítulo I Aparatos y partidos políticos

Frankenstein desencadenado .....................................................23De la Universidad al poder ........................................................25Aparato y militancia en el justicialismo ..................................30Marchas y contramarchas ..........................................................38Obsecuencia o capacitación .......................................................41La mercantilización del voto .....................................................48

Capítulo II El delicado vínculo entre el dinero y la política

Tipos de financiamiento Legislación argentina. Casos en otros países ..........................55Historia normativa en la Argentina .........................................58Los fondos privados. ...................................................................59Los fondos públicos ....................................................................61El Ministerio del Interior ............................................................62


La primera aplicación de la Ley 25.600 ...................................63El control judicial en el proceso electoral argentino .............67El modelo de financiamiento en otros países .........................75

Costa Rica ..........................................................................77Chile ...................................................................................79Alemania ...........................................................................81

Dinero y política en la Argentina: un matrimonio flexible e inevitable .........................................83Tipologías .....................................................................................84

Vínculo de campaña ........................................................86Campañas presidenciales ......................................87Campañas legislativas ...........................................93

Vínculo permanente .........................................................96La vía parlamentaria .............................................97La vía ejecutiva ......................................................98

Capítulo IIILa construcción de la imagen como herramientade ascenso político

El marketing políticoConceptualización e historia ...................................................105Breve historia ............................................................................107El marketing en acciónCuidado y armado de la imagen pública ...............................110El caso Bruera en La PlataCómo instalar un candidato desconocido ..............................124Las campañas electoralesConstrucción de la imagen en tiempos proselitistas ............129Las encuestasUso y abuso de los sondeos de opinión pública ...................140Agenda de los medios versus agenda de la genteTemas impuestos y temas depuestos ......................................151


La aparición de los extrapartidariosDebacle de la política o renovación .......................................161La gestión como propagandaLos municipios como imagen en la campaña .......................166

Capítulo IVDesafíos del futuro

Diagnóstico y propuestas .........................................................173Transformar los partidos ..........................................................174 Desarmar los aparatos ..............................................................175

Bibliografía ................................................................................185

Entrevistados .............................................................................189


AG R A D E C I M I E N T O S

El trabajo colectivo que se esconde detrás de un libro incluye a las personas que dan su tiempo para las entrevistas, a quienes aportan ideas, sugerencias, documentos, teléfonos, nombres y es-tímulo.

Nuestro agradecimiento, entonces, para Hans Blomeier, repre-sentante en la Argentina de la Fundación Konrad Adenauer, por su predisposición constante y su apoyo a nuestro proyecto de investigación.

A Matías Buschiazzo, por su aporte en la transcripción de la bibliografía.

A Mariel Fitz Patrick, por su colaboración incondicional.

A Manuel Mora y Araujo, Rosendo Fraga, Carlos Fara, Carlos Germano, Alejandro Archain, Juan Abal Medina, Ricardo Gómez, Gerardo Conte Grand, Gabriela González Gass, Horacio Pernasetti, Oscar Lamberto, Horacio Poggi, Silvia Collin, Marcelo Carvalho, Oscar Nievas, Alberto Carrill, Raúl Gómez, Santiago Oberti, Leandro Vallman, Matías Agüero y Carlos Oviedo Montagna.

A Santiago Rossi, por la orientación en temas de comunicación.

A Ricardo Carpena, por su apoyo permanente desde lo perio-dístico y lo humano.


12 - La escalera invisible

A Ricardo Sidicaro, por escucharnos y aportar datos de manera desinteresada y profesional.

A Heriberto Muraro.

A los legisladores, funcionarios, militantes, asesores de dirigen-tes políticos, empresarios, dirigentes empresarios y consultores privados, quienes en forma reservada e incondicional aportaron datos valiosos para la investigación.

A Jorge Giacobbe.

A los empleados de la Biblioteca Nacional, del Congreso de la Nación y del Archivo General de la Nación; a los empleados de archivo de los diarios La Nación y Clarín.

A Guadalupe Barrera y Mónica Bing, de la Fundación Konrad Adenauer.

A Hugo Dalbosco, Rodolfo Terragno y Daniel Scioli.

A Mauricio Giraudo, de ACEP.

A Matías Méndez, Héctor Mazzei y Carlos Caramello.

También, a Raúl “Chapu” Allende (sin cuyas valiosas manos gran parte de este trabajo no se hubiera podido completar), Miguel Vayo, Marcelo Bonelli, Armando Vidal.

Y a nuestros amigos y familiares, por la paciencia y el aliento incondicional.


Los partidos políticos constituyen uno de los pilares institu-cionales centrales del sistema democrático, si entendemos este sistema como democracia representativa.

Caben entonces la pregunta y la preocupación acerca de hasta qué punto estos partidos políticos pueden cumplir su misión si en su interior no funcionan de acuerdo con los principios democráticos.

El descrédito y la pésima imagen de los partidos en América Latina y también en la Argentina a raíz de esa falta de democra-cia interna, la falta de renovación de sus cuadros dirigenciales, la corrupción y la ineficiencia para gobernar -para nombrar sólo algunas de las principales críticas- afectan directa y centralmente la democracia misma. Estas son sólo algunas de las causas de la abstención política (no solo electoral), del desinterés de la ciuda-danía por participar en la política y los partidos y de la ausencia de visiones y programas políticos de mediano y largo plazo.

Los efectos de esto son el cortoplacismo y el excesivo perso-nalismo en la política.

Algunos sostienen que es suficiente que simplemente exista una cierta cantidad de partidos entre los cuales pueda elegir la ciudadanía y que no importa demasiado la democracia interna de los mismos. Según esta postura, democracia partidaria, eficacia electoral y buen gobierno no necesariamente van de la mano.

PR Ó L O G O



¿Pero cómo pueden sostenerse principios democráticos que seduzcan al electorado si se predican pero no se cumplen “en casa”? ¿Cómo pueden estas verdaderas “agencias recolectoras de votos” invitar a un pluralismo y una participación ciudadana que ha sido excluida de los cuadros partidarios para dar paso al vacío de ideas y la compra de favores?

Estas preocupaciones dieron origen a la idea de esta publi-cación, producto de una exhaustiva investigación periodística llevada a cabo por Martín Dinatale, Damián Nabot y Alejandra Gallo. Ellos se concentraron en este análisis a partir del provoca-tivo título de La escalera invisible, en un esfuerzo por diferenciar entre verdaderos mitos y crudas realidades en lo que se refiere a los aparatos electorales, devenidos en estructuras sin contenido programático cuyo principal sostén es el intercambio de favores y votos por acceso al aparato del Estado, el financiamiento mu-chas veces turbio e incluso ilegal de la estructura partidaria y de las campañas electorales así como la construcción de la imagen de los políticos como herramienta principal para el ascenso.

Los autores brindan un pormenorizado análisis del sistema de partidos políticos en la Argentina y los mecanismos de ascenso de los dirigentes políticos dentro del mismo y, además, pretenden también un aporte en materia de propuestas y, por lo tanto, cons-tructivo. Así vislumbran alternativas superadoras cuyo punto de partida es la obligación de los partidos políticos de retomar el rol que les compete en una sociedad verdaderamente democrática: la reconstrucción del espacio público que equilibre las voces de una sociedad desigual.

La conclusión es, entonces: si se quiere mejorar el sistema democrático, tienen que mejorar los partidos políticos. Se trata de una tarea enorme y que nos incumbe a todos. Implica también

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una activa participación ciudadana con y en los partidos políti-cos para construir en conjunto una auténtica sociedad ciudada-na. De no hacerlo, estaríamos siendo responsables todos nosotros del fracaso del sistema democrático y, por lo tanto, del sistema menos imperfecto de todos los sistemas políticos imperfectos.

HANS BLOMEIER

REPRESENTANTE EN LA ARGENTINA DE LA FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER

Prólogo - 15


I N T R O D U C C I Ó N

En el museo Getty de Los Angeles, un refinado manuscrito medieval conocido como “La ascensión” muestra a Cristo trepar entre las nubes por una escalera invisible. Abajo lo despiden los discípulos y a lo largo del trayecto lo acompañan cuatro ángeles que celebran su elevación al Paraíso. La ascensión, en efecto, refiere desde la antigüedad al perfeccionamiento, es la palabra latina scandere, de supra principem scandere, “subir por encima del príncipe”, elevarse, superar obstáculos.

El peso del progreso transitó luego de la religión a la sociedad civil. Con el transcurso de los siglos, la modernidad transformó la movilidad social, expresada fundamentalmente en términos económicos, en el reverso de la estratificación. Ascender era quebrar las barreras entre las clases.

Paralelamente, a principios del siglo XIX, las sociedades modernas dieron a luz las formas de gobierno representativas, que articularon los primeros sistemas de partidos. En forma prácticamente espontánea y ligados al parlamentarismo, los dirigentes se agruparon en torno a la defensa de un determinado conjunto de ideas e intereses. A medida que el Estado amplió su influencia y su burocracia, la vida de los partidos se independizó de los Parlamentos, se entrelazó con las luchas sociales y generó una estructura autónoma. Esta construcción, progresivamente enfocada hacia la contienda electoral, se dividió internamente en jerarquías y generó un sistema de incentivos que alimentó el vínculo con sus asociados.



Así, la movilidad interna adquirió una significación especial en los partidos políticos: se convirtió en la condición necesaria para acceder a los espacios de poder público y, por lo tanto, fue un vehículo para la transformación social de los sistemas democráticos.

Sin embargo, los partidos sufren en el presente un corrimiento de las expectativas del electorado. Las carencias, las esperanzas frustradas y la aparición de nuevos competidores en la intermediación, como los medios masivos de comunicación, subsumieron en un estado de crisis la representación política clásica.

Aunque sin ser absoluta y excluyente, los partidos tuvieron su propia responsabilidad en el proceso. Sus estructuras se volvieron refractarias a la participación social y fueron trepanadas por verdaderas agencias de recolección de votos que impusieron su propia lógica a la vida partidaria.

Los mecanismos de ascenso acompañaron el deterioro y dieron lugar a un círculo perverso. Si lo que se premia es el respaldo de la estructura interna y la capacidad de financiamiento cualquiera sea su origen, los partidos se transforman en cajas cerradas, amuralladas, que promueven la astucia antes que el talento, la cofradía antes que la representatividad. Y así, vaciados de ideas, se alquilan para los intereses que se muestren dispuestos a lucrar con su influencia.

Sin embargo, antes de adelantar el desarrollo del libro, vale una aclaración.

El sistema de partidos políticos de la Argentina presenta profundas diferencias internas. El clientelismo, por caso, es evidente en las fuerzas con control estatal; pero otros partidos, justo es decirlo, están libres de culpa y cargo. A la vez, cada provincia, cada región, tiene su propias particularidades: en unas, el caudillismo y el abuso del aparato estatal es asfixiante; en otras, atenuado o focalizado. Por ello, los problemas denunciados


a lo largo de la investigación aluden a generalidades, aunque los actores del sistema partidario tienen responsabilidades diversas. Más aún, si gran parte de la dirigencia fue subsidiaria de la manipulación del Estado y los circuitos de dinero ilegal, otra gran porción fue su víctima.

En ese sentido, el vulgarismo que sostiene que “los políticos son todos iguales” sólo sirve para desmotivar al diferente: “Ya viste, estúpido –puede burlarse el infame del honesto–, vos no robaste, no usufructuaste, nos denunciaste y para el resto de la sociedad somos lo mismo”.

El ascenso interno en los partidos políticos, que debería fundarse en virtudes como la capacidad para representar los intereses de las mayorías, la habilidad en la gestión pública y la sagacidad para formar consensos, encuentra en realidad dos grandes condicionantes negativos.

El primero, analizado en el Capítulo 1, son los aparatos elec-torales, como se denominan las estructuras parasitarias que, es-pecialmente en las internas, intercambian respaldo y votos por garantías de acceso al Estado.

El segundo condicionante es el financiamiento. En ese sentido, el segundo capítulo aborda el delicado vínculo entre la política y el dinero, pasa revista a la legislación vigente en la Argentina y extiende la comparación hacia otros países de América Latina que sirvieron como referentes en la región. Este tramo de la investigación incluye también una tipología sobre la esfera privada del financiamiento, que supera incluso las prácticas propias de los períodos electorales. La caracterización muestra de qué modo se instrumenta un circuito de dinero que, aunque siempre intuido, nunca se había logrado sistematizar en categorías que arrojaran luz sobre los métodos utilizados.

La construcción de la imagen de un dirigente para su ascenso partidario o parlamentario se convirtió en los últimos años

Introducción - 19



en herramienta esencial de la política. Prácticamente, ningún candidato elude en el presente el asesoramiento de asesores en comunicación o encuestadores. La imagen y su armado se constituyeron en armas naturales para construir poder.

El camino es, por cierto, complejo y requiere de diferentes abordajes. Hay dirigentes que hacen de la imagen un culto y el contenido queda relegado a un segundo plano. Hay quienes carecen de fondos y buscan alternativas para comunicar. Y están aquellos que se valen de la gestión municipal, legislativa o ejecutiva como herramienta de campaña. Todos y cada uno de estos casos son analizados en el tercer capítulo, con el objetivo de identificar el verdadero peso que tiene en el electorado la construcción de imagen de un candidato y el poder de la opinión pública en la toma de decisiones.

Por último, el cuarto capítulo intenta aportar vías de solución a los problemas planteados. Mejorar los mecanismos de promoción interna de las fuerzas políticas es una tarea medular para cualquier reforma que realmente tenga como objetivo recuperar los partidos para la sociedad. Este último capítulo resulta ser el más ambicioso en términos de expectativas, por una simple cuestión: sus respuestas buscan dar motivos a la ilusión.


FR A N K E N S T E I N D E S E N C A D E N A D O

“Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí, y de pronto, se arroja entre las ruedas de un tranvía.”

La estrofa de Oliverio Girondo, tomada de Veinte poemas para ser leídos en el tranvía, contagia un escalofrío de premonición. ¿Cómo fue que la sombra decidió ser autónoma de nuestras deci-siones? ¿Quién muere en el suicidio de nuestra sombra?

En varios sentidos, los aparatos electorales son la invención desencadenada de los partidos políticos, que amenazan con de-vorarse a sus propios creadores y arrastrar consigo gran parte del significado de la democracia.

Aparatos: el nombre mismo buscó acotarlos a un uso instru-mental. Una herramienta utilizable en una elección, que luego es descartada para volver a dejar las decisiones en quienes piensan en fines antes que en medios.

Pero en algún lugar de la cadena, la lógica se invirtió. El Se-ñor Hyde resultó más poderoso que el Doctor Jekill. Ya no acepta instrucciones. Si los aparatos tienen los votos, ¿por qué no que-darse también con los candidatos? Si la única regla es el triunfo electoral, ¿por qué someterse a vacuos principios doctrinarios? Así, la sombra amenaza arrojar al poeta bajo las ruedas del tran-vía, a menos que cumpla sus órdenes.



¿Cuáles son las características de la criatura y cómo fue que se rebeló frente a su creador?

Un corte histórico que parta de 1983, el momento de la recu-peración democrática, y se extienda hasta el presente, descubrirá en cada fuerza política una realidad diferente pero a la vez en-contrará similitudes que exhiben un perfil de época y ayudan a develar el misterio.

Un lugar de partida posible para el análisis es la primera elec-ción presidencial después de la última dictadura militar. Antes, por supuesto, también existieron estructuras similares y cliente-lismo. Pero perderse en las marañas de la historia puede desviar el centro de la investigación.

En 1983, la Unión Cívica Radical se impuso sobre un pero-nismo que había dominado durante 40 años el escenario político y que hasta entonces había resultado invencible en los comicios libres y abiertos. La UCR obtuvo entonces el 51,74% de los sufra-gios; el Partido Justicialista, el 40,15%.

El período previo a las elecciones y los primeros meses de democracia marcaron un pico de participación ciudadana en los partidos políticos. En el interior de la UCR, Raúl Alfonsín había logrado desbancar a la tradicional conducción partidaria con una oratoria rejuvenecida y sin la carga colaboracionista que empa-rentaba a otros dirigentes con el régimen militar. El instrumento partidario que permitió el triunfo interno de la candidatura de Alfonsín fue el Movimiento de Renovación y Cambio, que en-cauzó la transición generacional en la UCR y destronó definiti-vamente al balbinismo.

“Tan sólo con la muerte de Balbín, el partido renovó su conducción y su dirección pasó a manos de la línea Renovación y Cambio. Con un discurso progresista y recuperando la figura emblemática de Yrigoyen, este sector liderado por Alfonsín quebró un largo período de


Aparatos y partidos políticos - 25

aletargamiento partidario y movilizó a vastos sectores de la juventud, ganando las elecciones internas primero y asegurando, después, la primera victoria electoral de la UCR en elecciones libres y competitivas”.1

La corriente interna del Movimiento de Renovación y Cam-bio que conquistó los principales espacios de poder dentro del gobierno de Raúl Alfonsín fue la Junta Coordinadora Nacional, una vertiente de la Juventud Radical nacida a fines de los años sesenta que exhibía una nueva generación de dirigentes como Marcelo Stubrin, Federico Storani, Enrique Nosiglia, Luis Cá-ceres, Leopoldo Moreau y Jesús Rodríguez. Pero a medida que avanzó la década del ochenta, la transformación alfonsinista mostró limitaciones en la superación de las tradicionales prác-ticas partidarias y en la instauración de un nuevo modelo de representación política.

DE L A UN I V E R S I D A D A L P O D E R

“A lo largo de la consolidación democrática se acen-tuó la crisis de representación y los aparatos electorales fortalecieron su clientelismo –rememora Gabriela Gon-zález Gass, quien durante el gobierno radical encabezó la corriente juvenil dentro del Movimiento de Renova-ción y Cambio–. Creo que hubo dos vertientes parale-las en la crisis de los partidos políticos: por un lado, la instalación desde los medios masivos de comunica-ción de los candidatos, que restaba importancia a las decisiones partidarias y, por otra parte, el crecimiento de los aparatos electorales. La lógica de la política, el debate de ideas, la apertura hacia la comunidad fueron

1 Botto, Mercedes, La relación partido/gobierno en la nueva democracia argentina, European University Institute, Florencia, 1999.



progresivamente desvalorados y paralelamente se so-brevaloró el poder de los aparatos, su red de dirigentes territoriales, la posibilidad de garantizar triunfos inter-nos, todo un mecanismo asentado en el clientelismo”.

El testimonio de González Gass, que fue recibida con una pistola sobre el escritorio cuando fue a comunicarle al jefe de la bancada de concejales radicales que iba a abandonar el bloque, anticipa las marcas características del funcionamiento de los aparatos: distribución de recursos y beneficios públicos para garantizar la dependencia de punteros y una masa cau-tiva de votantes.

Al momento de ejemplificar cómo se desvirtuó un grupo po-lítico en el interior de la UCR, González Gass enfoca hacia la Universidad y recuerda los cambios de la agrupación estudiantil del radicalismo:

“A lo largo de los 80, Franja Morada dejó de ser el brazo universitario de la UCR para constituirse en un poder económico interno. Generaba recursos por los bares que manejaba y por los centros de venta de apuntes. Paulatinamente adquirió autonomía de las decisiones políticas del partido y se asoció con dirigentes que le aseguraban tener poder partidario propio”.

La agrupación universitaria de la UCR había nacido al calor de la resistencia contra la dictadura de Juan Carlos Onganía y estaba fuertemente emparentada con la Junta Coordinadora; eran los tiempos del Mayo Francés y el Cordobazo. Por enton-ces, la militancia rentada era una idea inconcebible. Los princi-pales referentes eran estudiantes universitarios de clase media, empapados en la discusión política ardiente de los últimos años sesenta. En la década siguiente, con la fractura de la Federación Universitaria Argentina, la agrupación radical tomó distancia de las vertientes estudiantiles comunistas y se alineó con el



reformismo democrático. Para entonces, en 1971, Marcelo Stu-brin se convirtió en el primer franjista en alcanzar el cargo de secretario general del ala reformista del movimiento universita-rio, la llamada FUA-Córdoba. Las consignas de los jóvenes es-tudiantes radicales, que internamente estaban enfrentados con la balbinista Juventud Radical Revolucionaria encabezada por Rafael Pascual, exigían el fin de la dictadura militar y la con-vocatoria a elecciones libres.2

En 1973, como una muestra del poder creciente de la agru-pación, Federico Storani se transformó en el primer presidente de la FUA proveniente de Franja Morada. El golpe de Estado de 1976 encontró a la dirigencia franjista transformada en jóvenes profesionales con una intensa experiencia política.

Con el regreso de la democracia y el triunfo de Raúl Alfonsín, Franja Morada reafirmó y extendió su predominio en la Univer-sidad de Buenos Aires y, paralelamente, con la participación de los estudiantes en el gobierno de las facultades, comenzó a tener fuerte incidencia en las decisiones de gestión administrativa.

“La euforia desencadenada en amplias capas medias y populares por el triunfo alfonsinista se propagó a las casas de estudio, donde se institucionalizó una nueva correlación de poder. El congreso de la FUBA –suspendido días antes de los comicios para evitar que los resultados influyeran en el panorama nacional– se organizó en noviembre [1983] en la Facultad de Medicina. Los franjistas dominaron la escena con una contundente mayoría de delegados, pero propiciaron la Lista de Unidad Nacional”.3

2 Levenberg, Rubén; Merolla, Daniel, Un solo grito. Crónicas del movimiento estudiantil universitario de 1918 a 1988, FUBA, Buenos Aires, 1988.3 Ibídem.



De esa forma, Franja Morada se elevó con la fuerza de los rejuvenecidos vientos democráticos, pero su ascenso cristalizó progresivamente las prácticas de las maquinarias electorales que, precisamente, había desafiado en su origen.

La vieja reivindicación de la Reforma Universitaria de 1918, es decir, el gobierno tripartito en las universidades, fue precisa-mente la rendija por donde se colaron las prácticas clientelares.

Efectivamente, un recorrido histórico de los últimos veinte años demuestra que, después de alcanzar el manejo de los centros de estudiantes, la dirigencia franjista avanzó sobre el control de la estructura administrativa de las facultades, lo que permitió el reparto de prebendas entre sus militantes. Los votos que maneja-ba la agrupación en los consejos superiores de las universidades y en el claustro de graduados obligó a las autoridades a depender de su aceptación para asegurar un triunfo. Como contrapresta-ción para el respaldo estudiantil, según reconstruyeron en reser-va militantes que abandonaron la agrupación, la Franja Morada se aseguraba cargos en las facultades, con predilección por las secretarías de Extensión, y el ingreso de los recursos sin control, provenientes especialmente de la Secretaría de Apuntes. Otros centros de estudiantes sumaron los fondos llegados de cursos de idiomas y computación que se dictaban en las facultades. Un estudiante que integraba Franja Morada a fines de los noventa estimó que en la Facultad de Ciencias Económicas de la Univer-sidad de Buenos Aires, los recursos estudiantiles alcanzaron en 1997 los tres millones de pesos anuales.

En la década del 90, los principales referentes de la agrupa-ción respondían a las cuatro facultades de la UBA que exhibían la mayor cantidad de votos: Lautaro García Batallán (Psicología), Cristian Caram (Ciencias Económicas), Darío Richarte (Derecho) y Martín Marcos (Arquitectura). Consecuentemente, los cuatro obtuvieron también cargos en la estructura administrativa de la UBA: García Batallán fue designado secretario de Relaciones



Universitarias; Marcos, secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil; Richarte, secretario general; y Caram, sub-secretario de Gestión y Coordinación Operativa.

Con recursos, manejo de votantes y acceso a nombramientos, la Franja Morada de la Capital Federal se independizó de los dirigentes tradicionales del alfonsinismo que la habían fundado en los sesenta y se transformó en un espacio autónomo de poder dentro de la Unión Cívica Radical. Los elementos necesarios para asegurar el ascenso político estaban garantizados, sólo faltaba la oportunidad. Las victorias de Fernando de la Rúa, primero en el nivel comunal y luego en las elecciones presidenciales, permitie-ron finalmente que la dirigencia franjista de los noventa conquis-tara cargos legislativos y en el Poder Ejecutivo de la Nación.

Franja Morada dista de ser un exponente aislado. El fenómeno excede largamente a la agrupación. Pero su desarrollo histórico explica la forma en que las agrupaciones políticas ven debilitarse su fundamento programático para convertirse en meros instru-mentos electorales para el ascenso de su dirigencia. Silvia Collin, otra dirigente de la UCR porteña, coincide:

“Progresivamente, la institucionalidad partidaria im-portó cada vez menos y la competencia electoral pasó a definir la política entera. Quien más acumulaba era quien decidía. Todos participamos en eso. Se fue vaciando el partido de participación. Se redujo. Se incentivaron los candidatos estrellas. En los carteles no tenía que aparecer el escudo de la UCR. Había una actitud vergonzante hacia los partidos y, por lo tanto, se redujo la posibilidad de generar una transformación. Además, las victorias electorales de Fernando de la Rúa demostraron que estábamos en alza. Y la victoria electoral te supera. El ingreso de recursos es creciente y siempre hay espacio para una retribución: nombramientos, cargos, fondos. Así se consolidó un



mecanismo de acumulación que cercena internamente las posibilidades de cambio”.

En efecto, existe una correlación entre el aumento del poderío económico y el consecuente empobrecimiento político. Aquello que surge primero como un medio justificable por los fines políticos como es la búsqueda de recursos para sostener la organización, termina por transformarse en un fin en sí mismo. Si en la base de la dirigencia juvenil se asumen compromisos a través de la facturación por la venta de apuntes, en la cima de la pirámide, la deuda es con los grupos económicos que financian las campañas nacionales y limitan la gestión de gobierno.

En el nudo del problema sobresale el financiamiento ilegal de las fuerzas políticas, el incremento exponencial del costo de las campañas y su condicionamiento a los mecanismos de ascenso in-terno. Ralf Dahrendorf traza el diagnóstico de la siguiente manera: “A menor cantidad de afiliados, mayores sumas de dinero necesi-tan los partidos, y cada vez más tienen que obtenerlo de fuentes distintas en comparación con el tradicional aporte de los afiliados, que era la base de los partidos socialistas pero, en muchos países, también de los democristianos. Esto crea redes de intereses que echan sombras ominosas sobre la legitimidad democrática”.4

Entonces, el teorema que conduce a la ruina es: a menor par-ticipación espontánea y mayor necesidad de recursos, menor au-tonomía política. Los partidos se vuelven máquinas.

AP A R A T O Y M I L I T A N C I A E N E L J U S T I C I A L I S M O

Como sucede en la UCR, en el Partido Justicialista también hay dirigentes que reconocen el dominio de los aparatos y la

4 Dahrendorf, Ralf, en diálogo con Antonio Polito, Después de la democracia, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003.



reducción de la política interna a un sistema de cuantificación de costos y beneficios económicos.

Ricardo Gómez, diputado nacional por el PJ hasta 2003 y di-rigente del distrito bonaerense de Merlo, comparte el diagnóstico y asegura que en las últimas tres décadas, las motivaciones de la militancia cambiaron como el día y la noche:

“Cuando comencé en política, de lo que menos se ha-blaba era del tema electoral –recuerda Gómez, quien abandonó una carrera religiosa para participar de lleno en el peronismo–. La nuestra era una militancia liga-da a lo social y a lo cultural. Estábamos convencidos de que hacía falta luchar por una sociedad mejor. Ha-blábamos de la necesidad de un hombre nuevo. Los sábados por la tarde, por ejemplo, íbamos a una can-cha donde jugaban al fútbol un grupo de trabajadores, poníamos unos cajones de manzanas como escenario y armábamos una obra de teatro. Mientras el grupo actuaba y la gente se acercaba, nosotros repartíamos volantes. Como se sentían identificados porque se ha-blaba del hospital o del frigorífico del barrio, siempre surgía el debate. Cuando uno se enganchaba, pasába-mos a visitarlo a su casa, tomábamos mate. Éramos como los evangelistas, nos sentíamos peronistas pero no estábamos afiliados. Los afiliados, en realidad, los controlaba la vieja dirigencia del Partido, que en su mayoría provenía de los años cincuenta y convivían con la transa permanente. Para nosotros, ellos eran los políticos.

–¿Ustedes no se sentían políticos?

No. La inmensa cantidad de militantes que dieron sentido al peronismo estaba fuera del sistema partidario. Los viejos del Partido denominaban punteros a sus



seguidores y nosotros les contestábamos: ‘Nosotros somos militantes, no punteros’. Cuando se llama a elecciones en 1972, armamos una lista y competimos contra la burocracia partidaria. Como teníamos un trabajo enorme de militancia en los barrios, le ganamos de taquito, por paliza. Ganó la Juventud Peronista y los viejos del Partido nos gritaban ‘zurdos, infiltrados’. Cuando llegan las elecciones generales, el PJ de la provincia de Buenos Aires interviene los distritos donde había ganado la JP y el peronismo se queda sin representación en Moreno, Merlo, Pilar y otros municipios. Ahí no presentó listas. Quedamos afuera. El Partido prefería quedarse sin intendentes que darle los cargos a la JP. Parece una anécdota, pero explica el presente del Partido. Es un quiebre histórico entre la estructura partidaria y la militancia”.

Gerardo Conte Grand, dirigente peronista de la Capital Fe-deral, también marca diferencias entre la militancia pasada y la presente. “Estaba muy en boga la discusión ideológica y había un vínculo fuerte entre la militancia, la lectura y el conocimien-to de la doctrina”, rememora. Después traza un contraste con el “disciplinamiento” que produjo el “ejercicio del poder y que puso muy en segundo plano las ideas”. El proceso finalmente encastra, según la opinión de Conte Grand, con un sistema de ascensos internos excesivamente determinado por la sumisión a los “jefes feudales, el nepotismo y la obediencia a quien ejerce el poder”.

“En las etapas previas a la dictadura de 1976 la mili-tancia era muy genuina. Nosotros mismos pagábamos los gastos de nuestra Unidad Básica. Pero desde 1983, buena parte de nuestra generación se convirtió en ge-rentes prósperos de negocios turbios -ejemplifica Conte Grand al momento de ilustrar el vínculo entre liderazgo



partidario y financiamiento-. Ahí comenzó la compe-tencia por mantener una estructura. Para tener chances electorales en las elecciones internas era necesario di-rigentes que acompañaran. Por eso, en Capital Federal, con 28 circunscripciones, tanto el peronismo como el radicalismo pasaron a tener desde 1983 punteros ren-tados, se les ofrecía un cargo en el Concejo Deliberante, en la Dirección de Cementerios, donde fuera y, además, un monto de dinero mensual para el local partidario. Cuando se hacen las cuentas, resulta que son muchos miles de pesos mensuales. Ahí nace la doble corrupción, la recaudación de dinero por coimas y la creación de puestos ficticios en el Estado. La agrupación más grande del peronismo en la Capital Federal fue el FUP, el Frente de Unidad Peronista, que conducía Eduardo Vaca. Esa estructura inmensa era insostenible si no se recurría a fondos truchos, en negro”.

A la vez, la crisis de adhesión motivó en las fuerzas polí-ticas la captación de afiliaciones fraudulentas. Un miembro de la justicia electoral que prefirió mantener su nombre en reserva contó que existen al menos tres métodos de afiliación ilegítima: falsificar las firmas de los adherentes, presentar datos reales pero obtenidos a través de un engaño o conseguir las fichas a cambio de una contraprestación, ya sea trabajo, alimentos o dinero.

El origen dudoso de las afiliaciones queda en evidencia a través de las estadísticas electorales, que exhiben una discordancia inve-rosímil con la percepción social de los partidos. En efecto, como si la caída en los niveles de participación o el descrédito de los sectores dirigentes fueran postales de un país lejano, la cantidad de afiliados de los partidos mayoritarios se mantiene prácticamente inalterable desde 1989, incluso con leves aumentos de adherentes. El Partido Justicialista ascendió de 3.167.083 afiliados en 1989 a



3.737.110 en 2003. En el mismo período, la Unión Cívica Radical trepó de 2.310.209 afiliados a 2.604.275, a pesar de que en 2003 realizó la peor elección presidencial de su historia, al alcanzar ape-nas el 2,34% del total, es decir, 453.000 votos.5

En el debate sobre el peronismo, la disociación entre amplios sectores sociales que se identificaban con su ideario original y la organización profesional del partido es un tópico recurrente. Daniel Arzadun, doctor en Ciencias Sociales, ubica en el período menemista una etapa de definitivo distanciamiento entre la mili-tancia tradicional y la organización del PJ:

“Se observa que en la estructura partidaria (rasgo típico del partido profesional electoral) comenzaba a profundizarse el proceso de disminución de su plantel de militantes y dirigentes voluntarios –señala Arzadun al describir la mutación menemista– y, en contraposición, cobraban cada vez más incidencia otras figuras definidas como operadores y empresarios, en un marco en el cual la televisión y los mass-media progresivamente desplazan al partido como instancia de mediación con la sociedad”.6

La ruptura descripta puede ser tanto el origen como la conse-cuencia del problema. Pero es evidente que al presente, el Partido Justicialista fue incapaz de generar un espacio de participación social que contrarrestara con transparencia el control de las ma-quinarias electorales; todo lo contrario.

