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GOBIERNO EN RED Y MULTINIVEL EN EL ABORDAJE DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES

Isabel Sierra Navarro, Doctora en Psicología, experta en psicología de las

organizaciones y liderazgo en el sector público y asesora de programas (*)

En este capítulo, presentaremos un planteamiento genérico sobre los

elementos que nos parecen sustanciales para abordar el fenómeno de las

desigualdades sociales. Además de los aspectos sociológicos del problema, nos

parece especialmente relevante el sistema de gobierno, las fórmulas de

desarrollo del sector público, de modo que puedan incidir más aún o bien

neutralizar dichas desigualdades y sus efectos sobre las personas y colectivos

sociales.

Desde una visión sistémica del comportamiento social y de las organizaciones

nos parece interesante considerar a las administraciones públicas como

agentes que forman parte del sistema social, con sus estructuras y dinámicas

específicas, de modo que una u otra orientación puede resultar útil o no para

compensar los efectos del sistema capitalista en nuestras sociedades,

generadores por definición de desigualdades sociales que afectan a la salud, la

educación y la igualdad de oportunidades de las personas.

Trataremos tres aspectos para identificar los elementos a considerar (las

desigualdades sociales, las ideologías políticas y estructuras de gobierno y la

participación ciudadana), así como presentaremos unas propuestas de acción y

planteamientos político-técnicos para actuar de forma conscientemente

definida en contra de las desigualdades.

1. LAS DESIGUALDADES SOCIALES

Por definición, el fenómeno de las desigualdades sociales es complejo, en tanto

que se produce como efecto de múltiples factores sociológicos,

(*) Directora del Instituto de Innovación en Servicios a la Persona. (isabelsn@civitasinnova.org) Asesora del Programa Salut als Barris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

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económicos y estructurales de las sociedades civilizadas. A nivel general, se

puede definir este campo de actuación en el análisis de las diferencias en los

indicadores de bienestar entre poblaciones que provienen de niveles

socioeconómicos y culturales diversos, así como en el área de las intervenciones

orientadas a minimizar los efectos de dicho fenómeno en la calidad de vida de

las personas.

Si las poblaciones occidentales ya presentan desigualdades sociales

importantes derivadas del desarrollo del capitalismo y la ausencia o debilidad

de políticas públicas que luchen contra los desequilibrios que generan, más aún

en los últimos dos años y prevemos que aún más en el futuro, el escalón social

entre estratos de la población, motivado por la escasez de recursos económicos,

ha generado y seguirá generando necesidades concretas en colectivos

específicos. Estos colectivos, en los países europeos, entre otros del mundo

occidental, ya no se limitan a una clase social baja –entendida desde el punto

de vista clásico- sino que van ascendiendo a clases medias, desde el momento

en que la pérdida del empleo por parte de un miembro de la pareja o los dos –

después de haber generado un estatus social y nivel de vida determinado- hace

entrar en núcleos de nueva pobreza a licenciados/as y especialistas, que les

llevan hacia una carrera de descenso social. Según datos de Eurostat, de Junio

de 2009, la tasa de paro en España es del 18’8%, la más alta de Europa, frente a

una media del 9’1% ( Eurostat, Octubre 2009)

Existen tres motivos clave para definir la desigualdad como un problema

significativo. En primer lugar, la división entre ricos y pobres acentúa los

problemas sociales: la delincuencia y un bajo nivel de salud están vinculados a

altos niveles de desigualdad social. Wilkinson (2006) afirma que las sociedades

pobres pero igualitarias presentan niveles relativamente altos de buena salud,

desde el momento en que existe una mayor nivel de cohesión social en aquellas

sociedades. A pesar de que Gordon y Decker (2007) ponen en duda la relación

de causalidad entre salud, bienestar y desigualdad, después de revisar los datos

sobre los efectos concluyen que la desigualdad constituye efectivamente un

problema, ya que “las consecuencias sociales de la desigualdad económica son a

veces negativas, a veces neutras y raramente positivas”.

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En segundo lugar, la desigualdad es un problema porque la riqueza causa

pobreza. En esta línea de pensamiento, la desigualdad se convierte en el enlace

entre riqueza y pobreza de una forma muy directa y profunda. La pobreza y la

riqueza están interconectados en el sentido de que cuánto más desigual es una

sociedad, más aguda se vuelve la situación en los dos extremos de la renta. Los

argumentos que justifican esta correlación son tres: en primer término, la

riqueza causa pobreza porque sencillamente no deja suficientes recursos a

disposición de los que reciben una renta baja. (Oppenheim, 1993). En segundo

lugar, una desigualdad en aumento da la oportunidad a la gente más adinerada

de excluirse de los servicios públicos, hecho que desvincula –aunque sea

parcialmente- a estos ciudadanos de los bienes públicos como la educación y la

sanidad. En tercer lugar, la interdependencia entre riqueza y pobreza proviene

de los efectos intergeneracionales de la desigualdad, en concreto en lo que

respecta a la movilidad social. En este sentido, la accesibilidad a los servicios

que determinan la situación económica de un adulto, como puede ser la

educación, la sanidad y la vivienda, está desequilibrada entre las familias ricas y

las pobres. Por tanto, riqueza y pobreza, privilegio y privación, son

interdependientes, son el producto de una estructura económica y una dinámica

que relaciona de forma desequilibrada a las partes.

Al tener este carácter estructural e intergeneracional, la desigualdad es un

problema crucial en las sociedades modernas porque crea sociedades

profundamente segregadas donde la gente queda atrapada en una posición

económica determinada, teniendo muchas dificultades para acceder al

“ascensor social”. El elemento equilibrador por excelencia, la educación,

requiere de fuertes dosis de re-equilibrio y compensación interna para

minimizar los efectos de las desigualdades sociales de los niños/as y jóvenes, de

forma que el hilo intergeneracional permita una ascensión social progresiva.

Aquí entramos en el tercer aspecto que justifica en análisis de las

desigualdades sociales: la igualdad de oportunidades. Si bien podemos

confirmar que algunas desigualdades individuales se producen como

consecuencia inevitable de las diferencias en el talento y las capacidades

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individuales de los seres humanos, también hay que señalar la importancia de

los mecanismos sociales para minimizar esas diferencias y garantizar una

igualdad de oportunidades en el acceso a los bienes públicos de todas las

personas. Pero este argumento no es en absoluto compartido en todas las

sociedades occidentales. Los argumentos liberales no sólo aceptan las

desigualdades , sino que consideran que también representan un factor

beneficioso para el funcionamiento de la economía, ya que sin este fenómeno el

incentivo económico ante un comportamiento productivo quedaría eliminado y

la economía de mercado, que anima a la actividad productiva básicamente

mediante la promesa de una recompensa económica, seria mucho menos

efectiva.

