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Convenio Procuraduría General de la Nación – Organización Internacional para la

Migraciones (OIM) – Fase II (2010-2012) Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos

Humanos Y Asuntos Étnicos

Coordinación de Justicia Transicional

Proyecto: Seguimiento A la Política Pública, Programas y Proyectos de

Desmovilización, Desarme y Reintegración - DDR

EVALUACION DE RESULTADOS

Elaborado por el equipo técnico del Convenio PGN-OIM Bogotá, Junio de 2011

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TABLA DE CONTENIDO

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PRESENTACIÓN

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SECCIÓN I: ENTIDADES NACIONALES

1. PROGRAMA DE ATENCION HUMANITARIA AL DESMOVILIZADO –PAHD- y COMITÉ OPERATIVO PARA LA DEJACIÓN DE ARMAS –CODA- Durante el período evaluado (1º. de junio de 2010 a 28 de febrero 2011) las cifras de la desmovilización suministradas por el PAHD se presentan resumidas de la manera siguiente: Número de desmovilizados certificados por el CODA y reportados por el PAHD a la ACR. (Departamentos focalizados) Departamento Hombres Mujeres Total Antioquia 40 4 44 Atlántico 16 0 16 Bolívar 0 0 0 Cesar 0 0 0 Cundinamarca 313 148 461 Meta 117 21 138 Santander 18 47 65 Tolima 37 3 40 Valle del Cauca 125 7 132 TOTAL 666 230 896 Información entregada por el PAHD en visita preventiva Marzo 14 de 2011. Número de solicitudes de pago elevadas por el PAHD ante el VAPTI por cooperación en actividades de la fuerza pública, por parte de desmovilizados, según tipo de cooperación prestada (Departamentos focalizados) Departamento Solicitudes Pago

VAPTI Antioquia 27 Atlántico 3 Bolívar 0 Cesar 1 Cundinamarca 75 Meta 48 Santander 1 Tolima 13 Valle del Cauca 12 Total 180 Información entregada por el PAHD en visita preventiva Marzo 14 de 2011.

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Número total de solicitudes de reconocimiento de pago de bonificaciones por entrega de material de guerra, formuladas ante el PAHD por las autoridades competentes. (Departamentos focalizados) Departamento Total Armas Total Munición Antioquia 117 29066 Atlántico 18 2 Bolívar 0 0 Cesar 4 326 Cundinamarca 44 3530 Meta 137 90949 Santander 0 0 Tolima 2 511 Valle del Cauca 49 528 Total 371 124912 Información entregada por el PAHD en visita preventiva Marzo 14 de 2011. Número de órdenes de pago de bonificaciones por entrega de material de guerra (armas y municiones) entregadas por parte del desmovilizado. Departamento Cantidad de armas Cantidad de municiones Antioquia 117 29066 Atlántico 18 2 Bolívar 0 0 Cesar 4 326 Cundinamarca 44 3530 Meta 137 90949 Santander 0 0 Tolima 2 511 Valle del Cauca 49 528 Información entregada por el PAHD en visita preventiva Marzo 14 de 2011. En visita preventiva para el periodo de junio 1 de 2010 hasta 28 de febrero de 2011. Número de órdenes de pago de bonificaciones por entrega de material de guerra entregadas por parte del desmovilizado (por tipo de armas y municiones). Tipo de armas Cantidad Tipo munición Cantidad Ametralladora 0 Arma Larga 117980 Fusil 99 Arma Corta 2014 Armas cortas 26 Granadas 309 Morteros 59 Explosivo Kilo 4609 Lanzagranadas 5 Escopetas 3 Carabinas 1 Minas 178

Información entregada por el PAHD en visita preventiva Marzo 14 de 2011. En visita preventiva para el periodo de junio 1 de 2010 hasta 28 de febrero de 2011.

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Sobre las supuestas falsas desmovilizaciones de miembros de OAI. Frente al tema de las falsas desmovilizaciones el CODA informó haber hecho reajustes de procedimiento como la implementación de centros de verificación en los hogares de paso, una entrevista administrativa para verificar la pertenencia al grupo, posterior a la entrevista militar que hacen las Unidades Militares. En caso de encontrarse falencias en las respuestas del postulado para ser desmovilizado, se procede a la descertificación. El CODA es un medio de verificación y en caso de duda de pertenencia de la persona a alguna estructura guerrillera, se aplaza la certificación hasta que se verifique la condición de quien se postula. El CODA remite a la Fiscalía cualquier duda relacionada con la declaración de algún postulado a desmovilizarse, para que se surta la verificación.

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Se informó que la desmovilización del frente guerrillero Cacica La Gaitana no fue realizado por el PAHD - CODA sino por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, quien envió al PAHD una lista con cinco menores desvinculados remitidos al ICBF. Los adultos no fueron verificados por CODA, por lo tanto CODA no firmó esas desmovilizaciones y las carpetas tampoco reposan en sus archivos. En 2006 no había equipo administrativo para revisar esas desmovilizaciones, por tanto se presumió de la buena fe de las personas que se presentaron a desmovilizarse. En este caso el CODA toma como ciertos los listados remitidos por el Alto Comisionado en base al principio de buena fe. Información y coordinación interinstitucional. La diligencia registró positivamente el reporte del PAHD en el sentido de que se encuentra en marcha la organización de un sistema de información sobre desmovilización y certificaciones del CODA el cual entraría a operar en línea con la Alta Consejería para la Reintegración, con el fin de optimizar la gestión de las dos entidades en la prestación de los servicios de reconocimiento de la desmovilización y de atención humanitaria oportuna. 1.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PAHD-CODA El PAHD-CODA ha venido incrementando la eficiencia en la administración de la información a su cargo, relativa al proceso de desmovilización y su respectiva certificación legal. No obstante, en esta oportunidad, la PGN encontró que el PAHD modificó el orden de los indicadores en los formularios que le fueron remitidos para su diligenciamiento, con lo cual se dificultó el examen de la información suministrada. Se le solicitó a la entidad la corrección de los instrumentos para la próxima visita. La PGN señaló al PAHD-CODA que el riesgo de falsas desmovilizaciones no está únicamente en que las declaraciones de pertenencia al Grupo Armado Ilegal sean falsas. Recalcó que entre las principales fuentes de error están los errores de registro del proceso de desmovilización, entre los cuales se encuentran la falta de diligenciamiento de las fichas decadactilares y/o tarjetas bucodentales, y la ausencia de firmas de las entrevistas militares. Esto implica un riesgo para la integridad documental, por lo cual dentro de la diligencia se recomendó al PAHD-CODA asumir acciones preventivas para evitar la ocurrencia de tales casos:

a. Abstenerse de recibir la documentación que remitan las Unidades Militares y de Policía que esté incompleta y exigir como requisito previo al trámite legal de las solicitudes de reconocimiento de la condición de desmovilizado ante el CODA, la acreditación de toda la documentación requerida por la Directiva 15 de 2007 de Mindefensa. Es decir, que cada solicitud corresponda a un solo desmovilizado cuyos documentos reposen en una carpeta individual, incluyendo, debidamente firmados y fechados los siguientes documentos: 1. Acta de Entrega Voluntaria; 2.

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Acta de Buen Trato; 3. Ficha decadactilar y Tarjeta Bucodental; 4. Copia del Oficio que informa de la desmovilización a la autoridad judicial respectiva; 5. Entrevista Militar, especificando la identificación del entrevistador y agregando el análisis de inteligencia que valora la calidad del desmovilizado y las razones que han conducido a esa conclusión; todo ello en los términos establecidos en el numeral III, literal B.1.g. y B.2.g de la citada Directiva. b. Cuando en desarrollo de la revisión documental encuentre evidencias de casos que puedan presumirse falsos, dar traslado inmediato a la Fiscalía para los fines de su competencia.

2. COMANDO EJÉRCITO La gestión de las Fuerzas Militares durante el periodo evaluado. Al cierre del presente reporte, no fue posible dar cuenta del alcance de la gestión de las fuerzas militares con respecto al proceso de desmovilización durante el período, por cuanto la batería de indicadores no fue entregada durante la visita y cuando se remitió posteriormente a la PGN, no estaba desagregada por departamentos ni se especificaba si correspondía al total del país o sólo a los departamentos focalizados por la PGN. Se acordó requerir al Comando Ejército para que durante la próxima visita corrija las cifras y se obtenga un acumulado. Sobre seguridad documental en el proceso de desmovilización. Como medida preventiva para la correcta recolección de datos estadísticos y diligenciamiento de las fichas decadactilares y las tarjetas bucodentales, el Ejército diseñó una lista de verificación de expedientes, en acatamiento a recomendaciones previas de la PGN. Dicho listado fue elaborado por inteligencia militar y a la fecha de la diligencia se informó que había sido remitido a todas las Unidades Militares por el Comando del Ejército. Se informó además que dicha verificación se hace de manera interna para cada desmovilizado en cada unidad, previa a la remisión de documentos para su trámite ante el PAHD. En vista de lo anterior la PGN recomendó al Comando Ejército que dada la importancia concedida a las oficinas de Derechos Humanos dentro de la fuerza pública, las listas de verificación sean diligenciadas y validadas con su firma por el responsable de Derechos Humanos de cada unidad, incluyendo identificación completa del validador. Información y coordinación interinstitucional. Acogiendo recomendaciones previas de la PGN el Ejército presentó los avances en cuanto a la unificación del sistema de información institucional, el

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cual contiene un módulo exclusivo para la gestión de la desmovilización que estará en funcionamiento dentro de los próximos tres o cuatro meses. Durante la diligencia la PGN pudo verificar ocularmente el estado de desarrollo del Sistema de Información. Igualmente, el Comando Ejército, por medio del Director de Operaciones se comprometió a organizar un programa de capacitación con las oficinas de Derechos Humanos del Ejército orientado al especial cuidado y protección de los desmovilizados y a la observancia del DIH en los casos en que sea lícitamente requerible la cooperación de los desmovilizados en actividades de la fuerza pública. 2.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AL EJÉRCITO NACIONAL Es preciso reconocer que el Comando del Ejército ha iniciado el rediseño de los instrumentos técnicos de registro de la información sobre los desmovilizados que se gestiona en las unidades tácticas, como lo pudo constatar la visita al observar el módulo bajo diseño aún para este propósito. Esta actividad responde a sugerencias que en visitas previas la PGN le había formulado a los responsable de la información en el Comando del Ejército. No obstante, es preciso señalarle a la entidad que el correcto diligenciamiento de la información solicitada por la PGN ha de hacerse en los instrumentos suministrados para ello con antelación, y ciñéndose a la focalización de cobertura y período de evaluación. De manera específica, se recomienda además, al Comando del Ejército, lo siguiente:

• Realizar la gestión interna para que las oficinas de Derechos Humanos de cada Unidad Militar sean las encargadas de verificar la información de las carpetas de acuerdo con la Lista de Verificación de Expediente de cada desmovilizado antes de ser remitidas al PAHD. Esta lista de verificación debe ceñirse a lo estipulado en Directiva 15 de 2007 de Mindefensa. Es decir, cada solicitud debe corresponder a un solo desmovilizado, en una carpeta individual que incluya, debidamente firmados y fechados los siguientes documentos: 1. Acta de Entrega Voluntaria; 2. Acta de Buen Trato; 3. Ficha decadactilar y Tarjeta Bucodental; 4. Copia del Oficio que informa de la desmovilización a la autoridad judicial respectiva; 5. Entrevista Militar, especificando la identificación del entrevistador y agregando el análisis de inteligencia que valora la calidad del desmovilizado y las razones que han conducido a esa conclusión; todo ello en los términos establecidos en el numeral III, literal B.1.g. y B.2.g de la citada Directiva. Se informó al Comando del Ejército sobre las recomendaciones impartidas al PAHD-CODA al respecto que ya han sido mencionadas previamente en este reporte. • Mantener desde el Comando en Bogotá contacto permanente con las oficinas de Derechos Humanos de las unidades tácticas, con el fin de

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monitorear el cumplimiento de los principios y prácticas consagrados por el Derecho Internacional Humanitario en el manejo del proceso de desmovilización, especialmente en lo relacionado con la correcta documentación del desmovilizado, su permanencia en las unidades militares y su vinculación a las actividades permitidas de cooperación con la fuerza pública, así como a la correcta certificación de dicha colaboración para efectos de su remuneración.

3. POLICÍA NACIONAL Información y coordinación interinstitucional La PGN señaló a la Policía Nacional que sus informes mensuales de seguimiento deben tener como fuente primaria a la entidad misma, a partir de los reportes diarios y semanales que en cada jurisdicción se hacen o deben hacerse, por los funcionarios policiales respectivos. A cambio de esto, los informes policiales del período tienen como característica que la fuente sigue siendo la Alta Consejería para la Reintegración. Además de lo anterior, la Policía Nacional informó que dentro de los informes de seguimiento que se reportan mensualmente no se incluyen las capturas realizadas por el DAS o la Fiscalía. Sin embargo, la falla más preocupante de estos informes es que no son confrontados con las bases de datos de la Alta Consejería para la Reintegración antes de su divulgación, de manera que puedan incluir las cifras de los desmovilizados activos o inactivos en los programas de reintegración, así como los que nunca se presentaron al Programa de Reintegración. Se hizo un llamado para que en futuros informes se incluya el estado “activo-inactivo” del desmovilizado que reporta la Policía Nacional, como presunto sujeto activo o pasivo de hechos delicuenciales que es el contenido material del seguimiento que la entidad realiza a esta población. Para hacer frente a estas falla, la Policía Nacional manifestó que está adecuando un sistema de información con variables estandarizadas desde el año 2003 hasta el presente, con el propósito de hacer una relación histórica de la reincidencia criminal de la población desmovilizada, la cual será presentada en la siguiente visita de la PGN. Sobre la seguridad documental e Identificación plena de los desmovilizados ante la Policía Nacional. La Procuraduría indagó sobre la elaboración de las fichas decadactilares y las tarjetas bucodentales por parte de la Policía Nacional cuando registra desmovilizados. Sobre las primeras, la entidad afirma que están completas en todas las carpetas, pero se tienen dificultades con el diligenciamiento de las

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tarjetas bucodentales, pues la entidad no cuenta con odontólogos forenses para esta labor en los lugares de desmovilización y en el plazo establecido por la Ley. Frente a la labor de intermediación ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para la expedición de la cédula de ciudadanía en casos de desmovilizados no identificados, se informó que la Policía Nacional no realiza ninguna de estas solicitudes. 3.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POLICIA NACIONAL

• Con respecto a los reportes de seguimiento, se recomendó a la Policía Nacional impartir las instrucciones pertinentes para que en todas sus dependencias territoriales se tenga cuidado en presentar la información sobre desmovilizados que se consideren presuntos responsables o víctimas de delitos, con el mayor nivel de detalle posible, procurando en todo caso que esta información provenga de fuentes policiales propias y/o recopilada de la Fiscalía y del DAS, las cuales deberán ser debidamente reverenciadas en el reporte. • Así mismo, una vez identificadas las personas se proceda a confrontar los listados con las bases de datos de la ACR, únicamente con los propósitos de verificar la condición de activo-inactivo de dichas personas en los programas de reintegración, así como las defunciones del período monitoreado, luego de lo cual se puede distribuir el informe a sus destinatarios habituales. • Con respecto al registro documental de las desmovilizaciones que se producen ante la Policía Nacional, la recomendación es la misma establecida en la Directiva 15 de 2007 de Mindefensa. Es decir, cada solicitud debe corresponder a un solo desmovilizado, en una carpeta individual que incluya, debidamente firmados y fechados los siguientes documentos: 1. Acta de Entrega Voluntaria; 2. Acta de Buen Trato; 3. Ficha decadactilar y Tarjeta Bucodental; 4. Copia del Oficio que informa de la desmovilización a la autoridad judicial respectiva; 5. Entrevista, especificando la identificación del entrevistador y agregando el análisis de inteligencia que valora la calidad del desmovilizado y las razones que han conducido a esa conclusión; todo ello en los términos establecidos en el numeral III, literal B.1.g. y B.2.g de la citada Directiva. Se informó a la entidad sobre las recomendaciones impartidas al PAHD-CODA al respecto que ya han sido mencionadas previamente en este reporte.

• Se deben realizar todos las gestiones necesarias para garantizar la elaboración de las tarjetas bucodentales a todos los desmovilizados en los lugares de origen de la diligencia. Se recomienda coordinar con Medicina Legal, en aquellos lugares en donde la Policía Nacional carezca de medios técnicos propios.

• Para los casos de personas desmovilizadas no identificadas, la

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unidad que desmovilice debe realizar la solicitud directamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para la expedición de la cédula de ciudadanía. En el caso de menores desvinculados, los cuales deben ser puestos a disposición del ICBF en el término de la distancia, y que no posean identificación civil, este trámite deberá hacerlo el ICBF, pero en el documento que respalde la entrega física al ICBF debe resaltarse.

• Una vez corregidas las fallas señaladas, se reitera la recomendación de enviar mensualmente los reportes de novedades de la población desmovilizada, para dar cumplimiento al deber de información.

4. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR –ICBF- Sobre la seguridad documental en el proceso de desvinculación El ICBF informó que las desvinculaciones del período se registraron dentro del término legalmente establecido. Número de desvinculados y número de actas de desvinculación Departamento Número desvinculados Número actas desvinculación

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Antioquia 23 11 19 10 Atlántico 2 0 2 0 Bolívar 2 0 1 0 Cesar 0 1 0 1 Cundinamarca 1 0 1 0 Meta 14 3 12 3 Santander 2 2 2 2 Tolima 11 6 10 4 Valle del Cauca 4 2 4 2 En información entregada por el ICBF el 15 de marzo de 2011 en visita preventiva para el periodo de junio 1 de 2010 hasta 28 de febrero de 2011. NOTAS: En Antioquia, las diferencias se presentan por oficios remisorios por parte de la Policía, Personería, comisaría, y en un caso del hospital. En Bolívar se presentó un oficio remisorio del comisario de familia. En Meta se presentaron dos menores al ICBF por medio de oficios de la Policía. Remisión al ICBF a través de oficios. Número de desvinculados de los grupos armados ilegales incluidos por el ICBF en el Programa Especial de Protección (PEP) Departamento Numero de

menores en PEP Número de menores desvinculados

Antioquia 33 34 Atlántico 2 2 Bolívar 2 2 Cesar 1 1 Cundinamarca 1 1

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Meta 16 17 Santander 2 4 Tolima 14 17 Valle del Cauca 5 6 En información entregada por el ICBF el 15 de marzo de 2011 en visita preventiva para el periodo de junio 1 de 2010 hasta 28 de febrero de 2011. NOTAS: En Antioquia se ubicó un menor en un hogar sustituto de la Regional. Se retiró voluntariamente el mismo día. En Meta un menor fue ubicada en hogar sustituto de donde se retiró voluntariamente. En Santander un menor fue ubicado en institución de protección. Participó en un motín y paso SRPA. Un menor en protección se retiró voluntariamente. En Valle del Cauca un menor se reintegró a su medio familiar. Número de solicitudes de expedición de Registros Civiles de Nacimiento (RCN) de menores desvinculados remitidas a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Departamento Número

Solicitudes cursadas Numero desvinculados sin RCN

Antioquia 9 4 Atlántico 0 0 Bolívar 0 0 Cesar 1 1 Cundinamarca 0 0 Meta 5 5 Santander 0 0 Tolima 2 2 Valle del Cauca 1 0 En información entregada por el ICBF el 15 de marzo de 2011 en visita preventiva para el periodo de junio 1 de 2010 hasta 28 de febrero de 2011. En Valle en un hombre se determinó la mayoría de edad y pasó al PAHD. Jóvenes remitidos por el ICBF a la ACR correspondiente en la jurisdicción durante el periodo evaluado.

Departamento Jóvenes remitidos a la ACR Jóvenes que cumplieron mayoría de edad en el ICBF

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Antioquia 0 0 3 2 Atlántico 0 0 0 0 Bolívar 0 0 1 0 Cesar 0 0 0 1 Cundinamarca 0 0 0 0 Meta 0 0 5 0 Santander 0 0 0 1 Tolima 0 0 0 0 Valle del Cauca 0 0 1 0 En información entregada por el ICBF el 15 de marzo de 2011 en visita preventiva para el periodo de junio 1 de 2010 hasta 28 de febrero de 2011. En Antioquia un joven fue remitido al PAHD por mayoría de edad En Cesar una joven egresó por reintegro familiar.

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En Meta un joven egresó por retiro voluntario. En Valle un joven era mayor de edad. Fue remitido al PAHD. Información y coordinación interinstitucional El ICBF desarrolla un convenio con el Ejército Nacional para dar capacitación a funcionarios militares de esa institución, con el fin de instruirlos en los procedimientos de trato a menores conforme lo disponen las normas vigentes, y en especial sobre el cumplimiento de los términos del traslado de los menores desvinculados al ICBF y sobre la prohibición de la participación de menores en operaciones militares. Actualmente, el ICBF participa de la coordinación con las demás entidades competentes para el diseño de un sistema de información en línea, con el cual se busca articular a todas estas entidades, como ya fue mencionado previamente en este reporte. Identificación plena de los desvinculados El procedimiento seguido por la entidad consiste que ante la presentación de un desvinculado indocumentado, se hace la solicitud inmediata a la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero esta entidad entrega las respuestas un mes después de recibida la solicitud. Una de las principales causas de la mora en el procedimiento, se deriva de la carencia del Registro Único Nacional, lo cual genera mora en el trámite de la documentación de menores de edad, informa el ICBF. 4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ICBF

• La PGN registra un avance por parte del ICBF en cuanto a garantizar la cobertura plena de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de las Organizaciones Armadas Ilegales. Así mismo, constata el mejoramiento de los instrumentos de gestión de la información y la disponibilidad y oportunidad que han alcanzado sus reportes sobre los períodos solicitados.

• El ICBF puso en conocimiento de la visita el caso de YHON FREDY CORTÉS GARZÓN, desvinculado en Neiva (Huila), quien fue utilizado por el grupo Gaula del Ejército Nacional en actividades militares, y por tanto vedadas al concurso de desvinculados. Por estas acciones obra como investigado el Mayor Rolando Aldemar García Nieto. Este caso fue remitido por la Procuraduría Regional del Huila a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares bajo radicación IUS 2010-389685. El 26 de enero de 2011 se decide ordenar el archivo de las diligencias con fallo inhibitorio. El tema fue analizado por la

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consultoría jurídica del proyecto, la cual sugiere a la Delegada desarchivarlo, por las razones que se exponen en el concepto jurídico sobre el caso incluido como Anexo 1 de este informe.

