amnistía internacional

HAITÍ

Entre la espada y la pared: ¿represión militar o invasión extranjera?

24 DE AGOSTO DE 1994 RESUMEN ÍNDICE DE AI: AMR 36/33/94/s.

DISTR: SC/CC/CO/PG

La nación caribeña de Haití se ha enfrentado con una continua crisis de derechos

humanos al proseguir sus autoridades militares de facto su campaña de

intimidación, detenciones y asesinatos, dirigida principalmente contra los

simpatizantes del presidente en el exilio Jean-Bertrand Aristide, pero también

afectando al grueso de la población. En estos momentos, Haití se enfrenta además

con la amenaza de una invasión extranjera, encabezada por los Estados Unidos

de América (EE UU), pero autorizada por resolución del 31 de julio del Consejo

de Seguridad de las Naciones Unidas. AI teme que dicha invasión pueda dar lugar

a más abusos por parte de las fuerzas armadas haitianas; por parte de civiles,

como represalia contra quienes crean responsables de las violaciones de derechos

humanos cometidas en el pasado; y por parte de una fuerza invasora que podría,

como ocurrió en Somalia, cometer abusos precisamente contra aquellos civiles

a quienes se supone que debería proteger.

La crisis que continúa afligiendo a Haití se remonta al golpe de Estado de 1991

que provocó el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide, el primer presidente

democráticamente elegido en el país. Tras el golpe, simpatizantes del presidente

Aristide y otros opositores del nuevo régimen militar fueron sometidos a graves

y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Los abusos volvieron a

multiplicarse el pasado octubre, cuando un acuerdo que tenía como fin la

restauración del presidente Aristide se desbarató al no acatar sus disposiciones

las fuerzas armadas haitianas. Las violaciones han continuado en los últimos

meses. Durante este periodo también se ha producido un éxodo masivo de haitianos

que han intentado abandonar el país por vía marítima, esperando, en la mayoría

de los casos, llegar a los EE UU; una misión observadora civil internacional

de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA)

ha sido expulsada del país; y las autoridades militares de facto han impuesto

legislación de emergencia, incluyendo el estado de sitio.

En este informe se examinan los antecedentes de la actual crisis de derechos

humanos en Haití. Se resalta, asimismo, la difícil situación de un pueblo que

enfrenta la represión brutal en su país, el peligro y el rechazo cuando huye

a otras tierras, y la perspectiva de una invasión armada por fuerzas extranjeras,

con todos los abusos que podría conllevar. El informe finaliza con la

enumeración de las medidas que, en opinión de AI, deberían tomarse para proteger

los derechos humanos en Haití.

PALABRAS CLAVE: EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL1 /TORTURA/MALOS TRATOS1 / DETENCIÓN

ARBITRARIA1 /DESAPARICIONES /AGRESIÓN SEXUAL1 /DETENCIÓN EN RÉGIMEN DE

INCOMUNICACIÓN /MALA SALUD /HOSTIGAMIENTO /EXTORSIÓN /DESTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

/ASILO1 /EE UU /REPATRIACIÓN FORZADA /GOBIERNOS (OTROS) /OCUPACIÓN /HOMBRE/MUJER

DE NEGOCIOS /POLÍTICOS /ACTIVISTAS POLÍTICOS1 /MINISTROS DEL GOBIERNO /NIÑOS

/CRIATURAS /FAMILIAS /MUJERES1 /PERIODISTAS /LOCUTORES DE RADIO O TELEVISIÓN

/FOTÓGRAFOS /CENSURA /CLÉRIGOS-PROTESTANTES /CLÉRIGOS-CATÓLICOS /AVANZADA EDAD

/VENDEDORES AMBULANTES /EMBARAZO /MILITARES /FUERZAS PARAMILITARES /CIVILES

ARMADOS /POLICÍA /IMPUNIDAD /ANTECEDENTES POLÍTICOS /OEA /ONU /DELEGACIONES /

Este informe resume un documento de ?? páginas (???? palabras), Haití: Entre

la espada y la pared: ¿represión militar o invasión extranjera? (Índice de AI:

AMR/36/33/94/s), publicado por Amnistía Internacional el 24 de agosto de 1994.

Si desea más detalles o quiere participar en las actividades de la organización

sobre este tema, debe consultar el documento completo.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

[PIE DE FOTO PORTADA: Patrulla militar en Cité Soleil, Puerto Príncipe, septiembre de

1993. c. Leah Gordon]

RECUADRO

INFORMANDO SOBRE DERECHOS HUMANOS EN HAITÍ:

Los periodistas y fotógrafos que han tratado de informar de las violaciones de derechos humanos

referidas en este documento han sido blanco de continuo hostigamiento. Tal es el caso de una

fotógrafa presente en el muelle el día en que el navío estadounidense USS Harlan County debía

desembarcar tropas bajo el mandato de la ONU: fue golpeada y tirada al suelo por soldados y

attachés allí reunidos cuando hacía la fotografía que se reproduce al pie de la página ?? de este

informe. [SE REFIERE A LA FOTO 6] FIN DEL RECUADRO

HAITÍ

Entre la espada y la pared:

¿represión militar o invasión extranjera?

INTRODUCCION

En julio, el terror empujó a miles de haitianos a lanzarse al mar en frágiles embarcaciones. La

mayoría se encaminaba hacia Estados Unidos de América (EE UU), pese a que el gobierno de

este país no se ha mostrado muy dispuesto a acogerlos. Los periódicos y las pantallas de

televisión de todo el mundo se llenaron de imágenes desgarradoras: barcos que se hundían, niños

a punto de ahogarse y náufragos desfallecientes arrastrándose por las playas turísticas de la

Florida.

La pequeña nación de Haití se convirtió de la noche a la mañana --aunque no por mucho

tiempo-- en el centro de la atención internacional. Creció la especulación sobre la posibilidad de

que EE UU invadiese el país, bajo cobertura internacional, para tratar de detener la llegada a sus

costas de los llamados "refugiados del mar".

Pero en la reciente tragedia de los "refugiados del mar" y de la posibilidad de una invasión armada

subyace una larga pesadilla para los derechos humanos. Una pesadilla que, en los últimos años,

ha llevado a decenas de miles de haitianos a huir de su isla natal.

El terror se ha propagado por Haití al proseguir las autoridades militares de facto su campaña de

intimidación, detenciones arbitrarias y asesinatos. El objetivo: eliminar el apoyo al presidente

Jean-Bertrand Aristide, jefe del primer gobierno elegido democráticamente en Haití y depuesto

por un golpe de Estado militar en septiembre de 1991.

En los últimos meses, los soldados y sus colaboradores civiles han ejecutado extrajudicialmente a

centenares de personas. Han atacado a pueblos enteros. Y, para sembrar más terror, cada vez es

mayor el número de cadáveres que aparecen mutilados.

AI teme que, frente a la crisis política causada por la amenaza de una invasión encabezada por

EE UU, el ejército haitiano pueda recurrir a tácticas aun más brutales contra la población

haitiana; o que algunos civiles puedan asesinar, como represalia, a quienes crean responsables de

violaciones de derechos humanos. También la inquieta la posibilidad de que las normas de

derechos humanos sean infringidas por las mismas fuerzas invasoras. La organización teme que

se repita la experiencia de Somalia, donde civiles desarmados perdieron la vida a manos de las

fuerzas enviadas para protegerlos.

En este informe se examinan en primer lugar los antecedentes de la actual crisis de los derechos

humanos en Haití. Se resalta, asimismo, la difícil situación de un pueblo que enfrenta la represión

brutal en su país, el peligro y el rechazo cuando huye al extranjero, y la perspectiva de una

invasión armada por fuerzas extranjeras, con todos los abusos que podría conllevar. El informe

finaliza con la enumeración de las medidas que, en opinión de AI, deberían tomarse para

proteger los derechos humanos en Haití.

1. ANTECEDENTES

La República de Haití está situada a unos 970 kilómetros (unas 600 millas) al sudeste de la

península de Florida. Ocupa aproximadamente una tercera parte de la isla caribeña de la

Española, cuya superficie comparte con la República Dominicana. Fue el primer Estado

moderno de origen africano y el primer país latinoamericano independiente.

