Guillermo Cifuentes Carmona

Coordinación general: Dr. Rodolfo Calderón Umaña Investigador, FLACSO-CRInvestigador: Guillermo Cifuentes CarmonaUnidad ejecutora: FLACSO-CRAsesoría técnica: Fundación DEMUCAApoyo financiero: Agencia Española de Cooperación Internacional para el DesarrolloDiseño portada: Jorge Chávezcruz

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Las opiniones expresadas en este documento no han sido sometidas a revisión editorial y son de entera responsabilidad del autor, por lo que pueden no coincidir con las de la organización.

363.3C569g Cifuentes Carmona, Guillermo Gestión municipal de la seguridad ciudadana en Centroamérica y República Dominicana: informe de investigación, capítulo República Dominicana / Guillermo Cifuentes Carmona; Rodolfo Calderón Umaña, coord. – 1ª. ed. – San José, C.R.: FLACSO, 2010. 97 p.; 21 x 16 cm.

ISBN 978-9977-68-206-8

1. Seguridad ciudadana – América Central. 2. Seguridad ciudadana – República Dominicana. 3. Administración municipal – República Dominicana. I. Calderón Umaña, Rodolfo, coord. II. título.

Gestión Municipal de la Seguridad Ciudadana en Centroamérica y República Dominicana, capítulo República Dominicana

TAbLA DE COnTEnIDOS

Presentación .......................................................................................................Introducción .......................................................................................................

I. Objeto, precisiones conceptuales y metodología ..................................II. Estado del delito y la violencia en el país .............................................III. Contexto legal .......................................................................................IV. Política de Seguridad Ciudadana del Estado Dominicano ...................V. La seguridad ciudadana en la agenda municipal ..................................VI. Elección de los casos ............................................................................6.1. Distrito nacional ...................................................................................6.2. El Municipio de Villa bisonó ...............................................................VII. Conclusiones y recomendaciones .........................................................VIII. Referencias bibliográficas .....................................................................IX. Anexos ..................................................................................................

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TAbLAS, GRáFICOS, CUADROS y PLAnOS

Cuadro 1. Municipios según país. Junio 2009 ................................................Tabla 1. República Dominicana: Muertes violentas, muertos por Pn y total homicidios. 2005 - 2008 ...........................Gráfico 1. República Dominicana: Muertes violentas según mes de ocurrencia. 2005 - 2008 ..........................................Tabla 2. República Dominicana: Homicidios y caídos en acciones legales según las circunstancias. 2005 - 2007 ...........Gráfico 2. República Dominicana: Percepción de inseguridad. 1994-2008 .........................................Gráfico 3. República Dominicana: Víctimas de acto delincuencial por tamaño del lugar. 2008 .........Gráfico 4. Comparación por países: Percepción de inseguridad vs. criminalización por delito. 2008 ..Tabla 3. República Dominicana: Tasa de muertes violentas por cada 100 000 habitantes según provincias. 2005 – 2007 .......Tabla 4. República Dominicana: Avance del Programa de Policías Auxiliares. Marzo 2009 ..............................................Tabla 5. República Dominicana: Llamadas transferidas al 911 según caso. Enero 2009 ..................................Tabla 6. República Dominicana: Total becados del programa “becas para mi barrio”. Marzo 2009 ............................................

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Plano 1. Distrito nacional y circunscripciones ..........................................Gráfico 5. Distrito Nacional: Tasa de muertes violentas por 100.000 habitantes. 2005 -2007 ...Gráfico 6. Distrito Nacional: Victimización directa e indirecta. Sept. 2006 - Abr. 2009 ............Gráfico 7. Distrito Nacional: Percepción del Comportamiento del Delito en la capital. Abril 2007 - Abril 2009 ..........................Tabla 7. Distrito nacional: Muertes violentas por barrios. 2005 - 2008 ..................................Tabla 8. Distrito nacional: Síntesis de indicadores de vulnerabilidad. 2002 ...........................Plano 2. Domingo Savio y buenos Aires: Ubicación de los barrios en el Distrito nacional ..........................Plano 3. barrio Domingo Savio ..................................................................Plano 4. barrio buenos Aires ......................................................................Tabla 9. Distrito nacional: Presupuesto. 2008 - 2009 ................................Cuadro 2. Distrito nacional: Ejecución Presupuestaria por Lineamientos Estratégicos. Agosto 2008 - Julio 2009 ...........Tabla 10. Distrito nacional: Ejecución presupuestaria. 2009 .......................Tabla 11. Villa bisonó: Síntesis de indicadores de vulnerabilidad. 2002 ...........................Gráfico 8. Villa Bisonó: Muertes violentas. 2005 - 2008 ..............................Tabla 12. navarrete: Victimización de ciudadanos. 2007 - 2008 .................Tabla 13. navarrete: Conductas ciudadanas ante la victimización delictiva. 2008 ............................................Tabla 14. Villa bisonó: Detalles de Ingreso. 2008 .......................................

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PRESEnTACIÓn

A pesar de las inconsistencias exhibidas por los registros oficiales sobre el delito en América Latina, estos muestran una clara tendencia en el aumento de aque-llas modalidades relacionadas con el patrimonio (robos y asaltos) y el tráfico de drogas (venta y lavado de dinero, por ejemplo).1 Pese a la complejidad que subyace a esta situación, una serie de elementos se han conjugado para dar paso a un abordaje unidimensional y empobrecido de la misma; abordaje que otorga a la represión, de forma casi exclusiva, la tarea de resolver el problema.

Una y otra vez, sin embargo, este tipo de respuestas que depositan sus esperan-zas de controlar y disminuir el delito a través del sistema penal, han evidenciado los riesgos y consecuencias que ello entraña para el ejercicio de las libertades y garantías individuales, pero también y, sobre todo, su imposibilidad para dar una respuesta efectiva. Esto se debe a que el delito, contrario a lo establecido por la investigación científica, es visto como un fenómeno individual, desconectado de la estructura socioeconómica de la cual emerge. Por ello, al ignorar las diná-micas estructurales que le subyacen, no puede más que atacar la manifestación del problema y por tanto, ofrecer respuestas condenadas al fracaso (Calderón, 2008).

Por fortuna y, como contrapunto de lo indicado, en los últimos años se regis-tran dos hechos importantes. Primero, el surgimiento de un enfoque alternativo para el diseño de políticas públicas en este campo; enfoque que a diferencia del discurso hegemónico ve en el delito (como en otras formas de violencia social), un problema relacionado con el desarrollo y los derechos humanos. De ahí que sostenga que para abordar efectiva y democráticamente el tema, se requiere di-señar y ejecutar políticas públicas que, sin abandonar lo represivo, acentúen lo

1. Dos aclaraciones al respecto. Primero, esta afirmación se basa en los datos existentes, por lo que quedan fuera del análisis una gran can-tidad de delitos, que por diversas razones no se captan en los registros oficiales. Segundo, los homicidios tienen un lugar de “privilegio” en las estadísticas de la región, de ahí que es importante destacar que una proporción significativa de estos se relaciona con la ejecución de los delitos ya indicados.


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preventivo, al tiempo que estimulen la participación ciudadana. Esta propuesta ha sido desarrollada por el Programa de las naciones Unidas bajo su esquema de “seguridad ciudadana” (PnUD: 2005).

Segundo, la emergencia de nuevos actores en el tratamiento del problema; espe-cíficamente aquellos que lo abordan desde el ámbito preventivo y participativo.2 En este sentido, destaca la intervención que en años recientes exhiben algunos gobiernos municipales en este campo, ya que los mismos, en ejercicio de sus funciones y competencias, adquieren un rol destacado en la prevención del deli-to por varias razones: (1) porque al estimular el desarrollo local, generan opor-tunidades económicas, sociales y culturales efectivas que ayudarían a evitar la emergencia de ciertas manifestaciones criminales (prevención social del delito). (2) Porque puede contribuir a evitar la comisión de ciertos delitos (prevención situacional), al mejorar la dimensión espacial del territorio, por ejemplo, recu-perando lotes baldíos, iluminando las vías públicas o controlando el expendio de licores, entre otros. y (3) porque está en capacidad de incentivar la participación comunitaria en un modelo que promueve, ya no solo la colaboración con los cuerpos policiales (líneas de denuncia, comités barriales de vigilancias, etc.), sino más bien la inclusión política, lo que fortalece los mecanismos de transpa-rencia y rendición de cuentas.3

En virtud de lo anterior y, en el marco del proyecto sobre gobernabilidad de-mocrática y convivencia pacífica, financiado por la Agencia Española de Co-operación Internacional para el Desarrollo y ejecutado por FLACSO-Secretaría General, desde FLACSO-Costa Rica, se planteó la necesidad de analizar las iniciativas que en el ámbito de la prevención del delito y otras formas de violen-cia social están ejecutando los gobiernos municipales en Centroamérica y Repú-blica Dominicana. Esto, para diseñar, a partir del conocimiento de experiencias concretas, lineamientos que ayuden a la formulación, ejecución y evaluación

2. no hay que olvidar, en este sentido, la presencia de otros actores como las empresas privadas de seguridad, que actúan en sintonía con las visiones punitivas que actualmente dominan el tratamiento del tema y que por ende, no contribuyen a reducir el problema sino que lo agravan. 3. Es claro que al realizar estas funciones, el municipio promueve el ejercicio de la ciudadanía al tiempo que mejora su credibilidad (legitimidad) ante los habitantes.


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4. El carácter incipiente del fenómeno advierte lo desacertado que resultaría evaluar las iniciativas existentes en este campo desde el punto de vista de su impacto.

de políticas públicas, democráticas y sostenibles, en este campo.4 Fue así como surgió el proyecto sobre gestión municipal de la seguridad ciudadana en Cen-troamérica y República Dominicana, el cual contó con la asesoría técnica de la Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e Institucio-nal de Centroamérica y el Caribe (FUnDEMUCA).

El proyecto tomó como marco de referencia el esquema de seguridad ciudadana elaborado por el PnUD (2005), ya que a pesar de sus limitaciones, el mismo cons-tituye una valiosa herramienta para el diseño de políticas públicas, pues al delimi-tar con claridad su objeto de estudio: las vulnerabilidades que atentan contra un nú-cleo esencial de derechos fundamentales (la vida, la integridad -física, emocional y sexual- y otros propios del fuero personal como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de movimiento y el disfrute del patrimonio), prioriza acciones y focaliza recursos. Pero sin abandonar la visión de largo plazo, ya que la seguridad ciudada-na -entendida como un componente de la seguridad humana- está inevitablemente vinculada al desarrollo, lo que remite a una perspectiva de largo aliento.

Es justamente lo anterior lo que realza su importancia política e ideológica, ya que saca el tema del ámbito autoritario y represivo en el que lo ubican los discursos dominantes (políticas de ley y orden), para instalarlo en el plano de los derechos y el desarrollo humano, con lo que abre el espacio para la intervención de nuevos actores desde la prevención y la participación.

En términos metodológicos, el proyecto se basa en el análisis de experiencias concre-tas; es decir, de gobiernos municipales con acciones tendientes a prevenir el delito o cualquier otra forma de violencia social; esto sin importar el grado de formulación de tales iniciativas. Los países donde se realizó el estudio son: Costa Rica, Guatemala, Panamá, nicaragua, El Salvador, República Dominicana y Honduras (las experiencias seleccionadas se muestran en la tabla número uno). Al respecto, vale indicar que en Honduras no se pudo evaluar ninguna experiencia concreta, debido a los acontecimien-tos del 28 de junio de 2009, por lo que se aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el riesgo de la vuelta de los discursos de seguridad nacional en la región.


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Este proyecto estuvo abierto al escrutinio y la crítica constante. La propuesta original, formulada por la coordinación, se validó con el concurso de diversos actores. Luego fue discutida, ampliada y modificada por el equipo de investiga-dores en un taller que tuvo lugar en Costa Rica, el mes de junio de 2009. Los casos seleccionados son el resultado de un proceso de consulta, análisis y dis-cusión, que además de los investigadores responsables, contó también con los aportes de expertos ajenos al proyecto y de las federaciones o asociaciones de municipios que se lograron consultar.

Los informes de investigación siguieron una serie de etapas para garantizar la confiabilidad de los datos, así como la validez y el rigor de los resultados. Los resultados preliminares del trabajo de campo fueron sometidos a discusión por las y los investigadores en cada uno de los países, de forma tal que se inten-tó recuperar la visión de los actores involucrados en el proceso (autoridades y funcionarios municipales, así como líderes comunales). (2) Luego hubo una presentación de los informes para ser discutidos y analizados en un marco más amplio. En este caso, el informe (o una síntesis) fue entregado con tiempo a las autoridades municipales y los comentaristas designados (académicos y expertos del tema municipal). Las observaciones y comentarios generados en este espa-cio se incorporaron al informe que hoy se presenta al lector.

Cuadro 1Municipios según país. Junio 2009

País MunicipioCosta Rica Garabito Cartago Centronicaragua León JinotepeGuatemala Santa Catarina Pinula San Juan SacatepéquezEl Salvador Antiguo Cuscatlán Santa Tecla*Panamá San Miguelito ColónRepública Dominicana Distrito nacional Villa bisonó

*Se analizó un tercer caso: Ahuachapán.


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Se espera que este trabajo -en conjunto con el realizado en los demás países, así como el informe final del proyecto- contribuya al entendimiento del problema, pero sobre todo, a orientar el diseño, formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas en el campo de la prevención de la violencia social y la promoción de la convivencia pacífica desde los gobiernos locales. Para concluir y, con el objetivo de dimensionar los resultados obtenidos en cada país, se considera oportuno listar los elementos comunes que se encuentran en los casos estudiados.

• Los gobiernos locales estudiados, efectivamente desarrollan accio-nes que contribuyen a prevenir el delito y otras formas de violencia social; sin embargo, en muy pocos casos estas acciones se realizan sistemáticamente y con esa intención, lo que reduce su potencial, debido a que el bajo grado de estructuración que reportan, dificulta evaluar el impacto y formular medidas correctivas.

• En la mayoría de los casos, la prevención se reduce a prevención situacional del delito con un marcado énfasis en lo punitivo, tal y como lo evidencia el interés por crear o fortalecer policías munici-pales. Esto, entraña el riesgo de empobrecer las funciones que puede realizar el municipio en la prevención social y situacional del delito (esta última enfocada en mejorar los espacios públicos), pero tam-bién de otras formas de violencia.

• Con respecto a las acciones explícitamente formuladas para prevenir el delito, la tendencia es a que estas no hayan emergido del propio municipio o de la comunidad, sino más bien, de proyectos impulsa-dos por el gobierno central o algún organismo internacional, lo que pone en entredicho su sostenibilidad.

• El liderazgo político parece ser un elemento decisivo para introducir el tema de la prevención de la violencia en el ámbito municipal, pero eso no es suficiente para institucionalizarlo; para ello, se requiere la generación de capacidades municipales, lo que implica, entre otras cosas, constituir equipos técnicos multidisciplinarios. Esto se ve cla-ramente en El Salvador.


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• Los casos de San Juan Sacatepéquez en Guatemala y Villa Biso-nó en República Dominicana son muy buenos ejemplos de lo que puede hacer el municipio para identificar y abordar problemas de conflictividad social y prevenir la violencia social, más que el delito propiamente dicho.

• Prácticamente en ninguna de las experiencias analizadas la comu-nidad reporta una participación sustantiva, bien sea en identificar la problemática, contribuir a su solución o, demandar medidas efecti-vas por parte del gobierno local; esto a pesar de que existen meca-nismos e instancias para tal efecto, como por ejemplo, los comités, las comisiones y los consejos municipales de seguridad (Costa Rica, Guatemala y nicaragua).

• El estudio de las experiencias concretas evidenció la necesidad de revisar el marco analítico utilizado, pues hay que determinar si es más oportuno un enfoque de violencia social que uno de seguridad ciudadana. La ventaja: sacar del ámbito penal situaciones propias de una falta de oportunidades reales (dinámicas excluyentes) y ubi-carlas claramente en el plano de la desigualdad, a través de la idea de ciudadanía social; entendida esta como prácticas específicas que moldean el flujo de recursos hacia los grupos y los individuos, más que como derechos vistos desde una perspectiva jurídica.

Dr. Rodolfo Calderón Umaña,Investigador, FLACSO-Costa Rica,Coordinador regional.


InTRODUCCIÓn

Esta investigación se inscribe en el marco de un proceso mayor, el estudio de la “Gestión municipal de la seguridad ciudadana en Centroamérica y República Dominicana: Análisis de casos exitosos”, coordinado por FLACSO Costa Rica y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-sarrollo y con asesoría técnica de la Fundación para el Desarrollo Municipal e Institucional de Centroamérica y el Caribe (DEMUCA).

Iniciado el proceso de trabajo, se hizo evidente que cualquiera fuera el criterio de éxito que se utilizara, los gobiernos locales no estaban asumiendo el tema de la seguridad ciudadana por ser un tema nuevo, por ausencia de demanda ciudadana o por entender que este es un tema de responsabilidad del Gobierno Central. Tal hallazgo tuvo consecuencias inmediatas para la investigación desde el punto de vista metodológico y naturalmente de los contenidos.

La posibilidad de hacer aproximaciones evaluativas a la gestión municipal sobre el tema se hizo difícil porque la información existe solo cuando la tarea efecti-vamente se realiza .En este caso si no hay propiamente “gestión” de la seguridad no habrá información acerca de ella (indicadores, metas, etc.).

A esas implicaciones metodológicas, se sumó luego el problema conceptual. El concepto de partida era el de la “seguridad humana”, el cual, por amplitud e im-posibilidad de medición, hacía prácticamente imposible una comprensión cabal de lo que ocurre en los ayuntamientos estudiados.

Debimos entonces operacionalizar y acercarnos a la comprensión de las polé-micas acerca de las competencias municipales: La utilización de conceptos en extremos holísticos terminan por hacer la institución estudiada responsable de todo y haciendo en extremo difícil la definición de políticas públicas, programas o proyectos específicos y la identificación de los ejecutores en los marcos insti-tucionales y legales.

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Se hizo entonces necesario reorientar el trabajo hacia la búsqueda de iniciativas y áreas de interés en las que los gobiernos locales puedan, en el marco de sus obligaciones legales e institucionales desarrollar acciones relevantes y oportu-nas, partiendo de un proceso de reconocimiento de las condiciones que facilitan la aparición de conductas violentas.

Así, en primer lugar, se intenta describir y cuantificar el fenómeno de la se-guridad con la información disponible, primero a escalas nacional y luego en los territorios cuyo gobierno corresponde a los ayuntamientos seleccionados. El proceso investigativo busca sacar el tema de la seguridad ciudadana de los aspectos puramente represivos, no solo por el marco teórico definido, también y sobre todo porque los aspectos represivos aunque necesarios para alcanzar ni-veles mayores de seguridad, corresponden a las funciones y obligaciones de las instituciones centrales del Estado y no de los gobiernos locales. La investigación analiza dos gobiernos locales en República Dominicana que han implementado iniciativas respecto de la seguridad ciudadana. Una, buscan-do nuevas formas de contacto con el Gobierno central y la otra a partir de un instrumento de recolección y sistematización de información.

