Foro Paramilitarismo y Política
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Paramilitarismo, desmovilización y política ¿Qué va a pasar con las AUC? Introducción Las negociaciones de paz que adelanta el gobierno con los paramilitares, el proceso de reinserción, la aprobación de la ley de justicia y paz el pasado mes de junio de 2005 y la incorporación en política de los desmovilizados fueron los temas abordados en el Foro “Paramilitarismo, desmovilización y política. ¿Qué va a pasar con las AUC?”. El Foro realizado el pasado 21 de septiembre de 2005 gracias a la Alianza conformada por El Tiempo, la revista Semana, Caracol Radio, Fescol y el PNUD se enmarca en la serie de debates que con expertos en los temas de coyuntura realiza la Alianza. El Foro abre el diálogo a la controversia respetuosa, a la formulación de propuestas, a la denuncia y al planteamiento de opciones relevantes para la actual coyuntura política, pero así mismo y, sobre todo, para el futuro del país. Las muchas páginas escritas sobre el proceso de desmovilización, sin duda, como bien lo dice en las palabras de instalación de este foro, el director de El Tiempo, Rafael Santos, evidencian: “cantidad de líos y vacíos que hay, mucho deseo pero también mucha improvisación. Esta es una oportunidad para disipar esos nubarrones que hay en el proceso y que se puedan hacer las respectivas aclaraciones”. Estas memorias ∗ recogen los aspectos más álgidos del debate y de las intervenciones de los panelistas, así como los aspectos centrales de las ponencias del Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán; del director del Centro de Estudios Políticos Internacionales de la Universidad del Rosario, Mauricio Romero y del senador Rafael Pardo. Panel 1. Alcances de la ley de justicia y paz Panel 2. Los paramilitares y la reinserción Panel 3. Los exparamilitares y su participación en política Panel 4. Discusión y conclusiones. Posición del gobierno ******** ∗ Estas memorias fueron elaboradas por las periodistas Marcela Giraldo y Camila González. Las relatorías del Foro fueron realizadas por Juliana Vergara, Mario Andrés Mejía y Juan Nicolás Garzón. Como documento de referencia también se tuvo en cuenta el de la relatoría general del Foro de Amparo Díaz, del PNUD. 1
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Paramilitarismo, desmovilización y política ¿Qué va a pasar con las AUC?
Introducción
Las negociaciones de paz que adelanta el gobierno con los paramilitares, el proceso de reinserción, la aprobación de la ley de justicia y paz el pasado mes de junio de 2005 y la incorporación en política de los desmovilizados fueron los temas abordados en el Foro “Paramilitarismo, desmovilización y política. ¿Qué va a pasar con las AUC?”. El Foro realizado el pasado 21 de septiembre de 2005 gracias a la Alianza conformada por El Tiempo, la revista Semana, Caracol Radio, Fescol y el PNUD se enmarca en la serie de debates que con expertos en los temas de coyuntura realiza la Alianza. El Foro abre el diálogo a la controversia respetuosa, a la formulación de propuestas, a la denuncia y al planteamiento de opciones relevantes para la actual coyuntura política, pero así mismo y, sobre todo, para el futuro del país. Las muchas páginas escritas sobre el proceso de desmovilización, sin duda, como bien lo dice en las palabras de instalación de este foro, el director de El Tiempo, Rafael Santos, evidencian: “cantidad de líos y vacíos que hay, mucho deseo pero también mucha improvisación. Esta es una oportunidad para disipar esos nubarrones que hay en el proceso y que se puedan hacer las respectivas aclaraciones”. Estas memorias∗ recogen los aspectos más álgidos del debate y de las intervenciones de los panelistas, así como los aspectos centrales de las ponencias del Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán; del director del Centro de Estudios Políticos Internacionales de la Universidad del Rosario, Mauricio Romero y del senador Rafael Pardo. Panel 1. Alcances de la ley de justicia y paz Panel 2. Los paramilitares y la reinserción Panel 3. Los exparamilitares y su participación en política Panel 4. Discusión y conclusiones. Posición del gobierno ******** ∗ Estas memorias fueron elaboradas por las periodistas Marcela Giraldo y Camila González. Las relatorías del Foro fueron realizadas por Juliana Vergara, Mario Andrés Mejía y Juan Nicolás Garzón. Como documento de referencia también se tuvo en cuenta el de la relatoría general del Foro de Amparo Díaz, del PNUD.
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Panel 1 Alcances de la ley de justicia y paz
Moderador. Alejandro Santos. Director revista Semana Ponente. Mario Iguarán. Fiscal General de la Nación Panelistas - Amerigo Incalcaterra. Director a.i. Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - Roberto Camacho. Senador de la República - Markus Schultze-Kraft. Director Colombia/Andes Project International Crisis Group - Alirio Uribe. Director Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Iván Cepeda. Columnista El Espectador.
Presentación del panel
El panel 1 tuvo como eje temático la discusión sobre la polémica ley
de justicia y paz, a partir de un acercamiento al marco jurídico que le
da fundamento al proceso de desmovilización y reinserción, con
especial énfasis en el proceso adelantado por las autodefensas unidas
de Colombia (AUC). A partir de la ponencia del Fiscal Mario Iguarán,
los panelistas y el público abordan el debate.
Ponencia: Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán
Justicia también es conformidad
El Fiscal señala que la ley de justicia y paz incluye tres componentes:
normas rectoras, procedimiento e implementación.
Las normas rectoras. Se refieren al principio de universalidad.
Durante el proceso para hacer la ley se sostuvieron encuentros con
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diversos sectores interesados, incluso por ser potenciales
beneficiarios.
La ley indica qué es justicia, qué es verdad y qué es reparación. En
efecto, afirma que dentro de la ley la justicia no corresponde al
contexto tradicional de proporcionalidad. Pero justicia también es
conformidad: “Si las víctimas, si los colombianos, con su voluntad
exteriorizada a través del Congreso, se sienten conformes con ocho
años de prisión, con reparación integral, verdad y justicia, podemos
considerar que esa conformidad corresponde al término de justicia”.
De todos modos, destaca, la ley es un marco que sólo arroja una
verdad jurídica, una verdad procesal. La ley no impide que se activen
otros mecanismos, incluso administrativos, para que se conozca la
verdad. Es el caso de la Comisión Nacional de Reconciliación y
Reparación que recomendará los criterios de reparación. Al respecto,
considera que al menos en el papel lo contemplado por la ley en
reparación es suficiente (incluye restitución, rehabilitación,
compensación económica, reparación simbólica y reparación
colectiva): “Tenemos una ley que no es perfecta, pero que contempla
todos los aspectos; es responsabilidad nuestra que a través de ella se
puedan lograr la justicia, la verdad y la reparación”.
En cuanto al procedimiento: es una etapa que surte el gobierno para
determinar quiénes pueden ir en la lista porque cumplen los
requisitos de elegibilidad (desmovilización, desmantelamiento,
entrega de secuestrados, entrega de bienes, cese de hostilidades,
entrega de menores).
Sería prudente que el decreto reglamentario estableciera tiempos y
responsabilidades respecto a los requisitos de elegibilidad para poder
comenzar a aplicar la ley. Para ello la Fiscalía está preparando un
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equipo especializado. “Tengo que reconocer -afirma- que tomamos
nota de las observaciones hechas por la sociedad civil. Por eso le
hemos solicitado a la cooperación internacional el adiestramiento de
nuestros fiscales para conocer sobre los delitos que incorpora la ley”.
Sostiene así mismo que la imputación no será con base en lo
confesado, sino con base en la información legalmente obtenida; por
ello se le ha pedido la sociedad civil brindar información sobre las
personas que creen van a someterse a la ley.
Con base en lo confesado y en la información legalmente obtenida, la
Fiscalía tendrá sesenta días para desarrollar el proceso: “Yo también
creo que sesenta días son muy pocos para hacer una investigación de
esta naturaleza. Pero esto es más que una investigación: la Fiscalía y
los jueces harán un proceso de verificación. La esencia de la ley es la
disposición por parte de estas personas a asumir la responsabilidad, a
colaborar con la justicia y con la verdad. La Fiscalía y los jueces
verificarán sobre todo unas imputaciones y unos cargos para
llamarlos a juicio”.
Polémica sobre la ley de justicia y paz
La ley de justicia y paz, aprobada el pasado mes de junio de 2005 por
el Congreso de Colombia y que servirá como marco jurídico para la
desmovilización de más de 12.000 paramilitares -buena parte de ellos
acusados de secuestros, homicidios, masacres y narcotráfico-, abre
las puertas al análisis y la polémica por parte de la sociedad civil, la
comunidad internacional, las instituciones y las mismas víctimas de
los actores del conflicto armado colombiano.
Se trata de un tema de gran controversia en círculos académicos y
políticos, pero cuya pedagogía es fundamental para entender un
proceso que será la semilla de otros. Surgen entonces los
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interrogantes: ¿se puede lograr y como se haría la reparación?
¿Cuáles son los mecanismos que se utilizarán? ¿Son los mecanismos
adecuados? ¿Cuáles instrumentos legales existen? ¿De dónde va a
salir la financiación?
Mirada desde afuera
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos reitera su obligación de ejecutar ciertas
funciones de asesoría en el país. El acuerdo suscrito entre el gobierno
colombiano y la organización de las Naciones Unidas señala que es de
competencia de la Oficina “velar porque todo proyecto de ley en
materia de derechos humanos sea respetuoso de los instrumentos
internacionales en la materia”.
En este marco, la Oficina actúa sobre un análisis de todos aquellos
instrumentos, tratados, pactos, convenciones y jurisprudencia
internacional a la cual Colombia ha adherido. Se trata de ofrecer al
Estado en su conjunto -gobierno, Congreso y sociedad civil-,
elementos de análisis para que los proyectos de ley tengan
concordancia con los instrumentos internacionales.
El punto más cuestionado y profundo de la puesta en marcha de la
ley, desde la perspectiva internacional, es el de la verdad que puede
traer consigo impunidad, puesto que no exige la confesión de delitos.
Tiene un significado de largo plazo, ya que si no se enfrenta de una
manera abierta y auténtica pueden resurgir secuelas en el futuro.
La ley 975 se inscribe en un proceso de tránsito de grupos ilegales a
la legalidad, por lo que se enmarca en la justicia transicional, que
exige salvaguardar tanto los derechos de las víctimas como la
justicia. Por eso, Amerigo Incalcaterra, director encargado de la
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
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Derechos Humanos, asegura que un proceso de reparación exige
conocer la verdad.
De lo contrario, se pregunta “¿sobre qué bases se puede hacer un
proceso de reparación?”. El enfoque de la Oficina ha sido el de prestar
su asesoría para que se fortalezcan esos elementos. Sin embargo, la
ley ofrece el mismo tratamiento a las desmovilizaciones colectivas
que a las individuales, lo cual no estimula los acuerdos colectivos.
En su último informe sobre Colombia, correspondiente a 2004 y
presentado ante la Comisión de Derechos Humanos en el pasado mes
de abril de 2005, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Louise Arbour, recomienda al gobierno y al
Congreso, que en las negociaciones entre el Estado y grupos armados
ilegales, se estableciera un marco jurídico con mecanismos que
reconocieran y garantizaran los derechos a la verdad, a la justicia y a
la reparación de las víctimas.
Observaciones de la ONU a la ley 975
Plantea los siguientes argumentos sobre la ley en términos de:
• La ley no estimula en forma clara el logro de acuerdos
colectivos entre el gobierno y los grupos armados ilegales para
que estos últimos hagan cesar en forma definitiva sus ataques,
abandonen las armas, se marginen del conflicto armado y
desmonte, de modo efectivo, sus estructuras ilícitas
• La ley no contiene referencia alguna ni al conflicto armado
interno ni al Derecho Internacional Humanitario (DIH), con ello
hace que en sus disposiciones no exista claridad sobre el tipo
de delitos sancionables con la llamada pena alternativa y esa
carencia puede convertir en destinatarios de esta pena a
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personas involucradas en graves formas de delincuencia común
como lo es el narcotráfico
• La ley convierte al paramilitarismo en delito político y con ello
permite que los integrantes de grupos armados ilegales puedan
ser beneficiados con amnistías o indultos, medidas que
conducen al olvido y al perdón de la conducta delictiva
• La ley guarda silencio absoluto sobre procesamiento de aquellos
servidores públicos que como coautores, determinantes o
cómplices participaron en los crímenes cometidos por los
integrantes de los grupos paramilitares
• La ley no establece mecanismos efectivos para el pleno
esclarecimiento de los hechos y de la verdad, sin estos
mecanismos no puede hacerse cabal justicia ni garantizar a la
víctima una reparación suficiente, efectiva, rápida y
proporcional a la gravedad del crimen y al daño sufrido
• La ley no garantiza que el Estado y sus instituciones presten a
las víctimas el apoyo proactivo que ellas tienen derecho a
esperar y a recibir
• La ley no exige la confesión plena de los crímenes de manera
que su aplicación no logrará garantizar la satisfacción del
derecho a la verdad ni crear las condiciones para que el Estado
asuma la tarea de desmontar las estructuras ilegales que los
grupos armados han establecido a lo largo de muchos años en
los más variados ámbitos de la vida nacional
• La ley hace depender la reparación de los bienes y recursos que
los victimarios quieran a su arbitrio declarar y entregar. Pone
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sobre las víctimas la carga de obtener la realización de las
prestaciones reparatorias y aborda de manera defectuosa la
obligación estatal de deparar no sólo cuando ello le corresponde
de manera directa, sino cuando los procesados no hayan
querido o podido cumplir con las medidas individuales de la
institución indemnización y rehabilitación.
