Revista mensual N° 01

EL EJECUTIVOTiene 56 leyes por reglamentar

AFP’sEntrevista con Gerardo Távara

“El Niño”Revelador informe preliminar

Parlamento JovenSelección de Jóvenes para

nuevo periodo parlamentario

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EL EJECUTIVOTIENE 56 LEYESPOR REGLAMENTAR

Todo está listo para que -antes del cierre del quinquenio parlamentario 2011-2016- el Congreso de la República

ponga fin a la omisión en que está incurriendo el Poder Ejecutivo en un tema fundamental: la no reglamentación de las leyes que discuta y aprueba el Poder Legislativo.

¿Sabe cuántas leyes están vigentes pero que no que aplican porque no tienen reglamento? Nada menos que 56 leyes que regulan distintos e importantes rubros del quehacer ciudadano. Y hasta ahora no hay explicación alguna de parte del Gobierno del por qué estas normas son literalmente letra muerta.

La Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley 29158) señalan que una de las funciones del Gobierno es la reglamentación de las leyes, evaluar su aplicación y supervisar su cumplimiento. Y específicamente una de las funciones del presidente de la República -en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo- es la de reglamentar

las leyes, sin transgredirlas ni desnaturalizarlas y dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones para cumplir esta finalidad.

Pero el Poder Ejecutivo viene incumpliendo esta obligación constitucional y legal. El Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso viene realizando una paciente labor de segumiento a la aplicación de las leyes que aprueba el Congreso y el resultado es sorprenddente: desde 2005 a la fecha existen leyes que carecen de reglamento y que por esta razón no se aplican.

ALGUNOS CASOS CLAMOROSOS

De acuerdo a un reporte oficial de esta dependencia en el 2005 el Parlamento aprobó, por ejemplo, la ley 28551 que ordena la obligación para elaborar planes de contingencia y para ello se fijó un plazo de 120 días para

que el Ejecutivo dicte el correspondiente reglamento. Pero han transcurrido 11 años y no existe esa disposición.

En igual situación está la ley que incorpora al Seguro Integral de Salud a la población mayor de 17 años en situación de extrema pobreza y declara de prioritario interés la infraestructura arquitectónica de los centros educativos a cargo del Ministerio de Educación. Estos alcances simplemente no se aplican.

En el 2006 se aprobó la ley que regula el contenido de azufre en el combustible diesel y hasta ahora no se reglamenta.

A la fecha existen 56 leyes que -desde el 2005 a la fecha- no pueden ser aplicadas porque el Ejecutivo no las ha reglamentado. La comisión de Descentralización plantea modificar el Reglamento Interno del Congreso para extender el control político al Gobierno Central.

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Pero revisemos qué leyes tampoco se reglamentan desde el 2011: la ley de promoción del desarrollo de los mercados de productores agrarios, de financiamiento público de los regímenes subsidiado y semicontributivo del aseguramiento universal de salud. Los ministerios de Agricultura, de la Producción y de Comercio Exterior y de Turismo siguen sin ponerse de acuerdo para reglamentar la ley Forestal y de Fauna Silvestre. Ello a pesar que tuvieron un año de plazo.

En el 2012 el Ministerio de Educación tuvo el encargo de reglamentar algunas modificaciones a la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y se vencieron largamente los 60 días de plazo para hacerlo. Igual situación afronta el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social que hasta ahora no dicta el reglamento de la ley que promueve y regula el uso de perros guía por personas con

discapacidad visual. El Ministerio de Transportes tampoco ha reglamentado la ley que sanciona la realización malintencionada a las centrales telefónicas de emergencias y urgencias.

Desde hace tres años tampoco se reglamenta la ley que crea la superintendencia nacional de fiscalización laboral (Sunafil). En igual situación está la ley que fija medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas y que está implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, vioiación sexual y de tráfico ilícito de drogas.

