Ruta de Aprendizaje:“Aprendiendo del impacto de la industria extractiva en Latinoamérica y el sur de África”

PROCASUR-Fundación Ford

El caso del Corregimiento de “La Toma”,Municipio de Suárez,

Cauca, Colombia

“La defensa territorial frente a la gran minería extractiva desde la identidad afrodescendiente”

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1. Antecedentes y caracterización del territorio

El corregimiento de “La Toma”, fundado en 1860, se encuentra emplazado al oriente del Municipio de Suárez en el Departamento del Cauca, limitando al sur con el Municipio de Morales, al norte con la cabecera municipal, al oriente con el río Ovejas y al occidente con el río Cauca. Su extensión rodea las 1224 hectáreas distribuidas entre las veredas1 de: Dos aguas, El Hato, Gelima, La Toma y Yolombó.

Corregimientos del Municipio de Suárez, Departamento del Cauca, Colombia

1 Las “veredas” son la unidad territorial, política y administrativa más pequeña del mundo rural en Colombia.

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Actualmente, el corregimiento cuenta con una población de 5200 personas y 1300 familias de procedencia afrodescendiente, en cuyas viviendas se cuenta la mayor parte de las veces con electricidad pero con graves problemas asociados al desabastecimiento de agua potable al no contar el corregimiento con un acueducto. La mayor parte de las tierras no están tituladas y son territorios de carácter colectivo.

Entre las actividades económicas desarrolladas en el corregimiento destacan la agricultura (siembra de yuca, café, frijol, plátano, caña de azúcar, maíz además de una variedad de frutales), la piscicultura -a través de pozos de crianza- y la minería ancestral artesanal que representa la principal fuente de trabajo y sustento para la mayoría de la población. “La Toma” resulta así un corregimiento eminentemente minero, contando con un gran potencial de recursos metalúrgicos a lo ancho de la cordillera occidental, el río Cauca y Ovejas, siendo la explotación aurífera –oro- la de mayor relevancia.

En tanto, la historia asociada al poblamiento de este territorio se remonta al año de 1636 con la llegada de la población esclavizada afrodescendiente proveniente de Cartagena de Indias. Dicha población esclavizada se asentó inicialmente en el caserío de Gelima y sus labores implicaron el mazamorreo en las minas de socavón (Minas de Ensolvado) y el trabajo en haciendas y fincas. Durante este período, la comunidad afrodescendiente llevó a cabo diversos movimientos de resistencia contra la esclavización participando luego en las luchas de independencia a cambio de su libertad. Sin embargo, no fue sino hasta 1851 que la abolición de la esclavitud se decreta en Colombia, desatándose un proceso de colonización de tierras por parte de la población negra. A inicios del siglo XIX se incrementan los hostigamientos por parte de latifundistas -con el apoyo del gobierno- para desplazar a las comunidades negras campesinas de estos territorios ante lo cual se desatan violentos enfrentamientos y levantamientos.

Paralelamente, la comunidad afrodescendiente continuó haciendo de la minería ancestral su principal actividad de subsistencia, conformando una relación particular con el oficio como práctica sociocultural que se remonta a los orígenes de su llegada al territorio y que ha implicado procedimientos artesanales para la extracción del recurso. Las dos formas ancestrales a partir de las cuales se ha extraído el metal son la minería de aluvión –forma de trabajo minero en la que se aprovecha el mineral que se encuentra suelto en las orillas de ríos, riachuelos, quebradas y veneros2- y la minería de filón –trabajo minero dónde se extrae el oro de la roca con la utilización de herramientas de hierro o explosivos, fundamentalmente en socavones3-.

2 « Salvajina, oro y pobreza», Ismael Mina, 2008.3 Idem.

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El desarrollo de esta pequeña minería artesanal ha posibilitado la satisfacción de las necesidades básicas de gran parte de la población afreodescendiente, siendo a pesar de ello estigmatizada desde la esfera institucional por los impactos ambientales asociados y su carácter de ilegalidad.

Ahora bien, el primer antecedente de explotación minera industrial en la zona se remonta a 1920 cuando llega al territorio la empresa americana -Asnazú Golden- que dragó con maquinaria de punta el río Cauca afectando las labores mineras y agrícolas de las poblaciones de los corregimientos de La Balsa, Timba, Asnazú y parte de Suárez. Después de 20 años de extracción ininterrumpida la empresa logró exorbitantes ganancias a costa de la destrucción de las mejores fincas ganadero agrícolas y el desplazamiento forzado de la población afroedescendiente que se negaba a la expropiación de las tierras. Este hecho representa el primer atentado para la consolidación de las comunidades negras en el territorio propulsado por una empresa transnacional.