En la segunda mitad del siglo dieciocho, Haití era una de las colonias más lucrativas de Europa: el

50 por ciento del comercio transatlántico de Francia se realizaba con Haití, dando sustento al 20

por ciento de la población francesa. Hoy, Haití es el país más pobre de América, y su miseria es

legado de su larga y trágica historia.

La actual crisis de los derechos humanos en Haití

La actual crisis de los derechos humanos en Haití se remonta al 29 de septiembre de 1991,

cuando un golpe de Estado militar derrocó al gobierno elegido democráticamente del presidente

Aristide. Desde entonces, los simpatizantes del presidente depuesto (conocidos popularmente

como lavallassiens1

), así como los demás oponentes del gobierno militar de facto, vienen siendo

sometidos a graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Los militares --dirigidos por

el general Raoul Cédras, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas-- y el jefe de la Policía

Michel François gobiernan de hecho el país, recurriendo a las amenazas, al hostigamiento y a la

represión generalizada para conservar el poder. Hasta ahora, la comunidad internacional parece

impotente para poner fin a la carnicería.

[FOTO 1: Jean-Bertrand Aristide se convirtió en el primer presidente libremente elegido en Haití

tras obtener el 67 por ciento del voto popular en las elecciones de 1990. Un golpe de Estado

militar lo derrocó nueve meses después. c. Leah Gordon]

Inmediatamente después del golpe de Estado, los militares desataron una oleada de represión

violenta, especialmente en las comunidades pobres, donde había sido mayor el apoyo al

presidente Aristide. Desde entonces, miles de personas, incluyendo defensores de los derechos

1 Lavalas: avalancha o marejada; término popular con que se conoce al

movimiento político que apoyó la candidatura del presidente Aristide.

humanos, sindicalistas, periodistas, miembros y dirigentes de grupos populares, de base y

religiosos, mujeres y niños, han sido víctimas de abusos generalizados y sistemáticos.

Algunos han sido ejecutados extrajudicialmente o han sido detenidos sin orden judicial y

torturados. Otros permanecen encarcelados en condiciones inhumanas en centros de reclusión

como la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, la capital. Muchos otros han sufrido brutales

golpizas en las calles o reiteradas amenazas y actos de hostigamiento. La libertad de prensa está

sumamente restringida. Los oponentes o presuntos oponentes al régimen militar, así como

quienes simplemente viven en zonas consideradas favorables al regreso del presidente Aristide,

han visto sus viviendas y propiedades destruidas. La extorsión a civiles por parte de las fuerzas de

seguridad y de sus colaboradores es endémica; también lo es la corrupción.

Los responsables de las violaciones de derechos humanos incluyen a soldados uniformados y

agentes de la policía, attachés (los auxiliares civiles armados de las fuerzas de seguridad), chefs de

sections (los jefes de las secciones rurales, pertenecientes al ejército) y zenglendos (delincuentes

armados que se cree actúan bajo el control de los militares).

El pasado año surgió un nuevo partido político, que muchos consideran estrechamente vinculado

al ejército. Originalmente llamado Front révolutionaire pour l'avancement et le progrès en Haïti

(Frente Revolucionario para el Avance y el Progreso de Haití), en junio de 1994 fue

siniestramente rebautizado como Front révolutionaire armé du peuple Haïtien (Frente

Revolucionario Armado del Pueblo Haitiano). Su acrónimo, FRAPH, se pronuncia como la

palabra francesa frappe, que significa "puñetazo" o "golpe". Los miembros del FRAPH se han visto

implicados con frecuencia en asesinatos y otras violaciones de derechos humanos.

[FOTOS 2, 3, 4 [2: Attachés y soldados confraternizan junto al Bar Normandie, conocido lugar

de reunión de los primeros. c. Leah Gordon] [3: Manifestación del FRAPH, Puerto Príncipe,

octubre de 1993. c. Leah Gordon] [4: Es tan frecuente encontrar cadáveres abandonados en las

calles de Puerto Príncipe, que éste, aparecido en octubre de 1993, no parece suscitar demasiado

interés a los pasajeros del automóvil. c. Leah Gordon]]

El terror ha empujado a cientos de miles de haitianos a huir de sus hogares y vivir en marronage

(en la clandestinidad). Por otra parte, decenas de miles han tratado de salir del país, ya sea

haciendo los trámites, sumamente restrictivos, en la Embajada de EE UU en Puerto Príncipe,

presentando solicitudes de asilo en otras embajadas, o probando suerte como "refugiados del

mar" (véase más adelante).

La intervención internacional en la crisis política de Haití

La comunidad internacional ha hecho numerosos intentos, hasta el momento infructuosos, de

abordar la crisis política de Haití. El embargo impuesto originalmente por la Organización de los

Estados Americanos (OEA), y que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU)

transformó en junio de 1993 en un embargo mundial de petróleo y armas, obligó al general

Cédras a sentarse en la mesa de negociaciones en julio de 1993. Después, en virtud del llamado

Acuerdo de la Isla Gobernador, firmado bajo los auspicios de la OEA y de la ONU, el general

Cédras y el presidente Aristide se comprometieron a cooperar plenamente en la transición

pacífica a una sociedad democrática que garantizara el respeto a los derechos humanos. El

Acuerdo estipulaba que se crearía una nueva fuerza policial, separada del ejército, cuyo jefe sería

nombrado por el presidente; que el general Cédras optaría por el retiro anticipado; y que el

presidente designaría a un primer ministro.

[FOTO 5: Una pequeña embarcación rompe el embargo para llevar gasolina a Haití. c. Leah

Gordon]

Una de las bases del Acuerdo era que el presidente Aristide regresaría pacíficamente al poder.

Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del proyectado retorno, el 30 de octubre de

1993, las violaciones de derechos humanos aumentaron una vez más. Las autoridades de facto y

sus simpatizantes lograron crear unas condiciones tales que imposibilitaron que el presidente

Aristide tomara posesión de su cargo, y desde entonces no se ha vuelto a fijar una fecha para su

regreso. Las amenazas y ataques generalizados, dirigidos especialmente a los simpatizantes del

presidente Aristide, siguen asolando Haití.

[FOTO 6: En una maniobra inesperada, el navío estadounidense que iba a desembarcar tropas

bajo mandato de la ONU para ayudar a garantizar la seguridad del proyectado retorno del

presidente Aristide dio la vuelta y se alejó del puerto al encontrarse con la presencia de soldados y

attachés en el muelle. c. Leah Gordon]

RECUADRO 1

[FOTO 7: Momento en que attachés armados irrumpen en una iglesia de Puerto Príncipe en

busca de Antoine Izméry. c. Haïti Progrès]

A medida que se acercaba la fecha del proyectado regreso del presidente Aristide, sus

simpatizantes comenzaron a sufrir ataques del ejército. Una de las muchas víctimas fue el

empresario Antoine Izméry. El 11 de septiembre de 1993, Izméry acudió a una iglesia donde iba

a celebrarse una misa en memoria de cinco personas muertas en 1988, en un atentado contra el

entonces padre Aristide, cuando decía misa en un barrio marginal de Puerto Príncipe. Antes de

que comenzara la ceremonia religiosa, un grupo de attachés irrumpió en la iglesia y amenazó a los

sacerdotes: «¡Toda la sangre que se va a derramar hoy será por culpa vuestra, comunistas!»

Uno de los sacerdotes relató a AI lo que ocurrió: «Por la puerta trasera de la iglesia, vemos pasar

un camión militar, seguido inmediatamente de otro. Poco después, varias personas irrumpen en

la iglesia ... Me fijo en uno que viste camisa roja, revólver en mano ... Nosotros permanecemos

allí, paralizados, observando la escena ... Entonces el hombre de la pistola saca el arma y

pregunta: _¿Quién es Izméry?, ¿dónde está?_. El attaché que está de pie a su derecha señala a

Izméry ... El attaché se le acerca, le amenaza con la pistola para obligarlo a salir. Antoine Izméry

vacila y levanta los brazos ... El attaché levanta su arma como si fuera a disparar, duda,

probablemente al darse cuenta de que está en una iglesia. Entonces apunta su revólver a la sien de

Antoine Izméry, obligándolo a salir.