Lagunas y silencios de la ley
De acuerdo con el análisis de Naciones Unidas, la ley no es adecuada,
puesto que puede contribuir a la impunidad y a la continuidad del
movimiento paramilitar. “La ley 975 de 2005 puede contribuir, con
sus lagunas y con sus silencios, al robustecimiento de la impunidad”.
Según la ONU esta normativa trae consigo siete consecuencias
graves, a saber:
• Tiende a dar píe a la reiteración de los crímenes atroces
• Puede generar más violencia, porque abre espacios a la
venganza privada
• Lesiona el sentido social de la justicia y de la verdad
• Quebranta importantes principios y normas del derecho
internacional de los derechos humanos y del DIH
• Constituye un obstáculo para el logro de una paz auténtica y
duradera
• Diluye hasta un extremo inadmisible la frontera entre lo
tolerante y lo inaceptable
• Obstaculiza el arraigo de la reconciliación.
La ONU pregunta
En este sentido, la Oficina reitera que la normativa no reúne los
elementos esenciales aconsejables para una justicia transicional que,
en tanto un instrumento para lograr una paz sostenible, logre dos
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objetivos: ofrecer beneficios para que los grupos armados ilegales se
desmovilicen y cesen sus hostilidades; y garantizar de manera
adecuada los derechos de las víctimas de los crímenes atroces
cometidos por los miembros de esos grupos.
Para una mayor eficacia en su tarea de observación, la Oficina ha
puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, del
Consejo Superior de la Judicatura y de la Procuraduría General de la
Nación una serie de preguntas sobre las medidas que estas
instituciones adoptarán para ejercer las competencias que prevé la
ley. Entre ellas, Incalcaterra menciona:
¿Cuáles dependencias del gobierno se encargarán de elaborar
y entregar la lista de personas que serán potenciales
destinatarios de los beneficios previstos en la ley?
¿Cuáles autoridades estatales van a certificar el cumplimiento
de cada uno de los requisitos de elegibilidad y en qué tiempo?
¿Qué debe entenderse por desmantelamiento de un grupo
armado organizado al margen de la ley?
¿Cómo hará el Estado para elaborar la relación de la totalidad
de los bienes producto de la actividad ilegal de las personas
procesadas?
¿Cuál será el contenido del acta de compromiso suscrita por el
desmovilizado individual ante el gobierno?
¿Cuál será el lugar de permanencia de los imputados durante
la investigación?
¿Cuáles son las acciones previstas para tomar de manera
adecuada, factores como la edad, el género y la salud de las
víctimas?
¿Cuáles instrucciones se darán a los fiscales para el buen
abordaje de los interrogatorios?
¿Cuáles criterios se aplicarán para acumular la pena
alternativa cuando con posterioridad a la sentencia impuesta
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al desmovilizado se conozca la comisión de otros hechos
punibles?
¿Qué tipo de capacidad se prevé para los funcionarios de la
rama judicial y del Ministerio Público que tendrán a su cargo
las actuaciones señaladas en la ley?
Difícil contexto político
Por su parte otra voz de la comunidad internacional, Markus
Schultze-Kraft, director Colombia/Andes Project International Crisis
Group, manifiesta preocupación sobre dos aspectos: la Fiscalía no
debe tratar de defender la ley sino de implementarla y sobre el
contexto político complejo en que surgió la ley. “El proceso empezó
con mal pie, es decir, con las negociaciones de Santa Fe de Ralito.
Esto reflejó mucha confusión hacia el exterior”, expresa.
En Europa, por ejemplo, no se ha entendido muy bien cómo se ha
llegado a esta ley. Existía la preocupación de que ésta llegaba en mal
momento, es decir, llegaba al final casi del mandato del presidente
Álvaro Uribe, mientras que se supone que su meta es la
desmovilización y reinserción de grupos armados irregulares e
ilegales. En este sentido, según Schultze-Kraft, el tiempo es un
aspecto en definitiva problemático porque el tiempo político de este
periodo se está acabando
La elaboración de la ley de justicia y paz constituye un proceso
paralelo y turbulento. “Y tampoco había, según nuestra percepción,
suficiente transparencia en este proceso legislativo, al que siguieron
muchas confusiones. Y solo para mencionar, por ejemplo, en la
reunión de Cartagena en febrero de 2005, el encuentro entre el
gobierno nacional y el G-24 donde no se sabía cuál iba a ser la
propuesta del gobierno porque al parecer existían varias versiones”.
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Además, preocupa el hecho de que la ley no debió haber salido de
una relación subordinada, sino producto de un espacio independiente.
Buscar una mirada de conjunto hacia las víctimas de los grupos
irregulares en general y el fortalecimiento de la institucionalidad
colombiana en pro de la reconciliación y el fin del conflicto a través de
los elementos de verdad, justicia y reparación, son las necesidades
imperiosas del proceso. Sin embargo, deja abierto el
cuestionamiento: ¿cómo fortalecer la institucionalidad colombiana
para el alcance de la verdad, la justicia y la reparación?
Iniciativa pionera
La ley de justicia y paz es un proyecto innovador y único. Para el
congresista Roberto Camacho, la ley 975 busca responder a las
pautas internacionales. “Esta ley es pionera y puede ser un marco
referencial para otros procesos internacionales”.
Es la primera de su tipo que se factura en el mundo para buscar un
proceso de paz con organizaciones armadas al margen de la ley de
conformidad con las pautas, no los estándares, porque esos
estándares no existen, las pautas del derecho internacional y de los
tratados que Colombia ha firmado en estas materias.
Acerca de las observaciones que hace la ONU a través de la voz de
Incalcaterra, Camacho observa que fueron todas consideradas y
debatidas en su debido tiempo cuando se hizo la redacción del
proyecto de ley. La asesoría de la ONU fue atendida en la medida en
que los propósitos de la ley se ajustaran realmente a esas asesorías.
De igual manera, se considera que la ley será útil también para
futuros proyectos de paz con las guerrillas. “En este caso las
autodefensas están en un proceso, pero esperamos que el día de
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mañana las otras organizaciones armadas al margen de la ley como
las Farc, el ELN -y ojalá sea lo más rápido posible-, también se
sometan a parámetros similares, porque hoy no pueden haber
consejos de paz simples y llanos de amnistía e indulto sino que tienen
que involucrar todos estos elementos”, sostiene el ponente de la ley.
En su opinión, no es un proceso por medio del cual el Estado,
lamentablemente, logra someter a estas personas y organizaciones
para aplicarles el imperio de la ley y la autoridad como debió haber
sido y como era lo ideal. Es un acuerdo de partes, de manera que el
primer elemento que tenía que tener la ley era su realismo, que el
supremo bien de la paz fuera real y posible dentro de los cánones
aceptables por las partes.
El senador, interpreta el fenómeno de los paramilitares como político,
haciendo uso del concepto de Estado fallido para dar explicación al
surgimiento de ejércitos paraestatales que usurpan el poder y la
autoridad como acto de defensa y autoridad. Al buscar llenar aquel
vacío histórico dejado por el Estado, el paramilitarismo se convierte
para el senador Camacho en un acto de corte político.
Sobre la posibilidad de una intervención en política de quienes fueron
miembros de grupos paramilitares, afirma que los beneficiarios de la
ley no podrían hacerlo por haber sido condenados por delitos graves.
Al final, si la ley es buena, regular o mala, se sabrá con el paso del
tiempo. Sin embargo, es importante valorar el gran esfuerzo de
declaración de derecho público en Colombia para resolver un conflicto
o una situación que le estaba haciendo mucho daño al país.
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No hay lugar a la verdad
Para Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo,
no se puede hacer justicia si no se conoce la verdad. La ley no
establece consecuencias por no decir la verdad, lo que la convierte
más en un proceso de auto perdón, es más una ley residual y es “una
especie de marco jurídico para garantizar la impunidad”.
“No habrá verdad, porque la ley -y ese fue el debate central en el
Congreso-, no establece ninguna consecuencia por no decir la
verdad; es decir, 21.800 paramilitares no tienen que decir la verdad.
La ley prevé la acumulación de penas, que no pueden ser superiores
a un máximo de ocho años. Entonces hay es un proceso de auto
perdón. ¿Sobre cuáles elementos se hará justicia y reparación si no
conocemos la verdad que posibilita hacer justicia y al no haberla no
podremos garantizar los derechos de las víctimas?”, expresa.
Califica a la ley de justicia y paz de “residual”, con relación al primer
marco legal (ley 782 y decreto 128). La ley 975 “es el marco jurídico
para garantizar la impunidad”. En últimas, la ley de alternatividad tan
sólo es aplicada a 1% de los desmovilizados. Por ello el desmonte del
paramilitarismo no parece ser viable.
La anterior afirmación se sustenta en los mismos datos de la Fiscalía:
en agosto del 2005, existían 11.414 paramilitares reinsertados, de los
cuales 2.616 lo hicieron de forma individual y 8.798 colectiva;
además de 5.005 guerrilleros. Esto da un total de 16.419 personas.
De todos ellas, a tan sólo 55 les es aplicada la ley 975, que están por
delitos diferentes a rebelión, sedición, asonada y conspiración.
En conclusión, de estos 16.400 pasarán a la ley de justicia y paz tan
solo 55, es decir, que los otros 16.400 ya están indultados, tienen
auto inhibitorio, preclusión de investigación o cesación de
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procedimiento. De igual forma -también según la Fiscalía-, de éstos
161.400 paramilitares, trece son de mando y de éstos, diez tienen
cargos por narcotráfico.
Califica la entrega de bienes de “irrisoria”, por cuanto hasta el
momento se conoce que el bloque Meta ha entregado tan solo diez
camionetas; el Libertador, cuatro vehículos, cinco motos, dos lanchas
y cuatro motores; el Montes de María, cuatro vehículos; y el que más
lo ha hecho es el Catatumbo: 105 fincas, 56 inmuebles, ocho canoas,
dos lanchas, quince motores y diez vehículos.
En síntesis para Uribe, esta ley “permite una continuidad de la
estructura paramilitar, ya que no busca detener su funcionamiento
sino hacerle una especie de reingeniería al paramilitarismo”. La
verdad, en suma, depende del reconocimiento de culpa por parte del
desmovilizado y del proceso de acogimiento de acusación.
Finalmente resalta la intención de diferentes ONG de buscar el
escenario internacional para procesar crímenes de lesa humanidad y
de guerra cometidos en el país.
Víctimas: brillan por su ausencia
Las víctimas piden, como base para un proceso de desmovilización
real y completo de desmonte del paramilitarismo. Sobre ello hay
consenso, pero también desconfianza por la eventualidad de que se
haga realidad. “Cuando nos hemos pronunciado en contra de este
proceso y del marco jurídico del mismo es porque sentimos que no se
van a desmontar los paramilitares y que estamos en un proceso de
paramilitarización del país y de la política”, observa Alirio Uribe.
Las víctimas no son tenidas en cuenta como actores fundamentales
dentro del proceso de aplicación de la ley y se les reduce a espacios y
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tiempos limitados y de poca repercusión. No son reconocidas por una
ley, como sí lo son los victimarios. Son desconocidas para la ley de
justicia y paz, en la cual tampoco se reconoce la participación de
funcionarios estatales y mucho menos el vínculo entre el Estado, las
Fuerzas Militares y paramilitares, según coinciden algunos panelistas.
Se hizo evidente la existencia de asociaciones de victimas en las dos
últimas décadas, con lo que se hace referencia a la posibilidad de
participación activa de ellas y no bajo la figura de una Comisión que
desarticula el proceso histórico de las mismas. “Las víctimas no
necesitamos que nos representen”, manifiesta el columnista Iván
Cepeda, otro de los expertos participantes en este panel.
