HISTORIA DE ESPAÑA DESDE LA SEGUNDA REPÚBLICA HASTA EL FRANQUISMO (1931-1975)

Autoras: María Lara Martínez Laura Lara Martínez Página 1

HISTORIA DE ESPAÑA

DESDE LA SEGUNDA REPÚBLICA

HASTA EL FRANQUISMO (1931-1975)

Autoras: María Lara Martínez Laura Lara Martínez

1. La Segunda República (1931-1936)

El 14 de abril de 1931 fue proclamada la Segunda República española y, desde ese momento

hasta el comienzo de la guerra civil, se sucedieron, en poco más de cinco años, un Gobierno

Provisional, las etapas denominadas por la historiografía como bienio social-azañista y bienio

radical-cedista y el gobierno del Frente Popular. La presidencia de la República fue

desempeñada primero de forma interina desde el 14 de abril de 1931 por Niceto Alcalá

Zamora y Torres, quien ocupó el cargo de manera efectiva desde el 10 de diciembre de dicho

año hasta el 7 de abril de 1936, momento en que fue sustituido por Diego Martínez Barrio, que

fue presidente interino hasta el 10 de mayo del mismo año, asumiendo a partir de entonces la

presidencia Manuel Azaña.

1.1. El Gobierno Provisional.

El Gobierno Provisional, que estaba integrado por las fuerzas políticas que habían intervenido

en el Pacto de San Sebastián el 17 de agosto de 1930, esto es, por republicanos, socialistas,

radicales, nacionalistas catalanes, regionalistas gallegos y católicos moderados, se fijó como

primer objetivo la convocatoria de elecciones para formar unas Cortes Constituyentes que se

encargaran de elaborar una Constitución. Así pues, el Gobierno Provisional estaba integrado

por todas las fuerzas progresistas de la nación, ya que formaban parte de él los siguientes

representantes: dos miembros de la derecha liberal republicana, que eran Niceto Alcalá

Zamora (presidente) y Miguel Maura (Gobernación); tres dirigentes de la izquierda liberal

republicana, Manuel Azaña (Guerra), Marcelino Domingo (Instrucción Pública) y Álvaro de

Albornoz (Fomento); dos radicales, Alejandro Lerroux (Estado) y Diego Martínez Barrio

(Comunicaciones); tres integrantes del PSOE, Indalecio Prieto (Hacienda), Fernando de los Ríos

(Justicia) y Francisco Largo Caballero (Trabajo) y como representantes de los partidos

regionalistas estaban Nicolau d’Olwer (Economía), de Esquerra de Cataluña, y Santiago Casares

Quiroga (Marina), de la Organización Republicana Autónoma Gallega.

El Gobierno Provisional adoptó diversas medidas, entre las que destaca la legislación agraria, a

cargo de Largo Caballero, que obligaba a los patronos a contratar a los jornaleros del término

municipal y a poner en cultivo las tierras aptas para ello, implantaba la jornada de ocho horas y

salarios mínimos y establecía jurados mixtos para solucionar conflictos. En este período

Manuel Azaña como ministro de la Guerra promovió la reforma militar, de modo que eliminó

los grados de teniente general y capitán general, redujo el número de divisiones, suprimió la

Academia General Militar de Zaragoza y el Consejo Supremo de Guerra y Marina, exigió a los


militares prometer fidelidad a la República y ofreció el retiro manteniendo el sueldo a aquellos

mandos que lo desearan. En cuanto a la legislación en materia educativa desarrollada por el

ministro Marcelino Domingo, cabe decir que se dictó la ley de Construcciones Escolares que

supondría la edificación de seis mil quinientas setenta nuevas escuelas entre 1932 y 1933, se

crearon siete mil plazas de maestros y se elevó el salario de éstos, se estableció la

voluntariedad de la enseñanza de la religión y se fundó el Patronato de Misiones Pedagógicas.

Las Misiones Pedagógicas tenían bibliotecas ambulantes, proyectaban películas, organizaban

conciertos y exposiciones con reproducciones de obras del Museo del Prado y daban

conferencias por los pueblos. Su presidente fue Manuel Bartolomé Cossío y en ellas

participaron Antonio Machado, Óscar Esplá, Luis Cernuda, Pedro Salinas y Alejandro Casona,

entre otros. Desde el inicio de la Segunda República, de forma paralela a la situación de

enfrentamiento al nuevo régimen de propietarios y patronos, hubo una serie de conflictos y de

huelgas. A partir de finales de abril se produjeron huelgas en Sevilla, San Sebastián, Asturias y

Barcelona y el 4 de julio la CNT inició una huelga en la Compañía Telefónica. Este clima de

tensión se agudizó por la política laicista y de abandono de la financiación de la Iglesia

impulsada por el Gobierno. En la mañana del 10 de mayo se reunieron en un piso de la calle

Alcalá de Madrid los integrantes del recién constituido Círculo Monárquico Independiente e

hicieron sonar desde un gramófono, situado de manera que pudiera oírse en la calle, la

Marcha Real. Tras un enfrentamiento verbal entre los monárquicos y un grupo de republicanos

que se encontraba en el exterior del edificio, estos últimos se dirigieron hacia la sede del

periódico monárquico ABC, que tuvo que ser defendida por la Guardia Civil. El motín fue

creciendo y dio paso a una oleada de violencia anticlerical. El convento del Sagrado Corazón y

la residencia de los jesuitas de la calle Aguilera quedaron destruidos y hubo asaltos a

conventos e incendios en Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Murcia y otras ciudades. A pesar de

que el Gobierno declaró el estado de guerra en la tarde del 11 de mayo, las escenas vandálicas

se sucedieron en esos días y fueron destruidos un centenar de edificios. La quema de

conventos de mayo de 1931 enfrió lógicamente las relaciones entre la Iglesia y el Estado. El 28

de junio de 1931 se celebraron unas elecciones a Cortes Constituyentes en las que votaron

unos cuatro millones y medio de personas, esto es, aproximadamente el 70% del censo.

Triunfó la conjunción republicano-socialista y el 14 de julio se constituyeron las Cortes, siendo

elegido presidente de ellas Julián Besteiro. El 29 de julio se creó una comisión presidida por el

socialista Luis Jiménez de Asúa con el fin de redactar el proyecto constitucional y, un mes

después, concretamente, el 29 de agosto, fue presentado un primer borrador formado por

ciento veintiún artículos distribuidos en diez títulos y una disposición transitoria, de los que

tres constituyeron un punto de fricción con la opinión católica. Se trataba de los artículos 3, 24

y 25 en los que, respectivamente, se establecía la conversión de España en un Estado laico, se

presentaba el proyecto de disolución de las órdenes religiosas, con la consiguiente

nacionalización de sus bienes, y se declaraba la libertad de credo y de conciencia. Finalmente,

el artículo 24, que había sido el causante de una reacción mayor, aparecería como el 26 en el

texto constitucional definitivo, tras haber sido aprobado el 13 de octubre con algunas

enmiendas, que no aligeraron su radicalidad. Por ello, el mismo día de su aprobación, Niceto

Alcalá Zamora, que era el presidente del Gobierno Provisional, y Miguel Maura, que era el

ministro de la Gobernación, presentaron su dimisión, al no estar de acuerdo con el texto

aprobado y por razones de conciencia, ya que ambos eran católicos. Tras meses de intenso


debate, el 9 de diciembre de 1931 fue aprobada la Constitución, la cual constaba de nueve

títulos y ciento veinticinco artículos. El citado texto constitucional fue aprobado por

unanimidad de los trescientos sesenta y ocho diputados que se encontraban en la Cámara, si

bien es cierto que las Cortes estaban integradas por cuatrocientos setenta parlamentarios. En

la Constitución de 1931 el Estado era definido como “República democrática de trabajadores

de toda clase” y, entre sus disposiciones, se encontraban el establecimiento del divorcio y del

matrimonio civil y el reconocimiento del sufragio universal para mayores de 23 años, por lo

que por primera vez en España se reconocía el voto femenino.

1.2. El bienio social-azañista.

El 10 de diciembre, esto es, un día después de que se aprobara la Constitución, Manuel Azaña,

como último aunque tardío intento conciliador con las derechas, dimitió de su cargo de

presidente de la República, en favor de Niceto Alcalá Zamora, quien lo propondría como jefe

del nuevo gobierno. Se iniciaba así la etapa de la Segunda República denominada por la

historiografía como bienio social-azañista, período en el que se trató de profundizar en las

reformas iniciadas en el Gobierno Provisional. El primer gabinete constitucional tuvo como jefe

a Manuel Azaña, que también se encargó de la cartera de Guerra, y como ministros a Luis

Zulueta Escolano (Estado), a Álvaro de Albornoz (Justicia), a José Giral (Marina), a Jaime Carner

(Hacienda), a Santiago Casares Quiroga (Gobernación), a Fernando de los Ríos (Instrucción

Pública y Bellas Artes), a Francisco Largo Caballero (Trabajo y Previsión), a Indalecio Prieto

(Obras Públicas) y a Marcelino Domingo (Agricultura, Industria y Comercio). Este gabinete

quedó constituido el 16 de diciembre de 1931 y, entre sus prioridades, se encontraban tres

cuestiones: la reforma agraria, las reformas militares y las demandas autonomistas catalanas.

Respecto a la reforma agraria, cabe decir que su principal objetivo era la creación de un

numeroso grupo de pequeños propietarios y arrendatarios, de modo que se pudiera poner fin

al latifundismo. La CNT y el PCE organizaron la presión campesina en Andalucía y en

Extremadura, mientras que la derecha se encuadraba en la Agrupación Nacional de

Propietarios Agrarios. Se presentaron cuatro borradores del proyecto de reforma, que fueron

rechazados. Finalmente, la Ley de Bases para la Reforma Agraria de 9 de septiembre de 1932,

que afectaba a Andalucía, Extremadura, La Mancha y Salamanca, declaraba la expropiación de

tierras de origen jurisdiccional, de las arrendadas a menos de dos kilómetros de los pueblos y

de las arrendadas durante los últimos doce años si su propietario tenía más de mil pesetas de

renta catastral, así como de las que estuvieran deficientemente cultivadas o permanecieran

incultas. También se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA), que se encargaría de realizar el

Registro de la Propiedad Expropiable. Fue dotado con un presupuesto anual de cincuenta

millones de pesetas para indemnizar a los propietarios y las tierras serían destinadas al

asentamiento de familias campesinas. La ley suponía toda una revolución en el campo español

y fue rechazada por los grupos patronales y por los partidos de derecha. En realidad, su

aplicación fue un fracaso, debido a la lentitud con que se desarrolló el proceso, ya que se trató

casi un año en completar el registro y en organizar el IRA. A esto se unió la resistencia de los

propietarios. A finales de 1934 habían sido asentadas doce mil familias. En cuanto a las

reformas militares, es preciso indicar que el Gobierno decidió que pasaran a la reserva todos

los generales que en el plazo de seis meses no hubieran recibido ningún nombramiento y


suprimió los organismos y cargos que consideraba innecesarios, de modo que desaparecieron

el Consejo Supremo de la Guerra y Marina y los capitanes generales. Además, las unidades del

ejército se redujeron a menos de la mitad, quedando fijados sus efectivos totales en ciento

siete mil hombres y sobra decir que estas medidas causaron el descontento de un importante

sector del ejército. A todas las disposiciones indicadas habría que añadir las relacionadas con el

propósito de Manuel Azaña de someter el ejército al poder civil, encontrándose en esa línea la

desaparición de los Tribunales de Honor, la supresión del Consejo de Justicia Militar y la

derogación de la Ley de Jurisdicciones de 1906, que establecía que cualquier delito contra la

patria y contra el ejército quedaba sometido a la jurisdicción militar. Respecto a la cuestión

catalana, es preciso recordar que, en virtud del compromiso adquirido entre Macià y el

Gobierno Provisional en abril de 1931, la elaboración de un proyecto de Estatuto fue

encomendada a los propios catalanes. En las elecciones de junio Esquerra Republicana obtuvo

un rotundo éxito, convirtiéndose en el partido motor del catalanismo y el 10 de dicho mes se

reunió en Núria la comisión elaboradora del proyecto, que quedó listo en sólo diez días. El 14

de julio fue aprobado por la Diputación, el 26 por los Ayuntamientos y el 2 de agosto fue

sometido a plebiscito, siendo refrendado por amplia mayoría. El 14 de agosto Macià viajó a

Madrid para entregar el proyecto a Alcalá Zamora, quien cuatro días después lo haría llegar al

Parlamento. Sin embargo, este proceso que se había desarrollado con extraordinaria rapidez

experimentaría una ralentización desde ese momento. El 9 de septiembre de 1932 el proyecto

fue aprobado en las Cortes con trescientos treinta y cuatro votos a favor, veinticuatro en

contra y un centenar de abstenciones. El texto que fue definitivamente aprobado difería en

muchos aspectos del proyecto elaborado en Núria, pues se había eliminado de él toda

referencia expresa al derecho de autodeterminación, pero concedía a Cataluña un notable

marco de autogestión, ya que se le daba la posibilidad de contar con un órgano de Gobierno, la

Generalitat, y con un Parlamento propios. Desde la proclamación de la República se

produjeron continuos conflictos sociales. En enero de 1932 hubo enfrentamientos en

Castilblanco, Arnedo y la comarca del Alto Llobregat entre jornaleros y mineros anarquistas y

la Guardia Civil y el ejército, que causaron decenas de heridos y una docena de muertos.