También desde este punto de vista, las sociedades son básicamente

meritocráticas, en un mundo en el que las personas inician su vida en un

terreno plano y tienen las mismas oportunidades para avanzar, a pesar de la

evidencia de las diferencias flagrantes en las circunstancias de partida. Sin

embargo, esta visión está alejada de la realidad, como hemos visto

anteriormente, desde el momento en que el “punto de partida” individual de

cada sujeto depende del grupo socioeconómico al que pertenece su familia que,

a su vez, determina sus oportunidades de educación, acceso a bienes y servicios.

Desde el punto de vista metodológico, por otro lado, el hecho de cómo medir la

desigualdad se convierte en una cuestión muy controvertida por una serie de

motivos. En primer lugar, la desigualdad es un concepto poliédrico ya que hace

referencia a diferencias tanto en los ingresos, como en la educación, la salud, las

oportunidades, el desarrollo de capacidades, y el acceso a determinadas ventajas

sociales (Cohen, 1993) y el nivel de bienestar y calidad de vida ( Callinicos,

2000). Muchos de estos aspectos son muy difíciles, casi imposibles de medir

(por ejemplo, la igualdad de oportunidades a lo largo de la vida) En segundo

lugar, y aún más relevante, los estudios sobre la desigualdad utilizan diferentes

conceptos y definiciones de desigualdad, bienestar, datos y variables.

En lo que respecta a los datos, la inconsistencia en la terminología y el método

de recogida de la información son objeto de desacuerdo entre los especialistas.

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Algunos estudios se basan en fuentes nacionales (registros tributarios,

estadísticas, encuestas, etc), mientras que otros emplean fuentes de datos

internacionales como el Luxemburg Income Study (LIS), la OCDE o Eurostat.

Ambas estrategias representan ventajas e inconvenientes. Con la primera, se

obtiene más riqueza de datos durante periodos más dilatados en el tiempo, que

se pueden remontar a veces hasta principios del siglo XIX. Ahora bien, estos

datos no suelen ser comparables con los de otros países porque la recogida de

datos, las definiciones y las medidas acostumbran a ser diferentes. La segunda

práctica, sin embargo, aporta muestras de algunas décadas de antigüedad con

una ventaja especial: los datos se han recogido siguiendo los mismos métodos,

las mismas definiciones y medidas, por lo que la comparación es posible y

significativa.

Otro motivo de controversia metodológica es la unidad de referencia, que

tanto puede ser el adulto-trabajador/a individual, la unidad fiscal, la familia

nuclear o extensa o el hogar. El último concepto lo encontramos definido de

varias formas en diversos estudios y bases de datos. En este sentido, a pesar de

que la renta total de una familia depende de los ingresos de los diferentes

miembros, no se pueden extraer conclusiones directas sobre la distribución de

los ingresos individuales a partir de la distribución de las rentas familiares

porque “las consecuencias distributivas de los ingresos dependen de la

composición familiar, la cantidad de trabajadores y la correlación entre sus

ingresos” (Atkinson, 2007)

Se hace del todo necesario, en una sociedad cada vez más compleja,

encontrar formas de identificar los niveles de bienestar y calidad de vida en

función de variables múltiples, tanto de orden económico como relacional, de

integración social y de salud.

Las medidas económicas utilizadas durante el siglo XX para identificar el

progreso de un país, como el PIB, empiezan a mostrar sus debilidades a la hora

de definir la calidad de vida de la población. Este índice, creado por el

Departamento de Comercio de los Estados Unidos en los años treinta, tenía el

fin de establecer un indicador que evaluara la recuperación de la economía

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después de la gran depresión. El problema que plantea el PIB es que sólo mide

el valor de la suma total de los bienes y servicios económicos generados durante

un período de doce meses. Sin embargo, no distingue entre aquellas actividades

económicas que realmente mejoran la calidad de vida de la sociedad y las

actividades económicas negativas que la reducen. El PIB comprende todos los

tipos de actividad económica, incluyendo la construcción de más prisiones, la

ampliación de las fuerzas de seguridad, el gasto militar, los costes de limpieza de

la contaminación, el aumento de los costes sanitarios provocados por el tabaco,

el alcohol y la obesidad, así como el gasto invertido en publicidad para

convencer a las personas de que fumen y beban.

En los últimos años se han producido varios intentos por encontrar una

alternativa adecuada al PIB como el Índice de Bienestar Económico Sostenible

(IBES), creado en 1989 por el entonces economista del Banco Mundial Herman

Daly y el teólogo John Cobb. Su índice parte del gasto de consumo personal

para a continuación agregar el trabajo doméstico no remunerado. A todo ello, se

le resta la actividad destinada principalmente a mitigar pérdidas, tales como el

dinero invertido en delincuencia, contaminación y accidentes. El IBES también

tiene en cuenta la disparidad de ingresos y el agotamiento de los recursos

naturales. Por otro lado, el Indicador de Progreso Real, IPR, incluye muchos de

estos criterios, pero suma el valor del trabajo voluntario en la comunidad y

deduce la pérdida de tiempo de ocio. En tercer lugar, el FISH (Indice Fordham

de Salud social) mide dieciséis indicadores socio-económicos, incluyendo la

mortalidad infantil, el abuso infantil, la pobreza infantil, el suicidio entre

adolescentes, el consumo de drogas, la tasa de abandono escolar, los ingresos

semanales medios, el desempleo, la cobertura de seguros sanitarios, la pobreza

entre los mayores, los homicidios, la vivienda y la desigualdad de rentas.

El hecho de que los gobiernos estén actualmente planteándose la idea de

establecer una forma alternativa de medir el éxito económico supone un buen

indicador de los cambios sociales más amplios que se están produciendo a

medida que la calidad de vida va adquiriendo la misma importancia que los

resultados productivos a la hora de evaluar el progreso de un país.

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Estas nuevas mediciones, si permiten ajustarse a zonas limitadas, ayudarán no

sólo a establecer medidas macroeconómicas del bienestar real de una población,

sino a identificar sectores y territorios que requieren una atención específica por

encontrarse en situación de desigualdad social manifiesta.

