Estructura de una red de narcotráfico colombo-mexicano

Luis Jorge Garay Salamanca*Eduardo Salcedo-Albarán**

Working Paper No. 67ISSN: 1692-9667

Jan/15/2011www.grupometodo.org

Resumen

En el presente documento se presentan los resultados del Análisis de Redes Sociales aplicado al caso de una red ilícita en la que participan narcotraficantes mexicanos y colombianos. El principal objetivo de esta red es el envío de droga de Colombia a México, para luego ser introducida a Estados Unidos por parte de los narcotraficantes mexicanos. Principalmente, se presentan los resultados de los cálculos del indicador de centralidad directa y del indicador de betweeness, que permiten identificar al agente con la mayor cantidad de relaciones sociales y al agente con el mayor potencial para arbitrar información en la red. Se resalta el trabajo mancomunado de narcotraficantes mexicanos y narcotraficantes colombianos para el cumplimiento de un único objetivo perseguido por varias redes ilícitas, a saber: el tráfico de drogas ilegales desde Colombia a Estados Unidos. Se encuentra que el narcotraficante identificado con el alias de “El Doctor” es el nodo/agente con la mayor cantidad de relaciones sociales establecidas y con la mayor capacidad de arbitraje de información en la articulación de sub-redes y de distintos carteles.

* ljgara@yahoo.com.mx ; ** esalbaran@gmail.com.Este trabajo es resultado de la donación No. 20027926 concedi-da por Foundation Open Society Institute (FOSI) a Fundación Método en el periodo 01.01.10 - 31.12.10 para reali-zar el proyecto “Los efectos del narcotráfico y la corrupción en las instituciones democráticas de México, Colombia y Guatemala”.

Método Working Papers. No. 67.Jan., 15, 2011.Anticorruption and Capture of State Area - “The Effects of Drug Trafficking and Corruption on Democratic Institutions in Mexico, Colombia and Guatemala” Series.

© Luis Jorge Garay Salamanca & Eduardo Salcedo-Albarán

Estructura de una red de narcotráfico colombo-mexicano

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The graphs included in this document were elaborated by Eduardo Salcedo-Albarán. Reproduction is permitted if the author is referenced and quoted.

© Método Foundation. Phone at Colombia: +5714005765 Phone at the United States: +171779831242010. Copyright.First edition, 2010.Printed in Bogota, Colombia.

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NOTA DE LOS AUTORES

Los hechos y análisis presentados en este artículo se sustentan en documentos y entrevistas divul-gados en medios de comunicación, y en expedientes judiciales relacionados con las redes ilícitas

objeto de estudio. En el caso de los nombres propios citados, que están encausados, con la excep-ción de aquellos a quienes se alude en el texto explícitamente como condenados de manera defini-tiva, vale la presunción de inocencia en observancia de sus garantías individuales. La verdad judi-cial es competencia de los tribunales, quienes en derecho decidirán si los imputados son inocentes

o culpables.1

Se aclara que pertenecer, participar, estar vinculado, o aparecer en la red que aquí se analiza, no implica haber cometido algún acto o haber participado en alguna iniciativa criminal. Es siempre

posible pertenecer, participar, estar vinculado, o aparecer en la red como un agente promoviendo intereses que son social e institucionalmente benéficos, o por coerción, entre otros motivos no re-

lacionados con actos criminales.

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1 Esta nota se sustenta en: Francesco Forgione. Mafia Export. Cómo la ´Ndrangheta, la Cosa Nostra y la

Camorra han colonizado el mundo. Anagrama. Crónicas. Barcelona, 2010, páginas 11-12.

Tabla de Contenidos

1. Introducción 5

2. Breve descripción 7

3. Elementos Metodológicos 10

2.1. La Reconfiguración Cooptada del Estado (RCdE)! 10

2.2. Elementos metodológicos! 12

4. Arbitraje de información 17

5. Concentración de Relaciones Directas 20

6. Sub-redes 22

7. Participación de funcionarios públicos y avance en la Reconfiguración Cooptada del Estado. 24

8. Reflexiones de Política Pública 26

8.1. Acciones de corto plazo! 29

8.2. Acciones de mediano y largo plazo! 32

9. Bibliografía 42

10. Anexos 46

10.1. Anexo 1. Resultados del indicador de centralidad directa.! 46

10.2. Anexo 2. Resultados del indicador de betweenness.! 48

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Estructura de una red de narcotráfico colombo-mexicano

Luis Jorge Garay SalamancaEduardo Salcedo-Albarán

1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se presentan los resultados de la aplicación de la metodología

de Análisis de Redes Sociales (SNA)2 a una red ilícita en la que intervienen narcotrafican-

tes colombianos y mexicanos. Las principales actividades de esta red son el tráfico de

drogas ilegales desde Colombia a México, para luego ser ingresadas a Estados Unidos pa-

ra su venta final. También se encuentran entre las actividades de esta red, el lavado de ac-

tivos y la incorporación de recursos provenientes del narcotráfico a la economía legal de

México. Por ejemplo, se tiene noticia de la incautación de un cargamento de cerca de 8

toneladas de droga proveniente de Colombia, en un barco que se encontraba matriculado

bajo la propiedad de una empresa legalmente conformada por algunos miembros de la red

ilícita, y resultado de la articulación de agentes colombianos y mexicanos. La red está

conformada de 39 nodos/agentes con 85 relaciones sociales establecidas entre ellos.

El presente documento consta de 10 partes. Luego de esta introducción, la segunda

parte incluye una breve descripción de las características de los agentes que intervienen en

5

2 Social Network Analysis.

el caso analizado, que consiste en una red de narcotráfico establecida entre colombianos y

mexicanos. En la tercera parte se exponen los elementos teóricos y metodológicos que se

utilizan para desarrollar el presente análisis. Los elementos teóricos que sirven de marco

de análisis corresponden a los conceptos de Captura del Estado (CdE) y Reconfiguración

Cooptada del Estado (RCdE). La metodología aplicada y también expuesta en la tercera

parte, corresponde al Análisis de Redes Sociales. En la cuarta parte se identifican y anali-

zan aquellos agentes relevantes en términos de su capacidad para arbitrar información. En

la quinta parte se presentan los resultados del cálculo del indicador de concentración de

relaciones sociales, con el fin de identificar a los agentes que más relaciones sociales esta-

blecieron y que, por lo tanto, facilitaron la articulación de la red. En la sexta parte se iden-

tifican y analizan las principales subredes de la red. Como se verá, Llama la atención la

mención de líderes del Cartel de Sinaloa y el Cartel de Juarez, que aparecen en una

subred, aunque no están articulados al conjunto de la red modelada. En la séptima parte se

analiza la participación de funcionarios públicos en la articulación de la red, con el fin de

determinar si este es un caso de corrupción tradicional, corrupción sistémica, Captura del

Estado (CdE) o Reconfiguración Cooptada del Estado. Como se verá, en la presente red

no se presenta participación de funcionarios públicos, lo que permite concluir algunas ca-

racterísticas del esquema establecido en la división de tareas entre mexicanos y colombia-

nos. En la octava parte se exponen algunas reflexiones de política pública que, tendiendo

en cuenta los resultados del análisis desarrollado, pueden servir para prevenir y controlar

situaciones como la configurada por narcotraficantes colombianos y mexicanos. En esta

parte se presentan algunas recomendaciones de política pública de corto, mediano y largo

plazo. Las dos últimas partes correspondiente a la bibliografía y a los anexos, respectiva-

mente.

6

2. BREVE DESCRIPCIÓN

En esta red, llama la atención la estrecha conexión y el trabajo conjunto entre narcos me-

xicanos y colombianos. Estos últimos provienen del Norte del Valle colombiano, con

principal actividad en Cali, que durante la década de los noventa fue la ciudad que con-

centró la actividad del narcotráfico luego de que el Cartel de Medellín perdiera protago-

nismo tras ser desmantelado a principios de los noventa. Es tan importante la participa-

ción de narcotraficantes colombianos en la red analizada, que son los principales articula-

dores de información, a pesar de que el análisis se desarrolló con base en información

proveniente del sistema judicial de México.

Aparecen en la red algunos líderes del Cartel de Juárez y del de Sinaloa. Por ejem-

plo, un agente LCJVCF, que identifica al narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, líder

reconocido del Cartel de Juárez. También se encuentra a NMCSIZG, que identifica al nar-

cotraficante Ismael Zambada García, del Cartel de Sinaloa. Como se puede observar en

los Grafos 3 y 4, ninguno de los agentes más relevantes de la red, en términos de concen-

tración de relaciones directas y en términos de arbitraje de información, tienen relaciones

directas con LCJVCF o NMCSIZG. Estos dos últimos nombres aparecen de manera peri-

férica y, por lo tanto, al menos en principio su papel directo no pareciera tan relevante en

términos de los objetivos específicos de esta red, a saber: entregar en México de droga

proveniente de Colombia, que luego es llevada a Estados Unidos por el Cartel de Juárez o

el Cartel de Sinaloa.

La información utilizada para modelar la presente red social incluye testimonios

compilados por agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Centroamérica.

