Fortaleciendo el Desarrollo argentino · y financiamiento a PYMES, que no se conocen, no se...

Fecha: 10-may-11 Página: 1

Fortaleciendo el Desarrollo argentino Memorando

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011


Memorando de Políticas para Fortalecer el Desarrollo argentino

Síntesis Ejecutiva

El crecimiento sostenido que por noveno año consecutivo logrará la economía

argentina abre un horizonte de oportunidades para imponer un modelo de desarrollo

con inclusión social, basado en un sector productivo eficiente y competitivo que

derrame empleo, riqueza y bienestar.

Pero ese camino, por el que transita la Argentina desde el año 2003, requiere de un

conjunto de acciones inmediatas como:

1) Continuar con la Política de Administración del comercio exterior: la aplicación

de licencias no automáticas a la importación de productos sensibles está fortaleciendo

la producción nacional, evitando el desplazamiento de productos fabricados por

pequeñas y medianas industrias, y preservando actividades donde se concentra 43%

del empleo industrial. Por esta medida, en 2010 y 2011 se habrán sustituido

importaciones por más de US$ 11.000 millones, dando lugar a la creación de 65.000

nuevos empleos industriales. Se estima que las empresas argentinas están en

condiciones de sustituir un tercio de los productos que hoy se importan.

2) Participación de los trabajadores en las ganancias empresariales: impulsar una

Ley justa, donde se establezca el mecanismo de reparto de ganancias empresariales,

discutiendo la distribución de utilidades en las convenciones colectivas de trabajo. Esto

permitirá adecuarlas a cada sector de actividad económica contemplando las

condiciones y ciclos particulares de cada una de ellas.

3) Combatir el comercio ilegal y la ocupación del espacio público: la actividad

clandestina no paga impuestos y afecta al comercio organizado, a la industria, al

turismo y la producción primaria. La dimensión del comercio ilegal es alarmante. Hay

más de 500 predios clandestinos en todo el país, con alrededor de 60.000 puestos

instalados y una facturación anual estimada en $ 40.500 millones. Estos centros de

venta movilizarían el equivalente a 3% del PIB y evadirían $ 17.000 millones anuales

entre IVA, ganancias, ingresos brutos y cargas sociales. El modelo de comercio basado

en la venta ilegal es incompatible con una política de desarrollo. Hay que iniciar su

desmantelamiento y eso requiere de un marco normativo más severo y la decisión

firme de política nacional.

4) Equiparar las alícuotas aportadas a las ART entre pequeñas y grandes

empresas, y crear un Fondo Asegurador Empresarial (FAM) para afrontar

reclamos de ‘doble vía’: el costo del sistema de ART para una PYME es cuatro veces

más alto que para una gran empresa. A eso se suman los reclamos de doble vía que

afectan gravemente a las PYMES. La solución es implementar efectivamente el

Decreto firmado en 2009, incrementando las alícuotas que abonan las grandes

empresas para equipararlas con las que abonan las PYMES.


Con el excedente que obtengan las ART, se conformará un Fondo Asegurador

Empresarial (FAM) para hacer frente a los reclamos de ‘doble vía’.

5) Creación de un Banco de Inversión y Desarrollo para PYMES y Reforma de la

Ley de Entidades Financieras: mejorar la calidad del crecimiento y continuar

creciendo a tasas altas requiere de un sistema financiero que atienda la inversión

productiva de corto, mediano y largo plazo. Para ello se necesita un Banco de

Desarrollo que apoye las iniciativas PYMES.

Reforma de la Ley de Entidades Financieras para que se eliminen las trabas que la

Banca le pone a las PYMES para otorgar créditos.

6) Mejorar las condiciones de acceso a los Fondos del Bicentenario: en 2010 se

dispusieron recursos por $ 8.000 millones para financiar a empresas en lo que se

denominó Fondo del Bicentenario. Para que estos fondos lleguen con fluidez, es

necesario flexibilizar los requisitos y renovar el compromiso de las entidades

responsables de asignar esos recursos.

7) Regionalización del crédito: el 80% del crédito al sector privado se concentra en

cuatro provincias, postergando a muchas PYMES regionales. Es necesario garantizar

la oferta de crédito en todo el país, estableciendo obligaciones de extensión territorial

de acuerdo a la participación que tienen las entidades privadas en los depósitos. Una

opción es establecer cláusulas para que los programas nacionales tengan una

distribución de cupos presupuestarios por provincias.