2. IDEOLOGÍA POLÍTICA Y ESTRUCTURAS DE GOBIERNO

Volviendo a un planteamiento político de las desigualdades sociales, cabe

plantearse el alcance del impacto de las diferentes ideologías políticas y su

aplicación en los gobiernos en relación al aumento o disminución de las

desigualdades. En un estudio de Brady y Leicht (2007) queda clara la relación

entre desigualdad de renta e ideología del gobierno. Analizando la sociedad y

los gobiernos de 16 países mundiales, los autores identifican el impacto del

poder de los partidos de derechas en tres medidas (el coeficiente de Gini, las

ratios 90/10 y 90/50 de la distribución de renta). Según sus conclusiones, el

efecto acumulativo del poder de los partidos de derechas aumenta

significativamente la desigualdad a causa de tres mecanismos principales: la

acción legislativa, el mandato administrativo y la influencia ideológica.

Los autores opinan que el poder de los partidos de izquierda ejerce menos

influencia en el coeficiente Gini y la ratio 90/50, pero más influencia en la ratio

90/10, mientras que el porcentaje de sindicación no es significativo después del

control del poder de los partidos de derechas. Por otro lado, consideran que los

partidos conservadores consiguieron ser más influyentes a partir de 1.989,

mientras que los partidos de izquierdas se van debilitando progresivamente.

Este abordaje metodológico tan amplio no permite, sin embargo, señalar el

protagonismo específico de diferentes niveles de gobierno en cada uno de los

países. Es importante, en el análisis del entramado político-administrativo,

identificar los niveles compentenciales a fin de destacar responsabilidades

concretas en unos u otros temas que derivan en el bienestar de la población. La

arquitectura específica de cada país en cuanto a la relación que establece entre

administración y poder es significativa en orden de interpretar adecuadamente

(1) Los paises eran: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá. Dinamarca, USA, Finlandia., Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Paises Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza

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la relación de fuerzas que existe entre ideología y acción. Si bien en nuestro

país existe una descentralización relativa y poco homogénea de las

competencias del Estado hacia las Comunidades Autónomas, que se ejerce con

mayor o menor intensidad, también es cierto que la construcción de nuestra

nueva historia democrática –de sólo treinta y pocos años de duración- se inicia

prácticamente con la recuperación de los ayuntamientos democráticos, a efectos

de visibilidad política en acciones concretas y dotación de servicios.

Si bien nuestro punto de partida en el análisis del papel de la administración

en el abordaje de las desigualdades sociales, es la administración local, también

es cierto que, desde una visión sistémica, es indivisible ese análisis del

entramado político-administrativo que configura la administración central y su

posible descentralización. Existe, desde nuestro punto de vista, una disyuntiva

importante en relación al discurso político y la realidad efectiva, en relación a

los ayuntamientos. Especialmente desde los partidos de izquierda se ha

impulsado la idea de la descentralización máxima desde el momento en que la

proximidad ante el ciudadano que tienen los ayuntamientos permite, no sólo

identificar mejor las necesidades de la sociedad en un contexto concreto, sino

prestar de forma más eficiente los servicios y planificar de acuerdo a cada

realidad particular.

Sin embargo, desde los niveles competenciales autonómicos se da la necesidad

de decidir y controlar determinadas estrategias políticas que deben aplicarse

con un criterio básico de equilibrio territorial y población, de la misma forma

que a nivel estatal, deben tomarse determinadas decisiones que afectan al

bienestar general o que vienen a compensar desequilibrios generados desde

cada ámbito territorial.

Si bien es cierto que la arquitectura de nuestro sistema administrativo no fue

diseñada por un solo actor ni en un solo momento, lo que ha generado procesos

de acción-reacción y redefiniciones sucesivas de ámbitos competenciales,

también es verdad que ningún gobierno en estos treinta años ha tomado en

serio la reordenación del sistema público como garante de los derechos de los

ciudadanos, con criterios de racionalización y optimización de los recursos,

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eficacia en la planificación y prestación de los servicios y, sobre todo,

orientación al ciudadano/a. Algunas consideraciones concretas:

1. La reforma de las administraciones públicas no Es una prioridad política

porque se percibe como una fuente de potenciales conflictos de

identidad, financiación, territorio y legitimidad política en las

comunidades que se vean afectadas. Existen iniciativas autonómicas que,

por su parte, promueven modificaciones legislativas necesarias para el

desarrollo de sus responsabilidades, como en Cataluña, que no se ven

respaldadas fácilmente por partidos centralistas ni tampoco, en

ocasiones, por las otras comunidades autónomas, aunque

ideológicamente estén de acuerdo y a nivel práctico también les seria

beneficioso.

2. Desde nuestra pertenencia a la Unión Europea, la regionalización se

percibe como un riesgo para la autonomía local aunque la construcción

de la Unión Europea es una oportunidad para el ámbito local, desde el

momento en que puede recibir financiación directamente, así como

formar parte de redes de partenariado con otros municipios.

3. La ausencia de un debate sobre la administración local, después de que

ésta asumiera en primera instancia responsabilidades ante los

ciudadanos en cuanto a servicios que después se mostraron que no eran

de su competencia, está haciendo que los ayuntamientos estén

transformando su funcionamiento interno con frecuencia para poder

adaptarse a los cambios y necesidades sociales que les son más próximas.

4. Alguno de estos cambios van en la dirección de pasar de ser meros

prestadores de servicios a la ciudadanía, a convertirse en representantes

de las necesidades de un territorio y generadores de redes de

cooperación, tanto a nivel territorial como con otros niveles de la

administración, a efectos de satisfacer las necesidades de los ciudadanos,

sumando esfuerzos.

5. Llegados a este grado de madurez política y organizativa, los

ayuntamientos ya no pueden o no quieren dar marcha atrás en ser

simples prestadores de servicios que vienen dados por la Comunidad

Autónoma correspondiente o el Estado. No pueden ser “oficinas

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descentralizadas” de las estrategias de gobiernos de nivel superior, en las

que probablemente siquiera han participado.

3. PROPUESTAS ESTRATÉGICAS EN RELACIÓN AL ABORDAJE DE LAS

DESIGUALDADES SOCIALES.