Viajar hacia la realidad del partido bonaerense de La Matanza, hacia la vastedad de su millón y medio de habitantes, sus calles de polvo y sus casas sin cloacas, permite ejemplificar los núcleos

5 Cámara Nacional Electoral, 2004.6 Arzadun, Daniel, El peronismo: un reino sin monarca, AGEBE, Buenos Aires, 2004.



duros, actuales, de colisión entre las urgencias de la pobreza y los aprovechamientos de las máquinas electorales.

Oscar Nieva es un experto en organizar internas dentro del PJ de La Matanza. Detrás de su escritorio, en las oficinas de la Fede-ración Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, sobresale la fotografía de una multitud que avanza hacia Plaza de Mayo. Es una imagen en blanco y negro de miles de trabajadores peronistas. No hay micros ni contraprestaciones. “Eso no es un partido, es un movimiento”, aclara Nieva, como si aludiera a una diferencia imposible de reparar, a un pasado irrecuperable que separa aque-llos cuerpos mudos, en blanco y negro, del presente partidario. De nuevo, la idea de disociación entre sociedad y partido.

La Matanza es el más extenso y populoso municipio de Bue-nos Aires. Prácticamente la mitad (48,5%) de los chicos menores de 14 años vive bajo la línea de pobreza y el 47% de los hogares carece de agua potable.7

Nieva cuenta con orgullo victorias y derrotas protagonizadas por el PJ matancero, pero reconoce sin excusas el crepúsculo de la espontaneidad militante y asegura:

“La pobreza entró a jugar un papel preponderante en las internas, porque los votantes dependen de la ayuda del Estado. Eso de dar una zapatilla y decirte que la otra te la dan después de votar era del conservadurismo; el peronismo había llegado justamente para cambiarlo. Por eso es terrible ver clientelismo en el peronismo, ver que en la Unidad Básica reparten remedios, zapatillas y que los compañeros te preguntan con qué van a hacer política, y se refieren a los planes sociales, a las bolsas de comida,

7 INDEC, mayo 2001.



a algo para repartir, porque hoy se cree que eso es hacer política”.

El gremialista participó en la interna que venció en 1999 a la estructura de Alberto Pierri y luego se sumó al sindicalista y senador provincial Rubén Ledesma para enfrentar al entonces intendente Alberto Balestrini. Conoce profundamente el funcio-namiento del justicialismo bonaerense y asegura:

“Hoy los dirigentes se pelean para ver quién tiene más poder, más dinero. La militancia está comprada, tiene algún mastiquín [sic] en algún lado. En los municipios, por ejemplo, hay coordinadores que cobran 800 pesos y se dividen en las agrupaciones del partido. No hacen nada, son ñoquis. En un principio fueron creados para ayudar, participar en las delegaciones, pero ahora nadie los controla, no trabajan, su verdadera pertenencia es a una agrupación interna. También se reparten puestos de trabajo: diez barrenderos, cuatro zorros grises, y con eso se manejan las agrupaciones. Esa es la planta política de los municipios. Los senadores provinciales tienen módulos de cerca de 50 mil pesos para repartir. En Formosa, a los legisladores provinciales, la guita se la dan en efectivo. Ahí vi cómo en la casa de un compañero ponían la guita en una mesa y armaban los sobres para pagarles a los de ellos el día anterior a la interna. Era una mesa de guita. ¿Eso es hacer política? ¿Eso es un partido? ¿Eso es una interna? No, eso es una mierda”.

La Matanza posee uno de los índices de desocupación más al-tos del país: el 34% de la población tiene problemas de empleo.8

8 Consultora Equis, sobre la base de datos del INDEC, mayo 2001.



El dirigente de La Matanza se reserva para el final una escena que compite en indignación con la mesa formoseña desbordante de fajos de billetes. Transcurre en un comedor infantil del conur-bano. Nieva lo visita junto a otros miembros del partido. El aroma de las cacerolas endulza el ambiente. Los chicos esperan ansio-sos. Entonces, suena la advertencia: “Nosotros estábamos mirando para otro lado –recuerda– y de pronto, oigo que alguien detrás de mí le dice a un pibe: ‘Tu papá no vino el otro día a la reunión en la Unidad Básica, así que vos hoy no vas a comer’”.

En su trabajo Pobres estructurales, nuevos pobres y clientelis-mo político, Artemio López analiza estadísticamente la entrega de planes sociales en Santiago del Estero y detecta una “simetría absoluta” entre la población con necesidades básicas insatisfe-chas que es blanco de la asistencia y la “adhesión electoral a la oferta oficialista”.9 Así, la pobreza se desnuda como un condicio-nante descarnado en el rapto de la voluntad electoral.

MA R C H A S Y C O N T R A M A R C H A S

Desde la recuperación democrática, la Renovación justicialista de la década del ochenta fue el principal intento de transforma-ción partidaria en el interior del PJ.

En 1983, el Partido Justicialista provincial se había preparado para enfrentar las elecciones sin una transformación sustancial de la estructura que dominaba sus cargos máximos antes del gol-pe de Estado de 1976. Por entonces, el PJ de Buenos Aires toda-vía se manejaba con un sistema electoral indirecto: los afiliados elegían a los congresales, quienes a la vez eran los encargados de decidir el nombre de los candidatos.

9 López, Artemio, Pobres estructurales, nuevos pobres y clientelismo político. Las elecciones legislativas de Santiago del Estero, Instituto de Estudios sobre Estado y Participación, Buenos Aires, 1997.



En las internas previas a las elecciones nacionales del 30 de octubre, la lista Azul encabezada por Herminio Iglesias se impuso a la Verde, que postulaba a Antonio Cafiero para gobernador. El respaldo de Iglesias estaba representado fundamentalmente por los poderosos sindicatos de las 62 organizaciones. Arrinconados por la poderosa maquinaria del sindicalismo ortodoxo y muchas veces expulsados de los congresos partidarios con amenazas y golpes, los dirigentes encabezados por Cafiero resolvieron final-mente presentarse a las elecciones por fuera del partido. El triun-fo electoral de 1985 legitimó la capacidad de representación del cafierismo. El poder del voto había entonado un réquiem para la estructura partidaria dominante.

Pero la Renovación quedó a mitad de camino de la trans-formación insinuada. “Se enfermó de lo mismo que combatía”, diagnostica veinte años después Carlos Álvarez, quien fuera mi-nistro de Gobierno de Antonio Cafiero en el apogeo del proceso de la Renovación.

Álvarez, vecino del partido bonaerense de Ituzaingó, responde con la libertad de quien se ha retirado, liberado de las ataduras que lo unían a la hermandad partidaria:

“Desgraciadamente, cuando se alcanza el poder es tan dura la gestión que, normalmente, quien llega comienza al día siguiente a pensar cómo hace para mantenerse en vez de cómo cumple con lo prometido. A la Renovación, como proceso político del peronismo, le ocurrió eso. Llegó y quiso más”.

Desde que Nicolás Maquiavelo sentenció hace quinientos años que el gobernante que “quisiera ser siempre bueno se arruinará en medio de tantos que no lo son” y aconsejó “apren-der a no ser bueno” para mantenerse en el poder, el dilema de los medios y los fines atravesó la cotidianeidad de la práctica política. Álvarez recuerda:



“A mediados de los ochenta, todas las líneas internas del justicialismo, ya sea la Renovación, el sector encabezado por Carlos Grosso o el grupo que ya apoyaba a Carlos Menem, comenzaron a volverse dependientes de los aparatos partidarios. El argumento era que si uno no adoptaba las mismas armas, el otro ganaba. Paulatinamente desapareció el idealismo como razón para la militancia en política. Cuando llegamos a la gobernación comenzó a vislumbrarse el mercantilismo. Empezaron a aparecer los dirigentes de valija. Y de ahí en adelante fue peor porque empezó a usufructuarse el Estado. Nos volvimos esclavos del sistema; para mantenerse había que usar el rebenque de los mismos que criticábamos: financiar punteros, practicar el clientelismo, negociar con los lobbies empresarios y con los medios para que hablen a favor. Se decía: lo hago o no se puede hacer política. Era la llave del éxito. Y quienes intentaron otro camino desde el altruismo, desde el idealismo, desaparecieron; se los comió el sistema, sus voces se apagaron. Todos los políticos lo saben”.

Efectivamente, una competencia interna que enfrenta a un con-tendiente sólo armado con la atracción de sus ideas frente a otro provisto de recursos públicos y un ejército de votantes cautivos es, a todas luces, una lucha desigual. De todas formas, el uso de prácticas ilegítimas por parte del oponente resulta un argumento insuficiente para justificar la adopción de las mismas mañas.

El problema, planteado como un sistema sin salida donde el ascenso hacia el poder exige indefectiblemente el recurso clien-telar, conduce hacia hipótesis fatalistas como la expresada por Robert Michels a principios del siglo XIX, cuando concluyó que cualquier organización partidaria deriva inevitablemente en una división oligárquica, con sociedades democráticas fracturadas



entre una elite de representantes y una masa de representados sin posibilidad de intervenir en las decisiones del Estado. Afortuna-damente, la historia y el presente demuestran que los sistemas de partidos políticos expresan calidades de representación diferentes en cada rincón del planeta. Mientras exista diversidad, entonces, hay posibilidades de cambio. De todas formas, el cafierista Carlos Álvarez concluye con un fallo desalentador:

“En el partido nadie quiere trabajar por amor a un proyecto. Si otro político ofrece más, los dirigentes cambian de jefe. Es la mentalidad de una empresa privada. ¿Quién puede, entonces, financiar la estructura? Aquellos que tienen acceso al bolsillo grande del Estado. Por eso en las internas ganan siempre las grandes estructuras”.

Ricardo Gómez coincide:

“Es muy difícil provocar cambios desde adentro: el partido te expulsa o te margina. Te convierte en parte del sistema. Para moverte en el PJ es necesario adoptar el código de la mafia o, si querés ser más suave, el código de Roma, de la Iglesia. La primera consigna es: el poder no se pierde. Aquellos que se animan a poner en riesgo la estructura son aniquilados o marginados. Se pueden discutir los cargos, los espacios, pero la cuestión central no se discute. ¿Cuál es la cuestión central? El poder”.

OB S E C U E N C I A O C A P A C I T A C I Ó N

A una determinada estructura partidaria corresponde un tipo particular de liderazgo. Un ascenso fundado en el mérito y en la capacidad argumentativa premia una forma de dirigencia acorde con esas motivaciones. En cambio, un modelo cerrado, expulsivo



y mercantilizado favorece los liderazgos que se sostienen en la sumisión y la obediencia debida.

El politólogo Juan Abal Medina apunta:

“Los partidos débiles tienden a premiar la obsecuencia. En los partidos sólidos, a los dirigentes les conviene rodearse de cuadros fuertes que los apoyen en una discusión. Cuando se carece de programa y se puede estar primero con Carlos Menem, después con Eduardo Duhalde y más tarde con Néstor Kirchner, la política va de la mano de la dependencia del Estado y los dirigentes se rodean de incondicionales”.

No es extraño que las acusaciones mutuas de deslealtad sean un tópico recurrente en la política local. Como tampoco sorpren-de que en la Argentina, los intentos partidarios por sistematizar la capacitación de sus cuadros dibujen una historia accidentada.

Una referencia clásica es la escuela de conducción promo-vida durante el gobierno Juan Domingo Perón. En Conducción Política, Perón señalaba que “la escuela superior peronista será una escuela para desarrollar y mantener la doctrina al día, para inculcarla en la masa, para formar cuadros justicialistas y para capacitar la conducción”.10

La Escuela Superior de Conducción Política, fundada el 1 de marzo de 1951, proponía, al entender de Perón, dos funciones: “que se haga un sector de la erudición para capacitar intelectualmente en el conocimiento de nuestra doctrina y también es necesario que haya otro sector de la escuela activa para formar hombres capacita-dos para que esa erudición sea la base que le daremos a cada pero-nista para que con ese criterio pueda tomar buenas medidas”.11

10 Perón, Juan Domingo, Conducción Política, Fundación Integración Americana, Buenos Aires, 1995.11 Ibídem.



Lamentablemente, el sesgo dogmático y personalista de la doctrina jugó en contra de la posibilidad de sistematizar un ám-bito de capacitación permanente, con discusión y análisis, que colaborara con la gestión de gobierno que enfrentaba el justicia-lismo. Al mismo tiempo, la irrupción de los gobiernos autorita-rios truncó el experimento.

En los años 60 y 70, los sindicatos asumieron un papel activo en la formación de cuadros políticos, en donde se destacaron los gremios de Luz y Fuerza y la Unión Obrera Metalúrgica.

Tras la recuperación de la democracia en 1983, el presidente Raúl Alfonsín incorporó la idea de la escuela de administradores de origen francés. En 1985, desde la Secretaría de la Función Pú-blica, Jorge Roullet creó, con el modelo de la Escuela Nacional de Administración de Francia, el primer cuerpo de administración pública. Así se seleccionaron, por año, unos 60 administradores del Estado con capacidad para ejercer cualquier lugar en el Po-der Ejecutivo. En los primeros años hubo más de 190 egresados. Pero la Escuela estuvo lejos de dar los resultados esperados. Y los principales partidos, en una muestra de la concepción clientelar del Estado, boicotearon por debajo la idea de formar un cuerpo de funcionarios profesionales, ya que limitaba la posibilidad de repartir puestos entre los adherentes del partido.

En 1991, el gobierno nacional creó el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA, Decreto 993/91). El nuevo ordenamiento estableció dos tipos de carrera para los empleados públicos: la horizontal, dividida en grados, y la vertical, com-puesta por niveles a los cuales se debía acceder por concurso. La innovación más importante en relación con el personal superior fue la creación de los “cargos con funciones ejecutivas”, que per-mitió el diseño de puestos gerenciales.

Paralelamente, comenzaron a generarse espacios de forma-ción de dirigentes políticos con la clara intencionalidad de pro-



veer al Partido Justicialista de una renovación de cuadros, sobre todo en el interior del país. En 1995, el Instituto de Capacitación Política (INCAP) y la Escuela de Gobierno nacieron contaminadas por la pelea interna del PJ. La puja enfrentaba a Claudia Bello, quien impulsaba la Escuela de Gobierno, con Hernán Corach, por entonces convertido en titular de la Juventud del PJ, que buscaba cooptar el Instituto para los militantes del partido. A pesar de los cuestionamientos en torno a las motivaciones de su creación, el INCAP adoptó, un perfil de mayor profesionalización. La Escuela de Gobierno, en cambio, se mueve todavía de acuerdo con los humores e intereses de cada gestión gubernamental.

El balance es preponderantemente negativo. El senador Ro-dolfo Terragno, por caso, quien fue presidente de la UCR, asegura que ambos intentos resultaron inútiles al momento de generar un espacio de formación de nuevas generaciones de dirigentes y guarda recuerdos amargos sobre las disputas que se libraban en su partido para quedarse con las becas entregadas por el Estado.

Carlos Caramello, director del INCAP, enfrenta las críticas y asegura que, a pesar de sus problemas de origen, la experiencia contribuye a una mejor asignación de los recursos del Estado y ayuda a establecer una agenda pública adecuada que permita incidir en los problemas de la comunidad.

El INCAP tiene en el presente oficinas en 11 provincias (Santa Fe, Río Negro, La Pampa, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Buenos Aires, Santa Cruz, Capital). En el año 2004 se dictaron cursos para un total de 7.150 dirigentes. De la totalidad de dirigentes que pasaron por el INCAP en 2004, el 50% estaba ligado al PJ, el 35% era de ONG o agrupaciones estudiantiles independientes y sólo un 15% era de otros partidos.

Más allá de los esfuerzos del Estado, el politólogo Hugo Dal-bosco considera que la función de formación y proyección de los cuadros funcionariales del gobierno nunca fue un cometido



asumido en forma franca por los partidos. Por ello, las posiciones de alta administración de los partidos, salvo intentos ocasiona-les, evitaron tomar en cuenta un sistema de mérito basado en la selección objetiva y en la carrera profesional. En consecuencia, según Dalbosco, la composición de las capas superiores de la administración pública argentina respondió predominantemente al vínculo entre militantes partidarios, o allegados, que fueron convertidos en funcionarios, ya fueran temporarios o permanen-tes y de acuerdo con el grado de “sensibilidad” del cargo y las exigencias de conocimientos involucradas:

“Mientras los partidos mantuvieron su identidad y las funciones de alta dirección no alcanzaron elevados niveles de sofisticación, los cargos políticos pudieron ser cubiertos con militantes calificados, dotados de una capacitación universitaria estándar y de la habilidad adquirida en los años de formación política. Los altos cargos administrativos, por su parte, reconocían la expertise adquirida en ciertos puestos de mayor complejidad y promovían, indistintamente, la capacitación in situ de los militantes o allegados en proceso de formación”.12

Paradójicamente, la ley electoral prevé que un 20% de lo re-caudado por los partidos a través de los fondos entregados por el Estado en función de la cantidad de votos cosechados debe ser destinado a la capacitación de sus dirigentes. En la práctica, la obligación se viola sistemáticamente. Y cuando, excepcional-mente, los fondos son requeridos para sus fines específicos, las sumas resultan insuficientes para el objetivo deseado. Por ejem-plo, el ARI recibe unos 5.000 pesos mensuales para el Instituto

12 Dalbosco, H., “La administración pública en la Argentina”, tesis de la Univ. de San Andrés sobre carrera administrativa de la función pública, 2003.



Hannah Arendt, que son exiguos para su mantenimiento y obli-gan a sostenerlo con las cuotas de los alumnos.

El diputado Mario Cafiero descree de la conformación de centros de capacitación porque considera que tarde o temprano caen en el elitismo. “Se encierran entre ellos y discuten lo que les interesa. Lo que hace falta realmente es articular los cono-cimientos entre estructuras dirigentes y establecer desde allí un pensamiento nacional común que pueda establecer una idea de país”, propone.

La resistencia a la capacitación sistemática también surge de la propia dirigencia, que ve desafiado su liderazgo. En ese sen-tido, la senadora María Laura Leguizamón recuerda que desde la Secretaría de la Juventud del PJ bonaerense se organizaron escuelas de capacitación en Gaspar Campos que contaban con apoyo gremial. Pero cuando la escuela creció, la dirigencia tra-dicional del partido comenzó a percibir a los jóvenes graduados como una amenaza para su crecimiento y el proyecto fue aban-donado. “Se generaron disputas internas con la intención de ver quiénes capacitaban más y mejores dirigentes. Luego todo eso se diluyó y las estructuras de la Juventud sólo se usaron para las campañas”, concluye.

El peronismo carece en la actualidad de un espacio de capa-citación formal. Un caso particular es la Asociación Civil para Estudios Populares (ACEP), una organización de jóvenes del jus-ticialismo que ofrece cursos de perfeccionamiento y talleres de planificación política.

Por poner algún ejemplo de esta Asociación, su filial de Bahía Blanca, coordinada por el concejal peronista Cristian Berenstein, busca, a través de charlas en las escuelas, transmitir la importancia de la tarea política e incentivar la participación cívica en las internas partidarias, los debates locales y en la presentación de proyectos legislativos. La ACEP, el Instituto



Hannah Arendt y otros espacios puntuales de capacitación de otros partidos políticos son experiencias que, aunque excepcionales, abren los partidos hacia la sociedad, en un tiempo en que urge recuperar para el espacio público el debate y la definición de ideas de gobierno.

El desinterés por la formación, el debilitamiento y la cerrazón de los partidos tradicionales generaron en los noventa un fenó-meno adicional, como fue la multiplicación de los denominados think tanks o grupos de pensamiento.

En 2004, una investigación de la Fundación Konrad Adenauer contabilizó unas cuarenta usinas de pensamiento en todo el país,13

entendidas como “institutos de investigación” cuyo “principal objetivo es la investigación de políticas públicas”.14

Los think tanks constituyeron verdaderas factorías de ideas, ma-trices de nuevos dirigentes y espacios de consulta de funcionarios, intendentes, legisladores o ministros. Más allá de su aporte a la ela-boración de políticas públicas, gran parte de los think tanks ca-nalizaron en la práctica políticas impulsadas por grupos de interés particulares como grandes empresas y sectores financieros, que de esa forma obviaron la opacada estructura de los partidos políticos.

Algunos ejemplos relevantes de influencia los constituyeron las Fundación Mediterránea y la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), que en los años 80 fueron generadoras de las políticas luego aplicadas por Carlos Menem y Domingo Cavallo.15 Otro ejemplo de la influencia del tercer sec-tor fue la participación del Cippec, en Santa Fe, que permitió se-

13 Uña, G.; Cogliandro, G.; Labaqui, J., Políticas públicas y toma de decisiones. Los think tanks en la Argentina, Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 2004.14 Stone, D., Capturing the Political Imagination. Think Tanks and the Policy Process, Frank Cass& CO., Londres.15 La Nación, suplemento Enfoques, 28 de agosto de 2005.



llar un compromiso para derogar la Ley de Lemas. Otros grupos, en cambio, tuvieron menos éxito en su intento por imponer po-líticas, como ocurrió con el Instituto Programático de la Alianza, creado por Carlos “Chacho” Álvarez con la intención de brindar asesoramiento y gestión al gobierno de Fernando de la Rúa.

A la vez, la Fundación Unidos del Sud, del empresario Fran-cisco de Narváez, elabora conjuntamente con un grupo de le-gisladores del Congreso proyectos de ley específicos. “Somos hacedores y no les tememos a las reglas de la política”, asegura desafiante el director de ese think tank, Gustavo Ferrari.16

En la Argentina, podría hacerse una clara división de estos grupos en:

Centros de investigación privados: son institutos de inves-tigación privados fundamentados en estudios académicos.

Centros universitarios: instituciones de educación superior que sirven de espacio para el debate de ideas y formación de dirigentes.

Centros de estudio y gestión: fundaciones que intervienen en el proceso de políticas públicas y responden o están rela-cionadas con un líder o un partido.

Advocacy Group: organizaciones centradas en la promo-ción de derechos específicos, en el control del Estado y la canalización de la demanda cívica.

LA M E R C A N T I L I Z A C I Ó N D E L V O T O

A la sombra de las conclusiones anteriores, es fácil tener una visión pesimista y oscura sobre el presente de las grandes estruc-

16 Ibídem.


turas partidarias y las posibilidades de cambio. Más aún cuando se descubre una sintomatología idéntica en otros rincones de la Argentina.

Una forma de desnudar el funcionamiento fraudulento de los aparatos es repasar las denuncias características de las jornadas de elecciones.

En 1997, por caso, en una modalidad que rápidamente se bau-tizó “voto-chapa”, la monja Margarita Avendaño acusó al in-tendente justicialista, Carlos Meza, de la localidad formoseña de Las Lomitas, de retirar los DNI a un grupo de setenta aborígenes matacos que los cedieron a cambio de chapas y alimentos.

En 1999, justicialistas y radicales se acusaron mutuamente en las elecciones de Catamarca de distribuir documentos mellizos y entregar mercadería a cambio de votos.

También en 1999, el diario Clarín detectó cómo en la puerta de la escuela porteña “Demetrio y Judith de Marchi”, un grupo de jóvenes repartía a gente humilde un vale con un número que podía ser canjeado por una caja de comida y hasta 30 pesos. La condición para recibir la prebenda: votar la lista encabezada por Raúl Granillo Ocampo.17

En Tucumán, para la misma época, se popularizó el “voto cadena”. Su funcionamiento es el siguiente: un primer puntero comprometido con la maniobra entra al cuarto oscuro y cambia el sobre firmado por los fiscales que le dieron en la mesa. En su lugar, usa otro y truca las firmas. Introduce en la urna el sobre apócrifo y se guarda el original para entregarlo a un puntero. A cambio, cobra 50 pesos. El puntero prepara el sobre robado con el voto propio, lo cierra y lo entrega a otra persona que repite la jugarreta. El sobre firmado por los fiscales y vacío servirá para

17 Clarín, 2 de mayo de 1999.




otro eslabón de la cadena y, al entrar al cuarto oscuro con la boleta ya seleccionada, los jefes se aseguran de que el puntero cumplirá con su parte del trato y no cambiará de opinión aden-tro. En Tucumán, los 50 pesos cobrados representaban, en aquel entonces, prácticamente el 20% de un salario docente promedio.

En febrero de 2005, los apoderados del Frente Cívico de San-tiago del Estero identificaron ante la justicia electoral una serie de locales partidarios donde se retenían documentos de identidad que eran devueltos a sus dueños una vez usados en la elección, a cambio de “un bolsón de comida”.18

La clave interpretativa que permite develar el funcionamien-to de las maquinarias electorales, ya sea en la vida doméstica de las universidades, en una interna metropolitana o como método de usufructo de las necesidades de los sectores empobrecidos del interior, se observa con claridad cuando se comprende que, cualquiera sea la forma o el lugar, la lógica subyacente es in-variable. Puede llamársela lógica de mercado, de consumo o de empresa; sus características son siempre las mismas: el voto concebido como una mercancía, la participación política esti-mulada por una renta y el deseo inconfesable de sus actores de apropiarse de un beneficio gracias a la ocupación de un lugar de poder en el Estado.

De esa forma, el retroceso y la pérdida de autonomía de la di-mensión política frente al avance del poder económico caracterís-ticos de las últimas dos décadas tuvieron su correlato en el interior de los grandes partidos argentinos con la apropiación de sus espa-cios por parte de una matriz mercantilista, donde el cálculo final es invariablemente la relación entre costos y beneficios.

Así, el ascenso de nuevos dirigentes se ve filtrado, condicio-nado, por la intermediación de poderosas estructuras electorales

18 Presentación judicial del diputado nacional Horacio Pernasetti.


que sostienen una red de votos cautivos gracias a los vacíos deja-dos por el avance de la pobreza. Las necesidades de alimentación, vivienda y salud son el terreno donde siembra el clientelismo y los jefes de los aparatos electorales son quienes, finalmente, se apropian de sus utilidades.



T I P O S D E F I N A N C I A M I E N T O LE G I S L A C I Ó N A R G E N T I N A . CA S O S E N O T R O S P A Í S E S

La escalada ingobernable de los gastos de campaña es una calamidad mundial y la Argentina se muestra presa del fenómeno como la mayor parte de los países latinoamericanos. Solamente en publicidad, los partidos argentinos invirtieron 40 millones de pesos en la campaña presidencial de 2003,1 es decir, dos años después de una de las peores crisis económicas de la historia. Y el cálculo deja a un lado los gastos de movilidad, el pago a los encuestadores y consultores, los sueldos del personal y el armado de los actos proselitistas.

En México, por tomar otro caso, el salto fue desde 7,29 mi-llones de pesos de 1989 hasta los 322 millones gastados por los partidos en 2000, es decir, un aumento superior al 4.000%. Los índices se repiten en la mayoría de las naciones occidentales.

La primera reacción, rudimentaria, podría ser la indignación generada por el desvío hacia las campañas de recursos que po-drían tener mejores fines. Pero el problema medular que se es-conde detrás del aumento de los gastos proselitistas es la depen-dencia creciente de la política con respecto a los grupos econó-micos que la financian.

1 Informe Preliminar de Poder Ciudadano. Monitoreo del Financiamiento de la Cam-paña Presidencial, Buenos Aires.



El dinero se convirtió en un condicionante cada vez mayor para el ascenso y la visibilidad de los dirigentes. Un candidato sin recursos compite con una desventaja prácticamente insalva-ble en campañas electorales, donde gran parte de la elección se define en avisos de TV que pueden llegar a costar dos mil pesos el segundo.

Por tal motivo, es central establecer cómo funcionan los circui-tos de financiamiento de la política y cómo se paga y qué contra-partidas reciben los contribuyentes En principio, y sólo a modo de ejemplo, puede decirse que el financiamiento es para los partidos políticos como las expensas para los edificios de departamentos. Hay un acuerdo establecido entre quien paga y quien utiliza esos fondos. El administrador del edificio debe explicar en qué y por qué gastó el dinero y, al final, se queda con un porcentaje.

Así como las expensas, entonces, los aportes de dinero a los partidos políticos podrán ser dolorosos, cuestionables o dibuja-dos (en el sentido contable), pero inevitables.

La subsistencia económica de los partidos en una sociedad democrática es una de las garantías que el sistema puede ofrecer para que su salud sea sólida y los ciudadanos tengan acceso igua-litario a las propuestas, en un intento por convertir la política, su gestión y su perfeccionamiento en una actividad cotidiana.

Pero a la hora de analizar los aportes a las finanzas partida-rias, la cuestión es: ¿quién paga?, ¿de dónde surge el dinero?, ¿qué uso se le da? Tratando de darles respuesta a estas pregun-tas, muchos países discutieron (y continúan discutiendo) qué tipo de financiamiento es el más adecuado. El debate parece haberse instalado hace tiempo y continúa aún hoy sin una res-puesta única.

Se denomina financiamiento político al empleo de dinero del Estado y/o de las corporaciones en beneficio de los partidos polí-


El delicado vínculo entre el dinero y la política - 57

ticos y las campañas electorales. Puede hacerse en forma directa, es decir, destinando dinero del Presupuesto Nacional, o de ma-nera indirecta, es decir, a través de concesiones en especie como franquicias o subvenciones especiales.

A grandes rasgos, hay tres modelos de financiamiento polí-tico. El que sólo se sostiene con fondos públicos, el que lo hace sólo con aportes privados y el mixto (combina fondos públicos y privados), como el que actualmente rige en la Argentina.

La relación entre dinero y política es histórica, necesaria y conflictiva. Se trata de un matrimonio indisoluble. La primera norma sobre financiamiento político se conoció en Gran Breta-ña en 1883 y desde entonces hasta la actualidad es muy difícil concebir un Estado que no destine fondos públicos a los partidos sin que, al mismo tiempo, establezca alguna reglamentación al respecto.

Quienes instalaron en el mundo el modelo de financia-miento estatal sostienen que es un instrumento para otorgarle mayor transparencia a los aportes partidarios y, en especial, a las campañas electorales. Es que, dicen, de la mano del otor-gamiento de esos fondos llegan también los controles, la obli-gación de los grupos partidarios de detallar su patrimonio, ingresos y egresos y, de paso, la creencia de que bajarán los costos de las campañas.

Algunos juristas coinciden en que el financiamiento de un Estado democrático a los partidos se ampara en el derecho de asociación política y en los principios de independencia e igual-dad. Quienes se colocan de este lado del péndulo sostienen que si existiera solamente financiamiento privado, no estaría garan-tizada la igualdad de oportunidades en el acceso de los ciudada-nos a todos los candidatos si algunos no pudieran afrontar los crecientes gastos de las campañas.



Entre otros, el problema parecería radicar no sólo en los desvíos de esos fondos públicos a pesar de las regulaciones sino, también, en que esta discusión se concentraría sólo en las campañas electorales y no en el sostenimiento de todo el sistema democrático de partidos.

Respecto del financiamiento privado, este tipo de aportes pa-recería resolver la necesidad de que los diversos grupos políti-cos tengan recursos para sostener no sólo sus campañas sino su subsistencia. Pero, al mismo tiempo, la sociedad reclama que sus representantes se mantengan al margen de las presiones de las corporaciones y otorguen prioridad al interés general, colectivo y común antes que a las políticas económicas de intereses par-ticulares.

Tanto los aportes públicos como los privados pueden con-tribuir al sostenimiento del sistema democrático y, en la teoría, la combinación debería funcionar como un sistema que equi-libre los intereses y las presiones. Sin embargo, la convivencia resulta tan compleja y difícil como el vínculo original mismo entre política y dinero.

