ISSN 0123-2894 Circulación nacional

¿Ratonera?Publicado en: El Colombiano | Autor: Rafael Nieto Loaiza | Fecha: 8/11/2015

El 6 de noviembre de 1985, día en que la Sala Constitucional de la Corte Suprema decidía la constitucionalidad del tratado de extradición con Estados Unidos, el M-19, financiado por Pablo Escobar, asaltó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, con un doble propósito: tomarse el poder a través de un alzamiento que comenzaría con el juzgamiento del presidente Betancur y la destruc-ción de los expedientes de extradición que estudiaba la sala penal de la Corte. Eso explica por qué los magistrados asesinados fueron los integrantes de esas dos salas.

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Falso mito de los desaparecidosAutor: Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera | Fecha: 5/11/2015

Dentro de este proceso, hace unos pocos días, el Instituto Nacional de Medicina Legal identificó plenamente los restos de tres de los supuestos once desaparecidos que inexplicablemente fueron reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en otros casos, por algunos de nuestros despachos judiciales.

Esta cuestionada decisión ha privado de la libertad a dos respetables oficiales del Ejército Nacional y otros miembros de esta misma institución vienen siendo objeto de injustos e incomprensibles procesos penales.

Pasa a pág. 2A 30 años: Pablo Escobar la historia detrás de la toma del Palacio de Justicia de Colombia

El 6 de noviembre de 1985 ocurrió una de las mayores matanzas de la his-toria colombiana. Infobae indagó en el papel del jefe del Cártel de Medellín

y su influencia sobre el M-19. La palabra de un protagonista.

Publicado en: Infobae | Autor: Laureano Pérez Izquierdo | Fecha: 6/11/2015

El 6 de noviembre de 1985 el M-19 tomó el Palacio de Justicia de Colombia. La sombra de Pablo Escobar estuvo detrás de la matanza. El país estaba en guerra

El miércoles 6 de noviembre de 1985, Colombia padecería una de las páginas más cruentas de su historia reciente. A las 11:40, el Comando Iván Marino Ospina, del Movimiento 19 de abril (M-19), tomó por la fuerza el Palacio de Justicia, donde funcionaba la Corte Suprema del país, ubicado en el centro de Bogotá. Uno de los tres poderes del Estado era jaqueado por un grupo guerrillero. La sangre se derramaría durante las siguientes 28 horas.

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Otros artículos de interés…

Noveno homenaje nacional .......................................................................................... Pág. 2Mitos que tuercen la historia ......................................................................................... Pág. 3“Escobar pagó para toma del Palacio de Justicia”: ‘Popeye’ ......................................... Pág. 4“El cumplimiento del deber no tiene que causar arrepentimiento”: General (r) Jesús Armando Arias Cabrales ................................................................................................................ Pág. 4Verdades sobre el Palacio de Justicia .......................................................................... Pág. 5Revisando indultos: entre travieso y atravesado ........................................................ Pág. 5Carta al Fiscal General de la Nación ............................................................................ Pág. 6La amnistía al M-19 ........................................................................................................ Pág. 6De perpetradores a víctimas y de defensores de la democracia a victimarios ............ Pág. 7

ESPECIAL PALACIO DE JUSTICIA

Pie de pagina

¿Desaparecidos?, NO; ¿cuerpos sin identificar?, SÍ

Treinta años después de los trágicos hechos del Palacio de Justicia, los medios de comunicación colombianos, quizás con intención o sin ella, hicieron un cubrimiento sesgado de este aniversario a través de informes y especiales periodísticos a los que les faltaron partes del rompecabezas. El periódico ACORE

recogió algunos artículos propios y tomados de otros medios, que sí dan cuenta de la verdad y derrumban mitos como el de los desaparecidos.

2 - SEPARATA ESPECIAL / PALACIO DE JUSTICIA

Homenaje nacional a los héroes de la patria fallecidos en el holocausto del Palacio de Justicia

Con ocasión de este importante acto religioso que estamos celebrando en el día de hoy, y con el cual rendimos un solemne homenaje a nuestros héroes de la patria que ofrendaron sus vidas en el pavoroso holocausto del Palacio de Justicia, queremos recordar que treinta años atrás, un oficial del Ejército, junto con dos oficiales, un suboficial y siete agentes de nuestra Policía Nacional, ofrendaron sus vidas en defensa de este país y de sus instituciones democráticas.

Rememorando estos tristes acontecimientos, quienes estamos presentes en este recinto, representando a la Fuerza Pública y a impor-tantes sectores de la sociedad civil colombiana, rendimos culto a la memoria de los señores:

• Mayor de la Policía Nacional Héctor Aníbal Talero Cruz,

• Teniente del Ejército Nacinal Sergio A. Villamizar Quintero,

Autor: Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera | Fecha: 5/11/2015

• Subteniente de la Policía Nacional José Rómulo Fonseca Villada,

• Sargento Viceprimero de la Policía Nacional Jaime Benítez Prieto,

• Agente Saúl Chavarriaga Salamanca,• Agente Jaime Rodríguez Vivas, • Agente Eduardo Bermúdez García, • Agente Libardo Duran, • Agente Jaime Alberto Portilla Franco, • Agente José Gerardo Malaver y • Agente Ramón León Ariza.

Sobre este fatídico episodio que ha enlutado al pueblo colombiano, siempre hemos tenido pre-sente que el grupo terrorista M-19, en alianza con narcotraficantes pertenecientes al Cartel de Medellín, masacró cerca de cien ciudada-nos, entre quienes figuraban importantes magistrados de la Corte Suprema de Justicia, varios servidores públicos, e inocentes perso-nas que por casualidad se encontraban en ese lugar.

A este trágico saldo, debe también sumarse más de medio centenar de heridos de la Fuerza Pública como resultado de los combates realizados por las tropas para la recuperación de las instalaciones y el rescate de 260 se-cuestrados en poder de los terroristas.

Este acto demencial ha sido calificado como uno de los hechos más atroces de tipo criminal,

de lo cual no existe hasta la fecha, algo simi-lar en el historial de violencia que ha padecido nuestro país en los últimos años.

Lo más paradójico e inadmisible es que los ten-ebrosos homicidas, responsables de esta bar-barie, gozan hoy de plena libertad y, muchos de ellos, han ejercido y ejercen actualmente impor-tantes cargos de poder dentro del Estado co-lombiano, mientras quienes defendieron legal y constitucionalmente la soberanía nacional, se encuentran injustamente procesados y conde-nados, víctimas de un sistema judicial que no ofrece mayores garantías.

De todos es bien sabido, que en el curso de estas investigaciones, no hay evidencia alguna ni prueba contundente sobre posibles personas que hubieran resultado desaparecidas, como consecuencia de las operaciones militares y de policía desarrolladas para recuperar estas instalaciones y rescatar a las víctimas.

Dentro de este proceso, hace unos pocos días, el Instituto Nacional de Medicina Legal identificó plenamente los restos de tres de los supuestos once desaparecidos que inexplicablemente fueron reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en otros casos, por

Falso mito de los desaparecidos

algunos de nuestros despa-chos judiciales.

Esta cuestionada decisión ha privado de la libertad a dos respetables oficiales del Ejército Nacional y otros miembros de esta misma in-stitución vienen siendo objeto de injustos e incomprensibles procesos penales.

Frente a esta nueva situación jurídica que se registra, con la aparición de estos recientes

hallazgos, la Procuraduría General de la Nación hizo público su concepto, manifestando que: “… la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe revisar la condena proferida por estos hechos mediante la cual ordena pagar millon-

Autor: Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera | Fecha: 5/11/2015

arias indemnizaciones con dineros públicos por personas que en su momento fueron señaladas como desaparecidas en circunstancias distintas a las que actualmente se han establecido”.