Una mirada global y transversal, necesaria para el abordaje de las

desigualdades sociales, no puede obviar las estrategias multigobierno y

multinivel, no sólo por una determinación pragmática sino especialmente para

poder incidir en el origen de dichas desigualdades. Así, el ambicioso objetivo de

toda intervención en este ámbito contempla, como mínimo, dos estrategias:

actuar para minimizar los efectos de las desigualdades ya existentes y trabajar

de forma proactiva con las instituciones y sectores generadores de origen de las

desigualdades para incluir en su paradigma las iniciativas que eviten la

generación de desigualdades. Por seguir un orden jerarquizado, proponemos:

3.1 Desde el punto de vista de las políticas estatales:

A partir de una visión macro-estratégica que incluye la posibilidad de los

estados y gobiernos centrales para actuar y definir sus políticas económicas,

algunas propuestas para reducir las desigualdades serían:

• Revisar el sistema impositivo de forma que fuera más progresivo. A pesar

de que el éxito social o riqueza no debería penalizarse de forma

automática, el sistema impositivo debería ser un instrumento eficaz para

redistribuir los recursos entre ricos y pobres. Además, haría falta aplicar

más desgravaciones fiscales a los grupos desfavorecidos, las familias

monoparentales y los trabajadores con ingresos inferiores a la media. Los

gobiernos nacionales deberían apostar decididamente por un sistema

impositivo más redistributivo, de forma que no se aumenten las

desigualdades por razón de renta.

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• Invertir en educación desde un punto de vista amplio, como herramienta

principal para superar las desigualdades sociales y favorecer el ascenso y

la movilidad social. No sólo se trataría de invertir en la calidad y

excelencia de las etapas primarias y secundarias de la educación, sino en

favorecer un buen nivel de formación ocupacional de calidad, así como

un acceso equitativo a la universidad, no dependiente de las

características socio-económicas de las familias, sino de las capacidades y

el esfuerzo de los jóvenes. Sistemas de becas que garanticen la

continuidad en los estudios, de cooperación con el sector privado para la

realización de prácticas y contratos de inicio laboral, formación a lo largo

de toda la vida, para favorecer la capacidad de adaptación continuada de

los trabajadores. Los gobiernos no deberían dejar en manos de los

incentivos y mecanismos del mercado el hecho educativo, sino que

tendrían que mejorar la calidad y accesibilidad a la educación pública, así

como establecer mecanismos para el acceso y continuidad de colectivos

con necesidades especiales como los jóvenes en riesgo social, los niños/as

de familias desestructuradas, trabajadores con bajos niveles de renta, las

mujeres sin estudios ni experiencia laboral o los mayores de 50 años en

paro. Numerosos estudios confirman que la inversión en educación no

sólo revierte en el bienestar individual de las personas, sino en el

conjunto de la sociedad (Topel, 2004)

• Mejorar las condiciones del mercado de trabajo, que facilite el acceso de

los parados y proporcione protección a los que ya están empleados.

Como ejemplo, planteamos a discusión el concepto de flexiseguridad,

definido por la Comisión Europea en base a cuatro componentes:

condiciones contractuales flexibles y seguras; políticas activas del

mercado de trabajo que fomenten la seguridad; dinámicas de formación

continuada que potencien la ocupabilidad y aumenten la productividad;

sistemas modernos de seguridad social que combinen ayudas suficientes

a las rentas con la promoción de la movilidad en el mercado de trabajo.

Desde la perspectiva de la C. Europea, la flexiseguridad ofrece ventajas en

muchos sentidos, a partir de que fomenta un alto índice de ocupación y

una percepción de inseguridad más reducida; ofrece una protección legal

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y contractual limitada ante los despidos; garantiza altas tasas de

sustitución de los parados y depende de las políticas activas del mercado

de trabajo, basadas en derechos y responsabilidades. Es una estrategia

que combina la política de educación y la del mercado de trabajo sin

precedentes. educación continuada. Habría que realizar un análisis más

profundo en relación a qué dinámicas genera a nivel social y hasta qué

punto las diferencias entre sujetos en el acceso a la educación de calidad

y la formación continuada, pueden ser determinantes en la generación de

desigualdades sociales.

• Abordar el hecho de la inmigración desde un punto de vista estratégico a

largo plazo y no sólo táctico. Las políticas de inmigración han de ser más

activas e inclusivas, de forma que acepten los procesos de flujos

migratorios que son comunes en todo el mundo y regulen las dinámicas

que les resultan de interés. Los gobiernos progresistas no deben dejar

que sea el libre mercado el que regule los flujos migratorios, sino que

deben liderar el proceso de integración, tanto cuantitativa como

cualitativamente, de forma que la integración sea un proceso natural que

se inicie con la experiencia laboral –interés principal de los inmigrantes-

y continúe con la educación e integración social.

• Finalmente, y como política que consideramos pública y, por tanto,

objeto de análisis y acción por parte de las administraciones, el acceso a

la vivienda, como derecho fundamental, ha de estar regulado por el

sector público. Tanto la gestión del suelo, que ha de integrar intereses y

legislación desde el punto de vista económico, ecológico y de interés para

la población, como la regulación del mercado inmobiliario, han de ser

objeto de atención de la administración central, desde el momento en que

el suelo y territorio es, en principio, un bien público y no privado, y que

la vivienda es un derecho primario en una sociedad como la nuestra. La

definición de unas reglas del juego con el sector económico que trata

temas inmobiliarios y de infraestructuras a partir de las administraciones

se hace del todo necesario especialmente en momentos de crisis

económicas. La fragilidad de las familias y las personas para obtener una

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vivienda –ya sea de alquiler o de propiedad- es una de las formas más

evidentes de desigualdad social que no sólo afectan al estatus social de la

familia y sus miembros, sino que pueden tener efectos en las condiciones

de salubridad de las viviendas, el acceso a los servicios y transportes, las

oportunidades de estudio o trabajo, etc.

3.2 Desde el punto de vista de la gobernanza y la gestión de realidades

complejas desde la administración pública, creemos que sería

conveniente:

• Revisar el sistema de administración pública, desde el punto de vista de

rigidez institucional y competencial. A territorios y problemas de

complejidad creciente le corresponden fórmulas institucionales

heterogéneas e imaginativas, de geometría variable y dinámicas

innovadoras. Poder trascender a las estructuras rígidas en beneficio del

trabajo por iniciativas u objetivos, contando con los agentes relevantes,

estableciendo compromisos mutuos.

• Los gobiernos autonómicos han de asegurar una auténtica conexión con

las políticas generales pero también, y especialmente, con las políticas

locales. La generación de cooperación institucional ha de basarse, si no

se cambian las leyes actuales, en el respeto a la autonomía propia de cada

institución, a su nivel de competencias y a la capacidad real de aportar

ideas y recursos para la generación de cambios. La autonomía municipal,

definida por ley, ha de poder ser compatible con las estrategias regionales

del territorio de una Comunidad Autónoma, mediante los Programas

articulados verticalmente, que aseguren la ejecución de políticas de

forma equitativa en el territorio, pero adaptadas a cada organización y

realidad local, partiendo de un trabajo de cooperación horizontal y no

jerarquizado.