Sanjurjo fue destituido por el Gobierno debido a los excesos cometidos en Arnedo y ciento

cuatro anarquistas fueron deportados a Guinea. Durante todo el año hubo huelgas, robos de

cosechas y destrucción de maquinaria agrícola en Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva y pueblos de

Extremadura y La Mancha. A comienzos de 1932 la derecha se reestructuró en torno a Acción

Popular, antigua Acción Nacional que tuvo que cambiar su nombre por imperativo legal.

Dirigida por José María Gil Robles, se convirtió en el principal partido de la derecha, en el que

predominaban los católicos pero también había una importante presencia de monárquicos.

También aparecieron las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) de Ramiro Ledesma y

Onésimo Redondo. El panorama político se fue haciendo cada vez más tenso a partir de la

expulsión de la Compañía de Jesús y la discusión en las Cortes de la reforma agraria y del

Estatuto catalán, alcanzando la situación su punto álgido el 10 de agosto de 1932, con el

intento de golpe de Estado del general Sanjurjo. El objetivo de éste era formar un Gobierno

republicano que diera un giro hacia la derecha pero, al fracasar y ser capturado junto a otros

compañeros cuando intentaba huir a Portugal, fue condenado a muerte, pena que después

sería conmutada. En noviembre las elecciones a la Generalitat dieron el triunfo a Esquerra

Republicana, que obtuvo el 50% de los votos, convirtiéndose Francesc Macià en el primer


presidente constitucional de Cataluña. El 12 de enero de 1933 se produjo el suceso de Casas

Viejas. En medio de una oleada de levantamientos campesinos organizada por la CNT,

miembros de la Guardia Civil llevaron a cabo en este pueblo gaditano una masacre frente a un

grupo de anarquistas que se habían hecho fuertes en una casa de la localidad. En el incendio

de la vivienda murieron seis personas y doce vecinos fueron ejecutados después por los

mismos guardias. El suceso causó un gran escándalo y la Comisión de Investigación y la Justicia

dictaminaron la responsabilidad del director general de Seguridad que tuvo que dimitir y del

capitán Rojas, que mandaba el retén de guardias civiles, y fue encarcelado. En marzo de 1933

se fundó a partir de Acción Popular la Confederación Española de Derechas Autónomas

(CEDA), en la que se integraron todos los sectores católicos. Otros grupos se situaron más a la

derecha, pues en febrero de 1933 los monárquicos se habían separado del partido de Gil

Robles y habían creado Renovación Española. Asimismo, en octubre de dicho año José

Antonio, hijo del general Miguel Primo de Rivera, fundó Falange Española, grupo que el 13 de

febrero de 1934 se uniría a las JONS, dando lugar a Falange Española de las JONS. El 12 de julio

de 1934 surgió la Sección Femenina, de la que Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio,

fue Jefe Nacional, cargo que nunca abandonaría. La secretaria nacional era Dora Maqueda, la

Jefe Provincial de Madrid Luisa María de Aramburu y la secretaria de Madrid Inés Primo de

Rivera. Las afirmaciones rotundas de José Antonio fueron bien acogidas por la juventud

burguesa universitaria que no se sentía identificada con el ideario de izquierdas de la

Federación Universitaria Española (FUE). El 23 de abril de 1933 se celebraron elecciones

municipales en un conjunto de poblaciones rurales carentes aún de corporaciones electas. El

resultado fue negativo para la coalición gobernante, pero no para los radicales. En los meses

siguientes el gobierno tuvo que hacer frente a la acusación continua de haber perdido la

confianza del país.

El 12 de junio de 1933 Manuel Azaña remodeló el gobierno presionado por Alcalá Zamora,

pero continuó siendo el titular de la cartera de Guerra. Álvaro de Albornoz siguió como

ministro de Justicia, Santiago Casares Quiroga de Gobernación, Largo Caballero de Trabajo y

Previsión, Indalecio Prieto de Obras Públicas y Marcelino Domingo de Agricultura, mientras

que la cartera de Estado pasó a Fernando de los Ríos, la de Marina a Lluís Companys, la de

Hacienda a Agustín Viñuales, la de Instrucción Pública y Bellas Artes a Francisco J. Barnés

Salinas y la de Industria y Comercio a José Franchy Roca. En septiembre de 1933 Azaña y sus

colaboradores tuvieron que afrontar unas nuevas elecciones. En la elección de los vocales

regionales del Tribunal de Garantías Constitucionales sólo consiguieron cinco de los dieciocho

puestos en disputa, por lo que Alcalá Zamora, considerando que esos resultados eran

concluyentes, forzó una nueva crisis ministerial. El 12 de septiembre de 1933 se formó un

gobierno de concentración republicana cuyo presidente fue Alejandro Lerroux y estuvo

formado por los siguientes ministros: Claudio Sánchez Albornoz Menduiña (Estado), Juan José

Botella Asensi (Justicia), Juan Rocha García (Guerra), Vicente Iranzo Enguita (Marina), Antonio

Lara y Zárate (Hacienda), Diego Martínez Barrio (Gobernación), Domingo Barnés Salinas

(Instrucción Pública y Bellas Artes), Rafael Guerra del Río (Obras Públicas), Ricardo Samper

Ibáñez (Trabajo y Previsión Social), Ramón Feced Gresa (Agricultura), Laureano Gómez

Paratcha (Industria y Comercio) y Miguel Santaló y Parvorell (Comunicaciones). Este gabinete

permaneció en el poder unas semanas, ya que el 3 de octubre republicanos de izquierda y


socialistas presentaron ante las Cortes una moción de censura, que fue aprobada por ciento

ochenta y siete votos a favor y noventa y uno en contra. Lerroux dimitió y Alcalá Zamora

encomendó al también radical Diego Martínez Barrio la presidencia del Consejo. Claudio

Sánchez Albornoz, Juan José Botella, Domingo Barnés y Antonio Lara conservaron sus

respectivas carteras y Vicente Iranzo Enguita dejó el cargo de ministro de Marina y pasó a ser

titular del Ministerio de Guerra. Al nuevo equipo se incorporaron Leandro Pita Romero

(Marina), Manuel Rico (Gobernación), Carlos Pi y Suñer (Trabajo y Previsión Social), Cirilo del

Río Rodríguez (Agricultura), Félix Gordón Ordás (Industria y Comercio) y Emilio Palomo Aguado

(Comunicaciones). El 5 de noviembre de 1933 fue aprobado el proyecto de Estatuto vasco de

autonomía por el 84% del censo electoral.

1.3. El bienio radical-cedista.

En las elecciones del 19 de noviembre de 1933, fecha en que se realizó la primera vuelta,

ejercieron su derecho 8.711.136 votantes, es decir, el 77% del censo electoral y venció la

Unión de Derechas. Después de la segunda vuelta, el 3 de diciembre, quedaron constituidas

unas Cortes muy diferentes a las del bienio social-azañista, ya que la CEDA, que era la

organización política más votada, tenía ciento quince diputados. La segunda fuerza eran los

radicales de Lerroux con ciento cuatro y los socialistas consiguieron cincuenta y nueve. En peor

situación quedó la Acción Republicana de Azaña con cinco escaños. El 16 de diciembre de 1933

Alejandro Lerroux volvió a formar gobierno y Diego Martínez Barrio pasó a ser vicepresidente,

así como ministro de Guerra. Las carteras ministeriales fueron repartidas de la siguiente forma:

Leandro Pita se convirtió en titular de Estado; Ramón Álvarez Valdés Castañón, de Justicia;

Juan José Rocha, de Marina; Antonio Lara, de Hacienda; Manuel Rico, de Gobernación; José

Pareja Yébenes, de Instrucción Pública y Bellas Artes; Rafael Guerra del Río, de Obras Públicas;

José Estadella, de Trabajo y Previsión Social; Cirilo del Río, de Agricultura; Ricardo Samper

Ibáñez, de Industria y Comercio y José María Cid Ruiz Zorrilla, de Comunicaciones. En enero de

1934 el Gobierno presentó a las Cortes el proyecto de Ley de Amnistía y al mes siguiente

comenzaron a discutirse para su revisión los aspectos más radicales de la reforma agraria,

decretándose el desalojo de los aparceros que habían ocupado tierras a partir de la Ley de

Intensificación de Cultivos. El 3 de marzo Lerroux remodeló el gabinete y el nuevo gobierno

quedó integrado por: Leandro Pita (Estado), Ramón Álvarez-Valdés (Justicia), Diego Hidalgo

(Guerra), Juan José Rocha (Marina), Manuel Marraco (Hacienda), Rafael Salazar (Gobernación),

Salvador de Madariaga (Instrucción Pública y Bellas Artes), Rafael Guerra del Río (Obras

Públicas), José Estadella (Trabajo y Previsión Social), Cirilo del Río (Agricultura), Ricardo Samper

(Industria y Comercio) y José María Cid (Comunicaciones). En abril fue aprobada la Ley de

Amnistía. Sanjurjo fue puesto en libertad, con la condición de permanecer en el exilio. Lerroux

dimitió el 28 de abril y Ricardo Samper pasó a ser presidente del Consejo. Mantuvo en sus

cargos a la mayor parte de los ministros del equipo anterior y solamente cambió el titular de

Justicia (Vicente Cantos Figuerola), Instrucción Pública y Bellas Artes (Filiberto Villalobos

González) e Industria y Comercio (Vicente Iranzo Enguita). Bajo el mandato de Samper

continuó la revisión de la reforma agraria y se derogó la Ley de Términos Municipales. En este

período se hizo patente también el conflicto con la Generalitat, ya que el 21 de marzo de 1934

el Parlamento catalán había aprobado la Ley de Contratos de Cultivos, que hacía más favorable


la legislación a los campesinos arrendatarios. A lo largo de 1934 la izquierda republicana se fue

reconstruyendo. De este modo, en abril nació Izquierda Republicana, liderada por Azaña, que

integraba la antigua Acción Republicana, el PRRS de Marcelino Domingo y la ORGA de Casares

Quiroga. Además, en septiembre Martínez Barrio fundó Unión Republicana.

El PSOE giró a la izquierda y Santiago Carrillo se convirtió en secretario general de las

Juventudes Socialistas, iniciando un acercamiento a las Juventudes Comunistas. El PCE

abandonó también el enfrentamiento con el PSOE y, tras el verano, se impuso la necesidad de

crear un Frente Antifascista, como dictaba la Komintern. Los comunistas entraron en las

Alianzas Obreras socialistas en septiembre y comenzaron a preparar en conjunto la revolución.

