Hacia un Crecimiento Sustentable con Inclusión Social 5 – 7 de junio de 2012, Quito, Ecuador Planificación territorial, ciudadanía comunal y solución de conflictos socio-ambientales. Las disputas por el gobierno y la administración del espacio costero litoral en Sechura. Alejandro DIEZ HURTADO Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Ciencias Sociales

RESUMEN La ponencia trata sobre la relación entre el desarrollo de la institucionalidad municipal y comunal local, la planificación sobre el uso del espacio y la solución parcial de conflictos socio-ambientales en el espacio costero-litoral de la provincia de Sechura en la costa de Piura (Perú). La creación de la provincia de Sechura coincide con los ensayos de concertación y planificación del desarrollo emprendido desde la Sociedad Civil. En el proceso, la nueva provincia tiene que estructurarse e integrarse a partir de una identidad histórica pero también de mecanismos de participación y articulación política, desde arriba y desde abajo: la provincia de Sechura se construye como espacio territorial en el marco de las nuevas reglas de organización del gobierno provincial y regional. Buena parte de este proceso gira alrededor de las disputas por el uso del mar y la actividad pesquera (a la que se dedica tradicionalmente buena parte de la población de Sechura) y el aprovechamiento del despoblado (reclamado históricamente por la comunidad campesina), todo ello en el marco del desarrollo de la agricultura comercial (la principal actividad económica de acuerdo a empleo en la provincia). El caso de Sechura muestra conflictos y tensiones pero también logros y soluciones a las disputas por el territorio, al mismo tiempo que desarrolla acuerdos y sinergias de administración y gobierno pero también disputas que complican la gobernanza. Sechura muestra una serie de soluciones a parte de los conflictos generados por la presencia de industrias extractivas pero también una serie de límites para la negociación y acuerdo cuando los actores empresariales se multiplican sobre un mismo territorio.

Planificación territorial, ciudadanía comunal y solución de conflictos socio-ambientales. Las disputas por el gobierno y la administración del espacio costero litoral en Sechura.

Alejandro DIEZ HURTADO Pontificia Universidad Católica del Perú.

Departamento de Ciencias Sociales La provincia de Sechura pareció durante un tiempo un ejemplo exitoso de articulación entre demandas de desarrollo, proceso de descentralización y desarrollo de la inversión privada para actividades extractivas. Al constituirse como provincia y generar un proceso de articulación y concertación interdistrital, enmarcándose luego en el proceso de descentralización del país y atrayendo procesos de inversión para el desarrollo de actividades extractivas desarrolladas sobre la base de acuerdos previos con las dos principales instituciones locales, el gobierno provincial y la comunidad campesina, se constituye en un laboratorio privilegiado para el análisis de procesos de negociación, acuerdo y convivencia entre sociedad civil y empresas extractivas en el marco de procesos de desarrollo y construcción de un espacio territorial. Esta ponencia trata sobre la relación entre el desarrollo de la institucionalidad municipal y comunal local, la planificación sobre el uso del espacio y la solución parcial de conflictos socio-ambientales en el espacio costero-litoral de la provincia de Sechura en la costa de Piura (Perú). Buena parte de este proceso gira alrededor de las disputas por el uso del mar y la actividad pesquera (a la que se dedica tradicionalmente buena parte de la población de Sechura) y el aprovechamiento del despoblado (reclamado históricamente por la comunidad campesina), todo ello en el marco del desarrollo de la agricultura comercial (la principal actividad económica de acuerdo a empleo en la provincia). El caso de Sechura muestra conflictos y tensiones pero también logros y soluciones a las disputas por el territorio, al mismo tiempo que desarrolla acuerdos y sinergias de administración y gobierno, en el marco de disputas endémicas que complican la gobernanza. Proporciona un laboratorio de aplicación de dos modelos de gestión de recursos generados por la actividad extractiva (Fundación y Fideicomiso), mostrando las posibilidades pero sobre todo las limitaciones de ambos modelos, exhibiendo los límites de los arreglos institucionales entre la sociedad civil y las empresas, sobre todo cuando éstas se multiplican sobre un mismo territorio. Nuestro abordaje del caso supone un itinerario compuesto por cuatro movimientos secuenciales para aproximarnos a los procesos territoriales en la provincia y comunidad de Sechura. Comenzamos presentándola evolución del espacio en el largo plazo, la creación del lugar generado por la creación del pueblo-reducción de Sechura y su posterior evolución como espacio litoral, de valle y de desierto, que experimenta cambios a lo largo del tiempo. Luego, presentamos los procesos de los dos principales actores institucionales en la provincia: el municipio y la comunidad campesina, sus tensiones y

dinámicas en las últimas décadas, así como sus condicionantes sociales. En tercer término, analizamos el desarrollo de la actividad extractiva y los acuerdos institucionales que general el Fideicomiso y la Fundación Comunal, como instancias intermediadoras entre empresas y sociedad civil local, con la intermediación estatal, las limitaciones del modelo y su implementación. Finalmente, abordamos la acumulación de las disputas territoriales, desde los conflictos históricos y endémicos por límites jurisdiccionales del municipio y la comunidad con sus vecinos hasta las nuevas tensiones, fricciones y conflictos por uso del territorio surgidos a raíz de la presencia de actividades extractivas en la provincia. Trataremos de mostrar como en el proceso, los territorios se redefinen como ámbitos especializado o en disputa, en consonancia con su trayectoria histórica o generando nuevas dinámicas de aprovechamiento y nuevos retos para el gobierno de los mismos.

1) Historia en el largo plazo: de pueblo-reducción a provincia El pueblo de Sechura tiene una larga tradición como sociedad pesquera y agrícola. Hay registros de ocupación muy temprana de la zona de Illescas (Cárdenas 1991), luego evidencia arqueológica de la época Vicús 500 ac a 500 dc (Chusis), vínculos mochicas, chimús y ocupación española temprana (Guffroy, Makowski, Kaulike 1989). Sin embargo, su historia más reciente empieza con la reducción del pueblo de San Martín de Tours de Sechura en 1572 por Fray Bernardino de Loaiza, en el marco de la visita general del Virrey Toledo (Diez 1994). La reducción reúne a dos pueblos “Sechura y Muñuela” y “Sechura y Punta” que incluían las parcialidades de Sechura, Punta de la Aguja, Pesura y Muñiquilá, integrando un pueblo que ha conservado una notable continuidad a lo largo de casi cinco siglos. El pueblo se constituiría sobre la base de la población reducida (4 parcialidades) y población que luego se iría asentando sucesivamente en el pueblo, incluyendo afro-descendientes, españoles y criollos (en la colonia) y algunos europeos de otros orígenes (en la república). Dicha continuidad se expresa en múltiples dimensiones entre las que destacan la continuidad de tres principales actividades productivas: agricultura, pesca y minería así como una base demográfica y poblacional, expresada en los patronímicos (apellidos) reconocibles como sechuranos y que se pueden rastrear desde las listas de las familias indígenas reducidas en el pueblo (Llenque, Chapilliquén, Eche, Periche, Pazos etc.) así como en documentos coloniales y republicanos tempranos posteriores (Diez 1994). La agricultura se practica desde tiempo inmemorial en el valle, primero bajo formas temporales asociados a la avenida de las aguas (el río Piura era temporero y se interrumpía en la estación seca), luego, con la recuperación poblacional hacia lo largo del siglo XVIII pero sobre todo con los movimientos en el cauce del río, se consolida un núcleo agrícola alrededor del valle, hacia la frontera con las tierras del pueblo de Catacaos. La pesca, principal actividad desde los primeros años del pueblo reducción será constante a lo largo de los siglos subsiguientes, bajo técnicas y prácticas tradicionales y asociando la producción pesquera a la de la sal para el procesamiento de salado y secado del pescado, que tanto servía para el pago del tributo como se comercializaba por el conjunto de la región; la exportación de sal y ya en la república de azufre y fosfatos, sería la tercera constante. La población se articulaba alrededor de estas