Según la DEA, se tiene evidencia de la conformación de una organización ilícita con cen-

tro de operaciones en Cali, Colombia, que desde el año 2001 ha adelantado actividades de

tráfico de drogas ilícitas enviadas a México. Esta organización “es responsable de la

transportación de diversos cargamentos de cocaína asegurados en el territorio de los Es-

tados Unidos Mexicanos provenientes de [Colombia], que tenían como destino final di-

7

versas ciudades de los Estados Unidos de América”.3 Según la DEA, el proceso de envío

que se inicia en Colombia, y continúa de México a los Estados Unidos, se realiza princi-

palmente por vía marítima en su primera etapa y por vía terrestre en su segunda.

Llama la atención que los principales miembros de la red ilícita desarrollan sus

actividades en la ciudad de México D.F., donde han “implementado una serie de empresas

dedicadas a realizar diversas Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”4, entre

las cuales se encuentra la persona moral propietaria de la embarcación donde fue encon-

trado el cargamento de droga.

En particular, un agente de la DEA, en la oficina de la Embajada de los Estados

Unidos en México, informa que la red delictiva desarrolla sus actividades en la ciudad de

México. Esta misma información ha sido corroborada por la Policía Federal de México.

La red está principalmente dirigida por los colombianos Victor Emilio Valencia Espinoza,

“El Doctor”, y Leyner Valencia Espinosa, “El Piraña”. Por este motivo, usualmente se re-

fiere esta red como la “Organización Valencia-Espinosa”. Según información de la agen-

tes de la DEA, la Organización Valencia Espinosa “forma parte del Cartel del Valle del

Norte” y es “responsable de estar enviando cocaína a Nueva York, Nueva York y a Miami,

Florida, Estados Unidos de América, a través de la Ciudad de México, por lo menos des-

de enero de 1999 hasta marzo de 2004”5.

Los delitos más importantes que se reseñan en los documentos analizados son el

decomiso de la embarcación “El Macel”, que fue asegurada el 18 de diciembre de 2001 en

territorio mexicano, después de entrar a aguas nacionales del Océano Pacífico, con 7.973

8

3 Decisión para resolver sobre la orden de aprehensión solicitada por agente del Ministerio Público de la Federación, con base en los autos de la causa penal 134/2004-V, 2004.

4 Decisión para resolver sobre la orden de aprehensión solicitada por agente del Ministerio Público de la Federación, con base en los autos de la causa penal 134/2004-V, 2004.

5 Decisión para resolver sobre la orden de aprehensión solicitada por agente del Ministerio Público de la Federación, con base en los autos de la causa penal 134/2004-V, 2004.

Kg. de cocaína, y el decomiso y aseguramiento de US $1.496.197, el 17 de Julio de 2002,

en la sala de vuelos nacionales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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3. ELEMENTOS METODOLÓGICOS

2.1. La Reconfiguración Cooptada del Estado (RCdE)

La situación analizada en el presente documento puede ser entendida mediante los con-

ceptos de Captura del Estado (CdE) y de Reconfiguración Cooptada del Estado (RCdE).

La Captura del Estado (CdE) ha sido definida como la intervención de individuos, grupos

o firmas legales en la formulación de leyes, decretos, regulaciones y políticas públicas,

para obtener beneficios propios de índole económica que van en detrimento del interés

general (Hellman, Jones, & Kaufmann, 2000; Hellman & Kaufmann, 2001; Hellman &

Kaufmann, 2000).

Pueden resaltarse cuatro características de la concepción tradicional de la CdE: “(i)

que se refiere a la acción de actores legales como grupos económicos y firmas nacionales

y transnacionales; (ii) que es una forma de corrupción con origen y consecuencias prin-

cipalmente económicas; (iii) que se adelanta principalmente mediante sobornos naciona-

les y transnacionales, y (iv) que se realiza característicamente en la rama legislativa y

ejecutiva del nivel central” (Garay, Salcedo-Albarán, Guerrero, & De León-Beltrán,

2009a; Garay, Salcedo-Albarán, & De León-Beltrán, 2010). Sin embargo, en algunos ca-

sos se observa la participación no sólo de agentes legales buscando beneficios económicos

perdurables, sino de agentes también ilegales que persiguen beneficios de índole penal,

social o política. Situaciones de este tipo se han observado en distintas regiones de Co-

lombia (Garay, Salcedo-Albarán, Guerrero, & De León-Beltrán, 2009a; Garay,

Salcedo-Albarán, & De León-Beltrán, 2010c).

Estos escenarios en los que también participan actores ilegales, con procedimien-

tos complementarios del soborno, presentan algunas características que concuerdan con

las nociones tradicionales de CdE. Sin embargo, también aparecer ciertas diferencias que

10

surgen al reconocerse que: (i) el interés por capturar el Estado no es exclusivo de grupos

legales, (ii) los intereses de captura no son únicamente de carácter económico, (iii) el so-

borno no es el único procedimiento que puede usarse para poner un marcha un proceso de

CdE y (iv) los procesos de CdE no se limitan a influir sobre las decisiones de la rama le-

gislativa del nivel central sino que pueden extenderse a las demás ramas del poder públi-

co.

Por este motivo, en la medida en que se avanza de la etapa tradicional de CdE, a

una etapa más compleja de CdE y en que incluso se supera esta última, se puede dar lugar

a una etapa más estructurada que se ha referido como Reconfiguración Cooptada del

Estado (RCdE). Así, entonces, se ha propuesto el concepto de Reconfiguración Cooptada

del Estado (RCdE) para referir aquellas situaciones en que “(i) se da gracias a la partici-

pación de actores que también son ilegales, (ii) se persiguen beneficios no solo

económicos sino principalmente penales y judiciales, políticos y de legitimación social,

(iii) se utilizan métodos de coerción o alianzas políticas que complementan o sustituyen el

soborno y (iv) se da en diferentes ramas del poder público” (Garay, Salcedo-Albarán, &

De León-Beltrán, 2010). De esta manera, la RCdE se define como “La acción de organi-

zaciones legales e ilegales que mediante prácticas ilegítimas, buscan modificar, desde

adentro, el régimen político de manera sistémica e influir en la formación, modificación,

interpretación y aplicación de las reglas de juego y de las políticas públicas, para obtener

beneficios sostenibles y lograr que sus intereses sean validados política y legalmente, así

como legitimados socialmente en el largo plazo, aunque éstos no obedezcan al interés

rector del bienestar social” (Garay, Salcedo-Albarán, Guerrero, & De León-Beltrán,

2009a).

Aunque el concepto de RCdE fue inicialmente propuesta para entender y tipificar

situaciones observadas en el caso Colombiano, recientes análisis comparativos han permi-

tido identificar proceso de CdE y de RCdE en otros Estados que enfrentan situaciones de

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narcotráfico a gran escala como México y Guatemala. Aunque cada país presenta unas

características particulares en el desarrollo de las redes ilícitas narcotraficantes, es posible

identificar ciertas similitudes en los procesos de intervención que dichas redes logran en

las instituciones formales de cada país (Garay, De León-Beltrán, & Salcedo-Albarán,

2010; Garay, Salcedo-Albarán, & De León-Beltrán, 2010b).

2.2. Elementos metodológicos

La corrupción sistémica requiere e implica la participación perdurable de diversos agen-

tes. En este sentido, cualquier situación de corrupción sistémica implica el establecimiento

de relaciones sociales perdurables. Estas relaciones configuran una red social que, por lo

tanto, puede examinarse y analizarse en términos de flujos y niveles de información y ca-

pital social6 (Degenne & Forsé, 1999). Cuando esta red social es graficada, se obtiene una

12

6 Capital social se define como el flujo de beneficios que recibe una persona por pertenecer a una red social [Coleman, J. S. (1988). Social capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology (94), S95-121. - Bourdieu, P. (1985). The Forms of Capital. In J. G. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research of Sociology of Education. New York: Greenwood]. En este sentido, la noción individual de capital social [ Glaeser, E., Laibson, D., & Sacerdote, B. (2002). An Economic Approach to Social Capital. The Economic Journal , 112 (483), F437-F458.] como la ventaja reportada a un individuo por pertenecer a una determinada red social [ Burt, R. S. (2005). Brokerage and Closure: An Introduction to Social Capital. New York: Oxford University Press. - Burt, R. S. (1992). Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge: Harvard University Press. - Burt, R. S. (1997). The Contingent Valua of Social Capital. Administrative Quaterly (42), 339-365. - Burt, R. S. (1998). The Gender of Social Capital. Rationality and Society (10), 5-46. - Burt, R. S. (2000). The network structure of social capital. Research in Organizational Behavior (22), 345-423. - Burt, R. S., Christman, K. P., & Kilburn, H. C. (1980). Testing a Structural Theory of Corporate Cooptation: Interorganizational Directorate Ties as a Strategy for Avoiding Market Constraints on Profits. American Sociological Review , 45 (5), 821-841.]. Si se adopta dicha noción individual de capital social, entonces puede afirmarse “que el capital social es algo que posee un individuo” [ De León-Beltrán, I., & Salcedo-Albarán, E. (2008). Narcotráfico y parapolítica en colombia, 1980-2007: Evolución del Capital Social Perverso. Bogotá: METODO. ]. También puede suceder que una persona tenga muchos contactos sociales pero, en realidad, ninguno de estos contactos le reporte beneficios para realizar sus intereses. Por este motivo deben tenerse en cuenta los propósitos del individuo [ Baker, W. A., & Robert, R. F. (1993). The Social Organization of Conspiracy: Illegal Networks in the Heavy Electrical Equipment Industry . American Sociological Review , 58 (6), 837-860 ] para determinar si un agente está obteniendo verdaderos beneficios por pertenecer a una determinada red social. De esta manera, la cantidad de contactos sociales no permite explicar, en todos los casos, los niveles de capital social pues un individuo puede estar muy conectado con otros individuos que no le reportan ventaja alguna en la consecución de sus propósitos y en la realización de sus intereses. En otras palabras, “el flujo de beneficios puede ser nulo si la red social (…) no es la adecuada para ciertos propósitos” [De León-Beltrán, I., & Salcedo-Albarán, E. (2008). Narcotráfico y parapolítica en colombia, 1980-2007: Evolución del Capital Social Perverso. Bogotá: METODO].

serie de puntos, llamados nodos/agentes, unidos por unas líneas. En nuestro caso, dichos

puntos o nodos/agentes, representan personas naturales siempre que no se señale lo con-

trario,7 y las líneas representan las relaciones sociales establecidas entre esas personas

/agentes.