«La misa termina ... el párroco viene a anunciar que Antoine Izméry yace muerto en la calle.

Salimos ... y encontramos el cadáver junto a la iglesia. A unos 40 metros yace otro hombre,

asesinado de la misma manera, con un disparo detrás de la oreja ... Los cuerpos aún están

calientes, bañados en un mar de sangre. Permanezco allí, junto con otro sacerdote, rezando por

los dos muertos. La calle está vacía ...

«Nadie pensó que los attachés se atreverían a matar a Antoine Izméry tan abiertamente.

Pensamos que habían venido a detenerlo, como ya había ocurrido tantas veces.

«... viene un attaché y amenaza [a otro sacerdote] ... la tensión aumenta ... llega la noticia de que

los attachés han rodeado la zona ... Finalmente, aparecen 12 cadáveres en la ciudad de Puerto

Príncipe el mismo día, 11 de septiembre ... Los attachés gobiernan el país...» FIN DEL

RECUADRO

RECUADRO 2

[FOTO 8: Guy Malary PIE: Guy Malary, ministro de Justicia del presidente Aristide, asesinado

a tiros el 14 de octubre de 1993.]

Las esperanzas de que el presidente Aristide pudiera regresar pacíficamente a Haití acabaron de

desvanecerse el 14 de octubre, cuando unos hombres armados asesinaron a tiros a Guy Malary,

su recién nombrado ministro de Justicia. En el atentado murieron también su guardaespaldas y su

conductor. Las víctimas recibieron varios disparos y todas tenían una herida de bala en la cabeza,

como si las hubieran rematado con un tiro de gracia. Tras los asesinatos, unos agentes de la

policía uniformados se llevaron los cuerpos, prohibiendo a los periodistas filmar la escena.

De los ministros recientemente nombrados por el presidente Aristide en preparación para su

regreso, Guy Malary había sido uno de los primeros en tomar posesión de su cargo. Había

impulsado un proyecto legislativo para separar formalmente ejército y policía en Haití, propuesta

a la que se oponían los mandos militares. También había trabajado en varios casos conocidos de

derechos humanos. Como la mayoría de los miembros del nuevo gabinete, había recibido

amenazas de muerte. FIN DEL RECUADRO.

Algunos atribuyeron el fracaso del Acuerdo de la Isla Gobernador a su falta de claridad sobre la

cuestión de la amnistía. Los negociadores de EE UU y la OEA/ONU consideraron necesario

garantizar una amnistía para los jefes militares responsables del golpe de Estado de septiembre de

1991 y de las subsiguientes violaciones de derechos humanos, a fin de convencerlos de que se

retiraran del poder pacíficamente. El Acuerdo estipulaba que el presidente Aristide promulgaría

dicha amnistía según los términos de la Constitución haitiana. De hecho, varias semanas antes de

su proyectado regreso, el presidente Aristide promulgó un decreto de amnistía que abarcaba

todos los delitos políticos cometidos desde la fecha del golpe de Estado hasta la del Acuerdo de la

Isla Gobernador. Sin embargo, parece que los negociadores de EE UU y de la OEA/ONU

presionaron al parlamento haitiano para que aprobara un proyecto de ley que abarcara también

todos los delitos comunes, incluyendo el asesinato, la "desaparición", la tortura y la violación. El

proyecto de ley quedó abierto, de forma que, en la práctica, el ejército y la policía haitianos

pueden continuar cometiendo violaciones de derechos humanos, aparentemente en la seguridad

de que no serán procesados, gracias al proyecto de ley de amnistía.

La misión de observación de los derechos humanos de la OEA/ONU

Uno de los pocos frenos a los servicios de seguridad haitianos, especialmente al principio de su

estadía en el país, fue la Misión Civil Internacional de la OEA/ONU, conocida en criollo haitiano

como Misyon Sivil Entènasyonal (MICIVIH). La MICIVIH se creó a petición del presidente

Aristide, con el cometido de vigilar el respeto a los derechos humanos en Haití. Su primer grupo

de observadores civiles llegó a la isla en febrero de 1993. En octubre, la Misión abandonó el país

debido a la escalada de violencia que despertó la propuesta de regreso del presidente Aristide. La

MICIVIH retornó a finales de enero de 1994, pero con un número mucho más reducido de

observadores, que estuvieron en su mayor parte restringidos al perímetro de Puerto Príncipe por

motivos de seguridad. El 11 de julio de 1994, las autoridades de facto expulsaron a la MICIVIH,

sosteniendo que su mandato había expirado y que «representaba una amenaza para la seguridad

nacional». En realidad, el mandato había sido renovado por la ONU, y AI consideró absurdo el

argumento de que constituyese una amenaza para la seguridad nacional. Con la partida de la

Misión, AI temía que Haití hubiera perdido la última presencia observadora internacional que

podía haber contribuido a prevenir los excesos.

[FOTO 9: Un miembro de una delegación internacional de paz a Haití, protestando por la

retirada de la misión de la OEA/ONU en octubre de 1993. c. Leah Gordon]

2. LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERIODO RECIENTE

Ejecuciones extrajudiciales y asesinatos masivos

La presencia de la MICIVIH permitió adquirir una perspectiva más clara del nivel de los

homicidios políticos en Haití. Entre el 31 de enero y el 31 de mayo de 1994, por ejemplo, la

Misión recibió denuncias de 254 homicidios sólo en Puerto Príncipe. Entre el regreso de la

Misión a finales de enero de 1994 y su expulsión en julio, se denunciaron un total de 350

ejecuciones extrajudiciales o muertes sospechosas. En este periodo, el acceso de la Misión a las

áreas rurales estuvo muy restringido, por lo que el número real de víctimas fue sin duda muy

superior.

Muchas de las víctimas lo fueron por su apoyo al presidente Aristide; tal es el caso de Antoine

Izméry y Guy Malary (véanse los recuadros). Otras perdieron la vida en las masacres que realizó

el ejército o sus colaboradores civiles, los attachés y los zenglendos, en las zonas que sospechaban

favorables al presidente Aristide. De forma creciente, los agresores mutilan a los cadáveres,

aparentemente para infundir más terror.

El incendio de Cité Soleil

En diciembre de 1993, hasta 70 hombres, mujeres y niños perdieron la vida cuando un grupo de

miembros del FRAPH atacaron un barrio pobre de Puerto Príncipe conocido como Cité Soleil.

Algunos murieron carbonizados en el incendio provocado por el FRAPH; otros cayeron abatidos

a tiros cuando trataban de escapar de las llamas. También se dieron por desaparecidas a varias

personas cuyos cadáveres nunca se encontraron. Según informes, el ejército y la policía

permanecieron impasivos en las proximidades del lugar, mientras que el departamento de

bomberos haitiano --bajo control militar-- no hizo nada para combatir el fuego, o se le impidió

actuar. El ataque se produjo aparentemente como represalia por la muerte, la noche anterior, de

un militante del FRAPH; fuentes cercanas a los grupos de derechos humanos haitianos afirmaron

que los residentes del barrio no habían sido los autores de esa muerte.

[FOTO 10: Niños en Cité Soleil

Muchos niños han sido víctimas en los ataques perpetrados contra Cité Soleil, barrio pobre de

Puerto Príncipe, y contra otras zonas marginales de todo el país, por los soldados y sus

colaboradores civiles. Se calcula que durante uno de estos ataques contra Cité Soleil, el ocurrido

el 27 de diciembre de 1993, murieron 70 personas. De las víctimas identificadas como

desaparecidas, muertas o heridas, 16 eran menores de 18 años, 13 de ellas menores de 8 años. La

víctima más joven tenía sólo un mes. c. Leah Gordon]

Ataques reiterados contra Raboteau, en Gonaïves, Artibonite

El barrio pobre de Raboteau, en el departamento de Artibonite, ha sido objeto de reiterados

ataques de los militares. En noviembre y diciembre de 1993, soldados y policías asaltaron el

barrio en busca del líder local Amio Métayer. Al no encontrarlo, detuvieron a otros varones

jóvenes de la comunidad, entre ellos al hermano menor de Amio, Balaguer Métayer, conocido

como "Chatte". Los jóvenes fueron golpeados durante su detención y también en el notorio

Service d'investigation et de recherches anti-gang (Servicio de Investigación de la Delincuencia

Organizada), departamento policial conocido popularmente como Anti-Gang2

, a donde se les

trasladó. Todos los detenidos fueron posteriormente puestos en libertad, salvo "Chatte", que sigue

bajo custodia en el cuartel militar de Gonaïves. Cuando se redactaban estas líneas, se encontraba

al parecer en precario estado de salud como consecuencia de la tortura. AI ha sabido de fuentes

fidedignas que no se le ha permitido ver a un médico ni a un abogado, ni tampoco a sus

familiares.