8) Promover un Nodo de Programas Financieros y No Financieros de Apoyo a

PYMES (NAPY) creando un organismo encargado de monitorear su gestión y

ejecución: la Argentina dispone de una diversificación amplia de programas de apoyo

y financiamiento a PYMES, que no se conocen, no se ejecutan o su asignación se

demora. Sólo a nivel nacional hay más de 120 programas. Para darle eficiencia a esos

instrumentos se invita a crear un organismo dentro de la SEPYME que centralice y

divulgue la información relacionada con toda la cartera de programas a PYMES

vigentes en el país.

9) Fortalecer los mecanismos vigentes de promoción del empleo PYME: la

economía ingresó en una fase de crecimiento caracterizada por una menor elasticidad

empleo-producto. Para continuar creando empleo se sugiere ampliar y agilizar

mecanismos de promoción como el sistema de compensaciones de impuestos

nacionales a empresas que incorporen y formalicen personal.


10) Transición tributaria: avanzar hacia un sistema tributario de perfil productivo

y social: La reestructuración tributaria necesaria en esta primera etapa involucra

impulsar un Régimen Especial de Capitalización del Impuesto a las Ganancias de las

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que inviertan; eliminar el impuesto a la

ganancia mínima presunta y gravar la renta financiera. Atender las deformaciones que

provoca el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que hoy alientan la evasión.

Memorando de Políticas para Fortalecer el Desarrollo argentino

El crecimiento sostenido que por noveno año consecutivo logra la economía argentina

abre un horizonte de oportunidades para imponer un modelo de desarrollo con

inclusión social, basado en un sector productivo eficiente y competitivo que, a través de

la inversión productiva y la incorporación de tecnología, derrame empleo, riqueza y

bienestar.

Ese camino, por el que transita la Argentina desde el año 2003, requiere de un conjunto

de acciones inmediatas que posibiliten aprovechar las bonanzas derivadas de una

coyuntura macroeconómica favorable y de un contexto de estabilidad política y

financiera inédito en la historia económica argentina, para fortalecer las bases del

crecimiento. Es destacable cómo en nueve años (2003-2011) el país acumulará un

crecimiento económico de 90%, una expansión industrial de 100,7%, un incremento de

206% en sus exportaciones, US$115.000 millones de ingresos netos de divisas

generados sólo por superávit comercial, e indicadores sociales en franca recuperación

como lo es la creación de 5 millones de empleo y una tasa de desempleo reducida a

sólo 7,3% con mejoras visibles en la calidad del trabajo.

El fortalecimiento de las bases del crecimiento logrado hasta el momento permitirá

reconfigurar el aparato productivo en función de un modelo de país que priorice la

producción y la inversión como mecanismos esenciales para inducir cambios

estructurales que promuevan el desarrollo argentino.

Sin dudas que el crecimiento económico ha tenido un impulso muy importante en el

fortalecimiento del mercado interno, y para lograrlo se combinaron una serie de

políticas de aliento a la producción y al empleo con políticas sociales que permiten

mejores condiciones de vida y perspectivas futuras alentadoras a una porción de la

población que durante años permaneció excluida y marginada. Sin embargo, estos

atributos, que deben ser concebidos como políticas de Estado y tener continuidad en el

tiempo, requieren complementarse con cambios más profundos que permitan

simultáneamente:

1) Afianzar las múltiples estrategias productivas encaradas por el gobierno con la

comprensión de su impacto positivo por el conjunto de los sectores económicos.


2) Mejorar la calidad de la producción para darle sostenibilidad de mediano y largo

plazo al crecimiento.

3) Resolver un conjunto de problemáticas de gestión que persisten.

4) Incluir en ese crecimiento a todos los actores y sectores económicos, incluyendo a la

industria, el comercio, el turismo, a las economías regionales y afianzando el rol

indiscutible que tienen las mujeres y jóvenes empresarios en este proceso.

En base a esos objetivos, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)

plantea diez medidas de acción estratégicas:

1) Continuar con la Política de Administración del comercio exterior

La aplicación de licencias no automáticas a las importaciones de productos sensibles

está fortaleciendo visiblemente la producción nacional, evitando el desplazamiento del

mercado local de productos fabricados por pequeñas y medianas industrias y

preservando actividades donde se concentra el 43% del empleo industrial.

Mediante la implementación de esa medida, sólo en 2010 y 2011 se habrán sustituido

importaciones por más de US$ 11.000 millones, dando lugar a la creación de 65.000

nuevos empleos industriales.