Únicamente la CNT se mantuvo al margen y Esquerra ingresó en la Alianza Obrera catalana. En

este clima de enfrentamiento en las Cortes, de tensión política entre el Gobierno y los

nacionalistas, de conflictos continuos en el campo y de incidentes en la Universidad entre la

FUE y los falangistas se produjo la revolución de octubre de 1934. El posible ingreso de la CEDA

en el Gobierno era interpretado por la izquierda como el triunfo del fascismo y el temor se

confirmó cuando el 4 de octubre Lerroux volvió a la presidencia del Gobierno e incluyó en su

gabinete a tres dirigentes cedistas. El gobierno quedó constituido por Ricardo Samper (Estado),

Rafael Aizpún Santafé (Justicia), Diego Hidalgo Durán (Guerra), Juan José Rocha García

(Marina), Manuel Marraco (Hacienda), Eloy Vaquero Cantillo (Gobernación), Filiberto

Villalobos (Instrucción Pública y Bellas Artes), José María Cid (Obras Públicas), José Oriol y

Anguera de Sojo (Trabajo, Sanidad y Previsión), Manuel Giménez Fernández (Agricultura),

Andrés Orozco Batista (Industria y Comercio) y César Jalón Aragón (Comunicaciones). José

Martínez de Velasco y Leandro Pita Romero pasaron a ser ministros sin cartera. En la tarde del

4 de octubre los dirigentes socialistas dieron la orden de huelga y el 5 de octubre el paro fue

general en todas las ciudades del país. En Asturias la movilización pasó a ser una insurrección

armada revolucionaria, pues los obreros asturianos se alzaron en armas, controlaron toda la

provincia en dos días, destituyeron a las autoridades y tomaron la capital. Sin embargo, el

movimiento fracasó en Madrid, ya que el Gobierno reaccionó rápido y en la noche del 4 de

octubre las tropas fueron acuarteladas. De este modo, los principales dirigentes socialistas y

comunistas fueron detenidos el 8 de octubre. El apoyo de Lluís Companys hizo triunfar por

unas horas la revolución en Cataluña, donde se encontraba estrechamente ligada a la

reivindicación nacionalista. El 6 de octubre Companys declaró el Estado Catalán dentro de la

República Federal Española, pero pronto el general Batet, tras bombardear la Generalitat,

consiguió la rendición del Gobierno catalán. En el resto del país el paro fue total en los

primeros días, aunque hacia el día 12 de octubre la insurrección había sido sofocada en todos

los lugares, salvo en Asturias. Para poner fin a la revolución de Asturias el Gobierno dio plenos

poderes militares al general Franco, que mandó traer tropas de la Legión, y puso al general

López Ochoa al frente de las operaciones. Los legionarios desembarcaron en Asturias el 10 de

octubre y el 19 se pactó una rendición, encarándose en los días siguientes cuatrocientos

guardias civiles de la represión. El resultado de la revolución de octubre de 1934 fue

dramático, pues hubo mil cincuenta y un muertos y el doble de heridos entre los insurrectos,

doscientos ochenta y cuatro fallecidos y novecientos heridos entre las fuerzas del orden y el

ejército, miles de heridos no cuantificados, fusilamientos sin juicio en los primeros momentos

de la represión y treinta mil detenidos, entre los que se encontraban Companys, Azaña y los


principales dirigentes socialistas. En el año 1935 se fueron fraguando las dos grandes

coaliciones que se enfrentarían en febrero de 1936. En el Bloque Nacional, formado en

diciembre de 1934 y encabezado por José Calvo Sotelo, se unió la derecha antirrepublicana.

Junto a esta formación, en la derecha se encontraban la CEDA y la Falange. En la izquierda

también se produjo un acercamiento entre las diversas fuerzas, unidas en torno a las

campañas proamnistía para los presos de octubre de 1934. El gobierno radical-cedista decretó

la suspensión del Estatuto de Cataluña y el 1 de agosto se aprobó la nueva Ley de Reforma

Agraria, que limitaba el presupuesto del IRA. En 1935 fueron frecuentes los cambios de

ministros y los nombramientos hechos por José María Gil Robles como ministro de la Guerra,

colocando a Franco como jefe de Estado Mayor y a Fanjul, Goded y Mola en los principales

puestos de mando provocaron sospechas entre la izquierda, ya que todos ellos eran proclives

al golpe militar. El 25 de septiembre de 1935 fue nombrado presidente del Gobierno Joaquín

Chapaprieta y durante su etapa como jefe del gabinete estalló el escándalo del estraperlo,

término que procede de Strauss y Perlowitz, quienes trataron de introducir en España, en un

momento en el que estaba prohibido el juego, una ruleta eléctrica amañada, de tal manera

que no podía suponer pérdida alguna para la banca. Posteriormente, en la posguerra española

esta palabra designaría al mercado negro de productos en los años del hambre, de la autarquía

y de la cartilla de racionamiento. En 1934 Strauss se había puesto en contacto con el

subsecretario de la Marina Mercante, Pich y Pont, con el sobrino e hijo adoptivo de Alejandro

Lerroux, Aurelio Lerroux, y con Sigfrido Blasco. Después de sobornar a algunos jefes radicales,

obtuvo permiso para instalar la ruleta en San Sebastián. Tras ser cerrado el local por la policía

el 12 de septiembre de 1934, al convertirse en presidente del Gobierno Alejandro Lerroux, se

abrió una nueva ruleta en Mallorca, que fue clausurada pocos días después. El escándalo

supuso un gran desprestigio para el Partido Radical, originó la ruptura de la coalición

gubernamental y condujo finalmente a la convocatoria de elecciones a Cortes, las cuales se

celebraron el 16 de febrero de 1936.

De forma previa a los comicios, el 15 de enero se firmó el Pacto del Frente Popular, al que se

unieron Izquierda Republicana, Unión Republicana, el PSOE, el PCE, el Partido Obrero de

Unificación Marxista (POUM), la UGT, los sindicatos comunistas y otros grupos de izquierda. La

otra gran coalición fue la integrada por el Bloque Nacional, de predominio monárquico, y la

CEDA. Sin embargo, los dirigentes cedistas llegaron a acuerdos parciales con radicales y grupos

republicanos en algunas circunscripciones, lo que causó bastante confusión y la concurrencia

de dos candidaturas de derechas en varias provincias. La Falange y el PNV se presentaron de

forma independiente.

1.4. La victoria del Frente Popular.

En las elecciones del 16 de febrero de 1936 el índice de participación fue muy elevado,

concretamente, del 72%, y el Frente Popular obtuvo doscientos sesenta y tres escaños,

mientras que la coalición de centro-derecha consiguió doscientos diez. Sin esperar a la

segunda vuelta ni a la proclamación de resultados, los grupos de izquierda abrieron las

cárceles y empezaron a salir todos los detenidos desde octubre de 1934. Manuel Portela

Valladares, que presidía el Consejo desde el 14 de diciembre de 1935, se negó a continuar al

frente del Gobierno y el 19 de febrero formó un gabinete Manuel Azaña. El nuevo gobierno


decretó una amplia amnistía y volvió a poner en sus puestos a los funcionarios expulsados tras

la revolución de octubre de 1934. Se restableció el Estatuto Catalán y Azaña envió a los

generales más sospechosos de conspiración a lugares alejados de Madrid y distantes entre sí:

Mola a Pamplona, Goded a Baleares y Franco a Canarias. El 20 de marzo un decreto autorizó al

IRA a expropiar cualquier finca y a proceder a su explotación inmediata, de manera que el

propietario sólo retendría la propiedad hasta que se resolviera la indemnización. El 15 de junio

fue restablecida la Ley de Bases para la Reforma Agraria de 1932. Desde febrero de 1936 hasta

el 17 de julio se expropiaron más de medio millón de hectáreas y se asentó a ciento diez mil

familias campesinas. El 7 de abril fue destituido como presidente de la República Alcalá

Zamora y la primavera de 1936 estuvo marcada por el enfrentamiento abierto entre grupos

radicales. Además, el 28 de junio se celebró un referéndum favorable al Estatuto de Galicia. A

partir de la victoria electoral del Frente Popular, el ejército que, como ya se ha explicado con

anterioridad, venía organizando conspiraciones desde tiempo atrás, radicalizó sus posturas,

dando el primer paso el 8 de marzo de 1936, en que se reunieron Franco, Mola, Varela y otros

jefes militares, tomando la decisión de que el alzamiento no sería ni por la República ni por la

Monarquía, sino por España, a fin de que el orden quedara restablecido. En principio, tuvieron

que desistir en su propósito inicial de sublevarse el 20 de abril pues, entre otras razones, el

Gobierno estaba lo suficientemente informado de sus planes. El 16 de junio de 1936 José

María Gil Robles afirmó en las Cortes que desde la llegada al poder del Frente Popular hasta

dicha fecha, en el transcurso de ciento veinte días, habían sido totalmente destruidos ciento

sesenta templos, mientras que otros doscientos cincuenta y uno habían quedado parcialmente

afectados, a la vez que se había alcanzado la cifra de mil doscientos ochenta y siete heridos en

enfrentamientos, de doscientos sesenta muertos, de trescientas cuarenta y una huelgas y de

casi un millar de episodios de violencia, entre los que se encontraban atracos, agresiones

personales y asaltos a domicilios particulares y a centros públicos. El 23 de junio, teniendo

como marco ese clima de agitación, el presidente del Gobierno, Santiago Casares Quiroga,

recibió una carta del general Franco en la que se le advertía del peligro de que se

desencadenara una rebelión militar, ante la situación existente en la nación. Posteriormente,

durante la sesión de la Diputación permanente de las Cortes del día 15 de julio de 1936, Gil

Robles manifestó que desde el 16 de junio hasta el 13 de julio de dicho año se habían

cometido los siguientes actos violentos en la nación: diez incendios de iglesias y diecinueve de

otro tipo de edificios, nueve atropellos y expulsiones de párrocos, once robos y confiscaciones,

cinco derribos de cruces, diecisiete atracos, treinta y dos invasiones de fincas, dieciséis robos,

el asalto o incendio de diez centros, quince huelgas generales y ciento veintinueve huelgas

parciales y se habían lanzado siete botellas con líquidos inflamables, cincuenta y ocho petardos

y setenta y cuatro bombas, así como habían perdido la vida en episodios conflictivos sesenta y

una personas y doscientas veinticuatro habían resultado heridas. Mola fijó la fecha del

alzamiento para mediados de julio de 1936, siendo el asesinato de José Calvo Sotelo, jefe del

Bloque Nacional, en la madrugada del lunes 13 de julio, como respuesta a la muerte del

teniente Castillo, acaecida en la jornada anterior, lo que impulsó a los últimos indecisos, entre

los que se encontraban Franco y los carlistas navarros, a sumarse al golpe. Con la sublevación

del Ejército de África el 17 de julio de 1936 y con la extensión de la rebelión al día siguiente

daba comienzo la guerra civil española.


1.5. La cultura española entre 1931 y 1936.

De forma previa a la proclamación de la Segunda República, el 9 de febrero de 1931 José

Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala y Gregorio Marañón publicaron el manifiesto que dio

lugar a la formación de la Agrupación al Servicio de la República, a la que días después se

unieron Antonio Machado y otros escritores. Se trataba de una plataforma de intelectuales

que defendía la implantación del nuevo régimen.

En las Cortes Constituyentes de la República se sentaron cuarenta y siete escritores o

periodistas y cuarenta y cinco catedráticos. Como ya se ha señalado con anterioridad, entre las

medidas adoptadas en el plano educativo se encontraron el incremento del número de

maestros, la supresión de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, la duplicación de las

32.680 escuelas existentes y el establecimiento del bilingüismo en las escuelas catalanas, así

como la creación de las Misiones Pedagógicas y del teatro universitario La Barraca, dirigido por

Federico García Lorca. Este grupo teatral, que estaría en funcionamiento hasta 1937, estuvo

integrado por estudiantes voluntarios de la Federación Universitaria Escolar (FUE) y su primera

gira tuvo lugar en julio de 1931. Los principales representantes de las generaciones del 98 y del

14 continuaron desarrollando su labor literaria en los cinco años de la República y comenzaron

a ser conocidos escritores nacidos en torno al cambio de siglo que formaban la generación del

27, publicando en esas fechas sus primeros trabajos. Entre ellos hay que mencionar a Vicente

Aleixandre, Dámaso Alonso, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Gerardo

Diego, Federico García Lorca, Miguel Hernández y Ramón J. Sender. En el cine realizó sus

primeras producciones Luis Buñuel y en pintura empezaron a destacar Picasso, Miró y Dalí.