Raboteau fue blanco de un nuevo ataque en abril de 1994, a manos de soldados que buscaban a

Amio Métayer, a quien tampoco encontraron esta vez. Según informes, los militares quemaron

su vivienda, saquearon otras casas, golpearon a los habitantes que huían y detuvieron a otros,

incluyendo al padre y a una hermana de Amio Métayer. Los detenidos quedaron en libertad al

día siguiente. Sin embargo, en la madrugada del 22 de abril, un grupo de soldados acompañados

de miembros del FRAPH rodearon Raboteau y efectuaron disparos al aire. Al parecer, cuando

los habitantes huyeron asustados hacia la playa, la patrulla mixta los persiguió, disparándoles a la

espalda y a las piernas. Parece también que, desde el agua, otro grupo de soldados y hombres

armados dispararon contra los que huían y contra las personas que dormían en sus barcas.

Algunas fuentes estimaron que murieron hasta 50 personas. Fue difícil determinar el número

definitivo de víctimas, ya que, al parecer, el ejército incineró o arrojó al mar algunos cadáveres, y

muchos habitantes huyeron de la zona. Los militares mantuvieron que las víctimas perdieron la

vida en un tiroteo entre el ejército y "terroristas" leales al presidente Aristide.

"Desapariciones"

La práctica de secuestrar a personas para hacerlas "desaparecer" parece ir en aumento en Haití.

Dado el elevado número de haitianos que han pasado a la clandestinidad, no siempre se puede

confirmar que una persona cuyo paradero se desconoce haya "desaparecido". Sin embargo, no

hay duda de que varias personas han "desaparecido" tras ser detenidas o secuestradas. Algunas

reaparecieron posteriormente, tras sufrir torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes

cuando se las interrogaba sobre las organizaciones populares. Los observadores de la ONU/OEA

han indicado que, entre el 31 de enero y el 31 de mayo de 1994 recibieron 91 denuncias de

"desapariciones", de las que 62 pudieron identificarse como de índole política. Veintiocho de los

secuestrados recuperaron su libertad; el resto sigue en paradero desconocido, y sus familias no

han logrado averiguar su suerte.

Uno de los casos más recientes es el de la joven Janne Toussaint, de 24 años, en paradero

desconocido desde el 19 de junio de 1994. Al parecer, ocho hombres se la llevaron en un

automóvil negro de su vivienda de Puerto Príncipe. Algunos de los captores vestían uniforme

2 Antes llamado Recherches Criminelles (Investigaciones Criminales), su

cuartel general está situado en la vecindad del Palacio Nacional. A lo largo

de los años ha sido escenario de numerosas muertes resultado de torturas, malos

tratos o ejecuciones sumarias.

militar, mientras que otros, aparentemente attachés, iban de civil. Su marido, Levius Toussaint,

había obtenido asilo político en EE UU en 1993, tras ser detenido arbitrariamente y golpeado por

sus actividades como periodista radiofónico durante el gobierno del presidente Aristide. Es una

de las pocas personas que han obtenido asilo en EE UU realizando la tramitación desde Haití.

Levius Toussaint ha seguido criticando abiertamente al actual gobierno militar haitiano y teme

que su esposa pueda haber "desaparecido" como represalia.

En los días posteriores a la expulsión de la misión de la ONU/OEA, AI recibió más informes de

"desapariciones". Entre ellas figuraba la de Moïse Paul y Emile Georges, "desaparecidos" el 16 y el

18 de julio de 1994 respectivamente, ambos en Cité Soleil. Los grupos haitianos de derechos

humanos creen que podrían haber sido secuestrados por sus actividades en grupos populares

simpatizantes de Aristide.

Tortura

La tortura sigue siendo una práctica habitual en Haití, y son normales las golpizas durante la

detención. Por lo general, se escoge a las víctimas por sus opiniones o actividades políticas,

particularmente cuando apoyan el regreso del presidente Aristide.

Por ejemplo, el 23 de abril de 1993, la policía detuvo y golpeó brutalmente al sindicalista Cajuste

Lexius, así como a Phabonor St.Vil y a Saveur Aurélus (u Orilus). Todos ellos eran miembros

de la Centrale Générale des Travailleurs (CGT, Central General de Trabajadores), uno de los

mayores sindicatos independientes de Haití. La detención se produjo cuando recorrían las

emisoras de radio haitianas repartiendo un comunicado de prensa en el que se convocaba una

huelga general en apoyo del retorno del presidente Aristide. El 26 de abril los trasladaron al

Anti-Gang, donde al parecer los sometieron a nuevos malos tratos. Cajuste Lexius, que pasó dos

días inconsciente como resultado de los golpes, fue ingresado en un hospital militar para recibir

tratamiento por un fallo renal y múltiples llagas abiertas en las nalgas. No podía caminar ni comer

debido a las torturas que le infligieron, incluyendo el tristemente conocido djak, que consiste en

encajar un palo por detrás de las rodillas y sobre los brazos del preso, a quien, en esta postura, se

golpea repetidamente por todo el cuerpo. El 21 de mayo de 1993 le dieron de alta en el hospital.

Phabonor St.Vil y Saveur Aurélus también tuvieron que ser atendidos por un médico tras salir en

libertad el 29 de abril de 1993. Amnistía Internacional contribuyó a las gestiones para que

recibieran los cuidados necesarios.

[FOTO 11: El sindicalista Cajuste Lexius necesitó tratamiento médico por un fallo renal y

múltiples llagas abiertas, tras ser detenido y torturado en abril de 1993.]

Detenciones arbitrarias o ilegales

En Haití se denuncian detenciones arbitrarias casi a diario. La mayoría se practica sin orden

judicial o fuera del horario prescrito por la Constitución para quienes no son aprehendidos en

flagrante delito. Es frecuente el incumplimiento del plazo constitucional de 48 horas durante el

cual los detenidos han de ser llevados ante la autoridad judicial. El año pasado, la simple

expresión de apoyo al presidente Aristide fue motivo suficiente para detener a las personas en sus

casas o en la calle, e infligirles un trato brutal. Por ejemplo, en julio de 1993, los jóvenes Jean

Dominique y Jean-Marie Exil fueron detenidos en Puerto Príncipe, golpeados y recluidos varios

días sólo porque estaban fijando carteles para celebrar la fecha de nacimiento del presidente

Aristide.

Amenazas, hostigamiento e intimidación

Las amenazas, el hostigamiento y la intimidación son realidades cotidianas para quienes tratan de

expresarse libremente o de participar en cualquier tipo de asociación que las autoridades

consideren una amenaza real o potencial para su poder. Un ejemplo de ello es el caso de Jean

(no es su nombre verdadero), miembro del Front National pour le changement et la democratie

(FNCD, Frente Nacional para el Cambio y la Democracia), que apoyó al presidente Aristide en

las elecciones de 1990. Jean también ha trabajado en estrecha colaboración con quienes tratan de

informar sobre los derechos humanos en Haití. Los soldados acudieron por primera vez en su

busca pocos días después del golpe de Estado de septiembre de 1991. Al no encontrarlo,

amenazaron a sus familiares con represalias si no revelaban su paradero. Jean se ocultó en Puerto

Príncipe, pero una semana después, un soldado de uniforme le apuntó con su ametralladora,

como si estuviera a punto de disparar. Jean huyó, cambiando constantemente de domicilio. En

agosto de 1993 un attaché lo encontró y lo hirió en la cabeza. En mayo de 1994 lo amenazó una

persona que Jean cree es un attaché o un miembro del FRAPH, que lo llamó lavallassien. El 30

de mayo lo amenazaron de nuevo unos agentes secretos que penetraron en las oficinas de unos

trabajadores religiosos que reúnen información sobre derechos humanos. Jean decidió pedir asilo

en el extranjero. Actualmente vive escondido por temor de su vida.