El Ministerio Publico también solicitó ante la Corte Suprema de Justicia que se decida, de manera pronta y oportuna, los recursos de casación que interpusieron los señores, General Jesús Armando Arias Cabrales y Coronel Alfonso Plazas Vega, contra los fallos proferidos, dentro de esta realidad procesal, que modifica sustancialmente la base probato-ria existente en las investigaciones que se ad-elantan por los hechos del Palacio de Justicia.

Esta misma medida debe aplicarse en los dife-rentes tribunales y organismos judiciales en fa-vor de quienes, por los mismos hechos, están siendo procesados en distintas instancias.

Al no existir la plena prueba, tal como aquí se demuestra, surge de inmediato la duda razon-able en favor de los implicados. Por principios elementales de legalidad, ausencia evidente de dolo y presunción de inocencia, todos estos procesos deben ser revisados y redirecciona-dos en la forma que corresponde.

Los falsos testigos y las falsas víctimas que surgen dentro de esta nueva realidad procesal, tendrán que responder ante la sociedad y la justicia por todas sus actuaciones al margen de la ley. Esto impone abrir los correspondien-tes procesos de tipo penal y de carácter civil contra colectivos de abogados y supuestos de-fensores de derechos humanos que lograron distorsionar la verdad jurídica para obtener grandes beneficios económicos y procesales con el mito creado de los falsos desaparecidos del Palacio de Justicia.

BG. Jaime Ruíz Barrera en la misa de los 30 años de aniversario.

- 3EDICIÓN 555 / DICIEMBRE 2015

El 6 de noviembre de 1985, día en que la Sala Constitucional de la Corte Suprema decidía la constitucionalidad del tratado de extradición con Estados Unidos, el M-19, financiado por Pablo Escobar, asaltó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, con un doble propósito: tomarse el poder a través de un alzamiento que comenzaría con el juzgamiento del presidente Betancur y la destruc-ción de los expedientes de extradición que estudiaba la sala penal de la Corte. Eso explica por qué los magistrados asesinados fueron los integrantes de esas dos salas.

Con ocasión de la conmemoración, se han emitido opiniones irresponsables sobre los hechos sucedidos. Voy a intentar aclarar al menos una.

Se ha dicho que la fuerza pública facilitó el asalto retirando la seguridad el día anterior y que fue el hoy general Óscar Naranjo, supuesto jefe de seguridad de Palacio, quien lo hizo. Esa teoría, llamada de la ratonera, es falsa.

En principio, era la Rama Judicial, a través de su Consejo de Gobierno, quien estaba a cargo de la seguridad del Palacio. Para ello se había contratado una empresa de seguridad privada, Colbasec Ltda. Sin embargo, con ocasión de la visita de François Mitterrand a Colombia, que tuvo lugar el 17 de octubre de 1985, los medios de comunicación dijeron que había rumores de que se produciría una toma guerrillera del Palacio. En consecuencia, para la visita de Mitterrand se incrementaron considerablemente la seguridad del centro de Bogotá y del Palacio, al que se asignaron unidades policiales para reforzar el control de acceso. Ese refuerzo no se retiró un día antes del asalto sino el 01 de noviembre. El Palacio quedó con la misma vigilancia previa a la visita presidencial. Los magistrados, sin embargo, mantuvieron las escoltas de la Policía y del DAS que les habían asig-nado. Varios de ellos murieron asesinados por el Eme.

El retiro de la seguridad policial extra a Palacio no fue gratuito ni inconsulto. El incremento de los controles de acceso había generado molestias en los magistrados, algunos de los cuales se queja-ban de la “militarización” del Palacio. Eso explica que, entre el primero de noviembre que se retiró la seguridad extra, y el 06, día de la toma, no haya habido ninguna solicitud por las Cortes para que volvieran los policías retirados. Además hay testimonios de magistrados, así como de policías de muy distinto rango, de generales a subtenientes, que confirman tal molestia. Todos coinciden en que días antes de la toma, el presidente de la Corte Suprema de Justicia había solicitado expresa-mente retirar la seguridad extra.

Copio apartes de esos testimonios: “el señor Mayor me transmitió la orden de suspender el servicio ya que habían manifestado que el Palacio se había convertido en un Batallón o cosa por el es-tilo”, “el Doctor Reyes Echandía manifestó que no quedaba bien “militarizar” la Corte Suprema de Justicia”, “[el coronel Herrera] venía bastante disgustado porque había hablado con el Dr. Echandia en donde le pedían que retiraran el personal porque había quejas de que ellos requisaban excesi-vamente el personal de magistrados y que eso no era una cárcel, que quitaran el servicio de ahí”, “fui llamado al despacho del doctor Reyes Echandía Alfonso y estando en su oficina me manifestó que como algunos magistrados y abogados litigantes se encontraban inconformes con la presen-cia de tanto Policía me rogaba que dispusiera el levantamiento del dispositivo”, “el dispositivo de refuerzo del servicio de Palacio de Justicia se redujo […] en consideración a que Magistrados y Abogados habían protestado por la militarización del Palacio”.

En el retiro de la seguridad extra a Palacio hubo un error de juicio, pero no mala fe.

Por otro lado, Óscar Naranjo nunca fue jefe de seguridad de Palacio. Entonces capitán de contrain-teligencia, se limitó a hacer un estudio sobre la seguridad de la infraestructura y las comunicacio-nes de Palacio que presentó a las Cortes en octubre de 1985. ¿Por qué el afán de enlodarlo ahora?

Dirección URL: http://www.elcolombiano.com/ratonera-XG3080202

Mentiras, solo mentiras. En medio de ellas se mueve impunemente nuestra justicia, mientras que quienes defendieron la democracia se encuentran privados de la libertad.

El arma más novedosa de nuestra izquierda es hoy reescribir la historia a su antojo. Lo estamos viendo, treinta años después, con los hechos del Palacio de Justicia. A este respecto, vale la pena examinar su más reciente rosario de mitos.

Son muy llamativos, por cierto. El primero es el de ‘la ratonera’. Según esta fábula, las Fuerzas Militares conocían de antemano el plan del M-19 y habían dejado sin protección el Palacio de Justicia para que, una vez tomado por los guerrilleros, pudieran estos ser cercados y liquidados sin tomar en cuenta la vida de los rehenes y sin esperar autorización alguna del Gobierno. Prueba de lo anterior sería la rápida llegada de los tanques a la plaza de Bolívar.

Se trata de una flagrante mentira. El rumor de una posible toma del Palacio por el M-19 estaba relacionado con la visita al país del entonces presidente François Mitterrand tres semanas antes. Cuando nada ocurrió, se tomó como una falsa alarma y las medidas de protección a la Corte fueron levantadas a petición de los propios magistrados. Los tanques llegaron una hora después de producida la toma y el coronel Plazas Vega, que estaba al frente de la unidad de tanques, esperó la orden del presidente Betancur para iniciar la heroica operación de rescate que permitió la liberación de 260 rehenes y que tuvo como costo el sacrificio de once miembros de la Fuerza Pública y 31 más gravemente heridos.

Otro mito que ha hecho carrera es el de asegurar que los magistrados fueron asesinados por balas calibre 9 milímetros, propias de la Fuerza Pública, pues el M-19 no poseía tales armas. Mentira. Los terroristas no solo tenían fusiles de asalto AK-47, sino también subametralladoras israelíes UZI de 9 milímetros y pistolas automáticas del mismo calibre.

Este mito pasa por alto otra realidad: los magistrados fueron fusilados por los guerrilleros, según el testimonio de un sobreviviente de tal horror, el magistrado Hernando Tapias Rocha.

El cuarto mito, recogido sin escrúpulos por notorios personajes empeñados en reescribir la historia del país, sostiene que el incendio del Palacio de Justicia fue provocado por los rockets incendi-arios disparados por los carros blindados del Ejército. Otra fábula suya. Todavía pretenden desconocer que Pablo Escobar financió la toma para quemar los archivos e impedir que aquel día, 6 de noviembre, se aprobara la extradición.