2. La guerra civil (1936-1939)

2.1. Fases del conflicto.

La guerra civil puede estructurarse en cuatro etapas: del paso del Estrecho a la batalla de

Madrid (julio de 1936-primavera de 1937), de la batalla del Norte a la batalla de Teruel

(primavera de 1937-primavera de 1938), la batalla del Ebro (abril-diciembre de 1938) y la

batalla de Cataluña y el fin de la guerra (diciembre de 1938-marzo de 1939).

2.1.1. Del paso del Estrecho a la batalla de Madrid.

En esta primera fase de la guerra los rebeldes se hicieron aproximadamente con el control de

la mitad del país pues, con el paso del Ejército de África a la Península gracias a la ayuda de

Alemania y de Italia, lograron ocupar entre agosto y octubre de 1936 gran parte de Andalucía y

Extremadura y, tras la toma de Badajoz, establecieron la comunicación con el Ejército del

Norte. En los primeros meses del conflicto el general Mola consiguió el dominio del Norte y del

Noroeste, con la excepción de Vizcaya, Asturias y Santander, mientras que el general Queipo

de Llano hizo lo mismo en el Suroeste. Además, a finales de septiembre de 1936 tuvo lugar la

liberación del Alcázar de Toledo por las tropas nacionales, episodio que el nuevo régimen,

gestado en la guerra civil y surgido de ella, convertiría en un mito bélico. A pesar de estos

avances, el bando sublevado fracasó en su intento de tomar Madrid a partir del desarrollo de

una serie de acciones de cerco que fueron la batalla de la carretera de La Coruña (diciembre de


1936-enero de 1937), la del Jarama (febrero de 1937) y la de Guadalajara (marzo de 1937). En

estos momentos la contienda adquirió sus auténticas dimensiones militares e internacionales,

con la participación de las tropas italianas (Corpo Truppe Volontarie, CTV) y alemanas (Legión

Cóndor), por el lado sublevado, y con la organización del Ejército Popular de la República, la

llegada de asesores soviéticos y la intervención de las Brigadas Internacionales, en el bando

republicano. Entretanto, en febrero de 1937 y con ayuda italiana, los nacionales tomaron

Málaga, pero la victoria republicana en la batalla de Guadalajara y el fracaso de los rebeldes en

sus intentos de ocupar la capital de España pusieron de manifiesto que la contienda se había

transformado en una guerra larga, de modo que entró en una nueva fase en la que el teatro de

operaciones se desplazó hacia el Norte. Sobre la derrota de Guadalajara, el famoso novelista

Ernest Hemingway, quien llegó a España en esos días recogiendo experiencias que plasmaría

en ¿Por quién doblan las campanas?, escribió que se trataba de una de las batallas más

decisivas de la Historia del mundo.

2.1.2. De la batalla del Norte a la batalla de Teruel.

En esta segunda etapa, que abarca desde la primavera de 1937 hasta la primavera de 1938,

tuvo lugar el bombardeo de Guernica, capital del vasquismo, por los aviones de la Legión

Cóndor el 26 de abril de 1937 y, a su vez, los nacionales conquistaron Bilbao el 19 de junio de

dicho año y Santander en agosto, así como entre septiembre y octubre liquidaron el frente

Norte con la ocupación de Asturias. Por su parte, los republicanos trataron de disminuir la

presión militar en el Norte a partir de acciones en otros frentes, por lo que entre julio y

septiembre de 1937 se desarrollaron las batallas de Brunete (Madrid) y de Belchite (Zaragoza).

El Gobierno de la República, que el 6 de noviembre de 1936 se había trasladado a Valencia, se

marchó a Barcelona el 31 de octubre de 1937 y, aunque en diciembre de ese mismo año el

bando fiel a la legitimidad republicana tomó Teruel, fue recuperado por las tropas nacionales

en febrero de 1938, iniciando éstos un mes después su ofensiva en Aragón.

El 6 de marzo de 1938 fue hundido el crucero Baleares por varias unidades de la flota

republicana, mientras navegaba en convoy con el Canarias y el Cervera a setenta millas al

Sudeste del cabo de Palos, falleciendo en dicho episodio el almirante jefe de la División de

Cruceros, Manuel Vierna, los principales mandos del buque y la plana mayor de la División de

Cruceros.

2.1.3. La batalla del Ebro.

El 15 de abril de 1938, las tropas franquistas consiguieron cortar en dos la zona republicana al

alcanzar el Mediterráneo a la altura de Vinaroz (Castellón). En julio la República lanzó su última

gran ofensiva en el frente del Ebro, iniciándose así la batalla más sangrienta de todo el

conflicto, pues en ella fallecieron veinte mil soldados y las bajas totales se aproximaron a los

sesenta mil hombres por cada bando. Tras importantes éxitos nacionales, se detuvo la ofensiva

y los nacionales iniciaron la contraofensiva, de modo que a mediados de noviembre de 1938

los republicanos completaron la evacuación de sus posiciones instaladas en la orilla occidental

del Ebro.

2.1.4. La batalla de Cataluña y el fin de la guerra.


El 10 de diciembre de 1938 las tropas franquistas comenzaron la ofensiva de Cataluña,

empezando así la cuarta y última fase de la guerra civil. El 26 de enero de 1939 Barcelona cayó

en manos de los nacionales y el 7 de febrero Manuel Azaña, que era el presidente de la

República, se exilió en Francia junto a la mayoría del gobierno y miembros de instituciones

republicanas. A principios de marzo de 1939 se hizo con el poder un sector no comunista de la

Junta de Defensa bajo el mando del coronel Segismundo Casado y se formó el día 5 un Consejo

Nacional de Defensa, presidido por José Miaja Menant. Su objetivo era negociar la paz con

Franco, frente a la intención de Juan Negrín y de los comunistas, que querían continuar con la

lucha. Sin embargo, Francisco Franco no aceptó dicha propuesta y exigió la rendición

incondicional, de modo que tras la entrada de sus tropas en Madrid el 28 de marzo, el 1 de

abril de 1939 firmó el último parte de guerra.

2.2. Evolución política de los dos bandos

2.2.1. La España republicana.

Al iniciarse la guerra civil el presidente del Gobierno era Santiago Casares Quiroga y en los casi

tres años de conflicto presidieron el Consejo en la España republicana Diego Martínez Barrio

(19 de julio de 1936), José Giral Pereira entre la última fecha indicada y el 4 de septiembre de

1936, Francisco Largo Caballero desde dicho momento hasta el 17 de mayo de 1937 y Juan

Negrín López entre la última fecha mencionada y el 31 de marzo de 1939. Además, Manuel

Azaña, que presidía la República desde el 10 de mayo de 1936, se mantuvo en el cargo hasta el

27 de febrero de 1939, momento en que asumió esta responsabilidad de forma interina Diego

Martínez Barrio, quien desempeñó dicha función hasta el 30 de marzo de ese mismo año. En

los primeros meses de la contienda ejercieron el poder en la zona republicana los comités

formados por los sindicatos y por los partidos del Frente Popular. Largo Caballero formó un

gobierno de concentración con todas las fuerzas del Frente Popular en septiembre de 1936 y, a

fin de recuperar el control sobre la economía, se crearon Comités Directivos en los bancos, se

restringió el movimiento financiero y se intentó encauzar el proceso de colectivización de la

tierra. Este gobierno gestionó también los primeros envíos de material de la URSS y promovió

la creación de las Brigadas Mixtas como unidad base del ejército popular. A principios de

noviembre se incorporaron cuatro dirigentes anarquistas al gobierno republicano,

encontrándose entre ellos Federica Montseny, la primera mujer ministra de la Historia de

España. Ante el asedio de Madrid el gobierno se trasladó a Valencia y se creó una Junta de

Defensa que asumió el protagonismo de la resistencia de la capital. En el lado republicano

coexistían dos modelos revolucionarios. El primero estaba encabezado por los anarquistas y

por el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), que defendían la inmediata

colectivización de tierras y fábricas y la constitución de comunas como células de producción.

El segundo modelo defendía el principio de expropiación de tierras y empresas y la necesidad

de controlar su producción, encaminándola directamente hacia la organización de una

economía de guerra, lo que excluía los comités de autogestión y el control descentralizado que

funcionaba en muchas fábricas. Esta postura era defendida por el PCE. La tensión entre ambos

modelos estalló en forma de insurrección y de combates callejeros en mayo de 1937 en

Barcelona. Murieron más de doscientas personas y el PCE exigió la disolución del POUM,

acusándolo de trabajar para el fascismo. El 13 de mayo los comunistas abandonaron el


gabinete y provocaron la dimisión de Largo Caballero, formando gobierno unos días después

Juan Negrín.

El 15 de junio el POUM fue declarado ilegal y su dirigente, Andrés Nin, fue sacado de la cárcel

secuestrado por agentes de la policía política rusa que actuaban en España bajo la dirección de

Alexander Orlov. Finalmente, fue interrogado y asesinado. El gobierno del socialista Negrín se

prolongó hasta el final de la guerra. Se intentó regular la producción agrícola partiendo de las

tierras colectivizadas, a fin de garantizar el abastecimiento mínimo a las ciudades. Se

establecieron medidas de control de la producción de unas quinientas fábricas, consideradas

industrias de guerra, y continuó la política de compra de armamento y de búsqueda de apoyo

internacional. Juan Negrín, respaldado por el Partido Comunista, decidió seguir con la lucha

tras la batalla de Cataluña, mientras los soldados republicanos y miles de civiles marchaban

hacia Francia. Sin embargo, el resto de fuerzas republicanas consideraban que era inútil

prolongar el enfrentamiento y en marzo de 1939 el coronel Segismundo Casado se puso al

frente de una Junta de Defensa que entabló conversaciones con el Gobierno de Franco. Con la

victoria del bando sublevado, el 1 de abril de 1939 finalizaba la guerra civil.

2.2.2. La España nacional.

En Burgos se formó una Junta de Defensa Nacional que existió desde el 24 de julio hasta el 29

de septiembre de 1936, cuyo presidente fue Miguel Cabanellas Ferrer, debido a que era el

general de mayor graduación. El poder político estuvo compartido en esos primeros meses de

la lucha por los tres jefes militares principales, que eran Mola, como máxima autoridad militar

en la zona Norte, Queipo de Llano, que era su homólogo en la zona Sur, y Franco, como jefe

del Ejército de África. Finalmente, se decidió encargar a Francisco Franco la dirección bélica y

política de la España nacional, de modo que por un decreto de 29 de septiembre de dicho año

se le concedían la plenitud de los poderes superiores políticos y militares. El 20 de noviembre

de 1936 fue fusilado en la cárcel de Alicante José Antonio Primo de Rivera y, al quedar Falange

Española de las JONS sin su líder indiscutible, Franco se hizo meses después también con la

jefatura de Falange Española Tradicionalista y de las JONS a raíz del Decreto de Unificación de

19 de abril de 1937, por el que se fusionaron en este partido la citada Falange Española de las

JONS y los carlistas. De forma previa, el 3 de octubre de 1936 se había constituido la Junta

Técnica del Estado, la cual existió hasta el 31 de enero de 1938, fecha en que el general Franco

formó su primer gobierno, cuya duración se prolongaría hasta más allá del final de la lucha,

pues se mantuvo hasta el 9 de agosto de 1939.