El resultado favorable de la estrategia comercial argentina queda reflejado no sólo en el

menor ritmo de crecimiento de las importaciones, sino en tasas de desempleo de un

dígito que por primera vez en décadas puede sostener la Argentina.

Hoy que el país vuelve a tener una industria competitiva, que la economía crece y crea

empleo, que hay estabilidad política, económica y financiera pero que las importaciones

reaparecen amenazantes, se necesita de la administración decidida y eficiente del

comercio exterior para fortalecer al productor nacional y no dejarlo librado a las reglas

no siempre equitativas del mercado. Se estima que la estructura de producción de las

empresas argentinas, principalmente PYMES, estaría en condiciones de sustituir al

menos un tercio de los productos que hoy se importan, pero para ello se requiere

continuar con la aplicación de licencias no automáticas, y que los sectores

económicos involucrados comprendan el sentido y alcance de esta estrategia como

parte de una política productiva general.

2) Participación de los trabajadores en las ganancias empresariales

Impulsar una Ley justa a través de la cual se establezca el mecanismo de reparto de

ganancias empresariales, discutiendo la distribución de utilidades en las convenciones


colectivas de trabajo. Esto permitirá adecuarlas a cada sector de actividad económica

contemplando las condiciones y ciclos particulares de cada una de ellas.

A partir de la vigencia de la ley propuesta, las partes signatarias de los Convenios

Colectivos de Trabajo, en el marco de la Ley Nº 14.250, deberán negociar la forma de

participación de los trabajadores en las ganancias o en los resultados de las empresas.

Los Acuerdos que se suscriban por la aplicación de la Ley deberán contener:

a) reglas claras y objetivas en cuanto a la fijación de los derechos sustantivos de

participación de los trabajadores;

b) los procedimientos y mecanismos para la determinación de la ganancia o

resultado sobre el que participará el trabajador;

c) la forma en que las partes puedan verificar la veracidad de la información sobre el

cual se haya establecido la distribución;

d) los plazos y forma en que se abonará el importe resultante de la participación del

trabajador en la ganancia o resultado de la empresa;

e) las inclusiones y exclusiones de empresas y/o categorías de empleados de la

obligación de participar a sus empleados en las ganancias o resultados.

La participación de los trabajadores en las ganancias o en los resultados de la empresa

no integrará ni sustituirá al salario legal o convencional. De la misma manera, las

sumas que el empleador abone al trabajador por ese concepto, y que sea resultado de

la negociación colectiva entre las partes, y debidamente homologado por la autoridad

de aplicación, serán consideradas sumas no remunerativas a todos los efectos legales.

Es importante cumplir con la Constitución Nacional, pero evitando debilitar el proceso

de crecimiento del empleo formal.

3) Combatir el comercio ilegal y la ocupación del espacio público

La actividad clandestina no paga impuestos. El avance de la venta ilegal en calles,

parques, veredas, locales y predios públicos o privados afecta en forma creciente al

comercio organizado, extendiéndose a sectores en pleno auge como el turismo.

Si bien inicialmente fue un fenómeno casi exclusivo de las grandes ciudades que

proliferó con la crisis de 2001-2002, esa modalidad de venta se expande velozmente

hacia el interior del país generado situaciones de deslealtad e injusticia con los

comercios que cumplen con todas las normativas legales. A las asimetrías generadas

debe agregarse la pérdida de recaudación tributaria en los diferentes ámbitos de

gobierno y la persistencia de elevados niveles de informalidad laboral que inciden sobre

la calidad de vida de los hogares.

La dimensión del comercio ilegal queda plasmada en los siguientes datos:


Hay más de 500 predios clandestinos funcionando en el país, con un universo de casi

60.000 puestos instalados y una facturación anual estimada en $ 40.500 millones.

Estos centros clandestinos de venta movilizarían el equivalente a 3% del PIB y

evadirían $ 17.000 millones anuales entre IVA, ganancias, ingresos brutos y cargas

sociales.

Con ese dinero, que representa 4,2% de la recaudación de 2010, se podrían realizar

múltiples obras, programas sociales o implementar programas de incentivos tributarios

a PYMES que invierten.

Sólo en la Ciudad de Buenos Aires funcionan 22 Saladitas localizadas en galpones,

cines desocupados o plazas, que dispondrían de 1.792 stands, facturando alrededor de

$ 1.000 millones al año. A estas ferias habría que sumarles otros 1.800 puestos de

manteros en las calles.