Sostiene que estas víctimas han sido desconocidas por una ley que
tampoco reconoce la participación de agentes estatales en crímenes
de lesa humanidad. “Hasta que no se reconozca que agentes
estatales han cometido crímenes contra la humanidad será muy difícil
avanzar hacia la erradicación plena y total de las causas que han
motivado el conflicto armado y buena parte de sus daños y el impacto
de la violencia”, afirma Cepeda.
La participación de las víctimas no se resuelve en foros, sino cuando
son sujetos procesales. La ley no es un acuerdo entre las partes y no
le resta poder a los grupos paramilitares, pues “esto no corresponde
a la ley sino a la voluntad política”.
La recién creada Comisión de Reparación y Reconciliación ha tenido
un comienzo un poco en falso al señalar que auspiciará la creación de
asociaciones de víctimas. “No necesitamos que nadie nos organice
sino que sencillamente se respete nuestro derecho a existir y actuar
públicamente, eso es lo que le hemos reclamado al Estado en
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múltiples escenarios y también lo hemos dicho a los agentes de
violencia en Colombia”, manifiesta.
Un camino hacia la impunidad
La ley en definitiva no es ese acuerdo entre partes contrincantes que
después de una discusión y una negociación han logrado acordar
ciertas reglas de juego. Se ha tratado de un proceso de conciliación
logrado a través de varias etapas desde la mesa de negociación de
Ralito entre el Alto Comisionado con los comandantes paramilitares.
Para el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, constituye un
papel fundamental el concepto de dignidad de las víctimas. A través
de este proceso de discusión no se reconoce su existencia, un
elemento fundamental de la reconciliación. Se requiere que haya una
no repetición efectiva de los crímenes.
Según Cepeda, hay suficiente documentación para afirmar que no son
los agentes estatales quienes han actuado como ruedas sueltas en
convivencia con los grupos paramilitares. Hay una historia y unas
estructuras que han actuado en las últimas décadas que muestran
que estos grupos han sido una estrategia contrainsurgente. La
mayoría de los instructores de los grupos paramilitares son retirados
de la fuerza pública y en todas las estructuras de estos grupos existe
un responsable de las relaciones con el ejército y la policía.
En conclusión –según Cepeda-, en un contexto electoral, el problema
no es solamente el de la verdad, la justicia y la reparación, sino si va
a volver ha haber democracia en Colombia y que tanto los elegidos
como los electores puedan ejercer sus derechos políticos en medio de
tantos intereses y conflictos.
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Hizo entrega al Fiscal General de un informe de las organizaciones de
derechos humanos que condensa 14.400 casos en los que estarían
implicados grupos paramilitares y funcionarios del Estado.
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Panel 2
Los paramilitares y la reinserción Moderador. Rodrigo Pardo. Editor revista Semana. Ponente. Mauricio Romero. Investigador y director del centro de Estudios Políticos Internacionales de la Universidad del Rosario Panelistas - Alfredo Witschi-Cestari. Representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Alonso Salazar. Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín - Darío Villamizar. Coordinador del Programa de la Alcaldía de Bogotá de Atención a la Población Reincorporada complementario al Programa de Reinserción del Gobierno Nacional - Luis Evelis Andrade. Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia - José Félix Lafaurie. Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) - Juan B. Pérez. Asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz- Jairo Libreros. Experto en seguridad y defensa de la Universidad Externado de Colombia.
Presentación del panel El panel 2 tuvo como eje temático la discusión sobre la polémica de
los paramilitares y la reinserción, a partir de la ponencia presentada
por el investigador Mauricio Romero. El tema del paramilitarismo se
mueve entre dos polos: de una parte, están los optimistas, para
quienes el país atraviesa por un periodo de transición hacia el
posconflicto y la paz; y en el otro extremo están quienes afirman que
vivimos en un periodo de consolidación de nuevas mayorías
electorales con una alta probabilidad de que el conflicto y la violencia
se prolonguen. Expertos de diferentes tendencias y sectores abordan
estos aspectos.
1
Ponencia: Mauricio Romero, investigador
Narcotráfico vs fortalecimiento de la civilidad
El tema del paramilitarismo se mueve entre dos polos: por un lado
están los optimistas, para quienes el país está atravesando por un
periodo de transición hacia el posconflicto y la paz; en el otro
extremo están quienes afirman que vivimos en un periodo de
consolidación de nuevas mayorías electorales con una alta
probabilidad de que el conflicto y la violencia se prolonguen.
Centroamérica podría ser un referente importante para abordar estos
temas en varios aspectos:
• Inclusión política. En Centroamérica se dio un mecanismo
amplio de participación de todos los sectores sociales, que
estaba inmersa en un ambiente generalizado de reconciliación.
En el caso colombiano estas dos condiciones no se cumplen o al
menos son relativas. Ni en Centroamérica ni en Colombia hubo
ni hay un plan de reinserción como tal, puesto que este tipo de
programas por lo general son el resultado y de políticas y
prácticas procedentes del extranjero. “En el país se observa
más bien una recomposición de elites tradicionales regionales,
así como una inclusión de sectores ligados de manera directa o
indirecta con el narcotráfico, por ello se dice que los sistemas
políticos locales y la democracia están en riesgo”.
• Políticas de equidad y distribución de recursos. En Colombia la
negociación está ratificando la concentración de riqueza y
tierras por medios violentos
• Reformas en áreas de seguridad y disminución del gasto militar.
En Colombia se está privatizando la seguridad y se constituyen
compañías privadas creadas por grupos ligados a los
desmovilizados y a los antiguos jefes de las AUC. A su turno, el
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narcotráfico se constituye en un gran obstáculo para el
fortalecimiento de la civilidad.
En este panorama surgen varios interrogantes: ¿Cuál es el objetivo
de la reinserción? ¿Cómo realizar el papel de Estado en el proceso?
¿Por qué la reinserción tiene un perfil bajo en el Estado y el
protagonismo lo están asumiendo más los niveles subnacionales? ¿El
proyecto de reinserción con los paramilitares es compatible con una
concepción civilista y democrática? Todas estas preguntas quedan
plateadas para reflexionar en torno a ellas y están por responder.
El debate: reconciliación, necesidad apremiante
La reinserción ya no es un problema para mañana, es de hoy y debe
resolverse hoy. Las Naciones Unidas deben estar más involucradas en
el proceso, es imposible que el proceso siga sin su presencia, ya sea
como garantes, asesoras o verificadoras, ya que cuentan con la
experiencia y reconocimiento necesarios para dotarlo de mayor
legitimidad, en especial, en el ámbito internacional.
Alfredo Witschi-Cestari, representante residente del PNUD, dice:
“Soy de Naciones Unidas y me siento con las manos bloqueadas
porque ha habido en el contexto de los buenos oficios, decisión de
que nos alejamos de todo el proceso de negociación y de
desmilitarización. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero la
reinserción va más allá de los reinsertados”. Es un problema social
civil que concierne a la comunidad, a los colombianos en general, que
incluye a los desplazados y a las víctimas. Para Witschi es importante
contar con el instrumento que significa la comisión de reconciliación
porque si el débil tiene dificultades puede utilizarlo.
3
Witschi, en su condición de representante de las Naciones Unidas,
contribuye con su aporte en este panel de reinserción exponiendo
aspectos que desde una perspectiva internacional deben ser tenidos
en cuenta durante el actual proceso de desmovilización y reinserción
de los combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Una visión de conjunto
En general, “el proceso de reinserción parece no estar cumpliendo
con unos principios básicos de reconciliación a partir de los cuales
podría forjarse una paz más sólida: pero sin reconciliación el proceso
definitivamente fracasa”. Por esta razón la ley de justicia y paz
requiere de una serie de elementos que la complementen y con los
cuales a primera vista no cuenta, para enfrentar problemas que
hacen parte de toda la situación como el narcotráfico, la tragedia del
desplazamiento y la reparación a las víctimas.
Los cuatro aspectos que se deben tener en cuenta son: las
implicaciones sociales del proceso de inserción, de suerte qué tanto
las comunidades, los desplazados y los reinsertados se comuniquen y
reconcilien entre ellos. Si esto no sucede antes del proceso mismo, a
la llegada de la nueva gente es imposible lograrlo. “Conozco el caso
de dos corregimientos con una población total de tres mil personas en
una parte del país, que van a recibir a cuatro mil reinsertados, lo que
implica con las respectivas familias cinco, seis o siete mil personas
adicionales. ¿Cuál es el resultado de eso? La posibilidad de tres mil
nuevos desplazados”, anota Witschi.
El otro es la necesaria participación de las Naciones Unidas. En esta
dimensión se hace especial énfasis y se recuerda que contar con la
experiencia y legitimidad internacional de la ONU es clave para el
buen curso de un proceso de reinserción adelantado en Colombia
4
Es fundamental también el desarrollo de grandes proyectos de
reconstrucción y se desestima –en opinión de la ONU- la creación de
una oficina central para que administre todo lo concerniente a la
reinserción, puesto que más bien se requieren el establecimiento de
procesos de coordinación de políticas coherentes.
En cuanto a la Comisión de Reconciliación se la califica como un
organismo débil pero que ante las necesidades actuales debe ser
empleado, buscando su máximo aprovechamiento. Por otra parte, es
fundamental que el proceso amplíe su mirada y la participación de
toda la sociedad, las instituciones y la intervención de la ONU, puesto
que es una situación que compete a todo el conjunto del país
En pro de la reconstrucción del país
En opinión de Witschi, debe haber una visión de conjunto y no es
necesaria una oficina central de reinserción, porque el problema es de
competencia de todo el gabinete, no solo de uno o dos ministerios,
sino de todos y cada uno de ellos. Además, instituciones del Estado
como el Instituto de Bienestar Familia (ICBF) tienen un papel clave
en el proceso de reinserción, “entonces más que una oficina que se
ocupe de eso, tiene que haber un proceso de coordinación y de
división política que los lleve a todos a realizar su trabajo”, señala.
De otra parte, la ley 975 necesita ser complementada con otras leyes
y acciones. Tiene que ser reglamentada, y no resolverá el problema
por sí sola, porque no es más que una pequeña parte de algo mucho
más grande. Según Witschi: “Me preocupa no ver muy bien cómo los
otros elementos que constituyen el marco de operación y trabajo de
un proceso de reinserción y de reconciliación puede llevarse a cabo.
Sin reconciliación no es posible llegar a nada”.
5
La reinserción no es una parte de la solución, tiene que ir a la par con
la solución del problema de las víctimas y desplazamiento. ¿Cómo se
puede llevar a cabo una reinserción que sea coherente y que tenga
posibilidad de contribuir a la paz duradera? Es muy complicado
mientras existan cientos de miles de desplazados sin solución, puesto
que ellos también tienen que ser reinsertados.
El país debe reconstruirse, se requiere de grandes planes para ellos
con el sector privado, con todos los sectores y con la comunidad
internacional -los bancos internacionales, el Banco Mundial, la
Corporación Andina de Fomento (CAF). En este sentido, Witschi
propone negociar los fondos requeridos, buscar la factibilidad del
canje de la deuda externa que permita que los pagos se hagan a un
fondo de reparación y no a los acreedores internacionales.
Experiencia de los gobiernos locales
Tanto Bogotá como Medellín se han constituido en centros receptores
de la afluencia de desmovilizados de las AUC en proceso de
reinserción hacia la vida civil. Los dos gobiernos se han visto en la
obligación de incluir dentro de sus respectivos planes, capítulos
específicos en los cuales se trata de manera especial el tema de la
desmovilización de combatientes, en especial, en lo concerniente a
las políticas públicas que se deben desarrollar para la plena
reinserción tanto económica como social de este tipo de población.
Bogotá, todo un proceso
El Plan de desarrollo Bogotá sin indiferencia 2004-2007 creó un
programa complementario de atención para la población
reincorporada que se encuentra en la ciudad. Éste ha sufrido una
fuerte crisis durante sus seis meses de puesta en marcha con
respecto a los reincorporados que se encuentran en albergues. En los
barrios existe la sensación de que los robos, el bandolerismo y la
6
inseguridad están estrechamente ligados a la presencia de los
desmovilizados en los diversos sectores.
“Esta crisis nos ha permitido conocer la problemática de Bogotá, no
basarnos en estudios y especulaciones, sino ir directamente a los
albergues a trabajar con los mismos incorporados esta problemática”,
observa Darío Villamizar, coordinador del programa de Atención
para la población reincorporada de la Alcaldía de Bogotá.