5. ALTA CONSEJERÍA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS -ACR- Información y coordinación interinstitucional Dándole alcance a recomendaciones previas de la PGN, la Alta Consejería está desarrollando un sistema de información en línea para articular las entidades nacionales que tienen competencia en los programas de DDR. Se está coordinando con el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado –PAHD -, con la Policía Nacional, con la Fiscalía, con el ICBF, con la Registraduría Nacional, con el INPEC y con el Consejo Superior de la Judicatura. La ACR informó que a febrero de 2011 se contabilizaron 10.700 desmovilizados que nunca ingresaron al proceso de reintegración. Dicen estar trabajando para depurar la cifra en la que se incluyen 14 extraditados, los fallecidos y los que se encuentran con beneficios suspendidos. La coordinación en la actualización de la información se está adelantando con el INPEC, la Fiscalía y la Policía Nacional. En cuanto a los participantes activos en los programas de la ACR, la información se presenta en el siguiente gráfico:

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Integración económica del participante en proceso de reintegración. La ACR establece como uno de los indicadores en materia de reintegración económica, el número de cotizantes al sistema contributivo en salud, que a la fecha tiene registrados 6000 participantes. En cuanto al seguimiento a los Planes de Negocio (PdN), la ACR informa que de conformidad con las solicitudes de la PGN está elaborando un protocolo de monitoreo, en donde se determinan las condiciones técnicas y los términos de acompañamiento a los proyectos. La PGN llama la atención sobre la variación entre las cifras publicadas por la ACR en los medios de comunicación y las entregadas a la PGN. En el tema de los desmovilizados activos en el proyecto de reintegración, el Alto Consejero manifestó el 8 de febrero de 2011, en los medios, que la ACR tenía 32.000 participantes activos hasta 2010, pero en las cifras entregadas con fecha de corte a julio de 2010, estos eran 28.6341, y para enero de 2011 ascendían a 29.8692 y para febrero de 2011 tenían 29.4373. Estas diferencias entre las cifras deben ser revisadas y explicadas. 5. 1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACR En el tema relacionado con la estadística del componente de reintegración económica, la PGN reitera los problemas encontrados en los subcomponentes de Planes de Negocio (PdN) y de empleabilidad en cuanto a las cifras, señalando inconsistencias en las categorías que se describen, así como en las cifras presentadas. Frente a las categorías, son varios los cuestionamientos que la PGN hace, puesto que se considera que estos deben responder a la lógica económica de los ciclos de los proyectos, por medio de criterios técnicos que permitan la verificación del beneficiario participante del PdN desembolsado en la actualidad. En este sentido deben cambiarse categorías como “robado”, “vendido”, “propio”, “no aplica”. En cuanto a los proyectos vendidos, según la ACR no pueden ser enajenados antes de un año, aún cuando esta categoría no determina la temporalidad (se encontró un plan de negocio desembolsado en 2010 en estado vendido). En cuanto a los PdN categorizados como ND, la ACR informó que se trata de los No Disponibles, se refieren a la ausencia de información sobre el estado del proyecto luego del desembolso del mismo. Aducen que esta categoría no traduce “fracasado” o “cerrado”. La Procuraduría tienen conocimiento que en

1 Información entregada por la ACR el 13 de julio de 2010. 2 Información entregada por la ACR el 10 de febrero de 2011. 3 Información entregada por la ACR en marzo de 2011.

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esta categoría estaban englobados Planes de Negocio (PdN) reconocidos como fracasados (casos BIPROCOL y Plátanos y Frutos de la Costa)4. En el tema productivo se encontraron problemas relacionados con el seguimiento que realiza la ACR a los PdN, ya que no existen criterios temporales para realizar el acompañamiento luego del desembolso. Existe un manual de trámite de planes de negocio, dedicado a la manera como deben ser asignados, y no contempla etapas de seguimiento definidas. Por estas razones, se deben determinar los plazos temporales en el seguimiento a los PdN. Tomar precauciones frente a la remisión documental enviada por el CODA, para que todos los documentos llenen el total de los requisitos exigidos para la desmovilización. Aclarar la situación estadística de los planes de negocio y de empleabilidad. Crear un sistema de categorización del estado de los proyectos que responda a la lógica económica del ciclo de los proyectos. A través de un criterio técnico que permita la verificación de que la persona participante está vinculada al proyecto en la actualidad, dentro de periodos regulares y determinar el término de seguimiento a los proyectos productivos y la duración del seguimiento. Implementar un programa de seguimiento pos desembolso, que defina el alcance y el método como se va a ejecutar. En los casos de los PdN en estado VENDIDO, realizar actuaciones para establecer si en esta situación el participante ya cumplió con su proceso de reintegración y si el plazo es compatible con el cumplimiento de metas de la política pública. Coordinar con el Consejo Superior de la Judicatura la creación de un sistema de información para reportar la situación actual de los desmovilizados judicializados.

4 En OFI10-00087038 en respuesta al oficio 11046-JEGH de fecha agosto 12 de 2010, recibido el 12 de septiembre de 2010.

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SECCIÓN II: ENTIDADES DEPARTAMENTALES 1. ANTIOQUIA – MEDELLÍN

Periodo de seguimiento: Junio 1 de 2010 a 28 de febrero de 2011. Se visitaron las siguientes entidades: Del orden departamental: La Secretaría de Gobierno de Antioquia, Del orden municipal: la Secretaría de Gobierno Municipal, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. Centro de Servicios de la ACR y Programa Paz y Reconciliación. El departamento de Antioquia contaba hacia finales de febrero de 2011 con 6472 desmovilizados activos. En el departamento la mayor parte de la población activa está asentada en Medellín con 2800 participantes (43%), seguida por Turbo con 393, Apartadó con 308, Bello con 290, San Pedro de Urabá con 259, Necoclí con 235, Puerto Berrío con 228, Carepa con 212, Caucasia con 206 y Chigorodó con 152. 1.1 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ANTIOQUIA. ANALISIS DE DESEMPEÑO El día de la visita no se presentó la funcionaria delegada por el Secretario de Gobierno para atender la diligencia, y manifestó mediante comunicación telefónica que asumía toda la responsabilidad por la inasistencia y no diligenciamiento del cuestionario previamente entregado, como consta en el oficio número 1110-46000008-947 enviado el 9 de marzo de 2011 y recibido

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con radicado: R 20110038131 2011/03-15 2:14pm. Por medio de conversación telefónica se solicitó la entrega de las copias de las actas de Consejos de Seguridad y el diligenciamiento completo del cuestionario, como quedó estipulado en el acta de visita. Programas de apoyo a la reintegración El Asesor de Paz de la Gobernación respondió a las preguntas de la PGN relacionadas con los programas de apoyo a la reintegración que en el momento lleva la Gobernación de Antioquia, donde se destacan un convenio con la Escuela Superior de Mercadotecnia, que permite darle a los beneficiarios apoyo en distintos aspectos técnicos, y estudia las propuestas para poder acceder a los recursos para ejecutar PdN. También informa que se hicieron tres foros con la ONG Conciudadanía, beneficiando a 21 municipios del Bajo Cauca, Urabá y Magdalena Medio, y dirigidos al fortalecimiento institucional. Existe un proyecto de Intervención físico social en zonas de desmovilización colectiva y en comunidades afectadas por la confrontación, donde se incluyeron los 9 municipios de mayor influencia de grupos paramilitares. Se está desarrollando un programa para la recuperación de comunidades, que trabaja con las administraciones locales en la ejecución de proyectos que contribuyen a restablecer el capital físico y social de comunidades afectadas por la confrontación armada. Por último informaron sobre la elaboración del convenio del Proyecto denominado Cuenta la Vida, Mi futuro sin armas, el cual se desarrolla como convenio tripartito para realizar campañas de prevención de la vinculación y el reclutamiento de NNA por los Organizaciones armadas ilegales –OAI-, donde pretenden la inclusión de 26 municipios. Según el Cuestionario respondido por La Secretaría de Gobierno de Antioquia, se desarrollan actividades de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad de la Política Nacional de Reintegración expuesta en el CONPES 3554 con la implementación de los siguientes programas y actividades:

* Reintegración social y económica de personas y grupos al margen de la ley desmovilizadas: prevención de la vinculación y el reclutamiento de NNA en veintiséis municipios. ($402,5 millones). * Operaciones empresariales en zonas de gobernabilidad frágil: apoyo para la viabilización de iniciativas productivas de participantes activos en la ruta de reintegración. ($352 millones). * Recuperación y restablecimiento físico-social de comunidades afectadas por la confrontación armada: intervención físico-social en zonas de desmovilización colectiva; dotación de infraestructura comunitaria básica ($479 millones).

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Estos programas se han implementado mediante la coordinación interinstitucional y la cofinanciación de la Unión Europea, la Escuela Superior de Mercadotecnia, la ACR, UNICEF y otros cooperantes, con una inversión de $1.200 millones. Estas actividades se desarrollan en respuesta a recomendaciones realizadas por la Procuraduría en su proyecto de Control Previo de la Política de Reintegración.5 Orden público El cuestionario diseñado para esa institución fue entregado el día 1 de abril de 2011, junto con el boletín “La Seguridad Democrática en Antioquia”, correspondiente al año 2010. Según éste reporte, en 2010 hubo una disminución de los homicidios, ya que se pasaron de 3980 casos a 3591, lo que representa una disminución del 10%. Las regiones con mayor afectación son el Valle de Aburrá (con el 76% de los casos) y el Bajo Cauca (con el 6% de los casos). En términos de Tasa de homicidio por cada cien mil habitantes las mayores tasas se ubican en Bajo Cauca con 83,26 y Valle de Aburrá con 77,17.6 Afirman desde la Gobernación, que no tienen datos sobre actos delictivos en los cuales pudiese haber desmovilizados implicados, porque “En razón a la reserva que existe sobre la identificación de las personas desmovilizadas, en la información que se remite periódicamente por parte de la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad al Departamento, no se utiliza como variable a esta característica. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que ellos se constituyen en la fuente directa de dicha información, recomendamos solicitarla directamente a la Fuerza pública y demás Organismos de Seguridad”. Desarme ciudadano Durante el periodo evaluado no se desarrollaron campañas de entrega voluntaria de armas. Durante 2010 se decomisaron 2341 armas de fuego, y se entregaron voluntariamente cerca de 300.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. En el departamento de Antioquia, la gobernación mantiene la concurrencia, complementariedad y subsidiaridad de la Política Nacional de Reintegración a través de tres grupos de programas y sus respectivas actividades. En el departamento no se desarrollaron campañas de desarme ciudadano. Se recomienda que la Secretaría de Gobierno del Departamento de Antioquia acopie la información relativa a la probable reincidencia de desmovilizados en 5 Cuestionario Secretaría de Gobierno de Antioquia, entregado el 1 de abril de 2011. 6 Cuestionario Secretaría de Gobierno de Antioquia, entregado el 1 de abril de 2011. 7 Cuestionario Secretaría de Gobierno de Antioquia, entregado el 1 de abril de 2011.

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hechos que alteren el orden público. 1.2. SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MEDELLÍN ANALISIS DE DESEMPEÑO Programas de apoyo a la reintegración En lo referido a la Reintegración Económica, el programa de la Alcaldía Paz y Reconciliación pasó a funcionar bajo los lineamientos de orden nacional a partir del convenio suscrito en junio de 2009. Los recursos son de la administración municipal y del gobierno central, y apoya logísticamente a la parte educativa, de gestión y empleabilidad. Actualmente se tienen 1015 participantes con empleo, del cual aproximadamente el 15 % ha sido por gestión del programa de la Alcaldía. En proyectos de emprendimiento se cuentan 171 beneficiarios. En la Secretaría de Gobierno consideran como logros significativos la atención diferenciada a los participantes en Medellín según necesidades específicas, de esta forma, 3464 han recibido atención integral en farmacodependencia, 1700 mujeres han sido parte del proceso de intervención con perspectiva de género, 340 han recibido atención psicológica clínica y tres sedes de la Institución Educativa Nuevo Horizonte, en la Comuna 1, fueron beneficiadas con el Proyecto Promoción de Relaciones No Violentas, en que participan como co-investigadores seis desmovilizados con ruta de reintegración avanzada, quienes promovieron la convivencia entre 250 estudiantes. Se ha reconocido la “culminación exitosa de la ruta de reintegración social y económica por parte de 129 participantes que en el año 2008 fueron graduados de manera simbólica como ciudadanos responsables”.8 Orden público Según la Secretaría de Gobierno del Municipio de Medellín, actualmente confluyen distintas variables que generan un aumento en los indicadores de violencia, especialmente el homicidio: la existencia de una cultura tolerante con la ilegalidad, sumada a algunas barreras que todavía existen en el acceso a oportunidades y al conflicto nacional que encuentra en la ciudad un punto clave por su ubicación y tamaño para el intercambio de armas, el tráfico de drogas y en general el control de rentas y rutas criminales que permiten salidas al mar y un fácil acceso al centro del país. Dentro de ese enfrentamiento se destacan tres grandes facciones que provienen de un mismo origen y que actúan como crimen organizado con estructuras jerárquicas y cadenas de mando, pero que al enfrentarse entre sí, pierden el orden y por momentos se asemejan a la delincuencia común pues

8 Cuestionario Secretaría de Gobierno de Medellín, entregado el 28 de marzo de 2011.

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desaparecen las cadenas de mando causando incluso enfrentamientos entre bandas de la misma facción. La división de la Oficina de Envigado tras la extradición de sus máximos líderes, produjo que las facciones de alias Valenciano, Sebas y últimamente Mi Sangre, se enfrenten por el control de la ciudad, y con este, el de las rentas criminales, legales e ilegales que existen en la ciudad: narcotráfico (microtráfico), tráfico de armas (rutas criminales), extorsión al transporte y al comercio, máquinas tragamonedas ilegales, prostitución, etc. Estas facciones se enfrentan a través de grupos delincuenciales que responden directamente a los líderes ya mencionados. Los enfrentamientos se desarrollan en casi todas las comunas y la concentración del homicidio se va moviendo a medida que va cambiando la dinámica de la conflictividad y va surtiendo efecto la intervención estatal.9 También se habla de una dinámica pos-desmovilización en donde se ha evidenciado una curva descendente del 7.5% en las muertes en 2010 con respecto a 2009. Los homicidios a desmovilizados disminuyeron entre 2009 (108) y 2010 (48) con una variación de -56%. Hasta la última semana de marzo de 2011 se habían contabilizado cuatro homicidios a desmovilizados.10 Actualmente, se han identificado nuevos actores como “Los Urabeños”, quienes comenten homicidios selectivos, usando uniformes y elementos de la Fuerza Pública, y llevando a cabo los homicidios en zonas rurales como forma de retaliación en comunidades que presenten alguna resistencia, o como mecanismo de establecimiento territorial. Frente a las presuntas falsas desmovilizaciones del bloque Cacique Nutibara, la Secretaría de Gobierno sostiene que estas fueron sui generis porque eran un bloque urbano que rindieron armas sin una normatividad clara. La lógica de la confrontación entre el Cacique Nutibara, las milicias guerrilleras y el bloque Metro, conllevó al reclutamiento y/o coptación de delincuentes comunes que terminaron haciendo parte de la organización paramilitar desmovilizada, razón por la cual los homicidios a miembros del Cacique Nutibara es mayor que otros bloques. En Medellín las zonas más conflictivas son las comunas 13, 5, 6, 8, Belén Altavista y el corregimiento de San Antonio de Prado. Desarme ciudadano La Secretaría de Gobierno municipal informó que el 16 de diciembre de 2010 se realizó una campaña de entrega voluntaria de armas de fuego. En la que se

9 Cuestionario Secretaría de Gobierno de Medellín, entregado el 28 de marzo de 2011. 10 Cuestionario Secretaría de Gobierno de Medellín, entregado el 28 de marzo de 2011.

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entregaron 7 armas de fuego, de las que sobresalen escopetas, trabucos y revólveres. En 2010 se decomisaron 2369 armas (199 legales y 2170 ilegales), es decir, 1841 menos armas que en 2009. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Durante el periodo se llevó a cabo una campaña de entrega de armas voluntaria, con el resultado de siete armas entregadas. Los homicidios han tenido una baja sistemática, ya que en 2010 se registraron 60 homicidios menos que en 2009, y en los primeros tres meses del año se habían registrado cuatro. El Programa de la Alcaldía de Medellín Paz y Reconciliación, pasó a trabajar según los lineamientos nacionales. 1.3. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN ANALISIS DE DESEMPEÑO En la visita realizada a la Secretaría de Educación municipal, mantienen un seguimiento detallado acerca del desempeño de la población desmovilizada inscrita en programas educativos del resorte de esta Entidad. Durante el periodo, en el municipio había 204 participantes y/o miembros de los núcleos familiares vinculados a programas de alfabetización. Con 531 participantes y/o miembros de los núcleos familiares vinculados a la educación básica primaria, 1016 participantes y/o miembros de los núcleos familiares vinculados a la educación secundaria, 277 en media vocacional, 52 en la universidad o en carreras técnicas y 68 terminaron programas de formación complementaria.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En el período, el desempeño de la entidad estuvo dentro de los estándares de cumplimiento. 1.4. SECRETARÍA DE SALUD DE MEDELLÍN ANALISIS DE DESEMPEÑO En la visita realizada a la Secretaría de Salud Municipal el día treinta de marzo de 2011, hicieron entrega del Formulario diseñado para esta entidad, donde informan que a la fecha hay 3512 desmovilizados afiliados. En el periodo (junio 1 de 2010 y febrero 28 de 2011) se afiliaron 790 personas desmovilizadas. Con respecto a las prótesis, elementos de apoyo, ayudas visuales no cubiertas por

11 Formulario Secretaría de Educación de Medellín, entregado el 29 de marzo de 2011.

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el POS e insumos y servicios de salud indispensables cubiertos o no por el POS y dados por la ACR no hay información al respecto. Con respecto al régimen de salud, informan que hasta el 24 de marzo de 2011 se encontraban en Medellín 3986 participantes en el régimen subsidiado, 1418 en contributivo cotizante, 331 en contributivo beneficiario y 2 en contributivo adicional.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En el período, el desempeño de la entidad estuvo dentro de los estándares de cumplimiento. 1.5. CENTRO DE SERVICIOS DE LA ACR EN MEDELLÍN ANALISIS DE DESEMPEÑO Avance en el proceso de reintegración Según informaron los responsables del Centro de Servicios, en diciembre había aproximadamente 400 participantes con rutas avanzadas y procesos educativos estables con las condiciones adecuadas para culminar el proceso de reintegración. Sistemas de información Respecto a los sistemas de información, comunican que siguen avanzando en el Sistema de Información para la Reintegración, pues el antiguo SAME ya no se usa. Situación jurídica y orden público Con el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el principio de oportunidad y la expedición de la Ley 1424 de 2010, se han elevado el número de procesos por delitos comunes. Con respecto al bloque Cacique Nutibara, informaron que hay 823 en Medellín, 100 en formación académica, 81 en formación para el trabajo, 52 trabajando, 10 con proyectos productivos funcionando, 80 detenidos, 144 fallecidos (1 por suicidio, 43 por muerte violenta), 117 inactivos y 21 expulsados (pérdida de beneficios). Los beneficiarios siguen solicitando auxilios de vivienda, pero a pesar de estar inscritos en el Fondo Nacional del Ahorro, carecen de capacidad de ahorro. Salud Las afiliaciones en el régimen contributivo y subsidiado son: 3986 en régimen

12 Acta de Visita Centro de Servicios de la ACR en Medellín el 30 de marzo de 2011.

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subsidiado y 1751 en régimen contributivo donde se encuentran 331 beneficiarios activos, 1418 son cotizantes y 2 son beneficiarios adicionales (fecha de corte 24 de marzo de 2011). La ACR y el Programa PyR contrataron un neuro sicólogo que hizo una valoración a cada participante, la cual permitió concluir que los desmovilizados en ruta colectiva responden mejor a las actividades, mientras que los individuales, aunque son más responsables, tienen mayores problemas de aprendizaje. Reintegración económica

El seguimiento a los Planes de Negocio (PdN) es de seis meses una vez hecho el desembolso. En lo relacionado a la selección de los PdN beneficiarios, se ha preferido apoyar aquellos que están en funcionamiento o con un conocimiento previo del sector escogido. Los beneficiarios prefieren plantear PdN en los sectores comercial y servicios en áreas urbanas, mientras que en sectores rurales las preferencias están en planes de agricultura (los cuales están concentrados en la zona de Oriente). En lo relacionado con la empleabilidad, se ofertaron 1500 empleos a los que los participantes no quisieron acceder. Entrevista a los participantes Posteriormente se realizó la entrevista semiabierta con los participantes que cuentan con PdN escogidos por el Equipo Técnico de la PGN (12), para contrastarlos con los cuestionarios previamente resueltos (se presentaron 11 cuestionarios, se explica que uno de los escogidos tiene resolución de pérdida de beneficios administrativos por parte de la ACR desde el 19 de julio de 2010, fecha previa a la entrega del listado usado por la PGN en la escogencia de los PdN).

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De los 11 beneficiarios que resolvieron los cuestionarios, se visitaron 4, puesto que 5 no funcionan, uno está localizado en la comuna 13 donde la situación de orden público es muy difícil por las amenazas de los llamados “combos” que hacen control territorial en esa zona de la ciudad, y el último no tiene un lugar donde mantenga los elementos entregados para el desarrollo del PdN (es un proyecto de jardinería con contratos en varios puntos de la ciudad). Cabe anotar que cuando la PGN informó a la ACR sobre los PdN escogidos para esta ronda de visitas, todos cumplían las condiciones mínimas de evaluación (2 años de funcionamiento luego del desembolso), por lo cual sorprende que menos del 50% cumplen con esa condición, lo que demostraría fallas en el seguimiento a los PdN desembolsados. Por otra parte, durante las visitas a los PdN se estableció la difícil situación de orden público en la que están inmersos los participantes del programa por la acción de grupos armados ilegales y/o “combos” fuertemente territorializados que permanentemente están hostigándolos. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Para 2011, en el Centro de Servicios de Medellín dicen tener 400 participantes listos para culminar el proceso de reintegración; en la visita de 2010 decían tener más de 600. El sistema de información SAME está en desuso, se consolida el SIR. Se elevó el número de procesos por delitos comunes ante la caída del principio de oportunidad para desmovilizados. Durante el periodo, se ofertaron 1500 empleos a los que los participantes no quisieron acceder. Se recomienda que se realicen capacitaciones a los participantes para fortalecer la ruta de empleabilidad, para que en los casos en donde se presenten ofertas de empleo éstas no sean rechazadas por quienes cumplen con los requisitos de capacitación. Los Planes de Negocio, siguen ubicados en los lugares o comunas de alta peligrosidad y zonas marginales del municipio, el acceso es muy complejo y los participantes siguen manifestando su necesidad de adquirir vivienda.