tres actividades principales, generando especialización pero también complementariedad entre ellas. Hacia la segunda mitad del siglo XIX se desarrolla además un activo comercio (legal e ilegal), que articulaba el pueblo con otros espacios del departamento de Piura y de la gran región del norte del Perú (Diez 1994). Entre fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XX, la población se incrementa considerablemente, consolidándose una serie de caseríos en el valle y una serie de caletas, que estacionales primero y temporales después darían origen al conjunto de pueblos y distritos en la provincia. El crecimiento de los pueblos, la descentralización de las fiestas patronales y el crecimiento demográfico darían lugar primero a la creación de los distritos de Vice (1920) y Bernal (1921), y más tarde, a los de Rinconada-Llícuar, Bellavista y Cristo nos Valga (1965), todos ellos dentro de la jurisdicción del pueblo reducción original. En 1994 tras una serie de negociaciones con el gobierno central, el conjunto de distritos desmembrados del pueblo y distrito original vuelven a integrarse con la creación de la provincia de Sechura en una unidad política mayor. La Provincia se encuentra actualmente en el extremo suroeste del departamento de Piura, comprende 6,369.93 Km2, y cuenta aproximadamente 50 mil habitantes, la mitad de los cuales reside en el distrito de Sechura; Vice y Bernal son los distritos con más población. Cuadro 1. Población de la provincia de Sechura, por distritos (año 2000)

Distrito Número de habitantes %

Sechura Bellavista Bernal Cristo Nos Valga Rinconada Llícuar Vice

23,037 3,291 5,617 2,865 2,531 10,065

48.6 6.9 11.8 6.0 5.3 21.2

Total 47,406 100

Fuente: Plan de desarrollo de la Provincia de Sechura, 2011 La PEA es básicamente masculina y se ocupa mayoritariamente en la pesca y la agricultura, que involucran prácticamente dos terceras partes de la población activa; los servicios y el comercio, juntos, alcanzan una cuarta parte de la población activa. Cuadro 2. Población económicamente activa de 15 y más años por rama de actividad económica (Cifras año 2000)

Actividad Productiva Total Hombres Mujeres

Número % Número % Número %

Pesca 3,991 32.1 3,880 36.2 111 6.5

Agricultura 3,844 31.0 3,663 34.2 181 10.6

Servicios 1,389 11.2 860 8.0 529 31.1

Comercio 1,150 9.3 825 7.7 325 19.1

Industria 788 6.3 616 5.7 172 10.1

Construcción 228 1.8 221 2.1 7 0.4

Minería 10 0.1 9 0.1 1 0.1

Buscando Trabajo 201 1.6 95 0.9 106 6.2

No especificado 814 6.6 546 5.1 268 15.8

Total 12,415 100.0 10,715 100.0 1,700 100.0

Fuente: plan de desarrollo de la Provincia de Sechura, 2011. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el espacio sechurano experimenta lo que podríamos llamar dos oleadas sucesivas de modernización: la primera por la introducción de nuevas tecnologías y mejoramiento de infraestructura y una mayor integración a mercados básicamente nacionales; y una segunda marcada por el desarrollo de la actividad extractiva y la piscicultura y el énfasis en la producción para la exportación. La primera oleada “moderniza” e integra el espacio sechurano, convirtiendo una región dedicada a la pesca artesanal, a la pequeña producción minera y una limitada producción algodonera (aunque de excelente calidad) en una zona más moderna, más integrada, con un mayor desarrollo tecnológico y una creciente inserción al mercado, básicamente nacional. Esta modernización viene de la mano con cambios tecnológicos en dos de las tres actividades principales de Sechura y con cambios institucionales en la tercera. En la pesca, los cambios se producen con el boom de la pesca a nivel nacional, con el crecimiento de la pesca anchovetera (en Chimbote, al sur) pero sobre todo con la motorización de la actividad, que vino acompañada de la incorporación de embarcaciones de mayor calado y capacidad de carga y con la inauguración del terminal pesquero de Parachique, que se constituye en el núcleo de la actividad pesquera extractiva. La mayor captura se acompaña con la aparición de fabricas conserveras enlatadoras de pescado, que se establecen en la población. Mapa 1. Provincia de Sechura

La segunda oleada corresponde a los desarrollos de las dos últimas décadas, y se centra en el desarrollo “hacia afuera” de la pesca y la explotación minera no metálica. Desde inicios de 1990, con el proceso de crecimiento de la economía peruana en general, se da un nuevo impulso a la actividad extractiva pesquera: se construyen nuevas plantas

conserveras, se moderniza el sistema de desembarco de la producción mediante una “chata”, se abren nuevas caletas y puertos, en particular “Puerto Rico” que complementa a Parachique, se construyen además nuevas instalaciones y se consolidan las rampas de las caletas. Además a nivel nacional, se reglamenta la ley de pesca. En la década siguiente, fruto de iniciativas privadas, pero locales, se empieza a desarrollar consistentemente la maricultura un nuevo puerto que permite la producción de conchas de abanico en la bahía de Sechura básicamente para la exportación. Por otro lado, se genera un nuevo impulso a las actividades minero y petrolero extractivas, primero por impulsos desde la Región, la comunidad campesina y el Estado –para la extracción de fosfatos y sal- y luego por la llegada de una serie de empresas externas bajo la vía de concesiones y acuerdos con el Estado y los agentes locales. Cuadro 3. Los procesos de modernización recientes: 60s-70s y 90s-2000

Pesca Agricultura Minería 1964-65 Motorización de la pesca 1975 Inauguración del terminal pesquero de Parachique 1978 Primeras plantas conserveras

1975 Represa de Poechos 1986-87 Segunda etapa Chira-Piura, derivación al Piura

1975 Minero Perú 1977 Inauguración dl oleoducto nor peruano

1991 nueva planta conservera 1992 reactivación de pesca industrial 1997 Inauguración de desembarco de las delicias 1994 Reglamento de ley de pesca 2000 desarrollo de la maricultura

1992-2000 Cambio del patrón de cultivos de algodón a arroz 1993-1996 Programa pima 1996 PETT 1998 venta de terrenos comunales 1999 sobreproducción de arroz

1991-1994 Minera regional de Bayóvar 1998 descubrimiento de gas en Vice 2005 Adjudicación de fosfatos a Vale 2009 Ingreso de nuevas empresas: Olimpic (petróleo); Américas Petrogas (salmueras); Cementos Pacasmayo (Calcáreos); Juan Pablo Quay (yeso) 2010 American Potash

Elaboración: Alejandro Diez. Fuentes: Trabajo de campo; planes de desarrollo provincial de Sechura. Estos cambios se asocian al desarrollo de la ciudad de Sechura y su consolidación como espacio urbano e interconectado. En 1998 se culmina el puente Sechura, facilitando la comunicación terrestre y al año siguiente la ciudad se integra al sistema eléctrico interconectado, favoreciendo el desarrollo industrial y las condiciones de vida. En el período, la ciudad crece, por migración tanto de la población de la propia provincia como de población externa. La provincia pasa de 42,562 habitantes en 1993 a 62,319 en el 2007; las proyecciones para junio del 2011 arrojaban 69,585 habitantes, lo que supondría un crecimiento de más del 50% en poco menos de 20 años. Y se estima que el crecimiento del distrito de Sechura en dicho período fue superior al 70%. Ello responde al

dinamismo económico de los últimos años como al desarrollo de las actividades extractivas que si bien no brinda mucho empleo local, si contribuye al dinamismo económico en la provincia. Es de señalar que el IDH de Sechura la ubica en el puesto 79 de las 195 provincias a nivel nacional con (0.5699) de acuerdo a la data del 2005. 2) Los espacios políticos locales: entre la provincia y la comunidad campesina

“Hay que ser claros y hay que reconocer que Sechura es un pueblo donde existe mucho antagonismo político. Se polariza la situación en las elecciones comunales y vecinales.