La Alcaldía viene desarrollando programas específicos para que el
paso de los desmovilizados de los albergues a hogares comunes en
los barrios sea lo menos traumático posible y por tanto ha trabajado
para acercar la oferta distrital a los desmovilizados en una labor que
se está realizando en forma mancomunada con las alcaldías locales.
Además, en pro de una labor efectiva y positiva el gobierno local ha
motivado la participación conjunta de los cinco actores del proceso:
los reinsertados, la sociedad en general, el gobierno nacional, el
gobierno distrital y las organizaciones sociales.
En el caso del Plan de desarrollo este programa está inscrito en lo
que se llama el eje de reconciliación. Éste es uno de los propósitos
claros que tiene la Alcaldía de Bogotá para la población
reincorporada. Esto señala, de alguna manera, las diferencias
sustanciales que tiene el gobierno local con el nacional relacionadas
con la participación de desmovilizados y reincorporados en
actividades militares, así sea de manera voluntaria como lo señalan
los artículos 9 y 10 de la ley 128 o el decreto 2767 y peor aún el
artículo 11 de la ley de justicia y paz, que consagra la obligatoriedad
de la colaboración de los desmovilizados individuales para el
desmantelamiento de sus grupos y con esto tendrían derecho a los
beneficios que se les brindan.
7
De manera que hasta lo que en el momento ha sido consagrado como
voluntario ahora es obligatorio a partir de la ley de justicia y paz. “No
nos gusta que a los desmovilizados que se encuentran en Bogotá se
les lleven operativos militares, así suscriban actas afirmando la
voluntariedad de la acción. Esto conlleva problemas para ellos, sus
familias y los demás reincorporados que se encuentran en un barrio o
en una localidad y, en general, para la ciudad”.
Según Villamizar, no cabe duda de que algunos de los problemas que
se presentaron en marzo, abril, mayo e incluso julio y que llevaron de
alguna manera a cambiar la política del gobierno nacional han sido
ocasionados por motivo de retaliaciones contra personas que han
colaborado con información. La situación ha tomado tales
dimensiones que a modo de ver de la Alcaldía los incidentes
presentados en algunos albergues deben ser interpretados como
retaliaciones directas con motivo de la participación de antiguos
miembros de las autodefensas en operaciones militares.
En definitiva, la Alcaldía de Luis Eduardo Garzón se muestra contraria
a la política del gobierno nacional en lo concerniente a la participación
de ex miembros de las autodefensas en operaciones militares
adelantadas por las Fuerzas del Estado. Según el gobierno distrital
esta participación debe ser de carácter voluntario y no debe
constituirse en un requisito de obligatorio cumplimiento para que los
reinsertados puedan acceder a los beneficios económicos y de ley que
el gobierno nacional ha diseñado.
Villamizar propone la realización de un encuentro de las ciudades que
han tenido mayor afluencia de desmovilizados y de reincorporados,
tales como Bogotá, Medellín, Cali, Montería y Cúcuta. Se trataría de
evaluar la actual política de reinserción del gobierno nacional para
8
diseñar en forma conjunta una serie de recomendaciones, así como
intercambiar experiencias de los logros obtenidos.
Medellín: nnecesidad de productividad y democratización
La Alcaldía de Medellín le ha apostado al proceso de reinserción con
dos supuestos: que la mayor parte de los reinsertados puedan
transformarse en seres productivos para la sociedad desde diversos
puntos de vista no solo como obreros o empleados, sino como sujetos
de la democracia; y con la institucionalización como objetivo
indispensable del éxito de la reinserción desde el punto de vista
democrático de la ciudad. Sin la consecución de estos dos objetivos,
la Alcaldía considera que el programa fracasará de forma inevitable.
“Si cualquiera de esos dos aspectos nos falla, para nosotros el
proceso está trunco. No tiene sentido que se sigan haciendo
reinserciones si eso no conllevan al fortalecimiento del Estado en
todos sus niveles y ese es para nosotros desde el punto de vista
político y estratégico el gran desafío de todo este proceso”, expresa
Alonso Salazar, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín.
Por eso, es fundamental denunciar todo cuánto haya de irregular en
el proceso de desmovilización y reincorporación, así como aceptar
errores por parte del propio gobierno. Para que las denuncias tengan
sentido tienen que ser veraces.
Se trata de un proceso muy complejo y heterogéneo de Medellín
-opina Salazar-, es una reacción social que ha permitido a paso muy
lento una disminución de la tasa de homicidios, fortalecimiento de la
organización social y comunitaria y de una conciencia social mucho
más atada al espíritu de la Constitución de 1991 que a los
9
pensamientos intransigentes de antes de esa Carta, tanto de
derechas como de izquierdas.
El paramilitarismo encierra un conjunto de intersecciones muy
complejas de diseccionar, en las cuales está el fenómeno del
narcotráfico, el tema asociado con la lucha contrainsurgente, las
acciones de estos grupos contra sectores democráticos y de
izquierda, que la ciudad los ha vivido de manera dramática y de otras
formas extendidas de criminalidad que plantean una conjunción.
Es un deber político de la Alcaldía y de la sociedad procurar que el
proceso de reincorporación sea auténtico y sincero y si no es así
establecer las denuncias de los procedimientos y las movilizaciones
necesarias para que sea replanteado o abolido en pro de que
Colombia avance hacia un proceso de paz.
“Desde la Alcaldía hemos dicho que este proceso es insuficiente, no
sólo por todo lo que el Estado tendrá que hacer para que la paz llegue
a nosotros, sino dentro de la perspectiva de la paz y la negociación
más inmediata. Insistimos en que sin mecanismos reales de
reparación esto es un proceso absolutamente cojo”, sostiene.
El gobierno de Medellín ha apoyado de manera decidida el proceso
desde el principio de la campaña electoral del entonces candidato y
actual alcalde Sergio Fajardo. Durante su administración se ha
trabajado con relativo éxito en los programas de reinserción con los
desmovilizados de las autodefensas del Bloque Cacique Nutibara. El
número total de desmovilizados de este Bloque asciende a 864. En la
actualidad cursan 80 procesos de ex miembros de dicho bloque en la
Fiscalía General, 20 desmovilizados han sido detenidos por un
espectro muy amplio de delitos, mientras que 33 ex integrantes del
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Cacique Nutibara están en prisión por causa de delitos cometidos
antes del proceso de desmovilización.
Según las autoridades antioqueñas ésta es una muestra más de que
el proceso no se traduce en borrón y cuenta nueva y por tanto se
requiere compromiso por parte de la sociedad en general, voluntad
política para aplicar la ley y conciencia de que sin reparación el
proceso es incompleto.
En días pasados la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) adelantó un estudio sobre el proceso de desmovilización en
Medellín, con resultados en general positivos, pero con la claridad de
que no está exento de dificultades. Para las autoridades, lo esencial
es que para la sociedad se está recuperando una mano de obra de
guerra muy grande que estaba causando un gran daño.
Las minorías étnicas tienen la palabra
Existe un acuerdo general frente al hecho de que la desmovilización y
la reinserción de ex combatientes es un asunto que compete no sólo
al Estado, sino a la sociedad en su conjunto y por tanto requiere de la
activa participación de las comunidades indígenas, de las negritudes,
de los campesinos, de la academia, del sector privado, entre otros.
En la medida en que este proceso no sea lo más concertado y plural
posible, es muy poco probable que la sociedad logre reconciliarse y
por tanto fracasará de forma inexorable. Unos de los problemas
centrales que requiere de una solución inmediata, es el concerniente
a la repartición de la tierra y el acceso a ésta.
Para el representante indígena Luis Evelis Andrade, “hablar de
reinserción implica necesariamente recordar que quienes van a entrar
11
en este proceso por la experiencia que hemos vivido han generado
dolor, han generado desarraigo, han generado desplazamiento”.
En este sentido es indispensable abrir escenarios posibles para
escuchar la palabra de las comunidades, que digan qué está pasando
y hacia dónde reorientar el proceso para que el Estado tome las
respectivas determinaciones y las medidas más pertinentes en orden
a que este proceso de paz y de reinserción sea efectivo.
Ahora bien, esto no se puede hacer sin la sociedad civil. Es imposible
que se ignore el trabajo que ésta hace, por ejemplo, el papel de la
Iglesia y del sector privado que participa de la propuesta y que está
dispuesto a contribuir por su propia iniciativa.
Los desmovilizados se van a reinsertar en comunidades que existen,
por tanto las van a afectar de forma directa, tercia Witschi, entonces
es indispensable que estén involucradas en el proceso y vean su
beneficio y no necesariamente que se conviertan en receptores
pasivos y se constituyan luego en presa fácil de la situación.
Este proceso de reinserción depende de que en efecto se hagan
realidad los procesos de verdad, pero no solo referida a los
victimarios directos –quienes se reinsertan-, sino a todos a quienes
han participado de este proceso paramilitar, incluido el mismo
Estado, ya sea por acción u omisión. En este sentido, la reparación
tendrá que darse también en las dos direcciones y, en especial, debe
garantizarse el retorno de las tierras a las comunidades negras,
indígenas y campesinas desplazadas.
Al igual que otros panelistas insiste en los cuestionamientos de los
indígenas frente a la participación de ex combatientes paramilitares
en operaciones militares. “Deben abrirse escenarios para escuchar las
12
voces de las comunidades... Los derechos de los reinsertados no
pueden violar en forma directa o indirecta los derechos de las
víctimas”, concluye.
Tierras a sus dueños
Es un hecho que las comunidades indígenas, las afrocolombianas y,
en general, todas aquellas minorías étnicas que tienen asiento en el
país, se han visto afectadas por las dinámicas de la confrontación
armada que vive Colombia. Asimismo, uno de los puntos en los
cuales se hace más hincapié por parte de la mayoría de los sectores
de opinión es la necesidad de que la reparación se haga por vía de la
devolución de las tierras para aquellas poblaciones a las cuales les
han sido usurpadas mediante el empleo ilegitimo de la violencia.
Las comunidades indígenas y varios sectores de la sociedad se
preguntan si la ley de justicia y paz contempla mecanismos efectivos
para que estas poblaciones sin tierra puedan materializar su deseo de
acceder realmente a una porción de suelo. Sin embargo, otro punto
muy importante para estos grupos tiene que ver con el efectivo
desmantelamiento de la estructura paramilitar.
De manera específica, las comunidades indígenas reclaman una
mayor participación y vocería dentro del proceso que se adelanta con
las autodefensas, a la vez que denuncian graves deficiencias que a su
modo de ver tiene el proceso en lo que se refiere al retorno de las
comunidades desplazadas y las garantías para éstas, la situación de
los pueblos indígenas en un contexto de posconflicto y los derechos
de las víctimas y su vocería.
Andrade se refiere a la necesidad imperiosa de que el proceso con los
paramilitares conlleve a que las instituciones y el Estado rompan
13
definitivamente con la influencia, económica, política y social que
estos grupos ilegales han ejercido durante años.
Preocupa en suma el posconflicto, qué va a pasar con los pueblos
indígenas con relación a sus territorios y posiciones, y qué sucederá
después del proceso de paz. El proceso de reinserción y los derechos
de los reinsertados no puede obviar el derecho de las víctimas.
Sector privado y productivo
En opinión de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación
Nacional de Ganaderos (Fedegan), en su calidad de representante del
sector privado, coincide con sus antecesores en el uso de la palabra
en el sentido de que el país ha avanzado más en desmovilización,
menos en reinserción y muy poco en atención a los territorios.
De otra parte el proceso debe garantizar tres aspectos esenciales.
• Que se cumpla con lo acordado
• Que definitivamente se establezca el monopolio de la fuerza en
manos del estado
• Que se defina los temas sobre la distribución de la tierra, con el
fin de generar condiciones de desarrollo social que contribuyan
con el bienestar colectivo y la cohesión social
Falta conciencia sobre lo que sucede en las regiones. Una parte del
sector más vulnerable rural son los 403.000 ganaderos que tienen
menos de cincuenta animales, es decir, un patrimonio que no alcanza
a superar los 40 millones de pesos. Esos son la carne de cañón. Si el
proceso no se hace de forma dinámica volverán a ser presa no
solamente de los grupos insurgentes, sino de ciertos actores sociales
que inician con pequeños delitos y llegan a la criminalidad.
14
Si la sociedad no acoge a los desmovilizados en las zonas urbanas o
rurales, serán mano de obra calificada para la guerra, en manos
quizás del mayor generador de conflicto como lo es el narcotráfico.