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2. ATLÁNTICO - BARRANQUILLA Periodo de seguimiento: Junio 1 de 2010 al 31 de abril de 2011.

Se visitaron las siguientes entidades: Del orden departamental: La Secretaría de Gobierno de Atlántico. Del orden municipal: la Secretaría de Gobierno Municipal, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. Centro de Servicios de la ACR. El departamento de Atlántico contaba hacia finales de febrero de 2011 con 903 desmovilizados activos. En el departamento la mayor parte de la población activa está asentada en Barranquilla con 571 participantes, seguida por Soledad con 191, Malambo con 50, Baranoa con 19, Sabanalarga con 19, Galapa con 13, Santo Tomás con 9, Sabanagrande con 8, Palmar de Varela con 5 y Polonuevo con 5. Hay que mencionar que aunque oficialmente la población aparece registrada en Barranquilla, la mayoría de la población desmovilizada reside en Soledad. 2.1. SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA GOBERNACIÓN DE ATLÁNTICO ANALISIS DE DESEMPEÑO Programas de apoyo a la reintegración La gobernación del Atlántico no tiene programas específicos para la población desmovilizada, pero ocasionalmente coopera con la ACR cuando es convocada. La mayor parte de las acciones hacia esta población las coordina la ACR con la Alcaldía de Barranquilla. Orden público

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En la Secretaría de Gobierno del Atlántico, el encargado de temas de Derechos humanos13 manifiesta que en el municipio de Soledad hay un número aproximado de mil personas presuntamente desmovilizadas que no están participando de los programas de la ACR, pero reconoce que no tiene certeza plena sobre la veracidad de dicha información. Frente a este tema, el Secretario del Interior informó que el Secretario de Gobierno del municipio de Soledad, el 12 de octubre de 2010 le reportó que en dicho municipio había aproximadamente cuatro mil desmovilizados, pero que oficiará al Alcalde y al Comandante de Policía de Soledad para que informe sobre las actividades realizadas y la participación de los desmovilizados en los programas de la ACR.14 Informan que al ser este departamento corredor de movilidad de los grupos armados ilegales, por su ubicación y acceso a la Sierra Nevada de Santa Marta (especialmente en los municipios de Sitio Nuevo y Pueblo Viejo), los factores que impactan la seguridad y convivencia están relacionados al tráfico de drogas por la multiplicidad de rutas de acceso al mar. En el mismo sentido, hay riesgo del corredor Río Magadalena - Las Flores – La Playa, dado el accionar de las BACRIM por disputas internas, por las rutas de narcotráfico y microtráfico. En este departamento operan las bandas de Los Paisas y Los Rastrojos. También se presentan amenazas contra los asesores de las víctimas, la comunidad universitaria y organizaciones de población desplazada. En los sectores de Barranquillita y Cachacal, las manifestaciones delincuenciales alteran la seguridad de los comerciantes y la ciudadanía en general.15 Se ha reportado por la Policía un caso de participación de desmovilizados en acciones que atentan contra el orden público. Desarme ciudadano Informan que en el departamento existe el Plan Desarme con buenos resultados, ya que es evidente la influencia de este programa sobre las estadísticas de criminalidad.

13 En Acta de Visita, mayo 17 de 2011. Eduardo Calle Mosquera, funcionario encargado de Derechos Humanos, Gobernación del Atlántico. 14 En oficio sin número, de mayo 20 de 2011, firmado por Antonio Ignacio Abello Vives, Secretario del Interior del departamento de Atlántico. 15 En cuestionario enviado el 20 de mayo de 2011. Firmado por Antonio Abello Vives, Secretario del Interior.

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En cuanto a las armas entregadas, cada año en el mes de septiembre se realiza en las cárceles y penitenciarias del departamento el Carnaval sin Armas, donde se hace una entrega voluntaria de armas como revólveres, armas blancas y cortopunzantes, las cuales se entregan a la Fiscalía y ésta a su vez procede a destruirlas por medio de moleduras. No se entregan incentivos monetarios, pero a cambio se dan mercados o juguetes. Estos incentivos son proporcionados por la empresa privada.16 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El Departamento del Atlántico no cuenta con programas destinados a la población desmovilizada, por lo que la mayor parte de las gestiones recae sobre la ACR y la alcaldía de Barranquilla. Se recomienda coordinar con el Centro de Servicios de la ACR, el desarrollo de programas de apoyo a la reintegración por parte de la Gobernación del Atlántico y, sobre todo, la inclusión de los mismos en los Planes Departamentales de Desarrollo. 2.2. SECRETARÍA DE GOBIERNO DE BARRANQUILLA ANALISIS DE DESEMPEÑO Programas de apoyo a la reintegración La administración ha realizado una permanente articulación con la ACR del Distrito de Barranquilla. Los programas desarrollados son “Barranquilla escenario de paz y reconciliación”, donde se hace uso de estrategias lúdicas en el Carnaval, por medio de una comparsa denominada “La reintegración en el camino hacia la paz”, desarrollada en 2010 con un aporte de 48 millones. También se brindó apoyo al programa de reintegración con la inserción laboral de 15 participantes del proceso para la recuperación de los parques en Barranquilla. Con el Programa Ser Social se vincularon 180 personas para la recuperación de sesenta parques del Distrito con un aporte de la alcaldía de 200 millones. A través de la Secretaría de Gestión Social se hizo un aporte al proyecto liderado por la ACR de 25 millones para la compra de una casa donde ubicará el centro comunitario para la formación de líderes en el barrio La Chinita. Se brindó apoyo a la ACR en el Proyecto de Prevención al reclutamiento de NNA.

16 En cuestionario enviado el 17 de mayo de 2011. Firmado por Antonio Abello Vives, Secretario del Interior.

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La Alcaldía por medio de la Secretaría de Educación está implementando una nueva metodología para la formación de los participantes en proceso de reintegración y docentes por medio de un piloto en la Institución Educativa Ciudadela 20 de julio. Orden público Manifiestan que según información de la Policía, la situación normal en lo referido a la población desmovilizada. La mayoría de los mototaxistas son desmovilizados que se han acogido a los programas de política pública ejecutados por la alcaldía, orientados a vincular a este sector en opciones de empleo estable, como una forma de regular el mototaxismo. No se tiene conocimiento de acciones de los desmovilizados que afecten el orden público, o situaciones donde hayan resultado ellos mismos lesionados. Desarme ciudadano El municipio de Barranquilla no tiene una política para la promoción del desarme ciudadano, por decisión del Alcalde metropolitano. En consecuencia, tampoco participa la alcaldía en los programas de desarme promovidos por el Comandante del Ejército, pues opina que quienes de manera legítima tienen permisos de porte de armas pueden quedar expuestos a la acción de los delincuentes si proceden a desarmarse, según lo informado durante la visita. Lo único que se promueve es la restricción del porte en ocasiones especiales, como durante el Carnaval de Barranquilla, la Semana Santa y próximamente con motivo del Mundial de Fútbol Sub-20 del cual Barranquilla es subsede inaugural. Desde la Gobernación se promovió el Programa “El mes sin armas”, al cual la Alcaldía no se vinculó.17 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La negativa al desarrollo de políticas de desarme ciudadano en Barranquilla, va en contravía de las políticas de orden nacional y departamental para este tema. 2.3. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE BARRANQUILLA ANALISIS DE DESEMPEÑO En el diligenciamiento de la batería de indicadores para el seguimiento de la política pública de desmovilización, en ningún indicador se responde la cifra del acumulado histórico a la fecha de corte.

17 Cuestionario diligenciado por la Secretaría Distrital de Gobierno, Oficina de Participación ciudadana, firmado por Carlos Augusto Redondo Pérez. Entregado en visita del 18 de mayo de 2011.

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Se informa que hay 3 participantes o miembros del núcleo familiar que participan vinculados a programas de alfabetización, 10 participantes o miembros del núcleo familiar que participan vinculados a programas de educación básica primaria, 4 participantes o miembros del núcleo familiar que participan vinculados a programas de educación básica secundaria. 18 CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES Se sugiere a la Procuraduría Provincial de Barranquilla que requiera al Secretario de Educación Municipal con el fin de diligenciar la Batería de Indicadores en su totalidad, incluyendo las cifras del acumulado histórico para cada indicador. 2.4. SECRETARÍA DE SALUD DE BARRANQUILLA ANALISIS DE DESEMPEÑO En la Secretaría de Salud de Barranquilla reportan que el número de personas y núcleos familiares vinculados al Régimen Subsidiado en Salud durante el periodo evaluado fueron 288 personas. Se indica que en las bases de datos del Régimen Contributivo y en el SISBEN no figuran variables que permitan identificar esta población por la confidencialidad de los datos.19 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La Secretaría de Salud del Distrito de Barranquilla no diligenció de la forma debida la Batería de Indicadores. Se recomienda a la Procuraduría Provincial de Barranquilla requerir al Secretario para que de cumplimiento a esta actividad. También para que dicho despacho mantenga actualizada y disponible la información sobre su gestión en desmovilizados, sin oponer ninguna reserva a la Procuraduría, pues esta no existe con respecto a este órgano de control. 2.5. CENTRO DE SERVICIOS DE LA ALTA CONSEJERÍA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL- BARRANQUILLA. ANALISIS DE DESEMPEÑO

18 Batería de indicadores para el seguimiento de la política pública de desmovilización, diligenciado por Julieth Guerrero y Olga Lucia Ibáñez en mayo 18 de 2011. 19 Respuesta de Maria Elena Menco, subsecretaría de Salud Pública el 17 de mayo de 2011.

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Se informó que dentro del proceso que se adelanta (con Confenalco como operador), hay 118 personas en capacitación. Se encuentra en proceso de estructuración la iniciativa orientada en un programa con el apoyo de Colechera, la Gobernación del Atlántico, la OIM y como operador Acopi. Se pretende vincular 30 participantes del Programa como gestores de la comercialización de productos lácteos. En cuanto a los 2 millones de pesos de capital semilla entregados a los participantes, se informa sobre la posición de la ACR frente a los aportes que hicieron los participantes en el proyecto de lombricultura (BIPROCOL), donde indican que de acuerdo con el artículo 30 de la Resolución 008 de 2009, los planes de negocio consisten en prestar asesoría en la estructuración, desarrollo y seguimiento de planes de negocio unipersonales o asociativos y los mismos pueden involucrar a un operador. Para el caso particular, la empresa BIPROCOL Ltda., en su calidad de operadora, realizó el montaje y puesta en marcha de las plantas de lombricultura, en las cuales participaron las personas desmovilizadas, quienes para el proyecto tenían la doble calidad de inversionistas con su capital semilla (2 millones de pesos) y de trabajadores vinculados por contrato laboral con esa empresa. El argumento se sustenta en un concepto emitido por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública dentro del proceso IUS2008-151861 del 28 de enero de 2010. Se señala que la función que realiza la ACR, una vez realizado el desembolso del capital semilla, es de acompañamiento para la formulación y evaluación de los proyectos, lo que implica que los profesionales de la ACR realicen recomendaciones y sugerencias de orden técnico, que no está de más advertir, no se homologan a una actividad de supervisión o interventoría.

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Con fundamento en lo expuesto por el concepto citado, la ACR considera que una vez el participante manifiesta su intención de invertir su capital semilla en un proyecto que previamente se ha evaluado como técnicamente viable, ese capital se constituye en recurso propio y el participante asume los riesgos del negocio. La ACR únicamente adelanta un acompañamiento. Se hizo entrega de tres encuestas de beneficiarios diligenciadas. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En anexo 2 se relaciona concepto detallado sobre el tema de seguimiento a proyectos productivos. Los Planes de Negocio, siguen ubicados en los lugares o comunas de alta peligrosidad y zonas marginales del municipio, el acceso es muy complejo y los participantes siguen manifestando su necesidad de adquirir vivienda.

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3. BOLÍVAR - CARTAGENA Periodo de seguimiento: Junio 1 de 2010 al 31 de abril de 2011.

Se visitaron las siguientes entidades: Del orden departamental: La Secretaría de Gobierno de Bolívar. Del orden municipal: la Secretaría de Gobierno Municipal, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. Centro de Servicios de la ACR. El departamento de Bolívar contaba hacia finales de febrero de 2011 con 800 desmovilizados activos. La mayor parte de la población activa está asentada en Cartagena con 407 participantes (50,9%), seguida por Magangué con 88 (11%), Santa Rosa del Sur con 40 (5%), Barranco de Loba con 37 (4,6%) y Simití con 35 (4,4%). 3.1. SECRETARÍA DE GOBIERNO DE BOLÍVAR ANALISIS DE VISITA Programas de apoyo a la reintegración En el Departamento de Bolívar todavía no se ha incorporado el componente de atención a la población desmovilizada en proceso de reintegración, dentro del Plan Departamental de Desarrollo, pese a las solicitudes del gobierno nacional y a las recomendaciones de la PGN en anteriores visitas. La inestabilidad política del ejecutivo departamental se ha señalado como una de las razones de esta omisión.

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En vista de lo anterior, durante la misma visita, la PGN dialogó con los responsables de Planeación Departamental sobre la conveniencia de incluir el tema en el documento adicional al Plan de Desarrollo que están preparando. En concreto, se reiteró la solicitud planteada en visita anterior con respecto a la necesidad de reactivar un convenio con la ACR y OIM para dotar de vivienda a un grupo de desmovilizados en el municipio de Arjona. Así mismo, se recomendó incluir la atención de pacientes fármaco-dependientes y de salud mental, no cubiertos por el POS. Se pidió, así mismo, a la Procuraduría Regional de Bolívar que le haga seguimiento a estos compromisos de la administración departamental. Orden público Según los análisis realizados en los consejos de seguridad, la situación de orden público es de relativa normalidad. No obstante los avances en las políticas públicas de seguridad, existen factores de riesgo en regiones como el sur de Bolívar donde hace presencia el frente 37 de las FARC y miembros de la banda conocida como los Urabeños, quienes tratan de recuperar antiguos corredores que eran utilizados por las extintas AUC. En el sur de Bolívar, las Bacrim están dedicadas a los cultivos ilícitos y a las micro extorsiones de pequeños mineros establecidos en la región. La Policía Departamental, por medio de las unidades policiales comunitarias desarrolla distintos programas encaminados a ejercer el acompañamiento, monitoreo y seguimiento de la población desmovilizada. Durante el 2011 se han realizado 14 campañas, 14 actividades recreativas y 10 charlas enfocadas en la parte de educación, seguridad ciudadana y apoyo comunitario, donde han participado 177 desmovilizados. De igual manera, se han capacitado 95 desmovilizados en los programas de salva vías y 100 en control de espectáculos públicos, quienes en ocasiones especiales apoyan a la institución en la prevención de accidentalidad. Se resalta que en lo corrido del 2011 no se han presentado acciones de alteración del orden público ni lesiones por parte de la población desmovilizada asentada en el Departamento. Las autoridades han reportado que en los municipios localizados en las regiones de Montes de María, La Mojana Lobas, Depresión Momposina y Magdalena Medio, no se han presentado acciones de alteración de orden público ni lesiones a la población desmovilizada asentada en estos municipios. Aunque en el mismo cuestionario informan que en lo corrido del año se han capturado 2 desmovilizados por el delito de extorsión y uno por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir20. Desarme ciudadano

20 Cuestionario Secretaría del Interior de Bolívar, entregado en mayo 26 de 2011.

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Aunque la Gobernación de Bolívar no ha desarrollado campañas para promover la entrega voluntaria de armas por parte de la población civil, se han producido acciones de incautación de armas ilegales y de restricción al porte legal, en diferentes ocasiones. Las armas de fuego con salvoconducto son incautadas por medio de decretos que restringen el porte. El Comando de Policía tiene la facultad de imponer multas o retener el arma por un término no mayor a tres meses. Las armas de fuego incautadas por porte ilegal son puestas a disposición de la Fiscalía General y de la Infantería de Marina, dependiendo del lugar en donde se origina la entrega o la incautación. Las armas entregadas voluntariamente en lo corrido del año 2011 son 4, las incautadas por porte ilegal (sin salvoconducto) 139, y las incautadas por violación a la restricción al porte legal son 209. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se recomendó a la Gobernación de Bolívar incluir un componente específico de atención a la reintegración de desmovilizados, en la adición al Plan de Desarrollo actualmente en preparación, para superar la crisis por la inestabilidad política a que ha estado sometido el departamento. En este componente estaría comprendido el Convenio no protocolizado para el plan de vivienda en el municipio de Arjona, al cual la PGN había hecho referencia en el pasado. Se pidió a la Procuraduría Regional de Bolívar hacer seguimiento a estos compromisos. Por otra parte, se constató que la Gobernación de Bolívar no ha promovido campañas para la entrega voluntaria de armas por parte de la población civil, aunque se han presentado casos de entrega voluntaria de armas sin que haya mediado una campaña, según la Secretaría del Interior del Departamento. 3.2. SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CARTAGENA ANALISIS DE VISITA Programas de apoyo a la reintegración En el Distrito de Cartagena de Indias se apoyan las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional en la implementación de los programas de reintegración a la vida civil. Para ello se tienen programas específicos, con aporte de recursos financieros del municipio, desde la Alcaldía Distrital, en coordinación con la Alta Consejería para la Reintegración. En 2009 se ejecutó un presupuesto de inversión de $38.000.000 que para 2010

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ascendió a $94.000.000 y para el 2011 tiene una asignación presupuestal de $57.500.000. De acuerdo a los recursos de inversión y las acciones de seguimiento realizadas reportan los siguientes logros: a. Actividades de formación para la convivencia y jornadas de socialización de derechos y deberes de ésta población, que beneficiaron a 246 participantes en 2010. b. 235 beneficiarios a través de 14 foros deliberativos, diálogos, reuniones de formación y organización en la implementación del proyecto Reconciliarte en Cartagena, con el propósito de la promoción de la participación, la adaptación y convivencia que propicien que las comunidades de las cuales hacen parte sean efectivas en su acción pública. c. 60 participantes vinculados en proyectos productivos mediante 30 unidades productivas en convenio con INDUFRIAL (2009) por un monto de $38.000.000 y para 30 reintegrados vinculados en calidad de socios a la empresa Superarte S.A.S. (2010), con un monto invertido de $19.000.000. Orden público Según la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, no hay alteraciones del orden público protagonizadas por desmovilizados. Sin embargo, en el reporte dado a la opinión pública por el programa Cartagena Cómo Vamos y la Alcaldía Metropolitana durante los días de la visita, se registra que el sicariato representa el 49,2% por ciento de los homicidios en la ciudad durante el último año y la tasa de homicidios está en 25,0 (x100 mil).21 Además, durante las visitas oculares a los Planes de Negocios de los reintegrados se conocieron denuncias de que algunos de los microempresarios desmovilizados están siendo víctimas de extorsión por delincuentes que se presentan como miembros de las bandas criminales de Los Paisas y Los Urabeños. Sin embargo, es sorprendente que la Policía de Cartagena ni la Alcaldía Metropolitana no reconozcan la existencia de estas bandas en el reporte de seguridad entregado al proyecto Cartagena Cómo Vamos aludido. En el municipio se capturaron 3 desmovilizados de la AUC: 2 por extorsión y 1 por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. También se reportó que un desmovilizado sufrió lesiones con arma de fuego dentro de un bus de servicio público por parte de personas desconocidas. CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES Se reconoce el esfuerzo de la administración municipal por acompañar y apoyar los procesos de reintegración en la ciudad, en el marco de un enfoque de participación de comunidades receptoras, con recursos financieros

21 Presentación resultados Proyecto Cartagena Cómo Vamos 2010. En: Presentación 2010 CCV.pdf . También ver: http://www.cartagenacomovamos.org/temas.php?iID=8

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apropiados para tal fin y en coordinación con la Alta Consejería para la Reintegración. Por otra parte, pese al deterioro de la situación de seguridad y al incremento de los indicadores de muertes violentas y del sicariato, resulta preocupante que el Distrito Metropolitano no tenga programas formales de promoción del desarme ciudadano ni campañas sostenibles en tal sentido. Sería deseable que la alcaldía de Cartagena emprendiese una iniciativa esa dirección. 3.3. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CARTAGENA ANALISIS DE DESEMPEÑO En la visita realizada a la Secretaría de Educación municipal, se constató que mantiene un seguimiento detallado acerca del desempeño de la población desmovilizada inscrita en programas educativos del resorte de esta Entidad. Durante el periodo, en el municipio se cuenta con 117 participantes y/o miembros de los núcleos familiares vinculados a programas de alfabetización. Con 145 participantes y/o miembros de los núcleos familiares vinculados a la educación básica primaria, 54 participantes y/o miembros de los núcleos familiares vinculados a la educación secundaria, 5 en media vocacional. No registran información de participantes en la universidad o en carreras técnicas o programas de formación complementaria. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El Distrito de Cartagena ha venido prestando los servicios educativos a la población en reintegración y sus núcleos familiares, de acuerdo con los estándares de cobertura esperados y flujos de demanda. 3.4. SECRETARÍA DE SALUD DE CARTAGENA ANALISIS DE DESEMPEÑO En la Secretaría de Salud de Cartagena, el diligenciamiento de la batería de indicadores es defectuoso puesto que las cifras no fueron especificadas para la población desmovilizada en proceso de reintegración sino que se mezclaron con las del conjunto de la población vulnerable. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En la Secretaría de Salud del Distrito de Cartagena no cumplen su labor de registro de la información para la población desmovilizada. Por lo tanto se recomienda que la Procuraduría Provincial realice un requerimiento con el fin que la Secretaría de Salud, allegue la información de su competencia.

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3.5. CENTRO DE SERVICIOS DE LA ACR EN CARTAGENA ANALISIS DE DESEMPEÑO Según la información recaudada en el Centro de Servicios de la ACR de Cartagena, en la actualidad hay 176 planes de negocio desembolsados, lo cual demuestra el dinamismo alcanzado en esta materia en el Departamento, ya que para septiembre de 2010 se contaba con apenas 40 planes de negocio. Adicionalmente se pretende que para el año 2011 se adjudiquen 20 planes de negocio. También se espera la colocación de 20 nuevos empleos.

