Estudios en Tarnpico y en el Distrito Federal

a Ninistra Martha Chávez Padrón nació el 16 de julio de 1925 en Tampico, Tamaulipas, tierra que ama y a la que le ha dedi- cado más de una obra, como la Suite tamaulipeca. Doña Martha cursó la primaria en las escuelas oficiales "Vicente Guerrero" y "Mariano Matamoros", ambas en su ciudad natal. Comenzó la secundaria en la Escuela Secundaria Número 14 de la ciudad de México y luego regresó a Tampico, a fin de concluir aquel periodo en la Escuela Secundaria Proletaria Nocturna Mixta, y emprender el siguiente ciclo en la Escuela Preparatoria de la misma ciudad.

En 1943 -año en que también cursó estudios en el Departamento de Letras Españolas de la Facultad de Filosofía y Letras de la propia Universidad- ingresó en la entonces Escuela Nacional de Juris- prudencia y Ciencias Sociales de la UNAM, antecedente de la Facul- tad de Derecho. Obtuvo el título de Licenciada en Derecho el 30 de octubre de 1948, defendiendo la tesis Trayectoria y destino del pro- blema agrario. Con el tiempo la temática agraria se convirtió en su especialidad.

Primeras actividades profesionales

e 1946 a 1976, la Ministra Chávez Padrón revisó tesis profe- sionales de alumnos y fue titular por oposición de la cátedra de Derecho Agrario en la Facultad de Derecho de la UNAM. En 1949 comenzó su adscripción al Seminario de Aplicación Jurídica, que culminó en 1976, e impartió, con nombramiento de la Rectoría, la cátedra de Derecho Agrario; con ello se convirtió en la primera mujer en dictar cátedra en la citada Facultad, de acuerdo con los estatutos universitarios vigentes a la sazón.

Fue abogada litigante de 1949 a 1959, década en cuyo transcurso se ocupó de otras encomiendas y cosechó numerosos éxitos. Por ejemplo, el 23 de octubre de 1954 obtuvo, con mención honorífica, el grado de Doctora en Derecho -que por primera vez en la historia nacional obtenía una mujer-, al defender la tesis titulada Conceptos fundamentales del derecho aplicados al derecho agrario. En 1955 obtuvo, por oposición, la titularidad de la cátedra de Derecho Agrario. Cuatro años después recibió un Diploma en Sociología Rural por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Actividades en el Poder Ejecutivo Federal

rlitante por convicción del Partido Revolucionario Od Institucional (PRI), cuya ideología comparte, desarrolló actividades en el Poder Ejecutivo Federal durante muchos años, bajo las presiden- cias de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría ÁIvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari. Así como había sido la primera mujer en doctorarse, también le tocó ser la primera Directora de Acción Social del Comité Ejecutivo Nacio- nal del PRI de 1960 a 1964. En este último año fue observadora política en los Estados Unidos de América.

De 1965 a 1967 fungió como Directora General de Derechos Agrarios, de Resoluciones Presidenciales Agrarias, de Certificados y Confrontas y del Registro Nacional Agrario en el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), y de 1967 a 1970 se desem- peñó como consejera agraria de la Presidencia de la República ante el Cuerpo Consultivo Agrario. Entre 1967y 1972, durante dos perío- dos, fue representante de las mujeres capitalinas ante el Consejo

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Consultivo de la Ciudad de México. De 1970 a 1972 fungió como Secre- taria General de Nuevos Centros de Población Ejidal (NCPE) del DAAC. De 1975 a 1976 fue Subsecretaria de NCPE en la Secretaría de la Reforma Agraria.

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Martha Chávez Padrón, legisladora

partir de 1976, la doctora Chávez Padrón fue Senadora d de la República por el Estado de Tamaulipas en las L y LI Legislaturas, culminando la última en 1982. En septiembre de 1980 fue Presidenta del Senado. Atendió tres veces a la Comisión Permanente del Con- greso de la Unión y fue Presidenta de Comisiones instituidas para el estudio y dictamen de los asuntos agrarios. Asimismo, fue Diputada federal por el IX distrito electoral de Tamaulipas, con sede en Ciudad Mante, en la LII Legislatura (1982-1985), donde integró el Colegio Electoral -como en el Senado- y fue Presidenta de la Comisión de Reforma Agraria.