También no se ha reglamentado la ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o terminal o

GRUPO FUNCIONAL DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMES Y OPINIONESReporte de Seguimiento a la Reglamentación de las Leyes

(Del 01 de enero del 2005 al 15 de febrero de 2016)

Criterios de SistematizaciónReporte de Seguimiento, según la comisión Dictaminadora

AÑOS Total de Leyes que exigen ser reglamentadas Leyes Reglamentadas Leyes pendientes de

reglamentación2005 33 29 4

2006 35 34 1

2007 37 33 4

2008 16 11 5

2009 19 18 1

2010 21 17 4

2011 23 17 6

2012 17 12 5

2013 32 20 12

2014 12 5 7

2015 7 1 6

2016 1 0 1

TOTAL 253 197 56Fuente: Diario Oficial El Peruano; Sistema Peruano de Información Jurídica - SPIJ.Elaboración: Grupo Funcional Sistematización de Informes y Opiniones.

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sufran accidente grave. El plan nacional para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias quedó en ello. Se suponía que el 11 de agosto del 2013 se debería haber publicado el reglamento. Pero no ha sucedido.

Hay otras normas legales que hasta ahora no se aplican: la ley que regula el teletrabajo; aquella que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos; la que fortalece la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

¿Sabía que hay una ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar? Tampoco tiene reglamento. Igual situación tiene la ley que concede el derecho de licencia al trabajador de la actividad pública y privada para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad y la ley de apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

En el 2014 se aprobó la ley que regula la presentación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios públicos y servidores públicos del Estado y no tiene reglamento.

En igual situación esta la ley de prevención y control de la tuberculosis, que promueve el auxilio oportuno al público en los centros comerciales y la de formalización y promoción de empresas de radiodifusión comunitaria, de radio y televisión, en zonas rurales y lugares de preferente interés social, entre otros.

La lista continúa: la ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil; la que crea la ventanilla única de turismo; la que crea el registro de deudores de reparaciones civiles, la de promoción y desarrollo de la agricultura familiar, entre otras normas.

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LA SOLUCION EN CIERNES

La comisión de Descentralización del Congreso tiene listo para que se discuta –desde noviembre del año pasado- un dictamen que plantea modificar el Reglamento Interno del Congreso con una sola finalidad: que el Parlamento extienda específicamente su control político a los actos del Poder Ejecutivo en el ámbito reglamentario de la ley.

“El control político es la facultad que tiene el Congreso de la República para velar por la observancia del cumplimiento de las funciones del Estado.

La propuesta señala que este control político se aplicaría en dos aspectos: en caso que no se cumplan los plazos que fija el Congreso para que una ley sea reglamentada o, en caso que el reglamento de la ley desnaturalice o trasgrede el mandato de la norma legal expresa.

Así, el dictamen de ese grupo de trabajo y que está listo para que se discuta en el pleno del Parlamento –quizás a partir de la legislatura que empieza en este próximo mes de marzo- plantea que el presidente del Consejo de Ministros rinda cuenta del por qué no ha reglamentado tal o cual ley ante la comisión especializada del Congreso.

Y en caso que la norma reglamentaria haya sido publicada en el diario oficial El Peruano y la comisión ordinaria del Parlamento competente en la materia advierta que se ha trasgredido o desnaturalizado la ley de inmediato se citará al presidente del Consejo de Ministros -o al titular del sector ministerial competente- que rinda el informe respectivo “y luego de recibido la comisión evalúa el curso de control político a seguir”.

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Esta propuesta fue aprobada el pasado 15 de noviembre del año anterior en la comisión de Descentralización y lleva las rúbricas de la presidente del grupo de trabajo, Verónika Mendoza, Antonio Mendoza y Ruben Condori que dedicó varias semanas para examinar esta situación con la finalidad de corregirlo.

La facultad reglamentaria de parte del Poder Ejecutivo deriva del denominado “principio de complementariedad” en virtud del cual, un hecho previsto por determinada norma legal, necesita ser especificado o complementado para su efectiva aplicación. Y esto es así porque la creación de una ley involucra un procedimiento de formalidades y consensos que ocurren en el Congreso.