En cuanto al tema de educación, se encuentran 164 participantes que terminaron el bachillerato y 157 cursando la primaria y en formación técnica hay 368 participantes. Las visitas realizadas el 26 de mayo de 2011 a los planes de negocio, incluyeron a 6 beneficiarios, de los cuales uno en plan de reactivación mostró resistencia a la visita por motivos desconocidos; otro (alquiler de lavadoras domiciliarias) se encuentra en riesgo de fracaso económico por baja competitividad; otro (tienda) en riesgo de fracaso por amenazas al participante y extorsión por parte de bandas criminales identificadas como Los Paisas y Los Urabeños, según la denuncia del afectado ante la ACR; y los demás en buenas condiciones de operabilidad y rentabilidad, según sus beneficiarios.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Es indispensable que la ACR organice un sistema de monitoreo recurrente a los planes de negocio de su jurisdicción y que exija mayor atención a los operadores que apoyan la implementación de los mismos durante su etapa inicial, para que el apoyo no se refiera sólo a aspectos técnicos del montaje sino a la sostenibilidad económica de los mismos. • El tema de seguridad de los planes de negocio y de los participantes, se puede convertir en una de las principales amenazas a la sostenibilidad, junto con la ubicación de los mismos. Se sugirió a la ACR coordinar con las autoridades y con sus asesores legales las medidas de prevención y protección que requieran los participantes victimas de extorsión y de amenazas. • La ubicación de muchos planes de negocios en lugares reputados como de alta peligrosidad y en zonas en donde la población vive rayana en la indigencia, es contraproducente desde cualquier punto de vista. Es deseable que estos proyectos estén unidos a una solución de vivienda digna en el marco de la política social del gobierno, para incrementar sus posibilidades de sostenibilidad como fuente de ingresos. • De todos estos aspectos se informó a la Procuraduría Regional de Bolívar, con el fin de que se tomen las disposiciones adecuadas al respecto.

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4. CESAR - VALLEDUPAR Periodo de seguimiento: Junio 1 de 2010 al 30 de marzo de 2011. Se visitaron las siguientes entidades: Del orden departamental: La Secretaría de Gobierno de Cesar. Del orden municipal: la Secretaría de Gobierno Municipal, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. Centro de Servicios de la ACR.

El departamento de Cesar contaba hacia finales de febrero de 2011 con 1961 desmovilizados activos. En el departamento la mayor parte de la población activa está asentada en Valledupar con 1099 participantes (56%), seguida por Aguachica con 207 (10,6%), El Copey con 90 (4,6%), San Martín con 83 (4,2%) y Codazzi con 71 (3,6%). 4.1. SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CESAR ANÁLISIS DE DESEMPEÑO Programas de apoyo a la reintegración En los cultivos de ají en El Copey y Codazzi ha habido desmotivación por parte de los beneficiarios. Estos están relacionados con problemas técnicos en la implementación de los planes de negocio, principalmente con el acceso al agua y la electricidad. El seguimiento de estos PdN lo realiza desde la Gobernación la Secretaría de Agricultura. También se hizo mención de las llamadas Parcelas productivas localizadas en el municipio de La Mesa en Valledupar, donde participan 20 desmovilizados. Este fue un laboratorio donde se integraron indígenas, víctimas, desplazados y desmovilizados. Los

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beneficiarios se formaron en cuestiones agrarias y de emprendimiento.22 Orden público En los principales centros poblados (Valledupar, Codazzi, Curumaní, Aguachica, Pailitas, Bosconia) se han incrementado las acciones delictivas; en esos municipios funcionaban los principales bloques de las AUC. Ahora, estos centros poblados sufren el accionar de Bandas Criminales (BACRIM). Con respecto a los grupos guerrilleros, ha habido acciones del ELN y las FARC, las cuales están establecidas en la cordillera del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Según la percepción generalizada, estos han aumentado su capacidad de acción. En el departamento los principales problemas de orden público son fleteo, hurto de vivienda, extorsión, microtráfico, consumo de sustancias psicoactivas.23 El mototaxismo es un problema del cual ya se ha hecho mención en estos informes24, y las autoridades han adoptado medidas tendientes a disminuir la influencia de esta actividad económica. Las principales ciudades del departamento tienen legislaciones que prohíben los parrilleros, así como están establecidos los días sin moto o pico y placa. Según la Secretaría de Gobierno, estas medidas han ayudado a disminuir los actos delictivos.25 Desarme ciudadano En la diligencia se pudo establecer que la Gobernación continúa las políticas establecidas en este aspecto, prestando apoyo logístico y financiación a la Policía en esta labor, pero en el periodo evaluado no se encontraron campañas de este tipo, las cuales son de iniciativa de la Policía Nacional.26 Según la Policía, del total de capturas en noviembre de 2010 el 17% eran desmovilizados, correspondientes a 67 desmovilizados capturados por diferentes motivos. Entre los homicidios presentados en 2011 en la ciudad de Valledupar, se ha sabido que una víctima era desmovilizada.27 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Hay un aumento en la percepción de inseguridad en zonas rurales por el incremento en la capacidad de acción de los grupos guerrilleros establecidos en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Perijá. Además, se mantiene la mala percepción de seguridad en la capital del departamento, 22 Acta de Visita Secretaría de Gobierno de Cesar, abril 12 de 2011. 23 Acta de Visita Secretaría de Gobierno de Cesar, abril 12 de 2011. 24 Procuraduría General de la Nación. Proyecto seguimiento a la Política pública DDR Informe 2010. 25 Acta de Visita Secretaría de Gobierno de Cesar, abril 12 de 2011. 26 Acta de Visita Secretaría de Gobierno de Cesar, abril 12 de 2011. 27 Acta de Visita Secretaría de Gobierno de Cesar, abril 12 de 2011 & Acta Consejo de Seguridad noviembre de 2010.

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relacionados con la extorsión, microtráfico y robos callejeros y de automotores, relacionados con el accionar de Bandas Criminales y/o delincuencia común. Hay dificultades técnicas en dos de los principales PdN asociativos que apoya el departamento para población en proceso de reintegración. 4.2. SECRETARÍA DE GOBIERNO DE VALLEDUPAR ANÁLISIS DE DESEMPEÑO Programas de apoyo a la reintegración El Programa Mi Llave, establecido para población vulnerable, incluidos los participantes en reintegración, se encontraba hasta el momento de la visita cerrado, según se informó, van tres meses esperando que se firme un nuevo convenio hasta el 31 de diciembre de 2011. Este programa busca capacitarlos en las áreas tecnológica y sociocultural, inclusión social y laboral. Desde la Secretaría de Gobierno dan fe que el convenio está a punto de ser firmado, dando un plazo máximo de cuarenta y cinco días para firmar el nuevo convenio. La PGN pudo determinar que no ha habido reuniones entre la ACR y la Secretaría de Gobierno del municipio de Valledupar. En la Secretaría informan que por medio de Fonvisocial se llevaron a cabo reuniones para darle prioridad a la población desmovilizada para el acceso de vivienda. La ACR dice no tener conocimiento de este programa. La Secretaría de Gobierno se comprometió a iniciar reuniones periódicas con la ACR el día 2 de mayo de 2011. Estas buscan abordar de manera eficiente las políticas de reintegración. Orden público En lo relativo al mototaxismo, la última medida aplicada desde el 4 de abril (no parrillero hombre mayor de 14 años) no ha tenido tiempo de ser evaluada28. En el corto tiempo que tenía de aplicación, se notaron mejorías en la movilidad, el hurto callejero y a residencias. También está por determinar el impacto en los homicidios, ya que las estadísticas no han bajado (los primeros nueve días luego de la implantación de la medida no hubo homicidios, luego se presentaron cinco, incluida una lideresa que trabajaba con población reintegrada en la población de La Mesa).29 Continúan los problemas con pandillas juveniles, las cuales actúan en los

28 Consejo de seguridad municipal del 24 de marzo de 2011. 29 Acta de Visita Secretaría de Gobierno de Valledupar, abril 12 de 2011.

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entornos de los colegios. Se aumentó el pie de fuerza en trescientas unidades. Por último, se presentó el plan de seguridad por cuadrantes, éste se proyectó a cuatro años. Las zonas más problemáticas de la ciudad son La Nevada y los barrios circundantes, además de las invasiones cercanas. Se han reportado tres homicidios de participantes del programa. No tienen conocimiento de homicidios a desmovilizados inactivos. Con respecto a capturas, se han presentado por delitos previos, aunque no conocen el número. Desarme ciudadano Desde la Alcaldía se promueven campañas de sensibilización y desarme en los colegios.30 Aunque no ha habido entrega de armas, se otorgan incentivos monetarios por información que conduzca al decomiso de un arma. No poseen información del número de armas entregadas o decomisadas y afirman que no tienen recursos para entregar incentivos económicos para la promoción del desarme ciudadano.31 El 14 de febrero se hizo una jornada de sensibilización con la participación de 160 - 180 adolescentes. Informan que han trabajado el Programa Unidades de Mediación y conciliación Escolar, para el tema de sensibilización del conflicto en tres instituciones, todo coordinado con las Secretarías de Gobierno y Educación Municipal. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Resulta evidente la falta de coordinación entre la Alcaldía de Valledupar y el Centro de Servicios de la ACR de Valledupar. Por tal motivo la PGN pidió a la alcaldía el compromiso para adelantar reuniones periódicas desde inicios de mayo, para coordinar la labor interinstitucional y dar inicio a programas sensibles para los reintegrados, tales como el acceso a vivienda digna, en el marco de los proyectos municipales al respecto. Se sugiere recomendar a la Policía del Cesar, por medio de la Regional de la PGN, que organice un monitoreo más frecuente de la evolución del mototaxismo y sus presuntos vínculos con la inseguridad del departamento y especialmente de Valledupar y que coordina con la ACR lo relativo a mejorar la identificación de participantes activos/inactivos en los programas de reintegración. 4.3. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VALLEDUPAR 30 Acta de Visita Secretaría de Gobierno de Valledupar, abril 12 de 2011, Consejos de seguridad municipal del siete de diciembre de 2010 y 13 de enero de 2011 & Cuestionario Secretaría de Gobierno entregado el 12 de abril de 2011. 31 Cuestionario Secretaría de Gobierno entregado el 12 de abril de 2011.

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ANÁLISIS DE DESEMPEÑO En la Secretaría de Educación municipal mantienen un seguimiento acerca del desempeño de la población desmovilizada inscrita en programas educativos del resorte de esta Entidad. Durante el periodo hubo 413 participantes o miembros de núcleos familiares vinculados a programas de alfabetización, 141 participantes o miembros de núcleos familiares vinculados a educación básica primaria, 164 participantes o miembros de núcleos familiares vinculados a educación básica secundaria, 196 participantes o miembros de núcleos familiares vinculados a media vocacional.32 CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES El servicio educativo se ejecuta normalmente, absorbiendo la totalidad de la demanda planteada por los participantes y sus núcleos familiares. 4.4. SECRETARÍA DE SALUD DE VALLEDUPAR ANÁLISIS DE DESEMPEÑO En la Secretaría de Salud municipal, mantienen un seguimiento detallado acerca del desempeño de la población desmovilizada inscrita en los regímenes de salud. En el departamento hay 2454 participantes o miembros de núcleos familiares vinculados al régimen subsidiado de salud. Se reportó un participante o miembro de núcleo familiar beneficiario de prótesis y elementos de apoyo, así como un participante o miembro de núcleo familiar beneficiario de ayudas visuales.33 CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES Hay atención adecuada de toda la demanda y no se recibieron informaciones sobre dificultades de cobertura o de calidad de la atención durante el período evaluado. 4.5. CENTRO DE SERVICIOS DE LA ACR EN VALLEDUPAR ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

32 Formulario Secretaría de Educación de Valledupar, entregado el 12 de abril de 2011. 33 Formulario Secretaría de Educación de Valledupar, entregado el 13 de abril de 2011.

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En esta visita se trataron temas sensibles de la gestión que esta entidad debe realizar en lo referente a la política de reintegración económica, principalmente con respecto a los planes de negocio asociativos que se ejecutaron bajo la responsabilidad de este Centro de Servicios. En el caso del proyecto de lombricultura (conocido como proyecto BIPRO), se encontró que 25 de los 30 beneficiarios recibieron nuevamente recursos provenientes de la OIM y de la Gobernación del Cesar para establecer Planes de Negocio. Los recursos de la OIM corresponden a $3 millones y los de la gobernación a $2 millones per cápita. Ya se liquidó el proyecto. Los 5 beneficiarios que no entraron al nuevo proceso liderado por el operador MARES ya tenían otras oportunidades económicas en una empresa de lombricultura (Humus del Cesar), relacionada a la actividad económica que intentó desarrollar BIPRO. Frente al caso de Plátanos y Frutos de Costa (operador del proyecto), cuarenta y ocho (48) participantes se asociaron en este PdN en la Asociación Agrícola La Esperanza. Ante el fracaso de la unidad productiva, la Asociación presentó demanda contra la empresa Plátanos y Frutos de la Costa, pero cuando fueron a arbitramento, la asociación debía pagar los costos que pide la Cámara de Comercio de Valledupar ($3‘700.000) para este servicio, lo cual no fue posible teniendo en cuenta las condiciones económicas de los beneficiarios participantes. El Centro de Servicios y los participantes citaron a los representantes de la empresa a rendir cuentas, estos presentaron información incompleta y sin soportes de los estados financieros del Proyecto. También se presentaron fallas técnicas en la implementación del Plan de Negocios, puesto que no se previeron fuentes alternativas de agua, necesarias en las temporadas secas que azotan la región. Este es el punto que esgrimieron los operadores para dar fin al proyecto. Los soportes de la contabilidad reposan en la ACR Bogotá. Los cuestionamientos que desde el Centro de Servicios de

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Valledupar se hacían al Operador, eran respondidos directamente a la asociación de beneficiarios, bajo la excusa de que era un negocio entre dos partes, donde la única contraparte era la mencionada asociación. Al parecer nunca hubo una buena comunicación entre los participantes y el operador, cometiendo fallas en los compromisos por parte y parte. El proyecto esta detenido desde hace un año, los participantes permanecen en el Programa, estudiando en formación académica y formación para el trabajo. En lo relacionado con los Planes de Negocio de cultivo de ají en El Copey y Codazzi, informaron que el primero tiene cupos para cuarenta beneficiarios, de los cuales solo se hace uso de veintiséis. El Plan de negocios funciona ya que cuenta con riego y electricidad. En abril se inició el cultivo de las primeras seis hectáreas, pero ya se hizo la parcela demostrativa con buenos resultados. Con respecto a Codazzi, se han sorteado varios problemas de orden natural (agua), luego se renegoció el alquiler del predio, puesto que cambió de propietario, y no fue posible la concesión de un permiso de servidumbre para el servicio de energía eléctrica. Se adecuó la construcción de un canal para evitar las inundaciones, además se instaló la parcela demostrativa. Ha habido problemas en el enrolamiento de participantes por las demoras del proyecto. Participan activamente 25 de 50 cupos. Los que no están participando activamente (17), han sido conminados a tomar una posición antes del 30 de abril, o serán remplazados por población campesina de la zona. Se pasó a hacer las visitas a los planes de negocio de los beneficiarios, para comprobar que cinco PdN que se consideraban en funcionamiento no existen, otros tres no alcanzan el nivel de subsistencia, dos funcionan con alguna dificultad, y solo uno parece estar en crecimiento. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se estableció que 25 de los 30 beneficiarios del fracasado PdN asociativo BIPROCOL recibieron recursos por parte de la OIM y la Gobernación del Departamento. El proyecto está liquidado. Por otra parte, se mantienen los problemas frente al PdN asociativo fracasado de Plátanos y Frutos de la Costa. Aunque ha habido reclamaciones formales, no parece haber avances significativos que den cuenta del fracaso de este PdN. Con dificultades avanza la puesta en marcha de los PdN asociativos de cultivo de ají que se desarrolla en coordinación con la Gobernación del Cesar. Se recomienda que la ACR de inicio formal de demanda de rendición de cuentas al operador incumplido, previa revisión documental del convenio.

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Los Planes de Negocio, siguen ubicados en los lugares o comunas de alta peligrosidad y zonas marginales del municipio, el acceso es muy complejo y los participantes siguen manifestando su necesidad de adquirir vivienda.

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5. CUNDINAMARCA – BOGOTÁ Periodo de seguimiento: Junio 1 de 2010 al 28 de febrero de 2011.

Se visitaron las siguientes entidades: Del orden departamental: La Secretaría de Gobierno de Cundinamarca. Del orden Distrital: la Secretaría de Gobierno del Distrito, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. El departamento de Cundinamarca y Bogotá D.C. contaban hacia finales de febrero de 2011 con 4389 desmovilizados activos. En el departamento la mayor parte de la población activa está asentada en Bogotá D.C. con 3485 participantes, seguida por Soacha con 243, Yacopí con 102, Facatativá con 79 y Fusagasugá con 47. 5.1. SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA ANALISIS DE DESEMPEÑO Programas de apoyo a la reintegración No hay programas específicos de apoyo a la reintegración. Orden público

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La Secretaría de Gobierno manifiesta que la Brigada XIII informó el 11 de marzo de 2011, que las llamadas Bandas Criminales (BACRIM) no tienen injerencia en el departamento. La unidad militar reporta acciones del frente 25 (Armando Ríos) de las FARC en inmediaciones con los departamentos de Huila y Tolima, así como del frente 51 (Jaime Pardo Leal) en la región del Sumapaz, colindante con el departamento de Meta y el frente 53 (José Antonio Anzoátegui) en el piedemonte llanero. A pesar de no reconocer públicamente la presencia de BACRIM, es claro que existe influencia de organizaciones criminales en algunos puntos del departamento, como es el caso de Yacopí, donde se establecieron desde la década de 1980, bajo la protección del extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha bandas de paramilitares que eran conocidas como las “Autodefensas de Yacopí”, quienes terminaron bajo el control de Luis Eduardo Cifuentes alias “El Águila”. En 2003, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez lanzó la operación Libertad Uno de las Fuerzas Armadas contra las FARC, en la cual se denunció la participación de paramilitares. “Según versiones de gente de allí, los hombres de 'El Aguila' le colaboran al Ejército con información de inteligencia para hacer detenciones y allanamientos "ilegales pero certeros", como dijo una fuente.”34 En diciembre de 2004, en el marco de las conversaciones de Ralito, se desmovilizaron 148 miembros de las autodefensas de Cundinamarca en el corregimiento de Terán, municipio de Yacopí. Desde la prensa nacional durante el último año este municipio ha sido reconocido como centro de cultivos ilícitos35, y demás actividades criminales relacionadas, pero siempre presentados como bandas de narcotraficantes sin relación con los desmovilizados paramilitares que campearon por la región por más de dos décadas. A través de los Consejos de Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., se establece la región de Yacopí como problemática en el departamento, puesto que aparece referenciada como centro de cultivos ilícitos36, así como centro de desmovilizaciones y capturas37, la cual es reconocida como un área crítica en el departamento: “Norte de Cundinamarca, municipios de Yacopí, Puerto Salgar, La Palma, porque allí persiste la instalación de laboratorios y cultivos ilícitos cuyos productos luego se comercializan en áreas urbanas de

34 En http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=71591 35 En http://www.elespectador.com/articulo168099-erradican-119-hectareas-de-cultivos-ilicitos-nueve-departamentos http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso186149-detenido-arrendarle-sus-predios-un-narco 36 Consejos Distritales de Seguridad 2010-9-14, 2010-9-21, 2010-11-23, 2010-11-30, 2011-2-8. 37 Consejos Distritales de Seguridad 2010-11-23

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Cundinamarca y Bogotá.”38 Las otras áreas críticas identificadas por las autoridades son el “sur de Cundinamarca, norte del Tolima y Huila, Localidad de Sumapaz la región de Sumapaz hasta el límite con la Uribe en el Meta; así como en el Oriente de Cundinamarca, Gauvio y Chingaza.”39 También se han hallado caletas con material de guerra y comunicaciones en el municipio de Chaguaní,40 así como tres caletas con material de guerra y un campamento en el desarrollo de la Operación Víbora41, así como material de comunicaciones de la guerrilla.42 Con respecto a las acciones guerrilleras, se teme por la posible reactivación de milicias en el Sumapaz43 Desarme ciudadano La Secretaría de Gobierno informa que trabaja en coordinación con la Brigada XIII y la Policía de Cundinamarca. Como consecuencia de los casos de balas pérdidas en Soacha a inicios de 2011, este municipio expidió el decreto 003 de 2011, con el cual se adoptaron medidas para esclarecer el fallecimiento de un menor durante las celebraciones del año nuevo. Con el anterior decreto se requirió a los Alcaldes para que expidieran con cinco días de antelación a las fiestas, los respectivos instructivos en los cuales se restrinja el uso, porte y tenencia de armas de fuego. También se desarrollaron programas para concienciar a la población, cambiando los juguetes bélicos por artefactos lúdicos. CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES Como no hay programas formales de apoyo a la reintegración por parte del Departamento de Cundinamarca, se recomienda a éste coordinar con la ACR para dar inicio a programas de apoyo, empezando por incluir el tema en el Plan Departamental de Desarrollo. 5.2. SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ ANALISIS DE DESEMPEÑO

38 Consejo Distrital de Seguridad 2010-11-30. 39 Consejo Distrital de Seguridad 2010-11-30. 40 Consejo Distrital de Seguridad 2010-9-21. 41 Consejo Distrital de Seguridad 2010-11-9. 42 Consejo Distrital de Seguridad 2011-2-8. 43 Consejos Distritales de Seguridad 2010-11-30, 2011-2-1.

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Programas de apoyo a la reintegración En Bogotá el área de productividad se desarrolla bajo la perspectiva de la reintegración comunitaria, promoviendo la reintegración socioeconómica de la población desmovilizada, sus familias y la comunidad receptora vulnerable. Este programa cuenta con dos componentes: Emprendimiento y Empleabilidad. El primero se lleva a cabo por medio de una estrategia de fortalecimiento de iniciativas productivas familiares de la población desmovilizada, por medio del Convenio 1161 de septiembre de 2009 firmado por la Secretaría de Gobierno Distrital y la Organización Internacional de la Migraciones OIM, el cual fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2010. Entre septiembre de 2009 y febrero de 2011, se han beneficiado 80 iniciativas productivas de desmovilizados y sus núcleos familiares con una inversión de $556.053.216, con recursos aportados en igual proporción por la Secretaría de Gobierno Distrital y la OIM. Entre el 20 de septiembre de 2010 y el 30 de marzo de 2011, la OIM en el marco del contrato PSJ-884-2009-DDR-239 celebrado con el operador del Convenio 1161 de 2009 (Fundaset) adicionó la cifra de $75.000.000 para desarrollar una etapa de acompañamiento y seguimiento con las primeras 50 iniciativas productivas que involucran las siguientes acciones: Asesoría y acompañamiento en la gestión administrativa. Asesoría y acompañamiento en la gestión técnica y productiva. Asesoría y acompañamiento para el mejoramiento de la gestión comercial. Asesoría y acompañamiento en la gestión de recursos financieros. Organización de un evento tipo feria con los beneficiarios. Esta etapa de acompañamiento ha sido supervisada por la Secretaría de Gobierno Distrital a través de su participación en los comités técnicos mensuales, aportando en el diseño del Modelo de fortalecimiento de Iniciativas productivas de excombatientes, que será presentado en una publicación el 14 de abril de 2011. Este Modelo constituye un aporte diferencial de la Administración Distrital al modelo nacional de reintegración económica en materia de emprendimiento.44 El segundo componente es la empleabilidad, que se lleva a cabo por medio de la “Ruta Integral de Intermediación Laboral para la población desmovilizada, familiares y comunidad receptora” creada por el área de productividad en 2010 e implementada de manera parcial. En la Secretaría informan que el flujo de la información es muy difícil, las

44 En Informe para la Procuraduría General de la Nación sobre el área de productividad del programa de atención al proceso de desmovilización y reintegración de Bogotá.