La finalidad del trabajo es identificar las condiciones asociadas al origen de las iniciativas estudiadas, conocer los factores que pueden ayudar a institucionalizar la gestión de la seguridad ciudadana, los problemas que enfrentan, evaluar el nivel de satisfacción según los actores claves y extraer lecciones significativas, potencialmente orientadoras para nuevas experiencias.

Desde el inicio se buscó el apoyo de DEMUCA y de las autoridades municipa-les organizadas en la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)5 y del Estado para la búsqueda de los casos por estudiar.

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5. De acuerdo con sus estatutos, la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU): “asocia y representa a los Municipios y Distritos Municipales de República Dominicana, para el impulso del desarrollo y la democracia municipal”, “con personalidad jurídica propia al amparo de la Ley N.° 122, del 3 de mayo de 2005 sobre asociaciones sin fines de lucro”.


El informe contiene además información acerca del estado de la violencia y el delito en el país, criminalización y victimización con la información disponible para observar tendencias; referencias al marco legal dominicano y su especial momento por estar realizándose una reforma constitucional y respecto de las obligaciones de los ayuntamientos establecidas en la Ley n.° 176-07; una des-cripción de los objetivos y componentes de la Política del Estado respecto de la Seguridad Ciudadana; la entrada en la agenda municipal de la Seguridad Ciu-dadana; la argumentación respecto de la elección de los casos en la situación particular del país y la presentación de los dos ayuntamientos seleccionados.

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I. Objeto, precisiones conceptuales y metodología

Objetivo

Analizar dos experiencias de gestión municipal que hayan establecido la seguri-dad ciudadana como áreas de trabajo permanente, con el fin de extraer lecciones aprendidas y contar con la base necesaria para el diseño de planes que contri-buyan a impulsar una gestión democrática, sostenible y efectiva de la seguridad ciudadana en el ámbito local.

Precisiones conceptuales

El concepto de seguridad ciudadana derivado en parte de la Doctrina de Seguri-dad Nacional, acepta definiciones múltiples y hasta contradictorias. Luego de las transiciones latinoamericanas a la democracia ha adquirido un fuerte componen-te policial y un atractivo ingrediente comunitario y participativo, que invita a la corresponsabilidad social ante la debilidad de los Estados para asegurar a todos -ciudadanos y no ciudadanos- el derecho a vivir en un ambiente libre de riesgo.

En la comunidad política y científica, la aparición del concepto de la “seguridad humana”, presentado por el PnUD en su Informe de Desarrollo Humano del año 1994, ha tenido gran impacto especialmente a partir de la exposición de sus siete dimensiones desagregadas: seguridad económica, seguridad alimentaria, seguri-dad en la salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad comunitaria y seguridad política (PnUD, 2006).

El informe citado afirma que “la seguridad humana no tiene que ver con las ar-mas; tiene que ver con la vida y la dignidad humana” y expresa la condición de “encontrarse libre de temor y libre de necesidad” (PnUD, 2006).

Con esa amplitud conceptual, aproximarse a la “gestión municipal” no parece posible6 cuando no existen referencias respecto de la jerarquización de los dife-rentes componentes, relaciones causales o criterios de medición.

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6. Evitamos entrar aquí en la discusión acerca de otras consecuencias de la amplitud del concepto como el peligro de la militarización de las políticas públicas, del conflicto latente entre seguridad y desarrollo, etc.


Si bien el concepto resulta metodológicamente complejo en su aplicación la in-vestigación y a la generación de políticas públicas, se le debe reconocer funcio-nalidad en el marco de la política internacional y de la cooperación internacional. La amplitud del concepto facilita los acuerdos entre organismos y Estados y uno de sus críticos, Mark Duffield, llega a identificar la “seguridad humana como una tecnología que empodera a las instituciones y actores internacionales para individualizar, agrupar y actuar sobre las poblaciones del Sur” (Pérez, 2006).

A falta de una jerarquización de los componentes de la seguridad humana y de la relación que existe entre ellos, surge una pregunta que busca respuesta ¿Cómo abordar el cumplimiento de los derechos de segunda y tercera generación cuan-do todavía están pendientes los de primera generación?

La Seguridad Ciudadana: Derecho Humano

En la literatura que aborda la doctrina de los derechos humanos, las declaracio-nes, tratados y convenios internacionales, existe acuerdo acerca de la sistemati-cidad de esos derechos y de la responsabilidad exclusiva del Estado en su pro-tección, así como también en su violación. Se puede afirmar entonces, que los particulares no violan los derechos humanos; los particulares cometen delitos, es decir, asumen conductas que incumplen normas legales.

Si la observación se hace desde el punto de vista de las víctimas, la responsa-bilidad del Estado se expresa en no disponer de políticas sociales, territoriales, legales y policiales que aseguren a los ciudadanos la seguridad en el Estado de Derecho.

Los ayuntamientos, entonces, en el marco de sus obligaciones legales, como parte del Estado tienen responsabilidad institucional en la protección de los Derechos Humanos y en la seguridad ciudadana si ésta es definida como un derecho.

La seguridad ciudadana es un derecho no solo de los ciudadanos entendidos políticamente Es también un derecho de los no ciudadanos: los niños y los hai-tianos, por ejemplo, en República Dominicana tienen derechos en este ámbito.

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Así, nos vamos aproximando a un afinamiento del concepto que conviene más a la investigación, a la comprensión del fenómeno y sobre todo a la búsqueda de soluciones.

La (in)seguridad ciudadana se presenta como una manifestación de la conflic-tividad social de la vida urbana, como expresión inequívoca de la exclusión social, de la segregación residencial, de un tipo de pobreza presente en las ciu-dades caracterizada por la segregación espacial y por la ausencia de servicios, que hacen posible la tipificación de áreas urbanas donde la ocurrencia de delitos contra la vida y la propiedad es mayor.

El principal factor de inseguridad será siempre la imposibilidad de las personas de ejercer sus derechos (Rojas, 2008), en nuestro caso el derecho a la ciudad.

La existencia de guetos urbanos, con alta densidad poblacional, sin equipamien-to urbano (escuelas, hospitales, parques y espacios públicos), mala calidad de las viviendas y hacinamiento tiene relación con comportamientos delictivos y violentos.

Una nueva conceptualización de la seguridad ciudadana se hace necesaria obser-vando el contexto político en que la reflexión se debe realizar: el de la precariza-ción de la acción estatal, resultado de la destrucción del Estado de compromiso, de la ausencia de acuerdos sociales inclusivos, que reconozcan derechos, priva-tización de los conflictos y la búsqueda de nuevos enemigos internos una vez ausentes los delincuentes subversivos. El delincuente es la nueva amenaza a la paz, especialmente urbana, que encubre y evita la visibilidad de los verdaderos problemas sociales y urbanos, los cuales representan la causa de la vulnerabili-dad; es decir, de una mayor exposición al riesgo.

Desde esa perspectiva, el problema criminal se presenta no como consecuen-cia, sino como razón de la vulnerabilidad. La exposición mayor al riesgo no se explica ya a partir de la ausencia de derechos, de las condiciones de pobreza y marginación social o espacial. En esta perspectiva, aumentar la seguridad es ta-rea de dispositivos policiales, no de políticas públicas destinadas a la resolución

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de las causas estructurales de la violencia urbana. Así van transformándose los problemas del desarrollo en problemas de seguridad, lo que lleva a militarizar o “policializar” acciones públicas decisivas y urgentes, como las que conduzcan a la reducción de la pobreza y a disminuir la desigualdad social y territorial.

La participación ciudadana

Entre los conceptos sobre este tema que con frecuencia aparecen en la literatura, se debe abordar el de la participación. Resulta difícil no encontrar en los textos que tratan de la “seguridad ciudadana” el recurso de la participación como con-dición para disminuir los niveles de inseguridad. Lo que no es posible encontrar con facilidad es una descripción de lo que se espera de la comunidad.

La consecuencia de lo anteriormente expuesto conduce al reconocimiento de una ambivalencia contradictoria en las políticas criminológicas del Estado. Para David Garland (Hoecker y Tsukame, 2008), esto queda representado por “el intento del Estado de ejercer soberanía a través de la represión y la confesión de impotencia a través del llamado a la ciudadanía a organizarse”.

En el ámbito de la seguridad ciudadana y la participación, hay dos temas que no deben ser ignorados frente a la participación de los ciudadanos –usuarios de la ciudad–:

1. Que los vecinos colectivamente lleven a cabo medidas de autopro-tección; más que participación comunitaria, es privatización de la seguridad: es el reconocimiento de que el Estado, “responsable de la gestión de riesgos sociales” ha sido superado en su deber de pro-teger bienes y vidas.

2. El nuevo Estado neoliberal que asegura prácticas fundamentadas en un nuevo contrato, basado en el esquema de derechos y deberes, que implica que el universo de acción ya no serán los grandes colecti-vos, serán los individuos particulares.

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Así, se está obligado a instalar el tema de la participación en el contexto, el de la reestructuración del sistema económico y de sus consecuencias en el sistema político.

Si el sistema de representación eliminó como actores de la acción política y de la toma de decisiones a los sectores populares, la participación debería hacer posible la recuperación de su protagonismo. El error, si es que fuera un error, sería no reconocer que el capitalismo globalizado debilita los Estados naciona-les, desestatiza y fortalece a los actores privados (Restrepo, 2001). Los nuevos conflictos políticos e institucionales, en el marco de la crisis del Estado-nación se hacen visibles en la negociación de competencias y de recursos a distintos niveles del Estado.7

El concepto operativo

Se entenderá por seguridad ciudadana el derecho de las personas a ser y sentirse protegidos del despojo y la violencia deliberada por parte de otros.

Metodología y datos

La investigación procura evaluar empíricamente causalidades y experiencias locales en la gestión municipal de la seguridad ciudadana, recurriendo a la in-formación censal mediante el software Recuperación de Datos para áreas pe-queñas por Microcomputador (REDATAM), por medio de la Oficina Nacional de Estadística. La información de los barrios del Distrito proviene también de esa oficina. Se utiliza también la Encuesta Latinobarómetro.

Por la ausencia de datos con frecuencia utilizados en esta área (tipos de delitos contra la propiedad, contra la vida, etc.) se utiliza como información principal el de las muertes violentas (homicidios más muertes por acción policial) para calcular la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes. Los datos están dis-

7. Para República Dominicana este proceso es especialmente sensible pues es continuidad de un proceso de debilitamiento institucional que lleva muchos años y que Oscar Oszlak denominó “imperialismo burocrático”. En: Oszlak, Oscar: “Políticas Públicas y Regímenes Políti-cos: Reflexiones a partir de algunas experiencias Latinoamericanas”. Documento de Estudios CEDES Vol. 3, N.º 2, Buenos Aires. s/f.

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ponibles en la Procuraduría General de la República a escala nacional y desagre-gados provincialmente y para el Distrito nacional. La Secretaría de Interior y Policía hace uso de esta información por considerarla como la más confiable.8

Los indicadores de victimización directa o indirecta utilizados provienen del Observatorio Ciudadano del Distrito nacional y del “Diagnóstico institucio-nal y situacional del gobierno de la seguridad en el municipio de Villa bisonó (DEMUCA, 2008).

Se ha diseñado una tabla con “Indicadores de vulnerabilidad” que incorpora densidad, porcentaje de personas pobres, porcentaje de hacinados-hacinamiento extremo, porcentaje de hogares con medio-bajo saneamiento, porcentaje vivien-das media-mala calidad y porcentajes de jefes de hogar con más de 12 años de estudios. Estos indicadores deben ser perfeccionados con el objetivo de lograr correlaciones que ayuden a comprender e identificar las características espacia-les y sociales, donde las conductas delictivas encuentran mayores facilidades para su aparición.

La información cualitativa, como se detalla en los Anexos, proviene de entre-vistas estructuradas, semiestructuradas gasto de los ayuntamientos, se utiliza la información entregada en las entrevistas por los funcionarios municipales.

Parece operativamente conveniente, incluso arrancando de una visión totalizan-te, la propuesta de Kanti bajpai (Favier, 2007):

a) Limitar las amenazas más importantes: Estas variarán según la ciu-dad que es objeto de atención. Aquí, el límite lo establece el marco legal que rige el funcionamiento y las competencias municipales.

b) Medir la naturaleza y las dimensiones de dichas amenazas. Para este trabajo habrá de considerarse la limitación en cuanto a la existencia de información pues solo está disponible lo referente a “Muertes violentas”.

8. Acerca de la información sobre criminalidad, ver en Anexos artículo publicado por Guillermo Milán (criminólogo y estadístico).

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c) Determinar capacidades disponibles para disminuir o eliminar esas amenazas.

II. Estado del delito y la violencia en el país

Utilizando la información que respecto al tema registra y clasifica la Procura-duría General de la República, es posible conocer cifras y tendencias acerca de las muertes violentas en el país y hacer el cálculo de las tasas anuales por cada 100.000 habitantes. La Procuraduría define las muertes violentas como la suma de los homicidios más los muertos producto de la acción policial.

La Tabla 1 resume los totales de muertes violentas entre el año 2005 y septiem-bre de 2008 y las tasas anuales por cada 100.000 habitantes calculadas utili-zando las proyecciones de población para cada año de la Oficina Nacional de Estadísticas (OnE).

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Tabla 1República Dominicana:

Muertes violentas, muertos por Pn y total homicidios. 2005 - 2008(tasas por cada 100 000 habitantes)

Año Total Muertes Violentas

Tasa demuertes

violentas por 100 000 hab.

Total muertos por Pn en

desempeño de sus funciones

Totalhomicidios

Tasa dehomicidios por 100 000 hab.

2005 2 403 26,41 437 1 966 21,6

2006 2 144 23,56 295 1 849 20,32

2007 2 111 22,07 345 1 766 18,46

2008(*) 1 807 - 343 1 464 - (*) Hasta el mes de septiembre. Fuente: Procuraduría General de la República.


Aun cuando la tasa se mantiene alta −sobre veinte por cada cien mil habitantes− se observa una tendencia a la baja del número de muertes violentas. La situación se presenta mucho más favorable, con tasas aceptables desde el año 2006, res-pecto del total y de la tasa de homicidios.

Las muertes resultado de “acciones legales” de la Policía nacional, casi un quin-to de las muertes, alcanzó en 2005 su máximo valor, 22,2% de las muertes vio-lentas y la mínima en 2006 cuando alcanza 13,8%, elevándose hasta el 19% en el año 2008, período con información disponible solo hasta el mes de septiembre.

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Gráfico 1República Dominicana:

Muertes violentas según mes de ocurrencia. 2005 - 2008

Para el mismo período desagregado por meses (Gráfico 1), es posible reconocer leves tendencias al aumento de las muertes violentas en los meses de junio – ju-lio y hacia el fin de año.

Respecto de los medios utilizados, no se dispone de información completa para hacer afirmaciones concluyentes. El tema, tratado en un estudio reciente, afirma que el 65,49 % de las muertes son producto del uso de armas de fuego (Inoa, 2009).

Fuente: Procuraduría General de la República.


La Secretaría de Estado del Interior reporta un total de 202 383 armas de fuego inscritas ante esa entidad, entre escopetas, pistolas, revólveres y rifles. El tipo de armamento más numeroso son las pistolas (150 425). Sin duda en un país de institucionalidad frágil, es posible que el número de armas de fuego en manos particulares sea mucho mayor.

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Tabla 2República Dominicana: Homicidios y caídos

en acciones legales según las circunstancias. 2005 - 2007Circunstancias 2005 2006 2007

Accidental 5 14 9Indeterminado 758 563 -Desconocida - - 261Tratando de robar o atracar 49 116 112Víctimas de robo o atraco 510 317 246Despojo de motocicleta - - 39Despojo de vehículos - - 6Despojo de arma de fuego - - 51Intento de secuestro - 3 -Secuestro - 2 2Drogas 62 58 -Riña por droga - - 336Riñas en centro de diversión - - 121Centro de diversión 139 176 10Rencillas o riñas 656 600 -Riña personal - - 404Riña pasional - 8 -Venganza - 3 -Femicidios 98 70 -Femicidio íntimo - 29 92Femicidio no íntimo - 19 79Femicidio accidental - 6 -Violación intrafamiliar - 3 -Violación sexual 2 5 -Infanticidio - 3 -Acción legal - - 334Muertos por P.n. en servicio 441 - -Muertos por P.n. en ocasión de servicio - 8 14Muertos por P.n. en desempeño de sus funciones - 246 -Muertos por P.n. y mil. Fuera del desempeño de funciones 126 58 -Muertos por P.n., FF.AA. y DnCD fuera de servicio - - 14Protesta - - 2Disturbios 1 8 -Fuga de cárceles - 1 -bala perdida 7 9 4Quemadura 3 - -



En primer lugar, destaca el alto número de hechos con resultado de muerte que aparecen como producto de circunstancias desconocidas o indeterminadas (21,6%), lo que debe dirigir la atención hacia el perfeccionamiento de los siste-mas de investigación.

El robo fue motivo de homicidio en un 19,8%. Asimismo, las circunstancias ligadas a las drogas determinaron el 6,2% de las muertes violentas. A su vez, un 28,8% resultó de conflictos interpersonales donde la disponibilidad de armas de fuego en manos de particulares pudo ser motivo para que esos conflictos termi-naran en muertes. Además, un 5,5% por causas de violencia intrafamiliar.

La inseguridad ciudadana en República Dominicana

La Encuesta “Cultura política de la democracia en República Dominicana, 2008: El impacto de la gobernabilidad”, del año 2008 (LAPOP, 2009), que entrega in-formación no disponible en fuentes locales, permite ver proyectadas tendencias en series de tiempo mayores. Se debe destacar que el renglón “los que se sienten menos seguros que hace cinco años” (Gráfico 2) fue en aumento entre los años 1994 hasta el 2006 en que la tendencia cambió, disminuyendo significativamen-te en 2008, fecha de la última medición.

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Gráfico 2 República Dominicana: Percepción de inseguridad. 1994-2008

Fuente: Encuesta LAPOP, 2009.


Victimización

La Encuesta LAPOP del año 2008, citada antes, indica que el porcentaje de personas que declaran haber sido víctimas de la delincuencia es de un 8,7% en 2004, 16,2% en el año 2006 y 14,8% en 2009. Si bien el grado de victimización es menor en el 2008 a la medición del año 2006, es alto respecto del año 2004.9

La victimización en el país es menor en las mujeres (12,2%) que los hombres (17,9%) y aumenta a medida que la edad disminuye. Los más jóvenes presentan una mayor victimización que las personas mayores, siendo los más expuestos a ser víctimas de la delincuencia quienes tienen una edad entre los 26 y 35 años (18,9%) y los menos expuestos son los mayores de 66 años (5,5%).

Resultan reveladores para el estudio, las cifras de víctimas de actos de delin-cuencia según el tamaño del lugar (gráfico 3). Las ciudades pequeñas (menos de 25 000 habitantes) tienen un nivel de victimización menor que las ciudades me-dianas (entre 25.000 y 100 000 habitantes) y las ciudades grandes (más de 100 000 habitantes) tienen niveles de victimización mayor que la capital nacional; es decir, el Distrito nacional.