Acá existe un grupo bien segmentado, del partido aprista y otro que tiene origen en izquierda unida es un movimiento independiente”

Sólo dos instituciones son “omnipresentes” en el espacio sechurano: la municipalidad provincial y la comunidad campesina San Martín de Tours. No son ciertamente las únicas, pero si las que involucran el conjunto del espacio. Tienen trayectorias políticas diferentes pero interconectadas y sus determinaciones, acciones, posiciones, acuerdos y conflictos, modelan las políticas y acciones de desarrollo de la provincia. La comunidad campesina (inicialmente comunidad de indígenas) se crea en las primeras décadas del siglo XX, como un medio de afirmación de la población agricultora y pastora, ocupante de parte de los terrenos agrícolas y de despoblado, en defensa frente a las haciendas asentadas en el valle como con otros colectivos de indígenas (Catacaos, Mórrope y sobre todo, Olmos). El proceso de constitución de la comunidad estuvo vinculado desde sus inicios a los conflictos por derechos de tierras y la resolución de los mismos por las vías judiciales o el enfrentamiento (Diez 1994; Agurto 2011). La jurisdicción de la comunidad compete en teoría al conjunto del territorio reivindicado y reclamado como propiedad comunal, que coincide aproximadamente con el de la provincia. Sin embargo, la “presencia” y control comunal es diferenciado, de acuerdo al territorio y las actividades productivas desarrolladas. En concreto, la comunidad afecta o involucra en primer lugar al conjunto de comuneros agricultores, que son los que participan más activamente en las directivas y las dinámicas internas; por lo que son los distritos más “agrícolas” (Bernal, Rinconada-Llícuar y la Unión) los que tienen más injerencia en la comunidad. Las zonas agrícolas están en la práctica completamente bajo conducción directa de comuneros usufructuarios, por lo que la comunidad aparece como una institución cuasi gremial a manera de asociación de productores. De alguna manera los agricultores son los más comuneros de los sechuranos, orientando la administración comunal a la interrelación con el gobierno regional y el Minagro en temas de saneamiento de tierras y promoción agraria, manejo del riego y protección territorial En segundo lugar se suman los ganaderos de desierto, dedicados a la crianza de ganado menor la producción de miel y la pequeña extracción de madera, que ocupan grandes extensiones del territorio eriazo de la comunidad. Finalmente, están los pescadores, que dedicados fundamentalmente a actividades en el litoral, tienen poca presencia en la vida orgánica de la comunidad campesina como institución. En las zonas de desierto existen además empresas comunales de ganaderos (San Cayetano, Señor de los Milagros y otras). Estas están integradas por comuneros criadores de cabras en el despoblado a los que se les concedieron boletas de usufructo comunal como un mecanismo para garantizar

y demostrar la ocupación de las tierras eriazas sobre las que no se tenía documentos de propiedad. Aparentemente en algún momento hacia el 2003 se buscó generalizar la medida y conceder más certificados de posesión a empresas comunales para garantizar una mayor ocupación ante el peligro de reversión de las tierras al Estado; muchas de ellas parecen estar actualmente desactivadas, permaneciendo sólo las de aquellos que se dedicaban previamente a la vida y la actividad en el despoblado. Algunas de estas empresas fueron beneficiarias de proyectos que buscaban integrarlas (abastecimiento de leche al municipio), tienen también convenios para abastecerse de agua –su principal limitante. Algunos comentarios de ex autoridades señalan que algunos de estos comuneros se creen dueños” por estar en el despoblado más de cuatro o más décadas y que establecen sus propios acuerdos con la municipalidad o el gobierno regional. Algunas de estas empresas ocupan terrenos que están concesionados para diversos proyectos extractivos. Finalmente, existe un conjunto muy grande de población, potencialmente comunera por residencia, parentesco e historia, pero que se integra sólo parcialmente a la comunidad, conformando en cambio asociaciones de pescadores de diverso tipo y organicidad. Hay entre ellos tres conjuntos diferenciados: los dueños de lanchas, que se articulan con la Asociación de Armadores Industriales; los pescadores trabajadores, que se integran en el Sindicato de Tripulantes y en tercer lugar, los maricultores –más recientes- que se dedican a la crianza de especies hidrobiológicas y que actualmente se agrupan alrededor de 18 asociaciones. La mayor parte de todos estos no se integra a la comunidad sino que tienen como instancia de gobierno más representativa el municipio provincial, como veremos líneas abajo. La expresión de la comunidad campesina es su dirigencia y sus múltiples relaciones con agentes diversos para temas de control territorial y límites y eventualmente para algunas acciones de desarrollo. La dirigencias es el locus de la política comunal y como veremos, se constituye en un actor político complejo. A lo largo de sus primeras décadas de existencia, su funcionamiento y sus tensiones se expresaron en términos de la competencia y diferencias políticas entre grupos de comuneros afines a ideas y grupos de izquierda y otros vinculados al partido aprista peruano. De alguna manera, a lo largo del tiempo, ambos grupos gobernaron la comunidad dependiendo de los períodos y la coyuntura. Sin ser una comunidad tan estructurada y organizada como su vecina Catacaos (Revesz 1992), logra cierto nivel de funcionamiento y organización regular, integrando de alguna manera a pequeños productores de sal, ganaderos y sobre todo agricultores del valle. La elección de la directiva comunal requiere de un proceso mucho más complejo que en las pequeñas comunidades de otras partes del país. A diferencia de éstas, las dirigencias comunales en Sechura se eligen por listas “políticas” elegidas por facciones y grupos de interés y no en el contexto de asambleas comunales. La comunidad es dirigida por grupos de interés que compiten democráticamente en elecciones comunales. Quienes quieren ocupar la dirigencia comunal, arman su lista, invitando a comuneros simpatizantes de diversos caseríos, y eventualmente se invita, como en las elecciones municipales, a comuneros conocidos: “Te digo que acá siempre se busca al vecino, al comunero como se dice criollamente acá, con más jale y que esté en su momento, es como un futbolista, un futbolista que está en todo su apogeo, por decir, Farfán, llámelo a Farfán, que venga