Actualmente, dada la riqueza de recursos naturales (metalúrgicos y acuíferos) que contiene el área en el cual se sitúa el Corregimiento de “La Toma”, éste se posiciona como un territorio de interés geoestratégico para diferentes intereses que disputan el control de la zona. Al respecto, es posible señalar que hoy la minería artesanal se ve amenazada por tres grandes frentes. El primero de ellos dice relación con la criminalización de la actividad ancestral a través de la figura de la minería ilegal que platea el gobierno. El segundo de ellos se vincula con el intenso conflicto armado en el territorio y la presencia de diferentes grupos legales e ilegales4 que dejan en situación de extrema vulnerabilidad a las poblaciones afrodescendientes, campesinas e indígenas, blancos de las acciones de guerra y victimas de desplazamientos forzados. Y el tercero, que se relaciona con la amenaza que plantean los intereses de las grandes empresas transnacionales

4 Nos referimos a la presencia del ejército, paramilitares, guerrilla, narcotraficantes y bandas criminales.4

mineras que están detrás de concesiones para la explotación de oro a cielo abierto, comprometiendo el medio ambiente y las fuentes de agua.

2. Objetivos de Aprendizaje:

- Caracterizar el territorio de “La Toma” desde sus dimensiones social, étnico-cultural, económica, política y ambiental.

- Aprender el proceso político de defensa territorial desarrollado por los habitantes afrodescendientes del Corregimiento de “La Toma” frente a la llegada de intereses foráneos entre los que destaca la gran minería extractiva.

- Conocer las herramientas de defensa jurídicas desplegadas para el resguardo del territorio.

- Comprender los principales desafíos y proyecciones para el territorio del Corregimiento de “La Toma”.

3. El desarrollo del conflicto entre la comunidad afrodescendiente y los intereses transnacionales en el territorio

En el marco del proceso histórico de asentamiento de la comunidad afrodescendiente en el corregimiento de “La Toma”, se fue conformando un fuerte arraigo de la población al territorio marcado por un amplio sentido de pertenencia que definió una identidad étnica particular articulada a costumbres, tradiciones culturales, creencias y modos de vida específicos. No exentos de violentos conflictos con los terratenientes colombianos, los afrodescendientes desarrollaron la minería ancestral como la base económica de su subsistencia la cual trabajaron en complementariedad con la agricultura, realizándose ambas actividades fundamentalmente en las riveras del río Cauca, tierras de gran potencial aurífero y fertilidad del suelo. Sin embargo, hacia fines de los años setenta un acontecimiento particular marca y cambia irrevocablemente las dinámicas socioeconómicas de la población local: la construcción –inconsulta- de la hidroeléctrica “La Salvajina”.

“La Salvajina: transformaciones sociales y territoriales”

Los primeros estudios asociados a la realización de la hidroeléctrica “La Salvajina” en el municipio de Suárez datan de 1960 pero no es sino hasta 1981 que el proyecto a cargo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca5 –CVC- adelanta las primeras obras de construcción con financiamiento de Overseas Economic Corporation Fund –OECF Japón-, Exin Bank de 5 Entidad gubernamental responsable de la gestión y protección de los recursos medioambientales de la región.

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Japón, Girocentrale de Australia y el Banco Interamericano del Desarrollo. Para iniciar los trabajos, la CVC negoció con la población local injustamente grandes extensiones de tierra, pagando a mitad de precio terrenos cuyo avalúo no fue respetado.

Durante la construcción de la represa, se fueron removiendo enormes cantidades de tierras ricas en oro, generando que la población local se arrebatara a trabajar en las zonas de depósito del material cuales eran custodiadas por el ejército. Las violentas persecuciones a los mineros no amainaron las ansias por extraer el preciado metal, y las importantes proporciones de oro extraídas confirmaron que la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico contenía una de las reservas más importantes del metal.