Las intervenciones de la Senadora ~ h á v e z Padrón fueron brillan- tes. En 1976, al debatirse el punto sobre la legalidad y validez de las elecciones para senadores propietario y suplente, celebradas en Michoacán el 4 de julio del propio año, expresó:l

l Diario de los Debates de Ia Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Ui~idos Mexicanos, L Legislatura, Periodo Ordinario, Año 1, Tomo 1, agosto 15-diciembre 30, 1976, pp. 14-17.

H. Mesa Directiva de esta Junta Preparatoria; senadoras y senadores electos; presuntas y presuntos senadores; damas y caballeros: Es un honor dirigir a ustedes la palabra con motivo del dictamen que declara legal y válida la elección de senador del ciudadano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, porque su nombre está indisolublemente ligado a la figura egregia de su padre, Lázaro Cárdenas y, a su vez, este nombre siempre nos hará pensar en una de las más vigorosas etapas de la Reforma Agraria.

Cárdenas Solórzano trae hasta este recinto el carácter reposado que recibió de su bella madre doña Amalia Solórzano de Cárdenas y el acervo de un padre que es institución, que hace tiempo traspuso las puertas de la historia; contados, como él, hemos tenido desde nuestro hogar y desde la cuna, la enseñanza cotidiana de un amor patrio probado. Con este apren- dizaje al inicio vital, e1 ser recibido formalmente en las escuelas oficiales adquiere un mayor sentido de servicio social; por eso, cuando Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo su título de ingeniero civil en 1957, prestó su servicios en obras tan importantes para la nación, como la cuenca del Río Balsas, la presa La Villita, la siderúrgica Las Truchas; actualmente es Gerente del Fideicomiso Ciudad Lázaro Cárdenas. Su inquietud política la mani- festó en el consejo técnico de la Confederación Nacional Campesina y en el consejo consultivo del Instituto de Estudios Económicos, Políticos y Sociales del Partido Revolucionario Institucional.

El nombre de Lázaro Cárdenas vive en el corazón agradecido de los cam- pesinos de México; por eso quiero en este punto retomar el hilo de las brillantes consideraciones socio-históricas de nuestro compañero Horacio Labastida que ya trató la evolución del campesinado desde nuestra Independencia hasta 1917. Así pues con la venia de ustedes quiero conti- nuar esas consideraciones en relación al México contemporáneo.

Todas nuestras instituciones agrarias derivan del artículo 27 consti- tucional y se refieren bien al régimen territorial rústico, bien a su sistema de explotación. La acción política gubernamental de los regímenes revo- lucionarios -a través de una Reforma Agraria que ha tenido que conjugar condiciones históricas internas y externas, principios de un nuevo y por tanto casi desconocido Derecho Social y posibilidades económicas- se ha ocupado y preocupado por el desarrollo de esas dos fases. El régimen de explotación debe ser congruente con el de tenencia, por eso es com- prensible que históricamente Euera necesario poner primero el énfasis en la consolidación de las instituciones jurídico-agrarias, dando atención secundaria a la organización productiva y que sea, hasta fechas recientes, cuando ambos regímenes pretenden vertebrarse y realizarse simultánea- mente en un esfuerzo nacional que comprende muchas áreas.

Dentro del panorama mundial ningún país puede entenderse si no 10 hacemos a través de su derecho de propiedad, de negación del mismo O

de su aceptación sujeta a limitaciones. Por esto resulta imprescindible conocer la estructura de nuestro sistema de tenencia rural permitido por nuestra Constitución Federal, pozque sólo así podremos comprender el ejido, la comunidad agraria y la pequefia propiedad; y proveer, dentro de nuestras responsabilidades, a su continuidad histórica acatando la voluntad popular que les dio vida.