A pesar de los controles pautados por ley, como veremos más adelante, en la práctica, quedan sin sentido las buenas intenciones de sus autores. En la Argentina existe un verda-dero andamiaje de normas y contra-normas y ardides para evadirlas que dejan el sistema al borde de la ficción. Hecha la ley, hecha la trampa.

HI S T O R I A N O R M A T I V A E N L A AR G E N T I N A

Aunque la Constitución de 1853 no mencionaba la creación de partidos políticos, éstos se constituyeron de todos modos amparándose en la libertad de asociación, contemplada en el artículo 14 de la Carta Magna. El primer paso lo dieron las pro-



vincias a partir de los años 50, cuando comenzaron a garantizar en sus propias constituciones la libre creación de los partidos políticos.

En el nivel nacional hay dos normas que rigen la conforma-ción de partidos. Por un lado, la Ley 23.298, que es la Ley de Partidos Políticos y, por el otro, el artículo 38 de la reforma de la Constitución de 1994, que da rango constitucional a la presen-tación de candidatos, aunque deja en un campo de ambigüedad la presentación de candidaturas por fuera de los partidos o me-diante alianzas.

Ese mismo artículo 38 de la Constitución del 94 sirve como eje de la discusión en torno al delicado vínculo entre política y dine-ro, al otorgarle rango constitucional a la obligación del Estado de financiar los partidos, tanto para participar en los comicios como para capacitar a sus dirigentes.

En un intento por brindarle transparencia a esta obligación del Estado, esa norma exige que los partidos publiciten el origen y el destino de sus fondos. El artículo 38, además, reconoce a los partidos políticos como “instituciones fundamentales del sistema democrático”.

La Ley 23.298 establece que desde el punto de vista del finan-ciamiento, el sistema partidario argentino adopta un perfil mixto, es decir, permite aportes tanto privados como públicos.

LO S F O N D O S P R I V A D O S

Desde el ámbito privado, el financiamiento cuenta con varios grifos. En primer lugar, el aporte de los afiliados, que no es obli-gatorio. Ninguno de los dos partidos mayoritarios, el Justicialista y la Unión Cívica Radical, supone la obligación de sus afiliados de hacer aportes aunque sí, la de legisladores y algunos funcio-narios electivos.



Por ejemplo, la Carta Orgánica de la UCR prevé un aporte de carácter obligatorio del 10% del sueldo “de los representantes electivos del partido en el orden nacional, y una cuota mensual abonada por los delegados al Comité y Convención Nacional”.

Por ley, las donaciones no pueden ser anónimas, salvo en caso de colectas públicas. Ésta tampoco parecería ser una forma frecuente de financiamiento partidario porque, por ejemplo, esas hipotéticas donaciones no pueden descargarse del Impuesto a las Ganancias. De todos modos, en el sistema tributario-político ar-gentino hay una peculiaridad: los bienes inmuebles y muebles de los partidos o los que estuvieren alquilados con fines partidarios no pagan ningún impuesto.

La legislación vigente establece que las donaciones individuales no pueden superar el 0,5% del total del gasto permitido para cada campaña electoral y las de las corporaciones tienen un tope del 1%.

Las entidades extranjeras, las entidades autárquicas o des-centralizadas del estado nacional o de las provincias, las con-cesionarias de servicios públicos, las empresas de juego y las asociaciones sindicales, las profesionales y las patronales es-tán impedidas de financiar los partidos políticos.

Si se comprobara que un partido violó estas prohibiciones, deberá pagar, según la ley, una multa que equivale al monto per-cibido por este circuito marginal y hasta dos veces su valor, en tanto que el “donante” debería ser multado por un valor de hasta 10 veces el monto entregado.

LO S F O N D O S P Ú B L I C O S

A la vez, existe por ley un Fondo Partidario Permanente en el que se vuelcan los montos presupuestarios. Paralelamente, el Congreso asigna partidas a los diferentes bloques legislativos.



Esos recursos se hacen con aportes de dinero o mediante fran-quicias, un modo de financiamiento indirecto que otorga el de-recho de usar gratuitamente o con descuentos algunos servicios. El objetivo de estos fondos es abaratar los costos de las campa-ñas políticas. La primera vez que se realizó este tipo de aportes públicos fue en 1957, cuando se eligieron los convencionales constituyentes.

Para las campañas, la ley estipula un monto fijado en el Pre-supuesto en relación con la cantidad de votos obtenidos en la última elección. Originariamente, estos aportes fueron previstos sólo para las épocas de comicios pero, en la práctica, se asignan anualmente. El 80% de ese dinero se distribuye entre los organis-mos partidarios de distrito y el resto, entre los nacionales.

Según la normativa vigente, cuando los legisladores aprue-ban la asignación del monto por voto obtenido, pueden cambiar los comicios que se toman como referencia. Por ejemplo, podría tomarse una elección cualquiera en lugar de la inmediatamente anterior. En 1994, la elección utilizada como parámetro se pautó sobre la base de los últimos comicios de diputados nacionales, con lo que –se especula– se buscó perjudicar los ingresos públi-cos que debía percibir el Frepaso, que en las últimas elecciones nacionales presidenciales había logrado buenos resultados.

EL MI N I S T E R I O D E L I N T E R I O R

De acuerdo con las reglas del sistema de financiamiento pú-blico, el Ministerio del Interior es la autoridad de aplicación, es decir, “la mano dadivosa” que distribuye los fondos públicos anuales para los partidos.

Interior percibe el 20% de todo el Fondo Partidario Permanen-te y deduce otro 20% del total de la partida presupuestaria, que distribuirá entre los bloques parlamentarios que hayan obtenido



no menos del 2% de los votos en las últimas dos elecciones de diputados nacionales. Ese dinero va a cubrir los gastos adminis-trativos de los partidos.

Cabe recordar que el Congreso aprobó la delegación de facul-tades en el Jefe de Gabinete para que pueda redistribuir cualquier tipo de partida presupuestaria.

Pero hay más dinero para repartir. La ley también asigna fon-dos en función de la Unidad Elector (UE). Anualmente, cada par-tido se acredita tantas UE como votos haya logrado en la última elección nacional de diputados y, además, los que tienen repre-sentación parlamentaria perciben un aporte anual de 50.000 UE por cada una de las bancas conseguidas en el Congreso gracias a los votos que les confiaron los electores. Los partidos que no tie-nen representación legislativa tienen un tope de 15.000 pesos.

El Ministerio del Interior no sólo distribuye fondos en efecti-vo; también tiene la facultad de distribuir difusión. Se trata de las franquicias (espacio radial y televisivo) para que cada candidato que haya sido oficializado por algún partido político difunda sus propuestas electorales.

Mientras que Interior distribuye los recursos, la Justicia Nacio-nal Electoral se ocupa de los controles sobre el patrimonio de los partidos. Todas las agrupaciones están obligadas a presentar, hasta 60 días después de la elección, sus balances de ingresos y gastos de campaña. Esa rendición de cuentas se publica anualmente en el Bo-letín Oficial, a pesar de que no es un medio de difusión masiva.

LA P R I M E R A A P L I C A C I Ó N D E L A LE Y 25 .600

A mediados de 2002 se aprobó la Ley 25.600, que fijó las nuevas reglas de juego para el financiamiento de la política en la Argentina. En este sentido, las elecciones presidenciales



de 2003 fueron las primeras que se realizaron en este nuevo marco jurídico.

Entre los principales aportes de esta ley, se estableció que cada partido debe designar un responsable político de la campaña y otro responsable financiero. Del mismo modo, cada agrupación debe abrir una cuenta en el Banco de la Nación o en alguna en-tidad provincial donde el partido esté radicado.

Anteriormente esta exigencia no existía porque la legislación sólo abarcaba el financiamiento partidario por fuera de las cam-pañas. Por ejemplo, en los comicios del 97, se destinó un peso por voto obtenido en las elecciones a diputados nacionales del 95. La modificación, entonces, intentó apuntar a mejorar y trans-parentar la información sobre el gasto electoral que realizan los partidos sobre la base de los ingresos públicos y privados que obtienen por cada campaña.

A partir de este nuevo requisito, la Ley 25.600 también bus-có mejorar el sistema de donaciones para penar los incumpli-mientos por parte de los partidos políticos. Sin embargo, las sanciones quedaron limitadas a la inhabilitación para recibir fondos públicos girados desde el Ministerio del Interior. No se sanciona a los partidos con la máxima penalidad, que sería perder su status. Los donantes privados que del mismo modo incumplan con las limitaciones establecidas son multados, pero no hay sanciones penales.

A partir de la aplicación de la Ley 25.600, se precisaron sus alcances en varios pronunciamientos judiciales. Por ejemplo, se interpretó el artículo 2 en el sentido de que la cuenta bancaria única que cada partido de distrito tiene que abrir debe estar ra-dicada en la provincia de su domicilio. Esta nueva interpretación apuntó a evitar que existiera una doble caja en el financiamiento partidario. Antes funcionaba un grifo bancario para al equipo de campaña y otra cuenta para el partido propiamente dicho, con lo



que la mayoría de los fondos se desviaba a la primera cuenta y complicaba la supervisión de los ingresos y egresos. Así se difi-cultaban los controles que pretendían establecer algunas ONG y la posterior auditoría de la justicia electoral.

El órgano de control, que es la Cámara Nacional Electoral, firmó una acordada (58/02) que obligó a las jueces federales con competencia electoral a publicar en Internet la información su-ministrada por los partidos políticos sobre sus gastos de cam-paña. Y otra acordada (2/03) fijó el Plan de Cuentas Uniforme para partidos políticos, confederaciones y alianzas. Por último, se modificó el Código Nacional Electoral para que las campañas presidenciales sólo duren 90 días y para que se realice publicidad televisiva sólo 32 días antes de los comicios.

Según el juez de la Cámara Nacional Electoral Santiago Cor-cuera, otra de las consecuencias de la aplicación de esta ley fue que en 2003 se duplicó el reconocimiento de partidos políticos con respecto a 2002. Se reconocieron 122 nuevos partidos contra 61 del año anterior. Este crecimiento se debió a la derogación de la norma que establecía como motivo de caducidad “no alcanzar en dos elecciones sucesivas el 2% del padrón electoral”. Una de las consecuencias de esta decisión es que el número de sujetos sometidos al control de la Justicia Electoral aumenta en forma constante, incrementándose paralelamente su tarea de control de la vida interna de los partidos. Las elecciones de octubre de 2005 marcaron en la Capital Federal un récord histórico al presentarse 56 agrupaciones. Cuando se reinstauró la democracia, en 1983, había sólo 13 partidos.2

Otro factor que incrementó las tareas de la Justicia Electo-ral fue la sanción de la ley que obliga a los partidos de realizar elecciones internas abiertas. Si bien es cierto que su aplicación

2 Corcuera, Santiago y otros, El control judicial del proceso electoral. La experiencia argentina 2002-2003, PNUD, Buenos Aires, 2004.



fue suspendida en las elecciones de 2003, la Cámara anticipó las tareas que tiene por delante y adoptó, al mismo tiempo, a través de la acordada 66/02, mecanismos tendientes a depurar el regis-tro de afiliados y fijar una fecha de cierre a las actualizaciones de ese padrón. Además, la acordada 68/02 dispuso la publicación del padrón provisional de electores.

Para la profesora de Política Comparada e Instituciones Po-líticas y de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella Ana María Mustapic, los cambios en materia de regulación del finan-ciamiento van de la mano de otro fenómeno: el debilitamiento de los partidos políticos nacionales. Como síntoma, la especialista recuerda que en 2003, el PJ se abstuvo de presentar un único candidato y la UCR obtuvo apenas el 2% de los votos, al tiempo que nuevos partidos, como el ARI y Recrear, sólo lograron una presencia geográficamente acotada.

Mustapic también advierte que a la Justicia Electoral le faltan muchos elementos para controlar eficientemente las afiliaciones, “de lo contrario, no se entiende cómo en un contexto de crisis política tan profunda como atravesó el país y la falta de credibi-lidad en los partidos, el número de afiliados no disminuyó sino que, por el contrario, aumentó”.

En el complejo proceso eleccionario de 2003, la justicia elec-toral salió airosa de los desafíos planteados, al menos en princi-pio, aunque es cierto que fue favorecida por la suspensión de la segunda vuelta.

En relación con el control del financiamiento, desde la apli-cación de la Ley 25.600, la Cámara Nacional Electoral puso en funciones el cuerpo de auditores y dispuso la publicación de la información presentada por los partidos. De todos modos, las agrupaciones políticas incumplieron en un alto grado con lo solicitado.



En definitiva, existen opiniones divididas sobre los cambios generados por la nueva ley. Mientras que algunos la defienden como la mejor ley posible, otros sostienen que es deficiente porque sólo apunta al financiamiento de las campañas electo-rales y deja a un lado otros aspectos en los que se relacionan el dinero y la política.

Hay dos elementos en los que sí se destacan coincidencias. Por un lado, que uno de los principales problemas del proceso electoral es la confección de los padrones, que podría mejorarse con su informatización e incluso con la incorporación del voto electrónico. Por otro, la necesidad de encarar con un abordaje nacional la protección de los derechos electorales.

EL C O N T R O L J U D I C I A L E N E L P R O C E S O E L E C T O R A L A R G E N T I N O

Según Delia Ferreira Rubio, en materia de financiamiento políti-co “es más importante establecer mecanismos de transparencia del movimiento de fondos con los que se financian tanto las actividades ordinarias de los partidos como las campañas electorales, que esta-blecer o reforzar restricciones y prohibiciones de difícil control”.3

La experiencia comparada demuestra que la imposición de límites y restricciones no evita el ingreso de fondos ilegales a los partidos, sino que genera incentivos para que los actores in-volucrados diseñen mecanismos más sofisticados para canalizar recursos ilegales.

En su desarrollo histórico, el camino hacia la transparencia del financiamiento de la política tiene dos etapas. El primer paso consistió en la exigencia de una rendición de cuentas por parte

3 Ferreira Rubio, Delia, (comp.), Financiamiento de los partidos políticos, CIEDLA, Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 1997.



de los partidos o de los candidatos. Pero la transparencia exige algo más. El segundo paso, entonces, se refirió a la divulgación de la información: que sea accesible al ciudadano, a la prensa, a las ONG y a los académicos.

Así y todo es evidente que no basta con difundir lo que los partidos o los candidatos dicen que gastan. Para que la ciu-dadanía esté informada, es necesario brindarle parámetros de comparación. En nuestro país, la fundación Poder Ciudadano lleva adelante un programa de control del gasto de publicidad en las campañas, comparando la información presentada por los partidos con información de empresas privadas de monito-reo de medios.

Según este programa, de las campañas presidenciales de 1997, 1999 y la última de 2003 se desprenden algunas curiosi-dades en los usos de dinero que hicieron las principales fuerzas políticas que participaron en cada uno de esos comicios (ver infografías).

En 1997 se realizó la primera prueba piloto para intentar cuantificar y transparentar los gastos de la campaña electoral. La experiencia se limitó a Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Recordemos que en ese momento la Ley 25.600 aún no estaba sancionada y que los fondos públicos que se destinaban al financiamiento partidario se calcularon en un peso por voto obtenido en la elección a diputados nacionales del 95.

Como conclusión de este informe que analizó los gastos de los cinco principales partidos intervinientes, se reveló que cua-tro de los cinco grupos gastaron más en publicidad que lo que habían obtenido como fondos públicos por parte del Estado. Los tres partidos más votados concentraron el 92% de lo que se gastó sobre el total de los recursos invertidos en publicidad, sobre todo en televisión. Y sólo el PJ aglutinó el 72% del total de los gastos.



En las elecciones presidenciales del 99, Poder Ciudadano logró que por primera vez los tres candidatos principales de esa con-tienda electoral (Duhalde, De la Rúa y Cavallo) firmaran lo que se llamó un acuerdo de transparencia, que avaló el acceso de esta fundación a sus presupuestos de campaña. Aunque se presentó la documentación requerida, no se pudieron detectar los orígenes de esos fondos ni hubo manera de demostrar que esas declara-ciones hayan sido verdaderas. De todos modos, se consideró un avance cívico en el camino por incentivar el debate público sobre los gastos de los partidos políticos en las elecciones.

En las últimas elecciones de 2003 no hubo acuerdo de trans-parencia, aunque sí, por la vigencia de la Ley 25.600, se presen-taron ante la justicia electoral los informes de gastos realizados por los partidos.

El balance realizado por Poder Ciudadano, coordinado por Laura Alonso, concluyó que de acuerdo con esas presentacio-nes, “en ningún caso los gastos o aportes privados superaron los máximos permitidos por ley”. En el caso de los comicios en cuestión, el tope para los aportes privados se calculó en 280.000 pesos. Sin embargo, por el cruce de datos efectuado, el mismo informe sostiene que “las diferencias que revelan las cifras del monitoreo de Poder Ciudadano en cuanto a la inversión publici-taria de los candidatos más importantes permite abrir sospechas respecto de la completitud y la veracidad de los informes presen-tados por varios de los partidos”.

Del mismo análisis se desprende que hubo algunas demoras en la realización de los giros de los fondos públicos a cargo del Ministerio del Interior hacia algunos partidos políticos, lo que podría haber perjudicado a las agrupaciones más pequeñas.

Según información periodística publicada en los diarios La Nación y Clarín sobre la base de un informe realizado por el cuerpo de peritos contadores de la Cámara Nacional Electo-



ral, integrado por Rodolfo Munne, Santiago Corcuera y Al-berto Dalla Vía, también se registraron incongruencias entre los gastos que efectivamente se habrían realizado y los que declararon judicialmente algunos partidos. En los comicios de 2003, según información periodística, sólo el 30% de los partidos políticos presentó su balance de gastos en el plazo requerido y de manera completa.

De acuerdo con las mismas fuentes, el candidato Carlos Menem declaró ante la Justicia un gasto de 1,1 millones de pesos, aunque la auditoría de la Cámara Nacional Electoral habría calculado que utilizó 12 millones de pesos. Del mismo modo, Néstor Kirchner de-claró judicialmente un gasto total de 2,6 millones de pesos, aunque la auditoría habría estimado que utilizó 6 millones de pesos.

El mismo cuerpo de peritos contadores también denunció que el ARI habría recibido donaciones anónimas, prohibidas por ley, y que Ricardo López Murphy no habría justificado correctamente todos los gastos originalmente declarados.

Para las elecciones legislativas de 2005, según información periodística publicada días antes de los comicios en el diario La Nación, el gobierno no había entregado los 17,5 millones de pe-sos que debía distribuir entre todas las agrupaciones que compe-tirían en las urnas. De acuerdo con la misma fuente, en todo el país había en ese momento 345 partidos con aportes suspendidos por la Justicia Electoral por fallas u omisiones en las presentacio-nes de sus balances sobre los anteriores comicios.

De acuerdo con información extroficialmente recogida hasta un mes antes de realizadas las elecciones de octubre de 2005, se registran las siguientes estimaciones de gastos de los principales partidos. Desde el equipo de campaña de Hilda Duhalde se había señalado que el gasto rozaría los 9 millones de pesos, que es el máximo que permitiría la ley en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más grande del país. En Propuesta Republicana,



el frente conducido por Mauricio Macri y Ricardo López Murphy, habían señalado un gasto cercano a los 2 millones de pesos. En el ARI calculaban que necesitarían 900 mil pesos para sostener la campaña de su candidata, Elisa Carrió. En la Unión Cívica Radical dudaban que la candidatura de Luis Brandoni superara un gasto de 414 mil pesos que, según la UCR, fue lo que recibió en 2003 por parte del Estado.

EL M O D E L O D E F I N A N C I A M I E N T O E N O T R O S P A Í S E S

La situación en América Latina no es uniforme. Hay países donde todavía no se ha cumplido ni siquiera el primer paso a la transparencia, que es la exigencia de la rendición de cuentas, como ocurre en Uruguay y El Salvador. En otros países, como Nicaragua, Venezuela, República Dominicana, Guatemala y Hon-duras, si bien se ha avanzado un poco más y se exige la presenta-ción de los registros contables, esa información es reservada y no es accesible a la población. A la vez, en México, Colombia, Brasil y, hasta cierto punto, Argentina, se ha avanzado en la búsqueda de facilitar el acceso del público a la información, aunque toda-vía existen problemas que superar.

En América Latina, la discusión en torno al financiamiento político se profundizó en los últimos años por el estallido de varios escándalos en torno a los aportes del narcotráfico en cam-pañas políticas y, al mismo tiempo, por la creciente tendencia a supervisar ya no sólo en qué gastan los distintos grupos políticos de un país sino, también, el gobierno elegido en las urnas.

Según Elaine White Gómez, “la forma en que una sociedad decide financiar a sus partidos políticos es el resultado directo del concepto que de éstos se tenga”.4 La misma autora señala que los partidos

4 White Gómez, Elaine, “El Financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica”, en Ferreira Rubio, D., op. cit.



políticos tienen una naturaleza dual, ya que si bien son asociaciones privadas de ciudadanos que buscan alcanzar el poder, el objetivo prioritario de estas agrupaciones es la defensa del interés público.

En todos los países latinoamericanos, con excepción de Ve-nezuela y Chile, se aplica un sistema mixto. Respecto del finan-ciamiento público, la mayoría de los países otorga subvenciones directas a los partidos políticos. De la misma manera, existen en la mayoría de las naciones de la región distintas formas de finan-ciamiento indirecto.

Hay un grupo de países que disponen separadamente de fondos públicos para las actividades ordinarias de los partidos y las campañas electorales, como Argentina, México, Para-guay, Colombia, Ecuador y Panamá. En el otro grupo sólo está regulado el financiamiento público de las campañas, como ocurre en Bolivia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Honduras, Uruguay y Nicaragua.

En todos los países de América Latina la ley permite el finan-ciamiento privado, aunque hay algunas particularidades.

Una primera cuestión se relaciona con los límites a los mon-tos. En siete países de Latinoámerica, no existe ningún tipo de tope. Ellos son: Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicara-gua, Panamá, República Dominicana y Uruguay. En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Paraguay existe algún tipo de límite legal. En nuestro país, por ejemplo, los partidos no pueden recibir de una persona jurídica más del 1% del total permitido o del 0,5%, si el donante es una persona física.

Respecto de las prohibiciones a cierto tipo de donaciones, no existen en Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá y Uru-guay. En cambio, en Costa Rica y República Dominicana, sólo se prohíben donaciones de origen extranjero. En Brasil están ve-dadas las donaciones de entidades o gobiernos extranjeros, de



sindicatos y gremios y las donaciones anónimas. En Argentina están prohibidas las extranjeras, las anónimas y las provenientes de sindicatos, corporaciones y contratistas del gobierno; también las de las personas que hayan sido obligadas por sus superiores y las de origen estatal.

Para no abundar en ejemplos de otros países, a continuación elegimos tres casos que consideramos paradigmas de distintos modelos de financiamiento de la política. Nos concentraremos en Costa Rica, Chile y Alemania. En los dos primeros se desplie-gan las razones para sostener un mecanismo de fondos públicos o de fondos privados. El modelo alemán, en cambio, desarrolla los cambios que se realizaron en el sistema de financiamiento partidario tras la crisis política que enfrentó ese país durante la gestión de Helmut Kohl.

Costa R ica

En Costa Rica, la Constitución no reconoce la institucio-nalidad de los partidos políticos y tampoco existe una ley es-pecífica. Entonces, se los concibe casi como organizaciones exclusivamente privadas. La única función pública que se le atribuiría a las asociaciones partidarias está acotada a la cam-paña electoral, que es la única instancia financiada desde el Estado.

Sin embargo, Costa Rica tiene un sistema mixto de financia-miento (público y privado) con formas directas e indirectas. Pero las regulaciones se concentraron en el aspecto del financiamien-to público de las campañas electorales.

La contribución estatal alcanza al 2% del Presupuesto de Gas-tos Ordinarios, aunque existen algunos proyectos de ley que pre-tenden reducirlo porque despierta críticas en la opinión pública costarricense.



Por ley, los partidos políticos que reciben aportes estatales deben presentar sus cuentas –comprobadas por escribano público autorizado– ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a lo sumo hasta un mes después de las elecciones de diputados. El TSE remite estos documentos a la Controladuría General de la República, que puede tomarse hasta dos meses para revisar esos balances y dar su veredicto.

Hay dos temas que complican la verificación de los documen-tos por parte de la Controladuría. Por un lado, que los aportes previos a la campaña se hacen en bonos que, a la vez, los par-tidos deben hacer circular en el sistema financiero y colocarlos entre sus seguidores. El otro es que el aporte público se gira en forma centralizada.

El Código Electoral obliga a los partidos a publicar sus regí-menes patrimoniales y sus estados contables así como las audito-rías internas que realicen. Esta auditoría es obligatoria en la es-tructura de cada partido que en Costa Rica reciba financiamiento público. Si descubriera irregularidades, debería comunicarlo a la Controladuría. Pero el sistema de sanciones no abunda en tantos detalles.

El mecanismo no está exento de sospechas. “Quizás la forma más encubierta de financiamiento político electoral se da a través del sistema de las llamadas ‘partidas específicas’, que son asigna-ciones presupuestarias específicas que se reparten los diputados oficialistas para realizar obras (muchas veces de infraestructura) en sus respectivos territorios electorales”, advierte Elaine White Gómez.5 La afirmación podría aplicarse a muchos otros países latinoamericanos, entre ellos la Argentina.

En Costa Rica, los partidos también pueden utilizar espa-cios públicos gratuitos como escuelas o plazas para difundir

5 Ibídem.



sus ideas y los diputados tienen acceso al uso de franquicias postales sin cargo.

La fuente de financiamiento privado más importante que tie-nen las agrupaciones partidarias costarricenses es a través de las donaciones privadas que, en general, se concentran en los tiempos de campaña.

A partir de 1986, este tema ocupó un lugar central en la agen-da pública de ese país porque la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa descubrió (y comprobó) que el narcotráfico había hecho aportes a las campañas y que, a cambio, claramente había obtenido beneficios en el establecimiento de nuevas polí-ticas públicas.

Tres años después, ese organismo difundió una serie de re-comendaciones para evitar que volviera a repetirse la historia. Por ejemplo, evitar los aportes de fondos privados extranjeros y que los partidos lleven un registro puntual de sus contribuyentes nacionales.

De todos modos, las donaciones internacionales también cum-plen hoy un rol clave en el financiamiento privado de los grupos político-partidarios de Costa Rica, aunque esos desembolsos no van directamente a los partidos sino a las fundaciones asociadas, donde en general se forman los cuadros políticos futuros.

Chi le

El sistema de financiamiento político de Chile, por ley, no admite aportes del Estado. Sólo se sostiene mediante fondos pri-vados nacionales que se obtienen de los bolsillos de los propios afiliados de los partidos políticos.

De todos modos, la Comisión de Estudios de la Nueva Consti-tución, designada durante la dictadura chilena, se propuso –sin



éxito– el financiamiento público para gastos electorales y pro-paganda política. También el Grupo de Estudios Constituciona-les solicitó la creación de un Fondo Partidario Permanente, que tampoco prosperó.

En Chile, los partidos políticos no obtienen reconocimiento legal hasta 1914. Ese año se sanciona la ley electoral pero de hecho existían organizaciones políticas desde 1830, cuando se constituye la República Autocrática y se había consagrado ese derecho de asociación en la reforma constitucional de 1874.

Sin embargo, es a partir de 1914 que se sancionan numerosas leyes electorales que les brindan a los partidos políticos la atribu-ción de inscribir ciudadanos en sus filas, declarar candidaturas, tener derecho a la propaganda y publicidad, y se les otorga per-sonería jurídica y exenciones impositivas.

Con la reforma constitucional de 1971, el Partido Demócrata Cristiano le pidió al por entonces presidente Salvador Allende que ratificara su elección en el Congreso Pleno. Esa medida de resguardo jurídico, sin embargo, no pudo evitar el golpe de Esta-do del 11 de septiembre de 1973 y la dictadura chilena disolvió y declaró en la clandestinidad a todos los partidos políticos.

En 1980 se establecieron nuevas reglas de juego para los partidos políticos, que se concentraron más en las prohibiciones que en los derechos de reconocimiento democrático. Cuando en octubre de 1988 el gobierno dictatorial fue derrocado al recha-zar el pueblo chileno la continuidad por otros ocho años del general Augusto Pinochet, el Partido de Renovación Nacional y la dictadura acordaron reformas que luego fueron ratificadas en un plebiscito.

Esa reforma, es decir, la Ley 18.825 (1989), derogó el artículo 8 de la Constitución, que trataba de las exclusiones ideológicas. Pero la reforma más importante es la que reconoce la personería jurídica



de los partidos, que permite una continuidad democrática y esta-blece algunas normas de financiamiento partidario: las cuentas partidarias deberán ser públicas y estarán prohibidas las dona-ciones de origen extranjero.

En Chile, entonces, el único aporte de fondos, tanto para los partidos políticos como para las campañas electorales, proviene del sector privado y los hacen los afiliados, quienes quedan libe-rados del pago de algunos impuestos según los montos donados y siempre que los aportantes sean nacidos en ese país.

A la vez, los partidos, están obligados a llevar un registro de sus ingresos y egresos, otro con el balance y un inventario. Esas cuentas son solicitadas anualmente por el Director del Servicio Electoral, quien a la vez tiene la obligación de conservar copias de la documentación y difundirla públicamente si es requerido. Si no hay objeciones, se ordena la publicación de esos balances en el Diario Oficial; pero si las hubiera, se aplica una batería de sanciones que computan distintos grados de infracción. La más dura de las penas no es sólo una multa de hasta el 20% del va-lor de los bienes declarados por cada partido sino, también, un comiso de los ingresos considerados marginales. Si el partido volviera a dar el mal paso, se lo disuelve y los miembros directi-vos del mismo quedan inhabilitados por ocho años para ocupar cualquier cargo político. Según la ley, esas multas se estipulan en Unidades Tributarias Mensuales (UTM). La pena más baja involu-cra 10 UTM y la máxima, hasta 300 UTM.

Alemania

Desde 1959, los partidos políticos alemanes representados en el Parlamento (Bundestag) recibían recursos del presupuesto nacional de manera directa, destinados a la formación política. En 1966, el Tribunal Constitucional Federal sentenció la inconstitucionalidad



de este tipo de financiamiento y limitó los recursos públicos a la reposición de los costos de las campañas electorales.

Un año después se puso en vigencia esta norma como la ley de partidos políticos y se extendieron sus alcances a los candi-datos independientes. Del mismo modo, son inconstitucionales los partidos que por el comportamiento de sus afiliados pongan en peligro el orden democrático o la existencia de la República Federal de Alemania. El Tribunal Constitucional Federal ha de-clarado anticonstitucional al neonazi Partido Socialista del Reich en 1952 y al Partido Comunista de Alemania en 1956.

En 1994 se realizó la sexta modificación a esta normativa, que dispone que los partidos y los candidatos independientes reciben 1,30 marcos alemanes anuales por cada voto obtenido hasta un máximo de 5 millones de votos, ya que por encima de ese tope obtienen un marco alemán por sufragio.

Las donaciones individuales sólo se permiten hasta 6.000 marcos alemanes. Los donativos que superen los 20.000 de-ben ser informados con nombre, apellido y dirección del contribuyente. Las fundaciones políticas, las sociedades de utilidad pública y cualquier forma de financiación indirecta están prohibidas.

La base jurídica de esta ley es el artículo 21 de la Ley Fundamen-tal, que le otorga primordial importancia al derecho de los ciudada-nos a acceder a la información sobre las finanzas de los partidos, sus ingresos, su procedencia y sus recursos.

La obligatoria rendición de estos informes es examinada por un censor de cuentas que debe presentarla anualmente al presi-dente del Bundestag, quien a la vez tiene la obligación de hacerla pública. Las agrupaciones políticas que rehúsen entregar esta do-cumentación quedan inhabilitadas para que se les repongan sus costos de campaña en la siguiente elección.



DI N E R O Y P O L Í T I C A E N L A AR G E N T I N A : U N M A T R I M O N I O F L E X I B L E E I N E V I T A B L E

La política y el dinero son un matrimonio eterno. Sin embar-go, se trata de un caso muy particular porque sus cónyuges van mutando permanentemente. Es, entonces, un verdadero matri-monio por conveniencia. Y, de hecho, tiene una gran ventaja. En este terreno, la ley no impone ningún tope a la cantidad de “enlaces” que pueden realizarse, ni tampoco penaliza la in-fidelidad. Por el contrario, en el caso de este matrimonio tan particular, la infidelidad es bien vista, defendida, promovida e incluso, necesaria.