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últimas estadísticas con las que cuentan datan de mayo de 2010. Frente a las solicitudes hechas por la Secretaría de Gobierno, la ACR sostiene que esta es información reservada. Orden público Sobre la presencia de bandas Criminales (BACRIM) informa la Secretaría de Gobierno que “en la capital en la actualidad no existen bandas emergentes que estén apostadas en ningún sector de ella, hablar de grupos que hagan presencia hoy en la Capital tales como: Oficina de Envigado, Rastrojos, Machos, ERPSC, Paramilitares de Nueva Generación o Aguilas Negras, es inexacto, existen sí una multiplicidad de actividades de poderes mafiosos, a los que les interesa la Capital por el lavado de activos, obtener rentas ilegales y legalizar dineros a través de negocios fachada. “En las aproximaciones que ha realizado el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACSC) de la Secretaría de Gobierno, ha encontrado que existen diversas formas que utilizan el poder mafioso para convertir los dineros provenientes del narcotráfico en dinero circulante, incluso manteniendo negocios ‘a pérdida’, y pagando impuestos a la DIAN, si es necesario. En ejercicios como el realizado en el segundo semestre de 2010, por el CEACSC en algunas localidades de la Capital (Suba, Ciudad Bolívar, Usaquén, Bosa y Kennedy), donde según unas ONGs, ‘se da la presencia de grupos paramilitares y Bogotá está cercada por estos grupos’ se logró determinar en los eventos que se llamaron ‘Diálogos, dinámicas de ciudad’ indagando a la misma comunidad, a otras ONGs, a los funcionarios locales y del nivel central que participan de las actividades en esas localidades e incluso a jóvenes, que no existe presencia de estas organizaciones en estos sitios, lo que hay, según ellos, es delincuencia común que actúa cometiendo delitos y que en ocasiones suplanta a estos grupos, aprovechando el miedo que la comunidad siente frente a los armados”.45 En los consejos de seguridad se hace referencia a capturas o muertes de miembros o personas relacionadas con reconocidas Bandas Criminales como son las capturas de Dumar de Jesús Guerrero Castillo alias “Carechuchillo”, miembro del ERPAC y hermano del desaparecido Pedro Oliverio Guerrero Castillo alias “Cuchillo”,46a un miembro de los Urabeños capturado en Patio Bonito,47 o el levantamiento del cadáver de una mujer asesinada por sicarios por ser cercana a un miembro de la banda de “Los Mellizos”.48 45 Respuesta de la Secretaría de Gobierno Distrital a la pregunta sobre la presencia de Bandas Criminales (BACRIM) en la Capital de la República. Entregada el 18 de marzo de 2011. 46 Consejo Distrital de Seguridad 2010-7-19. 47 Consejo Distrital de Seguridad 2010-11-23. 48 Consejo Distrital de Seguridad 2010-11-9.

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Desarme ciudadano En lo referente a campañas para el desarme ciudadano, se llevó a cabo entre los meses de octubre y noviembre de 2010 la jornada 18 de la Campaña de desarme “Amar es desarmarte, Entrega tu arma de fuego” en cinco localidades de la ciudad. Se recibieron 465 armas de fuego (68% originales, y 32% caseras) las tres principales clases de armas entregadas fueron: Revólveres: 42,6% (198). Escopetas: 34,7% (161). Pistolas: 14% (65). CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La PGN recomienda a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá coordinar con la ACR para mejorar el intercambio de información entre sus respectivos sistemas. Hacer un seguimiento que determine el impacto de la intervención de la Secretaría Distrital en las comunidades receptoras. 5.3. SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO. ANALISIS DE DESEMPEÑO En la Secretaría de Educación del Distrito Capital se brinda cobertura completa para la demanda en educación básica y media a los desmovilizados y a sus núcleos familiares. Una vez que estas personas concluyen el grado 11 e ingresan a las Universidades, el DC no puede hacerles seguimiento. Por razones del ciclo académico, el corte de la información se hace al 18 de febrero de 2011. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Las coberturas son totales y no se recibió información sobre dificultades durante el período evaluado a este respecto. 5.4. SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO ANALISIS DE DESEMPEÑO La Secretaría de Salud informa que la Alta Consejería para la Reintegración facilitó la información necesaria que permite la identificación de los participantes y sus respectivos núcleos familiares. Por este motivo queda pendiente la verificación de la información en la base de datos RIPSS. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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La Secretaría de Salud del Distrito Capital ha tenido dificultades técnicas para gestionar la información de cobertura, aunque se sabe que esta es total y no hay registro de quejas o deficiencias en la prestación de este servicio. Como la consolidación de esa información depende de la verificación de las bases de datos suministradas por ACR y confrontadas con las de la Secretaría de Salud, se recomienda a ésta última entidad que organice un dispositivo de emergencia para que la información sobre este componente sea oportuna y se mantenga disponible para sus usuarios. Se espera que en la siguiente visita de seguimiento este inconveniente se haya superado. 5.5. CENTROS DE SERVICIO DE LA ALTA CONSEJERÍA PARA LA REINTEGRACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL. La comisión evaluadora no pudo trasladarse a los Centros de Servicio de la ACR en el Distrito Capital que habían sido seleccionados, pues no fue posible contar con apoyo para transporte y seguridad del equipo técnico, en las fechas requeridas. Estas visitas que tenían como propósito entrevistarse con beneficiarios de Planes de Negocios residentes en las localidades de Ciudad Bolívar, Uribe Uribe, Suba, Usme, entre otras, se realizará en una nueva oportunidad, siempre y cuando se cuente con apoyo institucional para los desplazamientos seguros. Se buscó este apoyo con la ACR y con la propia Procuraduría, pero fue infructuosa la gestión.

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6. META – VILLAVICENCIO Periodo de seguimiento: Junio 1 de 2010 al 31 de abril de 2011. Se visitaron las siguientes entidades: Del orden departamental: La Secretaría de Gobierno de Meta. Del orden municipal: la Secretaría de Gobierno Municipal, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. Centro de Servicios de la ACR.

El departamento de Meta contaba hacia finales de febrero de 2011 con 1407 desmovilizados activos. En el departamento la mayor parte de la población activa está asentada en Villavicencio con 895 participantes (63,6%), seguida por Granada con 100 (7,1%), San Martín con 95 (6,8%), Acacías con 56 (4%) y Puerto Gaitán con 39 (2,8%). 6.1. SECRETARÍA DE GOBIERNO DE META ANALISIS DE DESEMPEÑO Programas de apoyo a la reintegración Actualmente la Gobernación no cuenta con planes de apoyo a la reintegración. Como proyecto informan que desde la Gobernación se contratará un(a) profesional para que asesore la gestión de treinta Planes de Negocio (PdN) en Villavicencio que se encuentren en estado crítico para prestarles el apoyo. El (la) profesional contratado(a) hará un plan de acompañamiento en el que se deberá plantear (1º), la identificación de la problemática en cada una de las 30 unidades escogidas, (2º) plantear las actividades que deben desarrollar para superar la problemática identificada en el PdN y por último hará una matriz de

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seguimiento para verificar el plan que se haya propuesto, para un (3º) fortalecimiento del negocio. Este contrato estará listo para finales del mes mayo de 2011 y tendrá una duración de siete meses con una inversión de cincuenta millones de pesos.49 Orden público Hay acciones que atentan contra el orden público, que son considerados como casos aislados y atribuibles a la guerrilla, pero sin la seguridad de su autoría. Por otra parte, las llamadas Bandas Criminales (BACRIM) hacen presencia en todo el departamento. Afirman desde la Secretaría de Gobierno que los casos reportados de sicariato han disminuido, mientras que las extorsiones (en Villavicencio y la región del Ariari)50, sobre todo telefónicas, se han incrementado, según las cifras presentadas por la Policía Nacional en los Consejos de Seguridad.51 Los frentes de las FARC que tienen presencia en el Meta son el frente 53 al mando de “El Loco Iván”; la cuadrilla Urias Roldán en el municipio de Mesetas y al mando de “Gonzalo Porras”; la cuadrilla 39 al mando de “Cadete”, la cual se halla replegada en Puerto Trujillo, Mapiripán, por operaciones y desmovilizaciones; el frente 43 al mando de Pico Pato, que opera en Puerto Lleras; el frente 42 en San Juan de Arama; el frente 27 al mando de “Bairon Yepes” en Vista Hermosa; el frente 40 en La Uribe al mando de “Darío Huesitos”; el frente 26 al mando de “Diego Guarnizo” en los municipios de La Uribe y Lejanías; frente 44 al mando de “Albeiro Córdoba” en Puerto Rico.52 Durante el periodo no se reportaron desmovilizados que atentaran contra el orden público, y se reportó el homicidio de un desmovilizado en Villavicencio.53 Desarme ciudadano Durante el periodo evaluado no se ha llevado a cabo ninguna campaña de desarme, pero tienen conocimiento de una campaña que llevó a cabo la Policía del Departamento en el municipio de Acacías durante el mes de abril en colaboración de esa alcaldía. En el segundo semestre de 2010 se realizaron tres campañas de desarme ciudadano en el departamento: Acacías, realizada en asocio con el municipio. Por cada arma entregada, se otorgó un incentivo económico. En total se entregaron doce armas. Villavicencio, campaña liderada por la Policía comunitaria y dirigida a NNA. Por cada juguete bélico entregado, la Policía lo

49 Acta de Visita Secretaría de Gobierno de Meta, 3 de mayo de 2011 & Cuestionario Secretaría de Gobierno entregado el 3 de mayo de 2011. 50 Cuestionario Secretaría de Gobierno entregado el 3 de mayo de 2011. 51 Acta de Visita Secretaría de Gobierno de Meta, 3 de mayo de 2011. 52 Cuestionario Secretaría de Gobierno entregado el 3 de mayo de 2011. 53 Cuestionario Secretaría de Gobierno entregado el 3 de mayo de 2011.

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cambió por un juguete didáctico. Granada, campaña dirigida a NNA, bajo la misma lógica de la desarrollada en Villavicencio.54 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se mantiene la presencia de grupos armados ilegales en todo el departamento. Hay varios frentes de las FARC operando en zonas históricas de este OAI, mientras que la presencia de bandas criminales se mantiene en zonas donde los desmovilizados grupos paramilitares tenían poder e influencia. Desde la Gobernación están buscando apoyar los PdN por medio de la asistencia técnica que deberá prestarles un profesional universitario a contratar por esa dependencia. En el Meta no hay campañas para la entrega de armas como tal. Lo que se encuentran son campañas de sensibilización dirigidas principalmente a la población escolar juvenil que está en riesgo de reclutamiento por parte de organizaciones ilegales. 6.2. SECRETARÍA DE GOBIERNO DE VILLAVICENCIO ANALISIS DE DESEMPEÑO Programas de apoyo a la reintegración Desde la alcaldía no hay programas para esta población. Informan que hasta el 23 de diciembre de 2010 funcionó el programa de Ser Social para emplear población vulnerable en labores propias de la administración. Estos estaban empleados en el IMDER (Instituto Municipal de Deportes y Recreación), Acueducto, Tránsito y Secretaría de Gobierno. Orden público Los delitos notorios se mantienen en niveles constantes desde el 2010 a pesar de que se aumentó el píe de fuerza en más de mil doscientos (1200) efectivos. Informaron que invertirán 4 mil millones de pesos en 65 cámaras nuevas, más las 35 que ya existen para completar 100. La municipalidad participa con mil millones de pesos en este proyecto. En la Secretaría de Gobierno del municipio no desconocen que existan milicianos de las FARC que toman la ciudad de Villavicencio como centro de avituallamiento, sobre todo en la comuna ocho (8), pero que no afectan el orden público con acciones notorias. También aceptan la existencia de Bandas Criminales (BACRIM) a quienes les reconocen influencia en las acciones

54 Cuestionario Secretaría de Gobierno entregado el 3 de mayo de 2011.

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delictivas que se desarrollan en el municipio. Desarme ciudadano Desde el municipio no se adelantaron campañas tendientes al desarme ciudadano durante el periodo evaluado. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se mantienen los niveles de inseguridad del año 2010, por lo cual se aumentó el pie de fuerza de la policía a 1200 efectivos. En el municipio es constante la presencia de milicianos de las FARC y bandas criminales. Desde la Alcaldía no se llevan a cabo programas de apoyo a la población reintegrada. Tampoco hay campañas de desarme ciudadano. Se recomienda fortalecer las políticas públicas con programas de apoyo a la reintegración y de desarme ciudadano, como cooperación institucional a la ejecución de la política DDR nacional.  6.3. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VILLAVICENCIO ANALISIS DE DESEMPEÑO En la Secretaría de Educación municipal, mantienen un seguimiento detallado acerca del desempeño de la población desmovilizada inscrita en programas educativos del resorte de esta Entidad. En el municipio no se llevan a cabo programas de alfabetización por las razones expuestas en el pasado informe. Durante el periodo hubo 180 participantes o miembros de núcleos familiares vinculados a programas de educación básica primaria, 267 participantes o miembros de núcleos familiares vinculados a programas de educación básica secundaria, 81 participantes o miembros de núcleos familiares vinculados a programas de media vocacional. No hay registros de participantes o miembros de núcleos familiares vinculados a programas de educación técnica o superior.55 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Cobertura completa a la demanda del período y sin reporte de quejas por deficiencias de calidad durante el mismo. 6.4. SECRETARÍA DE SALUD DE VILLAVICENCIO

55 Formulario Secretaría de Educación de Villavicencio, entregado el 3 de mayo de 2011.

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ANÁLISIS DE DESEMPEÑO En la Secretaría de Salud municipal, mantienen un seguimiento detallado acerca del desempeño de la población desmovilizada inscrita en los regímenes de salud. En el departamento se encuentran 1417 participantes o miembros de núcleos familiares vinculados al régimen subsidiado de salud. Se reportaron doce participantes o miembros del núcleo familiar beneficiario de prótesis y elementos de apoyo, no se distribuyeron ayudas visuales.56 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Cobertura completa a la demanda del período y sin reporte de quejas por deficiencias de calidad durante el mismo. 6.5. CENTRO DE SERVICIOS DE LA ACR EN VILLAVICENCIO ANALISIS DE DESEMPEÑO

En el Centro de Servicios de Villavicencio informaron sobre la implementación de un Plan de Negocio asociativo con desembolso en junio de 2010 denominado Ají Ariari SAS, donde se están beneficiando a 40 participantes de diferentes municipios aledaños a San Martín. Este plan de negocio consiste

56 Formulario Secretaría de Salud de Villavicencio, entregado el 5 de mayo de 2011.

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inicialmente en la siembra de 5 hectareas de ají Tabasco con un comercializador denominado Hugo Restrepo del Valle del Cauca. Este plan de negocio está en articulación con la Gobernación del Meta, Tejido Humano, OIM y la ACR. En cuanto al seguimiento de los PdN se informa que a partir del 15 de Marzo del 2011 se recepcionó información sobre las nuevas directrices de aplicabilidad en el seguimiento de los planes de negocio, el cual en adelante se realizará durante el termino de un año, realizando la primera visita luego del primer mes de desembolsado el plan de negocio, la segunda a los tres meses de la primera visita y la tercera, cinco meses después de la segunda. Si el plan de negocio requiere más seguimiento, se hará dependiendo del estado en que se encuentre la unidad productiva (en operación o en riesgo). En empleabilidad, informan que la gestión adelantada en lo corrido del año 2011 se ha logrado la vinculación de 34 participantes, 28 de estos con la empresa Petrominerales – campo Corcel en el municipio de Barranca de Upía; 4 con la empresa Oleaginosas del Llano en el municipio de San Carlos de Guaroa y los últimos 2 con la empresa sísmica SDS en Puerto López. Se informa que hay participantes trabajando a través de empleos auto gestionados. Se ha hecho gestión a nivel gremial y empresarial, lográndose mayor recepción con grandes empresarios en el sector agrícola y minero que con los medianos empresarios en las zonas urbanas. Aun hay resistencia entre el pequeño y mediano empresario a tener población del programa vinculada laboralmente. Hay más opciones de empleo rural porque no requiere de mano de obra calificada y hay mayor oferta. Se presentan algunas dificultades para la colocación de los participantes a laborar en algunas de estas ofertas de empleo por dificultad en el transporte ya que estás conllevan un factor de distancia desde la ciudad, causando traumatismos a nivel familiar y una interrupción de otras actividades a la cual están vinculados como educación y formación para el trabajo, también porque las ofertas no son económicamente atractivas y requieren de un esfuerzo físico superior como en la construcción de obras civiles. Actualmente por la cercanía de las elecciones (Ley de garantías) se dificultad la colocación laboral de participantes en instituciones públicas. Los listados de los participantes a visitar en Villavicencio sumaban 12, de estos diligenciaron 7. Entre quienes no diligenciaron el cuestionario están dos cuyas unidades estaban cerradas, una vendida y dos traslados. Entre los PdN que no fueron visitados a pesar de funcionar adecuadamente, según información del C.S. Villavicencio, porque dos se estaban trasladado al municipio de Barranca de Upía y uno por encontrarse en curso una medida de seguridad para los participantes. Entre los planes de negocio visitados estos funcionan de manera correcta como lo informaron en el Centro de servicios de Villavicencio.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En el Centro de Servicios de Villavicencio van a dar inicio al primer PdN asociativo del departamento. Por otra parte, este fue el primer Centro de Servicios donde la PGN conoció de la puesta en práctica del nuevo protocolo de seguimiento a los PdN desembolsados. También se pudieron establecer las dificultades en la colocación de participantes en el área de empleabilidad en el departamento, puesto que hay preferencia entre la población objeto de la política por los empleos urbanos, mientras que las profesionales del Centro de Servicios consiguen plazas de empleo rurales, sobre todo en el sector extractivo y la agricultura. Y se estableció que los contratos conseguidos difícilmente superan los seis meses.

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7. SANTANDER – BUCARAMANGA Periodo de seguimiento: Junio 1 de 2010 al 31 de abril de 2011.

Se visitaron las siguientes entidades: Del orden departamental: La Secretaría del Interior del Departamento de Santander. Del orden municipal: la Secretaría de Gobierno Municipal, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. Centro de Servicios de la ACR. El departamento de Santander contaba hacia finales de febrero de 2011 con 1291 desmovilizados activos. En el departamento la mayor parte de la población activa está asentada en Barrancabermeja con 338 participantes, seguida por Bucaramanga con 272, Floridablanca con 115, Girón con 101 y Rionegro con 72. Aunque Barrancabermeja tiene la mayor cantidad de desmovilizados activos, el área metropolitana de Bucaramanga (que también incluye poblaciones como Florida Blanca, Girón y Piedecuesta) suma una mayor cantidad de participantes del programa. 7.1. SECRETARÍA DEL INTERIOR DE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER

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ANALISIS DE DESEMPEÑO Apoyo a la reintegración Informan que con la ACR hay coordinación para dos proyectos: a. Articulación de un convenio que comenzó desde el año 2009, con el Hospital Siquiátrico San Camilo, firmado en Diciembre de 2010. La Gobernación dio un aporte de cincuenta millones de pesos para el año 2011; y b. El programa de generación de ingresos, en el que el Departamento asignó recursos en 2009 por 77 millones, en 2010 por 70 millones y en 2011 por 50 millones, para un total de 197 millones de pesos. Se aclara que ninguno de estos recursos se ha ejecutado, los recursos de las vigencias de 2009 y 2010 se encuentran actualmente en custodia del IDESAN Instituto de Desarrollo de Santander, mediante convenio suscrito entre la Gobernación y el Instituto. Se tiene proyectado que el programa sea apoyo complementario a los planes de negocio que ya existen, se tienen focalizados como beneficiarios a 50 proyectos o beneficiarios. Es el llamado proyecto MIDES: Modelo Integral de desarrollo empresarial sostenible, este programa se coordina con la ACR57. Orden público De acuerdo con los reportes de los consejos de seguridad se informa 58que según la Policía hay tranquilidad y que no hay presencia de grupos armados. La Coordinadora de DD.HH, manifiesta que las organizaciones de Derechos Humanos tienen información sobre la presencia de grupos surgidos tras la desmovilización que ejercen control en el territorio y generan una presencia intimidatoria en los desmovilizados que habitan en los barrios de la ciudad. La Gobernación está trabajando en un programa para la Prevención del reclutamiento de menores por bandas criminales en el Departamento de Santander, suscrito con la Corporación Compromiso59. Respecto al plan Renacer de las FARC, señala el Comandante de la 2ª división del Ejército, que aquellas están infiltrando las Universidades y colegios, por lo cual se requiere convocar a rectores para ponerlos en alerta y mitigar cualquier posibilidad de alteración del orden público. El comandante de Policía de Santander, manifiesta que la política de seguridad del Gobierno Nacional, ha avanzado positivamente y así lo demuestran los bajos indicadores de violencia en el Departamento.