9. La pregunta fue: “Ahora, cambiando tema: ¿Ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses?”

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Gráfico 3República Dominicana: Víctimas de acto delincuencial

por tamaño del lugar. 2008



Puesta en perspectiva comparada, con otros países de la región, no existe una correlación alta entre la percepción de inseguridad y la criminalización.

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Gráfico 4 Comparación por países: Percepción de

inseguridad vs. criminalización por delito. 2008

Muertes violentas por provincias

La tabla 3 contiene la tasa de muertes violentas por cada 100 000 habitantes, por provincia durante los años 2005, 2006 y 2007 y en la última columna se ha incluido el número de ayuntamientos de la provincia.


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Tasa de muertes violentas por cada 100 000 h según provincias. 2005-2007

2005 2006 2007 n.° deayuntamientos

Distrito nacional 43,24 31,09 31,85 1Santo Domingo 36,25 38,51 34,16 7Azua 17,72 10,05 14,36 10bahoruco 36,07 28,42 22,96 5barahona 19,53 16,18 22,87 11Dajabón 12,89 12,89 9,67 5Duarte 29,60 22,90 23,26 7El Seibo 20,17 15,68 21,29 2Elías Piña 15,65 15,65 21,92 6Espaillat 23,55 17,33 15,11 4Hato Mayor 14,83 20,54 14,83 3Independencia 9,84 5,90 5,90 6La Altagracia 36,26 24,72 41,20 2La Romana 32,76 24,11 28,66 3La Vega 21,29 18,18 15,84 4María Trinidad Sánchez 19,16 16,21 14,00 4Monseñor nouel 17,30 21,48 17,30 3Monte Plata 16,08 16,08 16,63 5Montecristi 19,82 9,91 18,02 6Pedernales 14,15 4,72 18,86 2Peravia 30,02 22,96 27,08 2Puerto Plata 17,27 18,87 20,15 9Hermanas Mirabal 10,38 13,49 17,64 3Samaná 9,80 23,95 20,68 3San Cristóbal 23,46 26,65 27,02 8San José de Ocoa 19,24 12,83 17,64 3San Juan 17,83 16,59 19,91 6San Pedro de Macorís 33,80 26,84 19,55 6Sánchez Ramírez 13,89 19,18 11,24 4Santiago 28,63 20,15 19,16 9Santiago Rodríguez 13,42 13,42 10,06 3Valverde 18,32 22,74 29,69 3Total 21,60 23,56 22,07 -


En el año 2005, en 21 provincias, en las que existen 101 ayuntamientos, la tasa de muertes violentas era igual o inferior a la tasa nacional. En el año 2006, 24 provincias en las que existen 120 ayuntamientos, tenían una tasa de muertes violentas igual o inferior a la tasa nacional.


En el año 2007, 22 provincias en las existen 106 ayuntamientos, tenían una tasa de muertes violentas igual o inferior a la tasa nacional.

La información de la tabla 3 podría ayudar a explicar el escaso interés que han manifestado las autoridades de los ayuntamientos acerca del tema, en un país en que los municipios (154 y un distrito nacional) son territorios pequeños donde las relaciones entre los munícipes son de cercanía, y los conflictos de la vida urbana se manifiestan principalmente en torno a la falta de servicios.

La información de este capítulo indica una tendencia a la mejoría en los indica-dores objetivos −muertes violentas y victimización− y de los subjetivos (percep-ción de inseguridad).

Los números indican que el problema tiene características urbanas especialmen-te en las ciudades de más de 100 000 habitantes; son estas las más afectadas por situaciones de violencia.

Las cifras que indican que la Policía nacional es responsable de un número de muertes que ronda el 20% evidencian la necesidad de fortalecer institucional-mente el cuerpo responsable de la seguridad en el país, a profesionalizarlo de manera tal que esté en capacidad de aplicar técnicas policiales apropiadas para la prevención y represión de los delitos.

La actuación de la Policía nacional, con los resultados anotados, pone al Estado dominicano en una situación delicada frente a la violación y protección de los derechos humanos.

III. Contexto legal

El país ha concluido recientemente un proceso de reforma constitucional me-diante Asamblea Revisora, formada por el Senado y la Cámara de Diputados.

Hasta el momento y aprobado en primera lectura, se debe poner atención al arrtículo 185 de la nueva Constitución dominicana, en el que se mantiene la idea

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de la transferencia de competencias, incorporando, como parte de ese procedi-miento, capacitación de recursos, lo que tendrá como consecuencias una nueva forma de aplicación de lo que está normado en la actual Ley n.° 176-07.

Artículo 185. De conformidad con esta Constitución y la ley el Es-tado propiciará la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales. La implementación de estas transferencias comportará políticas de desarrollo institucional, profesionalización y capacitación de los recursos.

También aprobado en primera lectura está el artículo 189, que se refiere a la Ley Orgánica de Administración Municipal, ley que en la actualidad no existe y que deberá ser discutida y aprobada luego de proclamada la nueva Constitución de la República.

Artículo 189. Para fortalecer el desarrollo de la democracia y la gestión municipal, la Ley Orgánica de Administración Local esta-blecerá los ámbitos, requisitos y condiciones para el ejercicio del referéndum, plebiscito y las iniciativas normativas municipales.

La necesidad de una nueva Ley Orgánica de Administración Municipal tendrá efectos en el proceso de aplicación de la normativa vigente. La Ley n.° 176-07, promulgada hace dos años, no completa todavía sus potencialidades de aplica-ción puesto que carece de Reglamento, aspecto importante en el proceso de cum-plimiento de la ley en general y no solo en el ámbito de la seguridad ciudadana.

Las definiciones que se esperan llegarán una vez superado el período de “in-certidumbre jurídica”, que se extenderá desde el momento de proclamarse la Constitución y hasta promulgarse la nueva norma legal, en caso que esta sea efectivamente necesaria.

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La Ley N.° 176-07 de los Ayuntamientos y el Distrito Nacional

En su artículo 2 define los ayuntamientos como las entidades político-adminis-trativas básicas del Estado asentados en territorios que les son propios, como personas jurídicas descentralizadas con autonomía política, fiscal, administra-tiva y funcional, con patrimonio propio y capacidad de realizar actos jurídicos que garanticen el desarrollo sostenible de sus habitantes, de acuerdo con las condiciones que la Constitución y las leyes determinen.

Competencias municipales (Ley N.° 176-07)

Artículo 19. Competencias propias del Ayuntamiento:

El ayuntamiento ejercerá como propias o exclusivas la competencia en los si-guientes asuntos:

a) Ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las vías urba-nas y rurales.

b) normar y gestionar el espacio público, tanto urbano como rural.c) Prevención, extinción de incendios y financiación de las estaciones

de bomberos.d) Ordenamiento del territorio, planeamiento urbano, gestión del sue-

lo, ejecución y disciplina urbanística.e) normar y gestionar el mantenimiento y uso de las áreas verdes, par-

ques y jardines.f) normar y gestionar la protección de la higiene y salubridad públicas

para garantizar el saneamiento ambiental.g) Construcción de infraestructuras y equipamientos urbanos, pavi-

mentación de las vías públicas urbanas, construcción y manteni-miento de caminos rurales, construcción y conservación de aceras, contenes y caminos vecinales.

h) Preservación del patrimonio histórico y cultural del municipio.i) Construcción y gestión de mataderos, mercados y ferias.j) Construcción y gestión de cementerios y servicios funerarios.

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k) Instalación del alumbrado público.l) Limpieza vial.m) Servicios de limpieza y ornato público, recolección, tratamiento y

disposición final de residuos sólidos.n) Ordenar y reglamentar el transporte público urbano.o) Promoción, fomento y desarrollo económico local.

Artículo 20. Servicios municipales mínimos:

El ayuntamiento, por sí o asociado a otros, prestará con carácter obligatorio los servicios mínimos siguientes:

a) En todos los municipios: Cementerios y servicios fúnebres, recolec-ción, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos ur-banos y rurales, limpieza vial, acceso los núcleos de población, reconstrucción y mantenimiento de calles, aceras, contenes y ca-minos rurales, plazas, parques públicos, biblioteca pública, ins-talaciones deportivas, matadero, mercado, protección y defensa civil, prevención y extinción de incendios, protección del medio ambiente, planeamiento urbano y servicios sociales básicos. La construcción, reconstrucción y mantenimiento de autopistas y carre-teras intermunicipales son responsabilidad del Gobierno Central.10

El listado siguiente, con las competencias de los ayuntamientos cuyos cumpli-mientos generarían un impacto positivo inmediato en la seguridad ciudadana, confirma la importancia y delimita los campos de acción de los ayuntamientos.

b) normar y gestionar el espacio público, tanto urbano como rural.c) Ordenamiento del territorio, planeamiento urbano, gestión del sue-

lo, ejecución y disciplina urbanística;d) normar y gestionar el mantenimiento y uso de las áreas verdes, par-

ques y jardines.

2610. Los destacados son nuestros.


e) normar y gestionar la protección de la higiene y salubridad públicas para garantizar el saneamiento ambiental.

f) Construcción de infraestructuras y equipamientos urbanos, pavi-mentación de las vías públicas urbanas, construcción y manteni-miento de caminos rurales, construcción y conservación de aceras, contenes y caminos vecinales.

g) Instalación del alumbrado público.h) Limpieza vial.i) Servicios de limpieza y ornato público, recolección, tratamiento y

disposición final de residuos sólidos.

En el marco del cumplimiento de sus obligaciones legales, los ayuntamientos son responsables de la acción preventiva a nivel situacional, que basa su racio-nalidad en disminuir las oportunidades del potencial infractor.

Esta modalidad de prevención abarca las medidas que afectan el espacio públi-co, la planificación, ordenamiento y equipamiento urbano, de modo tal que la estructura física y espacial de la ciudad facilite la vigilancia natural y favorezca una relación visual entre el espacio privado y público (interior-exterior).

Si estas responsabilidades se cumplieran, ciertamente, como se verá más adelan-te, la ciudad presentaría menos condiciones para la ocurrencia de actos violentos contra los bienes y la vida de los ciudadanos. IV. Política de Seguridad Ciudadana del Estado Dominicano

El Plan de Seguridad Democrática para la República Dominicana (PSDRD) fue anunciado en el mes de febrero de 2005 por el Presidente la República Dominicana, Dr. Leonel Fernández, y su ejecución comenzó el 20 de agosto del mismo año.

Este Plan contiene entre sus propuestas el fortalecimiento institucional de la Policía nacional, el impulso a la policía comunitaria según lo establecido en la Ley Institucional de la Policía nacional, n.° 96-04, Art. 21, el entrenamiento de la Policía y Fuerzas Armadas en situaciones especiales, así como la implemen-

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tación de estrategias comunicacionales que mejoren la percepción negativa de la ciudadanía respecto del cuerpo policial.

El PSDRD se ejecuta desde la Secretaría de Estado de Interior y Policía (SEIP) de la que depende también el mando de la Policía y tiene como objetivos (Secre-taría de Interior y Policía , s/f):

• “Garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos”• “Atacar integralmente las multicausales de la violencia y de la de-

lincuencia”• “Favorecer la ruptura de la ausencia que ha tenido el Estado con las

comunidades excluidas, para crear oportunidades de participación y solidaridad”

• “Crear las condiciones de seguridad física y material para que las organizaciones comunitarias y de la sociedad recuperen su espacio social.”

Se estructura en trece Programas: Reforma y Modernización de la Policía na-cional, Formación y Desarrollo de la Mesa Interinstitucional de Coordinación y Estrategias contra el Microtráfico de Drogas, Protección a Victima de la Vio-lencia, Control de Armas, Ordenamiento de tránsito y Carreteras, Control de bebidas Alcohólicas, Red Alimentaria, Call Center hacia el 911, Ordenamiento de los Cuerpos de bomberos, Prevención y Seguridad, Control y Regulación de Productos Pirotécnicos, Programa Migratorio de Regularización de Extranjeros en el País y de la Diáspora (en elaboración), y barrio Seguro.

De los programas recién nombrados, es conveniente destacar:

Reforma y Modernización de la Policía Nacional: que persigue profesiona-lizar el cuerpo policial para que sea garante en el ejercicio de los derechos ciu-dadanos.

El subprograma de Policía Auxiliar ha incorporado a jóvenes universitarios, quienes, debidamente entrenados, cumplen funciones administrativas o pa-trullajes en zonas de bajo riesgo.

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Respecto de la formación técnica y académica, 6 272 Policías preventivos han realizado y aprobado el curso básico de “Actualización en Prevención Policial” (enero 2008-enero 2009). Además, 1 078 Policías han pasado por cursos de Al-fabetización Digital, y 800 alistados y oficiales subalternos completan su bachi-llerato en el “Programa Prepara” de la Secretaría de Estado de Educación.

Protección a Víctimas de la Violencia: “Protege a los afectados por las balas perdidas, a las persona víctimas de la violencia y de la delincuencia, en barrio Seguro, a los familiares de los policías caídos en el ejercicio de sus funciones, a las personas cuyas viviendas han sido afectadas por siniestros comprobados y realza el esfuerzo de las autoridades policiales y dirigentes comunitarios consa-grados a su comunidad” (Secretaría de Interior y Policía, s/f).

Entre agosto de 2005 y marzo de 2009 el programa atendió 141 casos por balas perdidas, 323 personas heridas y 21 fallecidas. El programa, además, costeó asis-tencia médica a víctimas de la violencia, asistencia social a familias de policías caídos en el ejercicio de sus funciones, seguimiento de salud a lesionados por fuegos artificiales y soporte de salud a actividades masivas de Barrio Seguro.

Control de Armas: Asegurar el cumplimiento de Ley n.° 36 – 65 sobre Comer-cio, Porte y Tenencia de Armas, mediante el uso de tecnologías necesarias para un servicio eficiente.


Avance del Programa de Policías Auxiliares. Marzo 2009

Promociones Ingresados Graduados Policía Auxiliar Continuaron formación Pn

I 220 1 871 373 1 468

II 1 758 1 526 1 185 488

III 454 410 151 279

Total 4 412 3 807 1 709 2 235 Fuente: Secretaría de Interior y Policía: “Plan de Seguridad Democrática”.


Como resultado se espera que este programa actualice los permisos para la por-tación de armas y que se destruyan aquellas que están en estado de ilegalidad, tengan series adulteradas o sean de origen desconocido. También se propone aumentar el control a la importación de armas.

Control de bebidas Alcohólicas: “busca aplicar medidas de tipo preventivo en el consumo de alcohol a conductores de vehículos de motor y controlar el ho-rario de expendio de bebidas alcohólicas para reducir la violencia resultado del consumo de alcohol.”

Este Programa supervisa establecimientos de diversión para asegurar el cumpli-miento de los horarios establecidos. La venta de bebidas alcohólicas está pro-hibida de domingo a jueves desde las 12:00 medianoche, y los días viernes y sábado desde las 2:00 a m.11

También se aplica la alcoholemia a los conductores y se sanciona a aquellos que permitan su consumo en el vehículo que conducen.

Call Center hacia el 911: brinda la posibilidad de comunicación transversal para apoyar los programas en funcionamiento, entregar información acerca de los servicios de la SEIP e inicia el funcionamiento de un Sistema nacional de Manejo de Respuesta Ante Emergencias, 911.

3011. Decretos n.° 308-06 y 316-06.


Prevención y seguridad: “Crear las condiciones urbanísticas y de ordenamiento en las áreas residenciales, en los centros comerciales zonas turísticas y lugares históricos para facilitar la convivencia y seguridad.” (Secretaría de Interior y Policía, s/f)

Las acciones que se proponen van desde el ornato y aseo de calles, parques y áreas verdes, señalización de tránsito, hasta control de ruidos y protección de monumentos. La presencia de la Policía nacional en funciones preventivas y la organización de eventos culturales.

La metodología incorpora la idea de la integración de los ayuntamientos, juntas comunitarias y organizaciones.

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Tabla 5 República Dominicana:

Llamadas transferidas al 911 según caso. Enero 200912

Caso Cantidad %

Accidente 311 21,69Riña 299 20,85Robo 208 14,50Incendio 194 13,53Violencia intrafamiliar 152 10,60No especificado 75 5,23Accidente automovilístico 64 4,46Meteorología 60 4,18Agua 39 2,72Ruido 14 0,98Desastre natural 12 0,84Electricidad 4 0,28Droga 2 0,14

Total 1 434 100,00 Fuente: Secretaría de Interior y Policía: “Plan de Seguridad Democrática”.

12. Fuente: Programa Call Center. SEIP.


Barrio Seguro: La intervención se focaliza en territorios determinados (barrios) con límites reconocidos, tanto geográfica como socialmente, lo que les otorga una cierta identidad.

Combina la presencia policial con acciones de asistencia social, mejoramiento de viviendas y espacios públicos para potenciar la participación que evite y dis-minuya los factores de riesgo presentes en las comunidades.

Institucionalmente, busca potenciar el enlace entre el Estado (que llega al barrio) y las organizaciones privadas y comunitarias.

Combina entonces la acción policial, principalmente en funciones preventivas, con intervenciones que ayuden al fortalecimiento del tejido social, potenciando respuestas colectivas frente a la inseguridad y la reinserción mediante el mejora-miento de las condiciones de empleabilidad e inserción laboral.

En el ámbito judicial, la Procuraduría General de la República es parte de las ins-tituciones coordinadas y está comprometida en acciones de seguimiento penal que den seguridad a la acción de las organizaciones sociales y personas ligadas con la seguridad ciudadana (Procuraduría General de la República Dominicana, s/f).

Subprogramas de Barrio Seguro (Secretaría de Interior y Policía , s/f):

a) Financiando Microempresarios de Mi Barrio: Es un fondo de apoyo a Iniciativas Productivas de Familias en los barrios Seguros, con el cual se otorgan créditos financieros a familias de escasos recursos de estos barrios para el desarrollo de pequeños negocios o microempresas dentro de estos, contribuyendo de esta forma a su desarrollo social y económico, permitiéndoles una mejor calidad de vida y un futuro más esperanzador. Este Subprograma crediticio se extenderá a todos los barrios que sean incorporados al Programa barrio Seguro dentro del Plan de Seguridad Democrática. Hasta el 1. de abril el monto empleado en préstamos llegaba a los RD$ 30 715 070,00.

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b) Un Techo para Mi Barrio: Crear un paradigma habitacional que consolide la integralidad del núcleo familiar y ser referente de inclu-sión integral en la nueva sociedad.

c)Villa de la Seguridad Ciudadana: Es un proyecto experimental, dentro del Plan de Seguridad Democrática, para involucrar a fami-lias completas en esfuerzos habitacionales de salubridad, educación recreación, actividades productivas, encaminadas a su inclusión so-cial. Este proyecto entrega: viviendas amuebladas, centro tecnoló-gico y comunal, parque infantil, microempresas e invernaderos y se realiza con la participación de todos los integrantes de las familias.