En este enlace circunstancial, los cónyuges se buscan mutua-mente, es decir, no son sólo los sectores privados los que se acer-can con bolsillos generosos a los dirigentes políticos. También los políticos (en general no ellos personalmente sino sus propios lobbistas o jefes de campaña) son quienes buscan y necesitan al consorte empresario.

En la Argentina existen distintos tipos de vinculaciones en-tre la dirigencia política y los sectores privados. La información siguiente es el saldo de una serie de entrevistas con candidatos, presentes y pasados; lobbistas, en funciones o retirados; funcio-narios, en actividad o jubilados; dirigentes empresarios, gerentes y directivos de empresas poderosas del país, quienes práctica-mente en su totalidad pidieron reserva de sus identidades.

Curiosamente, tanto en el ámbito empresario como en la polí-tica hay una palabra para referirse al particular matrimonio entre partidos y aportantes: el “código”. Es decir, quien tiene palabra y no la traiciona, quien recuerda a quien le abrió las puertas de determinado ámbito en algún momento. El “código” y el cuidado reverencial de sus dictados son los instrumentos determinantes del vínculo que une a los agentes que median entre el mundo del capital y la política.



Por lo tanto, con las limitaciones que suponen los preceptos del silencio, se intentará pasar por escrito un circuito tan exento de transparencia como expuesto a fantasías y supuestos. La sis-tematización pretende, además, servir como aporte para el debate sobre la necesidad de precisar las reglas del juego del sosteni-miento privado de los partidos políticos.

Como ocurre en tantos otros aspectos de la vida argentina, en la esfera del financiamiento conviven un sistema legal y otro marginal. “Como pasa con la economía en negro, el financia-miento negro de la política hace que exista una competencia desleal”, sintetizó Laura Alonso, de Poder Ciudadano.

En este punto, cabe recordar que la legislación argentina adoptó un sistema mixto y, en lo referido a las contribuciones provenientes del sector privado, sólo admite los desembolsos de grupos nacionales, ya sean compañías individuales o entidades que agrupan a otras empresas pero que defienden intereses y políticas económicas comunes, tanto en su versión macroeconó-mica (tipo de cambio, negociaciones comerciales con el exterior) como en la microeconomía (leyes sectoriales puntuales, modelos tributarios o legislación laboral).

T I P O L O G Í A S

A grandes rasgos, el financiamiento privado de la política tiene en la Argentina dos maneras de ejecutarse.

Por un lado, el acercamiento de los grupos privados y de los políticos particulares en épocas de campaña electoral. Este modelo es puntual y finito, es decir, se limita al tiempo que dura el período electoral. Es el más frecuente y es donde se concentran los aportes privados más abultados y donde al mismo tiempo se producen las principales “maniobras” de cosmética financiera para justificar los desembolsos, tanto dentro de los grupos empresarios como en los



partidos políticos. Dentro de este grupo hay a la vez dos subtipos con metodologías diferentes: uno para el financiamiento privado de las campañas presidenciales y otro, para las legislativas.

Por otro lado, existe un tipo de acercamiento entre sector pri-vado y político caracterizado por una mayor permanencia en el tiempo, el cual denominaremos vínculo permanente. Está vincu-lado, por ejemplo, a la aprobación de leyes específicas en el Con-greso o al sostenimiento de políticas económicas concretas. De todos modos, el contacto que se establezca durante la campaña electoral, en especial las presidenciales, será determinante para el vínculo futuro. Aquí hay otros dos subtipos, que podríamos denominar vía parlamentaria y vía ejecutiva.

La primera se define en el transcurso de un gobierno determi-nado y, en general, responde a “los favores” recibidos en épocas de elecciones. Por ejemplo, el otorgamiento de partidas especiales para determinadas obras públicas o la aprobación inusualmente rápida de una ley en particular.

La segunda apunta al mantenimiento de vínculos permanen-tes entre el gobierno elegido en los comicios y las diferentes en-tidades que agrupan a un conjunto de empresas, en general de distintos sectores, pero que responden a un interés económico común. Del mismo modo, se establecen líneas de comunicación permanentes entre grandes corporaciones y gobierno, por ejem-plo, en materia de contratos de concesión. En estos casos, el “circuito del dinero” aparece más diluido que en las anteriores dos categorías.

Así, entonces, podríamos definir dos grandes tipologías en la vinculación entre financiamiento privado y partidos políticos. Por un lado, el denominado vínculo de campaña, que a la vez se re-fiere a los comicios presidenciales y a los exclusivamente legisla-tivos. Por el otro, el vínculo permanente, que también tendría dos subgrupos: la vía parlamentaria y la vía ejecutiva.



Víncu lo de campaña

“En un mismo día recorrí varias oficinas. Repartí cheques que, en total, sumaban 2 millones de pesos o dólares en aquel mo-mento. Por cada uno me dieron un recibo por gastos de publici-dad”. El lobbista (ahora retirado) pertenecía a un poderoso sector industrial (ahora en picada) que, como otros, había sido benefi-ciado con los estímulos fiscales de radicación de empresas en la provincia de Tierra del Fuego.

Corría el final del primer mandato de Carlos Menem y la re-pentina apertura económica había dejado en el camino varias compañías líderes en los 80. La empresa del lobbista también ha-bía caído en desgracia. Como conclusión, los aportes de campaña fueron descargados del Impuesto a las Ganancias en concepto de gastos de publicidad, una de las justificaciones usuales utilizadas por las empresas para blanquear las contribuciones.

Fuentes de la Justicia Electoral sostienen que más allá del control que se realice a los partidos a partir de la documentación que presentan en sus balances, no existe manera de supervisar totalmente los gastos de publicidad de los partidos. Por eso siem-pre surgen diferencias contables entre las cuentas que presentan los partidos y las facturas que pasan los medios por los espacios vendidos.

Las mismas fuentes consideran que estas maniobras contables podrían superarse si se levantara el secreto tributario para que la AFIP y el Banco Central pudieran cruzar los datos de sus bases informáticas. Por ejemplo, en Chile existe un sistema por el cual si una persona quiere donar fondos a un partido político, debe hacerlo a través de una cuenta especial radicada en el Banco Central de ese país, donde sólo puede depositar el 90% del total de su desembolso. El restante 10% se distribuye automáticamente entre el resto de las agrupaciones. Eso puede hacerse por la exis-tencia de un registro bancario único.



Este tipo de manejo contable es frecuente en épocas de cam-paña, en especial si el destinatario de los fondos pertenece al par-tido gobernante, que suele tener más recursos burocráticos que la oposición para computar esos fondos y otorgar recibos.

Del mismo modo, los grandes donantes tienen más herra-mientas burocráticas que los más pequeños para justificar en sus propios balances los fondos en negro destinados a la política. Las corporaciones con casas matrices en el exterior a las que deben rendirles cuentas de sus gastos internos anuales llegan incluso a justificar esos desembolsos con el argumento de que se trata de una campaña interna para lanzar un nuevo producto al mercado argentino. En cualquier caso, los gastos de publicidad suelen ser el recurso más habitual para realizar la cosmética contable que permite “blanquear” el dinero desviado hacia la política.

Campañas presidenciales

En las campañas presidenciales, el gran protagonista es el Jefe de Campaña. Esa es la figura que tanto los políticos como los hom-bres de negocios que accedieron a contar sus anécdotas identifican como la pieza clave para incorporar los aportes privados.

De todos modos, en el vínculo directo entre la empresa y el político, el nexo fundamental es el “cajero”, quien a la vez es la mano derecha del Jefe de Campaña.

La figura del Jefe de Campaña es polémica y multifuncional. En general es elegido por el propio candidato presidencial; ma-yoritariamente se trata de un compañero de militancia del políti-co en cuestión y de un hombre de extrema confianza partidaria, ideológica y personal.

Como la mayoría de los candidatos a presidente fueron an-teriormente gobernadores de provincias o postulantes a go-bernador, su Jefe de Campaña y, en consecuencia, el “cajero”,



ya son conocidos por los referentes del sistema privado que “colaborarán” en la epopeya electoral. El conocimiento previo facilita el vínculo entre el candidato y sus financistas, ya que tienen establecido “el código” a cumplir por ambas partes, es decir, la certeza de que ninguno delatará el costado negro del circuito.

Por esta razón, vale la pena hacer aquí un breve paréntesis para referirse a algunos matices de las campañas electorales regionales, teniendo en cuenta su impacto posterior en las presidenciales.

Esos encuentros previos también, seguramente, estuvieron rela-cionados con otra etapa política del mismo candidato y del mismo aportante. Sobre todo si se trata de un gobernador con quien, por ejemplo, esas mismas corporaciones debatieron en épocas de cam-paña regional los lineamientos generales que en materia económi-ca tendría el futuro gobernante.

Usualmente, las provincias que cuentan con polos productivos o identifican su producción provincial con un sector específico tienen este tipo de vínculos ya aceitados. Del mismo modo, en las provincias más pobres, las apuestas privadas son escasas, en cuyo caso los candidatos de estas regiones, por ejemplo, en los comi-cios para elegir gobernador, son más dependientes de los fondos públicos de campaña que, como ya dijimos, responden a los giros bancarios de la metrópoli.

En todo caso, las campañas presidenciales son las más “ge-nerosas” porque es cuando se distribuyen los aportes privados más abultados y porque también se reparten “varios huevos en distintas canastas”. Los candidatos que representan a las fuerzas políticas que tienen chances de constituirse en la primera, segun-da y tercera fuerza se quedan con el “grueso” de los fondos des-tinados por las corporaciones. De todos modos, el candidato que representa al partido con más posibilidades de llegar a la Casa Rosada es el que absorbe las apuestas más sustanciosas.



Las internas dentro de un partido mayoritario como el Justi-cialista y con chances históricas de tomar el poder pueden darles sorpresas a las corporaciones dispuestas a financiar los comicios con sus fondos. En ese sentido, algunos poderosos hombres de la industria y los bancos recuerdan la interna justicialista entre Antonio Cafiero y Carlos Menem. Por “sintonía ideológica”, los referentes del capital nacional de fines de los 80 habían acercado sus apuestas a Cafiero. Seguramente, también, porque ese políti-co había motorizado una importante campaña en Buenos Aires, donde había logrado arrancarle la provincia al radicalismo go-bernante. Y, como señalamos antes, son clave los contactos que los candidatos presidenciales arrastran de sus anteriores elecciones provinciales.

Para el sector privado, entonces, Cafiero era una cara co-nocida frente a Menem, un hombre nacido en el interior que en su discurso (y sólo en eso, como quedó demostrado después con la aplicación de su política económica y su alianza con quien fue en la práctica su ministro estrella, Domingo Cavallo) tenía como caballito de campaña “la revolución productiva y el salariazo”.

Con el inesperado respaldo de la UOM (Unión Obrera Metalúr-gica) al caudillo de La Rioja revirtió el escenario del justicialismo y Menem resultó victorioso en las internas partidarias.

Pero a fines del 1988, “el sector empresario se encontró con que había invertido al cuete [sic], en el lugar equivocado [Cafie-ro]”, recordó un economista que en los primeros años del mene-mismo funcionó como uno de los intermediarios entre el flaman-te candidato y el sector privado.

Con Menem como único candidato del PJ y firmes posibilida-des de llegar a la Casa Rosada, quienes piloteaban la industria y la banca de aquel momento cuentan que comenzaron a llover los contactos del equipo de campaña menemista con los popes del



empresariado nacional. En aquel momento, claramente, el Jefe de Campaña que motorizó estos contactos fue Eduardo Bauzá, quien luego se desempeñó como jefe de Gabinete de Menem y mantuvo en su puño los vínculos que había establecido con el sector privado desde el búnker electoral. También lo asistieron con entusiasmo Eduardo Menem y, en un segundo plano (aunque no menos operativo), José Luis Manzano.

El tándem Bauzá-E. Menem-Manzano fue una pieza clave en la formación del primer equipo económico de Menem, que pri-mero intentó designar a un referente cercano a los capitanes de la industria pero luego terminó consolidando una alianza estra-tégica con los sectores financieros y los grupos que, con el tiem-po, se quedaron con los servicios públicos privatizados.

Según recuerdan los referentes privados de aquel entonces, en un primer momento se apuntó a designar a un hombre del pode-roso grupo Bunge y Born al frente del Ministerio de Economía, para responder a la necesidad del equipo político del gobierno de Menem de dar una señal amigable a los capitanes de la industria, es decir, a quienes habían hecho originalmente la apuesta a Ca-fiero, aunque luego destinaron toda su artillería a quien ganó la interna del PJ.

Las mismas fuentes también recuerdan que aquel frente in-dustrial era heterogéneo, mientras que los capitanes financieros estaban unidos. En esa grieta ideológica dentro de la dirigencia empresaria se habría colado una nueva alianza política y privada que terminó con el desembarco de Domingo Cavallo en el Palacio de Hacienda.

De todos modos, este enroque de “favores económicos” por políticas de Estado se desarrollará más adelante, cuando nos re-ferimos a los vínculos permanentes en relación con lo que deno-minamos la “vía ejecutiva”.



No es objetivo de este trabajo concentrarnos en los estilos particulares (y anécdotas) de los distintos candidatos presiden-ciales y posteriores jefes de Estado. Sin embargo, haremos un breve desarrollo de los modos en que se vincularon con el finan-ciamiento privado tres de los primeros mandatarios que llegaron al poder por elección directa en las urnas desde 1983 hasta ahora. Los consideramos representativos de tres modos distintos de rela-cionarse con el sector privado.

El estilo de Menem fue el más polémico. A lo largo de su re-corrido político, tejió alianzas estratégicas con distintos sectores privados al compás de la implementación de su política económi-ca. Aquí podría señalarse que Cavallo aportó un modo de finan-ciamiento privado permanente que, en forma paralela, excedió los límites de las campañas específicas y resultó claramente deci-sivo para la reelección de Menem, quien había resultado, en gran medida, un sucesor sorpresivo de Raúl Alfonsín.

En este sentido, el caso de Fernando de la Rúa fue al revés. Era el candidato de la Alianza, la coalición política de la UCR y el Frepaso, quien claramente se iba a alzar con el poder tras la partida de Me-nem. A partir de 1999, la era menemista se mostraba agotada para la mayoría de las grandes corporaciones privadas.

A modo de postal, en el coloquio realizado en 1999 por IDEA, la entidad empresaria que anualmente organiza en noviembre su tradicional seminario, reúne a las compañías más poderosas del país y difunde públicamente su agenda.

Allí, en la comida prevista para el primer día del encuentro de los hombres de negocios, se había programado la visita de De la Rúa. Los organizadores debieron agregar 150 nuevos cubier-tos porque hubo poderosos empresarios y ejecutivos de multina-cionales locales que tomaron vuelos particulares sólo para estar presentes en la reunión.



Al día siguiente fue el turno de Menem y pasó exactamente lo contrario. No sólo se eliminaron esos 150 lugares sino que hubo que inhabilitar uno de los salones para evitar que se notara la brusca baja de participantes.

Si bien para esa fecha (noviembre de 1999) ya se conocían los resultados electorales de octubre, ya en el coloquio del año anterior se había notado que para una parte del sector privado, el menemismo había llegado a su fin. En 1998, en el lujoso Hotel Llao Llao de Bariloche, Graciela Fernández Meijide terminó bai-lando un tango en el lobby con el poderoso empresario petrolero Romero Vagni. Fue la foto que coronó los aires de cambio que el sector privado había comenzado a percibir desde antes de 1999.

De todos modos, la gestión de De la Rúa también volvió per-manentes los lazos tejidos con el sector privado durante la cam-paña y fue públicamente visible la adopción de equipos eco-nómicos surgidos de las corporaciones privadas que se habían acercado a él durante 1999. De hecho, fueron los mismos que consolidaron sus intereses durante la gestión de Eduardo Duhal-de, quien llegó al poder tras la crisis política, económica y social de diciembre de 2001.

El actual presidente Néstor Kirchner prefirió desde el comienzo de su campaña mostrarse públicamente distante de los sectores privados (aunque la práctica podría indicar otro escenario). Las condiciones políticas y partidarias de la elección (Kirchner asume su mandato con el 22% de los votos y después de que Menem abandona en la segunda vuelta) influyeron en las variantes del esquema. Con excepción de los vínculos empresarios establecidos por Kirchner durante su tiempo como gobernador, en especial con el sector petrolero, podríamos decir que la balanza se inclinó más hacia los fondos de tipo público que hacia los privados.

Si bien Kirchner parecería preferir en público un estilo esquivo e incluso de confrontación con el empresariado, su estrategia sería



distinta en la práctica. Cabe destacar, por ejemplo, la posición de este gobierno en relación con las concesionarias de servicios pú-blicos y los grupos financieros, dos sectores que resultaron benefi-ciados por las políticas económicas implementadas en los 90.

En la práctica, la gestión kirchnerista parecería apuntar a un cambio de accionistas en estos sectores estratégicos mediante la implementación de mecanismos como la re-estatización de al-gunas compañías de servicios o los posibles nuevos llamados a licitación en el caso de algunas concesionarias. Como resultado de esta política se generaría un nuevo conglomerado de empre-sarios y dirigentes empresarios que deberían, desde la perspectiva oficial, tener mayor cercanía que sus antecesores privados con la actual gestión de la Casa Rosada.

Campañas legislativas

A diferencia de las presidenciales, donde el rol del jefe de cam-paña es central, en las elecciones legislativas, el gran protagonista es el gobernador de cada provincia. Las particularidades de las legislativas le permiten al gobernador medir, en cada oportunidad, cuánto respaldo económico le queda en su gatera y así ir desarro-llando su estrategia política y su proyección nacional a futuro.

Aunque los aportes privados se destinen al pozo de campaña que motorizará la candidatura de las principales cabezas de lista, la apuesta privada es más por el gobernador que por los candi-datos legislativos quienes, salvo comicios muy politizados en el nivel nacional, son poco conocidos en el ámbito empresario.

Por supuesto, hay excepciones: es bastante frecuente por la dinámica argentina en el recambio partidario de las estructuras tradicionales que, en algunos casos, los diputados y senadores que renuevan sus bancas, por ejemplo, ya hayan tenido algún paso por los poderes ejecutivos provinciales o, incluso, nacionales.



Esos políticos tienen antecedentes en las relaciones previas con las grandes corporaciones y saben qué puerta tocar en caso de que decidan hacerse directamente de algunos aportes privados reservados. Aquí juega aquello que algunos denominan “la leal-tad al padrino político”, es decir, si ese candidato en particular está dispuesto o no a “compartir su jugada política con el gober-nador de su provincia”.

La vinculación entre financiamiento privado y campañas le-gislativas, además, suele darse en ámbitos más pequeños, ya que en general son las empresas de la región las que negocian direc-tamente con el conductor regional a cambio de incentivos impo-sitivos, nuevas radicaciones o políticas de Estado, sin descartar los contratos de concesión de obras públicas provinciales, donde también el gobierno nacional juega un papel determinante. Del mismo modo, los candidatos que integrarán las futuras bancas responderán en el ámbito parlamentario a los lineamientos que plantee el gobernador ante cada votación. Y el mandatario pro-vincial, al mismo tiempo, medirá su fuerza política partidaria frente al gobierno nacional.

En cuanto a los fondos que se destinan para las legislativas, suelen ser menos abultados que los dirigidos a las presidenciales, por la sencilla razón de que las grandes corporaciones y también los políticos prefieren concentrarse en el círculo de los más po-derosos. Esta tendencia se fue profundizando en los últimos años, debido a que las campañas electorales de las principales fuerzas políticas también se han ido personalizando cada vez más. Se sabe que quien pretende tener el poder también debe ostentarlo hacia adentro de sus propias filas. En la jerga política se conside-ra que “quien tiene la caja tiene el poder”.

De igual manera, la concentración de poder en una persona dentro de una estructura partidaria, tanto tradicional como de las consideradas nuevas, también tiene un objetivo funcional para



el timonel. Si logra concentrar en su entorno la canalización del vínculo dinero-política, también logrará recortar el crecimiento de los gobernadores, quienes en el futuro podrían disputarle la conducción partidaria nacional.

En cuanto al vínculo del sector privado y las campañas le-gislativas, el ex presidente Eduardo Duhalde, cuando comandó la provincia de Buenos Aires en 1995, disparó un nuevo tipo de enlace entre ambos sectores. Incorporó a sus listas legislativas, y en los puestos más cotizados (los primeros cinco del ran-king), a dirigentes empresarios y empresarios del conurbano bonaerense. En este sentido, podría decirse que Duhalde equi-paró los grupos económicos con la dirigencia gremial. Hasta ese momento, sólo se habían realizado acuerdos corporativos para sumar candidatos en las listas partidarias de dirigentes surgidos del mundo sindical.

Víncu lo permanente

Más allá del financiamiento privado destinado exclusivamen-te a las campañas electorales, existe un permanente vínculo entre los gobiernos y el sector empresario. La acción de lobby, un ám-bito exento de legislación en la Argentina, suele aparecer vincu-lada al costado oscuro o marginal de la política.

De todos modos, el vínculo entre empresas y políticos se ma-nifiesta más intensamente durante los períodos de campaña y el volumen de los aportes definirá el grado de cercanía durante los años de gestión de gobierno.

En lo que se refiere a las vinculaciones permanentes, hay una doble estrategia. Aquí entran en escena tanto las corpora-ciones en sí mismas como las entidades gremiales empresarias. Si bien, en general, éstas últimas no son las que destinan con-



cretamente fondos, sí funcionan como nexos entre los políticos y los intereses de los sectores.

Muchas más veces de las que trascienden a la prensa, las entidades gremiales empresariales realizan desayunos, almuer-zos o, incluso, reuniones muy reservadas entre los candidatos y los hombres de negocios. Allí, tanto los candidatos como los funcionarios hablan cara a cara con los representantes de los sectores privados y plantean directamente las políticas que pre-tenden. Obviamente, en épocas de campaña estos encuentros se hacen más frecuentes y suelen ser previos a los contactos que luego mantendrán los jefes de campaña y los “cajeros” con los grupos específicos.

Como señalamos anteriormente, existen dos subtipos que re-sumen este vínculo permanente entre dirigencia política y grupos sectoriales: la vía parlamentaria y la vía ejecutiva.

La vía parlamentaria

Hay dos momentos que develan claramente el vínculo perma-nente entre sector político y sector empresario. Por un lado, la ur-gente sanción por parte de la Cámara de Senadores y la de Diputa-dos de determinados proyectos. Si bien en estos casos intervienen más los fondos públicos desviados a la política y gestionados por los gobiernos nacional y provinciales, ninguna de estas aprobacio-nes escapan a compromisos asumidos previamente por la dirigen-cia partidaria gobernante y los sectores privados.

Es decir: esas normativas le pondrían un marco jurídico a una alianza previa entre poder político y poder económico. Existen infinitos ejemplos. Fuentes de los sectores económicos más pode-rosos a lo largo de los últimos mandatos democráticos recuerdan los más paradigmáticos. Durante la gestión de Fernando de la Rúa, la polémica aprobación de la Ley de Flexibilidad laboral,



más conocida en los medios como el “escándalo de la ley Banel-co”, que destinó fondos reservados de la SIDE a la aprobación de las nuevas reglas de juego en el ámbito laboral, corrió el velo de las presiones de grupos corporativos que reclamaban esa ley para sostener la continuidad del modelo.

Más allá de estos escándalos que llegan a las tapas de los diarios, la vinculación entre los intereses de algunos grupos económicos y la aprobación de leyes es un mecanismo de per-manente negociación entre los partidos gobernantes y el po-der económico. Aquí se incorpora la segunda variante de este mecanismo, que siempre surge en las extensísimas y acalora-das discusiones que protagoniza el Poder Legislativo al final de cada año, cuando se aprueban las distintas partidas presupues-tarias. Son las habituales modificaciones a última hora de cada sesión parlamentaria de los montos asignados a obras públicas provinciales.

La vía ejecutiva

En materia económica, el correlato de los vínculos entre los políticos y los sectores empresarios que se da durante las campa-ñas electorales se mantiene luego en el ejercicio cotidiano de la gestión de gobierno. Este entramado se canaliza a través de las alianzas que los diferentes gobiernos establecen con los sectores económicos que sustentan y respaldan su gestión.

En este sentido, hay dos vías que muestran este comporta-miento. Por un lado, las concesiones privadas. Cabe recordar las privatizaciones realizadas durante el primer gobierno de Carlos Menem, que sellaron la alianza de ese mandato con las empresas multinacionales y los sectores financieros.

En la vía ejecutiva del delicado vínculo entre sector políti-co y privado también ejerce un rol fundamental las entidades



gremiales empresarias, que no sólo llevan adelante acciones de lobby para impulsar políticas convenientes para sus intereses, sino que también funcionan como un sistema de legitimación frente a situaciones conflictivas para las políticas económicas de los gobiernos. Sus mensajes de respaldo en situaciones de crisis suelen ser solicitados por los propios presidentes, ya que esos apoyos les resultan políticamente útiles para ratificar, por ejemplo, sus políticas frente a presiones externas por parte de organismos internacionales. Durante el gobierno de Menem, tanto en el primero como en el segundo mandato, el empresa-riado se encontraba agrupado en lo que se denominó el Grupo de los Ocho. Estaba integrado por las entidades del agro (So-ciedad Rural), la industria (Unión Industrial Argentina, UIA), la construcción (Cámara Argentina de la Construcción, CAC), el comercio (Cámara Argentina de Comercio), la Bolsa (Bolsa de Comercio de Buenos Aires) y los bancos (ADEBA: Asociación de Bancos Argentinos y ABRA: Asociación de Bancos de la República Argentina). Este grupo tomaba sus decisiones por unanimidad, según lo establecía su estatuto. Y en cada mo-mento de crisis económica, desde el estallido del denominado efecto Tequila, con la devaluación de México en 1994 hasta casi el final del mandato de Menem, el G8 se reunía para difun-dir mensajes de respaldo al modelo económico. Varios de los integrantes de aquella mesa chica recuerdan el peso de aquel mensaje difundido con el Tequila. Fue clave para el primer mandato de Menem y su posterior reelección porque apun-taba a aminorar las presiones que llegaban al país desde los sectores financieros del exterior, que presionaban desde en-tonces por una devaluación del peso argentino y la salida de la convertibilidad. Como en aquella ocasión, el G8 repitió sus sistemáticos apoyos políticos al gobierno de Menem en cada una de las crisis financieras internacionales que se dieron des-pués. Pero en su seno, esta agrupación albergaba una grieta que dividía intereses. A medida que el plan de convertibilidad



se fue debilitando (curiosamente al compás del debilitamiento político del propio ministro Cavallo), también se profundiza-ron las diferencias internas hasta terminar en la fractura del G8. Básicamente, las diferencias se concentraban en el rum-bo que iba tomando la economía. Los denominados sectores productivos presentaban cada vez más quejas por los daños económicos que decían acusar en sus empresas de la mano de la apertura económica. Sin embargo, el sector financiero y las multinacionales y empresas de servicios confiaban en la con-tinuidad de la convertibilidad. Se desató así una guerra de in-tereses empresarios que derivó, hacia finales de la era Menem, en la formación de otra agrupación de dirigentes privados, el Frente Productivo, que englobaba la industria (UIA), el campo (pero esta vez a la CRA, Confederaciones Rurales Argentinas) y la construcción (CAC). La consumación de la fractura ocurrió en 1998, cuando Brasil devaluó su moneda, el real, y aceleró un proceso económico local que ya parecía predecir el final de la era del “uno a uno”. Desde el Frente Productivo, el em-presariado aportó mucho más que apoyo político a la política económica de De la Rúa. También acercó “cuadros políticos” y medidas concretas de gobierno. Cabe recordar que el ministro de Economía (el primero) del gobierno de la Alianza fue José Luis Machinea, quien había dirigido durante más de diez años el Departamento de Economía de la UIA. Con el estallido de la crisis de diciembre de 2001, estos sectores reclamaron la salida de la convertibilidad y apostaron al final del poder de Cavallo. El “superministro” había regresado al gobierno, aunque visi-blemente más debilitado e instrumentando durísimas políticas económicas de ajustes fiscal y financiero. Así, el Frente Pro-ductivo comenzó a virar su respaldo político a la gestión de Eduardo Duhalde.

Duhalde asumió el gobierno, abandonó la convertibilidad y proclamó que su alianza en el poder sería con los sectores de



la producción. De hecho, creó el Ministerio de la Producción, que fue comandado por otro hombre clave de la UIA, Ignacio de Mendiguren. Luego, con la asunción de Kirchner, las agrupacio-nes empresarias parecieron diluirse debido, seguramente, al estilo propio del Presidente respecto del sector empresario. De todas formas, la esquiva actitud pública del mandatario en relación con las presiones del sector privado, según las mismas fuentes em-presarias admiten en reserva, no sería el estilo que desplegaría, también en privado, el gobierno de Kirchner.


EL M A R K E T I N G P O L Í T I C O CONCEPTUALIZACIÓN E HISTORIA

Los expertos en marketing político lo denominan “síndrome de Ottinger” y resume en una sola anécdota los límites de la cons-trucción de imagen en la promoción de un candidato. La historia cuenta que el parlamentario norteamericano Richard Ottinger se había enfrascado en 1976 en la campaña por la senaduría del esta-do de Nueva York. Para ello, sus asesores moldearon su imagen de acuerdo con el prototipo de un ejecutivo joven y aguerrido: man-gas de camisa, tonos vivos, peinado juvenil. Pero el pobre Ottin-ger rápidamente se dio de bruces contra la realidad cuando debió enfrentar a sus rivales en un debate televisivo y apareció frente a millones de espectadores como inseguro, titubeante y anodino.1

Entre dos ideas contrapuestas –la verdad desnuda del “síndro-me de Ottinger”, que demuestra la imposibilidad de diseñar por completo a un candidato en una agencia publicitaria, y los diag-nósticos críticos planteados, por ejemplo, por el filósofo Slavoj Zizek, para quien el capitalismo actual es simplemente un “show espectral” a la manera de la fantasía futurista de Matrix– a lo largo del último medio siglo, el marketing se abrió paso como un aspecto insoslayable de la profesión política.2

1 Maarek, Philippe J., Marketing político y comunicación, Paidós, Barcelona, 1997.2 Ibídem.



De izquierda a derecha, los políticos reconocen que su ascen-so depende en gran medida de la forma en que comuniquen su imagen y mensaje al resto de la sociedad y, consecuentemente, de su relación con los medios masivos de comunicación. No hay dirigente que quiera iniciarse en la política que no cuente con asesores en imagen, voceros de prensa o alguien que les garanti-ce cierto acceso a los medios y una presencia en televisión, radio o medios gráficos.

Sin embargo, el recurso tiene sus riesgos e inconvenientes. Un experto argentino, el sociólogo Heriberto Muraro, sostiene que el marketing político actual presenta dos características par-ticulares: la mediatización, es decir, que tiene su epicentro en el uso de los medios masivos de comunicación, y la videopolítica, esto es, que está dominado por la imagen y las herramientas de comunicación audiovisual.

Pero Muraro advierte que la influencia del diseño de la ima-gen fue incapaz, de todas formas, de alejar la incertidumbre:

“El proceso eleccionario es sumamente complejo y puede haber muchas torpezas porque estamos hablando del campo de la política, donde nada está escrito por adelantado. Además, cada vez más, la gente se decide a último momento: más del 25% del electorado lo resuelve en la última semana y cerca de un 20% opta en los últimos dos días”.

A la fluctuación del electorado se suman los límites pro-pios de la materia prima humana. “Un candidato con una mala reputación, poco conocido o con un posicionamiento político equivocado, que no corresponde a ninguna demanda del elec-torado, por más marketing político que uno le ponga encima, no funciona”, ejemplifica Muraro. Se cumple una vez más el síndome de Ottinger.


La construcción de la imagen - 107

Gustavo Martínez Pandiani, autor de Homo zapping. Política, mentiras y video, parte de la convicción de que “vender a un can-didato no equivale a vender un electrodoméstico”.3 El marketing, por lo tanto, debe adecuarse a las exigencias y particularidades del terreno político: el liderazgo es personalizado, ya que su consa-gración no responde a un proceso institucional preciso. Resulta de una popularidad en la opinión pública que lo hace electoralmente eficiente, pero esa popularidad es una combinación de posicio-namientos políticos y atributos personales, siendo estos últimos, al entender de Martínez Pandiani, tan significativos como para adquirir un valor autónomo con respecto a la organización política de pertenencia. Y así, en esas condiciones, el líder es un candidato-estrella que constituye, por su capacidad electoral, un verdadero centro de poder paralelo y superior dentro de la estructura partida-ria. Ese centro de poder tiene mayor autonomía con respecto a la estructura partidaria en la medida en que conforma como entorno un staff decisorio compuesto por expertos en gobernabilidad, opi-nión pública y medios.