para la lista, y eso lo traen de cada anexo” (P.R vicepresidente 2007-2007). Sin embargo, cada lista tiene miembros o simpatizantes, una “base social” que es más o menos permanente y que suele permanecer por muchos años (y muchos procesos electorales). Eventualmente –por lo general por cálculo político- el grupo cambia de color de papeleta para las elecciones, conservando los mismos simpatizantes. Así, las listas funcionan más o menos como partidos al interior de la comunidad; y de hecho, las listas y sus integrantes son considerados seguidores o simpatizantes de uno u otro partido político1. También por cálculo político, los candidatos de las listas de las últimas elecciones “siempre han variado” aunque las cabezas de lista a veces permanecen. Así, Dante Paiba, ha sido presidente durante tres períodos consecutivos, encabezando la lista blanca. Él había sido candidato a la alcaldía de San Cristo (distrito) quedando en segundo lugar perdiendo por escaso margen por lo que se le vio como una buena opción y se le invitó a la lista. El sistema político comunal supone reglas de “todo o nada”, de modo que la lista que resulta ganadora maneja la comunidad durante su período sin convocar o incluir a los miembros de las listas derrotadas. Y ello tanto en las acciones de la directiva como en las asambleas comunales, pues éstas tienen por lo general la participación sólo de los comuneros simpatizantes con la directiva y su lista: “pero te digo que acá acostumbran de que cuando ya casi, por ejemplo se presenta la azul y la blanca, ganó la blanca, durante esos dos años que llaman asamblea la gente de la azul ya no casi no participa, va uno, dos, va la gente de la lista ganadora… eso es algo que no cambia durante toda la historia de la comunidad” (PRQ, vicepresidente 2005-2007). Así la comunidad es gobernada por el grupo que gana las elecciones prácticamente sin participación de la o las listas derrotadas, que “desaparecen” de la escena política electoral hasta la próxima elección. Sin embargo, al menos en los tres últimos procesos electorales se han generado problemas para las elecciones comunales. Y es que en la última década la comunidad se enfrenta a una serie de problemas de gobernabilidad que tienen que ver con las nuevas exigencias del entorno a las directivas comunales –lo que sucede en todo el país- pero también con las características de la negociación con las empresas extractivas que quieren operar en territorio comunal, y sobre todo, con la existencia de recursos monetarios en las arcas comunales como fruto de dicha relación. El primer cambio es el incremento del número de votantes. Aunque la comunidad tiene entre 25 y 27 mil comuneros inscritos en su padrón, las autoridades entrevistadas señalan que el promedio histórico de la votación se halla alrededor de los 7 mil, Sin embargo, en las últimas elecciones (2010) llegaron a votar 12 mil comuneros y en las anterior 8 mil quinientos. El segundo es la aparición de más de dos grupos de interés y sobre todo la disputa y el control que se busca ejercer sobre las dirigencias. Así, en las tres últimas elecciones, las dificultades para establecer gobiernos legítimos comienzan desde el nombramiento del comité electoral en la asamblea convocada para ello. Si los conflictos

1 Los presidentes de la comunidad son clasificados tanto por su lugar de origen en la provincia como por su

filiación política: Santos Paiba de Vice, Izquierda Unida; Wilfredo Antón Amaya de Sechura, de Izquierda Unida; José Manuel Martínez de la Unión, de Izquierda Unida; Dante Paiba de San Cristo, del Apra; Santos Galán que vive en Lima, del Apra.

fueron siempre frecuentes, ahora se impugnan y acusan a los miembros de dicho comité, ante la sospecha de parcialidad con uno u otro candidato. La última elección de Dante Paiba fue cuestionada generándose una junta transitoria y luego nuevas elecciones, resultando elegido Francisco Ayala, que a su vez sería cuestionado y luego ratificado en el cargo por decisión judicial. En general, la crisis electoral de la comunidad puede leerse como una crisis de participación, pero tiene como telón de fondo la disputa por los recursos provenientes de las actividades extractivas2. Por su parte, la municipalidad de Sechura desarrolla en los últimos 20 años, un proceso de consolidación como provincia. Hasta 1993, era una más de las seis en las que se dividía el antiguo territorio del pueblo reducción. A pesar de haber sido antigua capital, su posición era más bien local aunque como Vice, era ante todo un distrito de pescadores. Las otras cuatro municipalidades, más integradas y cerca a la capital eran ante todo de agricultores. Con la creación de la provincia, la municipalidad “crece” y se proyecta sobre el conjunto del territorio, generando dos tipos de procesos: de un lado un proceso político de generación de una unidad provincial, de articulación con los distritos; del otro, una serie de procesos de planeamiento para el desarrollo del territorio. El primero se expresa en la serie de procesos electorales y de readecuación de los grupos políticos (partidos o movimientos) a la nueva unidad política constituida por la provincia. El escenario es dominado durante buena parte del período por el movimiento Sechura rumbo al progreso, encabezado por Justo Eche Morales, alcalde del distrito de cuando se crea la provincia. Él y su movimiento gobernaron primero el distrito y luego la provincia por un total de tres períodos, con uno intermedio. Su movimiento viene de las canteras de la Izquierda Unida, que se independiza y toma un cariz propio en el ámbito local. El movimiento Unidos por el cambio tiene origen aprista y gobernó también un período. En cualquier caso, la mayor parte de los alcaldes elegidos y sus movimientos tienen su base social en los pescadores antes que en los agricultores. Cuadro 4. Alcaldes y partidos en el gobierno de la municipalidad de Sechura, 1992-2014

Periodo Alcalde Movimiento-Partido

1992-1998 Justo Eche Morales Mov Indep Sechura Rumbo al progreso

1999-2002 Porfirio Ayala Morán Mov Indep Unidos por el Cambio

2003-2006 Justo Eche Morales Mov Indep Sechura Rumbo al Progreso

2007-2010 Santos Querevalú Periche Mov de Desarrollo Local

2011-2014 José Pazo Nunura Partido Humanista Peruano

Fuente: ONPE Los grupos de pescadores tienen de alguna manera expresión política en los partidos y movimientos que se disputan el municipio. Entre los pescadores armadores hay, según los entrevistados, dos tendencias: “Sechuranos Unidos” y “Rumbo al progreso”; por lo general, los tripulantes son de tendencia de izquierda. Sin embargo, como señalan en

2 En las elecciones del tres de enero del 2010 votaron 9, 283 comuneros: 7,488 por la lista blanca (aprista) de

Dante Paiba y 1,601 por la lista celeste (de izquierda) de Pedro Tume. (“La lista azul era una lista que estaba respaldada por la municipalidad provincial y había gente en la municipalidad que no apostaba por la minería y veíamos ahí que en parte podría peligrar lo que era la aceptación o la licencia social para la empresa, para que puedan explotar los fosfatos”)

Sechura “en una coyuntura electoral quien pone más dinero gana y justamente quien pone más dinero es de Rumbo al Progreso porque son armadores, son dueños de lanchas. Por eso llevan cuatro elecciones”. Explicando con ello la larga hegemonía de gobiernos más bien de izquierda a la cabeza del municipio. Tras varios años de hegemonía de “Rumbo al Progreso” se elige a otro grupo independiente, que de alguna manera retoma también los planteamientos del grupo anterior y emprende un proceso participativo para la actualización del plan de desarrollo de la provincia. Más recientemente el municipio opta, por primera vez en su historia como provincia, en un candidato de partido nacional y no de un movimiento local, que curiosamente muestra mayores debilidades que sus antecesores para articular a la población y organizar una gestión centralizada reconocida. En este proceso político la provincia abordó la necesidad de articular el desarrollo del conjunto en una administración relativamente centralizada. Una entrada a este proceso es la elaboración y planteamiento de los planes de desarrollo desarrollados a lo largo del tiempo. El primero fue desarrollado por la municipalidad con el apoyo del CIPCA de Piura, entre 1998 y 1999, estableciendo lineamientos para el período 2000-2010; el segundo fue elaborado hacia el 2010, con el apoyo de la Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE) y se proyecta para el período 2010-2020. Cuadro 5. Visiones de desarrollo de la provincia, al 2010 y al 2020

2000-2010 2010-2020 Sechura es una Provincia sostenible, integrada vialmente. Cuenta con Organizaciones fortalecidas y comprometidas con el desarrollo local. Sus servicios esenciales son de calidad y su economía está sustentada en la actividad agraria, pesquera, minera y turística competitivas, diversificadas y de exportación que posibilitan el desarrollo integral de su Población, liderado por sus gobiernos locales.