La simple denominación de las tres formas de propiedad citadas nos hace percibir que se trata de instituciones singulares, distintas a las formas de propiedad reivindicada, donada o con ejercicio irrestricto del ius abutendi. ¿Cómo llegamos al establecimiento legal de tales innovacio- nes jurídicas que transformaron y aún transforman el mundo del Derecho desde 19171

Nuestra anterior Constitución Federal de 1857 se inspiró en la doctrina liberal entonces imperante, cuyo lema "dejar hacer, dejar pasar" dejaba a los individuos en libertad de acción para obtener su propio beneficio sin limitación alguna; por eso su articulo 27 y 72 estatuyeron la propie- dad como una garantía individual, desconocieron la capacidad colectiva de las antíguas comunidades agrarias, pretendieron resolver los proble- mas agrarios promoviendo la colonización en terrenos baldíos, creando para tal efecto las nefastas compañías deslindadotas y propiciaron la concentración de la propiedad en unas cuantas manos, produciendo el desequilibrio económica, social y político que explica el necesario estalli- do revolucionario de 1910, para romper con aquel régimen legal y substi- tuirlo por otro que corrigiera tan graves errores.

El nuevo régimen jurídico acogió los anhelos políticos y socio-económi- cos expresados en la lucha revolucionaria. Las comunidades agrarias y su restitución fueron bandera zapatista hecha realidad el 30 de abril de 1912 en Ixcamilpa de Guerrero, Estado de Puebla. Francisco 1. Madero en su Plan de San Luis del 5 de octubre de 1910 mencionó la restitución y más tarde en su calidad de Presidentes dejó constancia de esta preocu- pación en la Circular del 17 de febrero de 1912. Carranza no sólo citó este tema, sino que lo convirtió en acción y procedimiento en el decreto preconstitucional del 6 de enero de 1915.

Por lo que respecta a la pequeña propiedad sabemos que Madero creyó en la necesidad de crearla y Eomentarla; igualmente Francisco Villa y Venustiano Carranza; todo 10 cual significa que la auténtica pequeña propiedad es institución creada por nuestro movimiento armado.

La dotación se Formó al encuentro de todas las corrientes populares de la Revolución Mexicana, que encontraron su máxima expresión en el discurso del Lic. Luis Cabrera ante la XXVI Legislatura, el 3 de diciem- bre de 1912 y en el primer reparto rotatorio que efectuó el general Lucio Blanco en tierras tamaulipecas el 30 de agosto de 1913, ante el cual la prensa internacional declaró que por Fin sabían cuál era el contenido y qué querían los próceres de la Revolución. Madero dio Forma a esta corriente en su Circular del 8 de enero de 1912 y Carranza en el citado del 6 de enero de 1915.

Los constituyentes de 1917 escogieron -con conocimiento y claridad- la doctrina de la propiedad con Función social entre las diversas corrientes ideológicas entonces existentes. En el Diario de los Debates consta cómo Hilario Medina expresó que "el diputado puede sostener ante aquellos a quienes pide el voto la idea socialista, la idea democrática, la idea comu- nista, etc., puede sostener las ideas que estime que son las más aceptadas por el pueblo.. ." palabras que aún son aleccionadoras a 59 años de distan- cia, para ver la claridad que tuvieron los hombres del Constituyente de 1917.

Por todo lo anterior, resulta altamente comprensible que en el artículo 27 de la Constitución Federal vigente se transformara el antiguo y occi- dental concepto individualista de propiedad irrestricta, por un nuevo concepto dinámico de propiedad con Función social sujeto a las moda- lidades que vaya dictado el interés público y que la nación se reservara el derecho de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar de su conservación.

Esto significa en síntesis, que el Derecho Privado y sus garantías, y al Derecho Público con su columna vertebral de la soberanía nacional -derechos a los cuales todos tenemos acceso- se adicionaran las garantías sociales otorgadas por primera vez en la historia mundial, a los grupos desvalidos Frente a las grandes concentraciones económicas de la indus- tria y del campo. Así de sencillo es explicar la estructura legal y política del México contemporáneo que, sin embargo, muchas personas, naciona- les y extrajeras, aún no comprenden o no quieren entender.