Planteado de esa forma, el vínculo simbólico entre el can-didato y el electorado permite sortear, por un lado, los con-dicionamientos de las estructuras partidarias pero, como una contrapartida digna del Fausto de Goethe, deja a los políticos sujetos a la lógica de otro mercado, el regido por los medios masivos de comunicación.

BR E V E H I S T O R I A

La idea de marketing político surge en el siglo XX ligada a la profesionalización de la política y el auge de los medios

3 Martínez Pandiani, G., Marketing político. Campañas, medios y estrategias electora-les, Ugerman Editor, Buenos Aires, 1999.



masivos. Pero la lógica y estrategia de construcción de imagen es anterior. Martínez Pandiani señala que ya Napoleón había creado una oficina de prensa, la famosa Oficina de Opinión Pú-blica, consciente de las virtudes de un buen management sobre la opinión de las masas.4

En la década del 50, George Gallup organizó en los Estados Unidos un grupo de profesionales de la construcción de la ima-gen para prestar servicios de consultaría política a los entonces candidatos demócratas y republicanos. Pocos años más tarde, el director del famoso American Institute of Public Opinion se con-vertiría en el ícono mundial de las encuestas de opinión pública.

Precisamente en los EE.UU., la rápida expansión de los medios de comunicación sembró el terreno fértil para un desarrollo pro-gresivo y constante del marketing político. Según el investigador y comunicólogo francés Phillipe Maarek, su desarrollo obedeció a tres factores principales: el sistema electoral norteamericano (elecciones primarias, bipartidismo, estructura uninominal); su tradición democrática; y el enorme poder de los medios. En 1952, por ejemplo, el 40% de los hogares de EE.UU. contaba con una TV, mientras que en Francia sólo llegaban al 4%.

En 1952, el general Eisenhower se convirtió en el primer candidato presidencial en apelar a los servicios de una agencia de publicidad, la BBDO, a la cual encargó su agenda televisiva. El creativo Rosser Reeves impuso uno de los eslóganes más recordados por los especialistas en publicidad política, el pega-dizo I like Ike (“Me gusta Ike”), valiéndose del juego de sonidos del apodo del general.

En la Argentina, a partir de la sanción de la Ley Sáenz Peña (1912), que impone el voto obligatorio, los partidos políticos comenzaron a ordenar sus campañas electorales sin contar

4 Ibídem.



con herramientas comunicacionales publicitarias profesiona-les. En 1928, la UCR utilizó el cine y jingles publicitarios con fines propagandísticos, un hecho inédito hasta entonces en la historia política argentina. La UCR usó por primera vez el cine para mostrar las principales obras del primer gobierno de Yrigoyen y encargó al compositor Rodolfo Sciammarella la elaboración de una serie de jingles para ser usados en la campaña del “peludo”. Treinta años después, el radicalismo intransigente se valió de la reformulación del entonces exi-toso eslogan comercial “Dígale sí a Terrabusi” para lanzar su inédita campaña radial “Dígale sí a Frondizi”.

Las caricaturas, los volantes y los afiches se adueñaron de la vía pública. La comunicación, básicamente personal, era necesaria para medir el peso de la militancia de cada partido, al entender de los investigadores Luciano Di Privitellio y Luis Alberto Romero.5

La incorporación de la radio a partir de los comicios presiden-ciales de 1928 acentuó la distancia que separaba la publicidad de la propaganda en las campañas electorales. Alberto Borrini seña-la que la importancia de este medio fue tal, que ningún candidato podía soslayarlo en el armado de su campaña.

Ya en 1973, la campaña presidencial de la Nueva Fuerza de Álvaro Alsogaray representó un primer intento de profesiona-lizar la comunicación electoral, por ejemplo, mediante objetos alusivos. Este merchandising no se regalaba sino que se vendía con el propósito de sustentar sus campañas.6

Veinte años más tarde, la relación dialéctica entre política y comunicación se invirtió. Efectivamente, en la actualidad son los medios masivos de comunicación quienes imponen sus ritmos y

5 Borrini, Alberto, Cómo se vende un candidato. Un siglo de campañas políticas en la Argentina, Ed. La Crujía-Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 2005.6 Ibídem.



sus reglas de juego a la actividad política. Son los políticos quie-nes sienten que deben aprender a contestar preguntas de fondo en veinte segundos frente a un enjambre de periodistas y, al mis-mo tiempo, con la mirada fija en la cámara.

Las elecciones de 1983 marcaron un punto de inflexión en la historia del marketing político, que comenzó a ser utilizado asi-duamente por los partidos. El hecho más representativo de esta tendencia fue la incorporación a los equipos estratégicos de cam-paña del candidato presidencial por la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, de tres de los más idóneos publicitarios del país: David Ratto, Gabriel Dreyfus y Marcelo Cosin.7

El peronismo profesionalizó sus campañas con la candidatura de Antonio Cafiero en 1987, quien comprendió la relevancia del “cómo decir” como complemento esencial del tradicional “qué decir”.

El entonces candidato presidencial Carlos Menem reforzó su perfil de “contacto directo” con la gente con estilos comunicacio-nales más modernos, tales como las caravanas en el “menemóvil” y su recordado eslogan “Síganme, no los voy a defraudar”.

Eran épocas de logos, remeras, encendedores y “menemtru-chos” (billetes de cotillón en los que la figura del prócer estaba reemplazada por la imagen del propio Menem), así como otros aportes del amigo presidencial, Armando Gostanian.

EL M A R K E T I N G E N A C C I Ó N CUIDADO Y ARMADO DE LA IMAGEN PÚBLICA

“Fijate bien dónde ponés las manos, cómo te dirigís al pe-riodista, qué corbata usás, qué peinado tendrás y cómo vas a

7 Martínez Pandiani, G., op. cit.



caminar. Recordá cada detalle. No importa lo que digas, mientras que lo que digas no sea una locura; lo que importa es cómo lo decís y cómo te comportás”, le aconsejaba un asesor en imagen a un novato dirigente del PJ antes de entrar a un set de televisión durante la campaña electoral de 1995.

En la visión de los profesionales de la comunicación política, nada debe quedar librado al azar. La dirigencia, por ello, también se deshace en batallas para definir quién encabezará una confe-rencia de prensa o quiénes estarán en el palco junto al líder.

La construcción de imagen ha relegado en muchos casos el debate en profundidad y ha dado paso a la frivolidad. Cabe pre-guntarse a estas alturas: ¿la imagen es todo?, ¿puede un dirigente construir un espacio político solamente con las directivas de un spot publicitario?

El analista político Rosendo Fraga considera que lo primero que debe definir un candidato es el mensaje, porque el acceso a los medios y la imagen por sí solos son insuficientes: “Por más que tengan una buena imagen y un buen acceso a los medios, si el mensaje no resulta sustancioso, tarde o temprano eso se nota y jugará en contra”.

Con matices diferentes, el encuestador Manuel Mora y Araujo piensa que “la imagen de un candidato puede traba-jarse de la misma manera que se hace para posicionar un pro-ducto en el mercado”. Desde su visión, el acceso a los medios es necesario pero no es lo único a tener en cuenta: los que votan necesitan tener en el candidato un referente atado a una estructura o partido. Y la definición del mensaje debe precisar de qué se habla, qué es lo que no se debe decir y cómo tendrá continuidad en el tiempo.

Los propios expertos son, entonces, quienes advierten sobre las limitaciones y, en especial, sobre la importancia de la es-



tructura de apoyo al candidato. En ese sentido, el encuestador y analista político Carlos Fara advierte que “la opinión pública no es un camino de ingenuos”. Y aclara: “La alta exposición en los medios tiene sus pros y sus contras. Entre los pros podríamos llegar a mencionar la defenestración de las estructuras partida-rias pero a la vez se verá luego que sin ellas es imposible llegar”. El encuestador avanza incluso un peldaño más y apunta a la mercantilización de los medios: “Se necesita de dinero también para aparecer en todos los medios, porque hoy es una realidad que en épocas de campaña los medios cobran por la aparición de algunos dirigentes”.

Las fronteras de las construcciones puramente mediáticas se ilustran, también, con un fenómeno que Fara denomina “parti-dos relámpago”. Se trata de fuerzas políticas que surgen abrup-tamente, muy apoyadas en su relación con la prensa y tienen como sustento principal las conferencias de prensa. El caso pa-radigmático es el Frepaso, que gana espacio en los medios hacia 1994, en medio del debate por la reelección de Carlos Menem, impuesta finalmente a través de la reforma constitucional cele-brada en Santa Fe.

Existen otras agrupaciones comparables con el Frepaso en términos de comunicación, como el Modin, el ARI, Acción por la República o Nueva Dirigencia, que crecieron enmarcadas en co-yunturas temáticas puntuales (lucha contra la corrupción, debate sobre la inseguridad o el desempleo) y con un perfil muy acotado por la personalidad de sus líderes (Carlos “Chacho” Álvarez, Aldo Rico, Domingo Cavallo, Gustavo Beliz).

Fara analiza:

“Estos partidos relámpago trabajan como brokers financieros, es decir, a corto plazo, y las renovaciones son escasas, por lo que la duración y solidez de la fuerza



carece de sentido. Se trata de experiencias acotadas a los centros urbanos, que usualmente enfrentan problemas de estructura. Su armado tiene graves dificultades para subsistir cuando desaparece o peligra la figura del líder. Generalmente, es el momento final de la organización”.

Vale la pena analizar en detalle la construcción del Frepaso, ya que a pesar de su dependencia de los medios estuvo lejos de ser fruto de grandes inversiones en consultores políticos o en-cuestadores. El ascenso del Frepaso respondió en realidad a la coyuntura política y a una estrategia de imagen cuidada y casera que generó resultados en los medios y en las urnas, pero que re-sultaron insuficientes para perdurar en el tiempo.

Las figuras de Chacho Álvarez, primero, y de Graciela Fernán-dez Meijide luego, le dieron sustento al ascenso del Frepaso en la imagen pública. Pero el sostén de estas personalidades dependió también de un trabajo novedoso para la política argentina.

El Frente Grande, que luego pasó a ser el Frepaso, tuvo un as-censo mediático en función de tres ejes centrales e indiscutibles: la lucha por los derechos humanos, la pelea contra la corrupción del menemismo y las críticas al modelo neoliberal instaurado en los años 90.

A partir de allí, la construcción de la imagen de Chacho Álva-rez o de Fernández Meijide, como señala un colaborador del ex Vicepresidente, se aprovechó de la atracción que generaban en los medios ambos candidatos, la crisis de la UCR y el espacio libre que deja el menemismo a la centroizquierda.

Álvarez se valió del asesoramiento de periodistas amigos, de un equipo de campaña que estaba conformado por militantes, quienes en algunos casos, como Ernesto Muro, habían pasado por lo medios, y por un discurso de denuncia muy preparado y elaborado para otorgarle interés mediático.



Si bien en una primera etapa la mayor parte de los asesores legislativos funcionaron también como encargados de prensa, en una segunda instancia, la tarea se profesionalizó y se nombraron jefes de prensa que dieron un mayor énfasis a la construcción de imagen y de discurso.

Según contaron asesores de Chacho Álvarez, la clave que per-mitió mantener al Frepaso en los medios fue generar aconte-cimientos. No contaba con medios económicos para sustentar campañas o publicidad electoral. Por lo tanto, tenían que mol-dear y mantener la imagen por medio de hechos políticos que movilizaran al gobierno y a los medios. Hay ejemplos puntuales: el Día del Medio Ambiente que se organizó una caminata hasta el edificio de la Secretaría de Medio Ambiente de María Julia Alsogaray; o la instauración de campañas sorpresivas en deter-minados lugares donde se llevaban fotógrafos propios que luego repartían las imágenes a la prensa. También funcionaba un equi-po que generaba noticias los días domingo porque era cuando las redacciones sufrían de escasez informativa. Progresivamente, la construcción de la imagen del Frepaso se fue profesionalizando con el ingreso de encuestadores o analistas y el acceso a sondeos de opinión que permitió afinar el discurso. Siempre, de todas for-mas, sin abandonar la táctica central de Álvarez, que era generar acontecimientos políticos para captar la atención. Una reunión con el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo por el caso Yabrán, por ejemplo, era potenciada como mecanismo de campaña electoral. Lo mismo si se trataba de un encuentro del general Balza con Fernández Meijide en el marco de las reivindi-caciones de los derechos humanos.

Como el Frepaso contaba con varios diputados, se usaba tam-bién el escenario de la cámara baja, ya fuera la sala de periodistas o el Salón de Pasos Perdidos, como epicentro de la campaña. Esto garantizaba la presencia de muchos medios concentrados en un solo lugar a un costo nulo.



La presencia del cineasta y luego diputado nacional Pino So-lanas en las filas del Frepaso también aseguraba una puesta en escena más cuidada y elaborada. Solanas había construido una imagen de sí mismo que tenía cierto atractivo para algunos me-dios. Deambulaba por los pasillos del Congreso con una valija de madera que decía haber usado en su exilio y vestía de manera muy sencilla. Se encargaba también de la organización de la campaña y las salidas por los barrios bonaerenses.

Algunos de los partidos que estaban con el Frepaso, como los socialistas o sectores del Partido Intransigente, estaban acostum-brados a las campañas tradicionales, con actos y cierres de cara-vana, y les resultaba muy difícil adaptarse a los nuevos tiempos de la construcción mediática. De todas maneras, estos dirigentes eran quienes en muchos casos aportaban materia gris para el armado de un discurso sólido y creíble. Fue el caso puntual de Carlos Auyero, que provenía de la Democracia Cristiana y que tenía un muy bajo perfil en los medios, pero era el responsable de construir consensos internos en el Frepaso y marcar claramente la estrategia política del Frente Grande.

Las características del Frepaso generaban una muy fuerte dependencia con respecto a los medios y, por ello, gran parte de su estrategia giraba en torno a los vaivenes de la prensa. Se organizaban reuniones sólo para analizar lo que salía en los medios y cómo se iba a responder. Había periodistas amigos y quienes no lo eran tenían serias dificultades para acceder a la información.

“Es muy difícil transformar a los partidos nuevos en verda-deras estructuras porque esto implica relaciones personales, una cultura política común y una serie de compromisos de larga data que no se dan de la noche a la mañana”, analiza Muraro. En su opinión, la distinción la marca fundamentalmente el pero-nismo: “No es un partido, es un movimiento –ejemplifica–, esto



significa que hay una sensibilidad común. Si bien el peronismo por momentos parece una especie de gran coalición de partidos provinciales donde cada uno tira por su lado, comparte una me-todología de búsqueda y de conservación del poder que es es-pontánea. La cultura política peronista demandó cincuenta años de formación”.

El Frepaso fue un ejemplo paradigmático del crecimiento de un partido político con el aporte fundamental de los medios. Pero no fue el único. Desde la perspectiva actual, de hecho, la expe-riencia frepasista en su relación con los medios parece artesanal si se la compara con las herramientas disponibles.

Un problema común que sobreviene cuando los dirigentes se adecuan a la lógica de los medios masivos en sus aspiraciones de ascenso es que adoptan un mensaje esencialmente negativo. El discurso, entonces, se acomoda a la máxima informativa que sostiene que las “buenas noticias no son noticia”.

Isidoro Cheresky, doctor en Ciencias Políticas de la Univer-sidad de Buenos Aires, interpreta que la definición de voto ne-gativo incluye un vasto abanico que se extiende desde aquellos que al abstenerse se retiran del proceso hasta quienes al votar positivamente manifiestan su descontento con las principales opciones políticas, inclinándose por una alternativa de mayor pretensión de innovación o, simplemente, una propuesta de ca-rácter testimonial. Pero en esta variedad de reacciones, lo más significativo ha sido el voto propiamente negativo, que invita a considerar el conjunto de la reacción como crisis de represen-tación, puesto que se pone en evidencia un reclamo de carencia política.8

8 Cheresky, I.; Pousadela, I., El voto liberado. Elecciones de 2003: perspectiva histórica y estudios de casos, Ed. Biblos, Buenos Aires, 2004.



En el marco de las opciones de rechazo a la propuesta ofi-cial, entre 1995 y 1997, el Frepaso, identificado fuertemente con el liderazgo de Álvarez, puso en escena una serie de pro-puestas innovadoras –como el “apagón” con “cacerolazo” de protesta– y dio forma a un discurso fuertemente republicano y en sintonía fina con la apremiante realidad social. Al mis-mo tiempo, la fuerza hizo gala de una singular amplitud para pelear con éxito una “batalla mediática” en contra de lo que comenzó a conocerse como la “vieja política”, encarnada en los partidos que configuraban el aparentemente moribundo bipartidismo tradicional.

Para Isidoro Cheresky e Inés Pousadela,

“... el surgimiento y el meteórico crecimiento del Frepaso resultan significativos por varias razones. En primer lugar, porque se trató de una fuerza de tipo profesional-electoral, es decir, de la clase de partido “ligero” en términos organizativos, que es característica del período posterior a la declinación de los tradicionales partidos de masas”.9

Ambos investigadores entienden que al disponer de una es-casa base territorial y militante, el Frepaso se constituyó como un “partido de opinión” a través de los medios masivos de co-municación. El carácter mediático implicaba el uso de los medios como un escenario de despliegue de la política, como un campo de batalla dentro del cual resultaba posible realizar ciertos mo-vimientos –en general, sorpresivos e imprevisibles– en vistas a modificar las relaciones de poder.

Más allá de su transitoriedad como fenómeno político, el caso del Frepaso resulta profundamente revelador de las trans-

9 Ibídem.



formaciones por las cuales atraviesan los partidos en la de-nominada “democracia de audiencia”. A la vez, su estrepitosa caída muestra que estos nuevos partidos, bien equipados para captar la atención de un electorado selectivo, informado, inde-pendiente y fluctuante, no están igualmente bien pertrechados para conservar a sus votantes, pues ellos son tan libres de re-tirar su apoyo como lo eran para brindarlo. En otras palabras, la experiencia del Frepaso –y la de otros partidos tales como Acción por la República y Nueva Dirigencia, que pese a ser de diferente signo político eran similares en cuanto a su origen personalista– muestra que aunque el liderazgo de personalidad ha devenido un recurso aparentemente ineludible en la verte-bración de una fuerza política, los nuevos partidos que alcan-zan a consolidar un núcleo de adherentes en el nivel nacional tienen una vulnerabilidad que puede hacerlos naufragar ante las contingencias adversas y, especialmente, ante la declinación del liderazgo instituyente.

De todas maneras, el propio modo de funcionamiento de los aparatos debe ser puesto entre signos de interrogación. El caso de los resultados electorales de 1997 en la provincia de Buenos Aires pone en jaque el nivel de respuesta que pueden dar las estructuras frente a los posicionamientos mediáticos de un can-didato. El triunfo de Fernández Meijide en esas elecciones logró desplazar al PJ del primer lugar. Hilda “Chiche” Duhalde no logró imponer su candidatura por encima de la de la líder frepasista, que había sustentado su ascenso político con los medios y con su historia de madre de un joven desaparecido durante la dicta-dura militar. El poder de los medios o de la construcción de la imagen de un candidato de manera estrictamente mediática y con poca ayuda de los partidos pareció superar en este caso el paradigma de que los candidatos o dirigentes necesitan de toda una estructura detrás. Aunque para aquellos que se inclinan por respaldar los ascensos de candidatos por vía de los medios, hay



que ser justos y recordar también que Fernández Meijide triunfó con el apoyo de la UCR que, a partir de la creación de la Alianza, puso al servicio del Frepaso toda su estructura distrital: fiscales, punteros y dirigentes de base.

En el mismo sentido, el diputado Mario Cafiero, que creció en la estructura del peronismo al amparo de su padre, el senador Antonio Cafiero, y que luego protagonizó un recorrido por el ARI de Elisa Carrió y la izquierda, sostuvo que la fuerza creada por la diputada chaqueña tenía un fuerte empuje desde lo mediático, pero cuando fue necesario pasar a una segunda etapa, esto es, armar una estructura partidaria de alcance nacional, quedaron expuestas las limitaciones. “Allí quedó demostrado que el ARI era una estructura montada en un proyecto personal de Carrió y que todo giraba en torno a su personalidad”, dijo Cafiero, quien está convencido de que instalar ideas en los medios no es sufi-ciente para mantener a un partido en el tiempo.

La narración de los medios contempla sus propios gustos y exigencias. Fara advierte, por caso, que los medios necesitan de héroes porque catalizan de esta manera procesos o reclamos del ranking televisivo. Pero, como contrapartida, si el líder político carece de solidez, puede caer en forma instantánea, porque así como el ascenso mediático se resuelve vertiginosamente, también puede ser acelerado el derrumbe.

Para Rosendo Fraga, el mensaje por la negativa es el que me-jor se ajusta a la agenda de los medios, pero no necesariamente es el más adecuado electoralmente porque muchas veces carece de contenido y de propuestas. Efectivamente, la construcción de un mensaje sostenido sólo con denuncias no es garantía de ascenso electoral. Como ocurrió con el Frepaso, y como podría ocurrirle al ARI a menos que despliegue acciones que demues-tren lo contrario, el mensaje puramente negativo resulta in-consistente en términos de ejecutividad. El camino es limitante



para la oposición, a menos que el partido en cuestión quiera mantenerse en el tiempo como fuerza testimonial con represen-tación parlamentaria.

Muraro incorpora otro elemento y advierte que las campa-ñas negativas requieren un terreno propicio de sospechas previas que otorguen verosimilitud. En ese sentido, el sociólogo ofrece como ejemplo una publicidad de Ramón Mestre (UCR) en Córdo-ba, donde en 1995 acusó a José Manuel De la Sota de ser “por lo menos, el eje del mal”. “Y lo que consiguió –asevera Muraro– es que mucha gente que aún dudaba entre votar a unos y a otros, pensó que los radicales se habían vuelto parte del problema y no una solución”.

Como contrapartida, Muraro considera que existieron cam-pañas sucias eficientes. Y como ejemplo recuerda que en Men-doza se intentó demostrar que el candidato demócrata, Carlos Balter, era amigo personal de Moneta. “Ahí tuvo un efecto muy grave”, recalca.

En definitiva, Muraro considera que los mensajes negativos dependen de las convicciones previas de la sociedad, de la for-taleza o debilidad del candidato y de la verosimilitud. La satura-ción de un mensaje negativo puede resultar contraproducente o desgastante para el electorado. Algo así sucedió en la campaña legislativa de 2005, cuando el presidente Kirchner denunció un pacto de desestabilización de Duhalde y Menem que careció de sustento, datos y denuncias concretas y que, por la saturación misma que observó en el electorado a través de encuestas que le llegaban, debió cambiar de estrategia y bajar los niveles de agre-sividad en su discurso proselitista.

Además, no a todo el mundo le queda bien atacar. La falta de convicción puede interpretarse como una actuación y volverse en contra. Nadie, por ejemplo, podría esperar del dictador devenido candidato Domingo Bussi actitudes moderadas. A la inversa, la



imagen de José Octavio Bordón o Rodolfo Terragno desentona con exabruptos. Cada uno desempeña un rol en función de las características de su personalidad.

Existen analistas para quienes, lisa y llanamente, las campañas negativas debe ser evitadas si se busca el triunfo electoral. El director del programa para América Latina de la George Washington University, Roberto Izurieta Cánova, considera que el mensaje positivo consigue votos y evita el deterioro de la imagen de la política. En este sentido, Izurieta Cánova recuerda que a los republicanos se les fue la mano a la hora de atacar a Bill Clinton por el caso Lewinsky y pasaron a un plano del “ataque grotesco, donde ya no se podía derribar a alguien que estaba tirado en el piso”. Este especialista en política comunicacional cree que aun en momentos en que se debe atacar, se lo puede hacer de manera positiva para reunir votos en lugar de espantarlos.

En su libro El Rey, Tomás Luciani comenta que en 1991, en la campaña de Ramón Ortega para acceder a la gobernación de Tucumán, la estrategia del candidato antes de entrar a un estudio de televisión era irritar a Bussi hasta sacarlo de sus casillas, para luego, frente a la cámara, mostrarlo en una actitud irascible y soberbia que contrastara con el tono moderado de su oponente. Ortega tensaba la cuerda al máximo hasta ubicar a Bussi en un extremo insoportable incluso para el electorado independiente, que incluso lo había votado en 1989.

Existe un caso muy particular donde se conjugan perfecta-mente el marketing y el management empresarial en la construc-ción de un partido político. Quizás el ejemplo más acertado sea el del Partido de la Ciudad, liderado por Jorge Giorno. Esta fuerza porteña creció gracias al denominado “voto celular” y el “mailing político”. En 1998 contaba con 4.000 afiliados en la ciudad de Buenos Aires y en las elecciones de 2003 obtuvo 200.000 votos



y conformó un bloque propio en la Legislatura porteña.10 “Re-presentamos lo mejor del management político y no nos identifi-camos ni con la izquierda ni con la derecha”, reflexiona Giorno. Este partido no cuenta con punteros tradicionalmente hablando ni ha dividido su fuerza en espacios territoriales. Su mayor for-taleza reside en el mailing, en el celular y en la búsqueda de ad-herentes desde las ONG. “Las propuestas concretas de cambio se transmiten por emprendedores que hoy son unos mil en toda la ciudad, con diez personas cada grupo. La relación entre ambos se da por el núcleo social o laboral de cada uno de ellos y así es que hemos crecido”, dice Giorno. Los emprendedores reciben cursos de capacitación al menos dos veces por año y realizan retiros de reflexión partidaria. Dos días antes de cada elección, los empren-dedores potencian el envío de mails y de llamados celulares para fomentar el apoyo al partido. Hacia el futuro, Giorno sueña con una fuerza a nivel nacional donde las principales ciudades del país estén interrelacionadas: “Cada ciudad tendrá su aeropuerto, estarán interconectadas por autopistas informáticas y distribui-das estratégicamente en todo el país aunque manteniendo cada una de ellas su actividad independiente. Tenemos una matriz re-lacional y no territorial aplicada a la política. Nos manejamos por Internet y por teléfono, que son las nuevas tecnologías aplicadas a la política”, sostiene este empresario devenido candidato.

Al resumir las posibilidades y limitaciones del marketing, Car-los Germano, director de la consultora Germano & Asociados, considera que la disciplina ofrece herramientas adecuadas para el contexto actual que enfrentan los dirigentes, pero advierte que deben subordinarse a los objetivos y orientaciones de un lideraz-go político. Si existe el liderazgo, las técnicas del marketing y la comunicación pueden servir para potenciar el proyecto determi-nado. Pero nunca pueden sustituirlo.

10 Semanario El Parlamentario, Año XVI, Número 771, Buenos Aires, junio de 2005, Buenos Aires.



“Los marketineros jamás disociaríamos la imagen con el men-saje, son para nosotros la misma cosa: la imagen es en sí misma un mensaje”, añade Muraro. El caso de Alicia Castro lo ejemplifica. A pesar de ser de un partido casi inexistente, cuando Muraro la sondeó, resultó que la gente la conocía. Pero cuando preguntó de qué partido era, no lo sabían. ¿A qué asocian a Alicia Castro? La asocian a la entrega de la bandera norteamericana al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, y su mensaje: “Si se aprueban todas las leyes pedidas por los Estados Unidos, cam-biemos de estandarte. “Esa fue una imagen de mucho impacto”, subraya Muraro.

El Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, de Rosendo Fraga, realizó en 1998 un análisis a partir de un centenar de entrevistas a dirigentes políticos de todo el país para medir su autovaloración y su auto-percepción.

Allí quedó asentado lo que piensan los políticos sobre la cons-trucción de la imagen, los medios y los partidos en general.11 El estudio determinó que el 70% de los políticos se considera de clase media, el 24% se ubica en la clase media-alta y sólo un 1% se dice de clase alta. Los que se sitúan en la clase media-baja son el 5% y ninguno se considera de clase baja.

Los políticos argentinos mostraron también una marcada ten-dencia a definirse como de centro o centro-izquierda. El 84% se define ideológicamente de esta manera. El 54% se sitúa en el centro-izquierda o izquierda y sólo el 9% se considera de derecha o centro-derecha.

Al evaluar en general su desempeño con una nota entre uno y diez, si bien en ningún ámbito se ubicaron por debajo de 5, tampoco lo hicieron por encima de 6,1.

11 Fraga, Rosendo, Autopercepción de los políticos, Fundación Konrad Adenauer-Cen-tro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, Buenos Aires, 1998.



Un aspecto donde reconocen con realismo que la cultura política argentina requiere un mayor perfeccionamiento es en el problema del clientelismo, que es característico de los países menos desarrolla-dos. Un 61% cree que la vida política es clientelista en su distrito.

Para el 70% de los políticos consultados, a la vez, su experien-cia con los medios de comunicación ha sido muy buena o buena. Ha sido regular para el 25% y mala o muy mala sólo para el 4%. Es así como hay diecisiete que han tenido experiencia positiva con los medios por cada uno que la ha tenido negativa.

Calificando de uno a diez, los políticos le asignan un prome-dio de 7,6 puntos a la influencia de los medios de comunicación en la política. Para el 46% la influencia es de 8 puntos y para el 27% es de 7 puntos. La opinión predominante, por lo tanto, es que la influencia es alta. Para el 48%, el nivel de presencia de los políticos en los medios es alto y para el 46% es medio. Finalmen-te, el 77% piensa que la difusión de las encuestas influye en el electorado al momento de decidir el voto.

EL C A S O BR U E R A E N LA PL A T A CÓMO INSTALAR UN CANDIDATO DESCONOCIDO

Hacia el año 2000 comenzó a instalarse en La Plata la figura de un candidato del PJ que hasta ese momento resultaba total-mente desconocido por la gente. No reunía siquiera el 0,2% de conocimiento en la población. Se trata del concejal Pablo Bruera, que compitió contra el intendente de La Plata, Julio Alak.

Es un caso interesante para ser destacado como herramienta del marketing político porque por medio de las herramientas de la comunicación y con un bajo costo, este candidato pasa a ser reconocido por buena parte de la población y tiene amplias posi-bilidades de destronar al histórico dirigente del PJ local.



El asesoramiento de Bruera corrió por cuenta de la consul-tora Giacobbe y Asociados. Lo primero que se impuso fue una consigna. “La primera regla del marketing dice que nadie ama lo que no conoce, por lo que el primer paso es que un candidato sea conocido por la gente: ponerlo en góndola”, dice Jorge Giacobbe, que estuvo a cargo de este trabajo de comunicación política.

El peronista Pablo Bruera era presidente del bloque de con-cejales de Alak. Según plantea a sus asesores en comunicación, disgustado por la situación interna, se va del peronismo con la intención de formar un nuevo partido político. Era un chico muy joven, no era atractivo físicamente, no tenía un apellido ilustre, lo conocía el 0,2% de la ciudad de La Plata.

Giacobbe utiliza una estrategia comunicacional sustentada en la consigna “Bruera es agosto”. Se hicieron 4.000 pintadas, gastaron 500 aerosoles en toda la campaña, alrededor de 4.000 pesos. “Lo que quisimos crear fue que la gente se empezara a preguntar qué significaba y en la discusión de ‘¿qué es agos-to?’ entrara Bruera”, dice Giacobbe recordando ese momento de hace 4 años.

El intendente se llama Julio Alak y de La Plata, se lo menciona como “Julio”. “Bruera es agosto” significaba que es lo que viene después de “julio”, es decir, se expresaba la voluntad de suceder y reemplazar la conducción actual.

La consigna generó una gran incertidumbre y todo el mundo preguntaba qué significaba y Giacobbe comenta que finalmente se lo confesaron a un medio local. Se mantuvo el misterio a pro-pósito y funcionó perfectamente. Cuando El Día, un diario local, lo publicó, los que leyeron ese diario sabían lo que quería decir. No se enteró toda la ciudad porque en ninguna ciudad el 100% de sus habitantes lee el diario. “El que sabía lo que implicaba la consigna trataba medio de estúpido al que no lo sabía y se lo aclaraba en tono de sorna”, comenta Giacobbe.



La estrategia funcionó al punto de que hoy Bruera es conoci-do por el 98% de la ciudad de La Plata.