El año de 1983 se experimenta el máximo furor del oro obteniendo cada persona un promedio diario de entre 11 a 12 gramos que eran comercializados principalmente en la cabecera municipal de Surárez. Este apogeo permitió que la población experimentara un periodo de bonanza que solo duró hasta 1985 cuando inicia la inundación de fincas, casas, frentes mineros, potreros y sitios culturales. Bajo el agua queda el 80% de la producción aurífera de Suárez6 y las mejores tierras agrícolas, despojando a la población de importantes recursos para su subsistencia, obligándola al desplazamiento e incomunicándola terrestremente con la conformación del lago “La Salvajina”.

“Con la Salvajina quedaron bajo agua las mejores tierras para agricultura y minería, nunca más vamos a

poder recuperar eso y es una tristeza”Luis Armando Vargas,

Miembro CCM La Toma

No conformes con las afectaciones al bienestar social, económico y ambiental dadas por las nuevas transformaciones territoriales, diversas organizaciones se conformaron con la finalidad de reclamar a la CVC una serie de reparaciones. Es así como en 1986, se movilizan hacia la ciudad de Popayán más de 15.000 afrodescendientes, indígenas y campesinos que reclaman al gobierno acciones concretas para mitigar los impactos del proyecto hidroeléctrico en las

6 « Salvajina, oro y pobreza », Ismael Mina, 2008.6

comunidades afectadas. Se logra entonces la firma de un Acta de compromiso entre el gobierno, la Corporación y los líderes locales a través de la cual se comprometió la realización de escuelas, puentes, carreteras, puestos de salud, acueductos y electrificación entre otros. Si bien en aquel entonces la comunidad experimentó la satisfacción de validar sus demandas frente a la autoridad pública en base a un fuerte proceso de organización, la mayoría de dichos acuerdos no se han cumplido hasta el día de hoy.

“Inversiones transnacionales y respuestas comunitarias”

Las riquezas contenidas en el territorio de “La Toma”, continuaron motivando la llegada de diferentes actores foráneos interesados en el aprovechamiento de los recursos naturales. Es así como en 1992 la comunidad percibe la intromisión de diversas máquinas retroexcavadoras que intervienen con sus faenas mineras 5 sitios específicos en el Municipio de Buenos Aires (Salado, Guayabal, el cañón del río Ovejas por lado y lado) y en el Municipio de Suárez (Machaqueo, el Treinta). Ello desata una fuerte movilización comunitaria que es contrarrestada con amenazas y acciones de violencia hacia los líderes locales, lográndose finalmente la retirada de la maquinaria.

En tanto, hacia 1996 una nueva propuesta irrumpe en el territorio e implica el desvío del 90% del cauce del río Ovejas a fin de alimentar y potenciar las necesidades de crecimiento requeridas por el embalse de la hidroeléctrica “La Salvajina”, ya con 10 años de funcionamiento. Al respecto, la CVC presenta su estudio de impacto ambiental, cual es evaluado a través de un proceso de consulta con la participación de las comunidades locales que para entonces, ya no estaban dispuestas a sufrir nuevamente el despojo territorial. Ello desencadena un proceso organizativo que implica la conformación de un Consejo entre adultos y jóvenes para hacer frente a esta nueva amenaza, contándose entre sus estrategias de acción política “tomas” de la alcaldía y “paros” para evitar el desvío del río. El 21 de Mayo de 1997, en el marco de la “protocolarización” del proceso de consulta la población local se opone a la realización de la obra votando en contra del proyecto la totalidad de las comunidades afrodescendientes afectadas.

Durante este mismo periodo de movilizaciones, se constata en la zona la articulación de grupos paramilitares y narcotraficantes quienes también instalan en el río Ovejas 14 retroexcavadoras para la extracción minera. Particularmente, estos grupos armados se asientan en la Finca –El Corcovado- en el Municipio de Buenos Aires y sus violentas estrategias de amedrentamiento afectan igualmente a los habitantes de “La Toma”. Una vez más, la respuesta de las comunidades organizadas conlleva a la salida de las maquinas.

“El territorio ancestral afrodescendiente y la gran minería”

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A través de la ley 21 de 1991 y la ley 70 del año 1993, el Estado Colombiano reconoce los territorios colectivos de los pueblos afrodescendientes consagrando -entre otros- su derecho a la Consulta Previa Libre e Informada como garantía fundamental para la protección de su integridad e identidad cultural así como de su supervivencia como comunidades.