Con el propósito de determinar los niveles de capital social individual, se calcula

el indicador de centralidad directa para saber cuál es el agente individual con mayor nú-

mero de conexiones directas establecidas con otros agentes. El nodo/agente que ha esta-

blecido la mayor cantidad de conexiones individuales directas con otros nodos/agentes, es

relevante en la articulación de la red social porque su ausencia implica una estructura dis-

tinta (Everett & Boratti, 2005; Degenne & Forsé, 1999).

En el presente análisis, la centralidad individual se calcula a partir de una matriz

relacional. Dado que el fenómeno social analizado consiste en el establecimiento de cier-

tas relaciones sociales, entonces para calcular el grado de centralidad de un agente dentro

de la red de corrupción o crimen organizado, CdE o RCdE se elabora una matriz relacio-

nal en la que se describe la presencia o ausencia de relaciones entre los nodos/agentes

(Valente, 2005). Esta matriz luego es procesada para obtener el gráfico que permite identi-

ficar y observar al nodo/agente más conectado.

Ahora bien, en algunos casos, estar “muy conectado”, como le sucede al nodo

/agente con la mayor cantidad de conexiones directas (usualmente llamado hub), no pro-

vee, necesariamente, información acerca de la verdadera concentración de capital social.

Esto sucede porque, en algunos casos, luego de varias iteraciones sociales, la información

al interior de una red social puede ser redundante; es decir, puede suceder que al interior

de una red todos los nodos/agentes compartan información de igual calidad y en igual

13

7 Los nodos también pueden representan personas morales o jurídicas, como empresas o, en general, cúmulos de personas agrupadas en una organización. Sin embargo, siempre que esto no se señale de manera explícita, los nodos representan personas naturales e individuales.

cantidad. En estos casos de información redundante (como el que aparece en el Grafo 1,

denominado cliqué), en los que no hay hub, estar conectado no implica “saber más” pues,

como se puede observar, todos los nodos/agentes tienen la misma cantidad de conexiones.

Grafo 1. Un cliqué

Cuando dos cliqués previamente desconectados, se conectan a través de un único

nodo/agente o de un único vínculo, los niveles de información y capital varían en ambas

sub-redes y, por lo tanto, aparece de nuevo información que no es redudante. Cuando es

un nodo/agente el que conecta los dos cliqués que estaban previamente desconectados, se

dice que un puente estructural comenzó a operar entre ambas sub-redes. Este puente es-

tructural se convierte en un agente relevante en la estructura de la red porque tiene una

elevada capacidad para arbitrar información entre sub-redes y, por lo tanto, decidir qué

tipo y qué cantidad de información fluye a través de la nueva red completa.

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Grafo 2. Dos cliqués conectados a través de un único nodo o Puente estructural

Con el fin de determinar el potencial que un determinado nodo/agente tiene en el

arbitraje de información, es necesario calcular el indicador betweenness. Con este último

indicador se identifica la capacidad de un determinado nodo/agente para ser intermediario

de las conexiones entre los otros nodos/agentes de la red, pues entre mayor sea su poten-

cial, ceteris paribus, “será mayor su control sobre el flujo de la comunicación” (Degenne

& Forsé, 1999, p. 136).

Ahora bien, los acuerdos establecidos entre los agentes que usualmente configuran

una situación de CdE y RCdE, es decir, funcionarios públicos, candidatos a cargos de

elección popular, agentes privados, narcotraficantes y miembros de grupos armados ilega-

les, pueden modelarse mediante de un grafo que corresponde a una matriz relacional si-

métrica de nxn, en la que n=agente. Este ejercicio, que ha sido aplicado al caso colombia-

no (Garay, Salcedo-Albarán, & De León-Beltrán, 2010), en el presente documento se apli-

ca al caso mexicano con un procedimiento idéntico al que se describe a continuación.

La matriz relacional mencionada debe tener la misma cantidad de filas y colum-

nas, y las etiquetas que se encuentran en las filas y en las columnas, deben tener el mismo

orden. Cada etiqueta de columna o de fila corresponde a un agente que interviene en las

relaciones sociales. Por ejemplo, en una red social conformada por John, Shanna y Jack,

se tienen tres nodos/agentes que configuran una matriz relacional de 3x3; es decir, tres

15

columnas por tres filas.

Si adicionalmente se tiene que en la situación social analizada John llamó a

Shanna, Shanna habló con Jack y Jack le envió dinero a Shanna, entonces la matriz rela-

cional resultante, en la que se describen las relaciones sociales, será del siguiente tipo:

Ejemplo de una matriz relacional de 3x3.

John Shanna Jack

John 0 1 0Shanna 0 0 1

Jack 0 1 0

Finalmente, la matriz relacional que contienen la información acerca de cómo inte-

ractúan los nodos/agentes, es procesada con un programa de graficación de redes sociales

para obtener las imágenes que aparecen en el presente documento. Luego, una vez elabo-

rados los grafos, es posible calcular los indicadores descritos líneas atrás, los cuales pue-

den usarse para, mediante la aplicación de algoritmos adicionales, generar nuevos grafos

con variaciones en color, tamaño o ubicación de los nodos, en función de los indicadores

obtenidos.

En términos generales, el proceso de recolectar información, elaborar la matriz

relacional, graficar, calcular los indicadores y aplicar los algoritmos de graficación, permi-

te identificar los flujos y niveles de capital social, así como la estructuras de las relaciones

sociales que se han establecido en la red (Baker & Robert, 1993).

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4. ARBITRAJE DE INFORMACIÓN

Al calcular el indicador de betweenness, con el fin de identificar al agente con el mayor

potencial para arbitrar e, incluso, manipular los flujos de información de la red, se encuen-

tra que el puente estructural es el agente NCVEVED, alias “El Doctor”.

Llama la atención la distancia que hay entre alias “El Doctor”, ubicado en el nú-

cleo del Grafo 3, y NCLVEP, que es alias “El Piraña”. En efecto, el puente estructural, “El

Doctor”, presenta un indicador de betweenness de 57,1%, mientras que el segundo core

node con el mayor indicador de betweenness presenta un indicador de apenas el 13%. Só-

lo cuatro core nodes adicionales presentan un indicador de betweenness superior a 1%:

NPGAG: 9,6%; NMJAMT: 8,8%; PTININALH: 5,7% y PMNFVF: 5,7%. De esta mane-

ra, en el modelo elaborado, se puede concluir una elevada concentración de poder para

arbitrar información en el agente “El Doctor”.

El perfil de los otros core node relevantes en términos del indicador de betweenness

puede identificarse de la siguiente manera:

• Los que comienzan con las letras N, son narcos.

• Los que comienzan con las letras NC, son narcos colombianos.

• Los que comienzan con las letras NM, son narcos mexicanos.

• Los que comienzan con las letras NP, son narcos “privados”, porque no se puede

determinar su afiliación a un cartel.

• Los que comienzan con la letra P, son “privados”, es decir, personas sin acusación

formal por algún delito, pero que tampoco cumplen funciones públicas.

• Los que comienzan con las letras PC, son pilotos colombianos.

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Grafo 3. Distribución radial uniforme por indicador de betweenness (capacidad para arbitrar información). El núcleo se ubica el nodo/agente con el mayor

indicador.

Como se puede observar en el Grafo 3, no hay un núcleo estructural que le dé for-

ma a la red en conjunto. De hecho, como ya se mencionó, llama la atención que la distan-

18

cia que hay entre el hub ubicado en el núcleo, y el core node 2, sea de 43 puntos porcen-

tuales. Esto quiere decir que la red ha sido principalmente estructurada a partir de las rela-

ciones sociales establecidas por el puente estructural, que es colombiano. De hecho, 31 de

los 39 nodos/agentes que conforman la red, son periféricos, con indicadores de centralidad

próximos o cercanos a cero (0).