Aquellos primeros años de Reforma Agraria se caracterizaron por la bús- queda para delinear, cada vez con más detalle, nuestras instituciones agrarias. Cierto es que la acción restitutoria y su Figura correlativa -la comunidad- ya estaban bastante definidas; pero en materia ejidal y de pequeña propiedad, tuvimos que recorrer un largo camino para que se Fueran perfilando en la realidad rural mexicana. De 1915 a 1934 existen muchos Ordenamientos legales que son testimonio de ese esfuer-

zo nacional. Mí están, para consolidar la estructura externa del ejido, la Ley de Ejidos de 1920; eI Deczeto de ks Bases de 1921, el Reglamento Agrario de 1922; la Ley de Restituciones de Tierras y Aguas Bassols de 1927 y sus reforma de 1929. Y en cuanto a la estructura interna del ejido, las importantfsimas leyes del patrimonio Parcelario Ejidal de 1925 y 1927. En ese lapso de 19 años se forjó la infraestructura institucional que un hombre supo valorar y consolidar, que un hombre supo agrupar en el primer Código Agrario de los Estados Unidos Mexicanos de 1934. Lázaro Cárdenas aquilató e1 esfuerzo histórico de sus antecesores y reafir- mó el ejido al efectuar un reparto agrario nunca antes realizado en tal magnitud, hecho que a su vez permitió la reafirmación revoIucionaria interna para afrontar y llevar a cabo el paso inmediato siguiente: la expro- piación del petróleo como inicio de la independencia política basada en el control nacional de los energéticos. Esta es una lección histórica en donde por primera vez sabemos que alimentos y energéticos son la base de nuestra independencia económica -y perdónenme que así lo diga en ese orden citado.

Consolidado el ejido, el propio Lázaro Cárdenas inició el periodo del perfeccionamiento de la pequeña propiedad, tanto agrícola como gana- dera; y ya definidas ambas instituciones -ejido y pequeña propiedad- para propiciar su convivencia social, se abrió la etapa continuada del reparto agrario a sus máximas expresiones bajo los periodos presiden- ciales desde Lázaro Cárdenas hasta la actualidad.

Pero además de lo anterior, desde el lo. de diciembre de 1970 presen- ciamos la apertura de una nueva fase de esEuerzo simultáneo no sólo de continuidad del reparto, sino también el inicio de la organización produc- tiva, para ello fue necesario la expedición de nuevas disposiciones como la Ley Federal de Reforma Agraria, la Federal de Aguas, la de Crédito Rural, la de Agrupaciones de Solidaridad Social y muchas otras más, fueron necesarios también cambios administrativos como la reforma Fiscal para el Fomento agropecuario. Esto significa que se está reeorzando la estructura de las instituciones agrarias reflejándolas en el sistema de explotación en Forma más acorde al espíritu constitucional. Las leyes citadas acercaron más dichas instituciones a su función social e iniciaron la organización productiva y empresarial del ejido, la comunidad y la pequeña propiedad, contemplando una serie de posibilidades para la explo- tación de todos sus recursos, para la comercialización e industrialización de sus productos.

Como la producción agropecuaria -tanto de la zona ya repartida del altiplano y antiguos distritos de riego, como de las nuevas áreas que se están incorporando a la producción por la vía de la colonización ejidal- no puede darse sin que se aporte a los campesinos la infra-estructura

productiva consistente en caminos de acceso y de producción, obras hidráulicas, desmontes gratuitos, créditos y aseguramientos, y la infraes- tructura social necesaria, durante los años del presente régimen presiden- cial hemos contemplado el desarrollo de programas importantísimos por sus repercusiones, como el fortalecimiento presupuesta1 de las dependen- cias del sector rural, el programa de caminos rurales, de escuelas técnicas agropecuarias, etc., programas que han tendido a fortalecer la producción para resolver el problema que plantea nuestro explosivo crecimiento demográfico.