Los periodistas que tratan de hacer públicos los abusos que cometen las autoridades son también

blanco de amenazas y hostigamiento. En agosto de 1993, por ejemplo, John Smith Dominique

Prien, empleado de la emisora privada de Puerto Príncipe Radio Plus, tuvo que huir saltando un

muro trasero cuando más de una docena de soldados asaltaron su casa. Los soldados dispararon

en el patio al tiempo que golpeaban las puertas con sus armas y arrojaban piedras al tejado. John

Smith ya había recibido anteriormente amenazas de los militares por su trabajo en la radio, y cree

que el ataque a su casa guarda relación con las recientes emisiones de Radio Plus sobre el

recrudecimiento de la represión en Puerto Príncipe.

Varios trabajadores de la prensa que estaban presentes cuando sacaron a Antoine Izméry de una

iglesia a punta de pistola y lo asesinaron en septiembre de 1993, denunciaron haber sido

agredidos por attachés. Entre ellos figuran los fotógrafos Daniel Morel, de Associated Press, y

Hans Bazard, del semanario Haïti en Marche. Este último declaró que los attachés también le

confiscaron la cámara, la cartera y su carnet de prensa antes de echarlo de la zona y de

amenazarlo con que «volvería a tener noticias de ellos». En el mismo incidente fue detenido

Wilson Suren, reportero de la agencia de noticias local Haitian News Service, que permaneció

unas tres horas bajo custodia.

Poco después de la muerte de Antoine Izméry, un comunicante anónimo amenazó por teléfono

a los empleados de Radio Caraïbes, diciendo que «después de Izméry, os tocará a vosotros».

Según informes, la víspera, el 10 de septiembre de 1993, unos 20 attachés armados con pistolas y

granadas entraron en el local de Radio Caraïbes y amenazaron a todos los presentes. Los

asaltantes les dijeron que la emisora no debería haber anunciado los nombres de los attachés que

participaron en el atentado contra Evans Paul, perpetrado en el Ayuntamiento el 8 de septiembre

(véase más abajo). Posteriormente, el director de Radio Caraïbes, Patrick Moussigac, se vio

obligado a abandonar el país.

En junio de 1994, en un nuevo intento de amordazar a la prensa, las autoridades anunciaron que

los periodistas extranjeros no podrían salir de Puerto Príncipe sin un permiso especial, y que se

deportaría a todo extranjero al que se hallara en las denominadas zonas estratégicas establecidas

en torno a bases policiales y militares, aeropuertos y centros de comunicaciones, así como en la

costa o cerca de la frontera con la República Dominicana. A principios de agosto, tres periodistas

estadounidenses fueron expulsados por filmar en el aeropuerto de Puerto Príncipe. El conductor

y el intérprete haitianos del grupo fueron recluidos en la Penitenciaría Nacional, pero después

fueron puestos en libertad. (Por detalles sobre otro caso de hostigamiento a un periodista, véase

anexo.)

[FOTO 12: Carta del periodista haitiano Colson Dormé, agradeciendo a AI su intervención.

Dormé cubría una manifestación progubernamental en febrero de 1993, cuando varios hombres,

presuntamente miembros de las fuerzas armadas, lo golpearon en la cabeza y lo arrojaron al

interior de un camión. Fue liberado a los seis días, después de sufrir brutales golpizas.

Actualmente vive en Sudamérica como refugiado político.]

Daños a la propiedad, extorsión y corrupción

La corrupción y la extorsión se han convertido en un medio de vida para las fuerzas de seguridad

haitianas y sus simpatizantes. La corrupción también impregna el sistema judicial, y la connivencia

del poder judicial con el ejecutivo y el ejército hace imposible pedir indemnización a los

tribunales. El ciudadano común carece de recurso alguno salvo las denuncias a las organizaciones

locales o internacionales de derechos humanos, y de toda protección, salvo esconderse o pagar.

A consecuencia de ello, los testimonios llegados a AI sobre otras violaciones graves de derechos

humanos denuncian casi siempre que los agresores se llevaron o destruyeron las posesiones de

las víctimas, u obligaron a la víctima a pagar un soborno para ser puesta en libertad tras una

detención arbitraria.

Por ejemplo, en abril de 1994, tras una boda celebrada en una iglesia del distrito de Carrefour, en

Puerto Príncipe, el pastor mandó a Paul (no es su verdadero nombre) a comprar comida y

bebidas. A su regreso, dos hombres, uno de ellos armado, lo agredieron y lo amenazaron de

muerte. Los atacantes acusaron al pastor, que yacía atado en el suelo, de celebrar reuniones de

lavalas y también lo golpearon y amenazaron, y violaron a su esposa en otra habitación. Al

marcharse, se llevaron dos grabadoras de vídeo, dinero y la cartera y las gafas del pastor.

Abusos contra mujeres y niños

Nadie está a salvo en Haití. Aun los más vulnerables, incluyendo las embarazadas y los niños de

corta edad, han sido víctimas de espantosas violaciones de derechos humanos.

Jocelyne Jeanty, de cuatro años, fue una de ellas. En diciembre de 1993, una patrulla mixta de

soldados y attachés que irrumpieron en el pueblo de Raboteau la golpearon salvajemente con sus

porras, causándole lesiones en los brazos y en una mano. Entre las víctimas había catorce niños

de entre cuatro y 15 años. Dos personas murieron: Evallière Bornelus, que al parecer se ahogó

cuando trataba de huir, y Louisiana Jean, una anciana que murió de shock.

[FOTO 13: Jocelyn Jeanty, de cuatro años, vendada, después de que un grupo de soldados y de

attachés asaltaran su pueblo en diciembre de 1993. c. Roussière]

Otro ataque especialmente brutal fue el que sufrió Alerte Belance, vendedora ambulante de 32

años y esposa de un conocido simpatizante del presidente Aristide. Ambos habían recibido

numerosas amenazas de los militares por sus opiniones políticas. La noche del 16 de octubre de

1993, unos miembros del FRAPH capturaron a Alerte Belance, al no encontrar a su esposo, y se

la llevaron a una zona solitaria en las afueras de Puerto Príncipe conocida como titanyen, que se

suele utilizar como vertedero de cadáveres. Allí, sus captores le dieron varios machetazos en la

nariz, boca, orejas y brazos, y después la abandonaron, dándola por muerta. La víctima sobrevivió

milagrosamente, aunque perdió el antebrazo derecho y la audición del oído derecho, cuya oreja

le habían cortado. Los médicos lograron reimplantarle parte de la lengua, también cortada. Los

trabajadores del hospital la ocultaron cuando un grupo de miembros del FRAPH penetraron en

el centro con la intención, según dijo la propia víctima, de "rematarla". Actualmente vive

refugiada en el extranjero con su marido, de profesión soldador, y sus tres hijos.

[FOTO 14: Dada por muerta, Alerte Belance sobrevivió milagrosamente tras ser brutalmente

agredida por miembros del FRAPH en octubre de 1993. En el ataque perdió el antebrazo y la

oreja derechos. c. Joseph Feuille]

Las activistas políticas o las mujeres relacionadas con conocidos simpatizantes del presidente

Aristide son también víctimas de violaciones y de agresiones sexuales. Los responsables, que

incluyen soldados y policías, así como attachés y zenglendos, actúan con total impunidad. Pese a

la renuencia de las víctimas a denunciar tales delitos, las estadísticas disponibles indican que estos

abusos han ido en aumento en los últimos meses. En octubre de 1993, la misión de observadores

de derechos humanos de la ONU/OEA había documentado sólo unos pocos casos de soldados

que habían violado a mujeres. Sin embargo, entre finales de enero de 1994 y mayo de 1994,

reunió datos sobre 66 violaciones por motivos políticos cometidas por los militares y sus

auxiliares. Entre las víctimas había 10 menores de edad y una mujer embarazada de seis meses.