2.3. La ayuda internacional.

El primer Estado que decidió intervenir en la guerra civil española, ayudando a su homólogo

político, el Frente Popular español, fue Francia. Ésa fue la decisión inicial adoptada por el

gobierno del socialista Léon Blum. Sin embargo, el 25 de julio tuvo que prohibir que continuara

la venta de armas ante las divisiones internas del Gobierno y de la opinión pública y las

presiones británicas. El 15 de agosto de 1936 se elaboró un documento franco-británico que

prohibía la exportación, reexportación y tránsito a España de cualquier material, avión o barco.

El Comité de No Intervención estuvo integrado por veintisiete naciones europeas y su primera


sesión de trabajo se realizó el 9 de septiembre de 1936. El balance de su actuación puede ser

calificado de fracaso y, desde octubre de 1938, su inoperancia fue patente. No obstante, los

partidos de izquierda y, especialmente, el Partido Comunista francés, promovieron los

movimientos de ayuda a los republicanos. Entre marzo y junio de 1938 el Gobierno francés

abrió su frontera con España, permitiendo el paso de suministros militares. Esta nueva ayuda

quedó paralizada por el cambio de gobierno en Francia, aunque se permitió a los dirigentes

republicanos permanecer en París y pasar la frontera a miles de españoles. Los republicanos

recibieron ayuda directa de la URSS, colaboración que se tuvo que pagar empleando los

recursos del Banco de España (algo más de quinientos millones de dólares), y de México, cuyo

presidente, Lázaro Cárdenas, proporcionó desde el primer momento armas, alimentos y apoyo

diplomático. El 12 de octubre de 1936 llegaron al puerto de Alicante los primeros quinientos

voluntarios de las Brigadas Internacionales y se desplazaron a la base general del movimiento

situada en Albacete. Habían sido creadas por la URSS y por algunos líderes comunistas como el

francés Maurice Thorez. En noviembre de 1936 intervinieron por primera vez de forma directa

en la guerra en la defensa de Madrid y el 21 de septiembre de 1938 el Gobierno anunció en la

Sociedad de Naciones su decisión de retirarlos. En total llegaron a España unos sesenta mil

voluntarios de más de sesenta nacionalidades distintas, militando la mayor parte de ellos en

organizaciones comunistas. Por otro lado, es preciso señalar que el bando sublevado recibió la

ayuda de la Alemania de Hitler, ordenada por el Führer a finales de julio de 1936. Fue esencial

para el desarrollo de la guerra la intervención de la Legión Cóndor, cuya participación en el

bombardeo de Guernica causó una gran conmoción. Asimismo, obtuvo la colaboración

italiana, pues participaron directamente entre cincuenta mil y cien mil hombres de dicho país y

Mussolini puso a disposición de los nacionales barcos y una ayuda económica de siete mil

quinientos millones de liras. Portugal proporcionó al bando de Franco ayuda logística,

diplomática y económica y organizó un grupo de voluntarios que luchó contra la República

española. Los nacionales recibieron ayuda indirecta de Estados Unidos, Gran Bretaña y El

Vaticano. Gran Bretaña mostró una actitud de neutralidad apoyando la no intervención y llegó

incluso a firmar un acuerdo con la Italia fascista por el que admitía la permanencia de tropas

italianas en territorio español. El 29 de septiembre de 1938 se reunieron en Munich los jefes

de Gobierno de Alemania, Italia, Reino Unido y Francia. A esta reunión no fue convocada

Checoslovaquia y en ella fue reconocida y aprobada la anexión de los Sudetes al territorio nazi.

El Pacto de Munich significó también el abandono definitivo de la República española. En los

Gobiernos occidentales primaba más el anticomunismo y el miedo a la revolución que el

respeto a la democracia. Así pues, el Gobierno de Washington juzgó también el conflicto

español como una posibilidad de que el comunismo se extendiera por Europa. El 6 de enero de

1937 prohibió la venta de armas desde Estados Unidos, pero la sociedad norteamericana se

dividió. Representantes del mundo de la literatura, del cine y del arte apoyaron al Gobierno

republicano y más de dos mil ochocientos norteamericanos se integraron en las Brigadas

Internacionales, mientras que empresas como Texaco, Ford y General Motors proporcionaron

al bando nacional abastecimientos básicos para el desarrollo de la guerra. Es preciso destacar

también la ayuda humanitaria prestada por la Cruz Roja en ambos bandos. A principios de

agosto de 1936 el Comité Central de la Cruz Roja Española solicitó oficialmente la intervención

del Comité Internacional de esta institución. Su representante, el doctor Junod, se encontró

con la existencia de una Cruz Roja nacional y de una Cruz Roja republicana, con las que tuvo


que negociar las acciones a desarrollar. La Cruz Roja suministró en ambas zonas alimentos y

material sanitario, protegió las evacuaciones, llevó a la práctica los acuerdos de canje de

prisioneros y refugiados y sirvió de enlace en la comunicación de las familias divididas por el

frente. También intervinieron otras organizaciones humanitarias como la Ayuda Suiza, la

Alianza Universal de las Uniones Cristianas de Jóvenes, la Ayuda Social de los Emigrantes o los

Cuáqueros. Desde el punto de vista ideológico se puede interpretar la guerra civil como una

confrontación entre un movimiento católico y otro secularizador o laicista. Este proceso no se

inició con la contienda, sino que ésta fue el punto culminante del mismo. La fuerte persecución

desencadenada contra la Iglesia, la cual se había iniciado ya en la Segunda República, hizo que

la jerarquía eclesiástica española decidiera ponerse del lado de aquel bando que la respetaba y

no la atacaba. Esto quedaría plasmado en la Pastoral colectiva del episcopado español de 1 de

julio de 1937 y cobró fuerza la legitimación religiosa de la guerra civil como Cruzada. Por su

parte, El Vaticano condenó la violencia anticlerical, pero hasta agosto de 1937 el papa Pío XI no

reconoció de facto al nuevo régimen. La postura de la jerarquía eclesiástica española fue

decisiva para este reconocimiento.

2.4. La cultura de un país en guerra.

Cuando se inició la contienda, la mayor parte de los intelectuales españoles se unió a la causa

republicana, pues algunos de ellos se encontraban comprometidos con el Frente Popular y, en

general, la mayoría reaccionó a favor de la legalidad constitucional y en contra del bando

rebelde que fue identificado con el fascismo. Del lado de la República destacaron Antonio

Machado, Rafael Alberti, Miguel Hernández, José Bergamín, Max Aub, Luis Cernuda, María

Zambrano, Emilio Prados, León Felipe y Ramón J. Sender, así como Federico García Lorca, que

fue asesinado en agosto de 1936. No obstante, hubo también personajes destacados del

ámbito de la cultura que apoyaron al bando nacional, destacando entre ellos Agustín de Foxá,

José María Pemán, Eugenio D’Ors, Ernesto Giménez Caballero, Pedro Sáinz Rodríguez y Ramiro

de Maeztu, que fue asesinado en noviembre de 1936. José Ortega y Gasset y Pío Baroja se

exiliaron, mientras que Miguel de Unamuno, que inicialmente había apoyado el golpe desde

posiciones antimarxistas, tuvo un violento enfrentamiento verbal con el general Millán Astray

en la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936, por lo que fue arrestado en su

domicilio. A partir de entonces, se distanció del bando rebelde, falleciendo unas semanas

después. Ambos bandos defendieron modelos culturales totalmente opuestos. En la España

republicana se exaltó el saber como instrumento de liberación y de victoria y proliferaron las

iniciativas para promover la difusión de libros y de prensa entre la población. Se facilitó el

acceso al cine y al teatro tanto en el frente como en la retaguardia y se crearon en el

transcurso del conflicto cinco mil cuatrocientas escuelas. Además, en el ejército popular hubo

bibliotecas, cine y tertulias a cargo de escritores y artistas, eventos promovidos por el

Comisariado de Guerra. En 1935 se había celebrado en París el I Congreso de Escritores y en

sus sesiones se constituyó la Asociación Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura,

como máximo organismo de la literatura progresista. A finales de julio de 1936 se formó la

Alianza de Intelectuales Antifascistas como sección española de dicha Asociación, cuya

principal aportación fue la convocatoria y desarrollo del II Congreso Internacional de Escritores


para la Defensa de la Cultura, que se celebró en Valencia, Madrid y Barcelona entre el 4 y el 11

de julio de 1937.

Desde agosto de 1936 el Sindicato de Espectáculos de la CNT incautó todas las salas de teatro y

cine de la zona republicana, creando el Sindicato de la Industria del Espectáculo y, al inicio de

1937, estaban abiertos en la capital española diecisiete teatros y cuarenta y una salas de cine,

todos ellos controlados fundamentalmente por la CNT o la UGT. En el Teatro Español la

compañía Nueva Escena de la Alianza de Intelectuales representó Bodas de Sangre, de

Federico García Lorca, y La malquerida, de Jacinto Benavente, entre otras obras. Asimismo,

Alberti hizo una adaptación de la Numancia de Cervantes que fue estrenada en el Teatro de la

Zarzuela de Madrid en diciembre de 1937 y, en 1938, se representó Fuenteovejuna en el

Teatro Calderón. En el transcurso de la guerra numerosas compañías teatrales (entre las que

destacan las Guerrillas del Teatro dirigidas por María Teresa León que empezaron su actividad

en los frentes del Centro) recorrieron pueblos, cuarteles, hospitales y frentes, representando

obras de propaganda, entremeses y clásicos. En el cine hubo una etapa de gran protagonismo

del cine soviético entre octubre de 1936 y la primavera de 1937, un período que se inició con

el estreno en el Capitol de Madrid de Los marinos de Cronstsadt el 18 de octubre de 1936. La

película española Morena Clara, que se había estrenado en 1936 en Madrid siguió

proyectándose en ambas zonas hasta ser prohibida en la republicana en marzo de 1937 por la

adhesión de su director, Florián Rey, y de la empresa Cifesa a Franco. Durante la contienda en

la zona republicana se realizaron las películas Tierra de España, del holandés Joris Ivens,

terminada en 1937 y de carácter documental, y Sierra de Teruel, dirigida por André Malraux y

con guión de Max Aub. Las autoridades de la República pusieron en marcha una operación de

salvamento de las obras de arte, de manera que las Juntas de Protección del Tesoro Artístico

consiguieron evitar la destrucción en Madrid de más de veinte mil pinturas, doce mil

esculturas, dos mil tapices, cuarenta archivos y un millón de libros y manuscritos. Las obras del

Museo del Prado fueron trasladadas a Valencia, después a Cataluña y, en febrero de 1939,

fueron conducidas en setenta y un camiones a la sede de la Sociedad de Naciones en Ginebra.

Estas obras volvieron a su lugar de origen cinco meses después de que finalizara la guerra en

España. Además, las Juntas de Protección del Tesoro Artístico se encargaron de proteger

fuentes, esculturas y portadas artísticas, así como llevaron a cabo la restauración de diversas

obras. Durante la guerra civil se reunieron en la Biblioteca Nacional alrededor de quinientos

mil volúmenes procedentes de la actividad de la Junta de Incautación, designada para evitar la

destrucción de obras de arte y de libros conservados en centros religiosos, palacios o casas

particulares y, en 1938, se creó el Servicio de Defensa del Patrimonio Histórico. Por otro lado,

cabe decir que en el bando sublevado se impuso una concepción cultural basada en la defensa

de la noción de patria, de la tradición, de la religión católica y de la historia imperial de España.