Eso sí, el ejercicio de la facultad reglamentaria que tiene el Poder Ejecutivo no puede llegar al extremo de modificar ni alterar el contenido de la ley. Es decir, los reglamentos tienen como límite natural las disposiciones que encierra la propia norma legal. Por eso que el reglamento se constituye en un complemento indispensable para la ejecución de la ley.

La propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que el proyecto de la norma reglamentaria es elaborado por la entidad competente. Se tramita acompañado de la exposición de motivos, los informes, los estudios y consultas realizados. Los reglamentos se ajustan a los principios de competencia, transparencia y jerarquía. Y se aprueban, dentro del plazo establecido, mediante decreto supremo.

Los proyectos de reglamento se publican en el portal electrónico respectivo y por no menos de cinco días calendarios para recibir los aportes de la ciudadanía, cuando así lo requiera la ley.

Complementariamente a todo lo anteriormente señalado, el reglamento de Organización y Funciones de la presidencia del Consejo de Ministros (DS 063-2007-PCM), indica que corresponde a la secretaría de coordinación como el órgano de línea que entre sus tareas está la de coordinar con los sectores competentes del Gobierno para la elaboración de los reglamentos de ley, cuando éstos sean de carácter multisectorial o versen sobre temas de competencia de la presidencia del Consejo de Ministros.

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A criterio de la comisión de Descentralización la actual Ley Orgánica del Poder Ejecutivo no señala explícitamente la responsabilidad política de los ministros en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo.

Es más, la LOPE no incluye a los decretos supremos que reglamenten las leyes dentro de los ámbitos sujetos a control político del Congreso.

Por eso que la comisión de Descentralización plantea resolver taxativamente esta situación de ambigüedad “de manera respetuosa con la asignación de competencia y la división de poderes, pero conscientes de que la adecuada colaboración permite la eficacia de la ley.

Pero también debe ser definido como una manera de trasgredir o desnaturalizar la ley, impedir o trabar su eficacia y vigencia, si acaso no es emitida la norma de manera oportuna, dentro de los plazos definidos”, se lee en el dictamen.

La propuesta del grupo de trabajo parlamentaria apunta a resolver varias imprecisiones en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo: no solamente recoger la norma constitucional sobre la potestad reglamentaria como competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Sino también precisar la responsabilidad política de los ministros en materia reglamentaria cuando se dicte una disposición fuera del plazo fijado por el Congreso o se transgreda el contenido de la ley.

El 1 de marzo empieza la segunda y última legislatura ordinaria y a partir de esa fecha este dictamen de la comisión de Descentralización está listo para discutirse en algunas de las sesiones plenarias que se convoquen hasta el 15 de junio, que es la fecha de clausura de ese período parlamentario.

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HORACERO

para proyecto de Ley de AFP

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NO HABRÁ LEYSIN REGLAMENTOEl pasado 3 de diciembre el Pleno del Congreso aprobó, con el voto unánime de 66 congresistas y ninguna abstención, el proyecto de ley que permitiría el retiro de 95.5 % de los fondos de pensiones de las AFP de los afiliados que cumplan 65 años, una decisión que sorprendió al grueso de la opinión pública.

El 4.5 % restante que se mantiene incólume está destinado a cubrir la cobertura del seguro de salud. Durante el debate, los promotores del proyecto aseguraron que una pensión de 100 o 200 soles mensuales no garantizaba la sobrevivencia de las personas, y cuestionaron los bajos montos de las pensiones otorgadas por las AFP.

Los proponentes argumentaron que en el sistema privado no existía pensión mínima, por lo que muchísimas personas, que tenían entre 10 mil a 30 mil soles acumulados, recibían pensiones de 100 o 120 soles. Incluso, dijo Jaime Delgado, hay 144 personas con menos de 10 soles de pensión mensual.