Finalmente, el más perdurable de los mitos es el de los desaparecidos. Se afirma que 11 personas salieron con vida y que una vez fueron llevadas a la Casa del Florero nunca más se supo de el-las. El único caso demostrable es el de la guerrillera Irma Franco Pineda. Retenida por miembros de la Inteligencia Militar, fue sacada en una camioneta y desapareció para siempre. ¿Ultimada tras los intentos de arrancarle una confesión? Tal vez. De ello deben responder quienes dirigían la Inteligencia en aquel momento y no el general Arias Cabrales ni el coronel Plazas Vega, cuya misión era solo la de rescatar el Palacio tomado por el M-19.

No debe pasarse por alto que muchos de los cuerpos calcinados en el Palacio quedaron sin iden-tificar y aún están en poder de la Fiscalía. ¿Por qué se mantiene en la sombra esta realidad? La pregunta está vigente. Quienes se han encargado de sustentar el mito de los desaparecidos son los colectivos de abogados, a fin de obtener con él millonarias indemnizaciones económicas de parte del Estado.

Mentiras, solo mentiras. En medio de ellas se mueve tranquila e impunemente nuestra justicia. Procesos amañados y falsos testigos, ni un solo día de cárcel para los responsables de 220.000 asesinatos, 25.000 desaparecidos y más de cinco millones y medio de desplazados, mientras que un héroe, Alfonso Plazas Vega, lleva ocho años encerrado a la espera de que la verdad en su caso prevalezca. ¿En qué país vivimos?

¿Ratonera?Publicado en: El Colombiano | Autor: Rafael Nieto Loaiza | Fecha: 8/11/2015

Mitos que tuercen la historiaPublicado en: El Tiempo | Autor: Plinio Apuleyo Mendoza | Fecha: 19/11/2015

Lo único realmente comprobado hasta el momento, es la existencia de diecisiete cuerpos total-mente calcinados, y otros más que fueron encontrados al interior del edificio y cuya identificación, solo hasta ahora se está comenzando a realizar. La realidad es que no hay desaparecidos… ¡hay muchos cuerpos sin identificar!

Para terminar, solo me resta decir: A nuestros héroes defensores de la patria, que ofrendaron sus vidas en el horrendo holocausto del Palacio de Justicia: ¡paz en sus tumbas!

María Fabiola Villamizar, Sandra Benites Prieto y Mayor Raúl Alfonso Talero Cruz. Familiares de las victimas olvidadas

4 - SEPARATA ESPECIAL / PALACIO DE JUSTICIA

El 6 de noviembre de 1985 el M-19 tomó el Palacio de Justicia de Colombia. La sombra de Pablo Escobar estuvo detrás de la matanza. El país estaba en guerra

El miércoles 6 de noviembre de 1985, Colombia padecería una de las páginas más cruentas de su historia reciente. A las 11:40, el Comando Iván Marino Ospina, del Movimiento 19 de abril (M-19), tomó por la fuerza el Palacio de Justicia, donde funcionaba la Corte Suprema del país, ubicado en el centro de Bogotá. Uno de los tres poderes del Estado era jaqueado por un grupo guerrillero. La sangre se derramaría durante las siguientes 28 horas.

El país sería testigo de escenas desgarradoras. Por televisión se veía a rehenes desorientados que escapaban del edificio agachando la cabeza por temor a recibir un disparo. Tanques livianos del Ejército de Colombia atravesaban puertas y paredes en busca de guerrilleros. Soldados iban y venían con sus fusiles en alto. La información era casi nula para los colombianos, que debían descifrar, como podían, qué ocurría en ese edificio gris copado por terroristas. El episodio contó más de cien muertos entre civiles, empleados del Palacio de Justicia, magistrados, militares y guerrilleros.

Pero a poco más de 140 kilómetros de allí, en Medellín, alguien festejaba en silencio. Pablo Emilio Escobar Gaviria se informaba de los hechos como cualquier colombiano, por televisión. Aunque con una diferencia: conocía cómo se había gestado esa masacre y cómo terminaría. Pero también algo más: sabía que cada hora que transcurría lo beneficiaría en la guerra que llevaba adelante contra el gobierno de Belisario Betancur, presidente de la República y uno de sus enemigos de-clarados.

El nombre del operativo no fue en vano. Fue a Iván Marino a quien el Cártel de Medellín dio dos millones de dólares para financiar el ataque. Sin embargo, el jefe guerrillero sería ejecutado por el Ejército de Colombia en Cali poco antes de la toma de la Corte Suprema. Pero Pablo Escobar no sólo ofreció soporte monetario. "Los líderes del M-19 estuvieron escondidos en Medellín", reveló a Infobae Jhon Jairo Velásquez, alias "Popeye", uno de los más importantes y cercanos sicarios del capo narco. "Pablo Escobar los escondió en la Hacienda Nápoles", añadió.

Popeye memorizó esas tensas horas de violencia. "Pablo Escobar era amigo del M-19 desde 1981, cuando funda el MAS (Muerte A Secuestradores) el 11 de noviembre después del secuestro de Martha Nieves Ochoa, la hermana de Jorge Luis Ochoa, miembro del Cártel de Medellín", re-cuerda Velásquez. Quienes capturaron a la joven eran los guerrilleros del M-19, contra quienes el jefe narco comandaría una guerra total en las calles de Medellín. "Llegan a un acuerdo de entregar a Martha Nieves ya no por los cinco millones de dólares que pedían antes, sino por cien mil dólares en Panamá", indicó el ex sicario, quien se encuentra libre luego de purgar varios años en prisión.

Pero Escobar, lejos de intentar destruir por completo a la agrupación armada, vio en ella una "amistad" por conveniencia, una oportunidad de conseguir aún más poder. Sería el M-19 el que lo llevaría a Panamá luego del asesinato del ex ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984. Y también el que le presentaría a Gabriel García Márquez. Obligaciones, favores y placeres de la vida de un narco.

“Había tres planes. El A) era debatir la extradición para tumbarla con el presidente Belisario Betancur. El plan B) era quemar los expedientes. Y el C) era golpear al Gobierno porque era en-emigo de Pablo Escobar", recuerda Velásquez en diálogo con Infobae. "Era quien lo perseguía", agregó. Sin embargo, según confió Popeye, la relación entre Escobar y Betancur no siempre fue mala. Ambos compartían la misma ciudad natal, Antioquia. Se conocían mucho. Incluso, hay quienes afirman que parte de la campaña del ex mandatario había sido solventada por el Cártel de Medellín. "Cinco millones de dólares" es lo que le habría dado su coterráneo, según el ex "justiciero" del capo.

Sin embargo, un nombramiento de Betancur en el Poder Judicial sería tomado por el hombre de Medellín como una traición por parte del antioqueño. Rodrigo Lara Bonilla se convertiría en una pesadilla para Escobar. Era la mano derecha de Luis Carlos Galán, quien expulsó a "El Patrón" del partido Nuevo Liberalismo. Ambos serían asesinados por el cártel.

A 30 años: Pablo Escobar y la historia detrás de la toma del Palacio de Justicia de Colombia

Publicado en: Infobae | Autor: Laureano Pérez Izquierdo | Fecha: 6/11/2015

El 6 de noviembre de 1985 ocurrió una de las mayores matanzas de la historia colombiana. Infobae indagó en el papel del jefe del Cártel de Medellín y su influencia sobre el M-19. La palabra de un protagonista.

"Cuando Luis Galán se entera de que Pablo Escobar es narcotraficante, él mismo viene a la ciudad de Medellín, y en el Parque Berrío –que es emblemático– expulsa a Pablo Escobar del Nuevo Liberalismo. Y después, cuando Belisario Betancur toma el poder, nombra de ministro de Justicia a un importante miembro del Nuevo Liberalismo. O sea que estaba ahí representado Luis Carlos Galán", resume "Popeye".