Sechura Noble y Generosa, Desierto de Riquezas Energéticas y Naturales. Con agricultura y pesca de calidad que aportan a la seguridad alimentaria y se articulan a mercados internos y externos, sus recursos energéticos son generadores de empleo digno. Hemos logrado una convivencia armónica entre actividades extractivas y la defensa de los recursos naturales, planificando y articulando nuestro territorio; Contamos con servicios que han elevado la Calidad de Vida de las personas; las instituciones se han fortalecido y la participación y los procesos de concertación son la forma de gestionar el desarrollo

El primer y el segundo proceso levantan, en términos generales, los mismos elementos de desarrollo (ver cuadros), siendo la nueva versión más sintética y relacional de que la anterior, que parecía una sumatoria de elementos. Señalaremos al respecto que tres de las cuatro líneas de desarrollo económico identificadas en la provincia (agricultura, pesquería y turismo) se coordinan con las direcciones respectivas y las mesas de coordinación del Gobierno Regional, en tanto que la cuarta, la minería, está básicamente bajo la iniciativa de la inversión privada y no cuenta con un espacio de concertación inter institucional ni entre los distintos actores interesados como las otras tres. Y lo mismo sucede a nivel provincial pues la línea de desarrollo económico local vincula la municipalidad con las experiencias y grupos

orientados a la producción en la provincia, integrando una mesa técnica agropecuaria junto con miembros de la dirección regional agraria y la junta de usuarios, así como la mesa para el desarrollo de la bahía de Sechura, que integra a los trabajadores del mar. Cuadro 6. Ejes estratégicos de desarrollo Provincia de Sechura, 2000 y 2010. Ejes estratégicos 200-2010 Líneas estratégicas 2010-2020

3

1 Fortalecimiento institucional (capacidades municipales) 2 Promoción turística (economía local e identidad) 3 Infraestructura básica y servicios (red vial y servicios básicos) 4 Mejoramiento de la salud (calidad y acceso) 5 Educación para el desarrollo (calidad educativa, jóvenes) 6 (Desarrollo agrario (agricultura y rentabilidad) 7 Desarrollo pesquero (competitividad y exportación) 8 Desarrollo de la minería (potencial minero en armonía con conservación y medio ambiente)

1 Producción de empleo digno (agro y pesca, capacitación laboral para empresas extractivas y oferta turística) 2 Convivencia armónica con defensa de los recursos naturales (recursos hídricos y actividades extractivas; mar y petróleo) 3 Calidad de vida para todos (pobreza, identidad, seguridad) 4 Participación y concertación para el desarrollo (mejora de gestión pública, espacios de participación)

El 2007, entre ambos planes, la municipalidad de Sechura se integra al programa nacional de modernización municipal4. En su primer período, durante el gobierno de Santos Querevalú, se lograron varias de las metas programadas en su desarrollo administrativo. Ello permitiría al municipio contar con fondos para la implementación del municipio así como para la compra de equipos (computadoras) y vehículos (volquetes y camionetas). Renovado el convenio, la nueva gestión municipal viene siendo acusada de no cumplir las metas programadas y de perder el apoyo estatal. Sin embargo, hay un cambio significativo en el plan del 2010-2020 que muestra mayor aceptación de las actividades extractivas, aunque bajo dos condiciones: empleo –y para ello planean capacitación- y “convivencia armónica” marcada por la defensa de los recursos naturales. Los planes municipales aparecen entonces más alineados con las actividades extractivas que con la oposición a las mismas. Este será el parte-aguas principal en la gestión del municipio bajo la “Rumbo al Progreso” –más crítico a la actividad extractiva- y las demás administraciones. Existen relaciones y alianzas internas a nivel de la provincia, que articulan pero también confrontan los sectores de la comunidad y los distritos de la provincia. Durante la presidencia aprista de Dante Paiba, la comunidad tenía como aliados a los alcaldes de la

3 El plan estratégico de la Municipalidad para el 2011 consignaba una serie de cinco líneas estratégicas: 1)

Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad (infraestructura municipal y personal); 2) Acceso equitativo a los servicios básicos, salud y educación (distribución y calidad de servicios); 3) Ordenamiento territorial y desarrollo urbano – ambiental; 4) Desarrollo Económico Local; y, 5) Seguridad ciudadana y defensa civil 4 Es de señalar que esos procesos de desarrollo institucional se desarrollan con personal y profesionales

enteramente sechuranos. Los orígenes de los apellidos de autoridades y funcionarios municipales pueden rastrearse hasta el siglo XVIII y XVII.

los distritos agrícolas Bellavista, Bernal, Rinconada Llícuar, en tanto que San Cristo era más afín a la izquierda y al municipio y Vice, de izquierda, pero de oposición al municipio. En los últimos períodos, los equilibrios sociales y políticos, que habitualmente generaban una correlación de fuerzas respecto a las posiciones y preferencias políticas de los dirigentes de la comunidad y los alcaldes municipales están cada vez más influenciados por su posición frente a las actividades extractivas y sobre todo respecto de los recursos generados por la misma. Y esta presencia de industrias extractivas ha generado dos nuevas instituciones vinculadas a las dos instituciones más grandes de la provincia. 3) Los Fosfatos de Bayóvar, el Fondo Social y la Fundación Comunal

Sechura vale un Perú, Sechura vale un Perú Porque sus minerales son el orgullo de mi país

Con el uranio, con las salmueras, con los fosfatos de mi Sechura Tierra lindita tierra, bendita tierra por mi señor

(Himno en página web de la Municipalidad Provincial, ritmo marinera) Desde su descubrimiento en 1958 y hasta 1971, los fosfatos de Bayóvar (un conjunto de componentes no metálicos de sales de sodio, potasio y otros minerales valorados por sus cualidades fertilizantes del suelo) fueron explotados limitadamente por particulares. Durante el gobierno militar la Empresa Minera Bayóvar S.A sería entregada a Minero Perú y posteriormente se constituiría como empresa regional, con la instalación de una pequeña planta de procesamiento. En 1993 se inicia un largo proceso de privatización que recién concluiría en el 2005 con la adjudicación –por Proinversión- al consorcio Misky Mayo. Lo interesante del proceso son los acuerdos previos: para garantizar la “licencia social” se establecen una serie de acuerdos entre Pro inversión y las organizaciones locales, principalmente con la comunidad campesina y la municipalidad provincial, estableciendo una serie de compromisos conducentes a garantizar la participación de los agentes locales en los beneficios de la explotación minera. Así, en el 2004, se firma un convenio entre Pro inversión y la comunidad campesina San Martín de Sechura, llamado “Convenio Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible del Proyecto Bayóvar”, estableciéndose una Fundación Comunal como forma jurídica de representación de la comunidad. En el contrato de adjudicación, la empresa se comprometió al pago de tres millones de dólares, al pago de regalías (3% del valor de producción en el caso de la roca fosfórica), el pago de un millón de dólares a la Fundación Comunal, y a partir del tercer año el pago de medio millón de dólares anuales por el mismo concepto por todo el periodo de vigencia del proceso de producción. Además concede a la Empresa comunal Minera San Martín la extracción de sal y la entrega a la Comunidad Campesina de mil toneladas métricas de concentrado de roca fosfórica por año.