Todas las leyes educativas de la República fueron eliminadas en la España nacional, los

maestros fueron sometidos a depuraciones y se organizaron cursillos para inculcar a los

nuevos docentes el bagaje ideológico sostenido por el régimen. La represión intelectual se

inició antes de la llegada de Franco a la jefatura nacional el 29 de septiembre de 1936, pero

desde esta fecha se realizó de forma más sistemática. La Comisión de Cultura y Enseñanza,

dependiente de la Junta Técnica del Estado, fue el organismo encargado de llevar a cabo la

limpieza intelectual y educativa desde 1936. El 8 de noviembre de ese año llevó a cabo una


vasta depuración del cuerpo docente y en una circular con fecha de 7 de diciembre se

explicaba que la labor iniciada consistía en separar de sus cargos a quienes habían contribuido

a propagar el ideario del Frente Popular. Se decía que los maestros que serían objeto de

depuraciones eran “hijos espirituales de catedráticos y profesores que, a través de

instituciones como la llamada Libre de Enseñanza, forjaron generaciones incrédulas y

anárquicas”. Así pues, el antiintelectualismo de la Comisión de Cultura y Enseñanza se dirigía

especialmente contra los representantes de la Institución Libre de Enseñanza y esta postura

perviviría después de la contienda. Paralelamente a la depuración del cuerpo docente se llevó

a cabo la depuración de las bibliotecas de centros públicos y de casas de cultura, mediante la

Orden de 16 de septiembre de 1937. Al igual que ocurrió con la “limpieza ideológica” del

magisterio, el expurgo de publicaciones comenzó antes de la creación de la Junta Técnica, pero

fue a partir de entonces cuando se intensificó. El objetivo era incautar y destruir “las obras de

matiz socialista o comunista” que se hallaran en escuelas y en bibliotecas, autorizándose sólo

aquellas cuyo contenido respondiera a los principios de la religión y de la moral cristiana y que

exaltaran con sus ejemplos el “patriotismo de la niñez”. Se encomendó de la censura de libros

y folletos a la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda y la censura de películas fue

ejercida por las Comisiones de las Juntas de Censura Cinematográfica de Sevilla y de La Coruña.

Posteriormente, el 19 de octubre de 1937 se creó una Junta Superior de Censura

Cinematográfica, con sede en Salamanca, de la que dependía un Gabinete de Censura, ubicado

en Sevilla, desapareciendo así la Comisión de La Coruña. En ese intento de “sanear” la cultura

española, en diciembre de 1937 se fundó el Instituto de España y el 6 de enero del año

siguiente se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca la ceremonia de

constitución. Entretanto, en julio de 1937 se reunió en Valencia un Congreso Internacional de

Escritores para la Defensa de la Cultura, al que asistieron, además de la mayoría de los

escritores republicanos, representantes de la cultura a nivel mundial como Alejo Carpentier,

Nicolás Guillén, Pablo Neruda, André Malraux, César Vallejo, Octavio Paz e Ilia Erenhburg.

También en 1937 se celebró en París la Exposición Universal y el pabellón de la República

española, que había sido diseñado por el arquitecto José Luis Sert, albergó el Guernica de

Picasso. Los dos bandos hicieron uso de la propaganda a lo largo de la guerra, adquiriendo un

gran desarrollo el cartel. En el bando republicano destacó en el diseño de éstos Josep Renau y,

en el nacional, Carlos Sáenz de Tejada. Las emisoras de radio y los medios de prensa de

ideología contraria fueron cerrados o incautados. Las emisoras alcanzaron una enorme

importancia, ya que permitían dirigirse no sólo a los partidarios, sino también a los

adversarios, por lo que ambos bandos explotaron todas sus posibilidades. En Madrid partidos y

sindicatos crearon gran número de emisoras, de forma que aunque en febrero de 1937 la

Junta de Defensa de Madrid sólo controlaba Unión Radio, Radio España, Radio Telégrafos y la

Transradio, había una docena de emisoras de partidos y organizaciones. Al estallar la guerra

fueron incautados periódicos de derechas, conservadores y monárquicos y otros, como ABC,

pasaron a organizaciones sindicales y partidos de izquierda. Siguieron publicándose los diarios

republicanos de izquierda vinculados a grupos empresariales (Heraldo de Madrid, Diario de la

Noche, El Sol, Diario de la Mañana del Partido Comunista, La Voz, El Liberal, La Libertad, etc),

así como las publicaciones de sindicatos y partidos de izquierda (Mundo Obrero, órgano del

Partido Comunista, y El Socialista, del PSOE). Entre las publicaciones de la nueva prensa de

guerra destacaron: Milicia Popular, diario del Quinto Regimiento de Milicias Populares, en el


que escribieron entre otros Rafael Alberti, Ramón J. Sender, José Bergamín, Antonio Machado

y Miguel Hernández; Octubre, boletín de los batallones Octubre y Largo Caballero; y "Joven

Guardia", boletín del Regimiento Pasionaria de Madrid. Entre las revistas culturales hay que

mencionar "El Mono Azul" y "Hora de España". La primera era la hoja semanal de la Alianza de

Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura y nació en agosto de 1936. Formaban

parte de ella los ya citados Rafael Alberti, José Bergamín y Ramón J. Sender, entre otros. La

segunda, Hora de España, fue publicada en Valencia por los intelectuales que se dirigieron a

dicha ciudad al abandonar Madrid en noviembre de 1936. Surgió en enero de 1937 y se

publicó hasta noviembre de 1938, siendo algunos de los que escribieron en ella Antonio

Machado, León Felipe, Dámaso Alonso, María Zambrano, José Bergamín, Miguel Hernández,

Luis Cernuda, Emilio Prados, Manuel Altolaguirre y Rafael Alberti. En la zona nacional, el 5 de

agosto de 1936 se creó el Gabinete de Prensa de la Junta de Defensa Nacional que pasó a

llamarse el 24 de dicho mes Oficina de Prensa y Propaganda. Posteriormente, el 14 de enero

de 1937 se fundó la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda, como órgano

subordinado a la Secretaría General del Jefe del Estado, y en enero de 1937 surgiría Radio

Nacional de España.

Tras el estallido de la guerra civil, Falange fue creando un aparato de prensa y propaganda de

importantes dimensiones por medio de las incautaciones, de manera que con la formación del

primer gobierno estable de Franco en enero de 1938 las competencias del Estado en esta

materia quedaron integradas dentro del Servicio Nacional de Prensa y Propaganda, en el

Ministerio del Interior presidido por Ramón Serrano Súñer, quien dirigió también desde

febrero la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de Falange Española Tradicionalista y

de las JONS. En el preámbulo de la Ley de Prensa de 22 de abril de 1938 se definió la misión de

la prensa como instrumento del Estado y, a partir de la Orden de 2 de noviembre de 1938,

Cinematográfica y de la Comisión de Censura Cinematográfica. La derrota de la República llevó

consigo el exilio de gran parte de los intelectuales del país, encontrándose entre ellos

científicos, escritores, artistas, catedráticos e ingenieros, hecho que ocasionó un grave retraso

cultural.

2.5. Balance de la contienda.

La lucha había finalizado dejando un balance global de más de trescientas mil víctimas, de las

que alrededor de ciento cuarenta mil habían muerto en los frentes y el resto en las

retaguardias de ambas zonas. La persecución religiosa durante la guerra civil ocasionó

numerosas víctimas, pues fueron asesinados 13 obispos, 4.184 sacerdotes seculares (cifra

equivalente a 1 de cada 7 sacerdotes), 2.365 frailes (1 de cada 5 frailes) y 296 religiosas.

Incluso muchos católicos fueron arrojados vivos para que los devoraran los osos y los leones de

la “Casa de Fieras” del parque del Retiro de Madrid, en clara semejanza con el martirio de los

primeros cristianos en tiempos del Imperio Romano. Las pérdidas materiales fueron enormes,

ya que quedaron dañados o destruidos el 8% de las viviendas y más del 40% del material

ferroviario, la producción industrial descendió entre 1935 y 1939 en un 31%, la producción

agraria en más de un 21% y la riqueza nacional en más de un 25’7%, la Marina mercante

perdió 225.000 toneladas y la renta per cápita cayó en un 28’3%, no recuperando el nivel

previo a la contienda hasta 1952. Al ingente endeudamiento ocasionado por la guerra, que se


ha estimado en trescientos mil millones de pesetas, hay que añadir la pérdida del oro del

Banco de España y la caída de la producción en todos los sectores, la cual se prolongó hasta los

años cincuenta. Como consecuencia de todo ello se produjo el hundimiento de la renta

nacional y de la renta per cápita y el hambre protagonizó la inmediata posguerra. Se centralizó

la censura cinematográfica en el Ministerio del Interior a través de la Junta de Censura Así

pues, el nuevo régimen salido de la guerra civil debería emprender la ardua tarea de la

reconstrucción no sólo política, sino también material de España. Además, la contienda tuvo

unas consecuencias morales de relevancia, pues los tres años de lucha marcaron a varias

generaciones que vivieron el conflicto. A las víctimas del conflicto, habría que sumar las

causadas por la represión posterior hacia los vencidos, quedando sentadas las bases de este

proceso en la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939.

3. El régimen de Franco (1939-1975).

Tras el fin de la guerra civil el 1 de abril de 1939 se construyó sobre las ruinas de un país

arrasado por casi mil días de lucha un nuevo Estado caracterizado por la centralización del

poder en la figura de Franco. El régimen gestado en la guerra civil tuvo una larga vida de casi

cuatro décadas y pasó por diversas etapas, pues a los años de autarquía y aislamiento, siguió la

expansión económica de los sesenta y fue creciendo en el período final de la dictadura la

oposición al sistema.

3.1. La “nueva España”.

Los fundamentos ideológicos en los que se apoyaba el nuevo régimen (cuyos orígenes hay que

situar en 1936, cuando España quedó dividida en dos zonas) habían sido ya difundidos durante

la guerra. Entre ellos, destacan el anticomunismo (la ley de represión de la masonería y el

comunismo es de 1 de marzo de 1940), la identificación de la dictadura con el catolicismo y la

defensa del tradicionalismo cultural, exaltándose los valores de la Reconquista y del Imperio,

así como las figuras de los Reyes Católicos, de cuyo escudo se tomaron el yugo y las flechas

para incorporarlos al nuevo emblema. La democracia y el liberalismo fueron considerados

antiespañoles y los símbolos militares y la organización castrense impregnaron numerosas

manifestaciones de la vida cotidiana. Se ha debatido mucho acerca de si el régimen de Franco

presentó o no un carácter fascista. Sobre este tema, cabe decir que el franquismo fue

calificado como "régimen autoritario", siguiendo la categoría que planteó en 1964 Juan José

Linz, con el fin de identificar aquellos sistemas dictatoriales distintos a los fascismos. Según

Linz, frente a los regímenes totalitarios o fascistas, los sistemas autoritarios se caracterizaban

por la carencia de ideología, la ausencia de movilización política de la población, la relevancia

del ejército, la poca fortaleza del partido único autoritario y la existencia de un pluralismo

interno limitado, siendo desarrolladas dichas ideas por este politólogo en numerosos trabajos.