Se afirmó que de los seis millones de afiliados a las AFP, hay tres millones que ya no aportaban porque perdieron el trabajo. Y que de ese total, unos 85,714 trabajadores podrían solicitar la devolución de sus aportes al cumplir los 65 años. Y que eso no iba a ocasionar ningún problema económico a las AFP.

Sin embargo, algunos parlamentarios objetaron que la norma colisiona con el sistema establecido en la Constitución, que señala en su artículo 12 que los fondos y las reservas de la Seguridad Social son intangibles. Haciendo uso de esa interpretación, el Ejecutivo observó el proyecto el 8 de enero.

El documento firmado por el presidente Ollanta Humala y el primer ministro, Pedro Cateriano, indicaba que el proyecto “desnaturaliza la finalidad de los fondos de pensiones, los cuales deben ser utilizados para el pago de pensión”. El presidente de la Asociación de AFP, Luis Valdivieso, consideró que la aprobación de la ley “pondría en riesgo todo el sistema previsional”.

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Valdivieso añadió que “la propuesta desvirtúa la naturaleza del sistema previsional y afecta la ley de presupuesto”. Creadas en los primeros años del gobierno de Alberto Fujimori, las AFP cuentan con un universo de afiliados que bordea hoy los 5 millones 700 mil personas. Pero esa es una parte de la realidad; de ese total, casi 3 millones de personas no cotizan regularmente por carecer de empleo.

Hoy, el monto acumulado del fondo privado es cercano a los 120 mil millones de soles. Y se calcula que unas 9 mil personas se jubilan anualmente. Pero el panorama no es muy halagüeño. La mayoría de los afiliados se jubilará con una pensión ínfima, incluso menor a la remuneración mínima vital.

El proyecto observado debe ser visto ahora por el Pleno del Congreso para su insistencia o allanamiento. Ya hay voces que indican que esta vez las objeciones planteadas el pasado 3 de diciembre serán más consistentes para frenar su ratificación. Las observaciones deberán ser analizadas, primero, por la Comisión de Economía, presidida por Modesto Julca. Es de esperar que la Comisión vote por la insistencia, pues también respaldó la ampliación hasta el 2018, del Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA).

El debate que se avecina tendrá como uno de sus puntos centrales la constitucionalidad de la norma. Ya varios congresistas opinaron que los fondos le pertenecen al jubilado y que ninguna ley le puede decir a un trabajador que no puede retirar su fondo de pensión. Menos, cuando el Estado renunció a su carácter tuitivo para

Cuadros

PRIMAS DE SEGUROS DE INVALIDEZRecaudación: 7,266 millones

Pagos por invalidez: 425 millonesRENTA VITALICIA

Pagos a compañías de seguros: 17,316 millones de solesPagos a jubilados: 3,300 millones de soles

FONDOS DE AFPMonto total 120,000 millones

Capital aportado 67,000 millonesIntereses: 53,000 millones

Comisiones y primas 21 000 millones

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proteger la entrega de una pensión digna.

Otros dijeron que nadie le puede decir a los jubilados qué es lo que deben hacer con su dinero, cuando aquellos que manejaron las cuentas de los futuros jubilados no han tenido la capacidad suficiente para invertir bien el dinero que se les entregó.

Quienes se opusieron a la norma con claridad meridiana fueron algunos parlamentarios oficialistas, quienes afirmaron que se estaba eliminando el sistema previsional, pues con el retiro del 95.5 % del total del fondo disponible en la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) el sistema se desnaturalizaba “porque ya no está con la orientación previsional de alentar una pensión cuando uno llega a la edad de la vejez…”

“… Lo que estamos estableciendo es un criterio de ahorro, para que en el momento pueda disponerse a la libre discrecionalidad del afiliado; suena bien porque decimos que el afiliado será el que defina qué va hacer con su plata, porque finalmente es su dinero, pero traemos abajo toda la orientación de una disciplina jurídica, y la evolución del mismo que es el derecho previsional como tal...”, indicaron.