En paralelo, se creó el Fideicomiso Social del Proyecto Bayóvar, de un millón de dólares, para proyectos sociales en beneficio de la provincia de Sechura. Este Fideicomiso, adjudicado a la provincia, sería supervisado pro Proinversión y manejado por un consejo de administración de ocho miembros, presidido por el alcalde provincial. Tras múltiples discusiones, el fondo sería destinado principalmente a inversión en educación (colegios rurales) y salud (materiales y equipos médicos). La nueva figura del Fideicomiso, se empieza a introducir en varios proyectos de inversión como alternativa de intermediación en la relación entre las empresas, el Estado y la población, destinando fondos de supervisión compartida destinados a proyectos de desarrollo social (Mendoza, Francke y Cruzado 2008). Hacia el 2008 se habían aprobado 15 proyectos (9 en salud y 6 en educación); tras largas discusiones se acordó que se daría prioridad a implementar los colegios rurales de la provincia y a abastecer de materiales y equipos al conjunto de centros de salud de la provincia. Sin embargo, en su desarrollo se reportaron una serie de dificultades, fruto de problemas administrativos y de coordinación con los sectores del Estado. Hacia el 2009, la mayor parte de los Fideicomisos mineros se transforman en “Fondos Sociales”, el de Sechura recién lo hacía hacia finales del 2011, retomando los remanentes del primer Fideicomiso e ingresos posteriores hasta de US$ 6,340,580.48 millones de dólares. La administración del Fondo depende de proinversión, la municipalidad provincial, la comunidad campesina y la Minera Misky Mayo (Vale). Si el Fideicomiso-Fondo Social generó un vínculo con el gobierno provincial de Sechura y el conjunto de su Sociedad Civil (representada en el municipio), las relaciones con la comunidad se canalizarían por la creación de una Fundación Comunal. La “Fundación Sechura”, creada en el marco de los acuerdos con COFOPRI para la concesión de los fosfatos de Bayóvar se convierte en un nuevo actor con características propias y con un peso cada vez más importante en la política provincial. Creada con el doble propósito de garantizar la propiedad de la tierra comunal (y favorecer la concesión y acuerdos entre propietarios) y de administrar los fondos del acuerdo con la empresa concesionaria de los fosfatos, la fundación se convierte en uno de los actores con más recursos y capital en la provincia. Los acuerdos de concesión en la negociación de COFOPRI estaban condicionados por la necesidad de definir derechos concretos sobre la propiedad de las áreas involucradas. Pero los terrenos en cuestión no estaban titulados por las “ancestrales” disputas y problemas de límites entre comunidades5. De modo que la búsqueda de solución a las indeterminaciones de la propiedad orienta hacia una solución parcial del problema de la titulación comunal: ante la imposibilidad de definir los límites comunales, se opta por registrar y titular las tierras sobre las que no hay disputa. Sin embargo, en lugar de otorgar los derechos a la comunidad, crea la “Fundación”. Ciertamente, la Fundación “pertenece” a la comunidad, pero tiene una directiva separada. La Fundación Sechura cuenta con una directiva de 11 miembros, entre los que se cuentan el presidente de la comunidad campesina (que preside la fundación), el vicepresidente y uno de los vocales de la directiva; tres delegados de la comunidad –de los cuales uno

5 Sechura, Catacaos, Olmos y Mórrope se disputan el territorio del despoblado desde hace décadas

impidiendo cualquier proceso de titulación de cualquiera de las cuatro comunidades (Agurto 2011)

debe ser mujer; luego están los representantes de los pescadores, de agricultores y ganaderos (los presidentes de las comisiones correspondientes), un representante de la Universidad Nacional de Piura y un representante de los alcaldes del ámbito comunal. Además, para su funcionamiento, la Fundación contrata a un gerente y a una serie de funcionarios, a iniciativa de la directiva pero en particular del presidente. Desde el inicio, hubo varias irregularidades en la elección del comité de la Fundación. Instalándose sólo 7 meses después de creado formalmente, afirmando en cambio el poder del presidente (de la comunidad y de la Fundación), lo que se agudiza con el vencimiento del plazo del primer comité: “los miembros de la fundación habían caducado ya sus dos años y como debía a llamarse elecciones, como no había presidente nuevo, esperamos que se elija presidente y pasaron como 7-8 meses que la fundación estuvo a cargo del presidente, no había directorio” (ex miembro del comité), generándose muchas disputas de legitimidad y muchas críticas a los proyectos desarrollados, bajo acusaciones de corrupción. Las disputas dejan al ex presidente comunal en el manejo de la Fundación de manera relativamente independiente de la directiva comunal. En su primera gestión, la Fundación decidió invertir el dinero en proyectos generadores de ingresos: se adquieren maquinarias de arado para alquilar, se crea un centro de capacitación en tejidos, un molino de arroz que preste servicios, se implementa una granja avícola y múltiples iniciativas de apoyo a la producción orientados a ganaderos, agricultores y pescadores6. El propósito era introducir otras lógicas de gestión comunal, más modernas y apropiadas: “Porque nosotros debemos pensar tanto en beneficiar a los comuneros también debemos pensar gerencialmente. Cuando nos entregan un dinero nosotros no gastarnos el dinero sino reinvertir, proyectos de reinversión. De tal forma que cuando a mi me entregan por ejemplo, y esta es mi posición, si me entregan en este directorio vamos a trabajar con un presupuesto de 2 millones de soles que al término del periodo no nos gastemos los dos millones o nos gastemos un parte pero dejemos otra parte”. La idea era además replicar el modelo Bayóvar con otras compañías extractivas que se interesadas en la zona: “la comunidad puede abrirles las puertas a la inversión privada siempre y cuando se siga el mismo procedimiento que se ha seguido con Bayóvar. La comunidad está en facultad de ceder los terrenos siempre y cuando tenga participación” (S.A. ex miembro del comité). Hacia el 20087, era evidente que varios de los proyectos emprendidos por la Fundación no estaban dando los resultados esperados. Según el informe 005A-GC/2008 del gerente general de la fundación (Carlos Palacios Otero), habían problemas en todos los rubros de inversión: Los proyectos ganaderos –aprobados en asambleas generales y previo informe de evaluación técnica- no funcionaba porque los productores no pusieron las vacas necesarias ni devolvieron el dinero que se les prestó; las pérdidas en proyectos de tilapia llegaron a los 150 mil nuevos soles, los reportes señalan que “la tilapia fue una excusa de

6 El proyecto con los ganaderos buscaba establecer módulos de producción láctea, que debían vincularse con

el programa de vaso de leche de la municipalidad. En pesca se buscó incentivar la crianza de la tilapia, producto con perspectivas de inserción exitosa en mercados; con los agricultores, además del molino, se ensayó una compra corporativa del producto, para paliar los efectos especulativos de los intermediarios. 7 http://comerciodearroz.over-blog.es/article-dante-paiva-es-un-fracaso-para-la-comunidad-san-martin-de-

sechura-84721827.html, visualizado el 19 septiembre del 2011.

los comuneros para acceder a los fondos”, que no piensan devolver; la granja ya no existe; el molino de arroz no funciona; la compra de arroz arrojó pérdidas… De una u otra manera, los proyectos de la Fundación comunal terminan siendo “saboteados” por los propios comuneros. En su conjunto, se rechaza la intermediación de la Fundación respecto de unos fondos y recursos que consideran propios y por los que se luchó defendiendo sus derechos. Con ello, lo que aparece como una negociación exitosa en el marco de un proceso de desarrollo y acumulación provincial de capacidades y recursos no parece generar los resultados esperados y sobre todo, no conducir al desarrollo de la comunidad ni de la provincia. 4) Conflictos y tensiones sobre el desarrollo territorial en Sechura En los últimos años, los conflictos respecto de las operaciones extractivas se suman a los dos principales conflictos endémicos en la comunidad: la alternancia entre grupos antagonistas en la municipalidad y/o la comunidad –de los que ya hemos escrito extensamente- y las disputas por la defensa territorial de ambas instituciones frente a sus vecinos. La larga disputa por tierras entre comunidad de Sechura y sus vecinas de Catacaos y Olmos respecto de la delimitación colonial de sus terrenos respectivos, está a la base de las actuales disputas por límites de la provincia que comprometen la pertenencia de la caleta la Tortuga (que se disputa entre el distrito de Vice y la provincia de Paita, al norte)8 y los límites con la provincia de Lambayeque (que termina comprometiendo los límites entre los departamentos)9. Ambos tipos de disputas y conflictos se redefinen por la presencia creciente de industrias extractivas en la zona. La conveniencia de la presencia de la actividad extractiva ha devenido recientemente tema de discusión y disputa en la provincia. En las décadas anteriores, cuando se operaba bajo una lógica de economía de enclave y sin mayor conexión e incluso en los años de la empresa regional –que coexistía con la pequeña molienda de sal de la comunidad-, la actividad extractiva no generaba mayores disputas. Tres factores cambian la situación: la existencia de nuevos operadores (externos), la eventualidad de la contaminación y la afectación de las actividades tradicionales y los ingresos y recursos locales generados por canon, regalías, contribuciones y otros fondos.