• Las administraciones modernas mejorarán la cooperación con el sector

privado, a partir de unas reglas de relación transparentes y orientadas a

objetivos comunes de interés público. Las diferentes fórmulas de

compromiso e implicación mutua varían en función de múltiples

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variables, a pesar de que la capacidad de iniciativa y planteamiento del

hecho público corresponde en buena lógica a la administración pública,

así como la garantía de calidad y equidad en las acciones.

• Los gobiernos locales han de adquirir mayor protagonismo en el

liderazgo de redes en su territorio, de forma que aglutinen no sólo las

necesidades y expectativas de los ciudadanos, sino también las iniciativas

de mejora y cambio de los agentes locales, públicos o privados. El

desarrollo de roles estratégicos y cualitativos en su ámbito territorial

debe ir acompañado de una modernización de la capacidad de liderazgo

político y directivo, así como de herramientas de apoyo a la organización

de redes y evaluación de resultados.

3.3 Desde el punto de vista de la mejora de la calidad democrática y la

participación ciudadana, creemos que el avance ha de ser sustancial,

desde el momento en que la percepción de la población respecto al

sistema de partidos y elecciones cuatrianuales es insuficiente y no goza

de la confianza necesaria.

• Sería necesario implementar sistemas de participación democrática que

resulten representativos de determinados sectores sociales o territoriales,

de forma continuada y directa, de forma que la información y

comunicación en ambos sentidos –población/administración- sea

continuada y transparente.

• La gestión y calidad de los servicios y actuaciones locales debería ser

evaluada por agencias de gestión de la calidad a nivel supralocal o

autonómico que garanticen la presencia de representantes de los

usuarios y población general, además de expertos y técnicos especialistas.

• El impulso de las tecnologías de la información para favorecer la

participación ciudadana ha de contar con estrategias para asegurar la

equidad por razón de edad, sexo, nivel cultural, discapacidad o

procedencia cultural.

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• Los gobiernos, en todos sus niveles, deben contemplar espacios de

participación ciudadana, transparentes y representativos, que vinculen a

la ciudadanía no sólo en el análisis de los problemas sino también en la

concreción de las propuestas, implicándose en ellas según su capacidad.

• Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de generar

procesos internos y externos que mejoren la confianza de los ciudadanos

en la gestión pública y en su finalidad principal: el bienestar común.

4. NUESTRA PROPUESTA ORIENTADA AL ÉXITO

En este apartado, presentaremos sucintamente una propuesta metodológica

de abordaje de las desigualdades sociales, que ha tenido en cuenta los elementos

planteados hasta el momento: la dinámica de las desigualdades sociales, el

gobierno en red y multinivel, y la participación ciudadana. Esta propuesta

metodológica se aplicó parcialmente desde el año 2005 hasta 2009 a la

iniciativa del Departament de Salut de participar en una acción integral del

Gobierno de la Generalitat de Catalunya para la mejora de barrios con

necesidades especiales. (Llei 2/2004 del Parlament de Catalunya)

Cuando hablamos de una propuesta “orientada al éxito” no queremos caer en

una simplicidad y ostentación absurdas. Nos referimos a un método en el que el

trabajo relacional entre las partes implicadas para la definición de soluciones se

basa esencialmente en los aspectos positivos de la organización y las personas

para generar cambios, y no sólo en analizar pormenorizadamente los

problemas.

Asimismo, está orientada al éxito, en el sentido de que no proponemos la

delimitación de objetivos a largo plazo, ni desde el punto de vista de la dinámica

inter-institucional que establecemos, ni desde el punto de vista de la población

sujeto de la atención. Nuestra propuesta inicia un proceso, con unos elementos

determinados, unas reglas de juego y una dinámica proactiva. Un proceso que se

instaura en el territorio y va generando sus propios éxitos, progresiva y

consecutivamente. Al igual que las dinámicas sociales no son estáticas ni

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uniformes, la intervención social tampoco debe serlo. De esta forma, nuestro

método introduce una mirada de corte transversal, por un lado, en el momento

en que analizamos las necesidades sociales en sentido amplio en un momento

concreto del tiempo, pero también estructura y consolida unos mecanismos que

han de visualizar la intervención de forma longitudinal en el tiempo, a través de

un mecanismo de aproximaciones sucesivas que no llevarán a un único y gran

éxito, sino a sucesivas mejoras, evaluables y contrastables, que darán como

resultado, desde una mirada longitudinal y relativa, una proceso seguro de

mejora, de éxito.

Necesitamos, para trabajar en el campo de las desigualdades sociales, como

mínimo, tres elementos: comprensión del fenómeno, expectativas realistas

respecto a las posibilidades de mejora y éxito, compromiso entre las partes que

pueden generar cambios.

El Programa ALIRES, del Instituto de Innovación en Servicios a la Persona,

CivitasInnova significa “Acción Local Intensiva en Redes de Salud y Bienestar

Social”. A partir de la construcción teórica que hemos apuntado anteriormente,

intenta poner en ejecución algunos de esos conceptos en un escenario concreto,

formado por dos ejes: el espacio local y la administración local como eje

dinamizador, por un lado, y las desigualdades sociales y en salud, como objeto

de análisis y trabajo, por otro. Sin embargo, se trata de un sistema que

permitiría adaptar los componentes a diversos ámbitos y niveles de gobierno,

desde el momento en que se construye a partir de PERSONAS como elementos

de un SISTEMA creado al efecto para la finalidad y objetivos en cuestión.

Asimismo, sería útil en el abordaje de otro tipo de problemáticas sociales.

De este modo, los elementos principales de éxito son:

- La identificación adecuada y consensuada del objeto de análisis y cambio.

- La selección de las instituciones y otros agentes implicados en el

problema, con capacidad resolutiva y de aplicación de recursos, es decir,

aquellos que ostentan el poder en el territorio.