El primer objetivo de marketing se cumplió: hacerlo conocido.

Ahí empezó la demanda para conocerlo. Pero no había dinero para afiches. Bruera tenía 37 años, era un concejal y ganaba 2.000 pesos. Tenían las paredes y los aerosoles, que eran baratos. Enton-ces, Giacobbe le propuso alquilar una línea 0800 y lanzaron una segunda consigna –a la que muchos políticos se resisten–, que fue “Bruera te escucha”. Hicieron otras 5.000 pintadas con “Bruera te escucha” y con el 0800. Llamaba un promedio de 300 personas por día, de lunes a lunes, para todo: para agradecer, para preguntar por la consigna, para contarle cómo se habían dado cuenta de la consigna, para sentir la voz, para ver si era cierto que un político escuchaba. Bruera dialogaba con la gente. Las razones de los lla-mados eran insólitas. La gente quería hablar, más que escuchar. De ahí la enorme cantidad de gente que llama a las radios para decir cualquier cosa.

Pasado un mes, Bruera ya no podía atender más llamadas. Era una tarea agotadora. De 22 a 6 de la mañana se grababan los mensajes y cuando llegaba a su despacho, Bruera con-testaba los llamados, uno por uno; les decía: “qué tal, cómo le va, usted llamó anoche”. Después de un mes pusieron un “muleto” y entonces Bruera atendía cuatro horas a la mañana y durante el resto del día la gente creía que estaba hablando con él pero en realidad era su secretario, que tomaba nota de los mensajes.

Finalmente, Bruera se instaló como candidato a intendente contra Alak, quien había ganado su tercera reelección en 1999 con el 54% de los votos y cuatro años después, cuando Bruera lo enfrenta, Alak gana con 31% contra 21% de Bruera, es decir, los puntos que pierde Alak se los llevó Bruera.



El “Bruera te escucha” o “Bruera es agosto” terminó cuando saca el 21%, lo que demostró que el sistema había respondido.

La tercera consigna instalada por Giacobbe fue “Creo en Pablo”, y como la única herramienta que tenían por el presupuesto mane-jado eran las pintadas en la pared, compraron otros 500 aerosoles y pintaron otras 5.000 paredes en Mar del Plata, Pinamar y la costa atlántica e hicieron 200 calcomanías para instalar en los autos.

Todavía la gente sigue preguntando qué quiere decir “Creo en Pablo” cuando lo ve en la ruta. El problema fue que se pro-dujo la coincidencia de que en ese momento fallece el papa Juan Pablo II. La gente confundía la consigna. Creía que se relacionaba con el Papa.

Giacobbe comenta que de todas maneras le costaba incorpo-rar a Bruera en los medios platenses. “No iba a los programas te-levisivos porque nadie lo invitaba por ser opositor del intendente, tenía los medios bloqueados”, dice.

El gran desafío era sostener la figura de Bruera, que empezaba a ser conocido. “Una vez exhibido el ‘producto’ y quedar a mano del ama de casa, tiene que responder más o menos a las expecta-tivas de quien lo consume”, asegura Giacobbe.

Finalmente llegó el momento de la presentación. Bruera debía enfrentar a un hombre con prestancia, con una amplia expe-riencia como era Julio Alak, quien llevaba 12 años como in-tendente de La Plata. Para prepararlo, algunos funcionarios con experiencia ayudaron a Bruera en el manejo del lenguaje, en su gestualidad. “Todo candidato debe pasar por un entrenamiento específico: estudia teatro, lenguaje, dicción, oratoria, hablar con un micrófono y que se escuche y se corrija”, añade Giacobbe.

El proceso de construcción de un candidato exige sacrificios personales enormes por parte del personaje, el primero de los



cuales es reconocer sus limitaciones. En el caso de Bruera no fue simple. Como sostiene el propio Giacobbe:

“Es más fácil reemplazar a un peronista por otro peronista que por un opositor. Por eso fue más fácil para Bruera, por su pasado peronista, que para un socialista o un radical. Si dicen que Bruera es lo mismo que Alak, eso no es malo. Quiere decir que está a su misma altura, que es capaz de hacer las mismas cosas. Obviamente, nadie reemplaza un coche de Fórmula Uno por un Fiat 600, de modo que quien pretende reemplazar a un líder tiene que ser también un líder enorme, no puede ser un ingenuo o un improvisado”.

Bruera no logró aún ganarle a Alak. Pero se cumplió aquí el ob-jetivo del marketing político, que fue instalar a un candidato de la nada. Se dio lo que Fara denomina “el gran paso”, es decir, superar ese 10% de conocimiento de un dirigente que tiene la sociedad. Una vez pasado ese piso, las posibilidades que se le abren a un candidato son tan infinitas como inciertas en términos de ascenso. Desde ese escalón es más atractivo y posible competir con el resto de los candidatos, más aún si se tiene en cuenta que sus enemigos no superan el 20 o el 25% en las encuestas.

Es posible que Bruera no logre ganarle a Alak porque no tiene aparato partidario y porque cuenta con un escaso presu-puesto de campaña. Pero está instalado en la gente como una alternativa real y palpable. Nadie sabe, y menos en política, lo que puede ocurrir en el futuro. ¿Quién puede asegurar la continuidad eterna de un candidato? ¿Qué regla impide que un candidato no pueda romper con la estructura de un partido centenario o de estructura imbatible como puede ser el PJ? Na-die puede dar respuesta certera a estos interrogantes. Pero hay casos concretos, algunos ignotos y otros más conocidos, como Martín Sabbatella en Morón, donde la población puede hacerse



cargo de una propuesta que transforme el sistema tradicional de partidos.

LA S C A M P A Ñ A S E L E C T O R A L E S CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN EN TIEMPOS PROSELITISTAS

La campaña electoral es el escenario primordial del despliegue de las herramientas del marketing político. Aunque la estructura política y el financiamiento son condicionantes espinosos, las últimas dos décadas mostraron alternativas en comunicación que ponen en duda la idea de que sin altas sumas de dinero es impo-sible desarrollar una campaña exitosa.

La entrada en escena de los consultores políticos generó en América Latina una reacción inicial de rechazo “a la manipulación” que ha ido evolucionando hacia distintos tipos de aceptación, que van desde el realismo hasta el entusiasmo. En América Latina, el desarrollo del marketing político tuvo una evolución similar a la de los Estados Unidos, pero con algún desfasaje por diversos factores que van desde el uso de la tecnología hasta la estabilidad institucional.

Los dirigentes políticos de mayor renombre cuentan con un equipo integrado por un asesor de imagen para el armado de la campaña, un encuestador, un vocero de prensa y un publicista.

Como reconstruye el periodista especializado en marketing Alberto Borrini en su libro Cómo se vende un candidato..., Pa-blo Gowland, fundador con David Ratto de Gowland Publicidad, formó parte de los equipos de campaña del radicalismo prácti-camente hasta la década del 90, casi siempre vinculado con el difícil aspecto de la obtención de fondos. Fue uno de los puntales de la Comisión de Recursos, junto con Germán López, durante la campaña de 1983, año de la consagración de Ratto, cerebro



de la publicidad de Alfonsín que, para muchos, inauguró la era profesional del rubro.

La filiación política de Ratto se remonta a su abuelo, Carlos, colaborador del presidente Hipólito Yrigoyen; su padre, Alfredo Santiago, publicitario como él, integró la Secretaría de Prensa y Difusión durante el gobierno de Illia. En 1963, en el curso de un viaje profesional a los Estados Unidos, Ratto asistió a una cam-paña política que lo impresionó vivamente: la de John Lindsay, candidato triunfante a la alcaldía de Nueva York. Los anuncios televisivos de Lindsay lo mostraban, megáfono en mano, en sus recorridas por los barrios, dándole a la publicidad, según observó Ratto, “una doble lectura: la íntima y personal del candidato, y otra masiva, espectacular a través de la comunicación electrónica”.12

En el caso del peronismo, los especialistas en comunicación y publicidad llegaron más tarde. Uno de los primeros publicitarios que apareció mencionado en las campañas del Partido Justicialista fue Santiago Mele, dueño de una agencia mediana, Publifé, que tomó a su cargo la publicidad de la fórmula de 1973, Cámpora-Solano Lima. Pero su intervención resultó limitada debido a las recomendaciones de Perón, en el sentido de “regalar” los medios masivos a la oposición y concentrar los esfuerzos en los recursos más tradicionales y combativos del proselitismo electoral. Sin embargo, durante esa campaña tan poco publicitaria intervino secundariamente un profesional que de ahí en adelante ya no abandonaría el rincón de los candidatos peronistas: Enrique “Pepe” Albistur, fundador de Equipos de Difusión Justicialista, fue quien alcanzó su mayor éxito con la campaña de Menem en 1989 y actualmente opera desde la Casa Rosada para cuidar la imagen y la gestión del presidente Néstor Kirchner. La experiencia resultó insuficiente para Albistur cuando el 7 junio de 2005 publicó una solicitada por el Día del Periodista, con una frase de dudoso

12 Borrini, A., op. cit.



humor: “Este gobierno aprieta periodistas (con un abrazo)”, decía el aviso. La publicidad, en rigor, no hizo más que cristalizar los conflictos que habían atravesado la relación entre el gobierno y sectores de la prensa.

En 1973, Albistur, quien comenzó a trabajar en publicidad a los 14 años, ya era un joven veterano. Había participado en varias agencias; la más importante fue Núcleo, fundada por Lino Palacio y por Ricardo Pueyrredón, que en ese entonces ya llevaba varios años como colaborador del radicalismo.13

Otro de los responsables de la campaña electoral de Menem fue Jorge Vázquez, que trabajó no sólo con Albistur sino también con Jorge Dell’Oro y Beba Trigo.

Los primeros consultores norteamericanos que comenzaron a llegar a la Argentina lo hicieron hacia los años 80 como exposi-tores de cursos o seminarios de capacitación. En 1987, los exper-tos en marketing político de los EE.UU. Ralph Murphine, James Dwinell y Edie Mahe estuvieron en Buenos Aires para participar del seminario de marketing político organizado por la firma Soc-merc, de Mora y Araujo y Felipe Noguera. Un año después estuvo en Buenos Aires, con motivo de otro seminario, Peter Tauber.

Pero fue la campaña presidencial de 1999 la que consolidó el papel de un nuevo actor de la comunicación política moderna: el asesor internacional. Es decir, publicistas o asesores en ima-gen que habían trabajado en campañas electorales de los Estados Unidos o Europa se trasladaron a Buenos Aires para rendir culto a la imagen de nuestros candidatos.

Eduardo Duhalde contrató al experto en campañas James Car-ville y en medio de la campaña lo reemplazaría por el brasileño Duda Mendonça. Fernando de la Rúa hizo lo propio con Dick

13 Ibídem.



Morris, consultor político estadounidense de amplia experiencia en el armado de campañas electorales. Ambos agregaron a la lucha por el voto un ingrediente adicional de profesionalización y tecnicismo al esquema de construcción de imagen de un can-didato. De todas maneras, ya hacia fines de 1998, la campaña a gobernador de la provincia de Córdoba de José Manuel de la Sota había incorporado como pieza clave para el éxito en las urnas la labor de dos expertos extranjeros, los publicitarios brasileños Duda Mendonça y Joao Santana.

En su trabajo La imagen del poder, la consultoría política en acción, Hugo Haime asegura que el surgimiento de asesores ex-ternos ha formado parte de nuevas estrategias de comunicación de campaña, pero que nada ha logrado aún reemplazar las for-mas más primarias de comunicación, como el contacto interper-sonal, la prédica cotidiana de los militantes y la utilización de folletería.14 De hecho, hay una anécdota que ilustra claramente esta aseveración. En la campaña de 1995, un destacado dirigen-te del PJ llevaba en su recorrida por los pueblos del interior de Córdoba una camioneta con varias bolsas llenas de relojes que decían “Menem 1995”. En cada lugar que bajaba, el dirigente se sacaba un reloj de su muñeca y se lo regalaba a algún militante o curioso que se le acercara. Inmediatamente le decía: “Cuidálo que era mío, me lo regaló Carlos [por Menem], ahora es todo tuyo”. El objeto fundaba una fábula y sellaba un vínculo personal entre el líder, hasta entonces lejano, ausente, y el votante.

Fritz Plasser, profesor en Ciencias Políticas de la Universidad de Innsbruck y experto en técnicas de campaña, disiente con la idea de que el militante sigue teniendo un peso gravitante en el armado electoral. Para Plasser, los asesores profesionales exter-

14 Haime, Hugo, La imagen del poder. La consultoría política en acción, Ed. Corregidor, Buenos Aires, 1997.



nos han reemplazado casi por completo a los miembros full-time del partido (profesionales militantes) en la planificación de las estrategias publicitarias, desarrollo del mensaje, investigación y operaciones de marketing.15

El estudioso de la Universidad de Innsbruck entiende que, de alguna manera, la televisión compensa la debilidad de la organización partidaria. “La disminución de la importancia de los partidos en las campañas contemporáneas orientadas a los medios y a los candidatos es una cuestión de grados, así como de ritmo y profundidad de la actual desalineación de los vín-culos partidarios. En los sistemas partidarios donde hay por lo menos ciertos vínculos partidarios tradicionales y un número considerable de votantes se identifica de alguna forma con un partido, las consecuencias del paso de campañas basadas en el partido a campañas basadas en los medios y en los candidatos puede ser compatible con la estabilidad general del proceso democrático”, sostiene Plasser. En los sistemas que carecen de tradiciones de identificación partidaria y donde los partidos son plataformas electorales clientelistas para líderes de fuerte personalidad, la disminución de la importancia de los partidos como un factor viable para decidir el voto puede favorecer una inestabilidad creciente.

“La habilidad del consultor no está en pensar cómo convierto a mi cliente o candidato en algo que la gente esté dispuesta a comprar, sino en potenciar aquellos puntos fuertes que le per-mitan ser positivamente percibido por el electorado, tratando de neutralizar los aspectos negativos”, concluye Haime. Y entiende, además, que “hay una tendencia a confundir el hacer política y comunicarlo con la idea de que aparecer en un medio de co-

15 Plasser, F.; Plasser, G., La campaña global. Los nuevos gurúes del marketing político en acción, Fundación Konrad Adenauer-Ed. Temas, Buenos Aires, 2002.



municación garantiza protagonismo político. Así, el medio de comunicación, en lugar de ser instrumento para comunicar, se convierte en el objeto en sí de la Nación”.

El elenco de comunicadores de De la Rúa, según reconstruye Borrini, presentó como novedad el retorno del histórico David Ratto a las campañas políticas.16 Y se completó con Miguel Sal, un semiólogo radicado en Bolonia que había comenzado a cola-borar con el radicalismo en la década del 80; el investigador Luis Stuhlman, miembro del equipo de Alfonsín en 1983; y el publici-tario Carlos Souto, quien estuvo junto a De la Rúa en la campaña para elegir jefe de Gobierno de la Ciudad. El único debutante fue el publicitario más conocido en ese momento, Ramiro Agulla, cofundador de la exitosa agencia Agulla & Bacetti.

En vistas de sus complicaciones para escalar en las encues-tas, el competidor peronista, Eduardo Duhalde, despidió en mitad de la campaña, a los asesores publicitarios (De Luca-Albistur) seleccionados por concurso, y los suplantó por un extranjero. El brasileño Duda Mendonça se hizo cargo de la campaña de Duhalde en 1999. Intentó posicionar al candidato, que estaba jugando como opositor moderado, con un discurso que atacaba el modelo neoliberal del menemismo pero que a la vez se cuidaba de no asustar con el derrumbe de la convertibilidad, que parecía ser lo único estable y rescatable para la sociedad hasta ese en-tonces. Duda Mendonça no pudo llevar a Duhalde a la victoria, aunque su maquinaria publicitaria fue más visible. Duhalde pro-metía mucho –rebajas de IVA, aumento de jubilación mínima y suspensión de los despidos, entre otras cosas–, pero la gente no parecía creerle.

16 Blomeier. Hans; Blanco, Daniela (editores), Cuando el desencanto encanta. Reflexiones sobre comunicación política, sociedad y democracia en Argentina, Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 2005.



Hay quienes sostienen en el PJ que el hecho de contratar a un extranjero para el armado de una campaña electoral jugó en contra del candidato peronista porque desconocía la idiosincrasia del argentino y la historia del PJ. De hecho, Mendonça estuvo pocas veces en el país para controlar la campaña y manejaba todo desde Brasil.

Un instrumento clásico son las caravanas, pero su valor simbólico se adecua con mayor facilidad a los partidos tradicionales. En el caso del peronismo, más específicamente en el PJ bonaerense, la caravana fue una herramienta usual por las dimensiones del territorio electoral, su atractivo para las coberturas de los medios y porque evitaba, al menos hasta el cambio de siglo, los actos tradicionales. La senadora peronista María Laura Leguizamón, que formó parte del equipo de campaña de Duhalde desde 1995 en adelante, cuenta que el trazado de las caravanas debía establecer de antemano las personas que participarían, el recorrido y, si había un discurso, quiénes se subirían al palco con el candidato. Existía una relación directa entre el peso político de los dirigentes y su lugar en el palco. Por otra parte, un destacado operador del duhaldismo comentó que las caravanas permiten sortear grandes movilizaciones de público y le dificultan al periodismo medir la cantidad de gente congregada a lo largo de su recorrido. Por lo tanto, con menos cantidad de adherentes es posible reconstruir una imagen de multitud. Además del “duhaldemóvil”, Duhalde utilizó en 1999 el Tren de la Esperanza junto al entonces candidato a vicepresidente, Ramón Ortega.

En 1995, Octavio Bordón y Graciela Fernández Meijide, en recorridos diagramados por Federico Storani, también utiliza-ron el recurso de las caravanas, aunque con un despliegue de menor magnitud.

En una dimensión municipal, el actual intendente de Morón, Martín Sabbatella, se inclinó con éxito por campañas de arma-



do casero, en dimensiones humanas y acotadas al plano local. El ejemplo de este dirigente resulta ilustrativo porque a pesar de contar con escasos recursos, obtuvo un impacto alentador en las urnas.

Sabbatella comenzó sus primeros pasos en la política en 1995. A los 25 años asumió como secretario parlamentario del bloque de concejales del Frepaso de Morón. Luego presidió la comisión investigadora del controvertido intendente peronista Juan Carlos Rousselot, que finalmente terminó por desplazarlo del cargo. En 1999 se postuló como intendente por la Alianza y ganó las elecciones.

Este joven dirigente comenta que su campaña buscó sortear el uso de la televisión con una recorrida casa por casa. El entonces candidato a intendente de la Alianza se encargaba en persona de llevar el material de campaña a los medios nacionales o locales y armó un comité de campaña exclusivamente con militantes, sin personal contratado o consultores. En 2002, disuelta la Alianza por la caída de Fernando de la Rúa, Sabbatella fundó su propio partido, denominado Nuevo Morón y compitió por la reelección. En la campaña impuso un recurso novedoso: el uso de la tijera. Repartió tijeras de plástico a la población para incentivar el corte de boletas. Es decir, para dejar afuera a los candidatos a goberna-dor y legisladores y acotar a su distrito una elección que tenía una impronta nacional.

“El corte de boleta en realidad era más que eso: era un gran símbolo de mensaje de cortar con esquemas de la vieja política. La tijera que repartíamos no era sólo para cortar la boleta. Era la muestra de que queríamos decirle a la gente que corte con todos los vicios de la vieja política. La gente en la calle me saludaba mostrándome las manos con el gesto de una tijera y eso fue muy fuerte”.



Los resultados de esta estrategia de campaña fueron impactan-tes: Sabbatella ganó con el 53% de los votos y hubo un corte de boletas en el orden nacional del 34%.

Antes, Sabbatella había instrumentado un call center al que la gente llamaba para dar su opinión sobre la forma de mejorar el distrito. El intendente de Morón logró construir sin grandes apara-tos, aunque fue ayudado por una coyuntura donde se combinó la desarticulación de la interna radical y la debacle de Rousselot.

En este sentido, Carlos Fara asegura que “en una campaña electoral no siempre el que tiene el aparato y el dinero gana. Es posible construir un candidato con un fuerte prestigio social y en contra del aparato”. Y agrega: “La lógica de los medios no se mueve con la lógica de los aparatos”.

Muraro también apunta sobre la importancia de observar la naturaleza local de la competencia. En la campaña para un intendente de Río Cuarto, cita como ejemplo, el tema central no sería la desocupación porque es menor del 5%. Es una ciu-dad próspera que nada sobre un mar de soja. “Uno pondría el acento en la construcción de ciertas cosas que están a la al-tura de un intendente: iluminación, parquización al borde de un río que era un basural, terminar un puente nuevo”, acota. Muraro agrega:

“Si uno va a una provincia grande, como puede ser Córdoba, aparecen otros temas de campaña como, por ejemplo, la construcción de obra pública para dar más trabajo. Y si la contienda es nacional, la discusión también es otra. Está claro que un intendente no puede decir ‘yo voy a cambiar el tipo de cambio’”.

De todas maneras, en todos los casos, las campañas electo-rales coinciden progresivamente en el uso de los medios como sustento de la imagen de los candidatos. Lo que diferirá, en



este sentido, es que en las campañas electorales nacionales la relación entre medios y candidatos es siempre más distante o anónima que en los municipios o, incluso, que en las provin-cias, donde los dirigentes y periodistas se conocen con mayor profundidad y en algunos casos existen relaciones estrechas. Este tipo de vínculos no será un tema menor en épocas de cam-paña. Incluso, en la mayoría de los casos, las relaciones entre comunicadores y agentes municipales o provinciales está de-terminada por vínculos económicos que hacen al sustento de la relación. Es decir, canales de televisión, radios o diarios que dependen en gran medida, para su desarrollo financiero, de las pautas publicitarias del Estado y que a partir de esta relación de dependencia se articulan campañas a favor o en desmedro de unos u otros.

En Acciones para una buena comunicación política. Manual de marketing y comunicación política, Germano sostiene que es necesario que toda campaña electoral tenga una dirección cen-tralizada.17 Esta es, precisamente, señala el consultor político, la función del comando de campaña: dirigir y coordinar todas las acciones orientadas a lograr el triunfo electoral. En este sentido, el Manual impone una serie de recomendaciones que van desde lo estratégico a lo programático-financiero y que hacen posible la organización de una campaña, más allá de los recursos con los que pueda contar el candidato. Entre las recomendaciones, Germano plantea:

1. Será necesario relevar al candidato del desgaste de ges-tionar aspectos organizativos y económicos para que pueda concentrarse en aspectos de la campaña propiamente dicha.

17 Germano, C.; Fara, C.; Rossi, S.; Zukernik, E.; Rizzuti, C. Acciones para una buena comunicación política. Manual de marketing y comunicación política, Asociación Civil para Estudios Populares - Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 2004.



2. Designar a un dirigente que no responda al entorno del candidato para que pueda realizar aportes sin una mirada apasionada o interesada.

3. Centralizar las finanzas de la campaña en una sola venta-nilla a los fines de maximizar los recursos y hacer más trans-parente el sistema de aportes.

4. Establecer una estrategia electoral que defina qué es lo que se pone en juego en la elección, cuáles son los temas capaces de movilizar la opinión pública y cuáles son las fortalezas y debilidades de los candidatos.

5. Realizar un monitoreo de los medios, designar un vocero y contar con una respuesta inmediata a las iniciativas de los adversarios. Para ello, establecer una estrategia centralizada y coherente ante los medios.

Creatividad y organización parecen ser, entonces, los cami-nos para emprender una campaña sin financiamiento millonario. En definitiva, no hace falta establecer campañas electorales con gastos multimillonarios para imponer a un candidato. Hace falta desarrollar una estrategia de campaña, lograr un fortalecimien-to de los contenidos del mensaje y una comunicación creíble y atractiva para el electorado. Incluso candidatos que aparentaban desinterés hacia la imagen terminaron por transformar su aspec-to para adecuarlo a las exigencias de la mayoría de los votantes. La mutación de Elisa Carrió es un ejemplo. En una nota aparecida en el diario Página/12, Carrió reconoció que estaba “entablando conversaciones con algunos dirigentes cercanos sobre la nece-sidad de repensar el aspecto comunicacional de la campaña y buscar un marketing más efectivo para llegar a más cantidad de sectores”.18 La candidata entendió que un sector del electorado

18 Diario Página/12, 20 de octubre de 2002.



cuestionaba su imagen un tanto descuidada y poco femenina. Su aspecto incluso había sido usado por la TV en tono humorístico para mostrarla desaliñada. Ante la exacerbación de su apariencia, Carrió cambió sustancialmente su aspecto físico. El pelo atado y desprolijo dio paso a una cabellera más corta y más rubia; bajó de peso y el crucifijo que siempre llevaba colgado se combinó con otros collares más delicados. Carrió impuso una imagen más femenina de sí misma; dio lugar a una vestimenta más llamativa y moderna. Es evidente que, aunque triviales, las transformacio-nes tuvieron como objetivo quebrar una imagen instalada en la opinión pública.

LA S E N C U E S T A S USO Y ABUSO DE LOS SONDEOS DE OPINIÓN PÚBLICA

En los últimos 15 años, las encuestas se han transformado en la vedette de las campañas. Son las que modelan candida-tos, redefinen mensajes proselitistas y cambian el rumbo de una candidatura. Consecuentemente, la dependencia de los dirigentes con respecto a las encuestas ha crecido a tal punto que ya no se organizan campañas ni se modelan mensajes electorales sin con-sultarlas previamente. Los sondeos de opinión marcan la cancha y determinan ejes temáticos, espacios de acción y modelos a se-guir. Como dice Carlos Fara, “en un campo minado sirven como el detector. En la niebla, el radar y en el desierto, la brújula”.

Pero los resultados de las encuestas no siempre son utilizados de manera correcta. Como añade Fara, en el análisis de interpre-tación de un sondeo de opinión es donde más se nota el valor agregado del experto. Una encuesta aceptablemente realizada, pero leída por ojos inexpertos, puede dar con conclusiones apre-suradas o no advertir de riesgos en ciernes.



Para el politólogo Rosendo Fraga, las encuestas tienen cuatro fines específicos: 1) diagnosticar; 2) medir la evolución de un candidato; 3) pronosticar; y 4) realizar una acción psicológica. “Hoy se subutilizan las encuestas para crear opinión. Se intenta modificar un mensaje por medio de lo que dicen las encuestas. En las campañas, preocupa más lo que dicen las encuestas y se usan para crear un clima electoral”, destaca Fraga.

Mora y Araujo cree que las encuestas ayudan a armar un mensaje, sirven para testear el electorado y para tener un control de la situación real.

Las encuestas fueron uno de los ejes centrales de construc-ción de poder de Eduardo Duhalde. El caudillo bonaerense mol-deó su imagen y su discurso en función de los sondeos de opi-nión pública y terminaron por transformarse prácticamente en su obsesión.

La senadora por el PJ María Laura Leguizamón, quien entre 1995 y 1999 estuvo a cargo de llevarle semanalmente resul-tados de encuestas a Duhalde, comenta que el armado de los sondeos, en un primer momento, surgía de la misma mili-tancia, ya que no se dependía de encuestadores contratados. Leguizamón explica:

“La militancia peronista podía entrar en los barrios pobres y recoger una muestra mayor y más creíble que la de cualquier encuestador contratado. En el relevamiento de datos se tomaban en cuenta los resultados del último censo nacional o provincial, se medían barrios por necesidades básicas insatisfechas (NBI) y se establecían encuestas focalizadas, es decir, no eran al azar”.

Para ello, el duhaldismo había reclutado más de 60 jóvenes por barrio del conurbano, que relevaban datos de todo tipo. Desde



información relacionada con un candidato hasta la imagen de la gestión puntual de un intendente. Por el nivel de relevamientos realizados, la senadora Leguizamón se atreve a decir que las en-cuestas realizadas por el PJ tenían un nivel de veracidad mucho más alto que cualquier encuestador y, añade, ello se comprobó cuando se descubrió que las encuestas telefónicas de Javier Otae-gui (el encuestador contratado por Mariano Grondona) fueron un fracaso total.

El uso que hacía Duhalde de las encuestas fue variado. Según la senadora, los números servían como elemento de análisis de la realidad para observar las necesidades de la gente como herramienta central para la toma de decisiones y, por último, para medir un candidato o para establecer el desarrollo de la gestión de un intendente.

Leguizamón destaca que en muchos casos, Duhalde usaba es-tas encuestas cuando era gobernador para presionar a sus in-tendentes en la mejora de la gestión. Aunque también, añade la senadora peronista, le servían para definir el lanzamiento de un determinado candidato de acuerdo con el nivel de recepción de la gente y el grado de conocimiento del dirigente.

El consultor político Carlos Germano cree que en sociedades complejas, las encuestas son instrumentos eficaces para cono-cer las preferencias, necesidades y prioridades del electorado. Sin embargo, añade, no es posible definir la política a partir de sus números: “El rol del dirigente político va más allá de repetir aquello que la gente opina. Lo propio de la política es trabajar para construir el futuro colectivo de una sociedad a partir de un proyecto, de una idea”. Al entender de Germano, la dependencia de las encuestas conduce a la homogeneización de las propuestas y, por lo tanto, a un achicamiento del espacio de la política. Mu-chas veces, la recurrencia a las encuestas para definir posiciones sobre temas clave es el correlato de una clase política en retroce-



so, con autonomía decreciente y que resigna sus responsabilida-des de liderazgo.19

La campaña electoral de Eduardo Duhalde en 1999 ofrece un claro ejemplo de esto.

Después de un extenso enfrentamiento con el presidente Menem por la reelección y la candidatura del PJ, Duhalde encaró el último tramo de la campaña electoral sabiendo que estaba diez puntos por detrás de Fernando de la Rúa y sin lograr descontar esta ventaja.

¿Se trató de un problema de comunicación política? ¿Hubiera ocurrido otra cosa con otro equipo de comunicación?, se pregunta Germano. Creemos que no, responde, porque el déficit de la cam-paña de Duhalde era un déficit de política: el candidato justicialis-ta no acertó a definir nunca el qué de su propuesta, el elemento de diferenciación que quería proponer a la sociedad argentina. Esta definición quedó entonces en manos de los equipos de comunica-ción. El resultado fue un hueco llamado a la “concertación social”, apelación que resonó en el vacío y que no se refería a ningún tema que fuera reconocible por la sociedad argentina.

Para el sociólogo Gabriel Vommaro, con la utilización de mi-litantes por parte de Duhalde en la confección de encuestas se buscaba proveer datos que los dirigentes pudieran contraponer a los publicados en los medios de prensa: “Duhalde volvía sobre ese razonamiento y luego denunciaba que la Alianza tiene con-tratadas a todas las encuestadoras. Es impensable que en un país con el 80% de las provincias en manos de un partido tenga un presidente del otro”.20

19 Germano, C.; Fara, C.; Rossi, S.; Zukernik, E.; Rizzuti, C., op. cit.20 Vommaro, Gabriel, Lo que quiere la gente. Los sondeos de opinión pública como herramienta política. De la ilusión reformista al descontento ciudadano. Las elecciones en la Argentina 1999-2001, Ed. Homo Sapiens, Santa Fe, 2003.



El Frepaso también profesionalizó el uso de encuestas; pri-mero se valió de militantes para la elaboración de sondeos y luego contrató expertos. El plano discursivo estaba íntimamen-te relacionado con los resultados de sondeos de opinión. Un ex colaborador de Fernández Meijide aseguró que se medían temas concretos como la despenalización del aborto para ver qué grado de aceptación tendrían en el electorado y, a partir de ahí, se es-tablecían discursos concretos.

En todos los partidos, el uso de militantes para la elabora-ción de encuestas fue una suerte de etapa neolítica de la comu-nicación política. Este tipo de herramientas, muy cuestionadas por los encuestadores, se siguen utilizando, incluso en el caso de dirigentes de base, concejales y candidatos a intendentes o los propios jefes comunales que buscan su reelección. El común denominador es la mano de obra accesible y de bajo costo fren-te al elevado presupuesto que puede suponer la contratación de un encuestador.

Carlos Fara es terminante en este punto: los encuestadores no deben ser militantes de ningún partido porque sesgarán la entrevista o, si son identificados como militantes, no produci-rán en el encuestado la confianza suficiente como para decir la verdad.