Sin embargo, el historiador Manuel Tuñón de Lara defendió que el franquismo no era un

sistema autoritario como decía Linz, sino un régimen fascista o totalitario. Guy Hermet formuló

en 1975 el concepto de "situación autoritaria modernizadora conservadora" para aludir a los

regímenes autoritarios que, con el objeto de afianzar una sociedad burguesa, impulsaban

desde la esfera del poder la modernización. Definió el franquismo como "autoritarismo

conservador" y expuso que el régimen franquista intentó atraer a las clases medias mediante


el adoctrinamiento ideológico, tratando posteriormente de fomentar el progreso económico

con el fin de ampliar su base social, que en un principio se reducía a los sectores sociales más

tradicionales. Por su parte, Stanley G. Payne definió en la década de los ochenta el franquismo

como una "dictadura sincrética", al presentar un carácter semifascista en sus comienzos y

derivar hacia un régimen burocrático corporativista y no movilizado desde 1942. Javier Tusell

propuso que el franquismo fue una más de las dictaduras no totalitarias existentes en Europa

durante los años treinta y cuarenta, de manera que, a su juicio, el régimen de Franco se

encontraría entre el salazarismo y el fascismo italiano. Otros estudios sobre esta cuestión,

inspirados especialmente por el marxismo, han insistido en el carácter fascista del franquismo

y, en la historiografía italiana reciente, ha destacado también el análisis de dicho régimen

como una forma más de fascismo, encontrándose en esta línea los planteamientos de Nicola

Tranfaglia, Luciano Casali y Enzo Collotti. Dentro de la historiografía española de los últimos

años cabe destacar la postura adoptada por el historiador Josep Fontana, que ha estimado que

la evolución del régimen vino marcada por las luchas sociales y la búsqueda del

reconocimiento internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, Ismael Saz ha

señalado que el franquismo puede ser considerado como una "dictadura fascistizada". Al

acabar la guerra todas las organizaciones que habían apoyado a la República quedaron

prohibidas y sus dirigentes fueron perseguidos, detenidos, encarcelados o ejecutados. Los

partidos de derecha tampoco estaban permitidos, por lo que solamente la Falange Española

Tradicionalista y de las JONS y sus organizaciones (Sección Femenina, Milicias, Frente de

Juventudes y Organización Sindical), entramado conocido como Movimiento, tenían

posibilidad de actuación. Sin embargo, Franco no se sirvió únicamente de Falange para formar

sus gobiernos, sino que buscó colaboradores en distintos grupos, que han sido denominados

por la historiografía como familias. La Falange, el ejército, la Asociación Católica Nacional de

Propagandistas, los carlistas y los monárquicos fueron las principales familias políticas del

franquismo. Entre 1938 y 1946 se aprobaron cinco leyes orgánicas: el Fuero del Trabajo de

1938, que concedía el monopolio de las relaciones laborales a la Organización Sindical de

Falange y prohibía el sindicalismo de clase; la Ley Constitutiva de las Cortes de julio de 1942,

que establecía una cámara elegida por sufragio indirecto por las corporaciones y por el propio

Franco; el Fuero de los Españoles de julio de 1945, una declaración de derechos y deberes en

la que las libertades quedaban muy limitadas, ya que se establecía que el ejercicio concreto de

estos derechos quedaba subordinado a los principios fundamentales del régimen, que eran

antiliberales; la Ley de Referéndum Nacional de octubre de 1945, que permitía al Jefe del

Estado convocar un referéndum para que los ciudadanos aprobaran directamente una ley y la

Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, aprobada en referéndum el 6 de julio de 1947, que

definía a España como “reino” y autorizaba a Franco a proponer a su sucesor. Posteriormente

otras dos leyes orgánicas completarían las siete leyes fundamentales del franquismo: la Ley de

Principios del Movimiento Nacional (1958) y la Ley Orgánica del Estado (1967). La evolución

política del régimen en la inmediata posguerra estuvo muy condicionada por la política

exterior, especialmente por el posicionamiento en la Segunda Guerra Mundial. El 15 de enero

de 1941 Alfonso XIII renunció a sus derechos al trono español en favor de su hijo don Juan, que

había contraído matrimonio con doña María de las Mercedes en la Basílica de Santa María de

los Ángeles de Roma el 12 de octubre de 1935. Alfonso XIII fallecería en Roma el 28 de febrero

de 1941. El 19 de marzo de 1945 don Juan de Borbón emitió desde Lausana un manifiesto en el


que instaba a Franco a que abandonara el poder y dejara paso a la restauración de la

Monarquía bajo la fórmula parlamentaria. El 7 de abril de 1947 emitiría otro manifiesto, esta

vez desde Estoril, oponiéndose al proyecto de Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado. Tras la

victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, España fue sometida a un fuerte aislamiento

internacional. Así pues, el 4 de marzo de 1946 tuvo lugar la declaración conjunta de Estados

Unidos, Francia y Reino Unido, en la que las tres naciones exigían la formación de un gobierno

representativo en España. Unos meses después, exactamente el 9 de diciembre, se produjo

una multitudinaria concentración en la Plaza de Oriente de Madrid de apoyo a Franco,

iniciándose así una costumbre que se prolongaría durante todo el régimen. La resolución de la

ONU de 12 de diciembre supuso la exclusión del Estado español de todos los organismos

internacionales y la retirada de los embajadores de los países miembros de las Naciones

Unidas acreditados en Madrid. En 1947 se creó también el seguro obligatorio de vejez y

enfermedad. El 26 de febrero de 1948 se constituyó el Consejo del Reino y el 9 de abril se

firmó el Protocolo Franco-Perón, con el objetivo de canalizar la ayuda argentina que España

recibiría en los años siguientes. El 25 de agosto don Juan de Borbón se entrevistó con Franco

en el yate Azor, estableciéndose que el príncipe don Juan Carlos estudiara en España. Así pues,

el 8 de noviembre don Juan Carlos partió de Lisboa en el Lusitania Expresso hacia Madrid para

comenzar su formación. Respecto a la oposición al régimen en los años cuarenta, cabe decir

que los republicanos vieron en el fin de la Segunda Guerra Mundial una oportunidad para

derrocar a Franco. Los derrotados pusieron en marcha tres tipos de actuaciones: el maquis,

movimiento guerrillero republicano que continuó en España la lucha armada contra el

franquismo una vez finalizada la guerra civil, sobre todo en la Cordillera Cantábrica, los

Pirineos, Andalucía y Levante, y que en 1949 había sido prácticamente liquidado por la Guardia

Civil y por el ejército; las huelgas en los núcleos industriales de Cataluña y el País Vasco,

correspondiéndose su etapa de máxima actividad con los años 1946 y 1947, y los partidos

políticos antifranquistas, que actuaron en el exterior. El 30 de agosto de 1948 el PSOE y la

Confederación de Fuerzas Monárquicas llegaron al Pacto de San Juan de Luz y, en octubre de

ese año, el PCE decidió suspender la actividad guerrillera y trabajar desde dentro de los

organismos sindicales legales. Once años después, entre el 28 y el 30 de diciembre de 1959, en

el VI Congreso del PCE, Santiago Carrillo fue elegido secretario general y Dolores Ibárruri, “La

Pasionaria”, presidenta. En dicho congreso se confirmó la política comunista de reconciliación

nacional. El concepto que define la política económica del régimen de Franco hasta 1959 es el

de autarquía, una voluntad de autoabastecimiento y de autosuficiencia que suponía intentar

no depender del exterior y producir todo lo que necesitara el país. España, una nación

eminentemente agrícola, vivió en la década de los cuarenta tiempos de hambre y de

racionamiento, a la vez que se fue generalizando el mercado negro de casi todos los artículos

de consumo. Por orden ministerial de 14 de mayo de 1939, siendo ministro de Industria y

Comercio Juan Antonio Suanzes, se creó el régimen de racionamiento en todo el territorio

español para los productos básicos alimenticios y de primera necesidad. Se establecieron dos

cartillas de racionamiento: una para carnes y otra para los demás comestibles. Este sistema de

racionamiento fue levemente modificado en abril de 1943, cuando las cartillas pasaron a ser

individuales. Dichas cartillas se mantuvieron hasta 1952, año en que la venta de todo tipo de

alimento dejó de tener restricciones. En 1941 se creó el Instituto Nacional de Industria (INI), a

imagen del Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) italiano, con el fin de reconstruir la


economía dañada por la guerra civil, pero hasta 1951 España no alcanzaría los niveles de

producción previos a la contienda. El comienzo de la guerra de Corea el 26 de junio de 1950

marcaría el inicio del fin del aislamiento del régimen, ya que el 1 de agosto Franco se ofreció

para ayudar en la lucha contra el comunismo. En agosto, Estados Unidos concedió a España un

crédito de 62,5 millones de dólares y el 4 de noviembre la ONU revocó la resolución sobre la

retirada de embajadores y autorizó la entrada de España en organismos internacionales,

ingresando en la FAO el día 10 de ese mes. Posteriormente, el 18 de noviembre de 1952

España entró en la UNESCO, ingreso que fue ratificado el 30 de enero de 1953, y el 20 de

diciembre de 1955 fue admitida en la ONU. El 28 de mayo de 1956 ingresó en la Organización

Internacional del Trabajo, en 1957 en la Organización Internacional de la Energía Atómica y el

20 de mayo de 1958 en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Del año 1953

hay que destacar el Concordato con la Santa Sede y el Tratado hispano estadounidense. El

Concordato fue suscrito el 27 de agosto de 1953 y fue firmado por Monseñor Tardini y por el

ministro de Asuntos Exteriores Alberto Martín Artajo, siendo embajador Fernando María

Castiella. Este Concordato regularía las relaciones Iglesia-Estado en España hasta el 28 de julio

de 1976. El acuerdo confirmaba el derecho de presentación de obispos por parte de Franco, la

financiación estatal de la Iglesia española y el privilegio de establecer el Tribunal de la Rota en

España. Las negociaciones con Estados Unidos se aceleraron en 1952, cuando Truman fue

sustituido por Eisenhower como presidente. El 26 de septiembre de 1953 España firmó con

Estados Unidos el Tratado hispano-estadounidense, compuesto por tres acuerdos, uno

económico, otro de asistencia técnica y otro defensivo, siendo este último el esencial, en tanto

que suponía el establecimiento durante diez años, prorrogables por otros dos períodos de

cinco, de bases de utilización conjunta, bajo teórica soberanía española, por parte de ambos

ejércitos. No obstante, en la práctica, las cuatro bases (aéreas en Torrejón de Ardoz, Zaragoza

y Morón y aeronaval y submarina en Rota) y las numerosas instalaciones de radar y

seguimiento siempre estuvieron en manos fundamentalmente de militares y técnicos

estadounidenses. El acuerdo económico consistía en la entrega a España de mil ciento ochenta

millones de dólares en asistencia técnica, en la financiación de la construcción de las bases y

en la aportación de créditos y excedentes de productos agrarios y bienes de equipo

estadounidenses. A pesar de la disparidad entre ambos acuerdos, pues la ayuda económica no

suponía un gran esfuerzo para Estados Unidos, ésta fue decisiva para que España saliera de la

grave situación en la que se encontraba y pudiera paliar la escasez de alimentos. El 25 de

enero de 1954 hubo protestas estudiantiles contra la presencia británica en Gibraltar. El 29 de

diciembre de 1954 Franco y don Juan se reunieron en la finca extremeña “Las Cabezas”,

propiedad del Conde de Ruiseñada y, al año siguiente, don Juan aceptó los Principios del

Movimiento. Los graves incidentes ocasionados a raíz de las protestas universitarias que

tuvieron lugar en Madrid entre el 8 y el 11 de febrero de 1956 causaron una crisis de Gobierno,

que se saldó con las destituciones de Joaquín Ruiz Giménez, como ministro de Educación, de

Raimundo Fernández Cuesta, como secretario general del Movimiento, y de Tomás Romojaro,

como vicesecretario del Movimiento. Asimismo, Antonio Tovar y Pedro Laín Entralgo fueron

depuestos como rectores de las Universidades de Salamanca y de Madrid, respectivamente.

Asimismo, el 24 de abril de 1958 se aprobó la Ley de Convenios Colectivos y el 17 de mayo la

Ley de Principios del Movimiento Nacional. El 21 de julio de 1959 fue aprobada la Ley de

Nueva Organización Económica, un plan de estabilización diseñado según las indicaciones del


FMI y del Banco Mundial con el que se trataba de liberalizar la economía mediante supresión

de trabas burocráticas, la reducción del dinero en circulación, el recorte del gasto público y la

apertura de la economía española a las inversiones y al comercio internacional. Entre otras

medidas incluía el incremento de los precios de los servicios públicos, la restricción de los

créditos bancarios al sector privado, la liberalización de los precios protegidos y la subida de

los tipos de interés, fijándose un nuevo tipo de cambio de la peseta (60 pesetas/dólar). Tras la

aprobación del Plan de Estabilización, entre 1959 y 1960 se produjo en España una caída de

precios, de salarios y del consumo. También se inició el proceso de migración en busca de

trabajo, que se plasmó tanto en el éxodo masivo del campo a la ciudad como en el traslado al

extranjero, pues se calcula que más de un millón de españoles tuvieron que emigrar a los

países europeos desarrollados, como Francia, Alemania, Bélgica y Suiza. Sin embargo, los

objetivos económicos de reducción drástica del déficit y acumulación de capitales se

consiguieron y, a partir de 1961, comenzó el proceso de relanzamiento. El altísimo crecimiento

de la economía española estuvo basado sobre todo en el aumento los sectores industrial y de

servicios y permitió un proceso de modernización de la sociedad. El déficit de la balanza de

pagos se cubrió gracias a tres recursos: los ingresos procedentes del turismo, que llegaron a

cubrir el 80% del desequilibrio comercial, la entrada de inversiones extranjeras a largo plazo y

las aportaciones de los emigrantes, que enviaban gran parte de lo que ganaban a sus familias.