8 La caleta la Tortuga, históricamente poblada por sechuranos pero administrativamente en territorio de Paita

es sujeto de disputa desde hace décadas. Ello plantea una serie de problemas tato por temas de acceso e identidad como por derechos de canon respecto de la explotación petrolera frente a la caleta, que actualmente le corresponde a Paita. 9 La demarcación nacional se ordena entre 1946 y 1948, que se crea una comisión para establecer hitos

demarcatorios. En 1952, el Instituto Geográfico Militar, edita un mapa en el que 270,000 has. pasan a Lambayeque. Piura protesta y en 1968 se vuelve a los límites anteriores. Lambayeque protesta y el litigio continúa hasta que en noviembre del 2010, el Gobierno Regional de Piura, por acuerdo regional (N° 666-2010/GRP-CR), aprueba la Memoria de Límites Interdepartamental fijada por ambos departamentos. Según los sechuranos, el acuerdo “cercena” (sic) 18,000 has. de Piura, afectando a la provincia de Sechura y el distrito de Catacaos y a las comunidades del mismo nombre. Aún cuando el acuerdo no involucra derechos de las comunidades, los representantes de Sechura se sienten afectados porque en el acuerdo se señala uno de los puntos referenciales en disputa entre las comunidades implicadas, que pondría en entredicho un territorio de 70,000 hectáreas. De ello se responsabiliza a las últimas dirigencias, que no continuaron los procesos de colindancia con sus vecinas del sur desarrolladas en 1944, 1977 y 1998 (Mendoza 2011).

Las primeras disputas se generan hacia el 2005 en el marco del proceso de licitación internacional de los fosfatos de Bayóvar, proceso frente al cual la municipalidad provincial reclama inclusión en el proceso y en los beneficios resultantes, todo ello en el marco de una serie de reclamos y manifestaciones. Entre dicho año y el 2011, se suceden esporádicamente marchas y manifestaciones de malestar contra la empresa Misky Mayo, luego Vale, respecto a participación y fondos ofrecidos y destino de los mismos y cumplimiento de promesas en la negociación, pero sobre todo por contrataciones y empleo local. La última de estas enfrentó al sindicato de transportistas de la provincia alrededor del tema de empleos y preferencia a los sechuranos en las contrataciones de la empresa (13 y 14 junio 2011). Sin embargo, la mayor parte de los conflictos se manifestaron en protestas de “baja intensidad”, generándose en cambio reclamos contra la municipalidad y COFOPRI, responsables del manejo del Fideicomiso. De alguna manera, la generación de estas instancias “aligeró” el reclamo contra la empresa. Más bien, fue la presencia de nuevas empresa extractivas lo que exacerba el conflicto y la protesta. Aún cuando todas las nuevas empresas se suman a los acuerdos e institucionalidad previa, estableciendo compromisos con la Fundación comunal o el Fideicomiso-Fondo Social, los proyectos enfrentan renovada oposición frente a nuevos actores de la provincia, conforme experimentan amenazados sus intereses o su actividad productiva. Otras empresas que buscan desarrollar la explotación de recursos no metálicos en la plataforma continental, como Americas Potash, empiezan a enfrentar oposición. Con el inicio de los procesos de exploración y difusión, realizando talleres participativos en las zonas de desierto (anexo San Cayetano-Illescas, Bayóvar), desde noviembre del 2010, se generan voces de descontento respecto a la posibilidad que la nueva empresa afecte las áreas naturales del desierto como La Niña, el estuario de Virrilá y la laguna de Ñapique. ¿De dónde salen estas voces ecologistas? Dirigentes de las zonas de Bernal San Cristo (del desierto próximo al valle: Chutuque, Mala Vida y Pozo Oscuro)) empiezan a levantar un proyecto de conservación para la creación de la “Zona Reservada Humedales de Ramón, Virrilá y Ñapique”, en coordinación con la Gerencia regional de Recursos Naturales (SERNAMP) del Gobierno Regional. La oposición señala que “todos los convenios están mal firmados”, colocan todas las decisiones en la Fundación y el Fondo Social, en las que hay injerencia de COFOPRI y Vale, poniendo en peligro las áreas naturales. Sin embargo, las protestas más importantes se generan alrededor de los proyectos que afectan las zonas del litoral y de producción pesquera y de maricultura. Desde el 2010, pobladores y pescadores del distrito de Vice manifiestan contra la explotación petrolera frente a la caleta y manglares de San Pedro, contra la petrolera Olympic. Y, sobre todo, desde el 2009, los maricultores de la provincia inician una fuerte oposición a la explotación de gas natural y petróleo en el espacio litoral de Sechura, contra las operaciones de la empresa Petro Tech, luego renombrada como Savia Perú. Desde el 2009, se suceden manifestaciones de protesta tanto en las caletas de Puerto Rico y Parachique, como en la ciudad de Sechura, en donde se bloquea el puente en dos oportunidades.

Las protestas son encabezadas por el Frente de Defensa de los Intereses de Sechura, organización que agrupa a un conjunto de 18 asociaciones de maricultores10 y otros gremios y productores pesqueros11. La maricultura, que se desarrolla en la bahía desde hace poco más de una década es considerada una alternativa económico-productiva sostenible e involucra varios miles de trabajadores, así como varios inversionistas medianos. Las conchas de abanico vienen siendo exportadas a Europa y son parte de las estrategias de desarrollo del litoral impulsadas desde el plan de desarrollo pesquero del Gobierno Regional. Parte de la sociedad civil sechurana se inclina entonces hacia posiciones de defensa del espacio marítimo y en el 2009, la municipalidad promulga la ordenanza 014-2009, que declara la Bahía de Sechura como Área de conservación exclusiva para el desarrollo de las actividades productivas de la Pesca y la Maricultura; siendo impugnada inmediatamente por la empresa. Ese mismo año, las asociaciones de maricultores solicitan la rectificación y reversión de las concesiones del lote Z6 porque afecta a la actividad pesquera, como lo demuestra el diagnóstico de ESCAES (2010). Y si la oposición es fuerte, la presión por el desarrollo del proyecto también: concita el apoyo del gobierno regional (en su gestión anterior) y de los congresistas por Piura. Recientemente, un enfrentamiento entre pobladores y policías con motivo de la Audiencia Pública para la aprobación de un EIA para la instalación de una tubería subterránea desde las plataformas marinas hacia el continente (7 marzo 2012). Veinte días después una protesta pública en Sechura se desborda ocasionando la destrucción de la comisaría de la provincia, una treintena de heridos y dos fallecidos. Frente a ello, la municipalidad provincial, así como el Consejo Regional, se alinean con las demandas del Frente de Defensa de los intereses de Sechura y los maricultores, solicitando al ministerio de energía y minas la anulación de la audiencia que avala la aprobación de la plataforma de la empresa Savia. Reflexiones finales La presencia de las actividades extractivas ha generado una serie de cambios en la organización de la sociedad civil sechurana. Más allá de ello, nos interesa plantear una serie de preguntas respecto de los procesos de construcción de sociedad civil y de gobernanza territorial en contextos de constitución de una nueva unidad territorial en el marco de un gobierno regional y en el contexto de la expansión de las actividades extractivas.