En la Salada trabajan 20.000 personas que venden alrededor de $ 12.900 millones al

año. La Salada, definida internacionalmente como epicentro del fraude y la falsificación,

agrupa a vendedores de todos los estratos de ingresos. Su dimensión es tanta, que

concurre más gente a comprar a esos predios que a centros mayoristas tradicionales.

El modelo de comercio basado en la ilegalidad, el trabajo esclavo, la evasión y la

falsificación está desarmando el mercado interno e imponiendo la informalidad como

modelo social.

Claramente, la venta ilegal es incompatible con una política de desarrollo y se

necesitan iniciativas urgentes para comenzar su total desmantelamiento. Si bien eso

involucra decisiones en los niveles de gobierno provincial y municipal, un marco

normativo más severo y la decisión firme de política nacional contribuirán seriamente a

la normalización de una situación que se ha prolongado en el tiempo y que crece a

pesar del ciclo económico favorable. Cada puesto de trabajo ilegal elimina un puesto de

trabajo formal en el comercio minorista y perjudica la continuidad de las empresas

pequeñas y medianas que ya deben lidiar contra la expansión de las grandes

superficies comerciales que crecieron sin límites normativos en muchas ciudades. Al

mismo tiempo, la cadena de ilegalidad traslada la informalidad a otros sectores claves,

como la industria, el turismo y la producción primaria, entre otros.

4) Equiparar las alícuotas aportadas a las ART entre pequeñas y grandes

empresas, y crear un Fondo Asegurador Empresarial (FAM) para hacer frente a

los reclamos de ‘doble vía’.

A pesar del decreto de necesidad y urgencia firmado en el año 2009 donde se ordena a

la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y a la Superintendencia de Seguros a

generar las condiciones necesarias para equiparar el valor de las alícuotas aportadas


entre empresas, las diferencias persisten: el costo del sistema de ART para una PYME

sigue siendo cuatro veces más alto que para una gran empresa.

Según datos de la SRT, las empresas de hasta 100 trabajadores que emplean

3.130.000 trabajadores y que representan el 40,14% de los asalariados inscriptos al

sistema, abonan una alícuota promedio del 4,63% de la masa salarial, mientras que las

empresas de más de 100 trabajadores pagan una alícuota promedio de 1,63% de la

masa salarial. A esa diferencia notable se suman dos factores: a) en la renovación de

los contratos se están produciendo aumentos de 60% de las alícuotas; y b) la laguna

que ofrece este sistema continúa dando lugar a reclamos de doble vía que afectan

gravemente a las PYMES. Efectivamente, la doble vía habilitada por la Corte Suprema

permite reclamos directos a las empresas ante la Justicia civil que, según estimaciones,

ya han derivado en más de 75.000 juicios por US$ 2.300 millones.

Para superar estas distorsiones sólo se debe instrumentar el Decreto firmado en el año

2009, lo que implica incrementar las alícuotas que abonan las grandes empresas de

manera que se equiparen con las que abonan las PYMES, y con el excedente que

obtengan las ART conformar un Fondo Asegurador Empresarial (FAM) para hacer

frente a los reclamos de ‘doble vía’ que perjudican seriamente a las PYMES que no

pueden costear las demandas por la instancia civil.

5) Creación de un Banco de Inversión y Desarrollo para PYMES y Reforma de la

Ley de Entidades Financieras

Mejorar la calidad del crecimiento y continuar creciendo a tasas altas requiere de un

sistema financiero que atienda la inversión productiva de corto, mediano y largo plazo.

En función de esa necesidad y entendiendo que las PYMES mediante la incorporación

de tecnología, la investigación y el desarrollo y la generación de valor agregado son las

que modernizan el entramado productivo del país y sostienen el empleo, se requiere

reorientar el crédito hacia el sector productivo. Las PYMES necesitan un acceso más

fluido al financiamiento. El crédito en el país es visiblemente escaso, representa

apenas 14% del PIB (en Chile es 65% del PIB o en Brasil 70%) y está focalizado a

consumo personal, financiamiento con tarjetas y comerciales de muy corto plazo.

Para superar esto, se solicita:

Reforma de la Ley de Entidades Financieras para que se eliminen las trabas que la

Banca le pone a las PYMES para otorgar créditos.

Creación de un Banco de Desarrollo, hoy ausente en el mercado financiero argentino.

Existen un conjunto de experiencias internacionales que demuestran la importancia de

esas instituciones para incentivar la inversión productiva, devolviendo el crédito de

mediano y largo plazo a sectores estratégicos de la economía nacional.