Perspectiva del gobierno nacional
Juan B. Pérez, asesor del Alto Comisionado para la Paz, dejó en
claro los beneficios generados por el proceso de desmovilización,
sobre todo en materia de orden público. Para el gobierno es claro que
desde el inicio del proceso de negociación con los paramilitares, las
masacres, homicidios, reclutamiento forzoso –en especial, de
menores de edad- y secuestros, atribuidos a estos grupos, han
disminuido y en algunos casos desaparecido.
Según las proyecciones gubernamentales al finalizar 2005, alrededor
de 22.000 miembros de la AUC habrán dejado las armas como
resultado del proceso con esta organización y sus diversas facciones.
Ya lo hicieron 10.554. Sin embargo, aun no es clara la manera cómo
se va a financiar el proceso de desmovilización de algo más de
22.000 personas, ya que se requiere de una gran cantidad de
recursos económicos y humanos.
Es de incalculable valor que aquellos individuos que han venido
delinquiendo se reincorporen a la vida civil y a su vez hagan parte de
la dinámica económica de la sociedad. Sin embargo, esto supone un
gran reto para las autoridades debido a que si bien a estos individuos
se les debe dar una ocupación, no es serio pensar que estas personas
van a estar dispuestas a integrarse al mercado laboral en condiciones
similares a las de un trabajador que devengue el salario mínimo, es
decir, en condiciones sociales y económicas inferiores en comparación
a las que tenían antes de salir de la ilegalidad.
15
Por esta razón se han considerado programas que apuntan a
convertir a los desmovilizados en trabajadores productivos que de
manera paulatina tengan la posibilidad de constituirse en socios de
sus negocios e incluso en verdaderos empresarios.
Para el tejido social es definitiva la participación del sector privado.
Del mismo modo deben hacer parte de este proceso los campesinos
de las diversas regiones e incluso grupos de desplazados no
ocasionados por parte de los grupos paramilitares. Así mismo, el
gobierno es consciente sobre la necesidad de que se adelante un
proceso de acompañamiento sicosocial con los desmovilizados.
En cuanto a la financiación de los proyectos productivos, la nación ha
proyectado que éstos deben provenir de créditos agropecuarios y del
sistema financiero. Estos dineros serán manejados por una fiducia. La
idea es establecer al menos ocho empresas que vinculen a no menos
de cuatro mil cabezas de familia.
El origen de las tierras posiblemente otorgadas a los desmovilizados
debe ser transparente. Esto será garantizado por parte de los
organismos de control del Estado, la Defensoría del Pueblo y las
entidades oficiales mediante la creación de comités locales. Aquellos s
provenientes de los grupos ilegales a los cuales se les comprueben
problemas de orden penal no podrán ser parte del proceso.
La desmovilización de las autodefensas constituye un mecanismo que
abre las puertas a un eventual proceso de paz con los movimientos
insurgentes, en la medida en que estas organizaciones armadas han
insistido en la necesidad de acabar con el paramilitarismo, como
condición fundamental para iniciar un proceso de negociación
16
Mercado ilícito de armas
El mercado ilícito de armas generado a partir de la firma de los
acuerdos de paz en Centroamérica, lleva a un análisis sobre la
situación a la que está expuesta Colombia en esta materia al culminar
el proceso de desmovilización de los grupos de autodefensa.
Para los especialistas como Jaime Libreros, investigador de la
Universidad Externado de Colombia, el proceso con la AUC fortalece
la carrera armamentista interna y puede significar el crecimiento
exponencial en los índices de homicidios, grupos de pandillas y
aumento de grupos de seguridad privada, como sucedió en varios
países centroamericanos.
La desproporción que existe en este último aspecto en los países de
Centroamérica es evidente. Los casos guatemalteco y salvadoreño de
posguerra ilustran esta situación. En el primero, la relación es de
catorce mil guardias privados por seis mil policías, mientras que en
El Salvador la relación es de veinte mil privados por trece mil policías.
El Estado debe ser consiente de que en los procesos de paz no existe
una equivalencia entre un hombre desmovilizado por un arma
entregada y resulta evidente que en ningún ejército legal o ilegal
existe una relación de un arma por cada hombre.
El problema es tan grave que la media internacional indica que 27%
de las armas ilegales que manejan los grupos armados no se
entregan y este porcentaje alcanza 30% en Colombia. Esto significa
que cerca de doce mil fusiles, tres mil pistolas y 70% de las granadas
no serán entregados al finalizar el proceso.
De tal suerte que el mercado negro de armas en el país se disparará
con la desmovilización de los grupos de autodefensa. Este problema
17
debe ser abordado de manera inmediata por parte del gobierno
nacional, en la medida en que se tiene establecido que en sectores
como Soacha están identificadas más de novecientas pandillas todas
ellas ávidas de material bélico.
En este sentido –concluye- el papel de las Naciones Unidas podría ser
muy valioso a raíz de sus experiencias con la destrucción simbólica de
armas, el trueque armas-proyectos productivos y la participación de
sectores de la sociedad civil en los procesos de desarme.
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Panel 3 Los ex paramilitares y su participación en política
Moderador. Roberto Pombo. Editor general El Tiempo Ponente. Rafael Pardo. Senador de la República Expertos - Francisco Leal Buitrago. Docente Universidad de los Andes - María Jimena Duzán. Periodista y columnista - Juan Manuel Toro. Representante de la Federación Nacional de Concejales-Orinoquia - Carlos Alonso Lucio. Asesor político del proceso de desmovilización de Santa Fe de Ralito - León Valencia. Director Corporación Nuevo Arco Iris - Carlos Gaviria Díaz. Senador de la República - Claudia López. Investigadora y columnista Semana.com.
Presentación del panel El panel 3 aborda un candente debate sobre la participación de los
desmovilizados en política. El consenso en general de los panelistas
otorga una gran trascendencia al hecho de la intervención de los
paramilitares, reinsertados o no, en la política nacional, regional y
local, incluso muchos de ellos de manera abierta desde antes de que
se iniciara el proceso de conversaciones de paz en Santa Fe de Ralito.
Algunos además aportan al debate datos sobre lo que se ha conocido
como el mapa de “los innombrables”, es decir, su participación en el
seno de varios espacios políticos como el Congreso, las asambleas
departamentales y los concejos municipales. Se insiste mucho en la
discusión que los relevos de elites en la historia del país no han
alterado la concentración de la riqueza y el ingreso, lo cual es un
indicador de la ineficacia política de dichas elites. Y se sostiene que la
debilidad política del Estado colombiano ha sido una constante
determinante, de donde surgen los vacíos de poder que dejan espacio
a la ilegalidad y debilitan la democracia.
1
Ponencia: senador Rafael Pardo
Claridad y transparencia en los mecanismos de participación
política
Los principales puntos planteados por el senador Pardo en su
intervención se refieren a:
• Desmovilización y reincorporación. Uno de los problemas del
proceso de desmovilización es el económico, ya que se
pretende convertir en microempresarios urbanos y legales a
personas que vienen de la ilegalidad armada. Pero es necesario
encontrar mecanismos para que la gente pueda tener empleo,
pero en un contexto donde se eviten las situaciones de
desigualdad con los ex combatientes. Por ello, en los procesos y
beneficios de la reincorporación debería incluirse a los ex
combatientes del servicio militar obligatorio, una población muy
pobre y vulnerable “que debería tener acceso por lo menos a
becas y cupos que les permitan terminar su secundaria”
• Reparación a las víctimas. La ley de justicia y paz dejó vacíos
en el tema de la reparación a las víctimas. Sin embargo, aún
pueden crearse mecanismos legales de restitución de bienes,
en particular, de bienes agrícolas
• Mecanismos de financiación. Se proponen dos fuentes de
financiación adicionales a las existentes aunque insuficientes,
condenas a reparación a victimarios y presupuestos públicos
que son: canje de deuda externa con destino al fondo de
reparación para financiación de proyectos de reparación
colectivos y aportes del sector privado para estímulos de
generación de empleos para ex combatientes. Se propone una
intensa campaña de consecución de cooperación externa para
2
apoyo de estos programas y que este programa haga parte del
Plan nacional de desarrollo 2006-2010
• Participación en política de miembros de grupos paramilitares
desmovilizados. Plantea que los mecanismos de participación
deben establecerse por encima de la mesa de diálogo, no por
debajo. No tiene legitimidad colarse en listas. Por eso propuso
llegar a un compromiso expreso y un sistema de verificación
que incluye: no participar en estas elecciones pero sí en las de
asambleas y concejos del 2007, a través de una circunscripción
especial, previa verificación de la no reincidencia y de la
resolución de la situación judicial de los posibles candidatos
• Urge reconcialiación nacional. Se requiere de un programa
nacional de atención a víctimas de la violencia y a sus ex
combatientes para que pueda haber una real reconciliación
nacional. No es suficiente la atención a ex paramilitares que se
desmovilicen ni a ex guerrilleros desertores. La reconciliación
exige dar atención a las víctimas y a los ex soldados, ex
suboficiales y ex oficiales hasta el grado de teniente. Así como
un trabajo de la sociedad en general, que dependerá en gran
medida del éxito en el desarrollo de los programas con las
víctimas y a los ex combatiente. Para los ex soldados se
proponen programas de educación y capacitación, así como
terapias tanto sicológicas como físicas, con énfasis especial en
los que sufren discapacidades, en particular, pérdida de
miembros u órganos; para los ex combatientes ilegales
programas de empleo y de generación de ingresos, así como de
atención sicológica en los casos en que los especialistas los
recomienden; y para las víctimas programas de reparación
colectivos y de indemnización y restitución individuales.
3
Polémica sobre el contexto político El relevo de elites tanto de la economía como de la política en la
historia del país ha tenido una constante sin excepción, no obstante
los cambios estructurales que han ocurrido sobre todo en el siglo
pasado no se han alterado la concentración de la riqueza y el ingreso.
Sin embargo, en las últimas décadas se ha pasado de un país pobre,
rural, atrasado, a uno urbano y modernizado en términos capitalistas
dependientes. Éste es un indicador importante acerca de la eficacia o
ineficacia política de las elites. Cuando se habla de relevo de elites,
no se hace referencia a un relevo absoluto.
Por otra parte, se evidencia la constante debilidad política por parte
del Estado que ha permitido amplios e importantes espacios sociales
de ilegalidad. El corolario principal de este raquitismo estatal ha sido
la fragilidad de la tradicional democracia formal, aunque se ha
mantenido más que en otros países de América Latina.
Así, el último relevo de las elites políticas fue en la década de 1980
tras la crisis de representación del bipartidismo liberal-conservador
estimulado por el Frente Nacional. A raíz de éste, las elites regionales
inician su ascenso. En este contexto, el narcotráfico y el
paramilitarismo se fortalecen, con la complacencia de algunas elites
económicas y políticas, en particular, las rurales, de sectores
estatales y de la fuerza pública, dando paso en la década de 1990 a
un proyecto político paramilitar relativamente autónomo para
combatir a las guerrillas.
Este proyecto político fracasa en la medida en que el paramilitarismo
es controlado por empresarios ilegales que aprovechan la debilidad
del Estado, la apertura y globalización para enriquecerse sobre la
base del narcotráfico. Surgen así redes regionales que se imponen a
través de la violencia y capturan excedentes económicos. Es la
4
transformación de estos empresarios ilegales en auténticas mafias
que de alguna forma sofisticada son crimen organizado.
Nace, entonces, un proyecto político alternativo al que se le puede
calificar de “proyecto político mafioso”. No constituye un fenómeno de
movilidad social sino de legitimación de la ilegalidad. Está destinado a
controlar el Estado, que se materializa con el inicio de la negociación
con los paramilitares, la desmovilización de sus grupos, los proyectos
de ley de alternatividad penal y de verdad, justicia y reparación y la
ley de justicia y paz.
La base de este proyecto político fue la violencia, el enriquecimiento
ilícito y el desplazamiento. Es un inmenso botín económico producto
de acciones criminales, desplazamiento de población, apropiación
violenta de tierras, clientelismo armado y subordinación de las elites
regionales y la emergencia de nuevas. Es el inicio exitoso de un
nuevo y pronto relevo de las elites políticas.
Este nuevo relevo de elites es trascendental por sus implicaciones
debido a que transforma de manera estructural lo económico, político
y social. “No es simplemente un fenómeno de movilidad social, sino
de legitimación de la criminalidad e ilegalidad que al producir una
nueva institucionalidad rompería con los ya debilitados patrones
morales de la sociedad y entronizaría estructuras depredadoras muy
difíciles de desarrollar”, observa el investigador Francisco Leal,
quien a la vez se pregunta ¿cómo contrarrestar este fenómeno?