Ante acontecimientos de tal magnitud debemos reconocer con serenidad que estamos nuevamente en una etapa de búsqueda para delinear y con- solidar nuestro régimen de explotación singular, hoy más que nunca debemos estar conscientes de que la clave de nuestra independencia política y económica sigue estando en una Reforma Agraria que, ajena tanto al individualismo extremo, como al estatismo dictatorial, se mantiene firme ampliándose en la riqueza revolucionaria de su Derecho Social. Nuestra historia nos demuestra un proceso irreversible donde el por- Firiato de sangre azul dejó su lugar a la Revolución ensangrentada de 1910 y que ésta, encuentra su serenidad constructiva en el verde espe- ranza de los campesinos que buscan convivir en paz y producir para sus compatriotas.

Compañeras y Compañeros.

Estamos en un cruce de la historia, en pleno relevo de estafetas legisla- tivas; y tal responsabilidad debe hacernos plenamente conscientes de nuestra trayectoria histórica, de la compleja realidad presente y del maña- na con libertad y justicia que deseamos coadyuvar en construir.

Los legisladores que nos están cediendo el lugar por mandato popular, tuvieron una activa e interesante actividad jurídica; ahora nos correspon- de recibir las corrientes cívicas para encauzarlas legalmente y coordinar actividades con los demás poderes de ¡a Unión. Luis Echeverría es una lección viviente de entrega patria; José López Portillo está planteando ya la necesidad de una reorganización administrativa por áreas, de una desconcentración administrativa, de organizar una alianza popular para la producción de alimentos y de energéticos; de creación de empleos, de reestructurar los tribunales agrarios para hacer más eficiente la adminis- tración de justicia social, hacer más eficaz el juicio de amparo a la luz del proceso social agrario, etc. En éstos y otros empeños habremos de cumplir leal, laboriosa y eficazmente nuestro mandato legislativo, popu- lar, democrático y republicano, siguiendo la misma ruta-histórica que con justicia social trazó Morelos, rescató Juárez, replantearon los pró-

ceres de la Rmluci6n Mexicana, reafirmó Mzaro Cirdenas y reavivó Luis Echever ría.

Ayer, como hoy, las instituciones agrarias y su organización productiva siguen requiriendo de nuestra cabal compresión; ellas son la esencia de nuestro movimiento armado de 1910 y, por tanto, proveer dentro del marco de las leyes generales a su continuidad histórica, es realizar todos juntos -como diría José U p e z Portillo- una acción revolucionaria dentro de la Revolución Mexicana.

Y esto, no es una simple frase. Cuando nuestro concepto de ~ rop iedad se sujetó a las modalidades que vaya dictando el interés público, el carácter dinámico de nuestra Revolución se hizo norma constitucional, porque el interés público va cambiando, progresando etapa por etapa, al ritmo evolutivo de nuestro país. El caso de la pequeña propiedad desde SU

mención constitucional en 1917, hasta el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 es el más claro ejemplo y prueba de lo que estoy afirmado. Por ello es explicable que cumpliendo la Constitución -que es revolución dinámica hecha norma- hayamos recorrido un camino de justicia individual, internacional y social. Nuestro sistema legal tan propio, es -como el Derecho- un todo unitarío y armónico que permite la convivencia de esas tres formas de justicia, como permite la coexistencia pacífica de nuestras tres formas de propiedad, explica nuestra economía mixta y nuestras aspiraciones de desarrollo compartido.

Nunca en la historia de la humanidad el derecho se había visto t an enriquecido y revolucionado, como cuando los campesinos -como grupo social- alcanzaron su reconocimiento en una Constitución, como cuando nuestro concepto aborigen de la propiedad con función social se consagró, como cuando la Nación se reservó el derecho de efectuar una distribución equitativa de la riqueza, tal como aconteció en México e n 1917; estas bases dinámicas son fuente de inspiración indicadora de que aún nos falta camino por recorrer para lograr, por ejemplo, que los campesinos obten- gan precios justos de garantía, revisables en lapsos convenientes, que se equiparen al salario de 10s obreros, porque obreros y campesinos son hermanos de clase y, como tales, deben disfrutar y compartir similares conquistas en salario, en seguridad social, en vivienda, etc., tan luego como nuestras circunstancias lo permitan. Como dijo Horacio Labastida: "Esta es la Filosofía del grito Tierra y Libertad que aún abandera a los campe- sinos y a los mexicanos que exigen -no más, ni menos tampoco- el estricto cumplimiento del artículo 27 ~ o n s t i t u c i o ~ ~ l ~ .