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5. CONCENTRACIÓN DE RELACIONES DIRECTAS

Al calcular el indicador de centralidad, que permite identificar al hub, es decir, al nodo/a-

gente con la mayor concentración de relaciones sociales directas, se encuentra una estruc-

tura similar a la observada en el Grafo 3. También se aprecia una importante distancia en-

tre el agente que más concentra relaciones directas, y el segundo core nodo con el mayor

indicador. El hub, NCVEVED, registra un indicador de centralidad directa de 24,1%,

mientras que el segundo nodo/agente con el mayor indicador, NCLVEP, presenta 14,7%.

En este sentido, aunque en el Grafo 4 también hay concentración de relaciones so-

ciales directas, esta no es tan acentuada como la observada en la concentración del indica-

dor de betweenness, que determina la capacidad para arbitrar información. Esto quiere

decir que, aunque se configuran estructuras de concentración similares en torno a “El

Doctor”, lo cual implica una elevada capacidad para establecer relaciones sociales y para

arbitrar información, se evidencia una mayor capacidad para lo segundo.

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Grafo 4. Distribución radial uniforme por indicador de betweenness

•

21

6. SUB-REDES

A partir del algoritmo de graficación que se presenta en el Grafo 5, se observan tres sub-

redes articuladas por la red completa.

Grafo 5. Sub-redes por distribución aleatoria

En la sección superior izquierda del grafo, se observa una sub-red articulada por

NCVEVED, que refiere al colombiano alias “El Doctor”. Esta sub-red está conformada

22

por agentes privados, algunos de ellos médicos, que voluntaria e involuntariamente fueron

convencidos por “El Doctor” para invertir dinero en la construcción de una clínica; pro-

yecto que al parecer sirvió de fachada para lavado de dinero.

Por otra parte, en la sección inferior derecha se encuentra otra sub-red articulada

por el narcotraficante NPGAG, de cuya nacionalidad no se da razón. Este agente también

sirve de intermediario para la actividad de agentes privados que participan en lavado de

activos, como testaferros y fiadores en préstamos.

Finalmente, en la esquina superior derecha se observa una sub-red que no está ar-

ticulada a la red completa, pero cuyos integrantes aparecen en la información procesada.

Esta sub-red está conformada por capos del Cartel de Sinaloa y del Cartel de Juarez. Esto

refleja puntos de contacto operativos entre estos dos carteles, que deben ser analizados en

detalle con mayor información empírica.

23

7. PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y AVANCE EN LA RECONFIGURACIÓN COOPTADA DEL ESTADO.

En esta red no se registra la participación de funcionarios públicos, lo cual permite inferir

la concentración estratégica de las actividades de la red en el cumplimiento del lavado de

activos y entrega de droga a narcotraficantes mexicanos por parte de narcotraficantes co-

lombianos. Puede pensarse que si el propósito de esta red fuera también el de enviar la

droga a Estados Unidos, requeriría al menos la participación de agentes encargados de la-

bores de seguridad fronteriza y aduanera entre México y Estados Unidos. Sin embargo,

este no parece ser el caso dado el propósito básico de esta etapa del proceso consistente en

entregar droga proveniente de Colombia a narcotraficantes mexicanos. Teniendo en cuenta

la participación exclusiva de agentes privados, en la presente red no se elaborarán cálculos

de alcance institucional, ni se intenta determinar los grados de CdE y RCdE. De igual ma-

nera, este modelo permite suponer que los narcotraficantes colombianos que han estable-

cido acuerdos con narcotraficantes mexicanos, no han iniciado, al menos directamente,

procesos de Captura o Reconfiguración Cooptada en las instituciones mexicanas.

Debe llamarse la atención del esquema de narcotráfico aquí descrito, en el que narcotrafi-

cantes colombianos llevan la droga ilícita a México, para que luego sea ingresada a los

Estados Unidos por parte de redes narcotraficantes mexicanas. Sin embargo, con base en

información indirecta se sabe que no sería el único tipo de esquema actualmente estable-

cido entre narcotraficantes colombianos y mexicanos. Por ejemplo, se tiene noticia de re-

des de narcotraficantes colombianos que actualmente llevan la droga ilícita hasta Guate-

mala, en donde es recibida por narcotraficantes mexicanos que luego cumplen con el obje-

tivo final de ingresar la droga a Estados Unidos.

En general, puede inferirse que esta red está concentrada en la ejecución de activi-

dades puramente criminales por parte de los agentes participantes, sin interés en avanzar

en la captura o reconfiguración cooptada de instituciones del Estado Mexicano. Este rasgo

24

puede ser una hipótesis exploratoria acerca del funcionamiento de redes de narcotráfico

Colombiano orientadas únicamente al envío de droga a México. Esto permitiría suponer

que la cooptación de instituciones mexicanas estaría a cargo de los narcotraficantes mexi-

canos, lo cual ahorra esfuerzos organizacionales a los carteles Colombianos. Esta sería,

entonces, una necesidad y un interés exclusivos de los narcotraficantes mexicanos. No

obstante, esta hipótesis debe ser aún corroborada con el análisis inductivo de un mayor

número de casos.

25

8. REFLEXIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

El narcotráfico y la corrupción, progresivamente, se han convertido en procesos que agru-

pan conductas catalizadoras y dinamizadoras de otras conductas criminales, que no sólo

aprovechan sino que agudizan debilidades estructurales en las instituciones democráticas

de estados a nivel local, regional y nacional.

Por una parte, el narcotráfico potencia la convergencia de conductas delictivas

que, directa o indirectamente, se aplican para la comisión exitosa de la producción, trans-

porte, venta de sustancias ilegales, y para el lavado e inversión de capitales que expanden

el negocio en las esferas ilegal y legal. De manera directa, las redes de narcotraficantes

requieren tecnologías de violencia para regular el mercado, proteger territorios, establecer

barreras de entrada a la competencia y hacer cumplir acuerdos establecidos. De manera

indirecta, esas tecnologías de violencia pueden ser luego útiles para cometer cualquier

otro tipo de delito no directamente asociado al narcotráfico, como el robo de autos, los

asaltos bancarios o el cobro de extorsiones (De León-Beltrán & Salcedo-Albarán, 2007).

De hecho, se ha mostrado que rutas que atraviesan Honduras, Guatemala y México, que

fueron establecidas a partir de confrontaciones violentas y principalmente orientadas al

tráfico de drogas, actualmente son usadas para contrabando y tráfico de inmigrantes ilega-

les, por ejemplo (Barboza, 2010; González, 2008).

Por otra parte, las conductas de corrupción son un espacio institucional y social de

oportunidad para que narcotraficantes y otros criminales obtengan el favor de funcionarios

públicos en todos los niveles y ramas de la administración pública: desde autoridades lo-

cales de seguridad hasta funcionarios públicos de alto nivel. En este sentido, narcotráfico

y corrupción se dinamizan mutuamente, en la medida en que mayores niveles de narcotrá-

fico, por su poder económico y coercitivo, ceteris paribus, tienden a aumentar los riesgos

de corrupción, y viceversa.

26

El efecto de dinamización criminal logrado por el narcotráfico y la corrupción, y

los fenómenos sociales que resultan de su circularidad causal, como la RCdE, reproducen

y agudizan debilidades estructurales que no sólo se manifiestan en crímenes registrados en

estados locales, regionales o nacionales, sino también en la calidad, funcionamiento y po-

sibilidad de consolidación de todas las instituciones democráticas en general. Estos daños

estructurales aparecen cuando narcotraficantes actúan directamente sobre instituciones

encargadas de perseguir y sancionar los delitos a través de múltiples mecanismos, desde el

soborno a la coerción, así como, en general, cuando las instituciones democráticas se

vuelven funcionales a la realización de intereses criminales, como los intereses narcotrafi-

cantes. Para que esto último suceda, además de que agentes abiertamente narcotraficantes

infiltren a las entidades y dinámicas de decisión, se requiere que intereses narcotraficantes

sean adoptados o defendidos por agentes supuestamente legales a cargo del funcionamien-

to de estas instituciones. En general, basta la infiltración de intereses criminales, en este

caso narcotraficantes, y la cooptación del funcionamiento de instituciones democráticas,

para que dichas instituciones pierdan su razón de ser fundamental, a saber: favorecer los

intereses colectivos.

El caso analizado en el presente documento evidencia cómo en la oferta de drogas

ilícitas, se ha establecido una colaboración entre narcotraficantes colombianos y mexica-

nos, con una distribución de tareas que también podría considerarse como clara en térmi-

nos de producción, tráfico y distribución. Esta división y especialización de tareas, impo-

ne fuertes obstáculos que hacen casi imposible eliminar completamente la oferta de dro-

gas ilícitas en el hemisferio occidental. Esta división y especialización de funciones ha

consistido, por una parte, en que los narcotraficantes colombianos, principalmente encar-

gados de la producción de drogas ilícitas, a diferencia de lo que se observó hasta la prime-

ra mitad de la década de los noventa, actualmente se concentran en enviar las drogas a

México. De esta manera, los narcotraficantes colombianos ya no tienen que enfrentar los

estrictos controles de interdicción marítimos y aéreos impuestos por las autoridades de

Estados Unidos en las rutas que fueran empleadas hasta principios de la década de los no-

27

venta. En la medida en que los narcotraficantes colombianos se han visto forzados a ceder

a los narcotraficantes mexicanos la tarea de ingresar las drogas ilícitas a Estados Unidos,

también han perdido parte de las ganancias pero, al tiempo, han podido concentrarse úni-

camente en las labores de producción y envío de las drogas ilícitas a países con controles

más débiles que los impuestos por los Estados Unidos en las rutas del Caribe, como Mé-

xico, Guatemala y Honduras.