Como alguien resumió: la disyuntiva es pasar de un sistema de pensiones a un fondo de jubilación. Aunque otros congresistas proponen una fórmula intermedia para que se atienda casos extremos, como las de aquellas personas que padecen de una enfermedad terminal o reciben una cantidad irrisoria.

Sin duda, el debate continuará.

Cuadros

PRIMAS DE SEGUROS DE INVALIDEZRecaudación: 7,266 millones

Pagos por invalidez: 425 millonesRENTA VITALICIA

Pagos a compañías de seguros: 17,316 millones de solesPagos a jubilados: 3,300 millones de soles

FONDOS DE AFPMonto total 120,000 millones

Capital aportado 67,000 millonesIntereses: 53,000 millones

Comisiones y primas 21 000 millones

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LA DIFÍCIL TAREAde transparentaruna elección

Entrevista con Gerardo Távara Castillo, secretarío general de la Asociación Civil Transparencia.

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Como unas ‘elecciones difíciles y complejas’ puede resumirse la visión que tiene la

Asociación Civil Transparencia del proceso electoral que el próximo 10 de abril definirá la elección del nuevo mandatario y de 130 nuevos congresistas, una situación que podría ser revertida con una serie de reformas electorales.

Para el secretario general de Transparencia en el Perú, Gerardo Távara, “el problema de la fragmentación de los partidos y de las alianzas políticas no es exclusivo del Perú ni de la región. El problema es para el electorado peruano y para el sistema electoral en sí”.

“La existencia de 18 candidaturas hace más complicada la actual campaña, y conseguir información de todos ellas y de sus programas de gobierno lo es más aún -añade. Por ello, Transparencia inició una colaboración permanente con el Congreso y logró la aprobación de iniciativas propias (como la ‘ventanilla única’ y la ‘curul vacía’) en coordinación con la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”.

Távara anunció además la puesta en marcha

de una serie de herramientas de observación ciudadana. Una de ellas es Verita, que permite conocer y verificar la información de candidatos a la presidencia y vicepresidencias de la República. Otra es Compara ya, que brinda información sobre los planes de gobierno presentados por las organizaciones que postulan. “No se necesita leer todo el plan de gobierno de todos los partidos políticos, explica Távara, sino escoger lo que dice cada partido sobre 19 temas como salud, narcotráfico, medio ambiente, consulta previa, economía, educación, etc”.

“Una tercera herramienta es Ojo a la campaña, que permite conocer diversos aspectos como las actividades que se desarrollan, los discursos y el financiamiento de

las agrupaciones.

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Mientras tanto, la asociación está culminando un estudio sobre los postulantes al Congreso que incluye varios datos a destacar: 40 % de los candidatos al Parlamento son mujeres. “Si bien lo ideal sería equipararlas en un 50 %, la cifra es importante”, afirma el secretario de Transparencia. Otros datos trascendentes son que 51 candidatos al Congreso tienen alguna condena o sentencia penal, 73 tienen sentencias civiles (por alimentos o violencia familiar), 121 han declarado que tienen un proceso en marcha, y 110 candidatos tienen procesos en curso aún no resueltos. Se trata

de 2,139 hojas de vida en los que se detalla la experiencia o los antecedentes de los candidatos.

“Transparencia está integrada por 52 diversas asociaciones y muchos de sus miembros no tienen militancia partidaria, aunque hay diez exministros de Estado que forman parte del equipo. Consecuente con su razón de ser (trabajar por el fortalecimiento de la democracia y la representación política), ha propuesto varios ejes de trabajo sobre cómo mejorar el proceso de elección, no solo el actual, si no a futuro”, agrega Távara.

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Nuevas propuestasEl secretario general desmenuzó algunas de las propuestas que tienen como objetivo fortalecer a los partidos políticos por encima de sus candidatos y líderes, reducir el número de agrupaciones y mejorar el perfil ético de los futuros representantes. Hace hincapié en que estas propuestas no deben darse aisladamente, sino formar parte de un paquete de reformas.