57 En cuestionario sobre planes de apoyo a la reintegración. 58 En acta de visita de fecha 12 de abril de 2011. 59 Ibíd.

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En cuanto a la inseguridad local, traducida en hurtos, consumo de estupefacientes y otras actividades delictivas se ha logrado controlar en su gran mayoría; sin embargo a la hora de judicializar, el sistema es muy débil y terminan los delincuentes en libertad a las pocas horas, dice la fuente. En cuanto a las bandas criminales, se dice que no existen en el Departamento, que lo que hay son personas dedicadas al narcotráfico60. Desarme ciudadano Se ha continuado un programa de justicia comunitaria con enfoque preventivo sobre el tema de resolución de conflictos, bajo un convenio suscrito con la Universidad Nacional. Aunque el Departamento no tiene un programa formal con la Policía Nacional para el tema del desarme ciudadano, la entidad policial ha hecho algunas campañas en las cuales ha recibido de la comunidad armas blancas, armas de fuego y juguetes bélicos, aunque no se suministraron estadísticas sobre esta actividad. En las actas de los consejos de seguridad se llama la atención sobre el hecho que al analizar las cifras de la violencia en Santander se encuentra que 9 de cada 10 muertes son originadas en la violencia doméstica61. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Se recomienda a la Gobernación de Santander que se haga efectivo el programa de generación de ingresos, ya que en visita anterior se informó la misma situación y a la fecha no se ha ejecutado el presupuesto de tres años, por lo tanto se deja en conocimiento de la Procuraduría Regional de Santander para su seguimiento. 7.2. SECRETARÍA DE GOBIERNO DE BUCARAMANGA ANÁLISIS DE DESEMPEÑO Programas de apoyo a la reintegración Se realiza un programa con la ACR: Ser Social. En el Plan de Desarrollo están contempladas las metas y se ha trabajado con mujeres en el hogar de Piedecuesta. Este programa atiende a población desvinculada, en coordinación con ACR e ICBF. Por otra parte se coordinó con la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación -CNRR- y la ACR unas acciones para vincular a la población de victimas en actividades sociales y deportivas en el barrio Café Madrid.

60 En acta de consejo de seguridad 03/11 del 6 de abril de 2011 61 En acta de visita de fecha 12 de abril de 2011.

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En 2008, se realizó el programa Ser Social, en el que se beneficiaron 26 hombres y 8 mujeres. En 2009 se realizó la capacitación en Buenas Prácticas de Convivencia Social a los jóvenes reintegrados; la inversión del proyecto fue de $20.400.000. El programa diseñó y desarrolló atención a NNA desvinculados del conflicto armado, se realizaron jornadas de atención en los procesos individuales, talleres relacionados con la emocionalidad y la reconstrucción del proyecto de vida, actividades de integración y recreación; la inversión inicial fue de $10.000.000 pero el proceso tuvo continuidad durante 2010 con una inversión de $15.000.000. Para 2010 se formuló el proyecto “Desarrollo de Iniciativas que Involucren reintegrados”, en coordinación con la ACR, estaba dirigido a las mujeres y su núcleo familiar, pero no se obtuvieron recursos para su ejecución. Orden público En cuanto a la situación de orden público que se vive en el municipio, se informó que en los barrios periféricos se ha encontrado mucha violencia e inseguridad. En cuanto a delitos de hurto en 2010 se registraron 3160, y en lo que va del 2011 la cifra va en 780. Preocupa que la participación sea mayor en menores de edad entre 14 y 17 años. Los homicidios en 2010 fueron 121 y en 2011, 19; lesiones personales para 2010 fueron 1965 y en 2011, 514; secuestros 3 en 2010; extorsión 28 en 2010 y 2 en 2011. No se evidencia presencia de grupos armados ilegales en la ciudad62.

En el mismo sentido la Secretaría de Gobierno informa63 que el área Metropolitana de Bucaramanga no es afectada de manera directa por grupos terroristas (FARC-ELN) o las denominadas Bandas Criminales Narcotraficantes, pese a que la ubicación geográfica de la ciudad se constituye en un corredor estratégico para los diferentes actores del conflicto en el país.

62 Ibíd. 63 En informe entregado en la visita, firmado por Fernando Humberto de Jesús Serrano Munar, Secretario de Gobierno. De fecha 13 e abril de 2011.

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Con respecto a las acciones desarrolladas por la población desmovilizada que puedan alterar el orden público, la Secretaría informa que se han visto involucrados integrantes de esta población en delitos como hurtos y lesiones personales, entre otras, pero no acredita ninguna estadística al respecto. Tampoco reporta estadística alguna con respecto a delitos cometidos contra personas desmovilizadas. Por su parte, en las actas de los consejos de seguridad la mayor preocupación radica en las amenazas a los profesores de los colegios y el microtráfico de los estudiantes (octubre 20 de 2010). Afirman también que la problemática de la comercialización de la droga, está generando incremento del homicidio en la ciudad. Se registra información sobre amenazas por parte de un grupo que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas, dirigidas a estudiantes, docentes y egresados de la UIS64. Estas aseveraciones contradicen el reporte de la Secretaría de Gobierno sobre que no existen bandas organizadas en la ciudad. A esto se agrega la manifestación del general de la Policía Nacional José Mendoza, quien no concuerda con el informe presentado por el observatorio sobre seguridad de las ciudades del país, en el cual se señala a Bucaramanga como la ciudad más segura, puesto que, según afirma el general, se producen atracos y otros delitos en Bucaramanga65. La Policía Metropolitana de Bucaramanga informa los siguientes resultados operativos, comprendidos entre el 1 de enero al 29 de marzo de 2011: Capturas generales: 235, Recuperación de vehículos: 1 Incautación de armas de fuego: 2 (1 con permiso, 1 sin permiso) Incautación de armas blancas: 83766. Se está haciendo con la CNRR un programa para la prevención del reclutamiento forzado de menores en sectores vulnerables67. Desarme ciudadano En los últimos dos años se han realizado los siguientes programas de desarme dirigidos a la población en general68: “Pactos de paz y desarme”. Se han organizado dos jornadas de desarme, en donde se produjo un acuerdo de paz y convivencia y un desarme simbólico.

64 En acta de Consejo de seguridad febrero 8 de 2011. 65 Consejo de seguridad 25 de febrero de 2011. 66 En anexo del acta de consejo de seguridad de marzo 31 de 2011. 67 En acta de visita de fecha 14 de abril de 2011. 68 En informe entregado en la visita, firmado por Fernando Humberto de Jesús Serrano Munar, Secretario de Gobierno. De fecha 13 e abril de 2011.

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A partir de la entrega de armas por los jóvenes se le dio a cada uno un bono de cambio en almacenes de cadena por vestuario y alimentos. Igualmente, se les otorgó un contrato de obra física por parte de la administración municipal, consistente en el arreglo de la plazoleta de acceso a la Alcaldía. La ejecución del proyecto tuvo una inversión de $28.500.000. El “Diseño de una estrategia de promoción de la organización juvenil y pactos de desarme”, por medio de este programa se continuó con el proceso de acercamiento a los jóvenes de los “parches” de la zona norte; la inversión de este programa fue de $35.000.000. El “Programa Jóvenes a lo bien”, con la participación del SENA, la Policía Nacional y la administración municipal de Bucaramanga, ofrece oportunidades de trabajo dignas a los jóvenes de la ciudad, que por razones de cualquier índole se encuentran realizando acciones que riñen con el Código de Policía. Recursos asignados: $40.000.000. Entre las armas incautadas por la Policía Nacional se encuentran las de fabricación artesanal (changones), revólver y pistolas, las cuales generalmente son incautadas a delincuentes capturados en flagrancia por comisión de diferentes delitos. Las armas incautadas por la Policía Nacional, son entregadas a la V Brigada del Ejército Nacional mediante acto administrativo dispuesto en resoluciones del Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. No se suministró estadística al respecto. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La información suministrada por la Secretaria de Gobierno sobre la situación de orden público en la que se manifiesta una situación de seguridad y convivencia pacífica, resulta contradictoria al confrontarla con las actas de los consejos de seguridad, los cuales, como se sabe, recogen las informaciones y análisis de las más altas autoridades militares y de policía de la jurisdicción. Por consiguiente, es aconsejable atenerse a las actas de los consejos que además presentan algunas cifras, y descartar las afirmaciones de la Secretaría de Gobierno de la ciudad. Se recomienda oficiar a la Secretaría de Gobierno municipal de Bucaramanga, por parte de la Procuraduría Regional de Santander, para que explique las aparentes contradicciones e inconsistencia entre ella y las actas de seguridad mencionadas. 7.3. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BUCARAMANGA ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

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La Secretaría de Educación municipal hizo entrega de la batería de indicadores diligenciada parcialmente69; en ningún indicador se dio respuesta de los acumulados históricos de la población desmovilizada inscrita en programas educativos del resorte de esta Entidad. Se informa que las personas en proceso de reintegración y miembros familiares vinculados al programa de alfabetización corresponde a 61 hombres y 20 mujeres; han culminado los programas de alfabetización 11 hombres y 2 mujeres; se encuentran vinculados a la educación básica primaria 19 hombres y 3 mujeres; culminaron exitosamente el ciclo básico primario 18 hombres y 5 mujeres, aquí se encuentra que la demanda de la población femenina es de 3 mujeres, lo que resulta incoherente con las 5 mujeres relacionadas. Se encuentran vinculados a la educación secundaria 30 hombres y 11 mujeres, en donde se indica que la demanda es de cero para los dos géneros; culminaron exitosamente la educación básica secundaria 3 hombres y 3 mujeres, de la demanda de 30 hombres y 11 mujeres, no hacen ningún comentario sobre el particular; se encuentran vinculados a la educación media o media vocacional 12 hombres y 6 mujeres; y ninguna persona ha terminado exitosamente los programas de formación complementaria.

No dan respuesta sobre las personas que culminaron exitosamente la educación media o media vocacional, las personas con formación técnica o tecnológica que han culminado exitosamente, los que están realizando curso pre-ICFES y los que han aprobado el mismo. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Se requiere que la Secretaría de Educación informe los acumulados históricos solicitados. 7.4. SECRETARÍA DE SALUD DE BUCARAMANGA ANALISIS DE DESEMPEÑO

69 Diligenció la batería de indicadores Ivon Johanna Sánchez. Contratista atención población vulnerable. De fecha 12 de abril de 2011.

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En la Secretaría de salud municipal hicieron entrega del Formulario diseñado para esta entidad, donde informan que a la fecha hay 692 desmovilizados afiliados, discriminados en 372 hombres y 320 mujeres. En el periodo (junio 1 de 2010 a marzo 31 de 2011) se afiliaron 2 personas desmovilizadas. Con respecto a prótesis, elementos de apoyo, ayudas visuales no cubiertas por el POS e insumos y servicios de salud indispensables cubiertos o no por el POS y dados por la ACR no hay información. Al respecto se informa70 que el registro lo llevan en cada EPS y no es reportada al ente municipal. De igual manera se informó que no se llevan registros por núcleos familiares. Se hace entrega de las Resoluciones 1982 del 28 de mayo de 2010 y 4712 del 18 de noviembre de 2010, del Ministerio de la Protección Social, bajo el argumento que no están obligados a realizar el registro. Se afirma que a partir de la visita se solicitará a las EPS la información específica de la población desmovilizada (beneficiarios de prótesis, eventos no POS, morbilidad, cuantos afiliados, etc). CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Con las Resoluciones allegadas no se sustrae la Secretaría de Salud de la obligación de registrar la información sobre los ítems solicitados. Se recomienda a la PGN solicitar explicaciones a la Secretaría de Salud por esta omisión. 7.5. CENTRO DE SERVICIOS DE LA ALTA CONSEJERÍA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL- BUCARAMANGA ANALISIS DE DESEMPEÑO Según informaron los responsables del Centro de Servicios, hay 747 participantes activos, 159 inactivos, 8 retiros voluntarios, 19 con pérdida de beneficios y 98 en investigación de pérdida de beneficios. El seguimiento y monitoreo a los Planes de Negocio (PdN), a partir de 2011 se hace dos veces al año, de acuerdo con el manual expedido por la ACR.

70 Los indicadores fueron diligenciados por Álvaro Gómez Mantilla. Coordinador de aseguramiento. Fecha 14 de abril de 2011

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Posteriormente se realizó la entrevista semiabierta con uno de los participantes que cuentan con PdN escogidos por el Equipo Técnico de la PGN, para contrastarlos con los cuestionarios previamente resueltos (se hizo entrega de 3 cuestionarios) dos son proyectos de vivienda y el tercero y entrevistado es un PdN de un internet que está cerrado. De los anteriores se visitaron dos planes de vivienda. De los que se resalta el plan de vida que han logrado construir y el fortalecimiento que se otorga con el apoyo para la adquisición de vivienda. Una de las falencias del programa, manifestó uno de los participantes, consiste en el apoyo psicosocial, ya que en el proceso han cambiado aproximadamente cada tres meses al profesional de apoyo, lo cual revierte el proceso, dado que con cada nuevo profesional debe reiniciarse. Insiste en que el apoyo del programa aunque ha sido importante no es el que se muestra, ya que los logros de preparación en educación y el empleo han sido gestionados personalmente; hace referencia a la incomodidad del seguimiento, ya que por razones de seguridad se ha puesto en riesgo a su familia y lo único que lo sigue ligando al proceso es la falta de resolución de su situación jurídica. Por otra parte, manifiesta una participante de las visitadas, que el empleo que tiene actualmente es producto de su propia búsqueda, sin embargo los requisitos que exige la ACR de llevar una constancia laboral mensual, le genera problemas con la empresa, ya que su estatus de desmovilizada no es de público conocimiento. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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La ACR debe explicar mejor a sus participantes los requisitos de ley para acceder a los beneficios del apoyo monetario a la reintegración, sin que ello implique poner en riesgo la seguridad de las personas o el empleo que por su propia cuenta hayan conseguido los participantes, al margen de su condición de desmovilizados. Inclusive, si en algunos casos la certificación laboral no es procedente para recibir una remuneración de la ACR, pues no se debería exigir. De igual manera la ACR Santander debe reportar la información estadística detallada sobre los cursos de formación para el trabajo que ha impartido en su jurisdicción, unificando los datos de los dos centros de Santander, el de Bucaramanga y el de Barrancabermeja.

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8. TOLIMA - IBAGUÉ Periodo de seguimiento: Junio 1 de 2010 a 31 de Marzo de 2011 Se visitaron las siguientes entidades: Del orden departamental: La Secretaría de Gobierno del Departamento de Tolima. Del orden municipal: la Secretaría de Gobierno Municipal, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. Centro de Servicios de la ACR.

El departamento de Tolima contaba hacia finales de febrero de 2011 con 717 desmovilizados activos. En el departamento la mayor parte de la población activa está asentada en Ibagué con 389 participantes, seguida por Guamo con 32, Lérida con 29, Espinal con 28 y Mariquita con 25. 8. 1. SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

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Programas de apoyo a la reintegración No existe ningún programa específico de apoyo a la reintegración por parte de la Gobernación del Tolima. El Secretario de Gobierno informó que el gobierno departamental apoya a los organismos de seguridad en dichos programas, pero en el cuestionario entregado no se indica en qué consiste dicho apoyo71. Orden público Se informa a través del diligenciamiento del cuestionario72 que actualmente el Departamento del Tolima presenta alteraciones de orden público especialmente en las zonas del sur, por acciones de la delincuencia común. Pero hasta lo corrido del 2011 no hay reportes de desmovilizados que hayan sido víctimas de hechos delictivos. Por otra parte, la percepción de orden publico73 según el DAS, la Policía y el Ejercito es de alto riesgo en general y en especial en los municipios del sur pues se declaró a los funcionarios públicos como objetivo militar por parte de la guerrilla. No se ha reportado presencia de bandas criminales, según los organismos de inteligencia. Frente al reingreso de los desmovilizados a nuevas organizaciones al margen de la ley no hay información oficial, pero se rumora que se están reorganizando. La información solo se obtiene a través de los consejos de seguridad, y de alertas tempranas, la Gobernación tiene unos recursos para el fondo de seguridad que apoya al DAS y la Policía con equipos de información, o gasolina, entre otros. En el Departamento no hay percepción de inseguridad, en Ibagué sí. En el Líbano, se acabaron los Bolcheviques y el ELN, hay rezagos del frente 21 de las FARC. El conflicto está en las zonas rurales. En el tema de orden público a nivel general, el Ejército manifiesta74 que las FARC están practicando la modalidad de asesinar a miembros del Ejército, ya que se están viendo afectados por problemas de abastecimiento, intimidando a la población, y también atacando a la Policía.

71 Oficio 528 de fecha mayo 4 de 2011 diligenciado el cuestionario de Secretarías de Gobierno. 72 Oficio 528 de fecha mayo 4 de 2011. 73 En acta de visita de fecha 3 de mayo de 2011, informa Jesús Ernesto Oviedo Suárez. 74 En Acta de Consejo de seguridad 04 de marzo 23 de 2011. Chaparral.

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Según el DAS en el municipio de San Antonio, se han judicializado terroristas urbanos. La SIPOL, informa:75 que el 20 de septiembre de 2010 se capturó una desmovilizada de la guerrilla. El alcalde de Ambalema76 manifiesta que están siendo víctimas de grupos de delincuencia común, mediante acciones como hurto a semovientes, atracos a fincas y atracos a mano armada a propietarios de establecimientos públicos. El Director del DAS dijo que el 22 de septiembre de 2010, según el mapa de riesgo, se iniciaron investigaciones y se dio captura a un grupo de guerrilleros de la columna Jacobo Alape. El alcalde de Ortega, por su parte, informa que los grupos al margen de la ley se encuentran a tres minutos del casco urbano, y que hay un grupo de cinco guerrilleros en la Vereda La Sortija77. Desarme ciudadano La gobernación no tiene personas encargadas del tema, existe un programa de Gobernabilidad, seguridad y convivencia78. Actualmente no existe desarme ni programas al respecto por parte del gobierno departamental. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Según las manifestaciones hechas en la Secretaría de Gobierno, se constata que hay desinterés del gobierno departamental para los programas de apoyo a la reintegración, y que se evidencia un total desconocimiento de las obligaciones al respecto y de la situación de esta población en el departamento. Las informaciones suministradas por dicho funcionario no guardan ninguna relación con la descrita en las actas de los consejos de seguridad. Esa actitud riñe con la seriedad y la eficacia de la función a su cargo. Sus respuestas al oficio de la PGN son insatisfactorias y se le puso de presente que el carácter preventivo de la diligencia no lo exime de suministrar la información con celeridad, veracidad y con la debida atención a los funcionarios de la Procuraduría. Se recomendó a la Procuraduría Regional de Tolima hacer un seguimiento a la Secretaría de Gobierno Departamental para que informe sobre la ejecución de los recursos destinados a la prevención del reclutamiento forzado. También para que solicite la información sobre el apoyo dado a los organismos de seguridad en los programas de reintegración, según lo dicho por el funcionario en la diligencia. 8.2. SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE IBAGUÉ 75 En seguimiento Comité de Orden Público 017, de 21 de septiembre de 2010. Chaparral. 76 Comité de seguridad. septiembre 22 de 2010. Ambalema. 77 Comité de seguridad 001. Septiembre 24 de 2010. Ortega. 78 En acta de visita…

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ANÁLISIS DE DESEMPEÑO Programas de apoyo a la reintegración Informan que no conocen a la Líder del Centro de Servicios de la ACR, y no tienen conocimiento sobre estos programas. Se manifiesta que existe un convenio que en el momento de la diligencia no se pudo aportar porque no lo encontraron. Por su parte el Secretario de Gobierno informa que se ha tratado de asociar a la población de reintegrados; sin embargo este grupo poblacional prefieren pasar desapercibido logrando solamente contactos individuales, dificultando la labor de reintegración a la sociedad a través de un trabajo digno generando seguridad social y desarrollo personal para esta población. Esta respuesta carece de argumentación, toda vez que la forma de “asociar” a ésta población no se indica y el contenido de la respuesta denota que no existe ningún programa de apoyo. Orden público Se informa que ha disminuido el homicidio mientras que se ha disparado el microtráfico de estupefacientes. Se implementó la estrategia del no parrillero mayor de 14 años (hombres). Se prohibieron los “amanecederos”. Hay presencia de delincuencia común, bandas extorsivas y de raponeo. Se desmanteló la llamada banda “del señor de la B’, en zona rural al norte del municipio. No tienen conocimiento sobre desmovilizados muertos violentamente, ni que estén incursos en delitos. En el municipio no se han presentado casos de alteración del orden público que impliquen a miembros de la población desmovilizada79. Según la información recopilada por la PGN a través del estudio de las actas de los consejos de seguridad, se estableció que el tema más preocupante en lo relacionado con orden público son las denominadas Bacrim.80 Según el Comandante del Departamento de Policía del Tolima, actualmente se evidencia una nueva confrontación entre dos bandas criminales: los Carrasquilla y los Colmena. Según el Ejército se han incrementado los atentados terroristas81, para el 3 de diciembre de 2010 habían ocurrido 30 atentados mientras que en la misma fecha en 2009 se contabilizaron 18 casos, se afirma que los móviles de estos actos en su gran mayoría son consecuencia de actividades extorsivas.

79 En oficio 3.1-6687 de fecha mayo 4 de 2011. 80 Acta consejo de seguridad de julio 30 de 2010. 81 Acta consejo de seguridad. diciembre 3 de 2010.

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Desarme ciudadano La Policía comunitaria hace un programa en los colegios de prevención y entregas voluntarias de armas blancas82. Por otra parte83 se informa que en el municipio se desarrolla el programa de la Policía con apoyo y acompañamiento de la Administración Municipal “Jóvenes a lo Bien”. Actualmente se encuentra en ejecución el programa denominado Barras Vivas que busca el mejoramiento de la seguridad en los espacios deportivos. Todas acciones preventivas y disuasivas de conflictos que se espera redunden en la evitación del porte y uso de armas. Con corte a 3 de mayo de 2011, se reporta la incautación en el municipio de Ibagué de aproximadamente 12.000 armas blancas, y se han entregado voluntariamente 2.000. En un comparativo entre el año 2010 y el 2011 para las armas de fuego, fueron incautadas en el 2010 sin permiso 205, con permiso 59 para un total de 264, mientras que en lo que va corrido del 2011 se han incautado 78 armas sin permiso y 46 con permiso, para un total de 124.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. La Secretaría de Gobierno del municipio de Ibagué desconoce las competencias, políticas y procedimientos para adelantar programas de apoyo a la desmovilización y a la reintegración de la población desmovilizada. Por esa razón, la información suministrada a la PGN, no guarda coherencia con los hechos relacionados en los consejos de seguridad. Se recomienda a la Procuraduría Provincial de Ibagué hacer un seguimiento al convenio que dicen tener con el Centro de Servicios de la ACR y reportar los resultados a la Delegada Preventiva para Derechos Humanos de la PGN. 8.3. SECRETARIA DE EDUCACION DE MUNICIPIO DE IBAGUÉ ANÁLISIS DE DESEMPEÑO La Secretaría de Educación municipal de Ibagué hizo entrega de la batería de indicadores diligenciada parcialmente, dado que no se indicó en ninguna pregunta las cifras de los acumulados históricos de la población desmovilizada inscrita en programas educativos del resorte de esta Entidad.