A pesar de ello, el año 2000 Ingeominas7 otorga al particular Héctor Jesús Sarria –durante 15 años- una licencia de explotación minera sobre un predio de 99 hectáreas en el corregimiento de “La Toma”, violando los derechos colectivos de la población afrodescendiente a ser consultada acerca de los proyectos de desarrollo proyectados en sus territorios ancestrales.

A su vez, hacia el año 2004 no solo se reabre nuevamente el proyecto para el desvió del río Ovejas sino que además, se conocen nuevas concesiones mineras inconsultas otorgadas a particulares sobre el territorio de “La Toma”. Entre los titulares de las licencias destacan los nombres de Raúl Fernando Ruiz, Alfredo Díaz y la sociedad La Kedadha -entre otros-, que al parecer operan como “tetaferreos” de la empresa multinacional Anglo Gold Ashanti.

Emerge entonces un fuerte proceso organizativo desde las comunidades que implica la visibilización del conflicto y la formación de líderes locales en diversas temáticas (política, educación, medio ambiente…), quienes promueven la concientización de las poblaciones locales en torno al derecho a la consulta. Este proceso de capacitación se lleva a cabo con el apoyo de organizaciones no gubernamentales como la Corporación Sembrar y CENSAT.

“Comenzamos a hablar con los mayores a advertir que vienen las multinacionales, comenzamos a conocer el código de minas y la legislación minera”

Lisifrey Ararat,Dirigente CCM La Toma.

7 El Instituto Colombiano de Geología y Minería –Ingeominas- es la autoridad minera encargada de otorgar derechos para la exploración y explotación del suelo y subsuelo propiedad de la nación.

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De forma particular, las comunidades locales comprenden que la amenaza de la gran minería extractiva en el territorio no solo implica impactos sociales vinculados al despojo de los recursos comunitarios, sino que además compromete altísimos costos ambientales asociados a los impactos de los procesos industriales de lixiviación. La utilización por parte de la gran minería de metales pesados como el mercurio y el cianuro ponen en riesgo las aguas, biodiversidad, flora y fauna del territorio.

Para hacer frente a esta situación, se conforma en 2004 el Consejo Comunitario de La Toma8

como autoridad étnica en el territorio, lo cual implica la unión de las 5 veredas que conforman el corregimiento y una articulación a nivel nacional con el movimiento afrocolombiano al formar parte del “Palenque Alto Cauca” del Proceso de Comunidades Negras –PCN-. El CCM de La Toma define desde entonces una estructura organizacional horizontal, participativa e incluyente. Durante este período, el proceso organizativo desde las comunidades se fortalece. Ya para el 2006 se realiza una gran movilización hacia Cali para exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados para reparar las afectaciones de la hidroeléctrica “La Salvajina” y se busca la alianza y articulación con otros colectivos sociales.

En tanto, los hechos de extrema violencia contra afrodescendientes, indígenas y campesinos no cesan implicando asesinatos, desapariciones, amenazas, desplazamientos forzados y todo tipo de vulneraciones permanentes hacia los derechos humanos9. Se declara entonces a algunos líderes del CCM de “La Toma” como “objetivo militar” y se identifica al grupo paramilitar “Águilas Negras” como uno de los principales actores armados operando en el territorio.

Para Febrero del 2009, Ingeominas no solo mantiene vigentes 39 títulos mineros en el territorio sino que concede además a Héctor Jesús Sarria un -acto de amparo administrativo- en contra de la comunidad de “La Toma”, desconociendo su ancestralidad sobre el territorio y catalogando a sus integrantes como “perturbadores” del progreso. A raíz de ello, diversas estrategias son desplegadas desde el CCM para visibilizar el conflicto cuales implican la presencia en Octubre 2009 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intervención en la OEA, participación en audiencia pública para llamar la atención de las autoridades así como la generación de redes

8 Paralelamente se crean los Consejos Comunitarios de Andasur, Indalá, La Meseta, el Casco Urbano, Brisa y Los Robles.9 Nos referimos –entre otros- a la masacre de río Naya (2001) en la cual son asesinadas más de 100 personas y más de 4000 son desplazadas, el desalojo de mineros (2008) autorizado por el Alcalde de Suárez y dónde se arremete contra 200 familias, la masacre de “El Hato” perpetuada contra 8 mineros en el corregimiento de “La Toma” (2010) y el asesinato de otros 5 mineros en el municipio de Suárez (2010).

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con universidades y organizaciones locales, nacionales e internacionales que apoyan en las labores de difusión.