Se trata de propiciar la salida de familias completas de los barrios hacinados hacia lugares previamente seleccionados.

d) Becas para mi Barrio: El programa “becas para mi barrio” es un medio para facilitar los estudios universitarios a jóvenes de los barrios intervenidos por el Plan de Seguridad Democrática, proporcionándo-les la oportunidad de acceso a formación académica, que les permita insertarse posteriormente en una actividad productiva y social.

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Total becados del programa “becas para mi barrio”. Marzo 2009

barrio Total

Provincia de Santo Domingo 43Distrito nacional 570Santiago 166navarrete 50

Policía Auxiliar 68 Fuente: Secretaría de Interior y Policía: “Plan de Seguridad Democrática”.


e) Centro de Capacitación Tecnológica y Comunal: El Subprograma Centros Tecnológico y Comunal de barrio Seguro tiene como propó-sito facilitar la integración y la disminución de la violencia por medio de la formación académica.

En el mes de abril de 2009, funcionaban 37 centros tecnológicos y 33 centros comunales.

f) Competidores de Mi Barrio: Promueve la inserción e integración social de los jóvenes mediante la práctica y la participación en com-petencias de las diferentes disciplinas deportivas que ofrece el Pro-grama.

g) Incubación de Trabajo: Reducir el desempleo al colocar en una base de datos a personas que deben ubicarse en el mercado laboral.

h) La Fiesta de Mi Barrio: Propiciar la integración y solidaridad de los moradores, celebrando a la Patria, a las madres, a las navidades y al amor. Lograr la participación de las familias de la comunidad en los preparativos de esas fiestas, para acercarlas y generar confianza y solidaridad. Retomar tradiciones y valores sociales y culturales que cultiven la buena vecindad, la solidaridad familiar y social.

El cumplimiento de los objetivos del Plan de Seguridad Democrático no han sido evaluados todavía, pero es posible hacer algunas observaciones acerca de su implementación a casi cinco años de comenzar su ejecución.

De sus trece programas, el que se debe considerar de mayor urgencia es el de la Reforma y Modernización de Policía nacional y no ha sido iniciado en lo que tiene que ver con los aspectos claves de funcionamiento de la institución: formas de reclutamiento, formación policial y la creación de la Policía Comunitaria que, según expresa la ley, debe “transformar a todo el cuerpo de policía administrati-va, en especial, el de seguridad pública, en una institución orientada al servicio de la comunidad conforme los principios de la proximidad y coparticipación de

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las comunidades en la identificación y solución de las problemáticas referidas a la seguridad de los habitantes.”13

Las intervenciones policiales, entonces, aunque se dan en el marco del Plan de Seguridad Democrático, mantienen las prácticas tradicionales del accionar poli-cial con las consecuencias que se han anotado en el capítulo II. (Estado del delito y la violencia en el país), especialmente graves por el alto número de muertes que origina.

Su cobertura es todavía insuficiente. Programas como Barrio Seguro están en ejecución en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, en barrios con altos índices de criminalidad, correctamente focalizados.

El Plan contiene, además del componente policial preventivo y represivo, fun-ciones de Prevención Social e intervenciones sociales que institucionalmente quedan fuera de las competencias de la Secretaría de Estado que lidera la apli-cación de Plan y que tienen como objetivo inhibir conductas delictivas mediante actividades y diseño de programas de mejoramiento económico y social en áreas como la educación, la vivienda, el empleo y el uso del tiempo libre; acciones pri-marias en tanto pretenden anticiparse a la materialización del delito al cambiar condiciones que se suponen activadoras de conductas delictivas.

Afecta el Plan como esfuerzo por el logro de mejores condiciones de seguridad, el que algunos de sus programas se confunden con acciones destinadas a la su-peración de la pobreza en un país donde las políticas sociales tienen un marcado carácter asistencial y clientelar y están centradas en el otorgamiento de subsidios directos a la población más pobre.

Conviene recordar aquí el tema del “imperialismo burocrático” al que nos hemos referido antes, el Programa de Prevención y Seguridad del Plan de Seguridad Democrático, invade funciones propias de los ayuntamientos establecidas en la Ley n.° 176-07 de los ayuntamientos y el Distrito nacional.

13. Ley Institucional de la Policía Nacional. N.º 96-04.

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El Plan en su concepción amplia de la seguridad, especialmente de sus causas, ha reunido en una institución, la Secretaría de Estado de Interior y Policía, un abanico de funciones que no siempre corresponden a su espacio de acción, de-jando como un aspecto central, a la vista de todos, el componente policial como el más importante. La seguridad ciudadana militarizada.

Consultados los habitantes del Distrito nacional acerca de la efectividad del programa “barrio Seguro”, en marzo de 2008 un 64% lo consideró efectivo y un 70,3% lo hizo en abril de 2009 (Ayuntamiento del Distrito nacional, 2009).

V. La seguridad ciudadana en la agenda municipal

Aun cuando la ley vigente parece suficientemente clara, existen notables dife-rencias entre los actores y autoridades que participan del tema municipal.

Quienes entienden que la seguridad ciudadana es competencia municipal se apo-yan en el inciso b del artículo 19 de la Ley N.° 176-07 que se refiere a las Com-petencias compartidas. Es el caso de los especialistas de la Federación Domi-nicana de Municipios (FEDOMU),14 expresada por su consultor jurídico, el Dr. Genaro Rodríguez.15 Una opinión similar tiene el Encargado de Participación y Género del Consejo nacional de Reforma del Estado (COnARE).16

El Director Ejecutivo del COnARE, actor importante en el proceso que conclu-yó con la promulgación de la Ley n.° 176-07 recuerda que el tema de la segu-ridad ciudadana junto con no estar en el repertorio de las preocupaciones de los síndicos, tampoco apareció en los diez años que trabajó por una ley municipal, donde primó la visión tradicional de la seguridad ciudadana que relegó lo local a una visión totalizadora, relacionando el tema con el “gran crimen” en el que los actores son la Policía nacional y las Fuerzas Armadas.17

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14. Entrevista al Dr. Rafael Almonte. Encargado del área de Cooperación al Desarrollo y Relaciones Internacionales de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU).15. “Importancia y problemática de la Seguridad Ciudadana en Desarrollo Local”16. Entrevista al Sr. Radhamés Martínez.17. Entrevista al Dr. Marcos Villamán, Director Ejecutivo de COnARE.


En esa línea también se expresa el Secretario General del Ayuntamiento de Santo Domingo, quien asume como propias del Ayuntamiento las funciones de defensoría y uso de espacios públicos, iluminación, arbolado y programas que contribuyan a la cohesión social, dejando fuera de las competencias municipales toda acción que caiga en el ámbito policial.

En ese escenario, para enfrentar el tema de la gestión municipal de la Seguridad Ciudadana, elegimos asumir lo que la Ley establece fuera de toda duda razo-nable: las competencias propias de los ayuntamientos (art. 19) y los servicios municipales mínimos (art. 20).

Otro aspecto importante es monitorear el interés de las autoridades de los ayun-tamientos, especialmente sus síndicos/as. Respecto de ese interés, el acuerdo es prácticamente unánime. El tema de la seguridad ciudadana no es tema prioritario de síndicos/as. Los argumentos que justifican esta actitud de los ediles pueden resumirse en las opiniones siguientes:

“Solo algunos han manifestado esa preocupación, dos o tres, La Romana, Dis-trito nacional y La Vega. En la mayoría de los ayuntamientos (son 155) no es un problema tan grave.” 18

“Sobre Gestión de la seguridad ciudadana en los ayuntamientos hay muy poco” 19

“No lo ven como su responsabilidad. La identifican con la acción de la Policía, responsabilidad del Presidente y del Gobierno nacional” 20

Es completamente pertinente preguntarse si hay algún antecedente que explique el desinterés de síndicos/as frente a un tema puesto en agenda al parecer sin ser resultado de sus urgencias.

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18. Ídem.19. Entrevista al Dr. Rafael Almonte. Encargado del área de Cooperación al Desarrollo y Relaciones Internacionales de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU).20. Entrevista al Lic. Domingo Contreras. Secretario General del Ayuntamiento del Distrito nacional.


Una respuesta puede encontrarse en las discusiones del Encuentro Regional “Hacia una Política Municipal de Seguridad Ciudadana, Ciudadanía y Perte-nencia” (Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centroamérica y el Caribe, 2007), realizado en agosto de 2007. En ese encuentro la delegación dominicana afirmaba: “el rol exclusivo que la Policía nacional posee en este tema y el débil papel que desde el punto de vista competencial tienen los municipios”.

Incluso se hizo evidente el conflicto que se generó entre el Ministerio del Interior y los gobiernos locales, debido a que se planteó la desaparición de la policía mu-nicipal, pues, se argumentó, “que ello no es una competencia municipal”. Agre-gando que la nueva ley entregaba mayores competencias respecto del tema.

Así, el tema pudo haber sido puesto en agenda, aun cuando no respondía a un problema que las autoridades locales del país estuvieran sintiendo como una cuestión urgente de resolver, salvo en las grandes ciudades.

La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) ha promovido la reali-zación de Mesas Locales de Seguridad y Ciudadanía en las que se presenta una interpretación de las normas legales que reconoce a los ayuntamientos com-petencias amplias en la gestión de la seguridad y realiza un diagnóstico local, mediante trabajo en grupos, que identifican los principales problemas, proponen posibles alternativas y definen colectivamente procesos.

Ante un problema, cualquiera sea este, la tendencia natural en las prácticas ins-titucionales dominicanas es la “coordinación”, encuentros que deberían eviden-ciar que los organismos del Estado tienen obligaciones que no están cumpliendo nada, que ante las conclusiones de las mesas locales, los ayuntamientos se comprometieran a mejorar el alumbrado público, el equipamiento y la planifica-ción urbana, etc. y que los dirigentes comunitarios reivindiquen los aspectos que consideran deficitarios ante las instituciones correspondientes.

Los participantes en estas mesas son dirigentes comunitarios, ayuntamientos y representantes de los servicios públicos (La Romana y La Vega).

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Con el apoyo de DEMUCA se han realizado diagnósticos sobre la seguridad ciudadana en Villa bisonó y La Romana.

Vistas las opiniones y enfrentadas con lo que la Ley n.° 176-07 indica y que hemos tratado en detalle antes, se observa que las diferencias respecto al tema de las competencias nace de concepciones de la seguridad insuficientemente aclaradas y acordadas. Un buen ejercicio sobre el tema sería que cada una de las obligaciones legales de los ayuntamientos fueran estudiadas desde la perspecti-va del impacto que tienen en asegurar a sus munícipes la protección de sus vidas y bienes, sin olvidar que ese objetivo se logrará cuando las demás instituciones hagan ejercicios similares.

En adelante, resultará mucho más eficiente y provechoso que los gobiernos lo-cales cumplan con su función legal asumiendo bases conceptuales que, des-agregadas, permitan llegar hasta la prevención situacional y ordenar mejor los esfuerzos del Estado en su conjunto, antes que tratar de atraerse nuevas respon-sabilidades.

VI. Elección de los casos

La elección para el estudio de casos se realizó de acuerdo con las consideracio-nes siguientes:

1. no existe en República Dominicana ningún ayuntamiento que de manera autónoma esté desarrollando un programa o proyecto enfo-cado a la gestión de la seguridad ciudadana.

2. Para la selección del estudio de casos se identificó primero la “po-lítica pública”, el Plan de Seguridad Democrático y la implementa-ción de su componente barrio Seguro.

3. Seleccionar dos ayuntamientos con diferencias respecto de su capa-cidad institucional, aspectos demográficos y forma en que se mani-fiesta la inseguridad ciudadana.

4. El tema ha sido puesto recientemente en agenda y los síndicos que han manifestado algún interés son de los ayuntamientos de mayor concentración poblacional.

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5. En el Ayuntamiento de Villa bisonó se ha originado una experiencia nueva con la instalación de “Municipio Seguro”, denominación que no estaba considerada en el Plan de Seguridad Democrática.

6. La “inseguridad ciudadana” en Villa bisonó tiene como importante componente la presencia y acción de grupos reivindicativos urba-nos, percibidos como riesgo a la gobernabilidad local.

7. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional se identificó al Observa-torio Ciudadano, resultado de una de las propuestas formuladas por un proyecto realizado con el Programa de las naciones para el De-sarrollo.

6.1. Distrito Nacional

El Distrito Nacional de República Dominicana corresponde a una delimitación con características singulares. “Es el municipio sede del gobierno nacional”; 21

por tanto, corresponde a la ciudad de Santo Domingo, capital de la República.

La norma legal referente a los municipios dominicanos se denomina “del Dis-trito nacional y los Municipios”, reconoce las características especiales de este territorio, gobernado por un ayuntamiento, que no se define como municipio en la ley y tampoco como provincia, pues en la división política administrativa del país existen 31 provincias y un Distrito nacional (Dn).

Superficie:22 94 km2.

Población:23 913.540 habitantes, todos residentes en territorio urbano (10,7% de la población nacional). La densidad poblacional alcanza a los 9.719 habitan-tes por kilómetro cuadrado (169,9 es la densidad nacional).

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21. Ley n.° 176-07 del Distrito nacional y los Municipios. Artículo 7, inciso a).22. La Ley N.° 64-05 modificó los límites del Distrito.23. Toda la información de población, saneamiento y equipamiento es del VIII Censo de Población y Vivienda. Oficina Nacional de Estadística, 2002.


La población del Distrito nacional se distribuye por género en un 47% hombres y un 53% mujeres.

Por grupos de edad, un 38% tiene entre 0 y 19 años, un 34% entre 20 y 39 años, un 19% entre 40 y 59 años y un 9% más de 60.

Población por nivel de instrucción

El Distrito nacional presenta indicadores superiores a la media nacional respec-to del nivel de instrucción de sus habitantes, en todos los niveles.

El nivel de secundaria nacionalmente lo ha alcanzado un 24,92% de la población y en el Distrito nacional 27,6%. La diferencia, siempre a favor del Dn, aumenta a medida que es más alto el nivel de instrucción. El nivel universitario logrado por un 11,30% de los habitantes del país, en el Dn corresponde a un 23,8% de sus habitantes.

Saneamiento

Los siguientes indicadores se han seleccionado, considerándolos como los mí-nimos para equipamiento urbano. Especialmente para un conglomerado que es capital nacional, con alta densidad y con la totalidad de su población urbana.24

La fuente de abastecimiento de agua de las viviendas es en un 56% del acueduc-to y dentro de la vivienda. El tipo de servicio sanitario es en un 90% inodoro, 8% letrina, y 2% de las viviendas no tiene ningún servicio de eliminación de excretas.

La evidencia de las carencias se manifiesta también en la modalidad de la elimi-nación de excretas: el 28% de la población no tiene esa necesidad satisfecha. El resultado se obtiene de la suma del 2% que “no tiene” ningún tipo de servicio sanitario, y el 26% que “Comparte su servicio sanitario”.

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24. No se ha incorporado la conexión a red de servicio eléctrico pues la medición disponible solo capta la conexión y en el país la difi-cultad mayor es la fragilidad del servicio.


El grado de saneamiento, aunque mayor que el nacional, confirma las necesida-des de equipamiento del Distrito nacional: un 46% de las viviendas se ubica en el nivel medio y bajo saneamiento.

La pobreza:25 En el Distrito nacional el 21.1% de las personas son pobres y el 19,7% de sus hogares están en esa condición. A escala nacional las personas pobres llegan al 42,2% y los hogares a 40,09%.

La pobreza urbana del Distrito Nacional está asociada al déficit anotado de sanea-miento y condiciones de habitabilidad, pues la modalidad de medición, por nece-sidades básicas Insatisfechas (nbI) otorga un peso decisivo a esas variables.

Representación legislativa

De los 178 diputados/as que integran la Cámara de Diputados, 18 se eligen en las 3 circunscripciones del Distrito Nacional, 6 en la Circunscripción Nº 1, 5 en la Nº 2 y 7 en la Nº 3.

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Plano 1Distrito nacional y circunscripciones

25. “Focalización de la pobreza”, OnAPLAn, 2005.

Fuente: Ayuntamiento del Distrito Nacional, DGPU, Oficina del Plan Director.


Un senador es elegido por los mismos electores que escogen el Síndico del Ayuntamiento.

Estado del delito y la violencia en el Distrito Nacional

Desde el año 2005, en el Distrito Nacional es manifiesta la tendencia a la baja de la tasa de muertes violentas, pero con valores mayores que la tasa nacional, característica de los centros urbanos dominicanos. El Distrito nacional es solo superado en los años 2006 y 2007 por la provincia de Santo Domingo.

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Gráfico 5Distrito nacional: Tasa de muertes violentas

por 100.000 habitantes. 2005 -2007



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Gráfico 6Distrito nacional: Victimización directa e indirecta.

Sept. 2006 - Abr. 2009(porcentajes)

Fuente: Observatorio Ciudadano, Distrito nacional.

La percepción del delito tiene en el Distrito nacional comportamiento diferente a los anteriores indicadores (gráfico 7) especialmente en la medición de abril de 2009. El aumento, por ser en extremo alto, podría estar influenciado por algún hecho que impactó en la opinión pública en los días que se hizo la medición o a problemas metodológicos en la medición.

La victimización directa y la indirecta muestran también niveles estables de des-censo:


Particularidades en la perspectiva de la seguridad ciudadana

El Distrito nacional es el área de mayor densidad poblacional de la República Dominicana y como muchas de las capitales de América debió acoger importan-tes flujos de población rural, sin contar con los servicios urbanos ni con capaci-dad de planificación.

La ausencia de políticas de planificación y de ordenamiento territorial produjo un crecimiento urbano desordenado, en ausencia de definición de los terrenos urbanizables y de exigencias de servicios para nuevos asentamientos y construc-ciones de edificios en altura que aumentan la densidad y por lo tanto requieren de más servicios.

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Gráfico 7Distrito nacional: Percepción del Comportamiento del Delito en la capital.

Abril 2007 - Abril 2009(porcentajes)

Fuente: Observatorio Ciudadano, Distrito nacional.


Expresión de lo anterior es la estimación de que en Santo Domingo un 75% de las viviendas no tiene conexión a red de alcantarillado sanitario. Las nuevas construcciones resuelven la eliminación de residuos mediante la construcción de dos pozos, uno séptico y otro para abastecimiento de agua. El resultado es la contaminación del subsuelo y la manifestación de un problema que amenaza con no tener solución en el futuro.

Los tiempos de desplazamiento en la ciudad son también motivo de una dismi-nución de la calidad de vida. Un sistema de transporte mayoritariamente de pe-queñas unidades (“carros de concho”) complementado con “motores”, contami-na, encarece y hace que el uso de los medios de transporte colectivo sea lento e inseguro. La puesta en funcionamiento de una línea de metro en Santo Domingo aún no impacta en la vida cotidiana de los capitalinos.

La falta de normas y su incumplimiento en el ámbito de la planeación urbana, en una ciudad con característica metropolitanas, no ha permitido que se preven-gan actos delincuenciales utilizando a favor de la seguridad de los ciudadanos el diseño del espacio urbano y sus particularidades ambientales para promover formas de vigilancia natural, reforzar identidades de los espacios públicos y el diseño de barrios que faciliten las relaciones comunitarias.