Escobar le declaró entonces la guerra a Betancur y vio en la toma del Palacio de Justicia una forma de debilitar su gobierno. Darle un golpe mortal. Decidió, pues, alentar la idea del M-19. El 7 de noviembre de 1985, se discutirían en la Corte Suprema los pedidos de extradición a los Estados Unidos, el tema que más preocupaba a los capos narcos. Por lo tanto, la fecha escogida por los guerrilleros era inmejorable para los planes del jefe del Cártel de Medellín. Los alentó, les dio ar-mas, refugio, logística y dos millones de dólares para que atacaran.

"El M-19 entró con todo, no hubo miembros del Cártel de Medellín" en el operativo, confirma "Popeye". "'El Patrón' sabía que eso era una ratonera y que una vez que entraran allí, los iban a matar", resumió el sicario. El cálculo hecho por "el hijo de Antioquía" era perfecto. La incursión ar-mada en el Palacio de Justicia se traduciría en una ganancia absoluta para el capo. "Pablo Escobar gana con la muerte de los magistrados, Pablo Escobar gana con la quema de los expedientes, Pablo Escobar gana al golpear a Belisario. Pablo Escobar fue el único ganador de esa toma", sentencia Velásquez.

Sin embargo, Escobar había advertido a los guerrilleros del M-19 de que atacar el Palacio de Justicia era un acto suicida. Les recomendó irrumpir en el Senado, lo que provocaría una conmo-ción política mayor que obligaría a Betancur a sentarse a negociar. "El Presidente no va a pelear por la Justicia", los advirtió Escobar. "Era mucho más fijo que Belisario Betancur no dejaría que el Ejército atacara el Senado de la República porque allí está toda la clase política del país: sena-dores, amigos de la bancada... lo iba a llamar toda la oposición, todo el mundo para que no dejara masacrar los senadores ahí", describió "Popeye".

Pese a la opinión de Escobar, las milicias se negaron a cambiar su objetivo. Explicaron su postura y convencieron a su patrocinador. Era demasiado tarde para un cambio. Ideado y comandado por Luis Otero Cifuentes, el edificio elegido ya había sido intervenido por el M-19 desde hacía meses. "Tenemos infiltrada la cafetería de la Corte Suprema", le confiaron. Además, pesó el temario que tocaría el tribunal supremo al día siguiente. Escobar no tuvo más remedio que esperar que la me-cha se encendiera.

Ese día, el mayor narcotraficante de la historia de Colombia estuvo tranquilo. Las emociones no lo invadieron pese a que conocía cuál sería el desenlace: una matanza del M-19. A pesar de esas previsibles e inevitables bajas, él tenía todo para ganar. Desde la Hacienda Nápoles, monitoreó los trágicos sucesos como cualquier colombiano: desde su televisor. "Él sabía que desde que llegó la retoma –que fue rapidísima– estaban muertos. Perdidos. Pero fue allí cuando empezaba a ganar. Sabía que apenas empezaran a matar dentro del Palacio de Justicia, iban a matar al presidente de la Corte Suprema (Alfonso Reyes Echandía), iban a matar a la mayoría de los magistrados, titulares, auxiliares", indicó su sicario.

Así sucedió. En total fueron nueve los jueces asesinados durante el operativo guerrillero. Apenas cuatro sobrevivieron a la lluvia de fuego a la que fue sometido el edificio. En la hora del ataque se calcula que en su interior había 500 personas, entre trabajadores y público.

Horas después de la violenta irrupción, Reyes Echandía llamó por teléfono a Betancur, quien se negó a atenderlo. En su lugar, el Presidente ordenó a Víctor Delgado Mallarino –jefe de la Policía Nacional y amigo personal del magistrado– que hablara con el máximo representante de la Justicia colombiana. Delgado Mallarinoescuchó del otro lado de la línea: "Víctor, tú no puedes permitir que nos maten, por favor da la orden de cese del fuego", fue la súplica que Reyes Echandía hizo desde el despacho a su amigo a pedido de los guerrilleros, que se sabían rodeados y sin posibilidad de escape.

Pablo Emilio Escobar Gaviria es señalado de financiar el asalto del M-19 al Palacio de Justicia.

La noche del 5 de noviembre de 1985 el Palacio ardía en llamas.

- 5EDICIÓN 555 / DICIEMBRE 2015

El máximo jefe de sicarios del Cartel de Medellín, Jhon Jairo Velásquez, conocido como ‘Popeye’, ha afirmado en sus confesiones que la toma del Palacio de Justicia fue financiado por el extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar, pero esta vez reveló más detalles acerca de la suma de dinero, el lugar de entrega y a quién le fue entregado.

Al respecto, ´Popeye’ afirmó que “Pablo Escobar coloca unas armas que recogieron aquí en Medellín y aquí estuvieron los líderes

del M19 escondidos, antes y después de la toma y coloca el dinero. Dos millones de dólares y se los entrega a Iván Marino Ospina. Iván Marino Ospina muere dos meses antes de la toma al Palacio de Justicia, pero ya el dinero estaba en las arcas del M19. El dinero lo entregaron aquí en Medellín y lo llevaron a Cali, en unos carros con caleta. No los llevaron en un solo viajao”.

Afirmó también que todo lo que sucedió en el Palacio de Justicia, benefició al capo enorme-mente, “Le voy a decir la verdad. Pablo escobar

El Comandante de la Brigada 13 del Ejército colombiano en el momento de la toma al Palacio de Justicia por parte del M-19 y hoy condenado a 35 años de cárcel por las desapariciones en el hecho, dijo en NTN24 que “no tiene que pedir perdón por liderar el operativo de recuperación militar del edificio”.

“No tengo que pedir perdón porque no he cometido ningún delito. Tendría que manifestar mi sen-timiento de dolor y solidaridad con los familiares de quienes fallecieron, sin importar si estamos hablando de funcionarios de la rama judicial o de los colombianos que con otro tipo de ideas apli-caron la violencia ese día o de los miembros de la Fuerza Pública que fallecieron en cumplimiento del deber”, señaló.

Asimismo dijo que las Fuerzas Armadas no tienen que arrepentirse de la forma en la que actuaron para recuperar el control del Palacio de Justicia que había sido tomado por un comando de la guerrilla del M-19.

“El cumplimiento del deber no tiene que causar arrepentimiento. Si hubo errores que se hubieran podido cometer dentro de una confrontación armada es distinto, pero el hecho de pedir perdón no, porque se cumplió con el deber arriesgando la vida, poniendo por delante cumplir la misión encomendada”.

Al ser preguntado sobre si las Fuerzas Armadas cometieron excesos durante la operación militar de recuperación dijo que “en cualquier escenario donde haya aplicación de la fuerza pueden suceder excesos”.

“Yo simplemente podría decir que en un conflicto, en una confrontación armada, como en cualquier escenario donde haya aplicación de la fuerza pueden suceder excesos, pero eso sucede en todos los campos y con mayor razón cuando se desata una confrontación armada y con las condiciones anímicas con las cuales fue el grupo M-19 a cometer el asalto”.

Sobre la tesis que el Ejército sabía que el M-19 tenía planeado tomarse el Palacio de Justicia y no tomó las precauciones debidas, Arias Cabrales dijo que “sí se tomaron precauciones”.“Es una realidad que durante unos cuantos días de finales del mes de octubre y comienzos de noviembre hubo un dispositivo amplio, fuerte y permanente por parte de la Policía Nacional, pero a lo mejor, porque la fecha en la que se rumoraba que se iba a cometer algún de vandalismo en exceso estaba prevista para el 17 de octubre. Transcurrida esa fecha seguramente se estimó que ya no era inminente esa amenaza”.

Sin embargo, reconoció que la respuesta de las autoridades al momento de la toma guerrillera no fue la mejor.