Se trata de un reto difícil, por no decir imposible. Se podría
aminorarlo o debilitarlo, a través de medidas institucionales como el
respeto por la institucionalidad; el fortalecimiento de la reforma
política de 2003; la reforma del sistema electoral y, como
5
complemento, la búsqueda de un sistema de partidos que sea
funcional a la democracia.
“Los innombrables” hacen política
Se hace evidente, aunque de una manera en cierta forma “solapada”,
el hecho de que paramilitares, y ahora ex miembros de las AUC,
intervienen en la política regional desde hace varios años.
De acuerdo con la columnista María Jimena Duzán, es importante
la intervención en política de los ex combatientes, es una opción
siempre y cuando su presencia no atente contra la dignidad de las
víctimas, se haga de manera transparente y de acuerdo con las
normas y controles que exige la Constitución colombiana.
Se advierte, la creación de una nueva clase política denominada,
precisamente por el origen de donde vienen “los innombrables”. Está
conformada por personas que no hablan claro con el país, que están
tratando de imponer sus candidatos en todas las regiones de manera
desigual a través de un clientelismo armado, que están atemorizando
a la población y que son, en gran parte, los culpables de la
autocensura de diferentes periódicos en los ámbitos local y regional.
Esta nueva elite rural construye un fenómeno narcoparapolítico, que
opera como un factor de desplazamiento de la clase política
tradicional. Por ejemplo, opina Duzán, es bastante probable que los
“caciques” tradicionales del Norte de Santander estén siendo
desplazados por el nuevo representante de esta clase política.
“Lo otro curioso es que casi todos están en las listas uribistas”,
sostiene Duzán, quien agrega que ese es otro componente de esta
nueva clase política, no porque respondan a un “uribismo” furibundo,
sino porque tienen vocación de poder.
6
Sin duda, el periodismo tiene una responsabilidad en develar quienes
son “los innombrables”, lo cual constituye un proceso largo y difícil,
porque en las regiones estas personas tienen cada vez más poder.
“Contras” de la desmovilización
El representante de los concejales de la Orinoquia, Juan Manuel
Toro, hace un reconocimiento al gobierno de Uribe Vélez por la
institucionalización o la actitud de responsabilidad en este proceso.
De igual modo, Toro acepta las dificultades del proceso de
desmovilización actual de los grupos paramilitares. “No es fácil, nada
en el país lo es, quiénes más que nosotros que estamos en las
regiones podemos reconocer lo que pasa en cada municipio. Por
tanto, de buena fe estamos totalmente inmiscuidos y predispuestos a
este proceso que se está dando”, enfatiza.
Las inquietudes de los 3.500 concejales representados por las
Federaciones en 350 municipios acerca del proceso radican en las
dificultades de crear proyectos productivos y empleo para las
personas reinsertadas, y más ahora que ingresan a este ejercicio de
empleo mil o dos mil personas, en cada municipio.
Por otra parte, en los últimos cinco años ha habido 250 concejales
muertos por causa del conflicto. “No queremos ser más víctimas de
este proceso, los concejales del país queremos ser coprotagonistas
del mismo, nos corresponde liderar la búsqueda de tolerancia política
y social sobre todo con los movimientos políticos y sociedades
regionales”, expresa Toro.
Otra inquietud de los concejales obviamente dentro del ejercicio de la
intervención en política, es el control estricto que debe haber a la
7
financiación y a la tolerancia de los sectores de derecha e izquierda
con otros grupos. Es fundamental entender la diferencia.
Pensar en el posconflicto
El afán de todo este complejo proceso de desmovilización ha dejado
olvidado un tema trascendental que es el del posconflicto. Carlos
Alonso Lucio, en su calidad de asesor político del proceso de
desmovilización de Santa Fe de Ralito, señala que “el proceso se ha
centrado en recoger listados, recibir los fusiles y pagar 358.000 pesos
mensuales a cada desmovilizado”.
De esta manera, se trata de un proceso de paz parcial que se ocupó
de la desmovilización, antes que de la reincorporación social y
formación de proyectos productivos. Es mucho más lento hacer
cultivos y proyectos agroindustriales que incorporen al trabajo a miles
de desmovilizados, que desarrollar políticas de desmovilización.
Esta lentitud deja a su paso una posible multiplicación de la
“bandolerización” y la delincuencia de los desmovilizados, teniendo en
cuenta que no hay control sobre las actividades de los ex
combatientes. Lucio propone crear un sistema de guardias rurales
para controlar aunque sea en forma temporal ese alto grupo de
personas que se está reincorporando a la violencia.
“El país no alcanza a medir las consecuencias de lo que es una
política errada de reinserción como lo ha sido hasta hoy. Es una
formulación simple para un problema tan complejo”, señala. El
Estado ha debido asumir la incorporación de los desmovilizados
permitiendo, por ejemplo, que se les diera una formación y una
disciplina militar a cargo de las Fuerzas Militares. Otro problema
determinante que ni el gobierno ni las AUC han tenido la voluntad de
asumir, es el del narcotráfico, que puede entrar en una fase de
8
“ruralización”, complicando el conflicto y la respuesta estatal. Es
posible que éste absorba a un alto porcentaje de los desmovilizados.
Además, es un proceso parcial también porque se realiza en medio de
conflictos que continúan vivos y se ocupó de la negociación con uno
sólo de los actores que hoy configuran la realidad de violencia y crisis
colombiana. La guerrilla no está en proceso de paz, el narcotráfico
continúa funcionando y continúa además con un proceso de
“ruralización” de los carteles.
Lo grave de toda esta situación es tener miles de personas recién
desmovilizadas sin saber qué están haciendo, qué ocurre cuando
reciben el cheque mensual, a qué se dedican, cuál es su
preocupación. De allí puede derivarse la multiplicación de la
delincuencia en regiones enteras del país. No solo está la
preocupación que ha expresado el gobierno nacional y muchos
sectores de la opinión respecto a que estas zonas que han sido
desalojadas por la desmovilización de las organizaciones
paramilitares sean retomadas eventualmente por organizaciones
guerrilleras, sino que al interior de esas mismas zonas se
multipliquen de forma salvaje los índices de delincuencia común.
Para Lucio el paramilitarismo es más un fenómeno político que una
organización política por lo que no considera viable la creación de un
solo partido. El punto de unión fue la lucha antiguerrillera. Pero sí es
un fenómeno regionalizado, federativo, con independencia entre los
bloques, sin una identidad política. “Otra cosa es que puedan tener
una incidencia alta en la actividad política regional, ejerciendo de
manera oficial unos derechos políticos que han asumido, de hecho, en
la clandestinidad. Es más preocupante garantizar el pluralismo y los
derechos políticos de las demás fuerzas en las regiones dominadas
por el paramilitarismo; son regiones en donde la violencia está
protagonizando la política”, concluye.
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En síntesis, no hay en este momento una política que garantice una
reinserción efectivamente para los veinte mil desmovilizados que se
completarán a diciembre de 2005. Los proyectos productivos que está
impulsando el gobierno, son mucho más lentos que la realidad en
seguridad que puede venir a azotar esas regiones a muy corto plazo,
y desde el punto de vista de la actividad política no se puede olvidar
que hoy al margen de los paramilitares y del proceso de paz de Santa
Fe de Ralito la violencia está protagonizando la política misma. Se
requiere que hagan una política de cara el país.
No hay justicia sin reparación
Para el senador Carlos Gaviria, esto le causa gran preocupación, en
especial, en vista de lo que se podría llamar la reconstrucción de una
sociedad pacífica y democrática. “Veo muy compleja la situación y
demasiado lejana la posibilidad de que esto ocurra”, observa.
Justicia y paz es una ley de cumplimiento de promesas electorales, es
evidente que las autodefensas, en concepto de Gaviria, apoyaron al
doctor Uribe en su campaña y en su proyecto y lo han hecho a
cambio de que él les haga grandes concesiones y éstas se han hecho
de qué manera y a mi modo de ver a costa de la sociedad colombiana
Gaviria no acepta que el paramilitarismo sea un delito político. Los
paramilitares han incurrido en delincuencia común. “Se puede pensar
que estoy incurriendo en una contradicción porque fui ponente de la
ley 782 que autorizó al gobierno a conversar, a dialogar, a negociar
con los paramilitares y lo hice a conciencia y paciencia de lo que
hacía, porque siempre he pensado que en Colombia la paz hay que
buscarla por esa vía, no únicamente por razones axiológicas sino
incluso pragmáticas. Es la única vía que puede llevar a la paz”.
Es importante la desmovilización de estos grupos porque desde luego
acordaban la terminación del conflicto, no de una forma tan optimista
10
como que aportaban a la paz, pero sí a una etapa de terminación del
conflicto. Sin embargo, la ley de justicia y paz “pone de presente toda
la tradición de injusticia del Estado colombiano, que ha sido
tradicionalmente injusto”. Esta ley va a crear sin duda situaciones
irreversibles, por ejemplo, en materia penal, aunque no en cuanto a
la reparación. Cuando las víctimas queden sin reparación, cuando
haya que repararlas es vergonzoso lo que se establece en esta ley.
En este sentido, el senador cita dos despropósitos: cuando alguien
adquiere una deuda en función de un contrato o en virtud de una
culpa extra contractual, todo el patrimonio de esa persona responde
por la deuda. Sin embargo, en esta ley se les exige a los miembros
de las autodefensas que aporten a un fondo para la reparación de
víctimas los bienes adquiridos de forma ilegítima. Pero aquellos
adquiridos así no les pertenecen y por tanto no es un aporte de ellos.
En segundo lugar, darles tratamiento de delincuentes políticos y
sediciosos es un exabrupto porque la sedición, de acuerdo con el
Código Penal, se da cuando los que mediante el empleo de las armas
pretendan impedir el libre funcionamiento del régimen constitucional
o legal vigente incurrirán en prisión de dos a ocho años y multa de
cincuenta a cien salarios mínimos. “¿Cómo es posible que se
construya una realidad a contramano de la realidad verdadera? El
derecho puede a menudo valerse de ficciones, pero esta ficción
desborda toda la capacidad que pueda tener un legislador para actuar
de ese modo”. Se le da al paramilitarismo la calidad de movimiento
contraguerrillero, pero si lo fuera, no sería político. Los delitos que se
cometen en función de ellos son políticos, porque tratan de cambiar
la sociedad en función de otra mejor.
Está claro que como grupo contraguerrillero pretendían que la
guerrilla no lograra sus propósitos o en el mejor de los casos
11
defenderse de ella, atentando contra los bienes de los poseedores de
tierra en el campo. Por tanto, por eso se les llamaban movimientos
de autodefensa, pero cuando uno se defiende de una agresión no
está incurriendo en un delito político sino en uno común.
El punto más sensible de toda la discusión es el de las víctimas.
Mientras no se les halla indemnizado y reparado, no se sepa quiénes
son los victimarios y éstos hayan pagado una pena proporcional en
función de la paz que pueden aportar con la desmovilización, no
habrá justicia. Es evidente que hay que darles un tratamiento más
benévolo, pero no cuáles delitos, que en el Código Penal tienen penas
de hasta cuarenta años se paguen con una pena de cinco años. Es sin
duda, termina Gaviria, “un proyecto de largo alcance autoritario, que
sustenta el statu quo en Colombia”.
El paramilitarismo ganó la guerra
La Corporación Nuevo Arco Iris, en cabeza de León Valencia, ha
hecho un minucioso seguimiento al fenómeno paramilitar y a las
negociaciones durante año y medio con el patrocinio del gobierno
sueco. Grupos de investigación en ocho regiones clave del país donde
está el fenómeno paramilitar han logrado un trabajo académico, serio
e independiente, que ha arrojado las siguientes conclusiones.
El país debe aceptar que los paramilitares en el norte del país, en el
nororiente, en Antioquia ganaron una guerra a los actores armados.
De una guerra, no se sale a la democracia. “El que gana la guerra
impone las condiciones. Le ganaron la guerra a la democracia, a los
derechos humanos, a la Constitución de 1991 y a la elite que surgió
con Gaviria en los años noventa”, asegura Valencia.
Por otra parte, los estudios mencionados concluyen que estos grupos
cambiaron el mapa político de estas zonas de una forma drástica, no
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leve. Valencia muestra que las alianzas políticas se transformaron en
departamentos en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, César,
Guajira, Antioquia; además de Arauca, los Santanderes y Casanare.