Para el consultor político de los Estados Unidos Dick Morris, las encuestas son la clave para seleccionar el tema adecuado en la campaña:

“Usted debe hacerles a los votantes una pregunta específica y medir la intensidad de su reacción para sondear el impacto de un tema. Después debe seguir la pregunta con argumentos, primero de un lado, luego del otro, para probar su capacidad de sobrevivir al debate. Finalmente, tiene que poner el tema en el contexto de



21 Morris, Dick, El nuevo príncipe, Ed. Ateneo, Buenos Aires, 2002.

su propia situación política para evaluar su fuerza y significación”.21

Para probar el impacto de un tema, Morris está convencido de que un encuestador debe someter cada propuesta a semejante reto. Para ello, un tema debe:

1. Vincularse con una preocupación básica.

2. Tener un fuerte apoyo pero también atraer una porción de fuerte oposición.

3. Mantener una gran mayoría que crezca o que, por lo me-nos, no disminuya, tras la argumentación de sus pros y sus contras.

4. Afectar significativamente las decisiones del votante sobre las elecciones de ese momento.

El analista norteamericano, que fue asesor de De la Rúa du-rante sus años de gobierno, cree que los políticos deben aprender la diferencia entre “preocupaciones” y “temas” al elegir un tópi-co de campaña positivo y sustancial. Un candidato debe hacer algo más que sólo articular una preocupación para distinguir su plataforma. Tiene que centrarse en un tema específico para res-ponder a la preocupación. Cuando los votantes hablan de sus preocupaciones sobre la “educación”, los políticos deben hablar de temas como la elección de escuela o los patrones naciona-les de educación para distinguir sus candidaturas. Cuando los votantes hablan de su preocupación por el “delito”, un político debe responder con un programa –un tema específico– como el control de posesión de armas.

Sin embargo, este tipo de actitudes no parecen ser tomadas en cuenta en la realidad política argentina. Incluso los dirigentes de lo-



calidades de baja densidad de población muchas veces nacionalizan la campaña con temas ajenos a la realidad del lugar donde viven los electores y no hablan de sus preocupaciones reales. Discuten sobre candidaturas nacionales, hablan de discursos pronunciados por el Presidente o de debates nacionales y el efecto es el contrario al bus-cado: influido por las encuestas de opinión, que no siempre reflejan la realidad del lugar o no siempre sus resultados son leídos por ojos expertos, el dirigente se aleja cada vez más de su electorado.

Jorge Giacobbe cree que las encuestas no juegan un papel trascendental en la etapa de construcción de un dirigente político sino en su período de legitimación. “En todo caso, la encuesta es un termómetro fenomenal para legitimarlo”, dice.

El debate sobre la publicación de las encuestas en los medios de comunicación exige un párrafo aparte. Los especialistas ad-vierten sobre la sensación de manipulación mediática que puede percibir el electorado y la posibilidad de generar efectos inversos al esperado. Diferentes fuentes consultadas, desde dirigentes del PJ, de la UCR y de Recrear hasta periodistas y analistas coincidie-ron en que en las elecciones de 2003 hubo cierta manipulación de las encuestas por parte de Duhalde. Éste se encontraba en la Pre-sidencia pero había impulsado la candidatura de Néstor Kirchner para los comicios de 2003. Como su oponente y archienemigo era Menem, Duhalde posicionó a López Murphy en las encuestas a los fines de que este candidato compitiera con el electorado de Menem y le restara votos al riojano. Se llegaron a ver encuestas donde el candidato presidencial de Recrear estaba segundo. La realidad mostró luego que López Murphy quedó tercero, con 17 puntos. El efecto buscado pareció tener resultados: Menem perdió votos del electorado de centro derecha que se fueron con López Murphy y ello le permitió a Duhalde posicionar a Kirchner hasta el segundo lugar. “La manipulación en el trabajo de encuestas juega en contra de la credibilidad de nosotros, los consultores. De nada sirve darle al cliente lo que espera si no es real. Afecta



la credibilidad y rompe con el contrato establecido de que el re-sultado que se le muestre pueda ser adverso a sus intereses. No es lícito”, reflexiona Mora y Araujo, que admite la existencia de la manipulación en los sondeos de opinión. Para Carlos Fara, el he-cho de que muchas veces se compren encuestas o encuestadores no significa que automáticamente esas encuestas influirán en el electorado. “Hay ciertos mitos respecto de la construcción de la imagen de un candidato por medio de las encuestas. Lo impor-tante de las encuestas es la lectura que se hace de ellas. Es decir que no necesariamente lo que dice una encuesta a veces es lo que se interpreta”, comenta. El consultor advierte sobre el riesgo de extraer interpretaciones de largo plazo de las encuestas cuando, en realidad, se trata de indicadores coyunturales.

“La encuesta es una fotografía de hoy, no una proyección. Las construcciones de candidatos por medio de encuestas están sujetas a vaivenes de la opinión pública. Las encuestas no pueden ser los únicos insumos en el armado de un partido o de una candidatura. Es importante observar la evolución del escenario político, cómo se comporta la gente más allá de las encuestas y definir al candidato como una persona honesta y capaz, atributos indispensables que la sociedad espera”.

En relación con la manipulación de las encuestas, el ex minis-tro de Menem y de Kirchner, Gustavo Beliz, sostiene en el trabajo Periodismo y elecciones, de Eduardo Zukernik:

“Las encuestas electorales, en algunos casos, me parecen un horror. Lo he vivido en carne propia. La mayoría de las encuestas publicadas en algunos medios siempre me han dado como mínimo un 40% menos de los votos que finalmente saqué. Hay muchísima falta de ética y objetividad, ya que muchas veces son un



nido de corrupción y manipulación fenomenal, además de existir una enorme idiotez en la dirigencia política de guiar sus decisiones en base a encuestas y marketing en vez de en la sustancia de los problemas”.22

En algunos casos se realizan encuestas pero el candidato no logra definir cuál es su público y su posicionamiento frente a determinados temas. En una elección para intendente del año 99 en el municipio de Godoy Cruz (provincia de Mendoza, Ar-gentina), Fara recuerda que el punto central del debate proseli-tista subyacente no resultaron las obras y los servicios públicos (ítems clásicos en un comicio para alcalde o intendente), sino la recuperación del esplendor perdido en esa localidad. Sobre ese punto giraba todo lo demás. Esta discriminación fue fundamen-tal porque toda la estrategia y la comunicación debían apuntar a construir un posicionamiento acorde con dicho sentimiento. Si se hubiese hecho un estudio cuantitativo típico, hubiese sido imposible detectar dicha clave.

Según el estudio que realizó Rosendo Fraga sobre la auto-percepción de los políticos, para el 78% de los encuestados, la influencia que tienen los medios de comunicación en la política es de 7 o más puntos sobre 10. Sólo el 6% aseguró creer que los medios tienen una influencia de 4 o menos puntos sobre 10. Y más de la mitad de los encuestados dijo que la difusión de las encuestas influye en el electorado, pero 4 de cada 10 personas piensan lo contrario.

En este sentido, Vommaro advierte que el interés por las en-cuestas también responde a la historia argentina, que “durante años padeció gobiernos autoritarios que despreciaban la opinión de la gente”.

22 Zukernik, Eduardo, Periodismo y elecciones. Los riesgos de la manipulación, Ed. La Crujía-Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 2002.



En muchos casos, los dirigentes políticos buscan elementos cualitativos por encima de resultados cuantitativos para medir a su electorado y evaluar diferentes líneas de pensamiento y ne-cesidades puntuales. En este sentido, Gustavo Martínez Pandiani destaca los siguientes métodos cualitativos:

1. Entrevistas profundas: son entrevistas personalizadas ba-sadas en guiones flexibles que permiten a los entrevistados expresar libremente y en gran detalle sus opiniones, actitudes y percepciones.

2. Grupos focales: son sesiones de discusión grupal coordinadas por un entrevistador-moderador entrenado especialmente para recoger las opiniones espontáneas que afloran de la interacción del grupo. Estas opiniones son registradas por un conjunto de profesionales que no participa directamente de la discusión sino que observa el comportamiento de los participantes desde fuera del lugar donde ésta se realiza. Se recomienda que los gru-pos estén conformados de manera heterogénea en términos de edad, género, ocupación, nivel de ingreso, lugar de residencia, nivel de educación, entre otros, y que en ningún caso excedan los quince integrantes. Kirchner realizó este tipo de encuestas antes y después de llegar a la Presidencia. El publicista Braga Mendez era el encargado de estos trabajos.

3. Técnicas de observación y proyección: son registros de laboratorio que se realizan a partir de las reacciones de una serie de individuos sometidos a situaciones provocadas y controladas por el equipo de investigación. Estas situacio-nes pueden consistir en la reproducción de un discurso, la proyección de un video, la presentación de un afiche o el lanzamiento de un eslogan.

La campaña a gobernador de José Manuel de la Sota demostró en la práctica la relevancia de utilizar estudios cualitativos. En dicha ocasión, el dirigente justicialista consolidó su propuesta



electoral a partir de la información recogida mediante sesiones de grupos focales dirigidas por los especialistas en sondeos de opinión por él contratados.

Para la periodista Adriana Schettini,23 la fascinación por las encuestas es una tendencia creciente en las democracias occi-dentales y la valoración de su papel en la vida republicana es motivo de debate en todas partes. Las opiniones son disímiles y apasionadas. Schettini cuenta que en el libro Faire l´opinion, Patrick Champagne arremete sin piedad contra los sondeos. Dice, lisa y llanamente, que los encuestadores hacen hablar al pueblo a la manera del ventrílocuo que les presta su voz a las marionetas. Más mesurado, Roland Cayrol se conforma con señalar las limi-taciones de los sondeos:

“La encuesta exhibe una fotografía, una instantánea de la opinión; ella no permite explicar las motivaciones profundas de la gente, la manera en que se articula su representación de las cosas, la tibieza o la cerrazón de sus actitudes, sus dudas, su disponibilidad para un cambio de opinión. Para llegar a ese tipo de nivel de análisis, es necesario recurrir a técnicas que no desembocan en cifras”.

Por su parte, Hugo Haime cree que así como los medios de comunicación se han convertido muchas veces en intermediarios y portavoces de la gente ante el poder político, los encuestadores y las encuestas se han convertido en espejo de la opinión pública ante los políticos y ante los medios, reflejando opiniones, valoraciones, tendencias y razones que muchas veces aparecen ocultas a la lógica del poder o de ciertos análisis simplistas de los acontecimientos. Los

23 Schettini, Adriana, Ver para creer. Televisión y política en la Argentina de los 90, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1999.



consultores y encuestadores, reflexiona Haime, que de hecho dedican muchas horas diarias a tratar de comprender los fenómenos sociales y la dinámica de la opinión pública, se han transformado en cierto sentido en intermediarios entre la gente y los comunicadores sociales, entre la gente y los dirigentes políticos y sociales. Por todo ello, Haime destaca que “para los encuestadores y consultores, el equilibrio entre dar a conocer aquello que no contravenga a los intereses del cliente y dueño de la información por la que pagó y, al mismo tiempo, no dar una información sesgada que puede resultar un engaño para la opinión pública es, muchas veces, difícil de conseguir. Desde este punto de vista, si la alternativa es inclinar la balanza hacia alguno de los dos lados, esto es, atentar contra los intereses del cliente o tener que engañar a la opinión pública, la mejor decisión es la abstención informativa.

AGENDA DE LOS MEDIOS VERSUS AGENDA DE LA GENTE

TEMAS IMPUESTOS Y TEMAS DEPUESTOS

Las exigencias de la masificación desplazaron a la política desde los espacios públicos a los privados. La pantalla reem-plazó a la plaza. El debate televisivo suplantó a la arenga ca-llejera. El Speaker’s Corner de Hyde Park es el resabio turístico de una era perdida, comparable a las ruinas silenciosas de un anfiteatro griego.

Pero la nueva ágora, los medios masivos de comunicación, exige una adaptación de la política a sus criterios de difusión y venta, propios del mercado de la información. Los medios no son un canal aséptico que simplemente multiplica un mensaje. El discurso político, arrojado a la dinámica de la información, alumbra nuevas formas de ciudadanía, mediatiza la represen-



tación y transforma el equilibrio idealizado de los poderes re-publicanos.

Desde sus propios intereses, gustos, predilecciones y lógica, los medios masivos definen una agenda autónoma que oscila entre la proximidad y la lejanía de las incumbencias y necesi-dades del resto de la sociedad. Los dirigentes rara vez cuentan con posibilidades de influir sobre sus criterios de selección y mayoritariamente se conforman con anclarse a los títulos pre-viamente definidos. Sólo una minoría se aleja del libreto y fuer-za la imposición de acontecimientos alternativos a la agenda mediatizada y al rating.

Heriberto Muraro cree que la agenda de los medios y del resto de la sociedad, si bien no son las mismas, están muy cercanas. “Pensemos en un diario muy oficialista: no podría titular que estamos en el mejor de los mundos porque es evidente que no es así”, ejemplifica.

Muraro ironiza sobre quienes creen que, en medio de una campaña electoral, los criterios de relevancia de los medios y la agenda social pueden escindirse abruptamente. “La gente descu-bre sus prioridades cuando va a comprar, lleva los chicos al co-legio o tienen bronquitis y necesita llevarlos al hospital. La vida cotidiana existe y tiene un peso fundamental. Todo lo demás es teoría, es delirio de estudiantes de Comunicación”, enfatiza.

Si ambas dimensiones están entrelazadas, entonces los can-didatos se distinguirán a partir de una modalización, tonos di-ferentes para problemas comunes. “Para que haya más empleo, uno propondrán privatizarlo todo y otro estatizarlo todo. Son diferencias metodológicas pero en torno a objetivos comunes”, alega Muraro. Y agrega: “Cuando uno llega a cualquier escenario político y le encargan una campaña, con sólo hacer la primera encuesta ya sabe qué es lo fundamental. En esa primera encuesta se ven cuáles son las prioridades de la gente”.



Schettini sostiene:

“Si bien resulta sumamente endeble la teoría según la cual la TV es una especie de suprapoder capaz de manipular la voluntad de los electores, no se puede negar que ella tiene una fuerte influencia en la determinación de la agenda de campaña, es decir, en la puesta en relieve de determinados temas en detrimento de otros. La TV busca la espectacularidad”.

En ese mismo trabajo, Schettini menciona una frase de Karl Popper que resulta significativa:

“La televisión se ha convertido hoy día en un poder colosal; incluso podemos decir que ella es el más importante de todos los poderes, como si ella hubiera reemplazado a la voz de Dios. (...) Ninguna democracia puede sobrevivir si no le ponemos fin a esta omnipotencia. (...) Un nuevo Hitler dispondría con la televisión de un poder sin límites (...). En efecto, los enemigos de la democracia no tienen por ahora sino una débil conciencia de este poder. Cuando ellos hayan comprendido verdaderamente lo que se puede hacer con ese poder, lo utilizarán (...). Pero entonces será demasiado tarde”.

Entre las definiciones de Muraro y su defensa sobre la de-terminación de la vida cotidiana y la omnipotencia otorgada por Popper a los medios, los dirigentes políticos deben transitar por un sendero donde los temas del mercado informativo y las prioridades sociales fluctúan, a veces coinciden y otras se alejan abruptamente en medio de un espacio inestable.

Rosendo Fraga opina:

“La agenda de los medios no siempre es la agenda de la gente y eso a veces los políticos no lo entienden. Se



tratan de ajustar a esa agenda cuando en verdad no necesariamente tiene que ver con la realidad social. Por ejemplo, los problemas del agua potable o las cloacas que afectan a buena parte de la población o las muertes por accidentes de tránsito no son abordadas por la agenda de los medios y, mucho menos, por los candidatos. Sin embargo, se trata de temas que implican a buena parte de la población. El desafío de los políticos es construir un discurso que se ajuste a la necesidad de la gente y a la vez sea accesible a la agenda de los medios”.

Por supuesto, frente a medios que operan como máquinas atravesadas por múltiples motivaciones e intereses, la propuesta de Fraga es fácil de decir pero difícil de concretar.

Giovanni Sartori24 afirma que el papel principal en la for-mación de la opinión pública lo desempeñan los medios de comunicación, a través de la de selección de noticias y el esta-blecimiento del orden de prioridades y términos de referencia en la transmisión de noticias (agenda setting).

Igualmente, Niklas Luhmann y Maxwell McCombs25 consideran que la atención del público es limitada y que, por lo tanto, los medios de comunicación implican los grados de discriminación temática y el índice temático actual que forma parte de la opinión pública. Herbert Blumler, por su parte, advierte que la televisión actúa como el medio más eficaz para el desarrollo de la influencia sobre la construcción del ambiente, por cuanto no dispone de excesivo espacio para las informaciones, con lo que determina una mayor concentración de algunas noticias y acompaña la información con

24 Sartori, Giovanni, Homo Videns, La sociedad teledirigida. Ed. Taurus, Madrid, 1998.25 Casermeiro de Pereson, Alicia, Los medios en las elecciones. Agenda setting en la ciudad de Buenos Aires, Ed. Educa, Buenos Aires, 2003.



imágenes que suscitan la emoción y dramatizan los conflictos. Se produce una influencia indirecta –pero eficaz– sobre la audiencia, al formar la percepción del ambiente en mayor medida que otras instituciones del sistema social.

Efectivamente hay un consenso bastante amplio entre los teó-ricos acerca del poder orientador de los medios masivos sobre la atención pública.

Eliseo Verón26 deposita en los medios de comunicación un poder prácticamente omnímodo al transformarlos en autores del acontecimiento social. En ese sentido, en Homo Videns: la socie-dad teledirigida, Sartori considera que “los políticos cada vez tie-nen menos relación con acontecimientos genuinos y cada vez se relacionan más con acontecimientos mediáticos, es decir, acon-tecimientos seleccionados por la video-visibilidad y que después son agrandados o distorsionados por la cámara”, y aclara que la denominada voz del pueblo es en gran medida la voz de los media sobre el pueblo.

La inusitada influencia de lo audiovisual en el campo de las estrategias electorales permitió a Giovanni Sartori acuñar el tér-mino “videopolítica”. De acuerdo con el pensador italiano, la “vi-deopolítica” surge como resultado de la transición de la “política del homo sapiens” (hombre que sabe) a la “política del homo videns” (hombre que ve). Según la postura crítica de Sartori, el homo videns posee una lógica empobrecida que privilegia la in-mediatez de la imagen en desmedro de la reflexión a la que invita la palabra. Así, la actual sería una sociedad teledirigida en la que el homo sapiens deviene en una especie de “homo zapping” y, como tal, evalúa sus opciones electorales como si la política fuera una compulsa de imágenes.

26 Verón, Eliseo, El discurso político, Ed. Hachette, Buenos Aires, 1990.



Otros autores como Shanto Iyengar y Donald Kinder distin-guen entre el poder de los noticieros televisivos para dirigir la atención del público (agenda setting) y el poder de definir los criterios de las personas de enjuiciar (priming). Para ambos ca-sos concluyen que “las noticias televisivas influyen de un modo decisivo en las prioridades atribuidas por las personas a los pro-blemas nacionales y las consideraciones según las cuales valoran a los dirigentes políticos”. Por todo ello, es indudable que los po-líticos no harán “oídos sordos” a las tendencias que se observan en los medios de comunicación.

Para Manuel Mora y Araujo, “está claro que la agenda de los medios muchas veces no tiene nada que ver con la agenda o necesidades de la gente. La imponen los propios medios y los candidatos van detrás”. El encuestador señala que siempre les re-comienda a los candidatos evitar sobreactuaciones para instalar-se. “Si un candidato tiene un mensaje de derecha no debe forzar una transformación para atraer el electorado de izquierda porque el efecto siempre será negativo. Lo importante es ser coherente, evitar manipulaciones y definir los segmentos del electoral para conformar con sus ideas”, dice Mora y Araujo.

A pesar de los consejos, el pasado político argentino está sal-picado por tropiezos nacidos en intentos por llegar a un elec-torado esquivo. El ejemplo paradigmático es la gafe del enton-ces presidente Fernando de la Rúa quien, para alejar el mote de aburrido, fue al programa de Marcelo Tinelli para enfrentar con “humor” al personaje que lo imitaba. El resultado fue calamitoso: confundió nombres, careció de gracia y, encima, fue increpado duramente por un joven del público que se le abalanzó hasta vulnerar la seguridad presidencial.

Esteban Bullrich, graduado de Harvard experto en educación que abandonó el sector público para dedicarse a la política dentro de las filas de Recrear, cree que la única manera de adecuarse a los medios con eficacia es dedicarse a un área y opinar exclusivamen-



te sobre su especialización. “Me costó mucho introducir el tema de la importancia de la educación en los medios. Sólo cuando se desataron las protestas estudiantiles en Capital por el deterioro de las escuelas empezaron a llamarme”, recuerda Bullrich.

Para el encuestador Carlos Fara, una muestra cabal de la in-suficiencia de la construcción mediática como camino exclusivo de crecimiento está representada por los casos de Rafael Martínez Raymonda (Partido Demócrata Progresista) y Héctor Polino (Par-tido Socialista), quienes obtuvieron un escaso crecimiento electo-ral a pesar de su carácter de comentadores multiuso. “Los medios desgastan y esto es real. Es buenos aprovechar las cualidades propias y potenciarlas por los medios, pero siempre hay que tener un mensaje sólido; si no, se corre el peligro de ser visto como una figura vieja y desgastarse”, reflexiona Fara.

Para Alicia Casermeiro de Pereson,27 directora del Instituto de Comunicación Social, Periodismo y Publicidad de la UCA, como consecuencia de la agenda setting impuesta por los me-dios, los grupos que son demográficamente divergentes tien-den a converger cognitivamente. Sin embargo, la especialista señala una particularidad: el temario problemas del segmento social de mayor exposición a los medios muestra una corre-lación con la agenda de prensa menor que los de mediana exposición, aunque ambos en valores significativos convergen en sus juicios. Una conclusión posible es que la lectura de los medios de los segmentos con mayor acceso a la información tiene un componente superior de crítica y autonomía frente a la agenda de los medios.

Para Martínez Pandiani,28 la imposición de la agenda política se refiere a la instalación en los medios masivos de los ejes de

27 Casermeiro de Pereson, A., op. cit.28 Martínez Pandiani, G., op. cit.



discusión política que interesan al candidato. En general, son los diarios quienes imponen la agenda de temas mediante sus pri-meras planas, mientras que la radio y la televisión los “levantan” y replican durante la semana. La tarea de generar una agenda favorable al candidato implicaría, por lo tanto, “producir” la no-ticia y luego medir su impacto en la opinión pública.

Ambas funciones del equipo de prensa se ven dificultadas por la imposibilidad de controlar la línea editorial de los me-dios masivos. Los candidatos deben competir tenazmente por lograr el apoyo o, al menos, la neutralidad de los principales formadores de opinión de su distrito. Una excepción anecdóti-ca la constituye el caso del ex presidente brasileño, Fernando Collor de Melo quien, como propietario de la Rede Globo, uti-lizó el poder de la más importante cadena de noticias de Brasil en beneficio de su campaña electoral. La reacción de su adver-sario, Lula da Silva, llegó en forma de eslogan: “El pueblo no es bobo, abajo la Rede Globo”. Otro caso paradigmático en el nivel mundial sería el del premier italiano, Silvio Berlusconi, que es propietario de un multimedio de importante alcance en Italia y Europa.

El riesgo implícito es concentrarse únicamente en el objetivo de atraer el interés de los medios y olvidar al electorado. Martínez Pandiani recuerda que en la interna de la Alianza UCR-Frepaso, miembros del equipo de la candidata Fernández Meijide distribu-yeron en los barrios más humildes miles de desodorantes femeni-nos que llamaron “Graciela Spray”. El material de promoción no fue acogido con la simpatía esperada sino que, por el contrario, fue interpretado como un mensaje subliminal que identificaba su po-breza con la falta de higiene. En este caso, la estrategia publicitaria se oponía al discurso habitualmente pregonado por la candidata “a favor de los pobres”. Es decir, lo que se pensó como un tema de agenda mediática colisionó con la percepción del electorado que se buscaba seducir.



En el III Seminario Internacional de Management Político, Fara planteó que una clave para atraer la mirada de los medios es proponer pocas cosas pero con impacto y atribuyó la debilidad de los candidatos para instalar temas a una falta de estrategia de quienes diagraman las campañas.29

Coincidentemente, Roberto Izurieta Cánova, director del pro-grama para América Latina de The Graduate School of Political de The George Washington University, asegura que para posi-cionar su agenda, el candidato debe emitir un mensaje corto, claro y creíble:30 “No se puede comunicar todo. Además, la gente está harta de escuchar a los políticos. Más vale, por ello, definir un mensaje que sea capaz de sintetizar la propuesta puntual del candidato, que sea simple y que transmita no sólo un sentido ra-cional sino emocional”. Como ejemplo, Izurieta Cánova recuerda el discurso corto y simple de la última campaña de Bush frente al mensaje más rebuscado y carente de emociones que transmitía su oponente demócrata, John Kerry.

El secretario de redacción del diario Clarín, Julio Blanck, cree que hay un temor desmedido de los políticos frente a la importancia suprema otorgada a la palabra escrita antes de que a lo que se dice en televisión. En coincidencia con ello, el se-cretario de redacción de Ámbito Financiero, Ignacio Zuleta,31 entiende que los políticos se muestran más complacientes con los periodistas televisivos que con los gráficos porque persiste la idea de que en la TV o radio a las palabras se las lleva el viento y nadie los escucha con atención.

Existe, al entender de Manuel Mora y Araujo, cierto me-nosprecio de los políticos por el valor que tiene la comu-

29 III Seminario Internacional de Management Político, 12 y 13 de mayo de 2005, Buenos Aires.30 Ibídem.31 Ibídem.



nicación en la política y confían más en los aparatos que en el mensaje que se difunde. Pero el encuestador resalta que los hechos muchas veces han demostrado lo contrario: los aparatos partidarios del peronismo fueron derrotados por Alfonsín en 1983 y el aparato del PJ bonaerense de Antonio Cafiero sufrió un duro golpe por parte de Menem en las elec-ciones internas de 1988.

Pero también es verdad que los dineros públicos alimentan gran parte de la publicidad de los medios y que, como conse-cuencia, los dirigentes vinculados al Estado están en mejores condiciones de obtener la benignidad del mercado informativo. “¿Cómo se hace para jaquear el poder de un candidato senta-do en la oficina de una gobernación que tiene la posibilidad de comprar la publicidad con la plata que, entre otros, aporta el candidato que quiere cambiar el gobierno?”, se pregunta, en ese sentido, el encuestador Jorge Giacobbe. Su propia respuesta es que el candidato termina por “pactar”. Y agrega: “Así se condi-cionan. Por eso hay medios que le piden a un diputado que vote cierta ley porque si no, no aparecen más. El problema es: ¿dónde está el poder? ¿Estamos hablando de poder o estamos hablando de la representación del poder?”.

Necesidades sociales. Agenda de los medios. Intereses del mercado informativo. Prioridades y especialización del can-didato. Muraro concluye que los dirigentes deben generar un temario propio pero con problemas que, cuando la gente los escuche, perciba como propios. “En la Argentina actual, cual-quier candidato que quiera llamar la atención del electorado tiene que hablar de los temas que importan: desocupación, inseguridad y bajos salarios. Si es original y pone como agen-da a discutir, por ejemplo, el aborto, puede tener un beneficio residual, pero resultará insuficiente para ganar una elección”, resume.



LA A P A R I C I Ó N D E L O S E X T R A P A R T I D A R I O S DEBACLE DE LA POLÍTICA O RENOVACIÓN

Automovilistas, jugadores de fútbol, corredores de lanchas, acto-res o cineastas y pintores pasaron sin escala previa a la plana ma-yor de diversos partidos políticos cuando la crisis de representación los convocó para sumar votos. La fama y el reconocimiento públi-co colaboraron, a veces, para un ascenso rápido y voraz. Algunos se esfumaron sin dejar rastros. Otros sobrevivieron con decoro y aprendieron las artes de la carrera política. “La presencia de extra-partidarios marca cierta degradación de la política y una necesidad de los partidos de cooptar votos por medio de la imagen. La gente a la larga lo percibe y emite sus opiniones”, señala Rosendo Fraga, para quien existen dos clases de políticos extrapartidarios:

1. Los circunstanciales. Este puede ser el caso de Ramón Ortega o el “soldado Chamamé”, que no han logrado traspasar la barrera de su imagen y su trayectoria en el campo de proveniencia.

2. Los permanentes. Son aquellos que perduran mas allá de sus condiciones de fama porque han demostrado que pueden manejarse como políticos verdaderos. Este puede ser el caso de Carlos Reutemann, Daniel Scioli y, más recientemente, Mauri-cio Macri. El corredor de Fórmula Uno fue dos veces goberna-dor de Santa Fe y Scioli fue diputado y luego vicepresidente, fruto de los acuerdos alcanzados en su momento entre Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde.

Se trata de una tendencia mundial: los partidos necesitan de extrapartidarios para ganar elecciones porque sus figuras mu-chas veces están desgastadas o porque la gente requiere de un modelo diferente para verse representada. El político tradicional no convence y la militancia no asegura victorias electorales de fácil resolución.



Heriberto Muraro entiende que, más allá de la fama de los candidatos, siempre se necesita un mínimo de aparato partidario para enfrentar una elección. Desde su punto de vista, los extra-partidarios pueden hacer “un buen convenio con alguna estruc-tura partidaria vacante, sin candidato propio, y llegar a un arre-glo. Pero no se puede prescindir del partido”. El sociólogo cita como ejemplo exitoso la proyección de Luis Juez, quien dejó el Poder Judicial y fue elegido intendente de la ciudad de Córdoba: “Pero Juez buscó una estructura del PJ disconforme y, además, captó los votos residuales que quedaban en la ciudad, sobre todo de afiliados de la Unión Cívica Radical, cuyo partido tenía mu-chos conflictos internos”.

El menemismo fue un exponente paradigmático en el uso de extrapartidarios para su beneficio electoral. Así aparecen en la década de los 90 personalidades con trayectorias ampliamente conocidas por la sociedad, como el corredor de Fórmula Uno Car-los Reutemann, el cantante Ramón “Palito” Ortega, el corredor de lanchas Daniel Scioli y el humorista Albino Rojas, conocido como “el soldado Chamamé”, entre otros. El radicalismo, por cierto, también tuvo entre sus candidatos a la escritora Marta Mercader, el actor Luis Brandoni y el cómico Nito Artaza. Hubo intentos fallidos, como el protagonizado por el técnico de la selección nacional de fútbol Carlos Salvador Bilardo y otros con mayores cuotas de éxito, como ejemplifica la carrera del empresario y pre-sidente del club Boca Juniors, Mauricio Macri. Este caso resulta particular: transitó el camino a la política desde el empresariado pero su paso por la presidencia de Boca le sirvió de testeo en su relación con la gente y su potencial de popularidad. Luego de afianzar su carrera en Boca, Macri se lanza a la carrera política en las elecciones a jefe de gobierno porteño, que pierde por po-cos puntos contra Aníbal Ibarra, y luego se vuelve a presentar en 2005 como candidato a diputado nacional por la Capital. En 2002, en medio de la crisis política de la Argentina, Macri fue



32 Reutemann, Carlos, Coloquio Internacional “La costumbre de la democracia. Elec-ciones presidenciales en Argentina”, Chile, Uruguay, Fundación Cívico Republicana, Fundación Centro de Estudios para la Nueva Mayoría y Fundación Friedrich Naumann, Buenos Aires, 2000.

tentado para presentarse como candidato presidencial pero de-sistió. “Sería poco serio de mi parte presentarme como candidato a Presidente porque no me siento preparado para enfrentarlo”, dijo en ese entonces el joven empresario. Macri sustentó buena parte de su carrera política en el apoyo de la fundación Grupo Sophia, el aporte de empresarios amigos y con la creación del partido Compromiso para el Cambio. En 2005 selló una alianza con López Murphy para conformar en el Congreso un bloque de legisladores de centro derecha.