10 El Frente incluye al Frente de las Asociaciones de maricultores artesanales de Parachique, el Gremio de

Pescadores artesanales extractores de maricultores de la Bocanada-Parachique, el Frente Unificado de Pescadores Artesanales Extractores de Mariscos de Sechura, el Frente de Asociaciones de Maricultores artesanales de Parachique, el Frente de Defensa del Pesquero Vichayo, el Frente de Pescadores Artesanales Acuicultores de Puerto Rico y el Frente de Maricultores y otras asociaciones menores. 11

Entre ellas se cuentan: la Asociación de Pequeños Propietarios Artesanales; la Asociación de Extractores de Mariscos; el Sindicato de Pescadores Industriales; la Asociación de Pescadores Langostineros; el Sindicato de Pescadores Sardineros; la Asociación de Bases Unificadas de Pescadores Artesanales y Pequeños industriales; la Asociación Propietarios de Embarcaciones Artesanales e Industriales; el Gremio de Pescadores Artesanales; la Asociación Unificada de Extractores de Mariscos y Pesca y el Sindicato de Pescadores Industriales.

La provincia de Sechura aparece en primer término como un territorio con amplias posibilidades de “éxito” un proceso de construcción municipal que empalma con el proceso de descentralización del Estado y que beneficia de una serie de apoyos de instancias estatales, regionales y privadas en la construcción de un proceso de desarrollo ordenado, productivo y orientado a la integración económica y la implementación de servicios para la población. Este proceso se desarrolla en un espacio político organizado por la tensión y la alternancia en el gobierno de la comunidad y los municipios de agentes políticos identificados con el Apra o tendencias de izquierda, siendo los partidarios de los primeros más próximos a la zona agrícola y los segundos a las zonas pesqueras. A pesar de ello, los proyectos y la planificación del desarrollo se desenvolvían en el marco de la institucionalidad local con períodos de tensión en ocasión de coyunturas electorales, que si bien facilitaban o dificultaban procesos de concertación, participación y gobierno, fluían hacia lógicas de un desarrollo relativamente unidireccional hacia un mayor desarrollo tecnológico e integración al mercado. Todo ello en un universo social marcado por la identidad histórica de la provincia. La encrucijada en la que se encontraban tanto la municipalidad provincial como la comunidad campesina, era el tránsito de las prácticas tradicionales de organizar la gestión del territorio, hacia fórmulas cada vez más modernas, técnicas y al mismo tiempo, democráticas. Sin embargo, la presencia de la minería altera el proceso en curso aunque de manera compleja. Primero, contribuyendo de alguna manera en el proceso de modernización, aportando recursos económicos pero también cambios institucionales que conducían a una gestión más ordenada, integrada, participativa y democrática del territorio y sus recursos naturales, una vez superados los conflictos iniciales. Durante un tiempo, más allá de los desajustes y diferencias, los fosfatos de Bayóvar, en manos privadas contribuían al desarrollo de la provincia, contribuyendo con el municipio a la provisión de servicios sociales (educación y salud), resolviendo parte de los problemas de titulación del territorio comunal, y generando un fondo para el desarrollo de proyectos productivos. Y sin embargo, la trayectoria de la provincia no transitó por el derrotero señalado. De un lado, por la ineficiencia en la ejecución, por falta de capacidad gerencial, disputas locales exacerbadas y seguramente también una cuota de corrupción, pero también por los nuevos procesos generados por la llegada continuada de nuevas empresas, recursos y la aparición de nuevas tensiones y fuerzas locales. En la comunidad campesina de Sechura, la abundancia de recursos exacerba la competencia política electoral: “los problemas comunales vienen porque viene Vale, antes no había ese interés, esas discusiones, ese pleito que quiero ser presidente. Participaban listas, sí, pero una vez que ganaban no había antagonismo, se agudizan los problemas porque ya vienen dos millones de dólares y cada año están dando medio millón de dólares que ya los han recibido ya” (L.R. comunero). Varios otros cambios concurren en el

proceso: el reemplazo de los presidentes agricultores12 por presidentes “profesionales”, con estudios universitarios (incluso superiores a los de los alcaldes de los distritos de la provincia); el divisionismo extremo que ha generado la existencia de dos dirigencias que se consideran legítimas y cuyas disputas terminaron con la toma y parcial destrucción del local comunal en octubre del 2011; y, sobre todo, la “sustitución” de la comunidad por la Fundación Comunal como interlocutora en asuntos de negociación respecto de recursos, concesiones e industrias extractivas. Del lado del municipio, el control del Fondo Social parece ser más ordenado y no generar un cambio sensible en la dinámica electoral existente. Pero si de un lado se espera un desarrollo de las industrias extractivas en la provincia, se toman decisiones territoriales respecto de los límites de la expansión de las mismas, optando por favorecer la explotación en el área continental, reservando la zona litoral para la actividad pesquera y la maricultura. El municipio se alinea con las fuerzas sociales locales opuestas al desarrollo de la actividad petrolera y gasífera en la bahía de Sechura, negociando con y por ellos tanto en el ámbito regional como nacional. Por otro lado, la expansión de la actividad extractiva levanta otras voces que s expresan en nuevas asociaciones de la sociedad civil y en pequeños colectivos que defienden los espacios frágiles de la provincia frente a la expansión descontrolada de la actividad extractiva. La defensa del valle, los humedales, el estuario y las zonas de despoblado empieza a generar fuerzas de oposición a la actividad extractiva, en las zonas en las que en principio municipio y comunidad aceptan su presencia. Finalmente, la presencia de la actividad extractiva y los procesos acumulados en la provincia y comunidad de Sechura redefinen usos, percepciones y tendencias en el aprovechamiento de los recursos en las diversas zonas ecológicas del territorio. Las tres actividades tradicionales de la provincia, repotenciadas, se inscriben de manera diferenciada en el mismo. El valle sigue siendo el ámbito del desarrollo agropecuaria, orientada al mercado en búsqueda de modernización de infraestructura y desarrollo competitivo. El litoral se define abiertamente como zona de conflicto y disputa entre los procesos de desarrollo local sobre la actividad pesquera y la crianza marina versus los proyectos de expansión de la actividad hidrocarburífera; uno desde la lógica y las iniciativas públicas y privadas locales y el otro con el soporte de las políticas de Estado y las empresas transnacionales. Finalmente, el desierto, destinado inicialmente a la actividad extractiva y la ganadería marginal, no termina aún de organizarse territorialmente entre zonas minero extractivas (¿el desierto-desierto?) y zonas de producción ganadera o conservación ambiental (¿el desierto-despoblado?), por lo que se perfila como nuevo campo de conflicto entre las tendencias globales contrapuestas entre el extractivismo y la conservación medioambiental.

12 Todos los presidentes hasta mediados de la última década fueron agricultores: Wilfredo Antón, Wilfredo

Amaya, Santos Paiba, José Martínez, Santos Galán. Como dicen los sechuranos “Ahora recién están estudiando”.

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