82 En acta de visita de fecha 5 de mayo de 2011 83 En oficio 3.1-6687 firmado por el Secretario de Gobierno Eduar Amaya Márquez.

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Dentro de los datos diligenciados hay vinculados al programa de alfabetización 18 hombres y 6 mujeres; culminado exitosamente el programa de alfabetización 31 hombres y 5 mujeres; vinculados a educación básica primaria 15 hombres y 23 mujeres; culminaron el ciclo básico primario 57 hombres y 12 mujeres; vinculados a la educación básica secundaria 107 hombres y 30 mujeres; culminaron la educación secundaria 32 hombres y 5 mujeres, que son el total de los vinculados a la educación secundaria. Vinculados a educación media o media vocacional hay 27 hombres y 7 mujeres; y culminaron exitosamente la educación media o media vocacional 13 hombres y 6 mujeres, que representan el total del período.

No hay respuestas sobre el total de núcleos familiares, de las personas con formación técnica o tecnológica, o que ingresaron a la universidad, ni sobre la culminación de sus estudios. Al igual que carecen de la información sobre las personas que están realizando curso de pre-ICFES o que lo culminaron. Finalmente tampoco conocen la información sobre las personas en proceso de reintegración y miembros de sus núcleos familiares que terminaron los programas de formación complementaria84. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. La Secretaría de Educación de Ibagué desconoce su competencia frente a la identificación de la población desmovilizada y sus núcleos familiares, por lo tanto no hicieron entrega de la información solicitada por la PGN. Por lo tanto se recomienda a la Procuraduría Provincial de Ibagué oficiar al Secretario de Educación para que haga el diligenciamiento completo de los formularios remitidos por la PGN, o que adopte las medidas que la Procuraduría Provincial estime pertinentes ante el incumplimiento. 8.4. SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ ANÁLISIS DE DESEMPEÑO En la Secretaría de salud municipal hicieron entrega del Formulario diseñado para esta entidad, donde informan que a la fecha hay 495 hombres y 328 mujeres, vinculados en el periodo evaluado.

84 Diligenció los indicadores Francisco Clavijo Director de cobertura. Fecha mayo 2 de 2011.

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Con respecto a las prótesis, elementos de apoyo, ayudas visuales no cubiertas por el POS e insumos y servicios de salud indispensables cubiertos o no por el POS informan que: ‘a todos los desmovilizados y en proceso de reintegración se les garantiza la atención en salud a través de los convenios de oferta con el Hospital San Francisco y la Unidad de Salud de Ibagué en lo que respecta a primer nivel de salud o de complejidad baja. “En este momento por lo dispendioso del tema no se tienen datos precisos al respecto, sin embargo se procederá a cruzar bases de datos para obtener la información.”85 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. La cifra proporcionada como personas y núcleos familiares vinculados al régimen subsidiado en salud, parece exagerada para el período con respecto al total de los desmovilizados de la región. Según se informa en la batería de indicadores, los funcionarios que suministraron la información como allí se relaciona son la Directora de Aseguramiento y el Secretario de Gobierno Municipal; sin embargo, el Secretario de Salud firmó un oficio remisorio tal vez sin comprobar la veracidad de la información suministrada. Se recomienda la Procuraduría Provincial de Ibagué, oficiar al Secretario de Salud, para que haga el diligenciamiento completo de los indicadores como se solicita por la PGN. Igualmente para que informe a qué se refiere con la afirmación de que “el tema es muy dispendioso”, pues éste hace parte de su deber funcional. Por otra parte se recomienda que se requiera al Secretario para que verifique la cifra de 495 hombres y 328 mujeres vinculados al Sistema en el periodo evaluado, especificando los núcleos familiares.

85 Batería de Indicadores remitida mediante oficio 8.1-1326 con fecha 3 de mayo de 2011, firmado por el Secretario de Salud de Ibagué Juan Manuel Mosquera Rodríguez. Funcionarios que diligenciaron el formulario María Fernanda García – Directora de Aseguramiento, Eduar Amaya – Secretario de Gobierno.

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8.5. CENTRO DE SERVICIOS DE LA ALTA CONSEJERÍA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL- TOLIMA ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

En el Centro de Servicios de Ibagué, hay 2533 participantes, de los cuales están en proceso de reintegración 2489 y 44 no están en el proceso. Hay 2049 activos, en investigación para pérdida de beneficios 173, inactivos 267, fallecidos 25, con pérdida de beneficios 19. De los desmovilizados activos hay 442 con planes de negocio y con empleo vigente 51. En Ibagué de 2007 a septiembre de 2010 había un total de 76 planes de negocio, en adelante –PdN-, desembolsados para un total de 79 particiapntes. En el último mes de 2010, según información de la ACR, habían 115 PdN desembolsados, para un total de 125 participantes beneficiarios, 58 están operando, 36 cerrados y 14 trasladados. En el seguimiento y monitoreo a los Planes de Negocio (PdN), se realizó la entrevista semiabierta con uno de los participantes que cuentan con un PdN en estado fracasado quien explicó sus razones del fracaso. Se hizo entrega de los cuestionarios previamente resueltos (6 cuestionarios) y dos son proyectos que estaban en Villavicencio y se trasladaron a Caquetá. De los anteriores PdN se visitaron: un café Internet, dos tiendas y un salón de belleza.

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La líder del Centro de Servicios de la ACR, manifiesta que no ha sido posible contar con el apoyo a la reintegración por parte de la Alcaldía y de la Gobernación. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Los Planes de Negocio, siguen ubicados en los lugares o comunas de alta peligrosidad y zonas marginales del municipio, el acceso es muy complejo y los participantes siguen manifestando su necesidad de adquirir vivienda.

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9. VALLE DEL CAUCA - CALI Periodo de seguimiento: Junio 1 de 2010 a 30 de abril de 2011 Se visitaron las siguientes entidades: Del orden departamental: La Secretaría de Gobierno del Departamento de Valle del Cauca. Del orden municipal: la Secretaría de Gobierno Municipal, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. Centro de Servicios de la ACR.

El departamento de Valle del Cauca contaba hacia finales de febrero de 2011 con 1597 desmovilizados activos. En el departamento la mayor parte de la población activa está asentada en Cali con 1036 participantes, seguida por Buenaventura con 104, Palmira con 81, Tuluá con 61 y Cartago con 45. 9.1. SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA ANÁLISIS DE DESEMPEÑO Programas de apoyo a la reintegración

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El funcionario delegado para atender la diligencia informa que él no tiene conocimiento sobre estos programas ya que son manejados por la Oficina de Gestión de Paz86. Por su parte, el Subsecretario de Convivencia y Seguridad informa que todos los programas que se adelantan en el Departamento del Valle, cuya población objetivo son los desmovilizados se encuentran en cabeza de la Presidencia de la República a través de la Alta Consejería para la Reintegración y que dicha oficina es la que maneja las cifras oficiales sobre los montos invertidos y el número de beneficiarios. Se afirma que la Gobernación del Valle, en cabeza del Gobernador, realiza labores de acompañamiento a las actividades que la ACR en el Departamento sin que esto implique inversión de recursos y están enfocadas en la facilitación de espacios de diálogo y divulgación de la política de reintegración que adelanta la Presidencia de la Republica con otras entidades públicas y privadas, además de mantener una comunicación constante entre las dos entidades con el fin de que los programas y actividades que adelanta la Gobernación para el beneficio de la población en general también sean aprovechadas por los desmovilizados y sus familias87. Orden público Se tiene conocimiento de la presencia de grupos al margen de la ley como Los Rastrojos, que es un grupo significativo cuya actuación delicuencial afecta a varios municipios del departamento. En lo relativo a los homicidios van 77 homicidios que significan un 7% más que el año pasado, entre los meses de enero a mayo del 2011. El hurto al comercio ha aumentado mientras que ha disminuido en 1% el de vehículos y el hurto a residencias. No tienen información si en los hechos delictivos hay participación de desmovilizados. Los municipios más afectados por estos hechos son Florida-Pradera, Buenaventura, principalmente en el eje vial Cali/Buenaventura88.

86 En acta de visita de fecha 17 de mayo de 2011. Respuesta del Ingeniero Adolfo Rivera. 87 Mediante oficio sin número de fecha mayo 18 de 2011. Firmado por Oscar A. Orejuela Osorio. Subsecretario de Convivencia y Seguridad de la Secretaría de Gobierno Departamental. 88 En acta de visita de fecha 17 de mayo de 2011. Respuesta del Ingeniero Adolfo Rivera.

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En el mismo sentido el Subsecretario de Convivencia y Seguridad informa que al culminar el año 2010 y realizando un análisis comparativo respecto al año 2009 de los 42 municipios, las tres jurisdicciones policiales (DEVAL, MECAL COEBU), que previenen y controlan los actos delincuenciales en el Departamento, y teniendo como base los delitos de homicidio, las lesiones comunes, el hurto a personas, residencias y comercio, el hurto de automotores, a entidades financieras, el abigeato y la piratería terrestre, se observa una disminución del 6% en la frecuencia de hechos de criminalidad en el Valle del Cauca. 20 municipios presentaron aumento en la frecuencia de la criminalidad y 22 mostraron reducción, lo que representan un 48% y un 52% respectivamente. En el departamento se impidieron 17 casos de homicidios con respecto al año 2009. Igualmente se logró reducción en lesiones comunes, hurto a personas, residencias, comercio, entidades financieras, piratería terrestre y abigeato. Se incrementó el hurto de automotores (vehículos y motocicletas). En lo concerniente al comparativo 2010-2011, periodo 01 de enero a mayo 11, en el Departamento se observa un incremento de delitos como el homicidio en un 7%, hurto al comercio en 24%, hurto de motocicletas en 6%, abigeato en 11%. En el 2011 van 5 casos de hurto a entidades financieras, hechos que no se registraron en 2010. Existe presencia de grupos armados al margen de la ley en diferentes municipios, en particular de la guerrilla de las FARC y de la banda Los Rastrojos, los cuales sostienen confrontaciones por el control de territorios para el manejo de la producción y del mercado del narcotráfico89. El Departamento de Policía de Valle informa que lo que afecta en estos momentos es el enfrentamiento que tienen los Rastrojos y los Machos por disputas territoriales y están relacionadas con microtráfico. Los Machos tienen presencia en 3 municipios y los Rastrojos en 12 municipios del país, los rastrojos, según información de inteligencia, tiene presencia en el Cañón de Garrapatas y unas redes criminales que delinquen en diferentes sitios del país que se dedican a la extorsión y al sicariato. Estas dos estructuras están enfrentadas. Los Machos son una banda criminal, ha sido diezmada por las acciones de la fuerza pública. Los Rastrojos han causado un impacto en estructura de hombres logísticamente a los Machos, pero ese enfrentamiento persiste.

89 Mediante oficio sin número de fecha mayo 18 de 2011.

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En el caso de Tulúa hay confrontación y una buena parte de los homicidios obedece a que la banda de los Rastrojos está dividida en dos bandos enfrentados. Por información de inteligencia en el municipio de Sevilla se sabe que también quieren incursionar los Rastrojos y por eso se han generado enfrentamientos entre la delincuencia común. Por investigación criminal y por inteligencia hay 12 bandas que se están disputando el microtráfico, en Palmira hay 4, Florida, El Cerrito, Buga, Sevilla, Caicedonia, La Unión y La Victoria, Cartago y Alcalá con una banda cada municipio90. Finalmente se informa que dentro de las acciones que alteran el orden público, no se tiene conocimiento de la participación de desmovilizados, ni que hayan resultado lesionados. Desarme ciudadano El Departamento no tiene programas de desarme ciudadano91. Respuesta reiterada92 al indicar que ésta administración y las anteriores no han tenido programas de desarme para la población civil. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. La Secretaría de Gobierno no desarrolla programas de desarme ciudadano. Dada la conflictividad que se experimenta en el departamento resultaría de la mayor conveniencia que el gobierno departamental tomara iniciativas hacia la planeación y ejecución de actividades de promoción del desarme ciudadano. La Procuraduría Regional del Valle del Cauca fue informada del tema para los fines de su competencia. Se informó al Procurador Regional de Valle del Cauca, que la Secretaría de Gobierno del Departamento no tiene programas específicos de apoyo a la Reintegración ni los ha incorporado a su Plan Departamental de Desarrollo. Aunque manifiesta estar atenta para apoyar las solicitudes del Centro de Servicios de la ACR de Cali, al no ejecutar ningún programa esa actitud es nula.

9.2. SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE CALI ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

90 En Acta de consejo de seguridad de febrero 16 de 2011. 91 En acta de visita de fecha 17 de mayo de 2011. 92 Mediante oficio sin número de fecha mayo 18 de 2011. Firmado por Oscar A. Orejuela Osorio. Subsecretario de Convivencia y Seguridad de la Secretaría de Gobierno Departamental.

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Se hace constar que en el momento de la visita no estaba diligenciado el cuestionario, ni disponible la información; y aunque dos funcionarios estaban delegados93, los mismos no tenían conocimiento de los temas solicitados por la PGN. Programas de apoyo a la reintegración Se informa por el funcionario delegado que no tiene conocimiento sobre estos programas. En respuesta allegada a la Procuraduría Provincial, la Secretaria de Gobierno informa que: “También se resalta que este tipo de población no es atendida en forma directa por la Secretaría de Gobierno, ya que hacen parte de un programa Presidencial a través del Ministerio del Interior y de Justicia”. Respuesta que evidencia el desconocimiento por parte de la funcionaria de las competencias de su oficina con respecto a la ejecución de la política de reintegración, desconocimiento que se corrobora con las demás respuestas que contestó, en las cuales se refiere a la población desplazada que nada tiene que ver con la diligencia. Por otra parte, en la visita desarrollada en la ACR, Centro de Servicios de Cali, se informó que: “el alcalde manifestó su posición de no colaborar con el proceso de reintegración, con el argumento que si apoya, Cali se volvería un municipio interesante” para atraer a este tipo de población. Por tal motivo no hay contacto entre la Secretaría de Gobierno Municipal y la ACR, pese a que esta última ha tratado de establecer un vínculo infructuosamente. Orden público Se hizo entrega de las estadísticas de cifras de homicidios a desmovilizados 2010 y 2011, en los que se contabilizan trece desmovilizados muertos. A través del cuestionario la Secretaria de Gobierno94, responde a la pregunta si conoce acciones que alteren el orden público por parte de la población desmovilizada en el municipio, así: “el municipio de Cali, en asocio con las entidades y organismos de seguridad ha conjurado toda situación que se haya presentado dentro de nuestro territorio, con síntomas de alteración de orden público, pero que claramente podemos diferenciar, ninguna de ellas ha sido en coherencia con la población desmovilizada”. Desarme ciudadano El Municipio no tiene programas de desarme. En comunicación allegada con posterioridad a la diligencia, la Secretaría de Gobierno se refiere a planes futuros de implementación de programas.

93 Luz Erly Pineda, en su calidad de Técnico. Giovanni Ramírez, Secretario del Observatorio Social. 94 Remitido con oficio 4161.10.1393.2011 de fecha mayo 18 de 2011, recibida el 20 de mayo.

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Informan que según la Policía Metropolitana de Cali, en el año 2010 se incautaron 4354 armas y en lo corrido de 2011, han incautado 1518 armas. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La Secretaria de Gobierno de Cali no diligenció el cuestionario remitido por la PGN; la información allegada no corresponde a lo solicitado, lo cual denota la desatención presentada tanto en el momento de la diligencia como en la posterior respuesta. Se recomendó a la Procuradora Provincial de Cali requerir a la Secretaría de Gobierno del Municipio, por desatender la visita de la PGN, negar la información y no responder en el término indicado, otorgado adicional al inicialmente manifestado por escrito. Igualmente se le solicitó que aplique su competencia con respecto a las afirmaciones del alcalde sobre su negativa a colaborar con los programas de reintegración en su jurisdicción. Igualmente se le pidió a la Procuraduría Provincial informar a la Procuraduría Delegada Preventiva para Derechos Humanos y Asuntos Étnicos sobre los resultados de las diligencias que adelante y de las medidas que adopte frente a los hechos mencionados. 9.3. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CALI ANALISIS DE DESEMPEÑO De los 13 indicadores, respondieron 7. En ninguno dan respuesta sobre el acumulado histórico a la fecha de corte, lo que no permite evaluar los resultados. Se limitan a escribir que “Por causa del subregistro de información no se diligencia”. Respuesta que carece de argumento que justifique el incumplimiento del registro de la información. Se informa que entre las personas que están en proceso de reintegración y los miembros de sus núcleos familiares vinculados al proceso de alfabetización hay 107 hombres y 12 mujeres. El total de vinculados a la educación básica primaria durante el periodo es de 286 hombres y 148 mujeres. En educación secundaria se registran 290 hombres y 108 mujeres. En educación media o media vocacional hay 73 hombres y 19 mujeres. Han accedido a la universidad 2 hombres y otros 2 hombres están realizando curso pre-ICFES (aclaran que la información es suministrada por la ACR).95

95 Los indicadores fueron diligenciados por Alexander Castaño, Heberth de Jesús Martínez, Germán González y Luis Eduardo Torres.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se recomienda a la Procuraduría Provincial de Cali que requiera al Secretario de Educación del municipio para que aclare a qué se refiere con las respuestas, e informe a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, las acciones adelantadas y lo que considere pertinente al respecto. 9.4. SECRETARÍA DE SALUD DE CALI ANÁLISIS DE DESEMPEÑO En la Secretaría de Salud municipal no hicieron entrega del Formulario diseñado para esta entidad. Se informa96 que en el período evaluado los afiliados son 112 personas. En total 1376, de los cuales 565 son mujeres y 811 son hombres. Finalmente se sustenta la omisión del diligenciamiento de la batería de indicadores, bajo el argumento que no es competencia de la Secretaria con base en el Acuerdo 415 de 2009, el cual, una vez analizado, no se encuentra que excluya de responsabilidad de tener y proveer la información. Según el Centro de Servicios de la ACR de Cali “en la Secretaría de Salud ha sido un poco complicado en la atención de tercer nivel. Pero no realizan la inspección, vigilancia y control, bajo el pretexto de la Resolución 415, y le están delegando su responsabilidad a las EPS. Sin embargo la ACR les envía los listados censados” (sic). CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se informa a la Procuraduría Provincial de Cali para que adelante las diligencias pertinentes que conduzcan a que la Secretaría de Salud del municipio de Cali cumpla el deber legal de tener la información oportuna y disponible sobre estos asuntos y que remita copia de sus actuaciones a la Procuraduría Preventiva Delegada en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos. 9.5. CENTRO DE SERVICIOS DE LA ALTA CONSEJERÍA PARA LA

96 Mediante oficio 4145-847, de fecha mayo 16 de 2011. Firmado por Bertha Lucia Ospina S. Profesional Especializado. Responsable Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de servicios.

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REINTEGRACIÓN SOCIAL- VALLE ANÁLISIS DE DESEMPEÑO Se realizó una entrevista a tres participantes citados por el centro de servicios, de los seis planes de negocio escogidos y se recibieron cinco (5) cuestionarios de entrevista. El número de PdN creció en 11 desembolsos entre septiembre y diciembre de 2010 para el departamento de Valle del Cauca. De la relación de todos los planes de negocio –PdN-, están funcionando 53, del Valle son 40 y 13 en el Cauca. De los 40, la mayoría está en Cali, de los cuales 16 PdN están cerrados. Se destacan 2 que están en riesgo de fracasar, 6 que fueron trasladados y 1 que está abierto y 5 cerrados. 1 PdN aparece trasladado a Ibagué, y 2 no tienen información porque no están activos en el programa, por lo que la información que está registrada ya no corresponde.97

La Fundación Carvajal funciona aquí como “un operador integral” que hace los desembolsos de sus propios fondos rápidamente y con posterioridad la ACR le hace el reintegro correspondiente. El seguimiento a los planes de negocio se ajusta al nuevo protocolo. Se manejan los estados: en riesgo, en operación o cerrado y, no se maneja la caracterización de no disponible. A partir de 2008 se ha hecho seguimiento a todos los PdN.

97 Información suministrada por las funcionarias contratistas del Centro de Servicios María Isabel Barón y Clara Botina Pérez.

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Existe un proyecto agrícola de moras (morerero), en donde el aporte de capital fue individual pero están asociados en la producción y distribución. En el proyecto maderero hay 17 participantes, con recursos de 400 millones de OIM – ACR y Bavaria y le venden a Coca-Cola y a Bavaria. Para 2011 no ha habido desembolsos, ni se han asignado metas. En 2010 la meta de PdN desembolsados fue 50. En el tema de empleabilidad, en 2010 la meta fue de 90 y se lograron colocar 78 participantes, el 50% aun están laborando. La gestión fue de 100 cupos de empleo. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El Centro de Servicios de la ACR en Cali está adoptando los nuevos lineamientos e instrumentos para hacer seguimiento a los Planes de Negocios. La ACR ha venido articulando un esquema de cooperación con la empresa privada regional que se espera redunde en un impulso de las actividades productivas y de la empleabilidad de las personas en proceso de reintegración.

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SECCIÓN III: ANEXOS ANEXO 1

PROYECTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE RESULTADOS DEL DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE MIEMBROS DE

GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY – COMPONENTE SOCIOECONÓMICO

ANTECEDENTES: En desarrollo de la visita preventiva de la Procuraduría delegada para Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- realizada el 15 de marzo de 2011, se informó sobre el caso del menor desvinculado YHON FREDY CORTES GARZON de 16 años, quien se desvinculó ante el Grupo GAULA Militar del Huila, y quien fue utilizado en actividades de inteligencia por el Mayor ROLANDO ALDEMAR GARCÍA NIETO, al acompañar al personal del Gaula a inmediaciones de la vereda El Líbano jurisdicción del municipio de Aipe. La queja fue interpuesta por el Defensor Segundo de Familia del CBF Neiva ante el Procurador Regional del Huila, quien a su vez remite las diligencias a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, bajo el radicado IUS 2010-389685. Los hechos sucedieron el 30 de agosto de 2010, la queja fue interpuesta el 15 de octubre de 2010, el 16 de noviembre de 2010 se radicó en la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, en donde acuciosamente se profiere el 26 de enero de 2011, un auto que declara inhibirse de adelantar investigación disciplinaria. ANÁLISIS JURÍDICO En términos generales, el proceso disciplinario es un conjunto de actividades encaminadas a investigar y sancionar determinados comportamientos o conductas de los servidores públicos o particulares que ejerzan funciones públicas, que conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de los derechos y funciones, incurrir en prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses. El fallo inhibitorio del Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, está basado en la “manera voluntaria” (pág. 3 Decisión: inhibitorio, fl.19) en que el menor fue utilizado por el Grupo Gaula del Ejército Nacional en actividades propias de esa institución. Bajo el argumento de culpa atribuible al menor.