Esta distribución de tareas puede explicarse, en buena medida, por la elevada can-

tidad de flujos legales e ilegales que hay entre México y Estados Unidos, en términos de

personas, intercambio comercial y actividades financieras, y la posibilidad que puedan ser

aprovechadas especialmente por carteles mexicanos que ejercen poder sobre territorios de

tránsito desde el Sur de México hasta la frontera norte con Estados Unidos. En efecto, la

concentración de flujos entre Estados Unidos y México, algunas debilidades en las agen-

cias de control doméstico de la frontera de México y la extensa frontera territorial com-

partida entre México y Estados Unidos, son condiciones que facilitan el ingreso de las

drogas ilícitas a Estados Unidos por parte de los narcotraficantes mexicanos.

Aunque el mercado de narcotráfico establecido alrededor de la producción colom-

biana ha sido transnacional desde el principio pues la demanda más representativa se en-

cuentra en Estados Unidos y en países europeos, la presente red evidencia una colabora-

ción entre narcotraficantes mexicanos y colombianos que no es obvia, mucho menos si se

tienen en cuenta las constantes y comunes confrontaciones violentas que se han observado

entre redes narcotraficantes al interior de Colombia y de México durante las últimas déca-

das. Aunque el objetivo del presente documento no es explicar las causas del esquema de

colaboración logrado por narcotraficantes colombianos y mexicanos, podría proponerse

como hipótesis el reconocimiento de beneficios mutuos obtenidos en el marco del desa-

rrollo de las ventajas comparativas de cada uno, a saber: la producción, para los colom-

bianos, y el transporte y la internación a Estados Unidos, para los mexicanos.

28

Ahora bien, la colaboración entre narcotraficantes colombianos y mexicanos no

está restringida al transporte de la droga. Como es de suponerse, la escala de los negocios

desarrollados entre colombianos y mexicanos exige también acuerdos complejos para de-

sarrollar transacciones financieras y para lavar el dinero resultante de las actividades ilíci-

tas.

8.1. Acciones de corto plazo1. Fortalecer los mecanismos de seguimiento e intervención a la estructura econó-

mica de las redes narcotraficantes, mediante el uso de información de inteligencia

en el sector financiero transnacional y profundizándose en el papel de la banca

doméstica y transnacional.

De manera adicional a los cargamentos de las drogas ilícitas, los movimientos financieros

son también elementos de la actividad ilegal que pueden intervenirse con el propósito de

debilitar el funcionamiento de las redes narcotraficantes. La capacidad para ejercer vio-

lencia y el poder económico, sumados a una estructura flexible que permite rápidas inno-

vaciones frente a las restricciones impuestas por el Estado (De León, Gonzalez, &

Salcedo-Albarán, 2003), son las principales ventajas comparativas que permiten a las re-

des narcotraficantes avanzar en procesos de corrupción sistémica, CdE o RCdE. Cuando

el Estado interviene en la estructura económica de las redes narcotraficantes, ataca enton-

ces una de sus ventajas comparativas frente a las agencias del Estado que se han dispuesto

para controlarlas y confrontarlas. Para el efecto, es importante fortalecer los mecanismos

de monitoreo financiero doméstico de Colombia, con la Unidad de Investigación y Análi-

sis Financiero (UIAF), y de México, con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Sin embargo, es indispensable avanzar en el

establecimiento de una Agencia Bilateral de Investigación Financiera (ABIF) que permita

desarrollar dicho monitoreo de manera armónica entre estos dos países, no en el marco de

comunicaciones esporádicas que se establecen cuando se desarrollan investigaciones entre

29

agencias mexicanas y colombianas, sino en el marco legal de una comunicación estable de

el mediano plazo.

Desde 1995, el Grupo EGMONT se ha convertido en un importante marco de in-

tercambio de información entre Unidades de Inteligencia Financiera (FIU´s)8 alrededor

del mundo, lo cual ha permitido avanzar sobre todo en la identificación de mecanismos

judiciales, coercitivos e híbridos para prevenir el lavado de dinero. Este marco, o el pro-

visto por alguna agencia multilateral como la Oficina de Naciones Unidas Contra las Dro-

gas y el Delito (UNODC)9, pueden servir de contexto para iniciar las actividades requeri-

das, entras las cuales se encuentran:

• Revisar e identificar los marcos constitucionales y legales vigentes en Colom-

bia y México, que permitirán la instalación, en el muy corto plazo, de la ABIF.

• Identificar las agencias que por (i) su reducido historial de infiltración, (ii) su

alta confidencialidad y (iii) su alta eficiencia y calidad al momento de generar

insumos judiciales, tanto en Colombia como en México, puedan servir de enla-

ces locales a la ABIF.

• Establecer una agenda bilateral, no superior a un año, para redactar y discutir

los lineamientos del acuerdo de cooperación que, tras ser firmado y ratificado

por el Congreso de Colombia y el Congreso de México, permitiría la incorpo-

ración de la ABIF al bloque constitucional de cada Estado miembro.

• Una vez celebrado el acuerdo de cooperación, y mientras se avanza en su trá-

mite para ratificación por los respectivos congresos, se requiere diseñar la es-

tructura logística de la ABIF, lo cual implica identificar las fuentes de finan-

ciamiento, los recursos domésticos y las donaciones que deben ser tramitadas

ante agencias multilaterales.

30

8 Financial Intelligence Units.

9 United Nations Office on Drugs and Crime

• Diseñar una plataforma que permita la interconexión entre los sistemas de inte-

ligencia financiera domésticos de Colombia y de México.

Adicionalmente, las características de los movimientos financieros y de los proce-

sos para lavar dinero por parte de las redes narcotraficantes, van desde los más simples,

consistentes en el transporte físico de pequeñas cantidades de dinero, hasta los más com-

plejos, como aquellos que se sirven de testaferros y de la banca pública y privada, domés-

tica y transnacional. (UNODC, 2010) Estos últimos requieren especial atención porque

constituyen un espacio de oportunidad para el movimiento y el lavado masivo de dinero

del narcotráfico y porque, en concordancia con los procesos de CdE y de RCdE, requieren

la coerción o el establecimiento de acuerdos de “libre voluntad” con agentes de alto nivel

en el sistema financiero. Precisamente, en este sentido se ha llamado la atención en la im-

portancia de analizar en detalle el papel de la banca doméstica e internacional en el forta-

lecimiento de las redes narcotraficantes actuales (Enríquez Cabot, 2010). Dado que el sis-

tema financiero es una institución relevante en el funcionamiento de la mayoría de demo-

cracias actuales, sustentadas en principios de libre competencia, es importante compren-

der los riesgos de que dichas instituciones sean cooptadas e instrumentalizadas a favor del

cumplimiento de intereses criminales.

2. Avanzar en el fortalecimiento de acuerdos de cooperación técnica y logística entre

México y Colombia.

El establecimiento de la ABIF, aunque prioritario, no es la única área que requiere el un

marco de cooperación y transferencia permanente de información. La creciente cantidad

de operaciones reactivas de éxito desarrolladas en los últimos años entre agencias de Co-

lombia y de México, como la Operación Frontera (Lozano, 2010), justifica la necesidad

de avanzar en el establecimiento de comisiones y oficinas bilaterales que, con esquemas

similares el planteado en el caso de la ABIF, sirvan de marco legal y logístico permanente,

de mediano plazo, para el desarrollo armónico de operaciones reactivas y preventivas.

31

Algunas áreas en las que se requiere el establecimiento de comisiones y oficinas

bilaterales son:

• Desarrollo de operaciones reactivas entre la Policía Nacional de Colombia

y la Policía Federal, la Marina, cuerpos de policía estatal de México y otros

organismos que han intervenido en las operaciones contra el narcotráfico

en México.

• Transferencia de tecnología investigativa entre la Policía Nacional de Co-

lombia y agencias de seguridad en México.

• Capacitaciones unificadas en técnicas de inteligencia a las agencias de se-

guridad de Colombia y de México.

• Protocolo de verificación de información técnica y de inteligencia enviada

de Colombia a México, y viceversa. Esto, con el objetivo de evitar fuga de

información y concentrar la responsabilidad en la calidad de información

que es utilizada en las operaciones bilaterales.

8.2. Acciones de mediano y largo plazo1. Promover y consolidar la legitimación e institucionalización del Estado en su

calidad de ente responsable de lo público y el “bien común”10.

La insuficiente representatividad democrática y la débil institucionalidad del Estado en

países varios latinoamericanos han favorecido el resquebrajamiento de funciones y res-

ponsabilidades básicas e inalienables de un Estado de Derecho democrático. Algunas de

estas funciones son: Garantizar el respeto de los derechos humanos constitucionales de

todos los ciudadanos, asegurar la irrestricta vigencia de la ley en derecho, propender por

la preservación del orden democrático instituido y velar por la integridad territorial. En

países como México, Guatemala y Colombia la precariedad del Estado, algunas veces

32

10 Este numeral se basa en Garay (1999).

agravadas en el nivel local, regional o nacional, ha llevado a la paulatina sustitución de

estas funciones por parte de grupos o intereses privados poderosos en el arbitrio de rela-

ciones políticas, económicas, culturales y sociales, relegándose el imperio de lo público en

favor de propósitos individualistas o grupales que no reflejan los intereses colectivos per-

durables.