No obstante, en Marzo del 2010 las instancias gubernamentales ordenan el desalojo de los habitantes de “La Toma” privilegiando los intereses del sector privado e ignorando los acuerdos de las comunidades con el gobierno nacional. Esta primera orden de desalojo es suspendida pero le prosiguen una segunda y tercera durante el mismo año.

“No vamos a desplazarnos más, no hay más montaña que colonizar. Esta es una defensa a ultranza de la vida para permanecer en el territorio”

Plutarco Sandoval,Dirigente regional del PCN.

En respuesta, se despliegan desde la población local estrategias políticas para resistir, denunciar y hacer frente al desalojo, las cuales comprometen la participación de toda la comunidad y de los corregimientos aledaños que se solidarizan con “La Toma”.

Paralelamente, se llevan a cabo estrategias de defensa de carácter jurídico como la “acción de tutela”, orientada a reclamar el resguardo frente a la violación de los derechos colectivos, territoriales y ambientales. Esta “acción de tutela” es negada en primera y segunda instancia. A pesar de ello y con el apoyo del Defensor de los Pueblos, la misma es elegida para ser revisada por la máxima instancia jurídica a nivel nacional: la Corte Constitucional.

A fines del 2010, a través de la sentencia T-1045A la Corte Constitucional falla contundentemente a favor de los derechos territoriales de las comunidades afrodescendientes, ordenando la realización de la CPLI y la obtención del Consentimiento respecto de las pretensiones de explotación minera por parte de terceros -representantes del sector privado y multinacionales- en sus territorios. Ello implica la suspensión de las licencias mineras y ambientales de los títulos mineros en el área de “La Toma”.

La sentencia también alerta sobre los daños ambientales que el proyecto traería, resaltando la afectación a las fuentes hídricas, la contaminación, la desforestación y el incremento del desequilibrio ecológico. Además, ordena mediante el auto 005 que sobre dichos territorios el gobierno formule un Plan de Atención, Prevención y Protección de los derechos fundamentales.

Esta sentencia de la Corte Constitucional representa un precedente jurídico de suma relevancia a nivel nacional por cuanto reconoce la necesidad de llevar a cabo el proceso de Consulta antes de cualquier intervención de terceros en el territorio ancestral, garantizando los derechos colectivos a la participación. Asimismo, ordena desarrollar un procedimiento de consulta construido entre comunidad y gobierno, estructurado en base a una pertinencia cultural que asegure la identidad étnica y la protección del territorio ancestral de las comunidades afrodescendientes.

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4. Lecciones del proceso

A partir de esta experiencia de defensa territorial llevada a cabo por la comunidad afrodescendiente del corregimiento de “La Toma” se desprenden diversas lecciones del proceso:

- La identidad étnica afrodescendiente, construida en base al sentido de pertenencia al territorio de “La Toma”, constituye un elemento fundamental para que la población emprenda una defensa organizada y unifique acciones frente a las amenazas de despojo. La experiencia común asociada a los desplazamientos forzados y afectaciones sociales derivadas de la intervención de anteriores megaproyectos, conducen a que la comunidad decida resistir y defender su territorio por cuanto no está dispuesta a ser nuevamente desplazada. De la misma forma, la minería ancestral resulta una práctica sociocultural propia que identifica al colectivo y garantiza su subsistencia, siendo un eje articulador desde el cual también se reafirma la necesidad de permanencia territorial.

- La conformación de una estructura organizativa autónoma como el Consejo Comunitario de “La Toma” de carácter horizontal, participativo y amplio en términos de representatividad -por cuanto integra a jóvenes, mujeres y adultos mayores-, favorece la “concientización” de un colectivo y la conducción de un proceso de movilización social que se fortalece y legitima comunitariamente. Esta figura de autoridad étnica adquiere también dinamismo por cuanto se articula con un proceso nacional llevado a cabo por el –PCN- que dice relación con la reivindicación y posicionamiento de los derechos colectivos y territoriales de las comunidades afrodescendientes del país. En este sentido, se posibilita que los dirigentes locales logren una comprensión del conflicto desde una mirada analítica global que implica el cuestionamiento al modelo imperante de desarrollo.

- Las efectivas estrategias para la generación de redes de apoyo y visibilización del conflicto resultaron fundamentales para el proceso de defensa civil. La generación de un contundente capital social conformado por la articulación con organizaciones ambientalistas y de derechos humanos de alcance regional, nacional e internacional potenciaron las posibilidades de ejercer influencia y presión social sobre las decisiones de las autoridades gubernamentales.