De modo similar, una misión enviada a Haití por la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos en mayo de 1994 documentó 21 casos de violaciones cometidas por soldados, attachés

y miembros del FRAPH entre enero y mayo de 1994. La organización Solidarité des Femmes

Haïtiennes (Solidaridad de las Mujeres Haitianas) también ha recibido numerosas denuncias de

violaciones de motivación política. Según informes, en un solo ataque perpetrado por el ejército

en los barrios marginales de Puerto Príncipe en marzo de 1994, los soldados violaron a unas 40

mujeres, incluyendo a una niña de ocho años y a una mujer de 55. Únicamente en un caso la

víctima fue violada por un número menor de tres hombres. Apenas un ejemplo de entre las

muchas víctimas es Mathilde, joven embarazada de 27 años. Según sus declaraciones, prestadas

en junio de 1994, se hallaba en su casa con sus tres hijos varones (su marido, simpatizante del

presidente Aristide, ya había sido asesinado), cuando irrumpieron en ella cuatro hombres

uniformados y la violaron. A consecuencia de ello, Mathilde perdió el hijo que esperaba.

Abusos denunciados tras la expulsión de la Misión de la ONU/OEA

Cuando la Misión de la ONU/OEA se disponía a retirarse de Haití, se supo del descubrimiento

de los cuerpos de al menos 12 varones jóvenes no identificados en tres fosas poco profundas de

Morne-à-Bateau, pequeña población situada al sur de Puerto Príncipe. Todos habían recibido un

tiro en la cabeza. Dado que los habitantes de la zona de Morne-à-Bateau no habían oído

disparos, se cree que los cadáveres podrían ser de algunos de los 21 jóvenes ejecutados

extrajudicialmente poco tiempo antes en Puerto Príncipe.

Pocos días después de la retirada de la Misión, se produjeron otros macabros hallazgos,

incluyendo el de dos cabezas decapitadas, sin identificar, encontradas en una cloaca al aire libre

de Puerto Príncipe. Según informes, se descubrió otra fosa común en Merger, cerca de la

Carretera Nacional 2. Los vecinos declararon que se habían hallado los cuerpos de 12 varones

jóvenes; como en el caso de Morne-à-Bateau, parece que también los habían matado en otro

lugar.

Resultó evidente que, con la partida de la Misión, el ejército estaba decidido a poner fin a las

informaciones locales sobre derechos humanos. Poco después de la retirada de la MICIVIH, el

padre Hugo Triest, sacerdote belga y veterano defensor de los derechos humanos en Haití,

informó que en la semana en que fue expulsada la Misión, él y sus colegas habían sido

amenazados en tres ocasiones a punta de pistola por un grupo de hombres vestidos de civil que se

oponían a su labor de derechos humanos.

El 19 de julio, las fuerzas de seguridad volvieron a hacer sentir su presencia represiva. Esta vez,

un grupo de policías de uniforme y de auxiliares vestidos de civil atacaron un edificio donde iba a

reunirse un grupo pro democracia, esperando, al parecer, encontrar a Evans Paul, el popular

alcalde de Puerto Príncipe, y al senador Turnep Delpé, líder del grupo. Ninguno de los dos

estaba ahí, pero los atacantes detuvieron a otros asistentes a la reunión, aunque posteriormente

los habrían dejado libres. Evans Paul había sido elegido alcalde en los mismos comicios que

llevaron a Aristide a la presidencia de la nación, y se vio obligado a esconderse tras el golpe de

Estado. El 8 de septiembre de 1993, militares y attachés dieron muerte a cinco miembros de su

grupo político durante una ceremonia que se celebraba en el Ayuntamiento para restituirle el

cargo de alcalde.

[FOTO 15: Evans Paul en Boston, EE UU, en 1989. AI colaboró en su expatriación y en la de

otras dos personas para recibir tratamiento médico, tras ser detenidos y brutalmente torturados

durante el gobierno del general Prosper Avril. c. Linda J. Hirsch]

El 1 de agosto se produjo otro atentado contra un político. En el barrio de Delmas, en Puerto

Príncipe, un grupo de policías y soldados, desde un vehículo, hirieron con sus disparos a

Reynolds Georges, ex senador que había proclamado abiertamente su apoyo a las autoridades

militares. El ataque ocurrió apenas unos días después de que Reynolds Georges cambiara de

línea y criticara al general Cédras y a sus simpatizantes en la emisora de televisión CNN y en la

prensa extranjera. Cuando la esposa de Reynolds Georges, Marie-Hélène, denunció el atentado

contra su marido en la radio haitiana, la policía la acusó de "provocación" y la "invitó" a

presentarse en las dependencias policiales. Todos los miembros de la familia se han escondido

por temor de sus vidas.

También se supo que policías de uniforme y attachés atacaron y golpearon a un grupo de

personas que esperaban turno para solicitar asilo en EE UU. Al parecer, los agresores detuvieron

a tres de ellas, llevándoselas a destino desconocido.

La situación de los solicitantes de asilo haitianos

Muchos de las decenas de miles de haitianos que han abandonado el país en los últimos tres años

han tratado de ir a EE UU. Otros se han dirigido a otros países de la región, como Canadá, las

Bahamas y la República Dominicana. Algunos han obtenido asilo, pero la mayoría ha sido

devuelta a Haití. Miles de haitianos están confinados en la base naval estadounidense de la bahía

de Guantánamo, en Cuba, y su futuro es incierto. Son numerosos los haitianos que han huído

más lejos, a Sudamérica y Europa. Sin embargo, a mediados de 1992, Suiza y Francia impusieron

nuevos requisitos restrictivos para expedir el visado de entrada a su territorio, a fin de restringir su

influjo.

La mayoría de los miles de haitianos que se encaminaron a EE UU por mar tras el golpe de

Estado de septiembre de 1991 fueron interceptados por las patrullas de la Guardia Costera de EE

UU antes de llegar a aguas territoriales estadounidenses. Las patrullas actuaron en aplicación de

un acuerdo bilateral entre EE UU y Haití que se remonta a 1981. Los solicitantes de asilo fueron

llevados a la base naval estadounidense de Guantánamo, donde funcionarios del Servicio de

Inmigración y Naturalización (INS) del Departamento de Justicia de EE UU los sometieron a un

proceso de selección para determinar si su solicitud de asilo era plausible, y autorizarles así a

seguir viaje a EE UU para tramitarla. En opinión de AI, estos procedimientos de selección no se

ajustaron a las normas internacionales, ya que carecieron de garantías esenciales, como el acceso

a asesoramiento jurídico y a un recurso efectivo contra la denegación. Sin embargo, el sistema

permitió que alrededor de 11.000 de los 35.000 interceptados siguieran hacia EE UU para

presentar su solicitud de asilo. El resto fue repatriado.

AI sabe de varias personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo

ejecuciones extrajudiciales, tras ser devueltas a Haití desde Guantánamo. Tal es el caso de Oman

Desanges, fundador y presidente del comité de barrio Association des Jeunes Progressistes de

Martissant (Asociación de Jóvenes Progresistas de Martissant). Los soldados trataron de detenerlo

a los pocos días del golpe de Estado de septiembre de 1991 y, en febrero de 1992, huyó en barco

con su familia. La Guardia Costera estadounidense los interceptó y los condujo a Guantánamo,

donde los seleccionaron para ir a EE UU a tramitar su solicitud de asilo.

Pese a ello, y aparentemente debido a un error, Oman Desanges y varios de sus familiares fueron

devueltos a Haití en mayo de 1992. El 26 de enero de 1994, se encontró el cuerpo de Oman

Desanges cerca del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe. Tenía los brazos atados, una

cuerda al cuello y un pañuelo rojo alrededor del brazo en el que se leía: "Presidente del Ejército

Rojo" e "Indigent (indigente) Lavallassien". Le habían arrancado los ojos, cortado una oreja y

hendido el estómago. Dos días antes, un grupo de soldados y attachés lo había detenido en su

casa de Martissant, Puerto Príncipe. Al parecer, durante el tiempo que estuvo bajo custodia, le

vendaron los ojos, lo golpearon y acuchillaron, y después lo mataron a tiros.

Mientras se registraban casos trágicos como éste, en EE UU se sucedían las maniobras políticas.