Impulsar inversiones destinadas a la creación de nuevas empresas en provincias con

bajo nivel per cápita de MIPYMES. Observando la relación directa entre cantidad de

empresas y pobreza, el apuntalamiento financiero de nuevos emprendimientos no sólo

retroalimenta el modelo inversor propuesto sino que le otorga un perfil productivo a la

política social que lleva adelante el Gobierno Nacional. En la fase actual de crecimiento

que sucede a los coletazos de la crisis internacional, la mayoría de las empresas del

país revelan intenciones de invertir en nuevos negocios.

Apuntalar la creación y fortalecimiento de empresas innovadoras, de base científica y

tecnológica que incrementen la productividad y competitividad global de la economía y

creen puestos de trabajo bien remunerados. Ello requiere asignar mayores fondos al

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para reactivar las acciones

vinculadas a apoyar con capital de riesgo a este tipo de emprendimientos.

Promover la inversión productiva no sólo permitirá satisfacer la demanda interna y

externa, evitando cuellos de botella en la oferta, sino que será un factor clave para que

las empresas obtengan mejoras de productividad sin depender tanto de precios

relativos como el tipo de cambio.

6) Mejorar las condiciones de acceso a los Fondos del Bicentenario

A mediados de 2010 se anunció la disposición de recursos por $ 8.000 millones para

financiar a empresas en lo que se denominó Fondo del Bicentenario. Las líneas

anunciadas oportunamente son ofrecidas a través de bancos tanto públicos como

privados, con una tasa fija de 9,9% anual y a 5 años de plazo.

Para que estos fondos lleguen con fluidez, es necesario flexibilizar los requisitos para

empresas que cuentan con buenas iniciativas, con proyectos multiplicadores de

empleo, generadores de valor agregado o que forman parte de cadenas de valor

estratégicas, sumado al compromiso explícito de las entidades responsables de asignar

esos recursos.

7) Regionalización del crédito

Actualmente, el 81% del crédito al sector privado se concentra en cuatro provincias:

Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, postergando a

muchas PYMES regionales que no tienen acceso local al crédito. Si bien esa

concentración es resultado de una Ley de Entidades Financieras obsoleta, que quedó

desarticulada del modelo de país productivo, social y federal que se promueve, es

necesario garantizar la oferta del servicio en todo el país estableciendo obligaciones de

extensión territorial de acuerdo a la participación que tienen las entidades privadas en

los depósitos.


Eso evitaría además que las entidades capten el ahorro regional y lo destinen a

financiar a grandes empresas multinacionales como sucede ahora. Pese a que se han

registrado avances en ese sentido durante los últimos años, persisten asimetrías por

resolver. Una opción para avanzar sin esperar los tiempos que implica la modificación

de la Ley de Entidades Financieras sería establecer cláusulas para que los programas

nacionales tengan una distribución de cupos presupuestarios por provincias, y esto

abarca a toda la política pública, incluyendo PYMES, trabajo, industria, ciencia,

tecnología e infraestructura. Es una oportunidad para que los Consejos Federales de

Producción sean fortalecidos y lograr así mayor articulación de las políticas y los

actores PYMES representados en cámaras como CAME, que tienen base regional y

empresaria para acompañar estas iniciativas.

Conformar un entramado productivo integrado a nivel regional requiere fortalecer las

acciones para incentivar la conformación de conglomerados de PYMES a partir del

fomento a la creación de clusters o entramados productivos y de servicios de firmas

que no sólo produzcan un mismo o similar producto, sino también que se aboquen de

manera integrada, desde diferentes actividades, a la generación de ventajas locales

como puede ser la promoción del turismo, la economía del conocimiento, servicios

complementarios a las economías regionales (comercio, logística, transporte, entre los

destacados). Este enfoque alienta economías de escala, una mejora de la

productividad sistémica y la reducción en los costos operativos de las PYMES. Se

puede incentivar esta asociatividad con un tratamiento regulatorio e impositivo

diferenciado, en forma análoga a cuando se promueve el desarrollo de un polo

industrial.

8) Creación de un Nodo de Programas Financieros y No Financieros de Apoyo a

PYMES (NAPY) creando un organismo encargado de monitorear la gestión y

ejecución del conjunto de programas disponibles en el país

La Argentina dispone de una diversificación muy amplia de programas de apoyo y

financiamiento a PYMES. Sólo a nivel nacional hay más de 120 programas de

asistencia financiera a pequeñas y medianas empresas, ofrecidas por organismos

como la SEPYME, el BICE, Banco Nación, INTI, Ministerio de Ciencias y Tecnología,

Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Turismo, Ministerio de

Industria o de Trabajo, entre otros. A esas iniciativas hay que agregar los numerosos

programas de financiamiento disponibles en las provincias, con fondos propios o de

organismos multilaterales de crédito o del Consejo Federal de Inversiones, entre otros.