Reutemann admite una formación política que se nutrió fun-damentalmente durante sus años pasados fuera del paísy señala:

“Viviendo en el extranjero pude ver lo que hacían en Inglaterra Harold Wilson [líder laborista entre 1964 y 1970] y Edward Heath [conservador que vuelve al pod-er tras la debacle de los laboristas] y lo que hacían en Francia Giscard d’Estaing [candidato de los republica-nos independientes que en 1976 derrotó en la segunda vuelta al socialista Francoise Miterrand]. Pero en 1983, cuando regresa la democracia, estaba lejos de pensar que en 1990 se me daría la oportunidad de ingresar al mundo de la política”.32

El ex corredor de Fórmula Uno dice que para presentarse como candidato a gobernador de Santa Fe “lo consulté mucho con la gente de mi provincia y todos estaban de acuerdo en que el derecho a elegir y ser elegidos es para todos”. Pero enseguida admite que la ley de lemas le permitió ganar las elecciones y asegura que, para subsistir en la política, “tuve que estar con los



ojos muy abiertos todos los días porque no tenía experiencia”. Fue la combinación de la ley de lemas, el apoyo partidario del PJ y la relevancia de su figura la clave que permitió a Reutemann ser gobernador de Santa Fe en dos oportunidades.

Scioli asegura que nunca pensó que con el crédito que tenía por su trayectoria deportiva sería suficiente para instalarse en la política. El primer desafío que encontró fueron las elecciones internas del PJ, donde enfrentó a Miguel Ángel Toma, que ma-nejaba buena parte del aparato peronista porteño. Scioli asegura que el triunfo interno le abrió la puerta para ganarse el respeto de la militancia y de buena parte de la dirigencia que lo subes-timaba, mostraba mezquindades y cierto egoísmo por tratarse de un extrapartidario. “La subestimación no sólo venía de parte de los dirigentes sino también de algunos periodistas que no me veían capaz de ajustarme a los tiempos y moldes de la política”, comenta Scioli. A la distancia, el actual vicepresidente sostiene que “la clave” de su ascenso fue “no haber llegado con ánimos de destrucción sino de construcción”, es decir, elaborar “un discurso para mejorar la política pero no para cuestionar a los políticos. “No sirve de nada si uno se presenta con un discurso de ataque”, reflexiona. Scioli asegura que aplicó mentalidad empresarial y, por ejemplo, integró entre sus asesores a profesionales vincula-dos con el PJ pero también con el cavallismo y el radicalismo.

Al igual que su colega Muraro, Mora y Araujo cree que sin el respaldo de una estructura política, las figuras extrapartidarias carecen de chances de triunfar en una elección. “Un artista de televisión puede ser muy conocido pero si no cuenta con una estructura visible detrás no gana”, dice.

En 1997, la conductora de televisión Raquel “Pinky” Satragno se presentó por la Alianza en las elecciones comunales de La Matanza pero fue derrotada por el peronista Alberto Balestrini. Tanto en el Frepaso como en el radicalismo, los dirigentes



consultados coinciden en señalar que Pinky perdió por su aversión hacia las estructuras partidarias. Así lo explica también Gabriel Vommaro,33 cuando recuerda que el candidato a intendente de La Matanza debía ser designado por el Frepaso, por lo que la postulación se dirimió entre dos dirigentes de esa fuerza: la sindicalista docente Mary Sánchez y Herminio Bayón, cuya principal fortaleza era prometer que si triunfaba en las internas dejaría su lugar a la animadora televisiva de conocida filiación radical. Antes, Bayón y otros dirigentes matanceros habían intentado convencer sin éxito a la otra corriente frepasista de la conveniencia de la candidatura de Pinky por encima de los acuerdos partidarios. Tras el triunfo de la interna, Bayón hizo lo prometido y Pinky fue la candidata a intendente, lo cual desató un conflicto en el interior del Frepaso y entre las fuerzas integrantes de la Alianza. Poco antes de las elecciones, Pinky expresó en una entrevista que publicó el diario Clarín que “los hechos demuestran que la gente está cansada de que elijan los candidatos a dedo”.34 Luego afirmaba, evidenciando que su principal capital era encarnar “lo que quiere la gente”. El resto es historia conocida: Pinky perdió en forma escandalosa porque con resultados en boca de urna anunció que había ganado y pocas horas después tuvo que rectificarse porque los cómputos oficiales la daban perdedora.

Inversamente a lo que constituye toda una facilidad en el ca-mino de la política para las personalidades célebres, Borrini, en su trabajo Cómo se vende un candidato, señala que para el po-lítico desconocido, el proceso de hacerse conocer está lleno de peligros y potencialidades: “Los políticos que se centran en hacer conocer su nombre sin preocuparse, al mismo tiempo, por comu-nicarle a la gente sus atribuciones e ideas, a menudo condenan su propia carrera”.

33 Vommaro, G., op. cit.34 Clarín, 28 mayo de 1997.



Eduardo Zukernik está convencido de que hay casos puntua-les en que las figuras se convierten en mediáticas por su apa-rición reiterada en los medios y no por su trayectoria personal en la política. Menciona el caso de la diputada María América González, “quien hizo su pase a la política precisamente por su prestigio en los medios”. Está claro también que, como sostiene la politóloga Delia Ferreira Rubio, “algunos medios promueven candidatos y cuando lo hacen los candidatos tienen toda la fuerza del medio. No se puede generalizar, pero es evidente que hay medios que sí lo hacen”.35

La diputada frepasista María América González, quien se hizo conocida en televisión como defensora de los jubilados, admite que existen medios que promueven a determinados candidatos por encima de los otros: “Sé muy bien cómo los medios niegan a determinados candidatos y, en sentido contrario, ayudan a otros que están de acuerdo con lo que ellos piensan”.36 En ese sentido, González asegura que luego de dieciséis años de trabajar en tele-visión, en el presente tienen que “pedir que me hagan una nota porque me han echado de todos lados”.

LA G E S T I Ó N C O M O P R O P A G A N D A

LO S M U N I C I P I O S C O M O I M A G E N E N L A C A M P A Ñ A

La gestión pública facilita la proyección de un dirigente al valerse de las obras de gobierno como exhibición de su liderazgo. Pero la propaganda enfrenta límites que, de traspasarlos, pueden volverse en contra.

Los municipios se convirtieron en los últimos años en ver-daderos pilares de la carrera política. Entre los exponentes

35 Zukernik, E., op. cit.36 Ibídem.



conocidos sobresale Eduardo Duhalde, que construyó su fama y su poder desde el municipio de Lomas de Zamora; Fernando de la Rúa, como jefe comunal de la ciudad de Buenos Aires; o el propio Néstor Kirchner, que comenzó su carrera política en la intendencia de Río Gallegos. Pero no son los únicos. En el Congreso, un 40% de los legisladores fueron intendentes en algún momento.

Por ello, la propaganda y comunicación de la gestión muni-cipal se transformó en un eje estratégico. “El municipio es un escenario privilegiado para el aprendizaje democrático y la re-construcción de la acción política, dada la proximidad que la esfera local guarda con los ciudadanos”, sostiene Diego Alberto Giuliano en Hacia una nueva cultura política. Para Giuliano, el municipio permite reestablecer intensa y rápidamente el compro-miso de los dirigentes con el pueblo sobre la base de la redun-dante cercanía física, psíquica y geográfica. Y añade:

“El municipio es el ámbito ideal y la escala óptima para la apertura efectiva de los espacios de poder. La inmediatez vecinal y relacional que involucra la comuna la convierten en el banco de pruebas más admirable de la democracia, sobre todo en el tránsito de la antigua democracia representativa a la más contemporánea democracia participativa y social”.37

Las Oficinas de Quejas, Reclamos o Informes, el Defensor del Pueblo municipal, el presupuesto participativo o las audiencias públicas son espacios aprovechados por los intendentes para ha-cer propaganda de su gestión y potenciar los aspectos positivos de su comuna como herramienta que les garantice un salto cua-litativo en términos de candidaturas.

37 Giuliano, Diego A., “Hacia una nueva cultura política”, en Blomeier y Blanco, op. cit.



El intendente de Morón, Martín Sabbatella, admite que su prime-ra gestión como intendente fue la plataforma ineludible para su re-elección y conocimiento en el nivel nacional. “Uno puede demostrar que es capaz de gobernar y que no se queda con el discurso sino que hay un trabajo detrás que es palpable y visible”, reflexiona. En este sentido, el Departamento de Prensa de la comuna de Morón cobró en los últimos años una jerarquía similar a una secretaría de cualquier otro ámbito de la comuna. Allí se elabora un boletín mensual que se distribuye gratuitamente a todos los vecinos, con noticias vincu-ladas con la actividad cultural, la seguridad, la limpieza, la salud, la educación y las obras que realiza el municipio. Cuenta, además, con aportes y propuestas puntuales que acercan los vecinos.

De todas maneras, la propaganda comunal requiere, como lo plantea el propio Sabbatella, de un “gran equilibrio y hetero-geneidad” en la información porque una lectura sesgada puede exhibirla como parte de una campaña electoral y volverse en contra del intendente. Ambas dimensiones, comunicación elec-toral y propaganda de gestión, exigen, por lo tanto, tratamientos diferentes y lenguajes diversos.

Como los presidentes o gobernadores atacados por usar fondos públicos para su propia publicidad, los intendentes también son blanco de críticas cuando abusan de la propagan-da oficial con fines electorales. En este sentido, el consultor de comunidades públicas de París, Patrick Lamarque, en su libro Poder local, advierte:

“El pasaje del marketing electoral a la comunicación pública le exigirá más que una inflexión en la manera de habla. Al encargarse de la ciudad entera, pasará a formar parte de su identidad. Allí donde –obligado por el posicionamiento diferenciado– el marketing electoral resultaba ejemplificador, ahora su comunicación se volverá compleja. La nueva comunicación tomará en



38 Lamarque, Patrick, Poder local. Lo esencial de su comunicación, Ed. Libros del Rojas, Buenos Aires, 2001.

cuenta las múltiples actividades de la municipalidad y los organismos conexos y aún más: el destino colectivo”.38

Para Lamarque, “los principales cimientos de la comunicación y su mayor objetivo (como intendente) ya no serán un simple posicionamiento que lo diferencie de sus competidores sino la expresión identitaria de una ciudad cuyos destinos orientará por un tiempo”. Se transformará, de ahora, en el “alcalde de todos” y para ello deberá “desplegar su energía sin distinción de opinión ni color político”. En ese sentido, Lamarque recomienda que la publicidad oficial no elogie la gestión comunal, que no se inten-sifique en épocas proselitistas y que se demuestre una neutrali-dad en el servicio público. Consejos, con demasiada facilidad la dirigencia local deja rápidamente a un lado cuando se avecinan competencias.


DI A G N Ó S T I C O Y P R O P U E S T A S

La política contemporánea sufre las consecuencias de abjurar de su capacidad transformadora, de ceder al mercado la posibilidad de definir horizontes y trazar estrategias públicas. La resignación del cambio bajo la tesis del pragmatismo ya había inspirado, en la primera mitad del siglo XX, el sarcasmo de Bertrand Russell, cuando atribuyó a los políticos la capacidad de volver imposible lo posible. Al invertir la idea clásica de la política como el arte de lo posible, la ironía de Russell parece un calamitoso presagio de las últimas dos décadas de democracia argentina. ¿Empresas públicas eficientes? Imposible. ¿Una distribución justa de la riqueza? Utopía. ¿Pleno empleo? Irrealizable. ¿Política sin clientelismo? Quimérico.

En su libro El fin de las pequeñas historias, el sociólogo Eduardo Grüner abre su llamado a favor de repensar las grandes transformaciones sociales con una cita de Jean Paul Sartre: “El mundo de hoy se nos aparece horrible, malvado, sin esperanza. Esta es la tranquila desazón de un hombre que morirá en ese mundo. No obstante, es justamente a eso a lo que me resisto. Y sé que moriré esperanzado. Pero es necesario crear un fundamento para la esperanza”.

A lo largo de los capítulos anteriores, la indagación sobre las formas de ascenso político exhibió un paisaje sombrío: los grandes partidos abdicaron de la discusión de ideas; los aparatos,



verdaderas maquinarias de compra de votos y voluntades, esparcieron el clientelismo sobre el campo fértil de la pobreza y el desempleo; el dinero ilegal financió sin control gran parte de las campañas proselitistas; y el Estado, escondido detrás de leyes con buenas intenciones, fue incapaz de sancionar a los responsables.

El objetivo final de la investigación es, sin embargo, sembrar con propuestas el fundamento para la esperanza y advertir que las crisis son irrepetibles oportunidades de cambio. El desafío, sin embargo, exige transitar por múltiples senderos a la vez y a lo largo de un tiempo prolongado: “Para todo problema complejo -decía Umberto Eco- hay una solución simple: y no es la correcta”.

Efectivamente, la búsqueda de un sistema de partidos representativo, donde se escale a través del mérito y se fortalezca con el debate de ideas, donde el clientelismo y el financiamiento ilegal puedan ser acorralados como fenómenos marginales, necesita de innovaciones simultáneas. La primera transformación, por supuesto, debe darse en el interior de los partidos y en la concepción de la política, pero sólo puede llegar de la mano de nuevas formas de participación y control social.

TR A N S F O R M A R L O S P A R T I D O S

La realidad argentina, aunque por momentos se presente extraña como un aguacero en el desierto, navega sobre las corrientes universales de una época que, como consecuencia de la crisis de la representación política tradicional, reclama una resignificación de la idea de democracia. Tanto el papel de mediador entre los poderes del Estado y el resto de la sociedad como la capacidad de dar sentido político a la realidad dejó de ser predominio exclusivo de los partidos. El presente los enfrenta a nuevos competidores, como los medios de comunicación, las organizaciones del tercer sector y las renovadas formas de protesta y expresión social.


Desafíos del futuro - 175

Sin embargo, los partidos subsisten como un catalizador irremplazable y valioso de las diferentes expresiones políticas que refuerzan la compleja gobernabilidad de las democracias latinoamericanas. Su funcionamiento fue repetidas veces criticado, pero hasta el presente no existen formas de democracia que puedan operar sin partidos.

La debilidad latinoamericana de un mundo desigual, a la vez, exige fortalecer las expresiones políticas y ampliar el sustento democrático. En ese proceso, los partidos cargan con una responsabilidad intransferible. La Argentina necesita partidos fuertes que sostengan, enriquezcan e impulsen una democracia sólida, justa y participativa.

El fortalecimiento, sin embargo, no es un problema de tamaño sino de legitimidad. Los partidos tienen la obligación de reconstruir un espacio público que equilibre las voces de una sociedad desigual. Si se resignan a convertirse en reductos anquilosados, reservados para una oligarquía burocrática, renunciarán a su porvenir.

El camino de la superación implica un conjunto de medidas donde se destaca la necesidad de superar las dos plagas que oscurecieron su funcionamiento interno, marginaron el mérito como condición de ascenso y crearon barreras para la participación: los aparatos electorales y el financiamiento ilegal.

DE S A R M A R L O S A P A R A T O S

La recuperación de la legitimidad de los partidos implica rescatar la discusión programática interna y, de esa forma, otorgarles una identidad que fortalezca su protagonismo en la competencia por el poder estatal. La subestimación del debate doctrinario respondió a la tiranía del éxito electoral, que se convirtió en el único principio rector del funcionamiento partidario. En un tiempo dominado por el cálculo de la conveniencia y la lógica del



consumo, los partidos se vaciaron de política y se mecanizaron. Por el contrario, al revalorizar el eje programático, el partido conquista estabilidad y legitimidad en el tiempo. Si la importancia otorgada al programa político se equipara con la búsqueda del control del poder, los fracasos electorales tendrán “menores consecuencias que los impactos más directamente relacionados con las posiciones políticas (o ideológicas) del partido”.1

Por ello, el compromiso con el debate de ideas y la superación de las propuestas de gobierno deben transformarse en exigencias ineludibles para la dirigencia e incluso para sus afiliados, ya que de esa forma se excluye a los votantes rentados que sólo se presentan en los partidos cuando el aparato se pone en marcha para garantizar las candidaturas de sus gerentes.

Después del fracaso de la Alianza, un sector de la UCR porteña esbozó una propuesta de reforma interna que apuntaba a “superar las prácticas clientelares que han pervertido la vida de los partidos” y, entre otras medidas, planteaba la “elección directa del presidente y vicepresidente” de la agrupación, el “fortalecimiento de la actividad en frentes sociales”, la “ratificación de la afiliación con opción de ser afiliados activos –que aportarán al financiamiento partidario en una escala acorde a la posibilidad de cada uno– o adherentes, con diferentes derechos y obligaciones”, endurecer el “régimen de incompatibilidades” para los candidatos y la elaboración de un “código de ética suscripto por los afiliados”. La figura de “afiliado activo” aumentaba las exigencias de quienes participaban en las elecciones internas, al obligarlos a participar en debates y reuniones partidarias, contribuir con los trabajos de circulación interna sobre políticas públicas y con las tareas sociales de los comités. Incluso los obligaba a realizar aportes económicos acordes a sus ingresos.

1 Alcántara Sáez, Manuel y Freinderberg, Sara, Organización y funcionamiento interno de los partidos políticos en América Latina, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001.



De esa forma, las exigencias excluían automáticamente el alud de votantes que sólo se presentan en las elecciones internas y los aparatos ven reducida su capacidad de operar. En perspectiva, la reforma apuntaba a moldear a la UCR de acuerdo con el formato europeo: partidos de cuadros reducidos y con afiliación activa. Pero el trabajo quedó reducido a un esbozo.2

Otra forma de achicar los aparatos es favorecer la rotación interna. La prohibición de las reelecciones y los incentivos para que los dirigentes eviten transformarse en burócratas partidarios que “viven de la política más que para la política”3 son otras vías para fortalecer la apertura social de los partidos y reducir el clientelismo.

Juan Abal Medina, doctor en Ciencias Políticas de FLACSO, advierte que “en Argentina, la existencia de aparatos es precisamente la demostración de que los partidos no son fuertes. El partido es mucho más que un aparato: es una visión programática, tiene una dimensión histórica, un proyecto, un ideal”. Por contraposición, Abal Medina sostiene que “la presencia de partidos fuertes, sólidos y nacionales reduce fuertemente la presencia e influencia de los aparatos electorales”.

El clientelismo es la herramienta fundamental de la cual se valen los aparatos para incidir en la vida de los partidos políticos y, como quedó demostrado, su nutriente principal es la pobreza, que favorece el aprovechamiento de las necesidades para condicionar la participación electoral. Por tal motivo, cualquier reforma política será insuficiente para eliminar el clientelismo sin el acompañamiento de una mejora generalizada de la situación económica.

2 El radicalismo en el 2005. Trabajo de circulación interna de la UCR porteña.3 Alcántara Sáez, M. y Freinderberg, S., op. cit.



La descripción de Miguel Ángel Vite Pérez sobre el clientelismo en México muestra cómo en el problema, común a gran parte de Latinoamérica, confluyen la situación socioeconómica, la cultura política del intercambio de favores por votos y la debilidad institucional:

“Los rasgos de fidelidad y lealtad son importantes para el individuo que controla la distribución de las fuentes necesarias para la reproducción socioeconómica de las familias. Pero las familias recurren al protector porque su condición así se los demanda: son pobres y, al mismo tiempo, el poder público no tiene los mecanismos para suplir la función que cumple de manera eficiente el líder o cacique”.4

El abandono estatal, en efecto, es la otra faceta del clientelismo.

Por ello, Abal Medina considera que la solución debe transitar tres vías paralelas:

“Primero y principal, mejorar la condición socio-económica, porque mientras existan enormes sectores de la población sumergidos en la miseria es absolu-tamente explicable que se cambien votos por favores. El segundo punto es fortalecer el Estado, si se permite que el Estado se use para nombrar militantes, ñoquis y repartir beneficios, el aparato se ve favorecido. Por lo tanto, hace falta una profunda reforma del Estado. Y la tercera cuestión es fortalecer los partidos, es decir, generar organizaciones partidarias más cercanas a los deseos, motivaciones e intereses de la ciudadanía”.

4 Vite Pérez, Miguel Ángel, “Clientelismo, favores a cambio de lealtad”, Revista Etcétera, Distrito Federal de México, México, 1999.



Otros especialistas, como el profesor de la Universidad Di Tella y director de la consultora Poliarquía Sergio Berensztein, prefieren acentuar la necesidad de reducir el presidencialismo argentino como una forma de fortalecer el resto del tramado institucional y, consecuentemente, el papel de los partidos políticos.

“El presidencialismo se transformó en un poder prácticamente discrecional, que es necesario atenuar con una distribución de las decisiones, planes plurianuales que excedan el marco de un gobierno y un sistema de control institucional, sólo así se podrá terminar con los ciclos de presidentes fuertes, luego débiles y finalmente, crisis”.

También Ricardo Sidicaro, doctor en Sociología y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, traza un hilo conductor entre la crisis de los partidos y las características del Estado argentino. “Competir con un partido grande sin la ayuda del Estado es una tarea prácticamente imposible en la Argentina”, advierte. Y considera:

“Para que un partido chico tenga posibilidades reales de acceder al poder debe evitar transformarse en un ‘barrelotodo’, es decir, en una fuerza que trata de acaparar todo el espectro de demandas sociales: es mejor que los nuevos partidos y sus dirigentes se especialicen en temas particulares, que sean conocidos por propuestas específicas, que apunten a un nicho del electorado y se transformen en un aporte valioso para la política”.

Alrededor de los cimientos planteados, ineludibles, existe a la vez una multiplicidad de medidas puntuales que pueden contribuir a una mejora del funcionamiento interno de los partidos políticos. Aunque antes de plantearlas es necesario advertir que siempre serán insuficientes por sí solas:



La realización de internas abiertas y simultáneas con un registro de los votantes para evitar que los afiliados de una fuerza puedan influir en las decisiones de las otras.

Mayor control sobre el uso de recursos públicos en las campañas electorales y, en especial, sobre los gastos reservados de los organismos de inteligencia.

La renovación total de los cargos legislativos en los niveles nacional, provincial y municipal cada cuatro años, con limitaciones para las reelecciones.

Dotar de mayor independencia a la justicia electoral, con una normativa específica para el control del financiamiento de las internas partidarias.

Las propuestas anteriores apuntan a democratizar el funciona-miento de los partidos, pero la transformación debe avanzar tam-bién hacia la eliminación del financiamiento ilegal de las campa-ñas. Si los recursos de los candidatos son abismalmente desiguales, la competencia electoral se transforma en una parodia. El dinero negro es, además, una de las vías predilectas para la intromisión del delito en la vida política.

Las múltiples propuestas en estudio coinciden en la nece-sidad de reducir los gastos, por ejemplo, a través de la pro-hibición de la publicidad en televisión, que representa la mayor parte de la inversión. La reducción del volumen pub-licitario también contribuye a la revalorización del mensaje por encima de la imagen. La contrapartida de las limitaciones publicitarias debe ser una ampliación equitativa de los espa-cios públicos cedidos a los partidos políticos en los medios de comunicación.

La legislación argentina acotó la duración de las campañas, pero su sistemática violación nunca fue penada. La disyuntiva



lleva la mirada hacia la justicia electoral y la necesidad de reforzar su autonomía frente al poder político. Expertos como Abal Medina aluden a la necesidad de “ciudadanizar” los controles, es decir, incorporar actores independientes, menos condicionados por los poderes estatales.

Poder Ciudadano propone también una reforma legislativa que incluya las elecciones internas, donde se “reproducen los vicios e ilegalidades que se producen en las campañas o actos electorales interpartidarios, con el agravante de que constituyen una ocasión para el enriquecimiento personal de militantes de los partidos políticos”. Y agregá: “Resulta impostergable debatir y legislar sobre la creación de un órgano autónomo que tenga a su cargo el control del patrimonio de los partidos políticos, así como de los recursos de origen público y privado que éstos utilizan para su funcionamiento habitual y durante las campañas electorales”.5

Algunos analistas consideran que una ley de lobby en la Argentina, que permitiera y obligara a los distintos grupos empresarios a decir cuánto dinero le aportaron a un candidato en particular, contribuiría a una mayor transparencia en el uso de los fondos privados en la política. Otros sostienen que un sistema que blanquee estos desembolsos mediante descuentos en algunos impuestos también ayudaría a dejar los vínculos a la luz pública.

En el extremo de las posiciones, el ARI propone, directamente, prohibir cualquier tipo de donación proveniente de una empresa y sólo autorizar contribuciones individuales con un techo bajo.

La discusión sobre la relación entre el sector privado y el mundo político excede los límites de los partidos, en especial en una era atravesada por la tensión entre la democracia y el mercado. Los límites, en todo caso, serán ociosos sin presión y control social.

5 Fundación Poder Ciudadano. Dinero y política. Monitoreo Cívico del Financiamiento de las Campañas Electorales, Buenos Aires, 2005.



Entre las experiencias alentadoras de transformación política se destaca el presupuesto participativo de Porto Alegre, Brasil, que alumbró una nueva forma de concebir la relación entre la economía, el Estado y la democracia. En 1988, en la campaña para la intendencia de Porto Alegre, el PT propuso democratizar las decisiones de la futura gestión a partir de consejos populares. Esos consejos tomaron decisiones en reuniones plenarias a las que se convocaba a través de diarios barriales, boletines y panfletos. Como saldo de este funcionamiento se generaron tres tipos de grupos políticos. Uno acostumbrado a funcionar de manera clientelar, que progresivamente fue rechazado por los propios delegados de los plenarios. Otro donde aparecieron liderazgos que fueron trasformando su lenguaje político y se constituyó en un nuevo nexo entre las bases y el Estado. Y finalmente, los denominados “liderazgos emergentes”, de donde surgieron los nuevos cuadros partidarios.

Más allá del futuro de la experiencia de Porto Alegre, la enseñanza indica que la superación de la política sólo puede llegar de la mano de nuevos instrumentos de participación que otorguen un sentido renovado a la idea de representación y recuperen para las fuerzas partidarias su capacidad transformadora.

En 1968, los estudiantes pintaban una propuesta provocadora en las paredes del barrio latino de París: “Seamos realistas, pidamos lo imposible”.


Bibliografía


Alcántara Sáez, Manuel y Freinderberg, Sara, Organización y funcionamiento interno de los partidos políticos en América Latina, Universidad de Salamanca, 2001.

Alonso, Laura, ¿Cómo monitorear instituciones legislativas? Propuestas para la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil, Fundación Poder Ciudadano, Buenos Aires, 2005.

Alonso, Laura, El Congreso bajo la lupa 2004, Fundación Poder Ciudadano, Buenos Aires, 2005.

Arzadun, Daniel, El peronismo: un reino sin monarca, AGEBE, Buenos Aires, 2004.

Blomeier, H. y Blanco, D. (eds.), Cuando el desencanto... encanta. Reflexiones sobre comunicación, política, sociedad y democracia en Argentina, Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 2005.

Borrini, Alberto, Cómo se vende un candidato. Un siglo de campañas políticas en la Argentina, Ed. La Crujía-Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 2005.

Botto, Mercedes, La relación partido/gobierno en la nueva democracia argentina, European University, Institute, Florencia, 1999.

Casermeiro de Pereson, Alicia, Los medios en las elecciones. Agenda setting en la ciudad de Buenos Aires, Ed. Educa, Buenos Aires, 2003.

Bibliografía - 185



Cheresky, I. y Pousadela, I., El voto liberado. Elecciones de 2003: perspectiva histórica y estudios de casos, Ed. Biblos, Buenos Aires, 2004.

Corcuera, Santiago y otros, El control judicial del proceso electoral. La experiencia argentina 2002-2003, PNUD, Buenos Aires, 2004.

Dahrendorf, Ralf, en diálogo con Antonio Polito, Después de la democracia, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003.

Dalbosco, H., “La administración pública en la Argentina”, tesis de la Universidad de San Andrés sobre carrera administrativa de la función pública.

De Imaz, José Luis, Los que mandan, Eudeba, Buenos Aires, 1965.

De Piero, Sergio, Organizaciones de la sociedad civil. Tensiones de una agenda en construcción, Paidós, Buenos Aires, 2005.

Fraga, Rosendo, Autopercepción de los políticos, Fundación Konrad Adenauer-Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, Buenos Aires, 1998.

Frederic, Sabina, Buenos vecinos, malos políticos. Moralidad y política en el Gran Buenos Aires, Prometeo, Buenos Aires, 2004.

Fundación Poder Ciudadano, Dinero y política. Monitoreo Cívico del Financiamiento de las Campañas Electorales, Buenos Aires, 2005

Genro, Tarso y De Souza, Ubiratán, Presupuesto participativo. La experiencia de Porto Alegre, EUDEBA-Instituto de Estudios y Formación, CTA, Buenos Aires, 1998.

Germano, C.; Fara, C.; Rossi, S.; Zukernik, E. y Rizzutti, C., Acciones para una buena comunicación política. Manual de marketing y comunicación política, Asociación Civil para Estudios Populares-Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 2006.


Griner, Steven y Zovatto, Daniel, El desafío del financiamiento político en América latina, OEA, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), San José de Costa Rica, 2004.

Gruenberg, Christian, Monitoreo cívico del gasto en propaganda política. Manual para ONG, Fundación Poder Ciudadano, Buenos Aires, 2004.

Grüner, Eduardo, El fin de las pequeñas historias, Paidós, Buenos Aires, 2002.

Haime, Hugo, La imagen del poder. La consultoría política en acción, Ed. Corregidor, Buenos Aires, 1997.

Informaciones de la República Federal de Alemania, Ley sobre Partidos Políticos, Inter. Naciones, Bonn, 1994.

Lamarque, Patrick, Poder local. Lo esencial de su comunicación, Ed. Libros del Rojas, Buenos Aires, 2001.

Levenberg, Rubén y Merolla, Daniel, Un solo grito. Crónicas del movimiento estudiantil universitario de 1918 a 1988,

López, Artemio, Pobres estructurales, nuevos pobres y clientelismo político. Las elecciones legislativas de Santiago del Estero, Instituto de Estudios sobre Estado y Participación, Buenos Aires, 1997.

Maarek, Philippe J., Marketing político y comunicación, Paidós, Barcelona, 1997.

Martínez Pandiani, G., Marketing político. Campañas, medios y estrategias electorales, Ugerman Editor, Buenos Aires, 1999.

Morris, Dick, El nuevo príncipe, Ed. Ateneo, Buenos Aires, 2002.

Pasquino, Gianfranco, Sistemas políticos comparados, Bononiae Libris, Buenos Aires, 2004.

Perón, J.D. Conducción Política, Fundación Integración Americana, Buenos Aires 1995.

Bibliografía - 187


Plasser, F. y Plasser, G., La campaña global. Los nuevos gurúes del marketing político en acción, Fundación Konrad Adenauer-Ed. Temas, Buenos Aires, 2002.

Poder Ciudadano. Informe Preliminar. Monitoreo del Financiamiento de la Campaña Presidencial, Buenos Aires.

Priess, Frank, Relación entre política y medios. Propuestas alemanas en una perspectiva comparada, Fundación Honrad Adenauer, Buenos Aires, 2002.

Sartori, Giovanni, Homo videns. La sociedad teledirigida, Ed. Taurus, Madrid, 1998.

Schettini, Adriana, Ver para creer. Televisión y política en la Argentina de los 90, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1999.

Stone, D., Capturing the Political Imagination. Think Tanks and the Policy Process, Frank Cass& CO, Londres.

Sorj, Bernardo, La democracia inesperada, Prometeo-Bononiae Libris, Buenos Aires, 2005.

Uña, G.; Cogliandro.G; Labaqui, J. Políticas públicas y toma de decisiones. Los think tanks en la Argentina, Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 2004.

Verón, Eliseo, El discurso político, Ed. Hachette, Buenos Aires, 1990.

Vite Pérez, Miguel Ángel, “Clientelismo, favores a cambio de lealtad”, Revista Etcétera, Distrito Federal de México, México, 1999.

Vommaro, Gabriel, Lo que quiere la gente. Los sondeos de opinión pública como herramienta política. De la ilusión reformista al descontento ciudadano. Las elecciones en Argentina 1999-2001, Ed. Homo Sapiens, Santa Fe, 2003.

Zukernik, Eduardo, Periodismo y elecciones. Los riesgos de la manipulación, Ed. La Crujía-Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 2002.


Abal Medina, JuanAlonso, LauraÁlvarez, CarlosBerensztein, SergioBreitenstein, CristianBullrich, EstebanCafiero, MarioCaramello, CarlosCollin, SilviaConte Grand, GerardoFara, CarlosFerrari, GustavoFraga, RosendoGiacobbe, JorgeGiorno, JorgeGómez, RicardoGonzález Gass, GabrielaIzurieta Cánova, RobertoLeguizamón, María LauraMora y Araujo, ManuelMuraro, HeribertoMustapic, Ana MaríaNieva, OscarSabbatella, MartínSidicaro, RicardoTerragno, Rodolfo

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