Al hacer referencia a las muertes violentas a los barrios es posible identificar las características del espacio urbano que facilitan la aparición de conductas cri-minales. Aun con la escasa información disponible, permite observar aspectos únicos en el Distrito nacional que deben ser considerados para enfrentar la pro-blemática de la seguridad ciudadana desde lo local y su relación con las políticas y ejecutorias del Ayuntamiento.

46


47

Continúa

Tabla 7Distrito nacional: Muertes violentas por barrios. 2005 - 2008

barrios 2005 2006 2007 2008 Totales

Ave. Principales 29 45 42 9 125(-)Domingo Savio(*) 39 34 23 23 119(-)Cristo Rey(*) 26 17 29 29 101(+)María Auxiliadora(*) 28 22 19 11 80(-)Villas Agrícolas(*) 32 16 14 16 78(-)Ensanche Capotillo(*) 32 15 15 11 73(-)Altos de Arroyo Hondo(*) 19 16 11 14 60(-)Villa Consuelo(*) 14 16 11 15 56(+)La fe(*) 16 7 13 11 47(-)Ensanche Espaillat(*) 18 7 7 7 39(-)Gualey(*) 20 - 7 9 36(-)Mejoramiento Social 7 15 11 3 36(-)Villa Francisca(*) 10 6 10 10 36Villa Juana(*) 12 8 7 8 35(-)24 de abril(*) 17 6 7 3 33(-)San Carlos(*) 7 4 10 9 30(+)Los Ríos(*) - 6 6 16 28(+)Palma Real(*) - 2 - 20 22(+)Mirador Sur 6 2 2 9 19(+)Gazcue 6 6 2 4 18(-)Los prados 8 2 4 4 18(-)Ensanche Luperon(*) 5 2 4 6 17(+)Quisqueya 7 2 1 5 15(-)Ensanche naco 3 2 5 2 12(-)La Zurza(*) 1 3 3 5 12(+)Ensanche Simón bolívar(*) 6 2 1 2 11(-)


48

Piantini 1 - 1 9 11Los Restauradores 2 2 1 5 10(+)bella Vista 2 2 3 2 9(-)Los Jardines(*) - - 2 7 9(+)Agustina(*) - - 5 3 8(+)Ciudad Colonial 4 - 3 1 8(-)Honduras del Oeste 5 - 1 - 6(-)Julieta(*) - 3 3 - 6(-)Los Cazicazgos 2 - 1 3 6Centro de los Héroes - 2 1 2 5(+)Paraíso - 3 1 1 5(-)30 de Mayo(*) - 4 - - 4(-)Ciudad Universitaria 4 - - - 4(-)Miraflores 2 - - 2 4Desconocidos - 3 - - 3(-)San Gerónimo 1 2 - - 3(-)buenos Aires - - - 2 2(+)El Millón 1 - - 1 2Los Peralejos(*) - - 2 - 2(-)nuestra Señora de la Paz - - - 2 2(+)San Juan bosco 1 - 1 - 2(-)Atala 1 - - - 1(-)Ciudad nueva 1 - - - 1(-)General Ant. Duverge - - - 1 1(+)La Isabela - - - 1 1(+)Mirador norte - - 1 - 1(-)

Continúa


49

Paseo de los Indios - - 1 - 1Tropical-Metaldon - - - 1 1(+)Arroyo Manzano - - - - 0Cacique - - - 0Cerros de Arroyo Hondo - - - - 0Costa Verde - - - - 0Honduras del norte(*) - - - - 0La Esperilla - - - 0La Julia - - - - 0Los Jardines del Sur(*) - - - - 0Mata Hambre - - - - 0Miramar - - - - 0nuevo Arroyo Hondo - - - - 0Renacimiento - - - - 0San Diego - - - - 0Viejo Arroyo Hondo - - - - 0

Totales 395 284 291 304(+) 1.274

(*) barrios intervenidos por barrio Seguro.(-) Considerando el año 2005 como base, las cifras indican los barrios en que las muertes violentas disminuyeron en el año 2008.(+) Considerando el año 2005 como base, las cifras indican los barrios en que las muertes violentas aumentaron en el año 2008. Fuente: Procuraduría General de la República.


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Tabla 8Distrito nacional: Síntesis de indicadores de vulnerabilidad. 2002

barrios Super. km2 Población Densidad

% Perso-

nas pobres

%Hogares

hacinados hacinamiento

extremo

%Hogares con medio bajo

saneamiento

%Viviendas

media mala

calidad

% Jefes de hogar con me-

nos de 12 años de estudios

Muertes violentas

20052008

Los Peralejos(*) 0,984 6032 6130,1 23,1 26 42,5 65,49 75 2Palma Real(*) 3,816 32506 8518,3 35,2 32 53,32 84,9 82 22ArroyoManzano 3,445 3218 934,1 24,1 17 37,21 39,52 51 0

Altos de Arroyo Hondo(*) 6,149 9742 1584,3 15 15 26,77 29,45 42 60

Los Ríos(*) 2,855 37317 13070,8 16 22 30,73 51,55 60 28Costa Verde 0,317 3464 10927,4 14,5 27 28,56 54,73 60 0Hondurasdel Oeste 0,817 8896 10888,6 4,3 12 15,33 29,24 49 6

Hondurasdel norte(*) 0,767 9795 12770,5 1,9 7 8,04 10,29 27 0

Paseo delos Indios 1,365 279 204,4 2,6 16 33,77 42,67 44 1

Los Cazicazgos 1,034 7445 7200,2 0,2 2 9,63 0,78 14 6Renacimiento 1,249 9656 7731 0,4 3 8,98 0,52 19 0LosRestauradores 1,439 13723 9536,5 6,3 14 21,5 25,6 42 10

San Gerónimo 1,443 12443 8623 0,1 1 12,51 0,28 21 3Los Jardines(*) 2,102 15374 7314 4 17 15,54 25,71 51 9nuevoArroyo Hondo 3,759 17104 4550,1 22,6 22 40,62 53,69 59 0

Cerros deArroyo Hondo 2,083 1357 651,5 22,2 16 32,73 41,74 54 0

ViejoArroyo Hondo 2,800 21372 7632,9 11,8 20 25,27 42,19 49 0

Paraíso 0,498 4,02 8072,3 2,1 6 10,63 10,93 23 5Julieta(*) 1,482 15448 10423,8 11,6 21 25,74 46,58 56 6Los Prados 1,406 10439 7424,6 5,7 12 12,81 22,4 41 18El Millón 1,225 8407 6862,9 0,8 3 17,34 4,55 24 2Mirador norte 0,716 5581 7794,7 0,2 5 9,99 1,73 25 1Mirador Sur 0,685 3,86 5635 0,7 1 11,48 2,23 23 19

Continúa


51

buenos Aires 1,041 24587 23618,6 15,1 24 38,02 46 52 2Miramar 1,043 7773 7452,5 0,4 4 9,38 1,89 26 0TropicalMetaldon 1,018 2893 2841,8 0,1 3 8,56 0,52 22 1

Los Jardinesdel Sur(*) 2,102 8109 3857,8 6,1 14 41,69 31,56 44 0

Atala 0,314 3938 12541,4 0,6 5 12,52 2,58 30 1bella Vista 2,047 18612 9092,3 2,1 5 24,4 10,81 21 9Quisqueya 1,879 22864 12168,2 5,9 14 27,44 23,9 38 15Piantini 1,950 10472 5370,3 0,3 1 15,63 0,97 14 11La Julia 0,865 6496 7509,8 7,6 14 51,04 45,97 45 0nuestra Señora de la Paz 0,338 4969 14701,2 5,7 16 31,82 36,48 45 2

General Ant. Duverge 0,361 4303 11919,7 1,4 7 12,91 24,54 43 1

30 de mayo(*) 0,336 4726 14065,5 9,5 21 35,27 43,34 46 4Cacique 0,728 6514 8947,8 0,8 5 16,99 5,45 27 0Centro delos Héroes 0,518 81 156,4 0 11 0 0 42 5

Mata Hambre 0,321 5424 16897,2 8,3 14 27,74 34,04 42 0CiudadUniversitaria 1,921 7265 3781,9 0,4 18 12,85 3,02 16 4

La Esperilla 1,450 6708 4626,2 0,1 1 34,44 1,21 13 0Ensanche naco 1,731 12377 7150,2 2,9 7 15,66 11,73 23 12La Fe(*) 2,289 2022 8833,6 13,1 22 37,81 47,15 59 47Agustina(*) 0,711 15031 21140,6 14,3 22 37,4 48,51 60 8Cristo Rey(*) 2,008 58299 29033,4 26,5 32 59,15 71,58 76 101La Zurza(*) 0,590 19214 32566,1 51,9 44 77,04 94,46 90 12VillasAgrícolas(*) 1,322 15902 12028,7 25,9 29 69,97 70,5 77 78

Villa Juana(*) 1,722 33005 19166,7 25,7 27 60,47 51,96 70 35Miraflores 0,805 1585 1968,9 0,2 2 22,65 1,07 28 4

Continúa


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Miraflores 0,805 1585 1968,9 0,2 2 22,65 1,07 28 4San Juan bosco 0,359 323 8997,2 3,7 6 31,33 10,47 41 2Gazcue 2,852 14269 5003,2 1,3 5 12,86 4,13 22 18Ciudad nueva 0,298 3125 10486,6 2,7 9 12,11 7,59 39 1San Carlos(*) 0,444 10846 24427,9 21,5 23 42,75 41,79 62 30VillaConsuelo(*) 1,132 2489 21987,6 23,6 23 66,82 45,62 69 56

EnsancheLuperón(*) 0,929 22789 24530,7 14,9 24 49,07 47,76 65 17

EnsancheCapotillo(*) 0,766 31 40470 39,4 39 77,85 86,98 83 73

Ensanche Simónbolívar(*) 0,650 25314 38944,6 36,6 35 77,38 85,45 82 11

24 de abril(*) 0,378 16699 44177,2 26 28 66,99 78,28 77 33EnsancheEspaillat(*) 0,517 15375 29738,9 10,8 18 57,46 52,91 66 39

MaríaAuxiliadora(*) 0,919 3912 42568 29,4 30 75,49 80,62 80 80

MejoramientoSocial 1,235 30078 24354,7 28,1 31 78,23 66,59 71 36

VillaFrancisca(*) 1,098 23103 21041 29,1 26 72,63 62,37 71 36

Ciudad Colonial 1,300 12133 9333,1 7,6 15 29,7 19,95 45 8DomingoSavio(*) 1,264 45678 36137,7 52,2 40 75,88 95,27 87 119

Gualey(*) 0,648 15901 24538,6 48,4 40 80,66 93,78 87 36La Isabela 1,897 1108 584,1 61,7 34 77,93 94,83 89 1San Diego 0,852 37 43,4 72,7 45 100 90,91 100 0no referenciadosa barrios 128

(*) barrios intervenidos por “barrio Seguro”. Fuente: Procuraduría General de la República, Oficina Nacional de Estadística.


Los planos 3 y 4 muestran de forma gráfica las áreas de urbanización informal (toda aquella que no tiene estructura vial definida formalmente. Usualmente, o casi siempre sin tenencia legal del suelo y por tanto edificios que no entran al proceso formal de tramitación), las de uso institucional (todas aquellos que pertenecen al Estado y las Iglesias) y las áreas verdes y recreativas (aquellas públicas o privadas (clubes) que permiten la recreación y/o los deportes activos o pasivos).26

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Plano 2Domingo Savio y buenos Aires:

Ubicación de los barrios en el Distrito nacional

Fuente: Ayuntamiento del Distrito nacional, DGPU, Oficina del Plan Director.

26. Cartografía: Ayuntamiento del Distrito Nacional, DGPU, Oficina del Plan Director.


Barrio Domingo Savio (Circunscripción Nº 3)

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barrio Seguro SíSuperficie km2 1,26Población 45.678Densidad 36.137,7% Personas pobres 52,2% Hogares hacinados - hacinamiento extremo 40

% Hogares conmedio-bajo saneamiento 76

% Viviendas media-mala calidad 95,3

% Jefes de Hogar con me-nos de 12 años de estudios 87

Relación espaciopúblico por habitante27

0.9 m2/por hab.

Muertes violentas2005 - 2008 119


Plano 3 barrio Domingo Savio

Fuente: Procuraduría General de la República, Oficina Nacional de Estadística.

27. La información corresponde a la circunscripción en que se ubica el barrio.28. La relación recomendada es de 10 m2 por habitante.

Este barrio con el mayor número de muertes violentas del Distrito nacional, exhibe indicadores sociales y territoriales en extremo altos.

Desde el punto de vista urbanístico, el territorio, casi en su totalidad, está con-formado por asentamientos informales y la relación del espacio público por habitante es de menos un metro cuadrado.28 La densidad es casi cuatro veces mayor que la del Distrito nacional.


Barrio Buenos Aires (Circunscripción Nº 1)

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Plano 4 barrio buenos Aires

barrio Seguro noSuperficie km2 1,04Población 24 587Densidad 23 618,6% Personas pobres 15,1% Hogares hacinados - hacinamiento extremo 24

% Hogares conmedio-bajo saneamiento 38

% Viviendas media-mala calidad 46,0

% Jefes de Hogar con me-nos de 12 años de estudios 52

Relación espaciopúblico por habitante29

16.9 m2/por hab.

Muertes violentas2005 - 2008 2


Fuente: Procuraduría General de la República, Oficina Nacional de Estadística.

ASENTAMIENTOSINFORMALESESPACIOS ABIERTOSRECREATIVOSINSTITUCIONAL

El barrio con solo dos muertes violentas en los cuatro años medidos e indicadores sociales y territoriales notablemente menores a los del Distrito nacional puede ser considerado como sector urbano característico de la ciudad desde el punto de vista urbano (barrios informales insertados en barrios formales).

La existencia de asentamientos informales en medio de áreas formales es un fenó-meno que se extiende a toda la ciudad. Aunque no existen estudios sobre el tema, es posible inferir que la población pobre habita en su mayoría en las áreas de asen-tamientos informales, donde la densidad poblacional es mayor a la del barrio.

La relación espacio-público por habitante (16,9 m) es mayor que la relación recomen-dada internacionalmente y las áreas verdes se ubican en los espacios planificados.29. La información corresponde a la circunscripción en que se ubica el barrio.


El Ayuntamiento del Distrito Nacional

“Misión: Ciudad de puertas abiertas, capital económica y cultural del Caribe, insertada en la sociedad del conocimiento, facilitador de la equidad, calidad de vida y el desarrollo humano.” (Ayuntamiento del Distrito nacional , 2009).

El ayuntamiento es el órgano responsable del gobierno del Distrito nacional y está dirigido por el Síndico que es el ejecutivo local. El cargo actualmente lo sirve Emérito (Roberto) Salcedo Gavilán en su segundo período de gestión (2006-2010).

Treinta y siete regidores conforman el Concejo Municipal (20 del Partido de la Liberación Dominicana, 9 del Partido Revolucionario Dominicano, 6 del Parti-do Reformista Social Cristiano, 1 del Frente nacional Progresista y 1 del Partido Nacional de Veteranos y Civiles), que es el cuerpo normativo y de fiscalización del ayuntamiento.

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Tabla 9Distrito nacional: Presupuesto. 2008 – 2009

Detalle 2008 2009

Impuestos 527 069 798,00 897 061 343,00

Donaciones - -Transferencias 1 564 252 967,00 1 473 298 418,00

Otros ingresos 1 056 281 938,00 452 938 657,00

Activos no financieros - 130 000 000,00

Activos financieros - -

Pasivos financieros 62 000 000,00 142 600 000,00

Total 3 209 604 703,00 3 095 898 418,00 Fuente: Ayuntamiento del Distrito nacional. “Memorias de la gestión municipal 2008-2009”


Los empleados en el ayuntamiento al mes de julio de 2009 eran 6 127 personas. Este número incluye a unos 2.600 empleados “móviles” que laboran en aseo urbano y gestión ambiental. Además, el ayuntamiento cancela mensualmente 782 pensiones.

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Cuadro 2 Distrito nacional: Ejecución Presupuestaria por

Lineamientos Estratégicos. Agosto 2008 – Julio 2009(Valores en RD$)

Lineamiento Total Aplicación

Gestión de la calidad ambiental. 902 197 201,79

Gastos destinados a ejercer control de factores que conta-minan el aire, agua y suelo, manejo de desechos sólidos, educación ambiental y protección del hábitat natural.

Ordenamiento del territorio y renovación urbana. (Gestión y uso de espacios públicos, Asentamiento y uso precario producción social del hábitat)

268 754 507,94

Egreso destinado a la construcción de proyectos de desa-rrollo urbano para la renovación de los distintos espacios como parques, plazas, calles avenidas, áreas verdes, inclu-yendo la adquisición de terrenos para los fines anteriores. Manejo aguas pluviales y negras.

Movilidad urbana 66 469 568,45

Gastos en fomento y regulación del transporte terrestre mediante la formulación de reglamentos y disposiciones rectoras, así como la señalización de las vías públicas. También se incluyen gastos de mantenimiento de equipos de transporte y distribución de combustibles y lubricantes para los diferentes sistemas de transporte.

Cultura ciudadana(Animación urbana yPatrimonio Cultural)

51 128 498,14

Recursos aplicados al fortalecimiento y divulgación de la cultura. Incluye mantenimiento y mejoramiento de zonas y monumentos con valores culturales y la difusión de nuestros valores en las actividades recreativas y de espar-cimiento que se realizan en los parques y otros lugares públicos municipales.

Gobierno de laSeguridad(Convivencia cívica y Seguridad ciudadana y Gestión de riesgo)

1 436 115 753,45

Gastos dedicados a la seguridad y gobernabilidad en todo el Distrito nacional. Incluye las atenciones en medicinas y ayuda social a personas de escasos recursos, el sosteni-miento de la Policía Municipal, el pago de seguro médico y de pensiones a la Seguridad Social, la regulación de las actividades comerciales en los mercados, fomento del tu-rismo y mantenimiento de alumbrado en las vías públicas, parques y plazas, así como la administración y supervisión de todo el sistema.

Fuente: Memorias del Proyecto “Provisión de cooperación técnica para mejorar la seguridad ciudadana en la República Dominicana” - 00043600 (febrero 2005-marzo 2006).


La seguridad ciudadana tiene en la ejecución presupuestaria la cifra más alta entre los lineamientos estratégicos.

Organizaciones de la Comunidad

En el Distrito nacional existen registradas un total de 477 Juntas de Vecinos (139 en la Circunscripción N.º 1, 177 en la Circunscripción N.º 2 y 161 en la Circunscripción N.º 3. Observatorio Ciudadano

“El Ayuntamiento del Distrito nacional y el Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo (PnUD), suscribieron en el mes de febrero del 2005 el Docu-mento de Proyecto n.° 00043600, mediante el cual el PnUD apoyaba la ejecu-ción del proyecto “Provisión de cooperación técnica para mejorar la seguridad ciudadana en República Dominicana” (Provisión de cooperación técnica para mejorar la seguridad ciudadana en la República Dominicana, s/f).