El país asiste a una recomposición de la vida política nacional, explica
Valencia, la desmovilización de los paramilitares será parcial ya que
no se han dado todas las variables que ellos exigen, la más
importante de ellas, la derrota militar de las Farc. Ante esta realidad,
la batalla de la sociedad colombiana debería empezar a buscar una
transición democrática de las regiones, ganar pluralismo frente al
mando único y a la dictadura de un actor armado. “Lo malo no es la
participación en política, sino la ausencia de pluralismo; hacen política
con armas que racionalizan y fortalecen los cacicazgos”.
Paramilitares: dueños del mapa político
Otra investigación sobre el tema de la penetración política paramilitar
en el país, cuyas fuentes corresponden a la Oficina de Derechos
Humanos de la Vicepresidencia de la República, la Registraduría
Nacional del Estado Civil y la Policía Nacional, arrojan conclusiones
contundentes acerca del tema.
La investigadora y columnista de Semana.com, Claudia López,
presenta este estudio, que además refleja un atípico proceso de
consolidación política en las elecciones de Congreso de 2002 y de
mandatarios locales de 2003, tras la toma paramilitar de ciertos
territorios.
¿Cuál fue la estrategia política? Entre 1998 y 2003, los grupos
paramilitares, y algunos sectores de las clases políticas regionales,
formularon y aplicaron una estrategia de consolidación política y toma
del poder que se vio materializada entre 2002 y 2003, y que había
sido precedida por una ola de masacres (éstas aumentaron en
664%), homicidios selectivos y desplazamiento forzado. La estrategia
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se basó en la creación y asignación de “distritos electorales”, no
oficiales, donde se designaron los candidatos que debían ganar. Ello
en alianza con la clase política tradicional. Los departamentos en
donde ha sido más contundente este fenómeno son: Magdalena,
Antioquia, Santander, Bolívar, Boyacá, Córdoba, César y Sucre.
A través de numerosos gráficos fundamentados todos ellos basados
en datos oficiales de la Registraduría Nacional y la Vicepresidencia de
la República, la investigadora muestra la relación entre masacres,
homicidios y la toma paramilitar de ciertos territorios. Tras estos
fenómenos, siguió la posterior “toma política” con alianzas con
políticos tradicionales y nuevos hacia la consolidación del control
territorial. En algunos casos incluso con candidatos únicos.
En las regiones mencionadas, los candidatos lograron “saltos
olímpicos” en el número de votos entre una elección y otra, y llegaron
a “conquistar” hasta 95% del total de la votación en ciertos
municipios. Frente a los hechos, López plantea que la sociedad
colombiana debe entender y enfrentar la situación, de un modo que
le permita buscar mecanismos reales para fortalecer una democracia
debilitada. Propone, entonces, que los políticos involucrados en esas
alianzas se sometan a la ley 782 y reciban indulto político de manera
que se “revinculen” al ejercicio democrático legal.
En conclusión, queda en el ambiente pesimismo y la sensación de que
de este proceso político no se puede esperar nada. Según Gaviria,
existe un proyecto político autoritario y los paramilitares
desmovilizados o reinsertados van a servir sin duda ese proyecto. En
este sentido, lo “limpio”, “honesto” y “deseable” sería que hubiera un
partido que se llamara por su nombre o que confesara sus propósitos.
Es muy difícil pensar en una competencia en igualdad de
circunstancias con personas de esta naturaleza, que no se han
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desarmado y por tanto habría que competir con personas que
mantienen intacto su patrimonio y además sus armas.
Fondo de reparación colectiva para las víctimas
Como parte fundamental de las conclusiones, el senador ponente
Rafael Pardo, reflexiona sobre la necesidad de hacer una nueva ley
que mejore el tema de reparación en términos de equidad y de que
no sea aleatoria la reparación.
La ley 975 no tiene un procedimiento de restitución de bienes, uno de
los puntos medulares de la acumulación de poder político en las
tierras donde los paramilitares dominan, “no solamente dicen por
quién votar, sino van a las fincas y dicen véndame la finca usted, y
mejor así no negociamos con su viuda. Y así se han apropiado de
millones de hectáreas”. Si hay restitución, se puede plantear que se
genere un fondo importante de reparación colectiva para las víctimas,
a la comunidad internacional y a los contribuyentes colombianos.
Las leyes para desmontar organizaciones criminales tienen que tener:
una dosis suficiente de castigo, una dosis suficiente de incentivos y
una recompensa social por lo que va a ocurrir.
La ley de verdad, justicia y reparación tiene una dosis inmensa de
incentivo, o sea un perdón judicial descomunal a cambio de muy poco
castigo -sí hay cárcel pero no hay elementos que introduzcan
proporcionalidad frente a las penas- y casi cero de recompensa social,
porque no va haber paz completa, no podrá darse un desmonte pleno
de las organizaciones armadas y no habrá una ampliación de la
democracia y las libertades.
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Panel 4
Discusión y conclusiones
La posición del gobierno: José Obdulio Gaviria
En representación del gobierno, el doctor José Obdulio Gaviria,
asesor de la presidencia, acompaña el cierre del foro y responde a
los cuestionamientos de los asistentes. Este panel contó con la
moderación de la periodista Judith Sarmiento, de Caracol radio.
Queda la preocupación de si realmente la ley de justicia y paz
será el fin del paramilitarismo. La mayoría de los panelistas
consideraron que no, que al contrario lo que estaba propiciando
era una paramilitarización mucho más profunda de la sociedad y
política colombiana. Incluso Amerigo Incalcaterra entregó un
documento en el cual se consignan las preocupaciones de las
Naciones Unidas frente a esta ley porque no estimula el logro de
acuerdos colectivos, le da el mismo peso a la desmovilización
individual que a la colectiva, convierte el paramilitarismo en un
delito político, no se refiere a funcionarios públicos implicados
como autores o cómplices dentro de acciones paramilitares y no
asegura una verdad real.
José Obdulio Gaviria. Acerca de si la ley pondrá fin al
paramilitarismo, es una mala pregunta. La ley simplemente es un
instrumento, acompañado de unos procesos. Colombia está
viviendo un proceso enmarcado en la seguridad democrática que
tiene por objeto que todos los colombianos podamos vivir dentro
1
de una estructura social que tenga una gran incidencia estatal, es
decir que el ejercicio firme de la autoridad esté monopolizado por
las instituciones, por la fuerza policiva.
Cuando se habla de desmovilización de organizaciones ilegales se
hace referencia al secuestro, homicidios, extorsiones, destrucción
de infraestructura y pérdidas de la comunidad en donde esas
organizaciones están presentes. El hecho de que exista un
sufrimiento grande y extenso de las comunidades lleva a una
política de corazón grande en el sentido de que es bueno que se
desmovilicen, que se les dé una oportunidad a más de 50.000
compatriotas alzados en armas, que actúan en organizaciones
ilegales. Ese el propósito de la ley dentro de los llamados
estándares internacionales.
En el desarrollo de la sociedad y del derecho penal también se
establece la figura del perdón y la atenuación del espíritu de
venganza o el cobro de los delitos de sangre hasta llegar en
ciertos momentos a un equilibrio en donde la pena tenga un cierto
equilibrio. Esa es la tendencia universal o lo que llaman
estándares internacionales y dentro de éstos una pena alternativa
para quienes estuvieron secuestrando, matando, extorsionando y
torturando, puede ser una buena salida al problema social que
eso implica. Esa es la ley de alternatividad penal.
Esta ley, de ninguna manera, pone fin al paramilitarismo, al ELN
ni a las Farc. Sin embargo, constituye un buen instrumento para
que esas organizaciones se rediman dentro de unas penas
2
alternativas. Se están hablando de más de 19.000 compatriotas
acogidos por ella. La ley es universal puesto que obra para
cualquier organización que esté alzada en armas ilegal y pueden
acogerse a ella y de hecho lo están haciendo, en forma individual
o colectiva como ha está sucediendo con las autodefensas.
La ley tiene una característica de equilibrio gracias al propósito de
la paz y la no impunidad. El hecho de que los paramilitares se
desarmen, entreguen sus fusiles, se quiten sus ridículas gorras y
vestidos militares, y dejen de extorsionar, ¿cómo va a verse como
una profundización del paramilitarismo? Otra cosa es que sus
estructuras económicas enraizadas y unidas al narcotráfico y
secuestro persistan. Ese no es ya un asunto particular de la
fuerza pública y un gasto de la sociedad en su conjunto, sino un
tema que corre por cuenta de la Fiscalía General de la Nación.
¿Hasta dónde la ley sirve de legitimadora de un proceso político
que empezó hace tiempo? Claudia López presentó cifras de
votación de personas abiertamente vinculadas al paramilitarismo,
que obtuvieron más de 70% en los municipios donde antes no
habían hecho política, y que por esa vía empezó a incrustarse en
la sociedad el fenómeno con un componente de cultura mafiosa
que está reemplazando a la dirigencia política tradicional.
JOG. La política de seguridad democrática supone acabar de
forma absoluta con el paramilitarismo, guerrilla y narcotráfico. El
fenómeno de las organizaciones armadas que generaban un poder
paralelo al de los políticos corruptos elegidos por unanimidad y
3
con candidatos únicos, desaparecerá en las próximas elecciones.
Esta es una tarea no solamente del gobierno sino del conjunto de
la sociedad porque la seguridad democrática compete también a
cooperantes, fuerza pública, rama judicial y políticos.
No hay ayuda internacional porque se ha pedido que no la haya.
Cuando se hable de los procesos de reinserción y reconciliación se
debe pensar en los miembros de la comisión creada por el artículo
51 de la ley. A partir de su conformación y luego de que se
establezca el mecanismo de selección de los dos miembros de las
víctimas, el papel del ejecutivo será secundario.
Ellos comenzarán a fijar las políticas básicas de los grandes
temas: verdad, justicia y reparación. Eduardo Pizarro, presidente
de la comisión, ha dicho que no es propiamente una comisión de
verdad en el sentido estricto de la palabra, pero si es lo que más
se parece a una en Colombia, incluso su papel puede ser superior
al que hicieron el padre Camilo Torres, Monseñor Guzmán y
Orlando Fals Borda con respecto al tema de la violencia en
Colombia en la década de los 50, y a la comisión creada por el
Presidente Alberto Lleras en 1962.
Se recoge por parte del auditorio un sentimiento pesimista,
inquietudes sobre el proceso, se dijo por ejemplo que la guerra
contra el paramilitarismo se ha perdido y más la Constitución de
1991. ¿Hasta dónde se está consolidando un acuerdo de paz que
reconoce la realidad de una guerra perdida y que por consiguiente
tiene una fuerte influencia de los conceptos de los ganadores?
4
JOG. En primer lugar, el Estado o por lo menos el que dirige el
Presidente Uribe no hace la guerra y no piensa en términos de
guerra, simplemente ejerce sus funciones, en particular la del
artículo 2º de la Constitución.
El paramilitarismo dejó una guerra perdida en el sentido de que
perdieron miles de vidas, bienes, recursos y oportunidades e
implantó un régimen de terror en ciertas regiones como Urabá,
Medellín en la época de Fidel Castaño, así como la supresión de
miles de dirigentes de la UP, entre otros. En ese sentido claro que
es una sociedad que perdió muchísimo.
Hay un planteamiento en cuanto a que la desmovilización de los
aparatos militares del paramilitarismo no va a ser total porque se
metieron en este proceso con la convicción de que el gobierno de
Álvaro Uribe le ganaría la guerra a las Farc y como no ha sido así,
han decidido no crear un partido o movimiento político. No
mantendrán las actuales estructuras de pode, sino que las
continuarán con sus alianzas. Es decir, no se desmovilizan del
todo porque no se acabó la razón de su existencia: las Farc.
JOG. Seamos realistas. Es errado pensar que el paramilitarismo
es un partido político. Son ejemplos aislados. No van a dar un
brinco frente a ninguno de los movimientos políticos existentes en
el país. En segundo término, es cierto que el objetivo de la
formación de las autodefensas fue enfrentar a las Farc, al ELN y
al EPL en su momento.
5
Este gobierno está decidido a enfrentar el tema. En octubre hay
16.000 nuevos soldados, se están preparando 10.000 policías
más, se hace un esfuerzo fiscal enorme para tener seguridad, se
va a comprar y alquilar una gran flota de helicópteros y aviones.
Se trata de un tema de atención inmediata.
Es necesario entender que esa “ayudita” de las AUC era una mala
ayuda. Por ejemplo, ¿por qué las AUC que invirtieron tanto tiempo
y dinero a la zona norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, la
convirtieron en un infierno? Igual por ejemplo en la zona del
Catatumbo. De manera que el que se desmovilice en las AUC,
libera fuerzas estatales para seguir persiguiendo con más interés,
intención, espíritu y pasión a las otras organizaciones ilegales.