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- La gestión del poder como elemento común a un equipo de trabajo en

posición horizontal, con la mirada puesta en la población y no en sí

mismo

- Participación activa de los técnicos y de la población como elementos

impulsores por un lado y consolidadores por otro de las dinámicas

creadas

El punto de partida de nuestra intervención, como consultores externos, es la

identificación de una necesidad social a partir de una problemática emergente

en un territorio concreto, o bien la voluntad política de actuar sobre problemas

endémicos de la población, o bien por la directriz autonómica o central de

impulsar políticas de lucha contra las desigualdades sociales. En todo caso, la

organización pública que lidera el inicio del proceso se encuentra con una

realidad nueva: debe hacer algo que no ha hecho nunca, de difícil abordaje

desde un ámbito competencial de meso-nivel o micro-nivel, y contando con los

recursos humanos y materiales existentes en su territorio. Si bien en muchos

casos, las organizaciones tienen ya definidos sistemas de trabajo que puedan

integrar una problemática nueva, en general la participación de una entidad

externa es bien apreciada para resolver el enfoque y amplitud del propósito.

A pesar de que el abordaje de las desigualdades sociales, como ya hemos

mencionado, requiere políticas europeas y estatales para reducir su origen en el

ámbito económico y sociológico, nos encontramos en el ámbito local con los

efectos de dichas desigualdades en muchas personas y colectivos y con una

tendencia a “paliar” esos efectos, con políticas asistenciales y reparadoras de los

daños. Así las prestaciones económicas, los albergues o centros de acogida, las

becas de comedor, la tutoría personalizada en la inserción laboral, etc.

No es frecuente encontrar responsables políticos ni técnicos que tengan la

visión de que su actividad institucional no sólo también puede generar

desigualdades sociales, sino que tiene la posibilidad de neutralizarlas y luchar

contra ellas. Desde este punto de partida, nuestro planteamiento nos lleva a

ampliar el círculo de posibles implicados en el proceso, en forma de círculos

concéntricos en los que situamos, de forma funcional, a las políticas sociales y

18

de salud en el centro, pero con importantes conexiones con otras políticas

municipales con competencias plenas.

Según sea el estamento impulsor de la necesidad de intervención, la

construcción de este entramado funcional se iniciará por un camino o por otro.

En última instancia, sin embargo, el objetivo es situar a los responsables

políticos en este orden de implicación, desde el momento en que las

desigualdades sociales, como hemos dicho, no sólo tienen su origen en diversos

sistemas, sino que esos mismos sistemas tienen en su mano oportunidades de

compensarlas y minimizar sus efectos.

Justificaremos nuestra posición al respecto: el núcleo motor de la intervención

es el de la Política Social, desde el momento en que las desigualdades sociales,

como hemos ya mencionado, tienen su plasmación directa en la población que

vive en ciudades y pueblos concretos. Los Servicios Sociales son los que

absorben la demanda mayoritaria de estos colectivos, que suele ser de tipo

económico, uso preferente de servicios públicos o integración laboral. En este

sentido, los Servicios Sociales actúan como compensadores o reparadores de los

URBANISMO

HAC I E NDA

M E D I O

A M B I E N T E

EDUCACIÓN

D E POR T E S

PROM. ECONOMICA

CU L T URA

POLÍTICA SOCIAL Y SALUD

MANTENIMIENTO

Figura 2: Elaboración propia. Isabel Sierra

19

déficits sociales e individuales acumulados por estos colectivos a lo largo de su

historia vital. También tienen una importante función preventiva,

especialmente dirigida a los miembros más frágiles de las familias, como los

niños y niñas, personas mayores dependientes y personas con la autonomía

personal limitada. En este sentido, la detección de situaciones de riesgo de

forma precoz, cuando aún no se han producido problemas es un factor

importante de la intervención social que no siempre es bien reconocido ni

ampliamente practicado en todos los ayuntamientos, que tienen esa

competencia de forma casi exclusiva.

El ámbito de la Salud, por otro lado, y a pesar de no ser una competencia

exclusiva del ayuntamiento, es partícipe de primer orden en nuestro

planteamiento, dada su relevancia para el contacto con el sector sanitario del

territorio, además de poder actuar de forma preventiva y en promoción de la

salud en colectivos de riesgo social.

Estos dos ámbitos son los que, de forma colegiada, actúan de líderes del

proceso, en cuanto a la coordinación de las actividades, el impulso de los

proyectos en el ámbito interno municipal y la interlocución directa con la

alcaldía que, en definitiva, es la figura que tutoriza en última instancia el

proceso y ha de procurar por su ejecución en un período de tiempo suficiente

como para ser efectivo.

En el segundo círculo, nos encontramos con Educación, Deportes, Cultura y

Promoción Económica (área que ostenta diversos nombres pero que se ocupa

del desarrollo de la economía local, inserción laboral y contacto con las

empresas del territorio). Las personas con rentas bajas suelen tener asociados

comportamientos, por un lado, poco saludables a nivel de deporte y actividad

física y, por otro, de acceso a productos culturales de cierto nivel. Sin entrar

ahora en si una situación lleva a la otra o al revés, el papel del ayuntamiento de

la planificación de la oferta deportiva y cultural debe tener en cuenta también

estos aspectos, como mínimo, para favorecer el acceso a todas las personas del

municipio que lo deseen o, incluso, a aquellas en las que, por su situación

personal, está aún más indicado.

20

En relación a la Educación, es importante su papel como conector con el

sistema educativo del territorio, tanto formal como no formal, así como en su

rol ejecutor de formación de adultos. Las regidurías de Educación pueden hacer

un gran papel en el apoyo a las escuelas e institutos en relación a colectivos

específicos, situaciones de riesgo que se pueden detectar, apoyo a la comunidad

educativa, políticas de integración inter-cultural, organización de jornadas y

formación para los docentes y asociaciones de padres y madres de alumnos, así

como actividades dirigidas a los propios alumnos, en relación al conocimiento

de su ciudad, de los Derechos de la Infancia, y otras problemáticas sociales de

nuestra época que complementan la actividad de la escuela y de la familia. Más

importante, si cabe, es el papel de la promoción económica o desarrollo local, en

cuanto a su posibilidad de generar sinergias en el territorio entre la población, la

formación profesional y la inserción laboral. Si bien es cierto que son

actuaciones dirigidas a la población general, también es muy importante que se

tenga en consideración a ciertos colectivos a fin de establecer puentes entre su

situación personal y la plena inserción. Mujeres sin estudios con hijos a cargo,

parados de larga duración, personas que salen de prisión o finalizan un proceso

de deshabituación de las drogas o el alcohol, entre otras, deben ser objeto

preferente de intervención del sector económico de la institución local, como

garante de la igualdad de oportunidades para todos.

En un tercer ámbito de implicación en el proceso, contamos con las áreas de

Urbanismo, Medio Ambiente, Mantenimiento o Servicios Generales, i Hacienda.