En el logro de tales objetivos -que al ser populares son también sena- toriales- habremos de mantener dentro de sendas jurídicas las exigen- cias justas del impulso campesino; y, en tal labor, Cuauhtémoc Cárdenas

Solórzano pondrá su más encendido esfuerzo, su capacidad, su tradición familiar, su indiscutible Fervor patrio. Por ello, solicito a esta Honorable Asamblea se digne emitir su voto Favorable al dictamen presentado por la Comisión respectiva.

Para hablar en pro de reformas al artículo 61 consti t~cional ,~ la Senadora Chávez Padrón indicó:

Señor Presidente de la Cámara de Senadores; señoras y señores senadores: Con vuestra venia haré uso de la palabra que se me ha concedido, a fin de analizar ante vuestra soberanía, y por vuestro conducto ante la nación entera, la trascendental iniciativa de adición al artículo 61 de la Consti- tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propuesta por el Poder Ejecutivo.

La gran maestra de los pueblos que es la historia, nos ha enseñado que las virtudes cívicas son la vara con que se mide al ser humano en su grandeza ciudadana y al estadista en la cosa pública; y que quien defiende a su pueblo, en la persona de sus legítimos representantes, puede cata- logarse como grande entre los grandes.

En todos los tiempos la piedad para el vencido inspira al vencedor la atemperancia en las sanciones que el derecho autoriza, haciendo realidad el principio de que la Justicia es un valor tan grande que va más allá de las leyes; en el anverso, el tirano que contra toda legitimidad arrebata el poder, resulta insensible al sentido de justicia y al respeto que la disiden- cia y la vida ajena exigen.

Durante muchos siglos el derecho de gentes (que comprendió el de con- quista) y los derechos de los ciudadanos, sólo encontraron cumplimiento justiciero en la calidad humana de los vencedores y los señores reinantes; mas cuando esto no aconteció, la historia reseña que el pueblo despertó, tomó conciencia de su soberanía y, tras la lucha .necesaria, estampó indeleblemente sus fueros en las leyes.

Nuestro mestizaje nutrió en dos corrientes su sentir ciudadano, y su peculiar estilo de expresarse a este respeto.

Por la parte indígena, basta recordar que Moctezuma Xocoyótzin Fue elegido señor de los mexicas no sólo por haber alcanzado en el ejér-

lb., Año 11, t. 11, agosto 22-diciembre 30, 1977, PP. 31-34.

cito el más alto grado de Taochcálcatl, sino porque al entregarse al sacerdocio también alcanzó el grado de sumo pontíEice debido a sus buenas y notables cualidades, elección que el pueblo acogió con beneplácito porque respetaba proEundamente sus virtudes; la elección de los gobernantes indígenas se efectuaba en función de las virtudes cívicas de los "prin- cipales" mexicanos, ya que esas virtudes comprobadas garantizaban al pueblo la justicia del monarca en la aplicación de las leyes.

Y al referirnos a nuestra raíz precolombina, no podemos dejar de obser- var y proceder a analizar una frase clara que el señor Presidente de la República, licenciado José López Portillo expresó tanto en su Informe Pre- sidencial del día lo. de septiembre próximo pasado, como en la exposición de motivos de las reformas políticas que nos ocupan, cuando se refirió a que nuestra democracia social es el resultado de un largo proceso evolutivo, proceso que es perfectible y que exige reformas que culminen en una vida mejor; que en la búsqueda de ese progreso debíamos "legitimar la lucha de los contrarios" con el establecimiento de un sistema electoral mixto, donde coexistieran las mayorías electas y las minorías proporcionales.