En consecuencia, resulta prioritario asegurar que ciertas responsabilidades y fun-

ciones del Estado, en un ordenamiento democrático, sean inalienables e indelegables, de

obligada observancia como autoridad legalmente instituida, y exigibles y de cumplimiento

auditable por la sociedad civil, aún dentro del nuevo papel del Estado que ha venido sien-

do impulsado en el contexto de la globalización. Responsabilidades como (i) asegurar la

preeminencia de lo público y el “bien común”; (ii) garantizar, bajo cualquier circunstan-

cia, el pleno respeto de los derechos humanos; (iii) preservar el imperio de la ley; (iv)

aplicar la justicia conmutativa bajo condiciones de igualdad; (v) ejercer a cabalidad el po-

der monopólico de su autoridad coactiva, en derecho, para la preservación de la ley; (vi)

velar por la seguridad y la integridad del territorio nacional; e (vii) implantar los preceptos

de la justicia distributiva, que han instituidos constitucionalmente para un Estado Social

de Derecho en calidad de derechos en las esferas económica, social, política y cultural,

deben mantenerse siempre entre las tareas de obligatorio cumplimiento de la mayoría de

los Estados modernos, instituidos en Derecho, con el fin de promover el cumplimiento de

los valores democráticos que sustentan la vida social.

Contrario a lo pregonado por ópticas radicales voluntaristas, para que el Estado

pueda desempeñar con propiedad su papel social a esta altura del proceso de globaliza-

ción, dicho Estado debe vindicarse como institución social legítima, representativa, sólida,

eficaz y funcional bajo una nueva lógica política y económica, sujeta a un activo escruti-

nio por parte de la sociedad –la “rendición pública de cuentas” –. Esto implica la profun-

dización y perfeccionamiento de un nuevo arreglo social que privilegie la estrecha coordi-

33

nación y consulta entre lo público y lo privado desde el propio nivel individual, grupal y

social en cada esfera de la sociedad (económica, política y cultural).

En este contexto, ha de cambiarse radicalmente el carácter de la función pública y

la racionalidad en el funcionamiento del Estado, imponiendo, con el compromiso de una

ciudadanía cada vez más deliberante, un sentido estrictamente público-societal a la

función pública y erradicando la lógica rentística –excluyente y concentradora del poder–

por una de estricto servicio público en la acción estatal, bajo criterios esenciales como los

de eficacia, transparencia y estricto control, supervisión y fiscalización por parte de la

ciudadanía.

2. Replantear la concepción y los marcos explicativos para entender las relacio-

nes entre el Estado y los criminales, con el fin de superar nociones “naive”

que suponen un escenario de invariable y permanente confrontación entre

ellos y contar con mejores elementos de juicio a la hora de diseñar políticas

publicas y reformas del Estado.

Nada más alejado de la realidad que el supuesto de que los seres humanos que conforman

las instituciones de seguridad, juzgamiento y sanción están aislados del poder corruptor,

económico y coercitivo de las redes criminales como las narcotraficantes. En la red mode-

lada en el presente documento, se encuentra que las relaciones sociales que median entren

los nodos/agentes no se limitan a relaciones de persecución y sanción hacia criminales por

parte de funcionarios públicos, o de confrontación y soborno por parte de criminales hacia

funcionarios públicos. Por el contrario, se encuentran (i) relaciones de amistad o de víncu-

lo familiar entre funcionarios públicos y narcotraficantes, (ii) relaciones de cooperación y

apoyo político y electoral otorgado por criminales, en este caso narcotraficantes, a candi-

datos a cargos de elección popular o (iii) también de apoyo solicitado por candidatos o

funcionarios públicos a criminales para aprovechar sus habilidades para ejercer coacción,

intimidación y violencia, comprometiendo como contraprestación algunas dádivas de ca-

rácter administrativo, económico penal consecuente con la impunidad. Estos tipos de rela-

34

ciones, y otras que han sido observadas en Colombia, como compromisos de cesión de

contratación a grupos ilegales (Garay, Salcedo-Albarán, & De León-Beltrán, 2010), per-

miten reconocer el alcance que las redes ilícitas de crimen organizado tienen sobre las ins-

tituciones de los Estados. A mayor infiltración lograda por estas redes y mayores niveles

de corrupción tradicional, de CdE o de RCdE, ceteris paribus, puede suponerse entonces

una menor capacidad para controlar, perseguir, juzgar y sancionar los delitos y, a su vez,

puede suponerse un círculo causal perverso entre mayores alcances de las redes criminales

y mayores niveles de debilidad institucional.

El reconocimiento de las dimensiones y la estructura de este círculo causal presen-

ta unas características particulares en cada contexto administrativo, sea local, regional o

nacional. Dichas características sólo pueden reconocerse si se identifica y analiza la am-

plia gama de relaciones sociales que, en términos empíricos y no en la teoría de los mode-

los, median entre los intereses criminales y los intereses legítimos del Estado. Para el

efecto, es necesario reconocer que amplias parcelas del Estado, así como de la sociedad

civil y los medios de comunicación, se exponen y resultan afectados pero incluso pueden

usufructuar, por acción u omisión, de la compleja interacción social entre criminales, ciu-

dadanos, organizaciones y funcionarios públicos. Todos estos actores del juego social se

yuxtaponen en un entramado de dinámicas políticas, económicas y psico-sociales que re-

quieren mayor profundización para su comprensión y su tratamiento a través de políticas

públicas.

3. Promover y profundizar el análisis integral y transdisciplinar de fenómenos

sociales que resultan de la relación entre corrupción, narcotráfico y debilidad

institucional, con el objetivo de proveer elementos de juicio para la formula-

ción de política en seguridad pública y de nuevos modelos de descentraliza-

ción, sobre todo en Estados cuyas instituciones democráticas se encuentran en

proceso de formación o de consolidación.

35

La RCdE es un fenómeno social cuyas causas y consecuencias psico-sociales, económi-

cas, culturales, antropológicas y políticas, están mutuamente relacionadas. Esto quiere de-

cir que análisis parciales, estrictamente psicológicos, económicos, antropológicos o políti-

cos, siempre proveerán modelos explicativos con alcances restringidos y conceptualmente

limitados al momento de intentar explicar la realidad social. Esto no quiere decir que haya

modelos que en términos epistemológicos sean lo suficientemente complejos como para

explicar cada detalle de la realidad social pues, en estricto sentido, un modelo o una simu-

lación siempre se desarrolla a partir de una imagen parcial de la realidad (Fodor,

1968/1991). No obstante, modelos que no integran variables de distintos cuerpos científi-

cos, y que suponen que los fenómenos de la realidad social pueden aislarse en función de

las especializaciones del positivismo científico, resultan claramente insuficientes en tér-

minos de diseño de política pública.

En este sentido, por una parte, es necesario que la formulación de políticas de se-

guridad pública se nutran de procesos de diagnóstico sustentados en procedimientos y

protocolos científicos. A manera de ilustración, con el propósito de avanzar en esta direc-

ción, la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica emitió el 17 de diciembre de

2010, a través del Director de la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología, un memo-

rando dirigido a los directores de las agencias y departamentos de la Rama Ejecutiva, en

el que se especifican los fundamentos de Integridad Científica del Gobierno (Holdren,

2010). En este sentido, no sólo se fomenta la incorporación de procedimientos, protocolos

y resultados científicos a los procesos de formulación de políticas públicas, sino que se

establecen algunos parámetros para dicha incorporación. Esta iniciativa de incorporación

parece aún precaria en Estados con bajos niveles de desarrollo y divulgación científica,

patentes y doctorados activos, entre otros parámetros de desempeño científico.

Por otra parte, no basta incorporar insumos científicos a los procesos de formula-

ción de política pública en temas como el de seguridad, sino que es necesario que esos

elementos de juicio sean integrales, es decir, que estén conformados por variables proce-

36

dentes de distintos cuerpos científicos y que estén articulados en explicaciones coherentes

con el contexto institucional de la unidad administrativa que demanda el insumo. A su

vez, el presente proceso requiere la adopción de la siguiente tarea.

4. Avanzar en la modernización y profesionalización del aparato judicial, con

miras a lograr una mayor eficiencia institucional. En este sentido, promover la

transparencia en la información judicial necesaria para entender las estructu-

ras, las causas, los efectos, los flujos de información y las variables de contex-

to institucional que facilitan la puesta en marcha de procesos de CdE y RCdE,

con el fin de generar insumos de política pública que sean cada vez más certe-

ros y ajustados a la realidad institucional de cada Estado local, regional o na-

cional.

5. Promover la convivencia ciudadana, fomentar la cultura de la legalidad y di-

fundir valores democráticos mediante estrategias de educación y divulgación

que incorporen los últimos desarrollos de la neuropsicología, la neuro-econo-

mía y la neuro-política, con el propósito de facilitar la interiorización de di-

chos valores a los fundamentos culturales de las sociedades colombiana y me-

xicana.