Son áreas que podría parecer que no tienen un impacto directo respecto a las

desigualdades sociales, pero veremos que no. Una de las características

comunes de las desigualdades sociales son las malas condiciones de la vivienda

o la falta de acceso a ella. Desde los ayuntamientos existen iniciativas en

relación a la promoción de viviendas de protección oficial, aunque durante unos

largos años esa función desapareció, dejando paso a la especulación urbanística,

como es bien sabido. Una política de vivienda, desde el ámbito de competencia

municipal, ha de tener presente la situación de su población en general, así

como especialmente de las familias y colectivos en situación de desigualdad

social. La garantía de vivienda digna, si bien no es una responsabilidad

21

exclusiva del ámbito local, sí puede generarse a partir del impulso local y su

participación en las áreas de las que son responsables.

Además de la vivienda, el urbanismo local tiene un gran papel en relación a la

distribución de la ciudad, la integración de los barrios, las comunicaciones y

acceso de todas a las personas a los servicios públicos, la ubicación de éstos, el

diseño del paisaje urbano y la incidencia en la seguridad ciudadana. En este

sentido, en muchas ciudades europeas y también en algunas españolas, se han

generado interesantes proyectos de rehabilitación integral de barrios

deprimidos a todos los niveles con una intervención urbanística que busca no

sólo la rehabilitación de las fachadas de las viviendas y las condiciones físicas de

éstas, sino también la distribución del espacio físico, su funcionalidad, la

oportunidad de creación de equipamientos públicos, todo ello pensando en

evitar la denigración urbana asociada a su uso por parte de determinados

colectivos sociales, así como en disminuir el riesgo de segregación social i

concentración de problemática social.

Los ámbitos de medio ambiente, mantenimiento urbano y salubridad del

municipio, a menudo actúan de forma homogénea en todo el territorio, aunque

existen diferencias sustanciales en algunos barrios o zonas de las ciudades o

pueblos. En este sentido, articular propuestas específicas orientadas a colectivos

diana que realizan malas prácticas en la gestión de los residuos y uso del espacio

público, que pueden llevar a problemas de convivencia, es necesario para ganar

en eficacia en este tipo de servicios y no generar discriminación respecto a

algunas culturas y formas de vida.

En cuanto a Hacienda, la participación en un proceso municipal de abordaje

de las desigualdades sociales puede llevar a considerar aspectos fiscales para

algunos ciudadanos/as o familias, a tener en cuenta situaciones sociales

específicas justificadas a efectos de tomar determinadas medidas y, sobre todo,

a plasmar en los presupuestos anuales, con carácter de continuidad, los costes

derivados de los nuevos proyectos que el proceso pueda generar.

22

Uno de los conceptos que aplicamos en este primer círculo de acción es

precisamente el de gobierno inter-departamental, desde el momento en que, a

pesar de pertenecer a un mismo consistorio, no siempre se comprende ni

respeta el trabajo transversal. En este sentido, nuestra primera intervención

consiste en crear un espacio de trabajo a dos niveles: primer y segundo círculo,

por un lado, y primer y tercer círculo por otro, de forma que se recogen tanto las

expectativas y visiones sobre el problema, así como el posicionamiento

particular, y las posibilidades reales de concreción de propuestas e implicación.

Utilizamos diversas técnicas de dirección de equipos, entre ellas, el coaching

estratégico, a fin de generar las mejores opciones de cooperación en cada caso.

Además del ayuntamiento como generador de procesos tanto internos como

externos, nuestro modelo contempla de forma muy precisa la implicación de

agentes del territorio implicados tanto en el análisis de los problemas como en

sus soluciones.

Normalmente ya existen relaciones externas del ayuntamiento con entidades

de su territorio. La nueva intervención consiste en abordar las desigualdades

AYUNTAMIENTO

Escuelas e Institutos

Empresas y lobbies Centros Sanitarios

Asociaciones y entidades

P O B L A C I O N

P O B L A C I O N

Figura 3: Elaboración propia. Isabel Sierra

23

sociales, no sólo desde el punto de vista de la demanda y reivindicación por

parte de estas entidades, como es lo habitual, sino constituir un espacio de

trabajo con personas representativas y conocedoras de la realidad social del

municipio, que será el equipo que formará el núcleo motor del ayuntamiento

(política social y salud) con el resto de la ciudad. Asimismo, y para esta función,

el núcleo motor contará con agentes de otras regidurías para actuar como

interlocutores naturales con los agentes sociales. El objetivo siempre es

compartir el análisis de los problemas y generar posibles soluciones. En el caso

de las vinculaciones con agentes externos, suelen darse tres fenómenos:

- en tanto que las relaciones habituales del ayuntamiento con escuelas,

institutos, centros sanitarios, empresas y entidades ya tienen una

experiencia previa, la necesidad de “descodificar” esta percepción mutua

para construir otra suele entrañar bastantes dificultades.

- es necesario construir un lenguaje común para poder desarrollar

propuestas y comprender el fenómeno de las desigualdades sociales. Es

interesante, en ese sentido, poder organizar alguna sesión informativa o

formativa, previa al trabajo del equipo, para establecer un punto de

partida más homogéneo.

- las entidades sociales, asociaciones, empresas y lobbies de la ciudad

deben dedicar un tiempo interno a comprender la participación que se les

pide, en tanto que suele ser la primera vez que tratan el tema o bien que

tienen una relación horizontal con el ayuntamiento para abordar una

problemática en la que, en principio, creen que no pueden intervenir.

Para tratar esta fase de trabajo analítico y propositivo es muy importante que

se identifiquen las personas clave de cada institución de forma adecuada, en

base a unos criterios específicos, así como se utilicen técnicas de dirección de

equipos para lograr un aprendizaje significativo entre los miembros y un trabajo

cooperativo orientado a resultados.

En este punto, es dónde interviene el sistema de gobierno multinivel, en el

sentido de que tanto los centros educativos como sanitarios tienen una

24

dependencia autonómica y su margen de maniobra respecto a las decisiones a

tomar en cada territorio es limitada. En ese sentido, ayudamos a establecer

puentes con las figuras jerárquicas correspondientes, en momentos

determinados de la toma de decisiones, no sólo con el objetivo de tratar la

situación del municipio en cuestión, sino también para abrir vías en el nivel

autonómico de cooperación en otros territorios que puedan estar interesados en

un futuro en iniciar el proceso.