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Se observa que la decisión inhibitoria, hace una presunción de culpabilidad a un menor, con el desconocimiento de la norma que indica: Artículo 3, parágrafo 1 del Código de la Infancia y la Adolescencia: En caso de duda sobre la mayoría o minoría de edad, se presumirá esta. En caso de dudas sobre la edad del niño, niña o adolescente se presumirá la edad inferior. Las autoridades judiciales y administrativas, ordenarán la práctica de las pruebas para la determinación de la edad, y una vez establecida, confirmarán o revocarán las medidas y ordenarán los correctivos necesarios para la ley. Por otra parte, se vislumbra que el ente disciplinario no tuvo en cuenta que ante el Estado y la sociedad, toda persona entre 0 y 18 años es considerada menor de edad y la regla general aplicable, es la presunción de su incapacidad. La Corte Constitucional en Sentencia T-474/96, establece que la ley hace una división clara de los menores de 18 años, en infantes o niños (menores de 7 años), impúberes (7 a 12 años para las mujeres y 7 a 14 para los varones) y adultos menores (12 a 18 años para las mujeres y 14 a 18 para los varones). Progresivamente la ley les reconoce mayor capacidad de autodeterminación y por lo tanto mayor autonomía en el ejercicio de derechos civiles. La Corte Constitucional en Sentencia 747 de 1996, ha reconocido que la condición de plena autonomía, como sujeto de derechos y obligaciones, no se adquiere de manera automática, dada la naturaleza evolutiva del ser humano, sino que es el resultado de un proceso, en el que el individuo avanza paulatinamente en el conocimiento de sí mismo y en el reconocimiento y uso de sus potencialidades.

Por otra parte en Sentencia T-474 de1996., la Corte Constitucional indica que aunque el Estado le reconoce al menor adulto suficiente capacidad y autonomía para consentir o no en un asuntos como dar en adopción a sus hijos, lo que quiere decir que participa activamente en decisiones que afectan el destino de un tercero; con mayor razón, entonces, se le reconoce la capacidad para determinar las directrices de orden moral que guiarán su propio destino siempre que al actuar de acuerdo a sus principios, no atente contra su integridad, la de terceros o la de la comunidad en general (subraya fuera de texto).

Lo que podría concluirse en palabras de Kant, "la minoría de edad es la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de la minoría de edad, cuando la causa de ella no radica en una falta de entendimiento, sino en la decisión y el valor para servirse de él con independencia, sin la conducción de otro".

Con la decisión en análisis, se colige que se pudo haber incurrido en desconocimiento sobre la capacidad jurídica, referida a la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones; ésta capacidad jurídica

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esta directamente relacionada con la voluntad, entendiéndose esta como la facultad psíquica que tiene el individuo o persona para elegir entre realizar o no un determinado acto, y depende directamente del deseo y la intención de realizar un acto o hecho en concreto. Tiene relación también, con la capacidad que tiene la persona para tomar decisiones sin estar sujeto a limitaciones; libremente, sin secuencia causal ni imposición o necesidad. La capacidad jurídica se determina a partir de la existencia legal de toda persona, esto es, según el artículo 90 del Código civil Colombiano, cuando la persona nace, es decir, cuando se sepa completamente de su madre. Y sobre la capacidad, el código civil Art. 1502. contempla: “Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario: 1. Que sea legalmente capaz;

2. Que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio;

3. Que recaiga sobre un objeto lícito; 4. Que tenga una causa lícita La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra”. En el mismo sentido, el Código civil en el artículo 1503, prevé que toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley, considera o declara incapaces. En consecuencia la minoría de edad y por consiguiente la ausencia de plena capacidad legal para obrar, suponen una serie de límites tanto a los derechos como a las responsabilidades derivadas de sus actos (sean o no capaces para realizarlos) de la persona menor de edad. La ley establece límites sobre las actuaciones que considera que el menor no tiene capacidad legal suficiente para hacer por su cuenta y riesgo, y se le exime de la responsabilidad de actos que se considera no se le pueden imputar por su falta de capacidad para actuar. Cabe resaltar que aunque se hizo alusión a la normatividad vigente, se escapó del análisis, la inclusión del documento CONPES 3673 de Julio 19 de 2010 que establece la POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO Y UTILIZACION DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES POR PARTE DE LOS GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY Y DE LOS GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS, especialmente en los lineamientos aplicables al Ministerio de Defensa: _ Directiva No. 15 de 2007. _ Directiva No. 30743 de 2007 _ Directiva No. 048 de 2008. _ Directiva No. 7169 de 2008. La Directiva 15 regula la capacitación de los miembros de la Fuerza Pública

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para manejar entregas o capturas de niños y niñas. La 30743 prohíbe que los miembros de las Fuerzas Armadas utilicen a los niños en actividades de inteligencia. La 048 permanente imparte instrucciones para la no utilización de niños y niñas. La 7169 genera disposiciones relativas a la denuncia de hechos de vinculación de niños y niñas. (Pág. 18). Con respecto a las normas nacionales e internacionales que regulan la prevención y protección de los derechos de los niños y las niñas a ser protegidos contra el reclutamiento y utilización por parte de grupos armados ilegales; particularmente, se encuentran las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño, su Protocolo Facultativo relativo a los niños y los conflictos, el Convenio 182 de la OIT, el Artículo 44 de la Constitución Política y la Ley 1098 de 2006. La Ley 1098 de 2006 el Artículo 176 prohíbe que los niños, niñas y adolescentes sean entrevistados y utilizados en actividades de inteligencia por parte de autoridades de la Fuerza Pública. Norma específica para el caso en mención. En consecuencia, el Estado adquiere la obligación de proteger dichos derechos de forma distinta a la de los adultos. (Pág. 44) La titularidad de los derechos de protección es únicamente de las personas menores de 18 años, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales citadas. Frente a la PREVALENCIA DE DERECHOS (prevista por la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial). Este principio está consagrado en la Constitución Política de 1991, Artículo 44, y se encuentra en estrecha relación con el principio del interés superior del niño. La Ley 1098 de 2006, a través del Artículo 8, señala que “en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. (subraya fuera de texto). Y en caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente”. La prevalencia de derechos, tiene dos implicaciones sustantivas: debe reflejarse en la formulación e implementación de las políticas públicas (acompañadas de medidas jurídicas, administrativas, políticas y financieras) e implica que cuando un niño, niña o adolescente se enfrenta con el derecho de un adulto en todos los casos se deberá aplicar la prevalencia a favor de los derechos de la persona menor de 18 años. CONCLUSIONES Con base en la normatividad expuesta, se sugiere que se revoque el fallo

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inhibitorio proferido por el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, teniendo en cuenta que al tenor de lo enseñado por la Sentencia C – 666 de 1996, se deben agotar al máximo todas los medios posibles de interpretación, análisis y crítica del derecho objetivo para definir una controversia subjetiva, o cualesquiera que sea dispuesta ante los jueces, por ser la administración de justicia un derecho fundamental, en el que, por lo demás, debe prevalecer el derecho sustancial (arts. 228 y 229 C. P.), también lo es que la providencia no desconoce los eventos en los cuales tan magna tarea no es posible de realizar.

“…En otros términos, la inhibición, aunque es posible en casos extremos, en los cuales se establezca con seguridad que el juez no tiene otra alternativa, no debe ser la forma corriente de culminar los procesos judiciales. Ha de corresponder a una excepción fundada en motivos ciertos que puedan ser corroborados en los que se funde objetiva, y plenamente la negativa de resolución sustancial. De lo contrario, es decir, mientras no obedezca a una razón jurídica valedera, constituye una forma de obstruir, por la voluntad del administrador de justicia, el acceso de las personas a ella… “Los otros casos que puedan presentarse deben ser de tal naturaleza que, agotadas por el juez todas las posibilidades que el ordenamiento jurídico le ofrece para resolver y adoptadas por él la totalidad de las medidas conducentes a la misma finalidad, siga siendo imposible la decisión de fondo. De tal modo que, siempre que exista alguna posibilidad de arribar a ella, la obligación ineludible del fallador consiste en proferir providencia de mérito, so pena de incurrir en denegación de justicia.

Situación que no se evidencia en el fallo referido por la Procuraduría Delegada, contraviniendo decisiones de la misma PGN, en fallo proferido por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa Radicado: 067-2173-2008, a saber:

“En cuanto a la falta de ilicitud sustancial en la conducta imputada, por no haberse infringido daño alguno, no debe perderse de vista que el derecho disciplinario protege en términos generales el correcto desempeño de la función pública, la cual está dada por la imposición de deberes funcionales a los servidores públicos, de acuerdo con la función que cumplen al servicio del Estado.

Dichos deberes funcionales se vislumbran a través de los principios de eficiencia y eficacia, cuya finalidad no es otra que la protección y el cumplimiento de deberes acordes con la moral pública, para lo que debe hacerse uso de los mandatos constitucionales de la imparcialidad, transparencia y objetividad. Así las cosas, para que se contravenga la ley disciplinaria no basta que exista infracción a un deber funcional, sino que se vulnere o ponga en peligro el mismo, por ello, la Corte Constitucional en la sentencia C-948/ 02, consideró en relación con la especificidad del derecho disciplinario,

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que el mismo está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, por lo tanto, las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos, fines y funciones estatales.

Retomando el Concepto PAD-No. 3975 del 9 de julio de 2002, de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, que sostuviera: “Ante todo debe recordarse que el derecho disciplinario gira en torno a la conducta del servidor público y de quien ejerce funciones públicas o maneja recursos públicos, en orden a lograr que su actuar se adecue a los parámetros constitucionales, legales y reglamentarios, que preestablecidos circunscriben el ejercicio del cargo o funciones respectivas y obligan al individuo a observarlos, generándose así un vínculo con el Estado, que le permite a éste exigir de sus colaboradores un comportamiento determinado, regido por preceptos específicos”. “De acuerdo con lo expuesto, el ilícito disciplinario tiene que ver siempre con la noción del deber que está comprometido a observar el servidor público por la relación de sujeción que tiene con la administración, que se genera al tomar posesión del respectivo cargo y cuyo desconocimiento afecta incluso el deber ser del Estado de derecho”.

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ANEXO 2

PROYECTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE RESULTADOS DEL DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE MIEMBROS DE

GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY – COMPONENTE SOCIOECONÓMICO

ANTECEDENTES La Procuraduría General de la Nación, en adelante PGN, a través del Proyecto de Seguimiento y Evaluación resultados del desarme, desmovilización y reintegración de miembros de grupos armados al margen de la ley – componente socioeconómico, ha hecho una serie de cuestionamientos a la Alta Consejería para la Reintegración, en adelante ACR, con respecto a los planes de negocio, en especial los de carácter asociativo, que han fracasado. En el caso específico se hace nuevamente mención al Convenio DDR-089 del 25 de septiembre de 2009, suscrito entre la ACR el patrimonio autónomo CERLAC, la OIM y Biprocol Ltda. El objeto del convenio consistió en “Aunar esfuerzos para desarrollar el proyecto denominado “Montaje y puesta e marcha de diez (10) sistemas lombrícolas Integrales para el manejo y aprovechamiento de residuos orgánicos”. Según la ACR, los participantes aportaron al proyecto el capital semilla de dos millones de pesos (2.000.000) por participante y se constituyó con 300 participantes, a quienes se les dio la calidad de inversionistas, por una parte y por otra parte se les vinculó a través de contrato de trabajo cuyo empleador era Biprocol Ltda. Ante el fracaso del proyecto, la ACR señala que la función que cumple, una vez se realiza el desembolso (subraya propia) de los recursos del capital semilla para el desarrollo de un proyecto productivo, es de acompañamiento para la formulación y evaluación de los proyectos que emprenden los desmovilizados. Lo que implica que los profesionales de la ACR realizan recomendaciones y sugerencias de orden técnico, que no se homologan a una actividad de supervisión o inteventoría. A su vez, señala que según la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, en la radicación IUS-2008-151861 del 28 de enero de 2010, se considera que una vez que el capital semilla es entregado al participante, éste es responsable de su manejo, ya que éste ingresa a su patrimonio, perdiendo la connotación de recurso “público”. Se aclara que el archivo del proceso IUS-2008-151861 del 28 de enero de 2010, expedido por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda

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Pública, se dirigió CONTRA CONTRATISTAS, relacionados con el Convenio No.086-191-06, de ASORANCHERIA. Dentro del proceso se advierte que el Asesor de Planes de Negocios URE-ACR, Supervisor del convenio, informa sobre las anomalías técnicas, operativas, administrativas y financieras, presentadas por diferentes ASOCIACIONES DE DESMOVILIZADOS, incluida ASORANCHERIA. Se aclara que el análisis a desarrollarse está enfocado en el cumplimiento de los convenios, suscritos entre la ACR y otras entidades de carácter nacional o internacional que buscan el beneficio de la población desmovilizada en proceso de reintegración y cuyos recursos están destinados a la creación de proyectos productivos asociativos. Dados los anteriores, se procede a dilucidar los siguientes aspectos:

a. La obligación de la ACR de informar a la PGN sobre el estado de los convenios de cooperación. b. La situación de los planes de negocio asociativos fracasados. c. Liquidación de los contratos, de los convenios y estado actual de todos los proyectos.

ANÁLISIS JURÍDICO El artículo 114 de la Constitución Política de Colombia, señala que los diferentes Órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. De conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998: “Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar con el cumplimiento de las funciones administrativas, o de prestar conjuntamente servicios que se hallan a su cargo, mediante la celebración de Convenios Ínter administrativos o la conformación de personas jurídicas, sin ánimo de lucro”. Por su parte, el Artículo 20 de la Ley 1150 DE 2007, establece que: CONTRATOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES ARTÍCULO 20. DE LA CONTRATACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES. Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades. En caso contrario, se someterán a los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993. Los recursos de contrapartida vinculados a estas operaciones podrán tener el mismo tratamiento. Los contratos o convenios celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de derecho internacional cuyo objeto sea el desarrollo de

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programas de promoción, prevención y atención en salud; contratos y convenios necesarios para la operación de la OIT; contratos y convenios que se ejecuten en desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos; contratos y convenios para la operación del programa mundial de alimentos; contratos y convenios para el desarrollo de programas de apoyo educativo a población desplazada y vulnerable adelantados por la Unesco y la OIM; los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades. Las entidades estatales no podrán celebrar contratos o convenios para la administración o gerencia de sus recursos propios o de aquellos que les asignen los presupuestos públicos, con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional. Parágrafo 1°. Los contratos o acuerdos celebrados con personas extranjeras de derecho público, podrán someterse a las reglas de tales organismos. Parágrafo 2°. Las entidades estatales tendrán la obligación de reportar la información a los organismos de control y al Secop relativa a la ejecución de los contratos a los que se refiere el presente artículo. Parágrafo 3°. En todo Proyecto de cooperación que involucre recursos estatales se deberán cuantificar en moneda nacional, los aportes en especie de la entidad, organización o persona cooperante, así como los del ente nacional colombiano. Las contralorías ejercerán el control fiscal sobre los proyectos y contratos celebrados con organismos multilaterales. En el mismo sentido, la Procuraduría General de la Nación a través de la DIRECTIVA 07 DEL 13 DE JUNIO DE 2011, estableció: CONTRATOS DE ENTIDADES A CUYO CARGO SE ENCUENTRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS AMENAZADAS, PROGRAMAS DE DESMOVILIZACIÓN Y REINCORPORACIÓN A LA VIDA CIVIL DE PERSONAS Y GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY98 En los casos descritos en el literal h, del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, los contratos de las entidades, a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los programas de protección de personas amenazadas, programas de desmovilización y reincorporación a la vida civil de personas y grupos al margen de la ley, incluida la atención de los respectivos grupos familiares, programas de atención a población desplazada por la violencia, programas de protección de derechos humanos de grupos de personas

98 Inciso 2º, Parágrafo 5º del artículo 8º del Decreto 2474 de 2008

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habitantes de la calle, niños y niñas o jóvenes involucrados en grupos juveniles que hayan incurrido en conductas contra el patrimonio económico y sostengan enfrentamientos violentos de diferente tipo, y población en alto grado de vulnerabilidad con reconocido estado de exclusión que requieran capacitación, resocialización y preparación para el trabajo, incluidos los contratos fiduciarios que demanden, solamente deberá publicarse: 1. El Contrato, sus adiciones, modificaciones o suspensiones y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a ésta. 2. El Acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral. En todo caso, deberá considerarse lo dispuesto en el artículo 52º del Decreto 2474 de 2008. En los casos descritos en el artículo 20º de la Ley 1150 en los que los procesos contractuales adelanten bajo las normas o reglas de organismos internacionales. Deberá publicarse en el SECOP: 1. El Contrato, sus adiciones, modificaciones o suspensiones y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a ésta. 2. El Acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral. Mediante el documento CONPES 3554, se establece que La ACR garantizará y facilitará el análisis técnico, comercial y financiero de los planes de negocio. El éxito de la estrategia requiere del acompañamiento y asesoría a lo largo de todo el proceso, no sólo en las primeras fases, sino aún después de consolidado. Se tendrá un paquete de servicios que incluya asesoría empresarial, asistencia técnica, formación gerencial, formación y asesoría para creadores de empresas e incubación empresarial y capacitación en empresarismo y emprendimiento. Para cumplir parcialmente con este reto, la ACR iniciará un proceso de tercerización, a través del cual entidades especializadas en atención a población vulnerable y al desarrollo de emprendimientos, se encargarán de la estructuración, montaje y seguimiento de planes de negocio de menor tamaño (proyectos de máximo 10 desmovilizados). Desde la creación de la ACR, mediante el Decreto 3043 de 2006, en donde establece entre otras funciones para la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas: Administrar los recursos humanos, físicos y financieros a su cargo, en concordancia con los principios de la función administrativa.

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PARÁGRAFO: Se entiende por Reintegración la totalidad de los procesos asociados con la reinserción, reincorporación y estabilización social y económica de menores desvinculados y de adultos desmovilizados voluntariamente de manera individual y colectiva. Estos procesos contemplan de manera particular la vinculación y aceptación de estas personas en la comunidad que los recibe, además de la participación activa de la sociedad en general en su proceso de inclusión a la vida civil y legal del país.

Y en concordancia con el Decreto 3445 de 2010 del 17 de septiembre de 2010 por el que se crea el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas. Que contempla en el Artículo 6°. La Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social, y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, tendrá las siguientes funciones: … se relacionan las que vienen al caso en examen:

2. Diseñar, ejecutar y evaluar la política de Estado dirigida a la reintegración social y económica de las personas o grupos armados al margen de la ley, que se desmovilicen voluntariamente de manera individual o colectiva, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 4. Coordinar, hacer seguimiento y evaluar la acción de las entidades estatales, que de acuerdo a su competencia, desarrollen actividades o funciones tendientes a facilitar los procesos de reintegración de los menores desvinculados del conflicto y de los adultos que se desmovilicen voluntariamente de manera individual o colectiva. 8. Gestionar y articular las iniciativas de las entidades territoriales y sus autoridades locales para el desarrollo de la política y planes de reintegración social y económica de personas o grupos armados organizados al margen de la ley, que se desmovilicen voluntariamente de manera individual o colectiva. 10. Adelantar, promover y apoyar gestiones encaminadas a la consecución de recursos de cooperación nacional e internacional, en coordinación con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 11. Recibir y administrar los recursos, aportes y los fondos destinados a financiar el funcionamiento de la Alta Consejería para la reintegración y los planes y proyectos que se adelanten en materia de reintegración social y económica. 12. Administrar los recursos humanos, físicos y financieros a su cargo, en concordancia con los principios de la función administrativa.

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13. Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por el Presidente de la República. Parágrafo. Se entiende por Reintegración la totalidad de los procesos asociados con la reinserción, reincorporación y estabilización social y económica de menores desvinculados y de adultos desmovilizados voluntariamente de manera individual y colectiva. Estos procesos contemplan de manera particular la vinculación y aceptación de estas personas en la comunidad que los recibe, además de la participación activa de la sociedad en general en su proceso de inclusión a la vida civil y legal del país. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES Así las cosas, se evidencia que la PGN no ha excluido a la ACR del deber de informar sobre la ejecución y el cumplimiento de los convenios suscritos con entidades nacionales u organismos internacionales con el fin de dar apoyo a las personas en proceso de reintegración con el apoyo a la creación de proyectos productivos. Dentro de las funciones de la ACR, como ente creado con un fin específico como lo es el de dar acompañamiento y crear su reglamentación con el fin de lograr la reintegración total de los desmovilizados voluntariamente, se entiende que dentro de esta función debe hacerse no solo el seguimiento, como se indica en la guía de “el proceso de monitoreo y seguimiento en los proyectos productivos emprendidos por las personas en proceso de reintegración”, ya que este acompañamiento se da a posteriori del desembolso. Sino que en proyectos de gran aporte económico y un número representativo de participantes como el caso Bipro Ltda., requiere que se de el cumplimiento legal que requieren los convenios y contratos como se indicó. Por otra parte debe distinguirse el carácter del dinero una vez ingresa al patrimonio individual de cada persona, ya que no representa la misma situación un plan de negocio individual con un aporte de dos u ocho millones de pesos, a un proyecto asociativo, cuyo operador fue elegido por la ACR y los montos de dinero y el número de personas es también alto. Por lo que se requiere que se haya surtido todo un proceso de selección, una etapa de ejecución y la final liquidación, cuando se cumpla con el objeto. Etapas contractuales que aun desconoce la PGN dada la negación sistemática por parte de la ACR. Ahora bien, la ACR debe informar a la PGN sobre todas las acciones adelantadas que se ejercieron para que el operador Bipro Ltda., cumpliera con el objeto del convenio, que informe quién era la persona encargada de la supervisión del convenio y allegue las actas de liquidación por el cumplimiento del objeto contractual, toda vez que los desembolsos del pago se realizaron en su totalidad.

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Como quiera que en solicitudes anteriores como en visita preventiva de la PGN, se solicitó a la ACR información sobre la situación con las pólizas de seguros, a lo que se informó que se estaba en estudio para la declaración del siniestro, ahora deben informar que actuaciones adelantaron al respecto. Igualmente se encontró que el convenio no había sido liquidado, por lo que se debe requerir a la ACR, sobre la finalización y liquidación del convenio de Bipro Ltda. Y de todos los convenios que han desarrollado en el cumplimiento de su función.