La toma del Palacio de Justicia fue perpetrada por el M-19 el 6 de noviembre de 1985.

“Escobar pagó para toma del Palacio de Justicia”: ‘Popeye’

Publicado en: CMI | Autor: Yusi Chaparro | Fecha: 6/11/2015

“El cumplimiento del deber no tiene que causar arrepentimiento”:

General (r) Jesús Armando Arias Cabrales

Publicado en: NTN24 | Autor: Rafael Nieto Loaiza | Fecha: 6/11/2015

Cercados, los guerrilleros se recluyeron junto a sus rehenes en el cuarto piso del edificio, desde donde se realizaron llamadas dramáticas a los canales de televisión para rogarle a Betancur un cese del fuego. Tras la declaración de Reyes Echandía, uno de los guerrilleros le sustrajo el telé-fono para hablar con el periodista, en vivo: "Habla Alfonso Jacquin, el segundo al mando del opera-tivo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se van a morir. El Ejército entró con sus tanques, están sonando los tiros. Cuando entren a este piso, nos morimos todos. Sépanlo". Así fue. El pronóstico hecho por Escobar al M-19 había sido certero: "Si ustedes se meten al palacio de una, Belisario los va a atacar, porque la Corte Suprema de Justicia de un país a un presidente no le importa ni cinco".

"La cosa fue de locos; sangrienta", rememora "Popeye". "Pero Pablo Escobar ya era un ganador. Ardieron los expedientes. Eso retardaba todas las extradiciones. Y Pablo Escobar sabía que la guerra era contra la extradición. Y el enemigo era la extradición", añadió. El capo narco sabía que si era trasladado a una cárcel de los Estados Unidos nunca regresaría a su Antioquia natal y por eso fue el único ganador del ataque del 6 de noviembre.

Hace dos años, en una entrevista al canal Caracol, Betancur pidió perdón al pueblo colombiano por su actuación durante el feroz ataque. "Hoy en día todavía está sufriendo Belisario –que ya está viejito– por la toma del Palacio de Justicia", concluye Velásquez. Escobar, en cambio, festejó en Nápoles el operativo del M-19 y durante los años siguientes acrecentaría la guerra intestina que desangró a Colombia hasta incluso después de su muerte. El capo narco nunca pidió perdón. Ni se arrepintió de sus crímenes.

Dirección URL: http://www.infobae.com/2015/11/06/1767618-a-30-anos-pablo-escobar-y-la-historia-detras-la-toma-del-palacio-justicia-colombia

tenía una mente más poderosa que los del M19, fueron los idiotas útiles para Pablo Escobar Gaviria. Pablo Emilio Escobar Gaviria mató a Reyes Echandía, mató a los magistrados que al otro día decidían sobre la extradición, quemó los expedientes”, afirmó Velásquez.

Según ‘Popeye’, Pablo Escobar tenía una relación de ‘vieja data’ con los integrantes del M19, incluso se apoyaron en diferentes acciones distintas a la de la toma del Palacio de Justicia, ¿Quién lleva a Pablo Escobar a Panamá? El M19. Sale de ahí y se va a Nicaragua. ¿Quién lleva a Pablo Emilio Escobar a Nicaragua? El M19”.

‘Popeye’ recobró la libertad hace 15 meses, luego de purgar una condena de 23 años. Asegura que no cuenta con las garantías para vivir como un pospenado y que no recibe apoyo para su resocialización.

Dirección URL: http://www.cmi.com.co/escobar-pago-para-toma-del-palacio-de-justicia-popeye

6 - SEPARATA ESPECIAL / PALACIO DE JUSTICIA

El magistrado Hernando Tapias Rocha, de la sala civil, rescatado por el Ejército, relata cómo, cu-ando fue retenido por el M-19, los insurgentes llamaban a los magistrados Ricardo Medina Moyano y Manuel Gaona Cruz para que salieran de sus oficinas. Relata también como los principales funcionarios fueron llevados al baño que quedaba en el entrepiso del segundo y tercer pisos. Era algo así como las diez de la noche. Les ordenaron guardar silencio y apagaron la luz. Luego fueron llegando más y más personas huyendo del calor del incendio.

Un aparte de la declaración de este Magistrado, colega y amigo de los fallecidos, tomado del informe del Tribunal Especial de Instrucción, da luces sobre la barbarie: “…Preguntado: Doctor Tapias Rocha sírvase informarle al Juzgado que persona o personas le hirieron a Ud. y a los demás rehenes que se encontraban dentro del baño ubicado entre el segundo y el tercer piso del costado Norte del Palacio de Justicia. Contestó: No tengo certeza respecto a las personas o la persona que me pudo haber herido, pero quienes se encontraban en condiciones de disparar, eran los guerrilleros del M-19. Ellos se hicieron en fila contra la pared correspondiente a los orinales y ordenaron a los Magistrados de la Corte que nos colocáramos enfrente de ellos y yo comprendí en ese momento que el propósito era ejecutarnos como rehenes… (informe del TEI, página 47)”.

Y más adelante dice: “… En relación con los guerrilleros del M-19 yo quedé de perfil y por eso cuando sentí que era herido en la espalda, no tuve la menor duda en relación con que eran ellos quienes disparaban... ”. Luego agrega: “… Seguro de que quienes habían disparado eran guerrilleros tan pronto como me sentí herido me hice el muerto, recostándome contra un cuerpo que no se movía. Permanecí allí unos instantes y enseguida logré arrastrarme hasta el comparti-mento correspondiente al primer inodoro. Allí quedé recostado cerca de la puerta protegiéndome lo más posible y desde ese sitio vi al doctor Nemesio Camacho, tendido de espaldas en el piso y herido en la cabeza…”

“...Vi igualmente antes de entrar al baño a algunos guerrilleros con revólveres en las manos, con-firmando de esta manera que fueron ellos quienes nos dispararon...”

La declaración de este otro Magistrado rescatado, Nemesio Camacho, es categórica: “... Los señores del M-19 dispararon sus armas y allí percibí que había sido herido en la cabeza y en la pierna...”

En el mismo sentido, hay otras declaraciones de quienes presenciaron el holocausto y sobre-vivieron, como Alba Inés Rodríguez, empleada de la sección segunda del Consejo de Estado, o María Humbertina Hernández, auxiliar del Consejo de Estado.

“…Esa fraternización tuvo muchas otras manifestaciones que no vale la pena relatar. Pero, a partir de ese momento de la información sobre la toma del tercer piso, el Comandante ordenó, peren-toriamente, la formación de los guerrilleros en el sector occidental del baño (orinales) de frente a los rehenes quienes se formaron en filas por categorías: adelante los Magistrados, seguían los funcionarios (auxiliares y abogados primero, empleados y choferes, luego) para que al final se ubicaran las mujeres.

Este episodio lo relata dramáticamente el Magistrado Nemesio Camacho en los siguientes términos:

“En un momento, Andrés Almarales nos llamó a los Magistrados de la Corte y a los Consejeros de Estado, nos hizo sentar en la primera línea y colocó al frente un práctico pelotón de fusilamiento. Nos dijo: ‘ustedes son nuestra última carta, porque para que caigamos nosotros, primero deben caer ustedes’ (declaración rendida ante el Juez 77 de Instrucción Criminal)”.

Algunos guerrilleros, alegando su situación de heridos, pretendieron sustraerse a la orden que les daba su jefe, quien, en forma airada, la reiteró siendo obedecido inmediatamente: “... en frente se apostaron como unos 4 guerrilleros con las am-etralladoras contra nosotros...”, relató Helena Gutiérrez.

Betty Quintero González entrega una versión más desarrollada de estos hechos: “... De pronto dijeron que se pusieran todos los Magistrados adelante, que por ellos iban a empezar a matarlos uno por uno... ”. Esta interpretación parece fundamentarse en la indicación que Almarales hizo al Magistrado Gaona de que al gritar solicitando el cese al fuego, advirtiera que iban a ser sacrificados uno a uno, como última carta.