Esta expresión reiterada de "legitimar la lucha de los contrarios" nos recuerda que en la cultura mesoamericana -de la cual es gran conocedor nuestro Presidente- rigió el principio de la Ley del Centro, expresado en la escritura simbólica por cuatro puntos unidos por un quinto, símbolo que recibió el nombre de quincunce; era el único principio EilosóEico capaz de preservar al ser humano contra la destrucción y la inercia; y era, preci- samente, la síntesis y legitimación de los contrarios, del quetzal y la coatl, espíritu y materia, del individualismo y la colectividad; este princi- pio simbolizaba al ser humano en actitud de cruz, crucificado entre la lucha de los contrarios que debía armonizar para sobrevivir y realizarse en plenitud.

Esta EilosoEía proEunda de una raza ancestral explica que cuando crearon un concepto de propiedad -que es el concepto eje que determina todo el resto del sistema político, jurídico, social y económico de cualquier pue- blo, en todo tiempo- usaron de la apropiación en forma individual, pero también en Eorma social, como en el calpulli; y que el trazo arquitectó- nico y del arte en sus grandes ciudades, fueran obra de la colectividad anónima.

Necesitamos tener en cuenta la herencia ideológica aborigen para enten- der porqué el Dictamen que nos remitió la Colegisladora califica de toral el postulado relativo a la función social de la propiedad, aunque se refiera a una reforma política; para explicarnos porqué en nuestro país -por primera vez en el mundo contemporáneo- aparecen y alcanzan

rango constitucional las, garantías sociales junto a las individuales; para aceptar que en la Constitución Federal de 1917, al revivir el concepto de propiedad con Función social logramos el reencuentro con nosotros mismos, tras la sacudida a fondo que significó la conflagración de 1910; para comprender nuestro sistema de economía mixta; para calibrar la pro- fundidad nacional de la reforma política que ahora analizamos, cuando propone un sistema mixto, de mayorías electas y representación minori- taria proporcional -contrarios. cuya lucha debemos legitimizar para poder armonizar- a Fin de lograr un paso más adelante en el perfeccio- namiento de nuestra democracia tan sui géneris.

Contemplada así nuestra historia, nada extraño resulta que. el principio que estructura e informa nuestra política internacional haya sido expre- sada por Don Benito Juárez, -aportación de excelente generalización- como una fórmula de conciliación armoniosa de dos juegos de contrarios, el derecho ajeno y el propio, el derecho nacional y el internacional; su apotegma ha sido Fórmula respetuosa y defensora en un conflictivo mundo contemporáneo que, sobre todo después de la Segunda Guerra Mun- dial, pretende siempre escindirnos en alternativas contrarias cuyas deno- minaciones ha ido variando de capitalismo y comunismo; oriente y occidente; países industrializados y subdesarrollados; denominaciones que cruzadas con la última, la de norte y sur, crucifican a la humanidad con sus alternativas, al decir de nuestro propio Ministro de Relaciones Exteriores.

Tampoco nada tiene de extraño que ante tal panorama internacional, haya sido México el que presentara una Fórmula justiciera y conciliatoria, que las Naciones Unidas aprobaron en diciembre de 1975, con la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, como camino inter- nacional de legitimar los contrarios a través de un nuevo orden econó- mico; y de evitar que los países débiles se estanquen en la inercia de la desesperanza y los Fuertes desaten el cataclismo de la destrucción.

Volviendo a lo interno, podemos apreciar que la iniciativa presidencial no sólo propone que organicemos legalmente la lucha de las mayorías entre sí, y de las mayorías con las minorías, sino que conduce su perfec- cionamiento político hasta el propio recinto parlamentario y, como síntesis armónica de los contrarios en su propia casa, propone un nuevo principio, el de igualdad de Fuero de todos los representantes populares, independientemente de su respaldo numérico en votos y del partido y doctrina política que sostengan, dándole a los Presidentes de las Cámaras la responsabilidad de velar por el respeto del Fuero, personal e institu- cional, del Poder Legislativo.