El proyecto concluyó en marzo de 2006. El proyecto tenía como objetivos:

a) Estimular en la ciudadanía una mayor participación y corresponsa-bilidad en garantizar una mejor seguridad ciudadana.

b) Construcción de una nueva visión de trabajo asociativo, para pro-mover la seguridad ciudadana y un nuevo paradigma en la construc-ción de una ciudadanía responsable.

c) Implementar las herramientas y experiencias pilotos, desarrolladas en el marco del proyecto, para que estas sirvieran de insumos a la creación de políticas y prácticas a escalas nacional y local sobre se-guridad ciudadana, aportando a una mejora del desarrollo humano y una reducción de la pobreza en la República Dominicana.

d) Conseguir la participación y coordinación a nivel interinstitucional, entre las diferentes instituciones y agencias gubernamentales y or-ganizaciones de la sociedad civil.

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Se conformó el Comité Técnico del Ayuntamiento del Distrito nacional para la ejecución del Proyecto y validación de sus resultados, también se establecieron los mecanismos de corresponsabilidad y de coordinación para la ejecutoria de sus componentes.

El proyecto se centró en cuatro resultados piloto

a) “Apoyo al desarrollo e implementación de la Estrategia de Seguri-dad Ciudadana en el ADn.

b) Programa en cuatro barrios pilotos (Capotillo, 24 de Abril/Las Cañi-tas, Ensanche Simón bolívar y Ensanche Luperón) “La Comunidad participa en la prevención de conflictos”.

c) Experiencia piloto de Sistemas de Información y Seguimiento de la violencia y el conflicto, diseñado y funcionando.

d) Capacidad de la Policía nacional para el diseño y desarrollo de Pro-yectos”. (Provisión de cooperación técnica para mejorar la seguri-dad ciudadana en la República Dominicana, s/f).

Resultados más relevantes del Proyecto

a) “Diagnóstico institucional y de la seguridad ciudadana del Distri-to nacional (agosto, 2005). Se conformó el Comité Técnico y el Comité Interinstitucional en materia de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento del Distrito nacional.

b) Se impartió y culminó con éxito el Diplomado sobre “Políticas Pú-blicas de Seguridad Ciudadana”, auspiciado en el marco de este proyecto por el Centro Regional (LACSURF) y la oficina local del PnUD, el Ayuntamiento del Distrito nacional y el Instituto Tecno-lógico de Santo Domingo (InTEC), como contraparte académica. Fueron graduados 43 especialistas de diferentes instituciones estata-les y organizaciones sociales. La segunda versión de este diplomado comenzará a impartirse el 28 de septiembre hasta el 18 de noviem-bre en las dependencias de InTEC.

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c) Se brindó educación ciudadana por medio del diseño e implementa-ción práctica de Educación Ciudadana en cuatro barrios pilotos del Distrito nacional: Capotillo, 24 de Abril/Las Cañitas, Simón bolí-var y Ensanche Luperón). En tres meses se llevaron las enseñanzas del manual ciudadano a más de 5 000 personas de esos barrios, en su mayoría adolescentes y jóvenes. Actualmente, el Manual de Edu-cación Ciudadana está en proceso de revisión para su publicación y continuidad educativa dentro de la población.

d) Apoyo a la Dirección nacional de Atención a Víctimas de la Pro-curaduría General de la República y dentro de esta a la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia del Distrito nacional.

e) Se creó el Observatorio Ciudadano, como soporte técnico para la toma de decisiones gerenciales en materia de gobierno de la seguri-dad. Esta herramienta técnica actualmente está en pleno funciona-miento.

f) Se impartió a la Policía nacional el diplomado “Seguridad Ciuda-dana, Investigación y Análisis de la Criminalidad y estrategias de prevención comunitaria desde los marcos conceptuales de la Policía Nacional Dominicana”, beneficiándose del mismo 4 oficiales de la policía nacional y de la policía municipal.” (Provisión de coopera-ción técnica para mejorar la seguridad ciudadana en la Repú-blica Dominicana, s/f).

El Observatorio Ciudadano nace al finalizar el Proyecto con el PNUD en marzo de 2006. El Síndico Roberto Salcedo decide alinearlo con los proyectos del Plan Estratégico para la ciudad de Santo Domingo.

“ El Observatorio Ciudadano igualmente diagnostica las problemá-ticas que afectan a las circunscripciones y al distrito en general, en materia de desarrollo humano, incluido como parte esencial de este concepto, la seguridad ciudadana, la victimización, los sub-registros o cifras negras de la criminalidad y la efectividad de las institucio-nes responsables de la seguridad pública y de los programas que se están ejecutando en esta materia en el distrito.

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En este sistema gerencial, los resultados de las investigaciones y análisis generados por el Observatorio Ciudadano son expuestos y discutidos en el Consejo de Directores y Encargados municipales, así como son socializados en talleres en los que participan las insti-tuciones gubernamentales, la academia y la sociedad civil, y dentro de la misma, las Federaciones y Confederación de Juntas de Veci-nos.” (Provisión de cooperación técnica para mejorar la seguri-dad ciudadana en la República Dominicana, s/f).

Los estudios tienen periodicidad cuatrimestral, las mediciones se realizan en muestras representativas por circunscripciones o del registro telefónico, según convenga a los objetivos de los estudios.

La seguridad ciudadana era el tema central de la iniciativa del PnUD que acon-sejó la creación del Observatorio Ciudadano, una vez en funcionamiento como parte de la estructura burocrática del Ayuntamiento y dependiente de la Secre-taría General se define como el Centro de Información y Análisis que genera diagnósticos para “monitorear, analizar y evaluar las políticas públicas y pro-gramas contemplados en el Plan Estratégico de la ciudad”.30 La acción del ayuntamiento respecto de la Seguridad Ciudadana, habrá que examinarla en el Lineamiento Estratégico N.º 5: “Gobierno de la Seguridad”.

Documentos Publicados por el Observatorio Ciudadano:31

• Memorias Proyecto (PNUD – ADN) Encuesta de Victimización• Informe Diagnóstico. (Septiembre 2006) Encuesta Agosto 2006• Encuesta Mayo 2007• Encuesta Agosto 2007• Encuesta Julio 2007 Telefónica• Encuesta telefónica de Noel• Informe Encuesta Telefónica Balance Anual 2007

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30. www.adn.gov.do31. Todos disponibles en www.adn.gov.do


• I Monitoreo del Gobierno de la Seguridad. Ciudad Colonial, octubre 2007• Informe Encuesta Marzo 2008• Diagnóstico Situacional e Institucional del Distrito Nacional 2008• Encuesta Agosto 2008• Encuesta Abril 2009• Encuesta telefónica agosto 2009• Informe del programa de Rehabilitación de los ríos Ozama e Isabela, Abril• 2009.• II monitoreo del Gobierno de la Seguridad. Ciudad Colonial Mayo 2009

Boletines del Observatorio Ciudadano:

• Boletín N.° 1• Boletín N.° 2• Boletín N.° 3• Situación del Aseo Urbano en la Ciudad a través de las encuestas del Observatorio Ciudadano.

Lineamiento Estratégico N.º 5: “Gobierno de la Seguridad”(Ayuntamiento del Distrito nacional, 2005)

Reducir los desequilibrios en materia de desarrollo humano, fortaleciendo los espacios de participación social con el fin de que todos los actores sociales se involucren en la búsqueda de la visión de ciudad segura, para los ciudadanos y visitantes. Línea de actuación Ciudad integradora, incluyente y participativa.

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Objetivos Gestión Colaboradores

Este proyecto está dirigido a todos los Policías Mu-nicipales con la finalidad de: elevar la preparación técnica, profesional de los mismos a fin de convertir-los en orientadores ciuda-danos dejando de lado la imagen represiva que hasta la fecha ha caracterizado a los cuerpos de seguridad y orden público.Las razones que nos hanmotivado a impulsar este proyecto son múltiples,destacándose los altos índi-ces de violencia y crimina-lidad que en la actualidad han azotado al país hacien-do evidente la necesidad de profesionalizar cada día más a nuestro agentes del orden público, a fin de prevenir actos que estén en contra de las leyes, moral y buenas costumbres.

ámbito de actuación:Provincia de Santo Domingoy Distrito nacional.

Financiamiento:A.D.n. e institucionescolaboradoras.

Período de ejecución:Estimado de 4 meses.

A.D.n

Secretaría de las Fuerzas Armadas

Instituto nacional de los Derechos Humanos

Policía nacional

Dirección nacionalde Control de Drogas (DnCD)

Departamento nacionalde Inteligencia (DnI)

Procuraduría Generalde la República.

Proyecto 22: Formando ciudadanos

Fortalecer la figura de la autoridad municipal, restableciendo las condiciones respecto a deberes y entrenamiento, así como creando convenios interinstitucio-nales para la formación académica de sus miembros.


Proyecto 24: Capital Segura (Ayuntamiento del Distrito nacional, 2005):

Conformar una fuerte estructura interna e inter-institucional abocada a garanti-zar el gobierno de la seguridad democrática dentro de una mancomunidad me-tropolitana comprometida, participativa y sostenible (Consejo del Gobierno de la Seguridad Democrática).

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Objetivos Gestión Colaboradores

Incrementar los niveles deseguridad humana, garantizan-do el disfrute de los derechos humanos dentro de una fuerte gobernabilidad democrática.Construir seguridad ciudadanay convivencia a partir de par-ticipación, inclusión, cohesión social e involucramiento com-prometido de los actores institu-cionales y sociales.Establecer una fuerte cultura ciudadana centrada en la de-fensoría y exigencia de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes individuales y colectivos.Promover el desarrollo de lí-neas de información, análisis einvestigación como soporte técnico para la toma de deci-siones efectivas en materia de seguridad democrática.Fortalecer las instituciones locales de la Policía Munici-pal, el Cuerpo de bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencias.brindar asesoría técnica a otros gobiernos locales, instituciones gubernamentales y organiza-ción es de la sociedad civil.

ámbito deactuación:Provincia de Santo Domingo yDistrito nacional.

Financiamiento:Los fondos para el caso del Distrito nacional serán internos y de la cooperacióninstitucional, pri-vada y deorganismosinternacionales.

En el caso de lamancomunidadmetropolitana,los fondos tendrían que ser focalizados a lo interno de sus gobiernosmunicipales.

A.D.n.

Secretaría de Estadode Interior y Policía

Policía nacional

Procuraduría General de la República

Procuradurías Fiscales del Distrito nacional y de la MancomunidadMetropolitana

Secretaría de Estado de la Mujer

Secretaría de Estado de Educación

Secretaría de Estadode Medio Ambiente

Dirección nacional de Controlde Drogas

Consejo nacional de Drogas

Actores Privados

Actores Ciudadanos

Organismos internacionales


Policía Municipal

“En lo que concierne al Gobierno de la Seguridad, se garantiza la tranquilidad de nuestros ciudadanos, gracias al fortalecimiento de la Policía Municipal” (Ayun-tamiento del Distrito Nacional, 2009), esa afirmación del Síndico del Ayunta-miento es suficiente para entender la importancia de este cuerpo en la gestión de la seguridad ciudadana.

La Policía Municipal del Ayuntamiento del Distrito nacional fue creada el 24 de febrero de 2000.

La Ley N.°176-07 la define y determina sus funciones en sus artículos 173 y 174.

Es una organización con jurisdicción dentro de los límites del ayuntamiento, de carácter policial y especializado en asuntos municipales, jerarquizada, depende directamente del síndico y es supervisada por la Secretaría de Estado de Interior y Policía.

Su finalidad es la de resguardar los bienes municipales y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, resoluciones, reglamentos y disposiciones municipales.

En el año 2006 la Policía Municipal del Ayuntamiento del Distrito nacional es-taba formada por 324 efectivos y con características orgánicas de fuerza militar. Disponían de 138 armas entre revólveres y escopetas (Ayuntamiento del Distrito nacional, 2006).

Actualmente, “cuenta con 600 efectivos que actúan solo por presencia”32 y está bajo la dirección del General de Ejército nacional, Pedro Almanzar Martínez, Director de Seguridad Ciudadana.

6532. Entrevista al Lic. Domingo Contreras, Secretario General del Ayuntamiento del Distrito nacional.


Entre los logros destacados, en las “Memorias de Gestión Municipal 2008-2009, se anotan:

• “La asignación de una caja chica.• Compra de 50 macanas y 50 pares de esposas. • Reparación de 33 revólveres que se encontraban en mal estado.• Adquisición de dos (2) computadoras para los destacamentos de

laAve. Duarte y Zona Colonial. Adquisición de nuevos uniformes para la Policía Municipal (camisas, pantalones, pantaloncillos, fra-nelas, gorras, botas).

• Adquisición de una camioneta Toyota Doble Cabina para redoblar el patrullaje. Mantenimiento constante a nuestra flotilla de vehícu-los, la cual está compuesta de la siguiente manera: 3 Camiones al-quilados, 20 bicicletas.

• Adquisición de chalecos reflexivos, pitos, cinturones portapistola, focos entre otros implementos”.

La Policía Municipal se mantiene en el marco de las funciones que le asigna la ley, la mayor parte de sus servicios son de vigilancia de espectáculos públicos, patrullaje en parques y espacios públicos, recepción y procesamiento de faltas a las normas municipales y protección de los bienes del Ayuntamiento.

El hecho de que se mantenga como cuerpo armado debe ser observado con pre-caución, no solo por el aspecto legal que enfrenta la exclusividad de la portación de armas por parte de la Policía nacional, también, y sobre todo, por la nece-sidad de tener entrenamiento para que el potencial uso de armas, no sea otro motivo de inseguridad.

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Conclusiones

La principal responsabilidad legal del ayuntamiento en la Seguridad Ciudadana es la prevención situacional, especialmente en lo concerniente al uso, ordena-miento y planificación del territorio. El planeamiento urbano en el ayuntamiento no tiene incorporados esos factores en sus actividades y la ejecución presupues-taria es un conveniente indicador de gestión:

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Tabla 10Distrito nacional: Ejecución presupuestaria. 2009

(Hasta el mes de julio)

Lineamiento Total %

Gestión de la calidad ambiental 902 197 201,79 33Ordenamiento del territorioy renovación urbana 268 754 507,94 10

Movilidad urbana 66 469 568,45 2Cultura ciudadana 51 128 498,14 2Gobierno de la Seguridad 1 436 115 753,45 53

Total 2 724 665 529,77 100 Fuente: Ayuntamiento del Distrito nacional. “Memorias de la gestión municipal 2008-2009”.

Ordenamiento urbano ejecutó el 10% del presupuesto, superado por gestión de la calidad ambiental, que incluye el manejo de los desechos sólidos.

El Gobierno de la Seguridad ejecutó el 53% del presupuesto del Presupuesto del Ayuntamiento en los ítems siguientes:

“Gastos dedicados a la seguridad y gobernabilidad en todo el Distrito nacional. Incluye las atenciones en medicinas y ayuda social a personas de escasos recur-sos, el sostenimiento de la Policía Municipal, el pago de seguro médico y de pensiones a la Seguridad Social, la regulación de las actividades comerciales en los mercados, fomento del turismo y mantenimiento de alumbrado en las vías públicas, parques y plazas, así como la administración y supervisión de todo el sistema.” (Ayuntamiento del Distrito nacional, 2009).


En el alto valor de lo ejecutado que aparece destinado a que se haga efectivo el derecho a “ser y sentirse protegido” por medidas de prevención, solo son identificables la Policía Municipal y el mantenimiento de alumbrado en las vías públicas, parques y plazas.

De la Policía Municipal, llama la atención el gasto en macanas, esposas y repa-ración de armas de fuego y transparenta una concepción respecto de la seguridad que contradice lo que se declara como objetivo en el Proyecto 22: Formando ciudadanos, respecto al carácter no represivo de ese cuerpo. Los instrumentos nombrados son propios de cuerpos represivos, función que no le compete al ayuntamiento.

Incorporar en el presupuesto las ayudas sociales es también manifestación del concepto que se define en los objetivos del Proyecto 24: Capital Segura, la am-plitud comentada al inicio del trabajo, permite que se cuelen como parte del quehacer sobre seguridad ciudadana el asistencialismo, especialmente peligroso en un Estado con características clientelares del que el ayuntamiento forma parte.

Decidir que la Policía nacional, debido a los “altos índices de violencia y cri-minalidad que en la actualidad han azotado al país”, tiene necesidad de profe-sionalizar “cada día más a nuestros agentes del orden público a fin de prevenir actos que estén en contra de las leyes, moral y buenas costumbres”, es un asunto que llama a preocupación, en una sociedad que será siempre más segura si es tolerante y capaz de reconocer y contener su diversidad.33

Se debe asumir el espacio público como factor determinante en toda política ur-bana de carácter preventivo. Los espacios públicos son tales cuando la gente los usa, llamamos la atención para ejemplificar, en el Parque Independencia cercado y sin conexión visual entre el interior y el exterior en un área de alto tránsito pea-tonal en horas de la noche o la Universidad Autónoma de Santo Domingo entre rejas, haciendo peligroso el tránsito peatonal por las avenidas Correa y Cidrón.

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33. Luego viene considerar “grupos sociales vulnerables en situación de calle o en conflictividad social a “Grupos de la comunidad gay, jevitos, bohemios y ciudadanos/as que ejercen la prostitución”. II Encuesta del Gobierno de la Seguridad Ciudad Colonial. Secretaría General. Observatorio Ciudadano. Ayuntamiento del Distrito nacional. Mayo 2009.


Incorporar la prevención situacional en el planeamiento urbano, especialmente en iniciativas llamadas a cambiar la ciudad como la “Estrategia para el mejora-miento integral del hábitat en los barrios de la cuenca Ozama-Isabela”.

Dos puntos deberían ser considerados por el ayuntamiento en el futuro. Realizar una reflexión amplia acerca del concepto de la Seguridad Ciudadana y definirlo de acuerdo con su capacidad de servir a la investigación del Observatorio y su posibilidad de ser utilizado para el diseño de las políticas públicas. Ese proce-so también tendría consecuencias positivas respecto a la valoración que hacen funcionarios y dirigentes comunitarios acerca de la información que entrega el Observatorio Ciudadano y la metodología para definir sus contenidos.

6.2. El Municipio de Villa Bisonó

“El Municipio de Villa Bisonó, es el nombre oficial del municipio de Navarrete, instituido como tal mediante la Ley n.° 5646, del 20 de octubre de 1961, con efectividad desde el 16 de agosto de 1962. Navarrete, cuyo nombre oficial es Mejía de navarrete, fue fundado como sección del municipio de Santiago, me-diante la Ley n.° 125 del 31 de mayo de 1939”.34

Superficie: 98,83 km2.

Población:35 42.210 habitantes. 12.487 residen en territorio rural y 29.723 son habitantes urbanos. La densidad poblacional alcanza a los 427 habitantes por kilómetro cuadrado. (169,9 es la densidad nacional).