Sin embargo, Samuel Buitrago, consejero, es enfático sobre este punto cuando dice: “... Los guerrilleros nos habían colocado a los Magistrados al frente del grupo con miras según alguno de ellos lo manifestó de empezar a sacrificarnos uno a uno si el Ejército no cesaba su ataque (informe del TEI, página 45)”.

Dice el Tribunal Especial de Instrucción, el cual estudió minuciosamente las pruebas y tomó cente-nares de declaraciones: “… Para el tribunal los disparos que quitaron la vida de los rehenes en el baño, fueron hechos por los guerrilleros que dominaban aquel sitio…”

En su declaración, el abogado Gabriel Salom explicó como asesinaron a su lado al magistrado Manuel Gaona Cruz: “… Manuel Gaona me tomó a mí de la mano y empecé a salir con él y con otro Magistrado que no le vi la cara, porque no podía yo caminar, yo me arrastraba y ya en la puerta del baño nos dijo el comandante: tranquilos que a ustedes no les va a pasar nada, ya que son mi última carta de salvación. Sin embargo cuando nos dijo que siguiéramos recostados muy cogidos de la mano Manuel le dijo (entre otras cosas) que eso no podía ser porque de todos mo-dos nos iban a matar y fue en ese momento cuando sin habernos movido de nuestro sitio cuando empezaron a disparar contra nosotros y sentí un fuerte golpe en la espalda, que me botó hasta el rincón y enseguida pesadamente cayó sobre mi cabeza la de Manuel Gaona, quién manaba por la misma, gran cantidad de sangre. También en ese momento sentí los primeros impactos de bala en mis piernas, toda vez que inicialmente sentí unos fuertes corrientazos y un calor extraordinario para perder posteriormente toda sensibilidad en las mismas. En esta posición, es decir, debajo de Manuel Gaona, permanecí yo creo que por espacio de una hora y pude advertir que Manuel Gaona estaba exangüe... (informe del TEI, página 48)”.

El fiscal anunció que examinará “los alcances de cosa juzgada que tienen los indultos en favor del M-19” para determinar “si abarcan los hechos del Palacio de Justicia”. Si no, iniciaría investig-ación contra los líderes sobrevivientes de dicho movimiento para solicitar eventualmente a la Corte Suprema de Justicia el levantamiento de tales indultos.

La toma del Palacio de Justicia fue un acto repudiable en el que el M-19 incurrió en varias in-fracciones graves al derecho humanitario, como ataques a la población civil, toma de rehenes, o utilización de escudos humanos, entre otros. Sobre todo, desató una reacción militar que se tradujo en la muerte y desaparición de numerosas personas, que también fue un acto repudiable, pero que era previsible y debió ser evitada. Sin duda, falta mucho en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas del Palacio de Justicia. Pero la mejor vía para lograrlo no es la revisión de los indultos contra quienes sobrevivieron, exactamente por no haber estado en el Palacio, y han contribuido notablemente a la paz durante 25 años.

Esos indultos se concedieron con base en decisiones judiciales que no pueden revisarse sino por precisas causas legales. En efecto, la ley 77 de 1989 prohibió, al igual que leyes anteriores, que el indulto se concediera en relación con “homicidios cometidos fuera de combate, con sevicia, o colo-cando a la víctima en estado de indefensión” o con “actos de ferocidad o barbarie”. La verificación de esa condición fue asignada a Tribunales (decreto 206 de 1990). Los indultos del M-19 y de otros grupos guerrilleros no fueron masivos ni indiscriminados, sino individualizados y sometidos al escrutinio judicial. Hubo guerrilleros a los que se les negó el indulto por esa causa.

Tales decisiones judiciales podrían revisarse si se comprueba que fueron determinadas por un delito del juez o de un tercero, o si se fundamentaron en prueba falsa, o si surgen pruebas nue-vas, según el Código de Procedimiento Penal. O si “una decisión judicial interna o internacional constatan un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar las mencionadas violaciones”, según dijo la Corte Constitucional en 2003, con ponencia del hoy fiscal general. Pero, en tal caso, el fiscal debería exhibir esas pruebas antes de anunciar que va a revisar los indultos.

También ha dicho el fiscal que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha anulado am-nistías por ser violatorias de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero esas fueron auto-amnistías, que la Corte conoció en relación con violaciones cometidas por Estados. La Corte Interamericana no tiene competencia sobre actos cometidos por particulares, y ya se pronunció sobre la responsabilidad del Estado colombiano por los hechos del Palacio de Justicia. ¿Piensa el fiscal promover demanda de inconstitucionalidad contra la ley 77 de 1989? No sería retroactiva, en caso de prosperar (lo cual estaría por verse).

Más allá de ser una osadía jurídica, el anuncio del fiscal siembra inquietantes dudas sobre el futuro acuerdo de paz y pone en entredicho los pasados acuerdos de paz, que la mayoría de la población reconoce como valiosos. Con los pactos de paz no se juega.

Dirección URL:http://www.elespectador.com/opinion/revisando-indultos-entre-travieso-y-atravesado

Verdades sobre el Palacio de Justicia

Autor: Unidad Investigativa Acore | Fecha: 26/11/2015

El comando del M-19 que irrumpió en el Palacio de Justicia el 5 de noviembre de 1985 tenía como misión fusilar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estas notas detallan ese particular hecho que poco interés ha despertado en los medios masivos de comunicación en estos treinta años.

Revisando indultos: entre travieso y atravesadoPublicado en: El Espectador | Autor: Gustavo Gallón | Fecha: 11/11/2015

- 7EDICIÓN 555 / DICIEMBRE 2015

Bogotá, D. C., 23 de septiembre de 2015 Señor DoctorEDUARDO MONTEALEGRE LYNETTFiscal General de la NaciónCiudad Referencia: Medidas de aseguramiento y detención preventiva contra tres Generales de la República. Señor Fiscal General:

La semana pasada a través de algunos medios de comunicación, se hizo público un borrador de una supuesta providencia judicial emanada de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en la cual se ordena medida de aseguramiento y detención preventiva contra los señores Generales de la reserva activa Jesús Armando Arias Cabrales, Rafael Hernández López y Carlos Alberto Fracica Naranjo, por los hechos ocurridos los días 06 y 07 de noviembre de 1985 y en los cuales se les hace presuntamente responsables por el homicidio agravado en situación de inde-fensión del Magistrado Auxiliar CARLOS HORACIO URÁN ROJAS. Analizada esta situación, previa consulta con el equipo de abogados que asesoran la Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, hemos llegado a la conclusión: Que la medida es innecesaria, desproporcional, contraria a los fines de la constitución, y por ende con vicios evidentes de ilegalidad.

Que la Fiscalía General de la Nación incumplió los términos de ley para resolver la situación ju-rídica de los señores Generales antes citados, quienes desde hace más de cuatro años rindieron indagatoria. Durante el tiempo que lleva el proceso, la libertad de estos ciudadanos en ningún momento ha representado un peligro para la comunidad ni para nadie.

Que la enfática afirmación que se hace sobre la supuesta salida con vida de CARLOS HORACIO URÁN ROJAS, se contrapone rotundamente con la prueba técnica del proceso, a través de la cual no ha sido posible identificar, si el hombre que aparece en los videos, efectivamente es el referido ciudadano.

Que existe una decisión de la justicia especializada, con presunción de acierto y legalidad, en virtud de la cual se condena a los miembros del M-19 por la muerte de CARLOS HORACIO URÁN ROJAS, concluyendo que esta persona murió dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia a manos del grupo armado ilegal responsable de la acción terrorista. También cabe señalar que durante los años que este proceso se ha tramitado, los Generales Arias Cabrales, Hernández López y Fracica Naranjo, siempre han estado prestos a comparecer ante las autoridades, y especialmente a las citaciones y requerimientos elevados por la Fiscalía, y lo seguirán haciendo independientemente de las decisiones adoptadas.