Sin embargo, ya sea por desconocimiento, por asimetrías en la información o por

ineficiencias de las entidades que deben ejecutar esos programas, la mayoría de las

PYMES no acceden a esos planes de estímulo.


Frente a esto, se necesita:

Crear un organismo de carácter nacional que centralice y divulgue la información

relacionada con toda la cartera de programas financieros y no financieros de apoyo a

PYMES vigentes en el país.

Este organismo, dependiente de la SEPYME, tendrá la responsabilidad de monitorear

y evaluar la puesta en marcha de la totalidad de los Planes y Programas de asistencia

financiera y no financiera a proyectos de PYME y, en caso de retraso administrativo o

no aplicación, deberá informar al Ejecutivo.

Parte de su función será el asesoramiento y orientación a los empresarios PYMES

que desean acceder a esos programas, el seguimiento de las solicitudes presentadas,

la interacción con las unidades ejecutoras o responsables en la adjudicación para

incrementar las posibilidades de que las PYMES puedan obtener la ayuda.

Para lograrlo, hay que fortalecer los programas de promoción de la internacionalización

de las empresas locales, no sólo con la asistencia técnica o financiera para la

exportación, sino también para la detección de oportunidades de negocios, o por medio

de la integración en las comitivas de promoción gubernamental de ferias y eventos

empresarios internacionales a las empresas medianas. Estas acciones facilitarían los

primeros contactos con potenciales empresarios clientes y proveedores.

9) Fortalecer los mecanismos vigentes de promoción del empleo PYME

La economía ingresó en una fase de crecimiento caracterizada por una menor

elasticidad empleo-producto. Para no detener el proceso de mejora tanto en a cantidad

como en calidad del empleo, se solicita fortalecer los mecanismos de promoción del

empleo para las PYMES que son las que presentan mayores dificultades de costos y

menor poder de negociación. Esto puede lograrse sosteniendo y ampliando los

instrumentos impositivos, crediticios y de protección del trabajo formal vigentes.

Un mecanismo viable es extender y agilizar el actual sistema de compensaciones de

impuestos nacionales (cómputo de las contribuciones patronales a cuenta del Impuesto

al Valor Agregado) a más regiones y empresas, garantizando su aplicación efectiva y

su actualización automática, sin reparar en su impacto fiscal inmediato sino con una

visión de mediano plazo donde el impacto agregado quedará compensado con mayor

calidad laboral y empleo. Las compensaciones a PYMES se aplicarán en función del

establecimiento de metas de incorporación y formalización de personal.

Es evidente que gran parte de las dificultades actuales para la generación del empleo

derivan de la degradación de décadas anteriores en la producción nacional, la

educación y la cultura del trabajo. Los relevamientos periódicos en el segmento


empresario vinculados con la captación de mano de obra develan dificultades para

cubrir puestos de trabajo que requieren conocimientos específicos, calificación de

oficios, además de puestos de alta calificación. Por ello, es necesario profundizar las

acciones para promover una mayor articulación entre la educación y las necesidades

del sector productivo en el mediano plazo fortaleciendo, por ejemplo, los institutos de

educación terciaria, pero también promover la calificación en el corto plazo, por medio

del aliento a los sectores empresarios para que puedan invertir en recursos humanos

financiando instancias de capacitación específicas y cubrir su demanda insatisfecha.

10) Transición tributaria: promover cambios sencillos pero necesarios para

avanzar hacia un sistema tributario de perfil productivo y social.

La reestructuración tributaria necesaria en esta primera etapa involucra:

a) Impulsar un Régimen Especial de Capitalización del Impuesto a las Ganancias

de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que inviertan.

b) Eliminar el impuesto a la ganancia mínima presunta.

c) Gravar la renta financiera para alcanzar una equidad horizontal con los

gravámenes a las rentas de la producción y del trabajo.

d) Atender deformaciones que provoca el impuesto a los débitos y créditos

bancarios, para desalentar la evasión impositiva.

Sólo mediante el Acuerdo Económico y Social entre los diferentes sectores de la

vida nacional y el Estado se podrán establecer las bases fundamentales para

darle previsibilidad y continuidad a las políticas económicas, fomentando la

producción, el empleo y una distribución más equitativa del ingreso.

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