La población de Villa bisonó se distribuye por género en igual forma que la nacional, sin una diferencia significativa; nacionalmente el 50% son varones y 50% mujeres.

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34. Portal del Ciudadano. (www.villabisono.gov.do)35. Toda la información de población, saneamiento y equipamiento es de VIII Censo de Población y Vivienda. Oficina Nacional de Estadística 2002.


Población por nivel de instrucción

Este municipio presenta indicadores de instrucción que deben ser observados con atención: el nivel primario lo alcanzó un 61,18%, el secundario un 24,72% y el universitario el 6,86%.

Saneamiento

Respecto del abastecimiento de agua, debe destacarse el alto porcentaje (37%) de hogares que la obtiene de un camión tanque (eso significa un alto costo y bajos niveles de potabilidad).

La red de acueductos abastece al 56% de los hogares, pero solo un 14% recibe el vital elemento dentro de sus viviendas y un 26% debe abastecerse en llaves públicas.

La calidad de las fuentes de abastecimiento de agua de Villa bisonó es inferior a la media nacional en todas sus alternativas. Un 37% de las viviendas se abastece de agua mediante camión tanque y solo el 14% dispone de agua potable dentro de la vivienda.

Los niveles de satisfacción del servicio sanitario son inferiores al promedio na-cional. El 35% de los hogares dispone de inodoro y el 61% de letrina.

El número de hogares que no satisfacen adecuadamente la eliminación de excre-tas alcanza en Villa bisonó a un 25%, resultado de la suma de los que no tienen ningún tipo de servicio más el 21% de los hogares que comparten el servicio sanitario.

El grado de saneamiento es, sin lugar a dudas, el indicador que mejor expone la problemática urbana de Villa bisonó. El 90% de los hogares presentan un nivel medio-bajo de saneamiento.

70


El ayuntamiento presta el servicio al 69% de los hogares con una cobertura su-perior a la media nacional (56%). Las modalidades de eliminación de la basura de un tercio de los hogares son contaminantes (la queman, la tiran en el patio o solar o en un río o cañada).

Pobreza:36 El 44,1% de los habitantes y el 42,5% de los hogares de Villa bisonó son pobres. Ambos índices son superiores a los nacionales (42,2% y 40,09%, respectivamente).

71

Tabla 11 Villa bisonó: Síntesis de indicadores de vulnerabilidad. 2002

barrios Población%

Personaspobres

%Hogares

hacinados ohacinamiento

extremo

%Viviendas

conmedio bajo

saneamiento

%Viviendas

conmedia mala

calidad

%Jefes de

hogar con menos de12 años

de estudios

Zona urbana 29 723 43,2 16,0 86 84 86

Cañada bonita 1 986 45,0 12,0 100 98 93

Estanciadel yaque 2 725 35,0 18,0 100 96 91

La Lomota 751 75,4 13,0 100 97 87

La Villa nueva 980 43,9 14,0 100 98 94

Mejía de navarrete 1 481 26,4 21,0 97 97 93

Pontoncito 4 430 39,6 17,0 99 97 94

Vuelta Larga 134 40,0 20,0 100 97 89

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas.

36. “Mapa de focalización de la pobreza” OnAPLAn, 2005.


Estado del delito y la violencia en Villa Bisonó

Según la información de la Procuraduría General de la República, desde enero de 2005 y hasta septiembre de 2008 se registraron 16 muertes violentas, con un fuerte descenso desde 2005. Estas cifras confirman que en el municipio las dificultades de seguridad se deben a manifestaciones de violencia social y no criminal.

72

Gráfico 8Villa bisonó: Muertes violentas. 2005 - 2008


Si incorporamos la información que presenta el “Diagnóstico Situacional e Ins-titucional del gobierno de la seguridad en el Municipio de Villa bisonó (nava-rrete). Provincia Santiago de los Caballeros, noviembre 2008” se confirma la tendencia arriba indicada pues del año 2007 al 2008 solo aumentaron los asaltos, riñas y violencia intrafamiliar y los robos en viviendas no sufrieron cambios.


La victimización directa e indirecta tiene una disminución significativa entre el año 2007 y el 2008.

Según el diagnóstico citado, los ciudadanos identifican como los problemas principales del municipio el estado de las calles y el alumbrado público, ponien-do el tema de inseguridad en el cuarto lugar.

Entre los servicios que si fueran mejorados contribuirían a mejorar la seguridad de sus barrios, los ciudadanos proponen aumentar el patrullaje de la Policía y la iluminación de la calles, en ese orden.

La población manifiesta niveles de desconfianza altos cuando se les consulta por la Policía Nacional (los más altos niveles de confianza los tienen las Iglesias); a pesar de eso, cuando son víctimas de un delito, la mayoría recurre a la Policía.

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Tabla 12navarrete: Victimización de ciudadanos. 2007 – 2008.

(Las tasas se dan por cada 1 000 hab. en zona urbana)

2007 Ene - Sep. 2008 Tasa devariación

Tasa de robo 285 167 -41Denuncia de los hechos de robo 70% 28% -60Porcentaje de hechos de robo en viviendas 58% 58% 0Tasa de asalto 92 108 17Denuncia de hechos de asalto 61% 28% -54Porcentaje de armas de fuego 83% 73% -12Tasa de violencia(incluyendo riñas y violencia intrafamiliar) 101 121 20

Víctima directa de delito 16,1 5.2 -68Víctima indirecta de delito a travésde un familiar que vive en navarrete 14,8 14,0 -5

Víctimas de delito en general 31 19 -39 Fuente: Del “Diagnóstico Situacional e Institucional del gobierno de la seguridad en el Municipio de Villa bisonó (navarrete). Provincia Santiago de los Caballeros. noviembre 2008”.


Particularidades en la perspectiva de la Seguridad Ciudadana

Los movimientos sociales

Para descifrar adecuadamente la presencia de movimientos sociales se incorpo-ran algunos elementos conceptuales acerca de este tipo de respuesta colectiva.

Alain Touraine llama lucha “a todas las formas de acción conflictivas organi-zadas y conducidas por un actor colectivo contra un adversario por el control de un campo social. Un movimiento social es el tipo particular de lucha más importante.” (Touraine, 2006).

Siguiendo a Touraine, para que la lucha sea reconocida como tal, debe cumplir cuatro condiciones:

1. Debe ser conducida en nombre de una comunidad.2. Debe estar organizada. La organización asegura la identificación del

conflicto.74

Tabla 13navarrete: Conductas ciudadanas ante la victimización delictiva. 2008

n° Conductas ciudadanas Porcentaje

1 Hacen la denuncia en el destacamento de la Policía nacional 78,72 Hacen la denuncia en la Fiscalía Municipal 40,23 no saben qué hacer o no hacen nada 37,04 busca ayuda en un abogado 29,05 busca ayuda en los grupos de la comunidad 28,0

6 Denuncia los hechos ante la Justiciao Policía nacional fuera del municipio 25,2

7 busca ayuda en la Iglesia 23,1

8 Averigua quién lo hizo y lo resuelven por sí mismo 18,5

9 busca ayuda entre los propios delincuentes del barrio 13,3 Fuente: Del “Diagnóstico Situacional e Institucional del gobierno de la seguridad en el Municipio de Villa bisonó (navarrete). Provincia Santiago de los Caballeros, noviembre 2008”.


3. El adversario, al que combate, debe estar plenamente identificado y representado.

4. El conflicto debe ser un problema social que afecte a la sociedad más allá de los ámbitos del movimiento organizado.

Los movimientos sociales buscan instalar en la agenda pública la necesidad de respuesta por parte del Estado en servicios urbanos básicos y, en general, el ase-guramiento de derechos social y jurídicamente reconocidos.

Sin un Estado integrador capaz de procesar la demanda social, la criminalización de la protesta se transforma en la única respuesta posible. Se construye social-mente la idea –para legitimar las respuestas– de que quien promueve “formas de acción conflictivas”, independientemente de lo que las motive, está asociado a conductas criminales y merece castigo, llegándose incluso a prácticas terroristas de Estado; es decir, instituciones actuando fuera de la ley.

La conflictividad social de Villa Bisonó (Navarrete) es suficientemente conocida en la República Dominicana.

no existe acuerdo acerca de las razones que expliquen la tradición de lucha en la localidad, se apuntan como posibles explicaciones:

Cuestiones históricas: El haber sido lugar de antiguas luchas contra las injusti-cias de los hacendados o la actuación de “caciques locales” en las luchas políti-cas y militares que culminaron con la Restauración de la República.

Cuestiones demográficas: Se atribuye a la llegada de nuevos habitantes al mu-nicipio, aunque los datos del Censo del año 2002 revelan que el 86% de sus habitantes residía en el lugar hace cinco años.

Cuestiones políticas: Una de las dificultades para el diálogo entre los munícipes y el ayuntamiento, es que un buen número de los habitantes de Villa bisonó no ejerce su derecho a sufragio en la localidad, lo que obstaculiza la culminación de relaciones de tipo clientelar, la cuales suponen que el servicio o beneficio público prestado sea retribuido con el voto.

75


La ubicación geográfica de Villa Bisonó facilita el impacto nacional de las “pro-testas populares”. La interrupción del tránsito en la principal arteria vial de la ciudad impide la conexión entre todo el centro del país (Santiago de los Caba-lleros y Santo Domingo) con la Línea del noroeste (Montecristi, Mao, Da-jabón) y a escasa distancia de la ciudad está el desvío hacia la ciudad de Puerto Plata.

“Esto ya es parte de la cultura del municipio y se expresa en variadas expre-siones artísticas (cine, teatro, carnaval, etc.). El lema popular de navarrete es “Amar es combatir”.37

Así se explica la decisión de la Secretaría de Estado de Interior y Policía de ac-ceder a la ejecución del Programa “barrio Seguro” en el municipio, “aun cuando los índices de criminalidad no estuvieran tan altos”.38

Las demandas del Movimiento Social en Villa Bisonó

“ navarrete no está demandando que le bajen la luna, que le bajen las estrellas, navarrete está demandando necesidades primarias, esen-cialísimas”.39

“ Las demandas en navarrete son meramente demandas económicas, demanda de participación, de un pedazo de calle, de un poquito de acera y contén, de una que otra escuela, de un poquito de alumbrado eléctrico, de hospital”.40

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37. Entrevista a Dra. Amantina Gómez, Síndica de navarrete.38. Ídem.39. Focus Group con organizaciones populares de Villa bisonó.40. Ídem.


Lo que reivindican las organizaciones populares corresponden a demandas urba-nas; identifican la lucha por el hospital, el que consiguieron aun cuando todavía no tiene la capacidad de atención para satisfacer las necesidades de salud, espe-cialmente en el área de las especialidades de pediatría y atención materna. La salud del pueblo es un motivo de lucha.

En la justificación de sus movilizaciones están la reparación de calles, caminos vecinales, las carreteras, la falta de agua potable y la energía eléctrica (que por estos días en el pueblo es un servicio de tres horas diarias).

La lucha por más escuelas está entre las experiencias que los grupos populares identifican como exitosas, antes el pueblo tenía solo una escuela, la del parque, ahora en navarrete cada barrio tiene una escuela.

Las formas de lucha

“ Esa gente se moviliza, que hacen huelga por asunto de agua potable, yo tengo el privilegio de que vivo ahí al lado y me llega agua per-manente y tengo una cisterna, pero si yo viviera en un lugar que no hay agua, el primero que sale a quemar una goma soy yo”.41

El proceso de lucha se inicia siempre “hablando con los políticos”, si el diálogo no prospera si organizan marchas, se convoca y se explica a la comunidad. El próxi-mo paso es “lanzarse a la calle”. En esta etapa se logran por lo general respuestas satisfactorias. Los políticos aparecen como responsables de la radicalización de las movilizaciones y así se justifican las protestas, asumiendo que es la única forma de obtener resultados, destacando el hecho de que por medio del diálogo nunca el pueblo de navarrete ha obtenido mejorías en sus condiciones de vida.

77

41. Focus Group Sala Capitular: opinión de un regidor.


El Movimiento social y la política

“ Peña Gómez llegó a hablar de la famosa deuda social acumulada del Estado Dominicano para con el pueblo Dominicano”.42

La crítica a la baja inversión social, especialmente en educación, está en la base de la crítica a la forma como se manejan los asuntos públicos en el país, lo que los conduce a plantear la necesidad de “cambio social” sin que tengan claramen-te definida una propuesta alternativa.

El movimiento social manifiesta mejor su desacuerdo con la situación actual: “tenemos las zonas rurales proveyéndose de noria, de fuentes naturales, o sea se ha luchado históricamente en término de procurar participar del beneficio que la sociedad crea, pero en República Dominicana hay un modelo de inversión antidemocrático, centralizador”.43

Respecto de su relación con los partidos políticos no reconocen vínculos puesto que todos “están en lo mismo” y lejos de lo que el pueblo reclama. Es frecuente ver acusaciones según quien está en el poder (gobierno o ayuntamiento). El partido que está en el Gobierno acusa al de oposición de promover las pro-testas populares.

Sobre el Ayuntamiento

Las principales observaciones frente al Ayuntamiento son acerca de la transpa-rencia en el uso de los recursos.

Proponen revisar el Presupuesto Participativo, no solo la metodología con la que se formuló, ahora se debería informar de la ejecución del Presupuesto y si esta corresponde a lo que la comunidad propuso.

78

42. Ídem.43. Ídem.


Se debería formular el Plan de Desarrollo como está establecido en la Ley n.° 176-07.

El Ayuntamiento de Villa Bisonó

La Síndica es la Dra. Amantina Gómez Garrido que cumple su segundo período (2006 – 2010).

El Concejo Municipal está integrado por cinco regidores: 2 del Partido de la Li-beración Dominicana, 1 del Partido Revolucionario Dominicano, 1 del Partido Liberal La Estructura y 1 del Partido Reformista Social Cristiano.

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Tabla 14Villa bisonó: Detalles de Ingreso. 2008

Ingreso Monto

Ingresos por transferencia 68 584 249,38

Ingresos propios 1 404 671,87

Donaciones 30 000,00

Aporte SEDEFIR 4 200 000,00

Total 74 218 921,25 Fuente: “Informe econômico, período agosto 2008- agosto 2009”. Ayuntamiento Villa bisonó. Datos en pesos dominicanos.

Departamentos del Ayuntamiento

Asuntos comunitarios, Contabilidad, Cultura, Mujer, niñez, Deportes, Espec-táculos Públicos, Estadísticas, Inspectoría, Limpieza, Ornato Público, Planea-miento, Policía Municipal, Recursos Humanos, Relaciones Públicas, Secretaría Municipal, Sindicatura, Tesorería y Transportación y Compras.


Principales Programas

Alumbrado Público: Ha instalado más de diez transformadores, 1 900 lámparas en los sectores más necesitados.

Distribución de agua: Un camión tanque se encarga de cumplir con un programa de distribución en más de veinte barrios del municipio de lunes a sábado.

Programa de bacheo: El ayuntamiento y la Secretaría de Estado de Obras Públi-cas están trabajando en cada barrio y/o sector con necesidades de reparación de calles.

Carretera La Lomota: Se encuentra avanzada en más de un cuarenta por ciento y tendrá una inversión total de RD$ 59 000 000.

Programa de reparación de caminos vecinales y rurales: En barrio la Mella, ba-rrio La Altagracia, barrero, barrio San Miguel, Sector Mejía, barrio El Cerro.

Municipio Seguro del Plan de Seguridad Democrática (PSD) desde el 24 de enero de 2009.

Instituciones y organizaciones de la comunidad (DEMUCA y otros, 2008)

Hospital, cuatro policlínicas rurales subcentro de salud. Comedor económico Cuartel e inspectoría de la Policía nacional.

Dieciocho escuelas públicas de enseñanza básica, liceo, cuatro colegios de ense-ñanza básica, tres colegios de enseñanza media.

Cuatro bancos, parque de zona franca, cuatro industrias de tabaco.

biblioteca, estación de bomberos, casa de la cultura, centro de capacitación en informática, centro tecnológico.

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Tres templos católicosOrganización carnavalesca

Federación de juntas de vecinos, nueve grupos sociales y comunitarios, dos cen-tros comunales, cuatro clubes sociales, dos organizaciones de socorro.

Programa “Municipio Seguro”

El 24 de enero de 2009 el Dr. Franklin Almeida Rancier inauguró en Villa biso-nó la aplicación del programa Municipio Seguro, que corresponde al Programa 13: barrio Seguro del Plan de Seguridad democrática, y sus subcomponentes (ver Sección IV). Por primera vez el territorio intervenido no es un barrio, es un municipio y por pedido de la autoridad local, la síndica del Ayuntamiento Dra. Amantina Gómez.

Los primeros resultados del Programa:

• La Policía aumento su dotación de 6 a 22 policías, se les dotó de 3 camionetas doble cabina, con radio y dos motores.

• 150 becas estudiantiles (75 a universidades) y 300 becas se encuen-tran en proceso.

• Una Villa de Seguridad ciudadana se construirá una vez sea adquiri-do el terreno.

Cambios en la estructura del Ayuntamiento:

• El Departamento Legal se dedicaba solo a los asuntos legales del Ayuntamiento, ahora asume los casos de violencia intrafamiliar para lo que contrató un nuevo abogado.

• Se creó la Unidad de Gestión Ambiental (UGAM) en coordinación con SEMAREnA.

• Se creó la oficina de Planeamiento Urbano.• Se creó el Consejo de Desarrollo Social, Económico y Municipal.

Se creó la Unidad becas para mi barrio.81


• Cambió la infraestructura municipal, se han construido nuevas de-pendencias (Sala Capitular, Tesorería en un lugar más seguro, Con-traloría)

• El Ayuntamiento presta apoyo logístico al Programa y es el enlace entre la población y el Programa.

Obras recientes con impacto en la Seguridad Ciudadana:

• Recuperación de espacios públicos: creación de parques. • Recuperación del Parque Central.• Asfaltado de calles (OO. PP. y Ayuntamiento)• Construcción del play Bisonó (alejado de la zona al microtráfico)

Relación policía-ciudadanía:

• Ha mejorado, aunque no lo suficiente.• Falta profesionalización y tecnificación de la Policía.

Conflictividad social y percepción de seguridad:

• Las protestas han disminuido en número, en violencia y duración, ahora son de un día y menos violentas. Las demandas son atendidas pacíficamente y en los marcos institucionales.

• Es casi unánime la percepción de mayor seguridad, asignada espe-cialmente al aumento de la dotación policial y su mayor capacidad de patrullaje, gracias a los motores y camionetas de que disponen.

Participación del Ayuntamiento en el Programa:

El combustible que utiliza la Policía se financia con recursos municipales.

“ hemos arreglado las calles, las mayoría de las calles, hemos llevado aceras y contenes a ciertos barrios y eso cambia la calidad de vida de los ciudadanos, en fin ha sido preocupación de todos nosotros

82


y hemos contribuido bastante en lo que es Municipio Seguro, eso quiere decir que no solamente le hemos dejado el trabajo a Franklin Almeida, sino que nosotros también hemos estado al frente”.44

“ Con Municipio Seguro hemos logrado la unión de lo local con lo nacional, que es lo que aspiramos”.45

El Programa Municipio Seguro y el movimiento social

El movimiento social participó de la instalación del Programa Municipio Seguro y lo reconoce como un acontecimiento positivo para la comunidad, lo que fue expresado al Secretario de Interior y Policía.