No obstante lo anterior, un eventual juicio en su contra, mediando una medida de aseguramiento, simplemente se traduciría en un inexplicable propósito de afectar garantías y derechos fundamen-tales de estos Generales de la República, amparados en un inexistente peligro para las víctimas o la comunidad, pues lejos de representarlo, por el contrario solo han garantizado su integridad mientras fungieron como miembros activos del Ejército Nacional.

Manifestamos nuestros respetos por las víctimas del proceso, por la justicia y sus autoridades, pero la verdad, justicia y reparación, no puede obtenerse a cualquier precio y mucho menos con decisiones en contra de personas inocentes para quienes no existe hasta el momento verdad jurídica que así lo determine.

Finalmente y como complemento de lo anterior, queremos hacer referencia a las siguientes providencias, sentencias, protocolos y testimonios existentes en relación con este proceso, con los cuales se demuestra plenamente la responsabilidad del M-19 en el asesinato de CARLOS HORACIO URÁN ROJAS dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia: - Providencia de fecha 31 de enero de 1989, proferida por el Juzgado 30 de Instrucción Criminal: Reconoce que “en los baños existentes entre el segundo y tercer piso del costado nor-occidental falleció CARLOS HORACIO URÁN, asesinado por las balas del M-19”. - El Juzgado 26 de Instrucción criminal, en providencia proferida el 24 de octubre de 1989, reconoce que: “se estableció la muerte de las siguientes personas; imputables estos hechos al grupo terrorista: (…) CARLOS HORACIO URÁN. - Sentencia de primera instancia de fecha 2 de abril de 2013, luego de tomar varias declaraciones entre ellas la de AMANDA LEAL DE GALLEGO, da cuenta de cómo varios rehenes fueron llevados al baño del tercer piso y la forma como allí murieron a manos de los guerrilleros del M-19 los Honorables Magistrados MANUEL GAONA CRUZ y HORACIO MONTOYA GIL, y los Magistrados Auxiliares LISANDRO JUAN ROMERO BARRIOS y CARLOS HORACIO URÁN. - El protocolo de necropsia existente en el proceso da cuenta que la muerte de CARLOS HORACIO URÁN se produjo en el baño, y en el cuerpo se encontró por el laboratorio de balística, laceración cerebral por herida en cráneo causada por proyectil de arma de fuego. - Varios testimonios entre ellos los más claros y directos, rendidos por los Honorables Magistrados de la Corte HERNANDO TAPIAS ROCHA y SAMUEL BUITRAGO HURTADO, víctimas y testigos

presenciales en el momento del deceso de CARLOS HORACIO URÁN, afirman sobre su muerte dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia. - Los videos que aparecen en el proceso, fueron analizados por expertos de Estados Unidos y España, y concluyeron al ampliarlos, que no se puede identificar a la persona que se indica por la familia por cuanto morfológicamente no se asemeja a CARLOS HORACIO URÁN ROJAS. - La Comisión de la Verdad compuesta por excelsos juristas del país llega en su momento a la misma conclusión, al no reportar como desaparecido a CARLOS HORACIO URÁN y por el con-trario, concluye que murió dentro del Palacio de Justicia. Consecuente con lo anterior, de manera respetuosa solicitamos al señor Fiscal General de la Nación, que de ser cierta la aludida providencia filtrada a los medios de comunicación, disponga lo pertinente para su revisión y aclaración dentro de los términos que hemos expuesto en el presente escrito. Cordialmente, Brigadier General JAIME RUIZ BARRERAPresidente Nacional ACORE

El trigésimo aniversario del holocausto del Palacio de Justicia ha servido para que el país vuelva la mirada atrás, reflexione sobre múlti-ples factores que han exacerbado su clima de violencia y ponga de presente ante las nuevas generaciones la permanente polarización de una sociedad que nunca se ha dado tregua a sí misma.

Aparte del hallazgo de algunos restos de dos de las personas desaparecidas durante los hechos de noviembre de 1985, pocas verdades adicionales se han conocido. Casi todas siguen pendientes. De la responsabilidad penal del M-19, no obstante, se abre una vía nueva, tal como lo ha informado el fiscal general, Eduardo Montealegre.

Ya ha habido oportunidad de recordar el nexo entre el narcotráfico (el llamado Cartel de Medellín) y los cabecillas del M-19 de esa época. Ahora de lo que se trata, según el fiscal, es de determinar la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, la responsabilidad que cabe a sus dirigentes de entonces y que aún viven, así como la revisión que ello impli-caría de las amnistías concedidas por el Estado colombiano.

La complejidad de todo este proceso es eviden-te. De inmediato se han hecho consideraciones políticas, inevitables por demás. El M-19 llegó a acuerdos de paz con el gobierno de Virgilio Barco (1989), y hay consenso en que han cumplido sus compromisos. Algunos de sus miembros (los “intelectuales” y los armados) han ocupado y siguen ejerciendo responsabili-dades de gobierno o como legisladores.

La investigación que ahora se abriría, y que corresponderá al vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, es de carácter penal. Y comprende el estudio de la normativa nacional,

la internacional en materia de derechos huma-nos y de derecho internacional humanitario. E implica la revisión de la vigencia de esas leyes en el tiempo.

La responsabilidad penal es individual, con las especificidades que en estos movimientos armados se aplican acogiendo la teoría de los aparatos organizados de poder (autoría media-ta). Quien podría haber arrojado luces acerca de la decisión criminal de tomarse el Palacio de Justicia era Carlos Pizarro Leongómez. Este año (26 de abril) se conmemoró el 25 aniversa-rio de su asesinato, y esta ocasión sirvió para elevar su figura como adalid de la paz pero en ningún modo para hacer un ejercicio de memoria sobre su responsabilidad en aquella matanza en plena Plaza de Bolívar de la capital del país.

Hasta el Centro Democrático del expresidente y senador Álvaro Uribe ha pedido un acuerdo político para dejar incólume la amnistía a los miembros del M-19. Sin embargo, la revisión de los argumentos jurídicos del fiscal Montealegre, reforzados por otro documento igualmente só-lido del procurador general Alejandro Ordóñez, dejan la duda de si primará lo jurídico o lo político, máxime en un momento en que el go-bierno colombiano ha subordinado todo el orde-namiento jurídico nacional e internacional para ponerlo a disposición de un grupo que para su supervivencia necesita que no haya leyes apli-cables.

Cuando las amnistías a los militares del Cono Sur fueron anuladas, hubo aplauso continen-tal de múltiples sectores. Ahora, el listado de instrumentos internacionales que el fiscal co-lombiano cita para anunciar -ya veremos si para ejecutar- un plan de revisión de amnistía también para conductas que pueden ser con-sideradas de lesa humanidad o como crímenes de guerra, podría ser aplicable a un grupo guer-rillero de izquierda. Algo impensable hasta hace apenas unas semanas.

Las condenas contra el Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso específico de la retoma del Palacio de Justicia, han sido por denegación de justicia. Se abre la posibilidad de saber si la justicia seguirá siendo selectiva, o si de la vigencia de los derechos humanos se desprenden exigencias para todos.

Dirección URL: http://www.elcolombiano.com/la-amnistia-al-m-19-FD3104016

Carta al Fiscal General de la Nación

Autor Brigadier General Jaime Ruiz Barrera

La amnistía al M-19Publicado en: El Colombiano | Autor: Editorial | Fecha: 12/11/2015

Las razones jurídicas esgrimidas por el fiscal y el procurador para revisar la amnistía a cabecillas del M-19 e investigarlos penalmente tienen sólido fundamento. Crean, eso sí, un problema político.