Algunas de ellas son: elecciones congresales en segunda vuelta para que la campaña se centre principalmente en las candidaturas presidenciales, lo que permitiría reducir las expectativas hacia los otros partidos, y tener un escenario más definido de acuerdo a los resultados de la primera vuelta. Que los candidatos a cargos de elección popular no sean personas condenadas por delitos penales.

Asimismo, elevar la valla electoral para que solo los partidos políticos que superen el 5 % de los votos válidos tengan vigencia, y en el caso de las alianzas conformadas por diversos partidos, se sume a ese porcentaje un 2,5 % de votos por cada agrupación adicional (el Congreso aprobó que sea un uno por ciento).

Igualmente, propone que los partidos políticos, nacionales y regionales, elijan a sus candidatos en procesos electorales primarios y abiertos, supervisados por la ONPE. Al tratarse de

elecciones abiertas, participarían en ellas los militantes y los ciudadanos que no siendo miembros del partido, deseen participar en la elección de los candidatos.

A pesar que estas propuestas supondrían la modificación de las leyes de partidos políticos, de elecciones, del reglamento sobre el financiamiento y supervisión de fondos partidarios y otras normas, Gerardo Távara confía en que se harán efectivas en los próximos procesos electorales.

“Otra propuesta que quedará para el debate en el Congreso es la participación mínima de partidos nacionales en las elecciones que se convoquen en el país, incluyendo las próximas elecciones para gobernadores regionales y alcaldes. Esta participación será progresiva, es decir, un 40 % en las elecciones de 2018 y un 60 % en el proceso de 2022. Y el voto preferencial para la elección de candidatos al Congreso de la República”, opina.

Estas son solo algunas de todo un ‘paquete de reformas’ a futuro. Mientras tanto, hay que transparentar todo lo que sea necesario, toda la información disponible. Una tarea que recién empieza.

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ENFRENTANDOEL FENÓMENO DEL NIÑO

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Comisión parlamentaria presenta revelador Informe Preliminar

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Como si se tratase de una carrera contra el tiempo, con la rapidez de sentir una realidad

que poco a poco se avecina y que en anteriores oportunidades nos ha castigado dejando un manto de destrucción y desolación, así trabajó la Comisión Especial encargada de la supervisión, fiscalización, seguimiento y control de las acciones de prevención y mitigación del fenómeno “El Niño” 2015-2016, que preside el congresista Virgilio Acuña Peralta.

Fueron largas jornadas de trabajo en el Parlamento con representantes del Poder Ejecutivo, e intensos recorridos al interior del país para dialogar con los titulares de los gobiernos regionales y locales sobre los avances en la ejecución de presupuestos y acciones de prevención.

Ese esfuerzo dio como resultado el Informe

Preliminar aprobado por la Comisión Especial el 10 de diciembre pasado. La primera conclusión revela que, a la fecha, el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo del Fenómeno El Niño (CONAGER-FEN) aún no ha aprobado el Plan de Acciones Multisectoriales ante la probable ocurrencia del fenómeno y la temporada de lluvias 2015-2016. Sin embargo, es el documento de referencia con el que se viene trabajando.

Pese a esa real situación el Gobierno destinó importantes partidas para la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. El Presupuesto Inicial para las 18 regiones declaradas en emergencia superó los 903 millones de soles y luego con modificaciones se permitió ejecuciones inmediatas de los gobiernos y locales por más de 2 mil 800 millones de soles

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Cuadro al 8 de diciembre

Presupuesto 2015 fenómeno “El Niño”

PIA PIMEjecución

Avance %Devengado

900,603,673 2,896,359,536 1,542,761,270 53.3

Saldo por ejecutar: 1,353,598,266

Gobiernos regionales recibieron: 47.90%Gobiernos locales recibieron: 57.94%

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Los gobiernos regionales que recibieron transferencias para el Fenómeno El Niño ejecutaron un 47.90 % y los gobiernos locales ejecutaron un 57.94 % de lo recibido. Pasco es el departamento con mejor ejecución presupuestal y Arequipa el de menor avance respecto a todos los demás.