El 24 de mayo de 1992, el presidente George Bush dictó una Orden Presidencial por la que

todos los haitianos interceptados en el mar fuera de las aguas territoriales estadounidenses serían

devueltos directamente a Haití, sin prestar consideración alguna a su solicitud de asilo. El

presidente Bill Clinton, que tomó posesión de su cargo en enero de 1993, continuó esta política

pese a las promesas de cambio realizadas en la campaña electoral. Durante los dos años en que

se aplicó esta política, los haitianos interceptados por la Guardia Costera estadounidense fueron

devueltos a Haití sin siquiera un somero intento de identificar a quienes podían correr peligro a

su regreso; así, EE UU violó el principio reconocido internacionalmente de non-refoulement (no

devolución), que se opone a la repatriación forzada, y renegó de las obligaciones contraídas en

virtud del artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951.

Un ex intérprete de la Guardia Costera estadounidense describió en una declaración jurada un

incidente ocurrido en febrero de 1994, que afectó a 64 solicitantes de asilo haitianos

interceptados dentro de las aguas territoriales de EE UU3

y que fueron devueltos a Haití. Los

haitianos eran residentes de Cité Soleil y habían huido tras el ataque a sus casas, ya descrito, de

diciembre de 1993. Según el intérprete, los solicitantes de asilo le dijeron que «en diciembre de

3 a quienes no afectaba la Orden Presidencial de mayo de 1992, de aplicación

únicamente a los haitianos interceptados fuera de las aguas territoriales

estadounidenses.

1993, hasta la última de sus casas en Cité Soleil había sido violada de alguna forma, incendiada,

sus padres y familiares asesinados por los soldados y attachés que mataron, quemaron y

saquearon y los violaron a ellos y a sus vecinos, aterrorizándolos e intimidándolos, y que por eso

huyeron ... Cuando les dije que iban a volver a Haití, algunos parecían anonadados, otros

gritaron, todos estaban sumamente trastornados. Muchos hablaron de la posibilidad de arrojarse

al agua».

El gobierno de EE UU respondió a las críticas a su política afirmando que los haitianos que

temían ser víctimas de violaciones de derechos humanos podían tramitar la solicitud de asilo

desde su propio país por el sistema ICP (in-country processing), inicialmente establecido en

Puerto Príncipe y ampliado posteriormente a dos sedes provinciales. Sin embargo, este sistema

no ofrecía salvaguardias fundamentales, como el derecho a un asesoramiento jurídico adecuado y

a una revisión efectiva de la solicitud si era denegada. En cualquier caso, en la situación

dominante en Haití, quienes más peligro corrían temían llamar la atención si telefoneaban o

acudían a la oficina donde se tramitaban las solicitudes, proceso que exigía habitualmente varias

visitas. Por otra parte, las personas que pedían asilo con este procedimiento no recibían cita para

la entrevista hasta varios meses después, en función de la categoría en que se clasificase su

solicitud, y muchas fueron detenidas y sometidas a abusos mientras esperaban a ser entrevistadas.

A principios de 1994, el número de personas que buscaban protección se había vuelto tan

elevado que se introdujeron procedimientos de preselección en los cuestionarios preliminares

que rellenaban los solicitantes. Sólo se tenía en cuenta a quienes entraban en determinadas

categorías; los demás ni siquiera pasaban a la entrevista.

AI conoce los casos de varias personas que solicitaron asilo infructuosamente mediante el sistema

ICP pese a haber sufrido, ellas o sus familiares, violaciones de derechos humanos. Un ejemplo es

el de la familia de Elie Zéphir. Según informes, en noviembre de 1993, los attachés secuestraron

y asesinaron a Elie Zéphir, ex empleado del gobierno del presidente Aristide y activista

democrático de 29 años de edad. Poco después, un centro de refugiados con sede en EE UU

intercedió ante las autoridades encargadas del sistema ICP en favor de la familia de Elie Zéphir,

pidiendo que se les diera protección como refugiados a través del sistema ICP. Al parecer, al mes

siguiente, diciembre de 1993, miembros del FRAPH fueron en busca del sobrino y del hermano

de Elie Zéphir, y amenazaron a otro familiar. Según informes, pese a que se denunciaron las

amenazas a las autoridades del ICP, en marzo de 1994 el Servicio de Inmigración y

Naturalización denegó las solicitudes de asilo de la familia.

[FOTO 16: Artículo publicado en la revista del exilio haitiano Haïti en Marche con el título "Para

que no se apague la llama", que narra los esfuerzos de AI para localizar a Elie Zéphir.]

En mayo de 1994, en parte como resultado de las continuas críticas nacionales e internacionales a

la política de repatriación forzada, el presidente de EE UU, Bill Clinton, anunció que los

solicitantes de asilo haitianos interceptados en el mar por la Guardia Costera estadounidense ya

no serían devueltos sumaria y directamente a Haití, sino que se les permitiría presentar su

solicitud de asilo a bordo de navíos estadounidenses, o en otros países de la región. AI valoró este

cambio como un paso en la dirección correcta, aunque no tenía la seguridad de que el nuevo

procedimiento fuera a ofrecer a los solicitantes de asilo una audiencia con todas las garantías

esenciales que exigen las normas internacionales.

A mediados de junio, en aplicación de un acuerdo negociado con el gobierno jamaicano, se

dispuso lo necesario para que las audiencias sobre asilo se celebraran en el navío estadounidense

USS Comfort, fondeado frente a Kingston, Jamaica. Alrededor de 600 haitianos fueron

aceptados con este sistema, en la mayoría de los casos como asilados en EE UU, y alrededor de

1.700 fueron devueltos a Haití. A principios de julio, en otro cambio de política, el gobierno

estadounidense anunció que se ofrecería a los haitianos interceptados en el mar la opción de ser

llevados a un "lugar seguro" de la región o ser devueltos a Haití. Ya no se les ofrecería la

oportunidad de una audiencia para identificar a quienes reunieran los requisitos para obtener

asilo en EE UU. En ese mismo mes, mientras trasladaba a los solicitantes de asilo a Guantánamo,

el gobierno de EE UU procedió a negociar con otros gobiernos de la región para que

proporcionaran dicha protección. A finales de mes, pocos países habían accedido a los deseos de

EE UU, ni siquiera en principio. Según las noticias, no se ha hecho ninguna gestión práctica para

trasladar solicitantes de asilo haitianos a otros países o territorios. A principios de agosto,

permanecían confinados en Guantánamo alrededor de 16.000 haitianos.

AI valora positivamente que se ofrezca protección a los solicitantes de asilo haitianos hasta que se

dén las condiciones que permitan su regreso, y que haya cesado la política del gobierno de EE

UU de repatriación forzada. Sin embargo, la organización ve con inquietud la posibilidad de que

a los solicitantes de asilo haitianos no les quede ninguna oportunidad de que su solicitud de asilo

se estudie en una audiencia adecuada, y le preocupa que a quienes desean pedir asilo en EE UU

se les niegue el acceso a las opciones jurídicas de que disfrutarían de poder presentar su solicitud

por la vía habitual. AI también insta a todos los gobiernos a que velen por que a ningún solicitante

de asilo que exprese el temor de volver a Haití se le obligue a regresar a menos que un examen

imparcial y exhaustivo del caso, con todas las garantías necesarias, determine que no correría

riesgo en su país.

[FOTO 17: El campamento para refugiados haitianos recién llegados en la bahía de

Guantánamo, Cuba, en julio de 1994. c. AIUSA]

[FOTO 18: Tras la entrevista inicial de selección, un soldado estadounidense conduce a los

refugiados haitianos de vuelta al campamento para refugiados de Guantánamo, Cuba, en julio de

1994. c. AIUSA]

Las amenazas de invasión y el estado de sitio

El éxodo masivo de "refugiados del mar" producido en junio y julio de 1994, aparentemente a

consecuencia del efímero cambio de política estadounidense sobre los solicitantes de asilo, elevó

la temperatura política en EE UU, tanto entre quienes desean el fin de los excesos del gobierno

militar de Haití como entre quienes están preocupados por el flujo de haitianos a las costas

estadounidenses. Esto, combinado con la expulsión de la misión de observación de la

ONU/OEA en julio, y la proximidad del primer aniversario del infructuoso Acuerdo de la Isla

Gobernador, llevó a EE UU a reactivar sus esfuerzos anteriores por obtener apoyo en la ONU y

otros foros para una intervención armada en Haití.