8 - SEPARATA ESPECIAL / PALACIO DE JUSTICIA

Se cumplieron treinta años del episodio más oscuro, sombrío, sangriento y criminal de la historia de Colombia, ocurrido el 6 de noviembre de 1985, cuando un comando integrado por 36 terroristas al mando de Andrés Almarales, pertenecientes a la organización M-19 y en contubernio con el Cartel de Medellín, irrumpió violentamente en el interior de Palacio de Justicia.

A su paso, los terroristas acribillaron a tiros a todo aquel que se atravesase en su camino, desde el humilde vigilante de la entrada al Palacio hasta los más altos dignatarios de la justicia. Su propósito no solo era juzgar a quien había sacado de la cárcel a la dirigencia del esta organización terrorista al inicio de su gobierno, el presidente Belisario Betancourt, sino también incinerar los expedientes de los capos del narcotráfico en momentos en que se iba a debatir en el alto tribunal el tema de la extradición de los narcotraficantes.

Hacía tan solo unos días, el propio Andrés Almarales había atentado en Bogotá, en la carrera 30 con calle 64, contra el entonces Comandante del Ejército, General Rafael Samudio Molina, a quien pretendían, secuestrar, juzgar, ejecutar y picar su cuerpo en pedazos, tal y como lo hicieron las Brigadas Rojas de Italia contra el ex Primer Ministro Aldo Moro.

Ese era el ambiente que se vivía en Colombia de profunda zozobra. Nadie quería saber nada del M-19 porque se habían convertido en vulgares terroristas y asesinos. Hoy, algunos de ellos son honorables miembros de una sociedad que sufre de la mayor amnesia y olvido y por ello los acoge como si nada hubiese ocurrido.

En la actualidad, por esas incomprensibles paradojas de la vida que solo ocurren en un país como Colombia, la justicia tiende a proteger al delincuente y a castigar al militar que defendió el sistema democrático. Muchos medios de comunicación social enfilan sus baterías en contra del Ejército Nacional por la supuesta desaparición de 12 personas, entre ellas una terrorista de nombre Irma Franco, presumiblemente a manos de miembros de la institución, hecho aún no comprobado.

Con su extraña desaparición, esta terrorista pasó de victimaria de magistrados a víctima del siste-ma y del Ejército que la combatió. ¡Qué horror! Nada o casi nada se dice acerca de la forma como un centenar de personas fueron asesinadas al interior de Palacio por el M-19.

Es obvio que los verdaderos responsables, los perpetradores del crimen del Palacio de Justicia, que algunos han llamado “el holocausto”, guardan silencio desde sus curules en el Senado de la República, como Antonio Navarro, o peor aún, el burgomaestre de la capital de la República, Gustavo Petro, quien no participó porque según él era muy joven, pero que se ufana de haber servido al M-19. ¡Qué vergüenza! También está Vera Grabe, en el presente, prestigiosa escritora que sienta cátedra de democracia y derechos humanos ante foros estudiantiles y medios de comunicación.

Mientras todo ello ocurre, el General Jesús Armando Arias Cabrales o el Coronel Alfonso Plazas Vega y otros muchos héroes del Palacio de Justicia, cumplen miserables e injustas condenas a “cadena perpetua”, teniendo en cuenta su avanzada edad, por los crímenes que jamás cometieron. Al general Arias la justicia colombiana lo consideró “un peligro para la socie-dad” después de haberle servido a la patria por cuarenta años como intachable soldado, militar ejemplar y aquilatado en los principios institucionales, ex Comandante del Ejército y ex rector de la Universidad Militar.

Al fin y al cabo en esta Colombia todo puede llegar a suceder. Las Farc se convertirán en un par-tido político y no me cabe la menor duda que el más apropiado candidato a la Presidencia para representar a esta organización terrorista en próximas elecciones presidenciales será quien jugó el papel de idiota útil o tal vez no que les sirvió a su causa desde la Fiscalía.

Los montajes judiciales que se han venido adelantando contra miembros de la institución, solo pretenden bajar la moral y la voluntad de lucha del militar colombiano, en momentos en que se debate el complejo tema de los acuerdos de paz con unos narcoterroristas, hoy gentil y cobarde-mente calificados como “líderes de las Farc” por medios de comunicación social como Caracol. No sea que por llamarlos de la forma o la manera como corresponde, ‘Timochenko’ y sus secuaces se lleguen a ofender y se levanten indignados de la mesa de La Habana o les pongan la acostumbrada bomba.

Por su parte, el ex presidente Belisario Betancur Cuartas, quien era Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares, “pidió perdón” por haber dado una orden que inexcusablemente le correspondía dar; era lo mínimo que toda la sociedad demandaba y esperaba de su presidente, al ordenar re-peler y neutralizar a los terroristas del M-19. Es obvio que en toda guerra o respuesta a una acción terrorista se pueden presentar excesos; es algo muchas veces inevitable, sobre todo cuando se trataba de una respuesta inmediata que no daba tiempo para un mayor planeamiento táctico o es-tratégico. Se debía responder de forma inmediata a un acto de terrorismo de tal magnitud; no había otra salida o tal vez sí, la que la izquierda comunista pretendía, que era entregar al presidente de la República atado de pies y manos a las fauces de M- 19 para que lo juzgara, condenara y ejecutara; de esa forma, la democracia colombiana se sacrificaría en aras de una mezquina causa como la del M-19 y hoy Colombia sufriría una narco tiranía.

El M-19 había diseñado y ejecutado por orden y mandato de su dirigencia un plan siniestro: asesinar la justicia en Colombia para que el narcotráfico quedará impune. Había convertido la cafetería del Palacio, con la complicidad de algunos empleados, en el depósito de armas y municiones para lanzar el demente ataque del 6 de noviembre de 1985 y desarrollar una acción militar sostenida contra el Estado, donde lo que menos les importaba era la vida de los magistra-dos y de los empleados del edificio.

Con la derrota militar, el M-19 resultó ser a la postre la víctima y los militares, que solo cumplían órdenes, sus victimarios. Cabe entonces preguntarse ¿por qué razón no se enjuició al Presidente Betancourt por lo que ocurrió en la recuperación del Palacio de Justicia y sí al General Arias o al Coronel Plazas Vega? ¿Por qué razón la justicia en Colombia terminó indultando, premiando y perdonando a la organización terrorista autodenominada M-19 y condenando a los militares que cumplieron con un deber constitucional?

Esta es la mayor debilidad de nuestro sistema democrático, de nuestro sistema judicial profundamente politizado en contra de los defensores de la democracia en Colombia como son nuestras Fuerzas Militares. Qué tal que la sociedad rusa, para citar un ejemplo, juzgará y encarce-lara a Vladimir Putin y su cuerpo de seguridad por haber ordenado la retoma del Teatro de Moscú cuando un grupo de terroristas chechenos secuestró a más de trescientos civiles asistentes a un concierto, con un saldo trágico de 240 víctimas en la retoma, donde ningún terrorista salió vivo. O que la sociedad peruana juzgue y condene a los policías y militares que retomaron la Embajada del Japón en Lima luego del secuestro del cuerpo diplomático acreditado en ese país por parte del grupo terrorista Túpac Amaru; en esta operación todos los terroristas fueron dados de baja. Bueno Fujimori hoy se está muriendo en una cárcel del Callao.

En Colombia, la gran mayoría de los medios de comunicación social, en el marco de la conmemo-ración de los treinta años del Palacio de Justicia, se han ensañado en mostrar los excesos que por la acción propia de la recuperación del Palacio se cometieron y pocos o casi ninguno dedican una sola línea a quienes como el Capitán Talero de la Policía ofrendaron su vida, junto con soldados y policías. El Coronel Plazas Vega o el General Arias Cabrales solo están demandando que se les haga justicia, nada más.

De perpetradores a víctimas y de defensores de la democracia a victimarios

Autor: Coronel (RA) Darío Ruiz Tinoco | Fecha: 6/11/2015