Sin una estricta prevalencia de la ley se crean condiciones propicias para un desarreglo

societal profundo, produciéndose la ruptura de reglas básicas de convivencia ciudada-

na. Esta convivencia se ha de regir, por una parte, por la re-valoración de principios y

comportamientos que van más allá del ámbito de la educación formal, abarcando los

más diversos espacios de la vida social. Por otra parte, esta convivencia también debe

regirse por la vigencia de un tipo de normas rectoras en derecho, de índole persuasiva

e incluso coactiva, acordadas por mutuo entendimiento a través de un “contrato so-

cial” entre los miembros de la sociedad.

37

La fragilidad de la convivencia ciudadana, que penetra múltiples instancias del

ordenamiento social, abarca desde relaciones cotidianas entre individuos y entre grupos,

hasta aquellas como la relación interactiva entre organizaciones, partidos y el Estado, en

los espacios públicos, colectivo y privado. Entonces, con la erosión de la convivencia ciu-

dadana se va asentando y germinando una creciente utilización del uso de la fuerza o la

coacción, o el poder de influencia de unos grupos poderosos, entre otros los criminales,

sobre otros grupos de la población, para el logro de sus propios fines individualistas,

egoístas e incluso, en ocasiones, en contra de la estabilidad social y de los intereses pro-

piamente de carácter público (Garay, 1999).

Durante las últimas décadas, y con el progresivo fortalecimiento del narcotráfico

como un negocio altamente rentable, una serie de anti-valores ciudadanos, tendientes a la

trampa, a la justificación de la práctica del “todo vale” consecuente con la búsqueda de

fines así sean ilegales o ilegítimos mediante cualquier medio por injustificable que sea, y a

la resolución violenta de conflictos, se han incorporado en los fundamentos de la cultura

de varias sociedades latinoamericanas. Con el fin de revertir esta situación, se requiere

una especie de “revolución cultural” cuya promoción debe incorporar los últimos desarro-

llos educativos y neuro-psicológicos que dan cuenta de cómo y por qué determinados pa-

trones de conducta surgen, se transmiten y consolidan en los protocolos culturales de gru-

pos humanos. Este enfoque requiere la consideración transdisciplinar de (i) las estructuras

de las redes sociales que se configuran en virtud de patrones de conducta, como es el caso

de los intereses y propósitos criminales, (ii) el sustrato causal neurológico subyacente a la

transmisión y adopción de esos patrones y de ciertas decisiones (Camerer & Loewenstein,

2004; Camerer, Loewenstein, & Prelec, 2004), y (iii) el sustrato-esquema institucional que

resulta de esta dinámica.

Se ha de avanzar, entonces, en el desarrollo de un nuevo ethos cultural mediante la

valoración del reconocimiento moral del individuo y el deber de la civilidad como requisi-

to para la formación de una ciudadanía deliberante, autorreflexiva y protagonista del desa-

38

rrollo social. Consecuente con ello, se debe progresar en la legitimación de la prevalencia

de principios y valores civilistas con sustento en el aporte comprometido de la ciudadanía

(Garay et al., 2002).

6. Promover y aplicar un acuerdo societal sobre principios rectores de la justicia

distributiva y la inclusión social.11

Ante los niveles de exclusión, inequidad y pobreza, uno de los postulados rectores del

contrato social requerido para construir una nueva sociedad que rechace en mayor medida

los intereses y procedimientos criminales, gira alrededor de la decisión política sobre los

valores societales de la igualdad. Aparte del requisito de la igualdad de los ciudadanos en

términos de los valores de la libertad política y civil, de los valores del bien común y, en

fin, de los valores y derechos básicos –objeto de la justicia conmutativa propiamente di-

cha–, toda sociedad organizada debe abordar y definir los principios que regulan los valo-

res de la equidad de oportunidades intra e inter-generacionales. Estos valores deben hacer

énfasis especial hacia las nuevas generaciones; sobre todo, cuando las generaciones re-

cientes no han contado con mecanismos equitativos necesarios para avanzar en la realiza-

ción de vida con socioeconómicas buenas, dentro de estándares internacionales, pero ar-

mónicos con legalidad. Estos proyectos de vida, entonces, sólo serán posibles sobre la ba-

se las igualdades económicas y sociales; en general, de la reciprocidad económica en re-

tribuciones proporcionales a los esfuerzos hechos dentro de la legalidad. Éste es el campo

de la justicia distributiva en el que se fijan los principios e instituciones para la justicia

social y económica entre unos ciudadanos con el derecho a ser libres e iguales.

La justicia distributiva es especificada por decisión política sobre los criterios que

la comunidad de ciudadanos deliberantes y reflexivos –bajo una concepción societalista y

no exclusivamente egoísta– reconoce como “justos” en términos distributivos, y según la

cual a cada uno se le garantice lo que le deba corresponder. La aplicación de esta justicia

es, en última instancia, ámbito de la autoridad pública, del Estado que debe haber sido le-

39

11 Este numeral se basa en Garay (1999).

gítimamente constituida, mediante mecanismos democráticos, siempre favoreciendo el

bienestar colectivo, y no mediante procedimientos coercitivos o de facto.

La importancia de una justicia conmutativa y distributiva, legítimamente recono-

cida por los ciudadanos, reside en que los motiva a consolidar un sentido de pertenencia y

de identificación con la comunidad, a cumplir con el deber de la civilidad, a privilegiar el

“bien común” y lo público y, en últimas, a perseguir la realización de proyectos de vida

fundamentados en el desarrollo de valores morales que, aunque pueden ser individuales,

no son egoístas sino que son armónicos con el bien común. Por el contrario, en ausencia

de estos principios de justicia conmutativa y distributiva, es casi imposible perseguir la

realización de proyectos de vida cívicos, pues se carece de las condiciones mínimas de

partida y de los procedimientos necesarios para garantizar intereses individuales que sean

armónicos con el bienestar general. En estas condiciones, van apareciendo intereses indi-

viduales puramente egoístas que progresivamente se fortalecen en virtud de la consolida-

ción del imaginario alrededor de aquellos que triunfan sin importar el medio de lograrlo

ni el costo que implica a los demás. Luego, en estadios avanzados bajo el predominio de

intereses egoístas y excluyentes, las restricciones morales, en términos individuales y so-

ciales, se distorsionan casi por completo, al punto de que se impone la idea del todo vale

estricto. Se configura, entonces, un escenario de competencia entre (i) aquellos que conti-

núan respetando las leyes y las reglas del juego social, incluso en ausencia de condiciones

de partida que garanticen los mínimos necesarios para desempeñarse en el juego social en

condiciones de igualdad y casi sólo en virtud de un optimismo moral, con una baja proba-

bilidad de lograr la realización del “proyecto de vida ideado”, y (ii) aquellos que no respe-

tan las leyes ni las reglas del juego y que, por lo tanto, adoptan proyectos de vida que, sin

ser más fáciles de realizar que aquellos de quienes respetan las reglas, al estar fundamen-

tados en la ilegalidad conllevan una alta rentabilidad económica y posiblemente social. El

resultado, en la práctica, es que los segundos tienden a obtener mayor rentabilidad eco-

nómica en el corto plazo y, en algunos contextos, mejores posiciones sociales; mientras

que los primeros quedan asociadas, en el imaginario social y en la práctica, a proyectos de

40

vida de menor rentabilidad económica y, en determinados contextos, a peores posiciones

sociales.

Por lo anterior, se hace necesario establecer las bases para consolidar una cultura

democrática bajo principios de una civilidad deliberante y de la legalidad como referente

de las relaciones sociales; es necesario invertir la imagen aquí descrita, no para que la ren-

tabilidad económica sea irrelevante en la configuración del respeto social, sino para que

sean las actividades legales, civiles y socialmente benéficas, las que estén asociadas a la

posibilidad de desarrollar proyectos de vida llamativos por su rentabilidad individual y

social. Sólo así pueden buen número de las sociedades latinoamericanas, avanzar en el

desarrollo de una sociedad moderna, organizada bajo un régimen democrático incluyente

en lo económico, político, cultural y social. En general, se requiere avanzar en la toma de

conciencia y en la asunción del papel social de cambio por parte de actores clave y de sec-

tores cada vez más amplios de ciudadanos, con participación especial y comprometida de

las nuevas generaciones, para afrontar de manera integral, en términos de la relación entre

los privado, lo colectivo y lo público, un proceso de transición hacia la construcción de

una nueva sociedad.

41

9. BIBLIOGRAFÍA

Baker, W. A., & Robert, R. F. (1993). The Social Organization of Conspiracy: Illegal Networks in the Heavy Electrical Equipment Industry . American Sociological Review , 58 (6), 837-860.

Barboza, R. (2010 йил 29-Aug.). Tráfico de migrantes, sin solución a la vista. Retrieved 2 0 1 0 , 2 8 - S e p t . f r o m E l U n i v e r s a l . m x : http://www.eluniversal.com.mx/estados/77641.html

Bourdieu, P. (1985). The Forms of Capital. In J. G. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research of Sociology of Education. New York: Greenwood.

Burt, R. S. (1992). Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge: Harvard University Press.