El entramado de vinculaciones, ya sean jerárquicas u horizontales, entre los

miembros del equipo de trabajo y otras instituciones de orden superior o

equivalente (otras escuelas, otros centros sanitarios) es de una cierta

complejidad por lo que utilizamos técnicas de mapificación de las relaciones y

estrategias de alianzas y negociación para poder abordar estos obstáculos,

cuando los hay.

Para acabar la exposición en relación a los elementos del programa a nivel

local, expondremos nuestra visión respecto a la participación ciudadana. Como

ya hemos comentado en apartados anteriores, la legitimidad de la participación

a través de asociaciones, en algunos casos, puede ser cuestionada. En el caso

particular del abordaje de las desigualdades, nos encontramos normalmente con

una escasa vinculación de estos colectivos y personas a asociaciones genéricas

del municipio, aunque sí pueden tener las suyas propias, como en el caso de la

comunidad gitana o algunos inmigrantes. El conocimiento del ayuntamiento

respecto a las entidades es sustancial, a pesar de que cada área suele tener sus

propios interlocutores, por temas específicos o bien existe algún Consejo de

participación formalizado de tipo general. En todo caso, se revisan todas las

entidades del municipio, tengan contacto o no con el ayuntamiento, los

liderazgos, la base que representan, sus intereses específicos y la experiencia del

ayuntamiento con ellas. Se valoran todos los elementos, de forma que se define

una estrategia de participación específica en cada territorio, en función del

tejido asociativo y de la voluntad política.

Como en el caso de los agentes públicos del territorio externos al ayuntamiento

y de forma simultánea, se plantea la participación de la población en el proceso

25

de trabajo, señalando a las entidades la necesidad de identificar por su parte

aquellas situaciones de desigualdad social que tienen o no tienen recogidas y

hacer un esfuerzo por detectarlas. Asimismo, a partir del conocimiento de los

Servicios Sociales municipales y los servicios de salud, se propone la

colaboración personalizada de usuarios/as a través de unas encuestas

específicas, además de animarles a participar más continuadamente a través de

alguna asociación.

Durante todo el proceso de análisis y elaboración de propuestas, la

participación de la población es activa, a través de reuniones formalizadas en las

que se somete a su consideración el trabajo que realizan los técnicos y se

recogen aportaciones. También en el momento de las propuestas, y esto es lo

más novedoso, las entidades son llamadas a participar con actuaciones desde su

ámbito de responsabilidad y no sólo a exigir actuaciones por parte de la

administración. Hemos de decir que, a través del trabajo cooperativo que

implica a las diferentes partes, las entidades y colectivos son capaces de

reconocer los límites de la intervención pública con más detalle, así como

también valorar sus posibilidades reales de abordar las desigualdades también

desde su posición.

A principios de 2010, después de cuatro años desarrollando el programa, no

sólo en Catalunya sino en municipios de Aragón y País Vasco, podemos decir

que la valoración por parte de los participantes, casi sin excepción, es máxima.

La implicación real de las instituciones ha derivado en la dotación de recursos

humanos, económicos y materiales para el desarrollo de más de 350 proyectos

en 29 municipios españoles. La participación ciudadana y la permanencia de

los equipos técnicos esperamos que compense la movilidad de algunos políticos

y directivos, así como consolide una forma de relacionarse con la administración

con una base cooperativa y atenta a las desigualdades sociales.

Siguientes retos nos llevarán a mejorar la capacidad de evaluación de

resultados de los proyectos desarrollados, a fin de valorar el impacto real en la

población respecto a las desigualdades sociales, aunque, como decíamos antes,

la dificultad metodológica de valorar determinados avances es manifiesta.

26

5. A MODO DE SÍNTESIS

Nuestra aportación en este capítulo ha pretendido situar el marco de análisis

de las desigualdades sociales, por un lado, así como apuntar propuestas en

relación a las posibilidades de acción para evitar su incremento y minimizar sus

efectos sobre las personas.

A pesar de que el fenómeno tiene un origen estructural en relación al sistema

capitalista y la economía de mercado, algunas propuestas a considerar, como la

flexiseguridad, que facilita márgenes de maniobra menos rígidos para la

contratación, así como una formación continuada y estable que permita la

adaptación continua de los trabajadores y una adecuación entre la formación

profesional y universitaria con los mercados de trabajo, serían elementos a

desarrollar para favorecer la estabilidad laboral, el fomento del talento y la

posibilidad de ascender socialmente a través de la educación y el trabajo.

Desde el punto de vista de las ideologías políticas y las estructuras de la

administración, apuntamos propuestas en relación a una mayor disponibilidad

y predisposición de las posiciones progresistas, no sólo para reconocer las

desigualdades sociales, sino para trabajar en contra de su existencia y a favor de

la mejora de las condiciones de las personas que las padecen. En ese sentido,

las políticas activas contra las desigualdades sociales, que afectan a todas las

áreas de gobierno y deben ser abordadas de forma transversal en todos los

niveles administrativos, son una necesidad cada vez más emergente si

queremos evitar el aumento de las bolsas de pobreza en las ciudades, la

despoblación en las zonas rurales y la falta de competitividad con los mercados

europeos en relación a nuestro capital humano: trabajadores, profesionales e

investigadores.

Las estructuras de gobierno intermedias y locales, por otro lado, se encuentran

con serias dificultades para ejercer sus responsabilidades hacia el ciudadano de

forma eficaz. La fragmentación de las instituciones a nivel territorial y sectorial,

27

la falta de políticas verticales en grandes temas que impliquen a todos los

niveles administrativos, las dificultades de financiación, así como la

insuficiente formación de muchos políticos/as para actuar como líderes de

procesos en su ámbito, son aspectos a revisar y reformar de gran importancia si

queremos conseguir que la ciudadanía recupere la confianza en el sector público

como gestor eficaz y garante de los intereses colectivos.

La simplicidad organizativa, las estructuras más planas orientadas a objetivos,

el liderazgo constructivo por parte de políticos y directivos públicos, así como

una mayor implicación real del ciudadano/a en los asuntos de su interés,

pueden ser caminos de futuro para favorecer gobiernos en red, cooperantes y no

competitivos, así como gobiernos multi-nivel, eficientes, orientados hacia una

misma misión y coherentes en el mensaje institucional.

Nuestra aportación específica con un Programa propio, ALIRES, que hemos

desarrollado en el ámbito local entorno a las desigualdades sociales, apoya en

gran parte muchas de estas propuestas que, a nivel local tienen un sentido

concreto y finalista y, a niveles superiores, podrían actuar de forma efectiva y

sólida y continuada en contra de las desigualdades sociales.