- La combinación de herramientas para la defensa de carácter político y legal, otorgaron al proceso una importante fortaleza organizativa. A nivel de las estrategias políticas se desarrollaron diversas movilizaciones, tomas, cabildos, comunicados, pronunciamientos y

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cartas tendientes a posicionar el conflicto en la opinión pública. Paralelamente, como estrategias jurídicas se llevó a cabo una “acción de tutela”, peticiones de revisión y presentación del análisis legal del caso y su ilegitimidad ante organismos internacionales para la defensa de los derechos humanos. Al respecto, cabe destacar el apoyo brindado por actores de la sociedad civil como la Corporación Sembrar, el Instituto Norte Sur, observadores internacionales y centros académicos como la Universidad de Los Andes, Javeriana, Nacional y del Rosario.

5. Conclusiones

Actualmente, el corregimiento de “La Toma” experimenta la persistencia de amenazas ligadas a la minería ilegal y la intromisión de maquinaria retroexcavadora en el territorio así como el amedrentamiento hacia los líderes del CCM. La presión sobre el territorio ejercida por los megaproyectos, la gran minería extractiva y el conflicto armado está aún lejos de resolverse a pesar del importante hito marcado por el fallo de la Corte Constitucional. En razón de ello, la comunidad percibe una serie de desafíos a los cuales se debe hacer frente para garantizar el resguardo del territorio.

Por una parte, se constata la necesidad de redireccionar estrategias para lograr un mejor trabajo de articulación con otros actores territoriales relevantes a fin de consensar perspectivas y acciones colectivas. Particularmente, ello implica convocar a un diálogo permanente a los resguardos indígenas y comunidades campesinas de la zona, con quienes se debe aprender a conllevar las diferencias y superar animadversiones para asegurar un bien común. De la misma forma, resulta indispensable continuar con la labor de “visibilización” política del conflicto prosiguiendo la movilización de redes y la búsqueda de alianzas con otras organizaciones y entidades.

A nivel intracomunitario, se requiere continuar con el trabajo de unión, concientización, información y capacitación desde las bases, abonando en el fortalecimiento de la identidad afrodesdendiente y la pertinencia cultural. Asimismo, es de suma relevancia avanzar en el proceso de titulación de tierras asegurando legalmente la propiedad colectiva del territorio.

Ahora bien, uno de los mayores desafíos para la comunidad de “La Toma” dice relación con el uso y manejo consensado de los recursos naturales. En este sentido, se constata que no solo basta con garantizar el resguardo del territorio sino que es indispensable la generación de estrategias propias que logren garantizar la permanencia sostenible en el mismo desde la autonomía territorial. La elaboración y realización de un plan de vida territorial requiere el soporte de un bloque social unificado, que conceptualice el devenir productivo no solo desde la minería y que contemple además garantizar la integralidad de las necesidades básicas asociadas a la alimentación, la salud y la educación de las poblaciones.

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Como un primer paso, hoy la comunidad de “La Toma” consciente de que las ambiciones apropiacionstas sobre el territorio dadas por los múltiples intereses políticos y económicos no han cesado -y que por el contrario es probable que se incrementen-, trabaja en el desarrollo de un “protocolo” propio para regular los proyectos que entren a la zona. De la misma forma, se han encauzado en la construcción de reglamentos internos que desde el derecho consuetudinario permitan la regulación y el resguardo de sus territorios ancestrales.

Al respecto, mientras el conflicto armado persista y el gobierno continúe facilitando la entrada de la inversión transnacional, la capacidad que logren desplegar los actores locales para conciliar intereses y proponer estrategias de vida viables determinará en gran medida su situación futura en el territorio.

Fuentes Consultadas:

- Testimonios y Taller colectivo realizado en el marco del proceso de sistematización/habilitación, 27 de Agosto del 2011, Suárez, Cauca, Colombia.

- “Salvajina, oro y pobreza”, Ismael Mina, 2008.

- Sitio oficial municipal: www.suarez-cauca.gov.co

Datos de Contacto:

Nombre Rol Email

Lisifrey Ararat Dirigente Consejo Comunitario de “La Toma”

lisiyolombo@yahoo.es

Plutarco Sandoval Dirigente Regional PCN plutarcosandoval.ararat@renacientes.net

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