Los dirigentes afirman que Villa Bisonó, al igual que el país, merece más segu-ridad y el movimiento social condena las acciones criminales.

Desde que se inició Municipio Seguro, las protestas han sido menos intensas y el movimiento social está a la espera que se abandonen las prácticas policiales que ven la lucha reivindicativa como si se tratara de una guerrilla urbana. Muchos jóvenes han muerto por eso, la policía desde que sale del cuartel sale a matar.

Aun cuando existe una mayor confianza en la Policía, no están plenamente segu-ros de que la relación entre las organizaciones populares y los cuerpos policiales se mantenga.

Valoran positivamente el aumento de la dotación policial y los patrullajes pues debiera desestimular la acción de delincuentes en muchos casos ligados al tráfi-co de drogas.

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44. Focus Group Sala Capitular: opinión de un regidor.45. Entrevista a Dra. Amantina Gómez, Síndica de navarrete.


Conclusiones

Solo uno de los “informantes clave” calificó negativamente la experiencia del Programa en el municipio. Calificado de uno a diez, donde uno es muy malo y diez muy bueno, el promedio es 8 y cuando se les pidió justificar la calificación, se hizo referencia a que todavía se estaba implementando parcialmente, sin to-dos sus componentes en operación. Hasta ahora, el impacto del Programa se debe a la mayor presencia policial.

El ayuntamiento debe fortalecerse institucionalmente, establecer registros, pro-cesos y modelos de gestión que permitan que la relación con la ciudadanía sea más fluida y que esta tenga acceso a la información en forma rápida, de acuerdo con lo establecido por la ley, especialmente respecto del tema de ingresos y gastos.

En la estructura administrativa, los funcionarios con responsabilidades deben poder actuar y tener más capacidad de decisión, se debe superar un modelo ex-cesivamente “sindicocéntrico”.

Es perfectamente posible que esta experiencia se transforme en experiencia pi-loto; eso significa una mayor formalidad en cuanto al acuerdo entre la Secretaría de Estado de Interior y Policía y el Ayuntamiento. La firma de un contrato donde se establezcan objetivos locales, metas, financiamientos compartidos, es condi-ción para experiencias futuras positivas.

El ayuntamiento debe mejorar en el futuro su participación en el Programa. Un nivel de decisión mayor respecto de la selección de beneficiarios, por ejemplo, es perfectamente posible.

En el mes de febrero de 2011, el municipio deberá tener su Plan de Desarrollo Municipal como lo exige la ley. El proceso de formulación de ese Plan será una coyuntura muy favorable para mejorar los canales de comunicación entre el movimiento social y las autoridades e instituciones locales.

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Se debe tener muy presente que las reivindicaciones del movimiento popular no se agotan con el programa “Municipio Seguro”, para evitar nuevas frustraciones ciudadanas y mejorar la calidad de vida y la seguridad las autoridades deben es-forzarse en resolver el problema de la energía eléctrica, las demoras en la cons-trucción de infraestructura escolar, etc., y pedir la participación del movimiento social en este esfuerzo.

VII. Conclusiones y recomendaciones

Disponemos de diversas visiones (FLACSO, 2002); una, criminológica y esta-dística que ignora lo urbano y la influencia de factores presentes en la ciudad; otra, que se expresa en determinar tendencias y causalidades, a partir de identi-ficar carencias de equipamiento y servicios urbanos.

Avanzar en este ámbito es una urgencia de la academia y de la institucionalidad pública.

Todo esfuerzo por conseguir avances en aumentar los niveles de seguridad de-ben darse dentro de los marcos institucionales. Sin políticas de Estado, los resul-tados serán siempre escasos y de alto costo.

Es imprescindible que los organismos públicos, especialmente la Secretaría de Interior y Policía y sus dependencias, desarrollen sistemas de información de cobertura nacional, que permitan desagregación hasta el nivel municipal. Los diagnósticos locales son un buen insumo y podrán aportar información signifi-cativa y experiencia, pero no son sostenibles y por su costo no beneficiarán los municipios con menores recursos.

La experiencia de Villa bisonó es un ensayo novedoso y hasta el momento aus-picioso, de relacionar el gobierno local con el Estado central, superando en be-neficio de los habitantes un antagonismo imaginario entre lo local y el Estado. Los síndicos y las síndicas deben también ser nexo entre las demandas de sus comunidades y el Gobierno Central. “Actualmente la práctica más común es que los financiamientos de los programas provienen parcialmente de los municipios

85


y, sobre todo, de los Estados centrales. Cada ciudad firma un contrato con el gobierno y sobre la base de su plan pide un apoyo financiero que normalmente el gobierno otorga. El ejemplo más clásico es el contrato de seguridad en Francia, firmado por el municipio y el Estado, sobre la base de una estrategia y planes de acción coherentes. La implementación está a cargo de los municipios. El Estado promueve la colaboración estrecha con la policía.” (Vanderschueren, 2007).

En el marco de la Ley N.° 176-07, los ayuntamientos tienen suficientes obliga-ciones en la prevención situacional del delito y la violencia; la primera obliga-ción es cumplirlas.

Los recurridos llamados a la coordinación deben ser también institucionaliza-dos. Cada organismo público debe cumplir con obligaciones establecidas por ley. no existe mejor coordinación que cada uno cumpla con sus funciones.

En el marco del fortalecimiento institucional de los ayuntamientos, cuya nece-sidad es también notoria en el ámbito de la seguridad ciudadana, deben recurrir y exigir a las instituciones responsables que asuman sus obligaciones, especial-mente a la Liga Municipal Dominicana.

Dentro de sus competencias, los ayuntamientos deben considerar el carácter complejo y multifactorial de seguridad proponiendo y exigiendo al Gobierno Central planes integrales que consideren la provisión de servicios urbanos in-cluidos transporte y vivienda.

El Plan de Seguridad Democrático que considera aspectos de prevención social y situacional, debería aumentar su cobertura de acuerdo con los ayuntamientos, y hacer aportes técnicos que contribuyan al fortalecimiento de la institucionali-dad municipal en los campos de su competencia.

El tema, también recurrente, de la participación de la comunidad debe ser debi-damente promovido de acuerdo con los marcos institucionales.

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La profesionalización de la Policía nacional es sin duda una asignatura pendien-te del Plan de Seguridad Democrática, reconocida por el Secretario de Interior y Policía (“La tasa de criminalidad en República Dominicana está muy por debajo del promedio de América Latina, está en 23%; sin embargo, la Policía nacional dispara esa tasa 3,4% más. Si no fuera por una incapacidad en el manejo de las técnicas policiales, esa tasa estuviera en 19%”).46

Toda política o plan de seguridad ciudadana debe considerar el tema de la comu-nicación. Los medios suelen presentar informaciones que por su forma ayudan a la intranquilidad ciudadana, “banalizando la violencia” (Rojas, 2008).

La cooperación internacional debería canalizar sus apoyos en forma más deci-dida a la institucionalidad pública, centrar su acción en fortalecerla a partir de la realidad política e institucional del país y respondiendo a sus demandas.

8746. Periódico Hoy, del 26 de octubre de 2009.


VIII. Referencias bibliográficas

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Rojas, Francisco: “Violencia en América Latina. Debilidad estatal, inequidad y crimen organizado inhiben el desarrollo humano”. Pensamiento Iberoamericano, N.º 2, 2008.

Sillano, Mauricio; Greene, Margarita; Ortúzar, Juan de Dios: “Cuantificando la Percepción de Inseguridad Ciudadana en barrios de Escasos Recursos”. Revista EURE. Vol. XXXII, N.º 97, pp. 17-35. Santiago de Chile, diciembre de 2006.

Sotomayor Velásquez, Arturo: “La seguridad internacional: Vino viejo en bote-llas nuevas”. Revista Ciencia Política. Santiago, Vol. 27, n.° 2, 2007.

Touraine, Alain: “Los movimientos sociales”. Revista Colombiana de Sociolo-gía, N.º 27, 2006.

Vanderschueren, Franz: Modelos democráticos de prevención del delito Análisis de experiencias exitosas. Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurta-do. Santiago de Chile, 2007.

Publicaciones institucionales:

Archivos Procuraduría General de la República Dominicana.

Ayuntamiento del Distrito nacional: Observatorio ciudadano. (Memorias Pro-yecto, Encuesta de Victimización, Informe Diagnóstico, septiembre, 2006), En-cuesta agosto 2006; Encuesta mayo 2007; Encuesta agosto, 2007; I Monitoreo del Gobierno de la Seguridad. Ciudad Colonial, octubre, 2007; Informe Encues-ta Marzo 2008, Diagnóstico Situacional e Institucional del Distrito nacional 2008, Encuesta Agosto 2008, Encuesta abril, 2009. Informe del Programa de Rehabilitación de los ríos Ozama e Isabela, abril 2009; “Encuesta del Gobierno de la Seguridad. Distrito nacional”. Observatorio Ciudadano, abril, 2009, II Monitoreo del Gobierno de la Seguridad. Ciudad Colonial, (mayo, 2009).

Ayuntamiento del Distrito nacional: “Memorias de la gestión municipal 2008-2009”. Santo Domingo, agosto, 2009.

89


Ayuntamiento del Distrito nacional: “Plan Estratégico del Distrito nacional 2005-2015. 2005

Ayuntamiento Villa bisonó: “Informe económico período Agosto 2008 – Agosto 2009”. 2009

Consejo Internacional para la Política sobre los Derechos Humanos: “Gobierno local y los derechos humanos: brindando buenos servicios”. S/f.

Fundación DEMUCA: “Hacia una Política Municipal de Seguridad Ciudadana, Ciudadanía y Pertenencia”. San José, 2007.

Fundación DEMUCA, FEDOMU, Ayuntamiento de Villa bisonó: “Diagnóstico Situacional e Institucional del gobierno de la seguridad en el Municipio de Villa bisonó (navarrete). Provincia Santiago de los Caballeros”. noviembre 2008.

Oficina Nacional de Estadística: “VIII Censo de Población y Vivienda 2002”. 2003

Oficina Nacional d Planificación: “Mapa de focalización de la pobreza”. ONA-PLAn, Santo Domingo, 2005.

Procuraduría General de la República de República Dominicana: “Los Linea-mientos de la Política Criminal Dominicana, dentro de los parámetros del Plan nacional de Seguridad Democrática para la República Dominicana”, s/f.

Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo: “Informe nacional de De-sarrollo Humano 2005. Venciendo el temor” (cap. 1). San José de Costa Rica. 2006

Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo: “Memorias Proyecto: Pro-visión de cooperación técnica para mejorar la seguridad ciudadana en la Repú-blica Dominicana” – 00043600 (febrero 2005-marzo 2006).

90


Secretaría de Estado de Interior y Policía: “Plan de Seguridad Democrático”. República Dominicana. 2004-2009.

The World bank, Department of Finance, Private Sector and Infrastructure La-tin American Region: “Guía didáctica para municipios: Prevención de la delin-cuencia y la violencia a nivel comunitario en las ciudades de América Latina”, noviembre 2003.

Vanderbilt University: “Encuesta LAPOP, barómetro de las Américas”, marzo, 2009.

Portales:

www.adn.gov.do www.villabisono.gov.do www.caei.com.ar

www.derechos.org/koaga/iv/1/huhle.html

Documentos Legales:

Ley Institucional de la Policía Nacional, N.º 96-04.Ley n.° 176-07 del Distrito nacional y los Municipios.La Ley n.° 64-05 (establece nuevos límites del Distrito nacional).

IX. Anexos 26 de octubre de 2007De la criminalidad: cifras, percepciones y cuentoshttp://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=11790

Es necesario que junto a todas estas voces que hoy pululan en la comunicación y la política, existan algunas que den seriedad y experiencia al debate sobre la criminalidad.

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En los últimos años ha sido muy común hablar y escribir sobre crimen, boom de violencia y otros términos, en muchos casos sin que se conozca el verdadero significado de ellos. Eso ha originado una moda en la esfera de la ciudadana: todos son especialistas aunque no estudiaran la criminalidad y se sienten en el deber (o derecho) de expresar sus opiniones, unos con cifras (no muy actualiza-das o no muy bien empleadas) sobre la actividad criminal y otros de sus propias experiencias personales (con una generalización que provoca espanto).

Hay otros que extraen ideas de nuevas lecturas que pueden llevar a interpreta-ciones maltusianas de criminalidad. También los hay que defienden políticas criminales a toda costa, aunque tengan que descaracterizar moralmente a todo aquel que se atreva a irles en contra. Son poseedores de una verdad absoluta y se portan como defensores de la fe.

Lamentablemente, todos estos caminos no nos llevan a Roma como dice el re-frán, sino que nos llevan a denigrarnos como país, ya que no convencemos con nuestros análisis, apreciaciones y la intolerancia que se muestra, pero si con una sobreestimación de los hechos criminales, en especial a muchos potenciales tu-ristas; y a mantener una posición conformista ante lo que hacemos y pretender que existe una solución mágica y totalmente represiva a un fenómeno social.

Es necesario que junto a todas estas voces que hoy pululan en la comunicación y la política, existan algunas que den seriedad y experiencia a este debate. no es eliminando las no autorizadas ni descalificando como podemos enriquecer el debate.

¿Podemos evaluar la política criminal actual?

no, aunque esta respuesta no tenga que ser absoluta, no se tienen cifras con-fiables (y por ende no se presentan a la luz pública), pues no existe un registro continuo que recoja las denuncias de la población y de las propias autoridades.

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Los intentos de presentar cifras –como la entrega de las memorias de la Policía– no pasaron de ser un esfuerzo infructuoso y poco serio. Solo los homicidios re-gistrados doblemente por la Policía y los forenses (con cifras dispares en algunos casos, lo cual es una muestra de falta de seriedad y no de la diversidad) tienen la peculiaridad de presentar una cara de la criminalidad, aunque su incidencia re-presenta aproximadamente menos del 5 por ciento de los hechos criminales que sufre el país y, por ende, todos los análisis basados solo en estos datos carecen de capacidad generalizadora.

Sin embargo, hay algo que se esgrime por algunos como no representativo y otros como valor absoluto que ayuda a evaluar parcialmente la política criminal: los estudios de percepción a partir de las víctimas de hechos criminales. Estos estudios no pueden medir la criminalidad real, pero sí dar ideas de qué está pa-sando.

Los resultados actuales de victimización (el más serio esfuerzo sistemático lo está haciendo el Observatorio de la Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento del Distrito nacional) muestran que la percepción de la población es que ha dismi-nuido la actividad criminal.

¿Es esto real? Sí, es real.

Las medidas tomadas por el Gobierno en 2006 al enfrentar la criminalidad, aun-que fueron esencialmente represivas, han resuelto un vacío que enfrentaba la ciudadanía en lo concerniente a la vigilancia y esto tiene su efecto, pues se li-mitan los delincuentes al encontrar patrullas en las calles. Al limitarse también el tiempo de expendio de bebidas alcohólicas, se evita que muchas personas se expongan a ser potenciales víctimas.

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Pero el carácter multifactorial del fenómeno criminal sugiere que la represión no es un antídoto contra la criminalidad, como tampoco lo es la limitación de esta a territorios. Es necesario generalizar las experiencias positivas a todo el país e incrementar otras medidas que son la base de cualquier enfrentamiento a la criminalidad.

Medidas que se dirijan a resolver los graves problemas sociales acumulados y las desigualdades que afronta la sociedad dominicana (en educación, salud, viviendas entre otros); incrementar el empleo digno –que el salario sirva para vivir dignamente–; crear la conciencia en las organizaciones sociales de que su papel no es solo denunciar la criminalidad, sino enfrentarla con labor social en sus territorios para reforzar los valores y conductas apropiados.

Por último, trabajar por un sistema de información que permita alertar y organi-zar la actividad policíaca científicamente, evitando los excesos e incluyendo la creación de la policía comunitaria.

Guillermo C. Milán

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Informantes clave

Ayuntamiento del Distrito Nacional:

Nombre CargoArq. Mónika Sánchez Planeamiento urbanoArq. Sina del Rosario Directora Plan Director Provisión de cartografía,

información y contactos al interior del Ayunta-miento.

Entrevistas:Nombre CargoDomingo Contreras Secretario General del Ayuntamiento Juan José Guzmán Director de Desarrollo Humano Cornelio Hernández Dirección de Acción ComunitariaJosé Polanco Encargado de Educación Ciudadana

Focus groups:Dirigentes Comunitarios(Voceros) Virgilio Mejía (Ensanche Luperón), Camilo Alcántara (Capotillo), Eléxida Quezada (km 11, Carretera Sánchez), Juan b. Reyes (Comunitario Capotillo) Ayuntamiento Villa Bisonó:

Entrevistas:Nombre CargoDra. Amantina Gómez Síndica del Ayuntamiento de Villa bisonóCresencio de la Cruz Encargado de la Policía MunicipalMiomán Rubiera Encargado Unidad de Gestión Municipal (UGAM) Gabriel Perdomo Subencargado Unidad de Gestión Municipal (UGAM)

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Ayuntamiento Villa Bisonó:

Entrevistas:Nombre CargoDra. Amantina Gómez Síndica del Ayuntamiento de Villa bisonóCresencio de la Cruz Encargado de la Policía MunicipalMiomán Rubiera Encargado Unidad de Gestión Municipal (UGAM) Gabriel Perdomo Subencargado Unidad de Gestión Municipal (UGAM)Angie Rodríguez Programa de becasLuz Ester Genao Encargada de PresupuestoCésar álvarez Departamento LegalIng. Antonio Pérez C. Encargado del Departamento de Ingeniería del Ayuntamiento Municipal de Villa bisonóOscar Rodríguez De León Fiscalizador del Municipio de Villa bisonóJulián Disla Encargado de Comunicaciones del Consejo de Desarrollo Comunitario

Focus groups Sala Capitular (regidores) Leonardo bueno (PRSC) José Polanco (PRD) Manuel Gómez (PL Estructura) Luis Madera y Daisy Padilla (PLD) Movimiento Popular Integrantes (17) del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) y Frente de Lucha Jesús Diplán.

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Respondieron cuestionarios:

Nombre CargoJohny álvarez Evangelista de la Iglesia Metodista Libre Inc.Santa Muñoz Departamento de la MujerFrancisca Gómez Municipio Saludable

Otros informantes clave:

Entrevistas:Nombre CargoRafael Almonte Encargado de cooperación al desarrollo y relaciones internacionales de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)Marcos Villamán Director del Consejo nacional de Reforma del Estado (COnARE)Radamés Martínez Coordinador del Departamento de Ciudadanía, Participación y Género del Consejo nacional de Reforma del Estado (COnARE)yadira Peña Subsecretaria de Estado de Interior y Policía. Coordinadora Operativa Plan de Seguridad Democrática.

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Guillermo Cifuentes Carmona -...

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