El 31 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU, reunido en sesión especial, aprobó la

Resolución 940 (1994), que autorizaba la formación de una fuerza multinacional bajo mando y

control unificados «a recurrir a todos los medios necesarios para facilitar la partida de Haití de los

dirigentes militares, ... el pronto regreso del Presidente legítimamente electo y el restablecimiento

de las autoridades legítimas del gobierno de Haití», de conformidad con el Acuerdo de la Isla

Gobernador. La resolución también disponía la creación de una fuerza multinacional para el

mantenimiento de la paz en Haití, una vez se hubiera asegurado un entorno seguro y estable.

Como respuesta, las autoridades de facto de Haití declararon el estado de sitio, suspendiendo

todas las garantías constitucionales. Promulgaron un decreto en el que se advertía a los medios

de comunicación haitianos que «evitaran la difusión de todas las noticias alarmistas o

tendenciosas» y no se dejaran convertir en «instrumentos de la propaganda extranjera». También

se advirtió a los medios de comunicación de la posibilidad de perder sus licencias, y se les

comunicó que las autoridades militares podían requisar sus instalaciones si se estimaba que

habían infringido el nuevo decreto. En otro decreto especial dictado el 2 de agosto, las

autoridades advertían que todos los periodistas, y particularmente los periodistas extranjeros,

corrían el riesgo de ser detenidos si penetraban en las zonas estratégicas especiales establecidas

por el gobierno en el mes de junio.

EE UU también tomó medidas adicionales para reforzar el embargo de la ONU, que ya estaba

teniendo mayor efecto --especialmente entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad

haitiana. Numerosas fuentes informaron que el ejército haitiano y sus simpatizantes, implicados

en el contrabando, se estaban beneficiando del embargo.

Cuando se redacta este informe, la crisis de los derechos humanos en Haití continúa, y los

ciudadanos de este país están entre la espada y la pared, atrapados entre el miedo a una invasión,

con las víctimas civiles y las violaciones de derechos humanos que podría conllevar, y la represión

y las violaciones que vienen sufriendo a manos de las actuales autoridades militares.

3. LA RESPUESTA DE AI A LA CRISIS

Acciones realizadas por AI

A lo largo de los años, AI ha pedido reiteradamente a las autoridades haitianas que pusieran fin a

las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos a las que han venido sometiendo a la

población. La organización ha manifestado claramente que para poner fin al ciclo de la violencia,

los autores de dichas violaciones deben comparecer ante la justicia, dondequiera que estén. Por

ello, AI ha pedido a todos los países que no permitan que ningún perpetrador de tales violaciones

goce de impunidad en su territorio.

Asimismo, AI se ha dirigido en reiteradas ocasiones a las autoridades de EE UU poniendo

énfasis en la necesidad de ofrecer a los solicitantes de asilo haitianos una audiencia exhaustiva e

imparcial de sus solicitudes de asilo, tal como exigen las normas internacionales.

Actuales preocupaciones, acciones y recomendaciones de AI

AI está haciendo todo lo posible para prevenir o reducir las violaciones de derechos humanos

tanto por parte de las actuales autoridades haitianas como de quienes podrían buscar represalias

contra ellas. La organización también trabaja para prevenir o reducir al mínimo las violaciones de

derechos humanos que pueda cometer cualquier fuerza que invada el país.

Por otra parte, AI continúa su labor para velar por que los refugiados reciban el tratamiento

adecuado y prevenir las repatriaciones forzadas sin garantías.

La organización trabaja asimismo para conseguir que los responsables de violaciones de derechos

humanos comparezcan ante la justicia y para que se adopte un programa de acción internacional

efectivo destinado a mejorar la situación de los derechos humanos en el país a largo plazo.

Para alcanzar estos objetivos, AI ha dejado claro a través de sus comunicaciones con las

autoridades de EE UU y Haití, así como mediante declaraciones públicas, que pese a no adoptar

postura alguna respecto a la cuestión de la intervención militar, le preocupa que la crisis política

que representa la amenaza de invasión pueda provocar un aumento de las violaciones cometidas

por los militares haitianos, así como represalias por parte de la población haitiana.

AI también ha manifestado a las autoridades estadounidenses y a los miembros de la OEA y del

Consejo de Seguridad de la ONU su preocupación por la posibilidad de que, en el contexto de

una invasión, las fuerzas invasoras violen normas de derechos humanos reconocidas

internacionalmente, especialmente las relativas al uso de la fuerza y de las armas de fuego. La

organización ha pedido a las partes pertinentes que tomen medidas preventivas para velar por

que, se produzca o no la invasión, no aumenten las violaciones.

Tras la adopción de la Resolución 940 del Consejo de Seguridad, AI puso de manifiesto su

profundo pesar por el hecho de que la medida no haga mención alguna a la protección de los

derechos humanos en el contexto de una eventual invasión.

AI ha hecho, asimismo, llamamientos a la OEA y a la ONU para que presenten con puntualidad

informes públicos sobre la situación de los derechos humanos en Haití, incluyendo toda violación

que se cometa en el marco de una intervención militar, y para que aseguren un alto grado de

apertura y acceso a los observadores de derechos humanos. La organización recomienda, como

medida constructiva para poner fin a las violaciones de derechos humanos en Haití, el regreso de

los observadores internacionales de derechos humanos a fin de que vigilen la situación e

informen de los abusos que se cometan.

AI ha hecho gestiones ante ciertos gobiernos importantes en este contexto para asegurar que

ningún autor de violaciones de derechos humanos goce de impunidad ni en Haití ni en ningún

otro país.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que vigile estrechamente

la situación de los derechos humanos en Haití si se produce una invasión, y con independencia

de quién esté en el poder. AI ha advertido que, aun en el caso de que el actual gobierno de facto

sea sustituido por otro, no se deberá repatriar a los refugiados que están en el extranjero a menos

que pueda determinarse, caso por caso, que no corren peligro en Haití.

Como es obvio, AI seguirá publicando informes sobre la situación de los derechos humanos en

Haití.

Qué puede hacer Vd.

Haití está en crisis, atrapado entre la represión militar y la amenaza de una invasión armada. AI

trata de dar a conocer la penosa situación que atraviesa el país, para movilizar a la opinión pública

en todo el mundo. Las personas a quienes preocupe la suerte del pueblo haitiano, actuando

unidas, pueden hacer cambiar la situación.

. Diríjase a la Sección de AI en su país para averiguar cómo puede ayudar. Quizá pueda

participar en actos públicos, peticiones, llamamientos y gestiones ante el gobierno de su propio

país para obtener apoyo tanto para los haitianos que permanecen en Haití como para los que

residan en su país.

. Hable de la crisis haitiana con otras personas. Difunda este informe y las publicaciones que edite

AI en el futuro. Plantee la cuestión de los derechos humanos en Haití en todos los grupos u

organizaciones a los que pertenezca. Escriba cartas a los parlamentarios de su país, pidiéndoles

que hagan gestiones para que se ejecuten las recomendaciones de AI.

ANEXO

Puerto Príncipe, 28 de julio de 1993

Estimado amigo:

Le escribo hoy para expresar mi gratitud por sus esfuerzos en mi favor.

Soy Colson DORMÉ, el periodista de la emisora de radio Tropic FM secuestrado por

los militares haitianos el 1º de febrero de 1993 y puesto en libertad siete días después.

Me llevaron a un lugar desconocido cerca de Puerto Príncipe, donde me dieron una

golpiza.

Le doy las gracias por su apoyo y su solidaridad durante y después de mi periodo de

detención. Me ha demostrado que no estoy solo en mi labor de periodista.

Sé que su solidaridad continúa y me interesaría reunirme con usted para conversar, o

mantener correspondencia.

Lo saludo en nombre de la lucha que continúa por los derechos humanos y la libertad

de prensa.

Con mi más cálido reconocimiento,

Colson DORMÉ, Periodista