Más allá del debate sobre lo que está pasando en cada una de las
regiones colombianas, el mensaje que envió el fenómeno
paramilitar en muchas regiones del país fue el de manera de
hacer las cosas por la fuerza. Hay muchas zonas donde los
jóvenes reciben el mensaje de que si se organizan en un grupito
para matar, asesinar y quitarle a las personas su propiedad, van a
tener éxito. Ese es el modus operandi del paramilitarismo. ¿Cómo
contribuye la ley de justicia y paz a que una generación joven
reciba el mensaje de que en Colombia es posible confiar en que el
día de mañana no va a llegar una persona armada y lo va a sacar
a uno de su tierra si uno no tiene un ejército propio?
6
JOG. La ley de justicia y paz es un instrumento de la política de
seguridad democrática, que es la que da la garantía de ello. Tuvo
que resolver temas como el siguiente: se ha recuperado la
situación de 317 municipios cuyos alcaldes huyeron amenazados
de muerte, y la de otros 300 sin un sólo miembro de la Policía
Nacional ni soldados en los cascos urbanos de las ciudades
capitales. Hoy la totalidad de los alcaldes están haciendo el
trámite de sus asuntos administrativos desde la cabecera
municipal, todos los municipios tienen un comando de policía con
funcionarios. El gran mensaje que tiene que dar la sociedad es
que recupera y es capaz de tener la presencia y el monopolio de
la fuerza por parte del Estado, que el delito no paga, que la
suerte tarde o temprano de las organizaciones criminales es la
cárcel o ser dados de baja.
La ley de justicia y paz al fin y al cabo ya es ley. Está claro que
existe buena voluntad para la desmovilización, pero hay una
pregunta que inquieta mucho a todos los colombianos: ¿Qué
vamos a hacer con los desmovilizados hacia el futuro? Porque el
paternalismo de Estado parece que tampoco va a funcionar como
se observó en el barrio Teusaquillo de Bogotá, donde la
desocupación de los reinsertados se convirtió en una bomba de
tiempo. Antes que desmovilizarlos, se debe pensar hacia dónde
van a ser conducidos porque si empuñaron las armas en contra
del Estado es porque un día se vieron abandonados por éste.
JO. El redimensionamiento y la redireccionalización del proceso
queda en manos de la Comisión y de su director Eduardo Pizarro.
7
Es interesante el caso de Medellín, allá se cometieron errores muy
graves al principio y luego de un gran proceso de estudio con más
de veinte sicólogos y sicólogas, abogados y expertos en materias
que incumben al tema, se acentuó la educación. Hoy
prácticamente 80% de los reinsertados del bloque han entrado a
procesos educativos, unos universitarios en el Sena e incluso
algunos en formación escolar porque eran muy jóvenes y no
tenían ni siquiera el bachillerato.
Carlos Alonso Lucio, asesor político de las autodefensas dice
que hoy hay miles de desmovilizados con los cuales no hay un
contacto más allá del pago de su cheque mensual, los cuales
podrían estar en la delincuencia y bandolerismo seducidos por
otros actores armados. En ese sentido, ¿sería necesaria la
existencia de una oficina central de reinserción que dé un manejo
más estatal y ofrezca una política más coherente que permita que
una vez desmovilizada la gente y entregadas sus armas no
queden a su suerte esperando unos proyectos productivos lentos?
JOG. Que la comisión trace las políticas y que haya un Alto
Comisionado o una oficina casi que de rango ministerial porque se
está hablando hoy de 20.000 personas y si se logra un proceso
con el ELN podrían ser 23.000 o 24.000.
Pero eso ¿se ha considerado la posibilidad de crear esta oficin?
JOG. La llegada de Eduardo Pizarro León Gómez, Jaime Jaramillo
Paneso, Ana Teresa Bernal, Patricia Buriticá y el padre Nel Beltrán
8
ha cambiado por completo el nivel de debate interno sobre el
tema, puesto que ellos tienen no solamente una gran sabiduría
sino que su elevado nivel, prestancia y su función de seguimiento
y verificación hace que el futuro inmediato de ese proceso se
tenga que transformar.
Hizo énfasis en que el gobierno tiene la política de seguridad
nacional, dentro de este esquema ha habido detenciones masivas
de casi 7.000 de las cuales 5.500 personas quedaron libres
porque no se les pudo vincular de ser auxiliares de la subversión.
La ley de justicia y paz deja a un lado efectivamente que haya
verdad, justicia y reparación y se dice que para construir la paz
es necesario sacrificar el principio de la verdad, “que haya justicia
procesal” y reparación, que el pueblo colombiano tenga que
meterse la mano al bolsillo para que haya reparación porque los
paramilitares muy poco van aportar a ella. En todo este proceso,
se ha desconocido el papel de las víctimas porque la comisión no
representa su voz. Ellas han dicho con claridad que a nadie le
ceden la palabra y que no se sienten representados por nadie ni
siquiera por la Comisión, ¿cómo se puede construir un proceso de
paz “cuando los paramilitares siguen cometiendo atrocidades”,
cuando en Ciudad Bolívar hace quince días hubo una marcha y
hoy denunciaron 16 asesinatos?
JOG. El tema de las víctimas lo traslado a Eduardo Pizarro, Jaime
Jaramillo Paneso, al padre Nel Beltrán, Ana Teresa Bernal y
Patricia Buriticá con el objeto de que no solamente tengan en
9
cuenta su aseveración sobre que las víctimas no quieran
representarse en esa Comisión, sino también que no van a ser
oídas. La primera afirmación de Eduardo ha sido que ese es el
objetivo principal: oír y buscar los mecanismos viables dentro de
la estructura real de la sociedad colombiana para su reparación.
Reparación que incluye no solamente una satisfacción económica,
sino también moral.
Se va a oír a las víctimas, pero Colombia va a oír la verdad de lo
que hicieron los paramilitares en este país. El Fiscal habló de que
muy posiblemente se apuntaría a una verdad procesal, pero si la
Fiscalía no tiene nada que acusar, como muchas veces ha pasado,
no habrá posibilidad de que esta gente le diga al país la verdad, a
sabiendas de que apenas van a pagar a lo sumo ocho años de
cárcel al menos que cuenten todo lo que hicieron.
JOG. El objetivo venganza, propósito de la ley penal, queda en
manos de los jueces para que no sea un círculo vicioso de acción
y reacción. No creo en la bondad, valor y altura moral de ninguno
de los alzados en armas hoy en Colombia, han abandonado
incluso los propósitos iniciales de la lucha política y desde 1991
tienen cada vez más la característica de bandas organizadas por
el crimen. En consecuencia, lo ideal sería que la propia autoridad
investigativa tuviera un gran expediente sobre cada uno de estos
señores, parece que no ocurre así, eso es una realidad, no se
puede esperar de ellos confesiones por espíritu práctico puesto
que si después los pillan, les pasa lo que a los Rodríguez que
terminaron sometidos a nuevos procesos en el exterior.
10
Cuando se dice que la Comisión no es de la verdad, se aclara que
trabaja todavía en medio de unas difíciles situaciones de
seguridad puesto que hay dos organizaciones armadas que
continúan actuando. El que se lograra develar los crímenes
cometidos por las llamadas “elites” es un asunto del conjunto de
la sociedad: de Asonal Judicial, la policía, las organizaciones de
inteligencia, el ejército y los cooperantes.
Por ejemplo, no entiendo por qué cuando una persona comete
crímenes, no es acusada con la autoridad judicial a través de un
sistema de protección de testigos. Esto lleva a la impunidad, no
es un solo problema del Estado sino del conjunto de la sociedad.
¿Cuál es la radiografía del gobierno nacional sobre lo que está
sucediendo en la región del Catatumbo y cuál sería la solución o
perspectiva que se tiene para salir de esa situación?
JOG. No me siento capaz de contestar esa pregunta. Se trata de
una situación muy delicada y grave en la que confluyen las
acciones de las tres organizaciones armadas ilegales o criminales,
el desplazamiento ha sido terrible y está totalmente copado por
coca. El Estado está tratando de hacer todo lo humanamente
posible por remediar esa situación que es de máximo
exacerbamiento criminal.
Preocupa que no aparece para nada la responsabilidad del Estado
en la ley de justicia y paz. Hay muchos casos de víctimas de
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crímenes de Estado que han tenido que salir del país porque los
paramilitares que actuaron en convivencia con la fuerza pública
fueron exonerados por la justicia. Son muchos los casos de
personas amenazadas por pedir la justicia legítimamente,
inclusive miembros de la rama judicial que en el cumplimiento de
sus funciones han sido amenazados. Entonces, el problema de
una ley como ésta es que no aparece para nada el Estado
involucrado en la convivencia, complicidad y órdenes dadas como
autores intelectuales de muchas masacres, desplazamientos,
torturas y desapariciones forzadas.
A las víctimas siempre se les ha mostrado ante la opinión pública
como un sector de personas vengativas haciendo alusión a la idea
de que se pide justicia como venganza. Tienen todo el legítimo
derecho de pedir la verdad, la justicia y la reparación sin ser
mostrados como enemigos de la paz o gente rencorosa, llena de
odio que busca la polarización. Una ganancia sería que la
sociedad escuchara a las víctimas, oyera denuncias como lo de
Mutatá de boca de los propios campesinos desplazados.
JOG. Crímenes de Estado, ese es un tema grueso. En
determinados momentos en Colombia hubo crímenes de Estado.
En el caso concreto de la política de seguridad democrática, el
ejercicio de la transparencia y control no solamente social sino
político y judicial es absoluto. Ojalá no se cuele ni un sólo crimen
dirigido, orientado o presenciado por funcionarios del Estado.
Pero el hecho mismo de que usted hable como habla, de que el
Consejo de Estado con todas las deficiencias y limitaciones y
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particularmente con lentitud considere uno por uno esos crímenes
como fallas en el servicio demuestra que no son crímenes de
Estado sino crímenes cometidos por miembros del Estado, fallas
del servicio por ejemplo en los crímenes cometidos por algunas
organizaciones de policías en retenes, actos de patrulla del
ejército, entre otros. En esos casos, quienes deben responder son
las personas que investidas de poder estatal actúan no como
funcionarios del Estado sino como criminales.
Eso es un debate que queda a fin de saber si hay
responsabilidades estatales, y éstas implican también el pago de
unas indemnizaciones que se tasaran de común acuerdo según se
está avanzando por la vía de la conciliación.
Iván Cepeda, interviene: “Más que una pregunta es aterrizar en
la realidad de las cosas y bajar de esa retórica, a la cual nos tiene
acostumbrados el gobierno. Estuve en Mutatá y me encontré con
la siguiente situación. En el pueblo está Hermógenes Maza que es
el segundo al mando del frente Hermes Cárdenas y está protegido
por el jefe de la policía quien le sirve de escolta personal. El
ambiente del municipio es muy difícil porque existen unas reglas
impuestas por este señor de que cualquier persona que no esté
dentro de un perímetro, la desaparecen. Sale uno de Mutatá y a
cinco minutos hay un retén paramilitar en el cual me sorprendió
ver a varios de estos hombres con civiles, uno de ellos tenía una
pañoleta de una unidad contra guerrilla del ejército y hubo que
pagarle un retén, ellos son los que controlan ahí y uno les paga
por el beneficio y por el bien de la región. Los cultivos de palma
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son del mismo señor. ¿Y usted me dice que allí el ejército tiene
presencia y controla la situación? Le pediría el favor de que
hablemos sobre hechos reales, sobre la evidencia de lo que
estamos viendo. Ahí no hay ningún control, hay una convivencia
franca entre un grupo de paramilitares, la policía, el ejército y las
empresas palmicultoras que han desterrado mediante la
‘operación génesis’ a los campesinos que vivían en esas tierras y
a una comunidad afrodescendiente que gracias a la ley 70 de
1993 tiene derecho sobre ese territorio comunitario. Luego vienen
las Farc, hacen un operativo ahí y el gobierno reacciona frente a
eso. Eso es lo que está pasando con la ley de justicia y paz, no es
que no vaya acabar con el paramilitarismo es que no le va a
restar el poder que tiene el fenómeno”.
JOG. Tomo nota. Me parece que es una acción criminal de ese
señor y del jefe de la policía. No estoy diciendo que acepto su
acusación. Debe hacerla de manera directa al Fiscal. Me parece
gravísimo que una región llamada a ser de paz y convivencia
esté siendo sometida al oprobio de tener ese poder que usted
manifiesta, que un señor que rememora ese nombre terrible del
peor criminal de la época de la independencia también entronice
un poder igual de borrachín matón en una zona tan importante.
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