Burt, R. S. (1997). The Contingent Valua of Social Capital. Administrative Quaterly (42), 339-365.

Burt, R. S. (1998). The Gender of Social Capital. Rationality and Society (10), 5-46.

Burt, R. S. (2000). The network structure of social capital. Research in Organizational Behavior (22), 345-423.

Burt, R. S. (2005). Brokerage and Closure: An Introduction to Social Capital. New York: Oxford University Press.

Burt, R. S., Christman, K. P., & Kilburn, H. C. (1980). Testing a Structural Theory of Corporate Cooptation: Interorganizational Directorate Ties as a Strategy for Avoiding Market Constraints on Profits. American Sociological Review , 45 (5), 821-841.

Camerer, C. F., & Loewenstein, G. (2004). Behavioral Economics: Past, Present, Future. In C. F. Camerer, G. Leowenstein, & M. Rabin (Eds.), Advances in Behavioral Economics (pp. 3-52). New York, New York: Princeton University Press.

Camerer, C. F., Loewenstein, G., & Prelec, D. (2004). Neuroeconomics: Why economics needs brains. Scandinavian Journal of Economics , 106 (3), 555-579.

Coleman, J. S. (1988). Social capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology (94), S95-121.

42

De León-Beltrán, I., & Salcedo-Albarán, E. (2007). El Crimen Como Oficio: Ensayos sobre Economía del Crimen en Colombia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

De León-Beltrán, I., & Salcedo-Albarán, E. (2008). Narcotráfico y parapolítica en colombia, 1980-2007: Evolución del Capital Social Perverso. Bogotá: METODO.

De León, I., Gonzalez, M., & Salcedo-Albarán, E. (2003). La Innovación en la organización narcotraficante: El caso del transporte de sustancias psicoactivas. Método, Área de Crimen y Conflicto. Bogotá: Fundación Método.

Degenne, A., & Forsé, M. (1999). Introducing Social Networks. London: SAGE Publications.

El Nuevo Diario. (2010, 11-Nov.). México despliega más militares en frontera con EU para contener narcos. Retrieved 2010 ,10-Dec. from El Nuevo Diario: http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/88730

Enríquez Cabot, J. (5 de Jul. de 2010). Beneficiarios. Reforma , p. 15.

Everett, M., & Boratti, S. P. (2005). Extending Centrality. In P. Carrington, J. Scott, & S. Wasserman (Eds.), Models and Methods in Social Network Analysis (pp. 57-76). Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Fodor, J. (1968/1991). La Explicación Psicológica. Madrid: Ediciones Cátedra.

Garay, e. (2002). Repensar a Colombia: Síntesis Programática. Talleres del Milenio. Bogotá: Alfaomega.

Garay, L. J. (1999). Construcción de una nueva sociedad. Bogotá: Tercer Mundo-Cambio.

Garay, L. J., & Salcedo-Albarán, E. (2010). Crimen, Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado: Cuando la descentralización no contribuye a profundizar la democracia. In J. M. Ospina (Ed.), 25 Años de la descentralización en Colombia (pp. 89-138). Bogotá, Colombia: Konrad Adenauer Stiftung.

Garay, L. J., De León-Beltrán, I., & Salcedo-Albarán, E. (2010b). Guatemala, México y Colombia: La expansión del narcotráfico en el nuevo milenio. Método. Bogotá: Fundación Método.

Garay, L. J., Salcedo-Albarán, E., & De León-Beltrán, I. (2010c). Redes de Poder en Casanare y La Costa Atlántica. In C. López (Ed.), Y Refundaron la Patria. De Cómo Mafiosos y Políticos Refundaron el Estado Colombiano (pp. 251-302). Bogotá: Random-House Mondadory.

43

Garay, L. J., Salcedo-Albarán, E., & De León-Beltrán, I. (2010). Illicit Networks Reconfiguring States: llicit networks reconfiguring states : Social Network Analysis of Colombian and Mexican Cases . Bogotá, Colombia: Metodo.

Garay, L. J., Salcedo-Albarán, E., & De León-Beltrán, I. (2010b). Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en Guatemala, México y Colombia: Análisis conceptual de las memorias de la Primera Discusión Internacional Sobre Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado. Método. Bogotá: Fundación Método.

Garay, L. J., Salcedo-Albarán, E., Guerrero, B., & De León-Beltrán, I. (2009a). La Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia. Bogotá, Colombia: Método - Transparencia por Colombia - Avina.

Gibson, E. (2006). Autoritarismo Subnacional: Estrategias Territoriales de Control Político en Regímenes Democráticos. Desafíos (14), 204-237.

Glaeser, E., Laibson, D., & Sacerdote, B. (2002). An Economic Approach to Social Capital. The Economic Journal , 112 (483), F437-F458.

González, M. (2008 йил 16-Apr.). Secuestran los ‘Zetas’ a migrantes. Retrieved 2 0 1 0 , 1 9 - N o v . f r o m E l U n i v e r s a l : http://www.eluniversal.com.mx/nacion/158852.html

Hellman,. J., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000). Seize the Day: State Capture, Corruption and Influence in Transition. World Bank. Washington, D.C.: World Bank.

Hellman, J., & Kaufmann, D. (Sept., 2001). La Captura del Estado en las economías de Transación. Finanzas & Desarollo , 31-35.

Hellman, J., & Kaufmann, D. (2000). Intervention, Corruption and Capture: The Nexus Between Enterprises and the State. European Bank for Reconstruction and Development. European Bank for Reconstruction and Development.

Holdren, J. P. (17 Dec., 2010). Memorandum for the Heads of Executive Departments and A g e n c i e s . F r o m http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/scientific-integrity-memo-12172010.pdf

Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. Berkeley: University of California Press.

Klitgaard, R., MacLean-Abaroa, R., & Lindsay, P. (2001). Corrupción en las ciudades: Una guía práctica para la cura y la prevención. La Paz, Bolivia: Aguilar.

44

Lozano, P. (08 de Feb. de 2010). Colombia asesta el mayor golpe al narcotráfico de la ú l t ima década . Re t r i eved 15 de Dec . de 2010 f rom El Pa í s : http://www.elpais.com/articulo/internacional/Colombia/asesta/mayor/golpe/narcotrafico/ultima/decada/elpepuint/20100208elpepuint_11/Tes

Shabbir Cheema, G. (2005). Building Democratic Institutions: Governance Reform in Developing Countries. Bloomfield, CT: Kumarian Press, Inc.

UNODC. (2010). Risk of Money Laundering through Financial Instruments. UNODC. Bogota: UNODC.

Valente, T. W. (2005). Network Models and Methods for Studying the Diffusion of Innovations. In P. K. Carrington, J. Scott, & S. Wasserman (Eds.), Models and Methods in Social Network Analysis. Cambridge, MA.

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10. ANEXOS

10.1. Anexo 1. Resultados del indicador de centralidad directa.

Lugar en la red Código % Centralidad

1 NCVEVED 24,1

2 NCLVEP 14,7

3 NMJAMT 5,3

4 NPGAG 4,7

5 PTININALH 3,5

6 EVEVEDLCT 2,4

7 HVLACV 2,4

8 HVLDVE 2,4

9 HVLWVE 2,4

10 MVLAE 2,4

11 NCLB 2,4

12 NMEJMT 2,4

13 PMNFVF 2,4

14 CLVMNJH 1,8

15 LCJVCF 1,8

16 NCJEET 1,8

17 NCSABRDP 1,8

46

18 NMCSIZG 1,8

19 DHFMA 1,2

20 HALHALC 1,2

21 IBDACCLL 1,2

22 IBDACDN 1,2

23 IODCHFMA 1,2

24 NCLL 1,2

25 NDN 1,2

26 PCPMMT 1,2

27 PMELS 1,2

28 PMHFA 1,2

29 PMJMG 1,2

30 PMMAR 1,2

31 PODG 1,2

32 FAIPBH 0,6

33 PCJIP 0,6

34 PCRLT 0,6

35 PIAAG 0,6

36 PIEEN 0,6

37 PIVESJ 0,6

38 PIVYMC 0,6

39 PMJES 0,6

47

10.2. Anexo 2. Resultados del indicador de betweenness.

Lugar en la red Código % Betweenness

1 NCVEVED 57,1

2 NCLVEP 13

3 NPGAG 9,6

4 NMJAMT 8,8

5 PMNFVF 5,7

6 PTININALH 5,7

7 CLVMNJH 0,2

8 EVEVEDLCT 0,1

9 DHFMA 0

10 FAIPBH 0

11 HALHALC 0

12 HVLACV 0

13 HVLDVE 0

14 HVLWVE 0

15 IBDACCLL 0

16 IBDACDN 0

17 IODCHFMA 0

18 LCJVCF 0

19 MVLAE 0

20 NCJEET 0

21 NCLB 0

48

22 NCLL 0

23 NCSABRDP 0

24 NDN 0

25 NMCSIZG 0

26 NMEJMT 0

27 PCJIP 0

28 PCPMMT 0

29 PCRLT 0

30 PIAAG 0

31 PIEEN 0

32 PIVESJ 0

33 PIVYMC 0

34 PMELS 0

35 PMHFA 0

36 PMJES 0

37 PMJMG 0

38 PMMAR 0

39 PODG 0

49