Departamento (Meta) PIA PIM Ejecución Avance %DevengadoPasco 9,987,756 22,540,299 17,690,984 78.5

Arequipa 20,736,269 55,463,237 16,971,982 30.6

En sus sesiones descentralizadas realizadas en Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo y Puno, la Comisión logró constituirse en mediadora entre los tres niveles de gobierno nacional, regional y local, a fin de que se conozcan las actividades de prevención que se realizan, la problemática asociada a la ejecución presupuestal,

transferencias y otros procedimientos a seguir.

Visto los resultados alcanzados con las sesiones descentralizadas, la Comisión recomendó continuar con ellas en los diferentes departamentos declarados en emergencia, priorizando los de la sierra. El trabajo del Parlamento continúa.

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Programa busca fomentar cultura de debate constructivo

SELECCIONARÁN A PARLAMENTARIOS JÓVENES

A TRAVÉS DE MODERNA PLATAFORMA VIRTUAL

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PLATAFORMAVIRTUALPor primera vez, el Programa “Parlamento Joven” seleccionará a sus integrantes a través de un riguroso proceso de capacitación virtual, usando una moderna plataforma digital que permitirá a los postulantes conocer las labores que desempeñan los congresistas y las funciones del Congreso de la República.

“Antes la capacitación se realizaba durante tres días de forma presencial, ahora será de tres meses pero virtual, mediante una plataforma Moodle (software diseñado para la creación de cursos en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales)”, señaló Boris Mauricio, coordinador nacional del programa Parlamento Joven.

El programa “Parlamento Joven” organizado por la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República y la Fundación Hanns-Seidel busca fomentar en los jóvenes una cultura de debate parlamentario constructivo, a través de la recreación de sesiones parlamentarias, promoviendo el liderazgo y la construcción de la ciudadanía a través de prácticas democráticas.

Otra de las novedades que nos trae la versión 2016 de este programa, es la reducción de la edad de los participantes. “Ya no es hasta los 29 años, sino de 18 a 25 años. Ese es el único requisito para postular”, indicó el funcionario.

Para inscribirse a esta convocatoria, el interesado solo se deberá llenar el formulario de la página web http://bit.ly/1NpCEss y enviar su DNI escaneado al correo parlamentojoven@congreso.gob.pe hasta el domingo 10 de abril.

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MÒDULOS VIRTUALESTras evaluar a los postulantes, el 14 de abril se publicará la lista de los aptos para pasar a la etapa de capacitación que se realizará desde 15 de abril al 15 de julio. “En este periodo los jóvenes llevarán seis cursos repartidos en tres módulos que deberán aprobar con un nota mínima de 12 para pasar al examen de selección virtual que se desarrollará el 23 de julio”, afirmó Mauricio.

Una vez culminada la evaluación de la prueba, se escogerá, por orden de mérito, a los 130 parlamentarios jóvenes de acuerdo al número de escaños que le pertenece a cada región electoral, los cuales participarán en el Plenario Nacional que se desarrollará en Lima, desde el 20 al 23 de septiembre.

“Los parlamentarios tendrán la misma metodología

que tenían en las versiones anteriores conformando bancadas y grupos parlamentarios, discutiendo proyectos de ley en las comisiones y sesionando en el Pleno”, aseguró el coordinador Nacional.

MEJOR DISCURSO Y DÍA CULTURALOtra de las novedades que traerá este año el Parlamento Joven es la elección del mejor discurso parlamentario joven y la realización de un día cultural. “En las versiones anteriores, los parlamentarios jóvenes han preparado iniciativas legislativas y contribuido a la desaprobación del proyecto del empleo juvenil o ‘ley pulpín’.

Algunos participaron como candidatos a regidores y consejeros regionales en el proceso electoral del 2014, e incluso en estas elecciones una parlamentaria joven está postulando al Congreso de la República”, aseveró.

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http://www.congreso.gob.pe/

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