A partir de 1963 el Gobierno trató de regular el crecimiento mediante los llamados Planes de

Desarrollo. El primero de ellos fue aprobado el 23 de diciembre de 1963 y entró en vigor a

partir del 1 de enero del año siguiente. El segundo Plan de Desarrollo Económico y Social fue

aprobado el 11 de febrero de 1969. Se trataba de conseguir una serie de objetivos de

crecimiento en sectores clave, mediante incentivos fiscales, ayudas a la exportación y

subvenciones estatales y se crearon también los llamados polos de desarrollo, para

promocionar la instalación de nuevas industrias que generaran empleo en zonas deprimidas.

En conjunto, el crecimiento económico español entre 1961 y 1973 fue elevado y constante,

con sólo una leve detención en 1967 que obligó a una devaluación de la moneda. Entre 1959 y

1975 se produjeron grandes cambios en el régimen de Franco, tanto en el plano económico,

como social y cultural. El 6 de febrero de 1962 España solicitó el ingreso en el Mercado Común

y, tres días después, Fernando María Castiella, ministro de Asuntos Exteriores, dirigió una carta

al presidente del Consejo de Ministros de la CEE solicitando la apertura de negociaciones con

España. El 2 de julio de 1965 el Consejo de Ministros de la CEE decidió iniciar las negociaciones

con España. El 7 de abril de 1962, comenzaron las huelgas en las minas de Asturias, que se

extendieron a finales de mes al País Vasco, León, Puertollano, Cádiz y El Ferrol entre otros

lugares y, en mayo, a Madrid y Barcelona, surgiendo en esas fechas las Comisiones Obreras. El

14 de mayo don Juan Carlos de Borbón contrajo matrimonio en Atenas con doña Sofía de

Grecia y, semanas después de que España pidiera entablar negociaciones de adhesión a la CEE,

concretamente el 7 de junio, ciento dieciocho españoles se reunieron en Munich, en el marco

del IV Congreso del Movimiento Europeo, y aprobaron una declaración recomendando la no

admisión de España si no se restauraban las libertades. En la reunión participaron dirigentes

liberales, monárquicos y demócrata-cristianos y el Gobierno respondió con el confinamiento

de varios de los participantes. El contubernio de Munich fue descalificado por la prensa, a la

vez que se multiplicaban las detenciones, y el proceso llegó a su culminación con la detención,

tortura, juicio y ejecución del dirigente comunista Julián Grimau el 20 de abril de 1963. El 28 de


junio de 1963 España firmó el Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio (GATT)

y el 28 de diciembre se aprobó la Ley de Bases de la Seguridad Social. Durante los años sesenta

fue creciendo la oposición social al régimen a través de movilizaciones obreras, estudiantiles,

vecinales, nacionalistas y eclesiales. En enero de 1965 se desarrollaron en Madrid asambleas

libres y manifestaciones de estudiantes apoyadas por profesores y, unos meses después,

Enrique Tierno Galván y otros docentes fueron expulsados de sus cátedras. En marzo de ese

año, el abad de Montserrat, Monseñor Escarré, marchó al exilio por las presiones del Gobierno

y en Barcelona se organizaron asambleas de estudiantes solidarizándose con él. El 17 de enero

de 1966 se produjo en Palomares (Almería) el accidente de un B-52 estadounidense y el 15 de

marzo se aprobó la Ley de Prensa, promovida por el entonces ministro de Información y

Turismo Manuel Fraga Iribarne, que supuso una cierta libertad de expresión. Además, el 21 de

abril de 1966 se aprobó la Ley de Seguridad Social, el 15 de noviembre se produjo la

inauguración del segundo canal de Televisión Española y el 22 de noviembre de 1966 Franco

presentó a las Cortes el proyecto de Ley Orgánica del Estado, que fue aprobada en referéndum

el 14 de diciembre.

El 16 de febrero de 1967 el Tribunal Supremo ilegalizó Comisiones Obreras y en junio tuvo

lugar la primera asamblea de CC.OO. en todo el Estado español. El 26 de junio fue aprobada la

Ley de Libertad Religiosa y el 21 de septiembre Luis Carrero Blanco fue nombrado

vicepresidente del Gobierno tras el cese de Agustín Muñoz Grandes, quien había

desempeñado el cargo desde el 10 de julio de 1962. El 7 de junio de 1968 tuvo lugar el primer

atentado mortal de ETA (banda terrorista fundada en 1959). Fue asesinado el miembro de la

Guardia Civil José Pardines Arcay cuando intentaba identificar a los ocupantes de un vehículo.

Posteriormente, el dos de agosto de ese mismo año Melitón Manzanas González, jefe de la

Brigada Político-Social de la comisaría de San Sebastián, fue también asesinado por ETA. La

movilización universitaria de oposición al régimen iba creciendo. En 1968 fue cerrada la

Facultad de Ciencias Políticas de Madrid y, al año siguiente, la de Barcelona. En ese clima de

agitación estudiantil, el 21 de enero de 1969 murió en extrañas circunstancias el estudiante

Enrique Ruano tras ser detenido por la policía y, cuatro días después, se declaró el estado de

excepción en toda España. El 5 de enero de 1968 don Juan Carlos de Borbón cumplió treinta

años, que era la edad exigida por la Ley de Sucesión para ser designado sucesor a título de rey

o de regente en la Jefatura del Estado a propuesta de Franco. Unos meses después, el 22 de

julio de 1969, las Cortes designaron al Príncipe don Juan Carlos de Borbón como sucesor del

Jefe de Estado con cuatrocientos noventa y un votos afirmativos, diecinueve en contra y dos

abstenciones y, al día siguiente, juró en las Cortes como sucesor de Franco a título de rey. El 29

de octubre de 1969, tras haber estallado el 8 de agosto el escándalo MATESA, un caso de

subvenciones a la exportación concedidas a una empresa fraudulenta, se produjo una

remodelación del Gobierno. Entre los nuevos ministros destacaron Gregorio López Bravo y

José Luis Villar Palasí. El primero, como ministro de Asuntos Exteriores, afrontó un ambicioso

programa político, pues estableció relaciones con los países del Este, renovó los acuerdos con

Estados Unidos y firmó un acuerdo preferencial con la CEE. Por su parte, Villar Palasí, ministro

de Educación y Ciencia, promovió la Ley de Educación de 1970 que reformó el sistema

educativo para acercarlo a los modelos europeos. Dentro del régimen se fue produciendo la

ruptura entre los aperturistas, partidarios de reformar el sistema para aproximarlo al


parlamentarismo, y los sectores más inmovilistas, conocidos como búnker, que se organizaron

en torno a Fuerza Nueva, la Hermandad de ex Combatientes y los sectores más derechistas de

Falange quienes promovieron en diciembre de 1970 una manifestación en la Plaza de Oriente

como respuesta a las presiones internacionales para que fueran conmutadas las penas de

muerte dictadas en el proceso de Burgos. Mientras tanto la oposición era cada vez mayor y las

huelgas se multiplicaron en las grandes empresas, así como creció la agitación universitaria y la

Iglesia fue distanciándose del régimen. El nuevo arzobispo de Madrid, Vicente Enrique y

Tarancón, que sería elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española el 7 de marzo de

1972, presidió una Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes que emitió en septiembre de

1971 una declaración exigiendo libertades políticas y sindicales y pidiendo disculpas por el

papel de la Iglesia tras la guerra civil. El 1 de enero de 1972 la CEE comenzó a aplicar la

reducción de un 20% sobre las importaciones industriales procedentes de España y el 23 de

marzo se puso en marcha el tercer Plan de Desarrollo. Al año siguiente, concretamente el 8 de

junio de 1973 Luis Carrero Blanco se convirtió en presidente del Gobierno, de forma que, por

primera vez en el régimen, esta responsabilidad no recaía en la persona que ostentaba la

Jefatura del Estado, esto es, en Francisco Franco. Carrero pudo desempeñar el cargo durante

poco tiempo, pues el 20 de diciembre de 1973 fue asesinado por la banda terrorista ETA en

Madrid. Ese mismo día comenzaba el Proceso 1.001 contra dirigentes de Comisiones Obreras y

el 24 de diciembre, en una rueda de prensa en Francia, ETA se responsabilizó del atentado. La

muerte de Carrero Blanco marcó el inicio del fin del régimen de Franco. El 29 de diciembre de

1973 Carlos Arias Navarro ocupó el cargo de presidente del Gobierno y el 12 de febrero de

1974 expuso un plan de apertura del régimen, que ha sido calificado como “Espíritu del 12 de

febrero”, el cual fue recibido con ciertas esperanzas. Sin embargo, el 2 de marzo fueron

ejecutados a garrote vil en Barcelona el estudiante anarquista español Salvador Puig Antich y

el súbdito polaco Heinz Chez. Respecto a la oposición al régimen en los años finales de la

dictadura, cabe decir que en julio de 1974 surgió la Junta Democrática de España, la cual

estaba integrada por PSP, PCE, PTE y por Alianzas Socialistas y abogaba por la ruptura

democrática como fórmula para el cambio. Además, en el XIII Congreso en el exilio del PSOE,

celebrado en Suresnes entre el 11 y el 13 de octubre de 1974, Felipe González fue elegido

secretario general y en junio de 1975 surgió la Plataforma de Convergencia Democrática en

torno al PSOE, en la cual sólo se admitían grupos y no personalidades aisladas, de manera que

formaban parte de ella UGT, PNV, ORT, MCE, UDC de Cataluña y de Valencia, Reagrupament

Socialista de Catalunya, la Izquierda Democrática Cristiana, el grupo socialdemócrata de

Dionisio Ridruejo y la facción del carlismo democrático que apoyaba a Carlos Hugo de Borbón

(n. 1930).

En el mundo obrero, la principal fuerza de la oposición eran las Comisiones Obreras con su

táctica del entrismo, esto es, la infiltración progresiva en las estructuras del sindicato vertical a

fin de desestabilizar el sistema. El 27 de septiembre de 1975 tuvo lugar la ejecución de tres

militantes del FRAP y dos de ETA, que suscitó manifestaciones de protesta en todos los países

democráticos. Ante los fusilamientos y la protesta internacional, se organizó el 1 de octubre

una manifestación de adhesión al régimen en la Plaza de Oriente. El 12 de octubre de 1975 se

produjo la última aparición pública de Franco en un acto del Instituto de Cultura Hispánica,

pues el día 14 sufrió un infarto y falleció en Madrid el 20 de noviembre. El 22 de noviembre


don Juan Carlos fue proclamado rey de España y el 3 de diciembre Torcuato Fernández

Miranda juró ante el monarca su cargo como presidente del Consejo del Reino y de las Cortes

Españolas. Con el inicio del reinado de Juan Carlos I comenzaba la transición a la democracia.

3.2. La política exterior entre 1939 y 1975.

El período comprendido entre 1939 y 1945 está marcado en el panorama histórico

internacional por la Segunda Guerra Mundial y, en el caso español, nos encontramos con una

nación que trataba de reconstruirse material e ideológicamente tras haber sufrido una guerra

civil. Debido a la evolución de las potencias beligerantes y su relación con España, así como a

los propios cambios políticos internos acaecidos se pueden diferenciar dos grandes etapas en

lo que respecta al posicionamiento español en la Segunda Guerra Mundial. La primera fase se

corresponde con 1939-1942, es decir, con el período de hegemonía del Eje, y la segunda con

1943-1945, años en los que los aliados fueron recuperando posiciones. Respecto a la primera

etapa, cabe decir que el 4 de septiembre de 1939, tres días después de que los alemanes

invadieran Polonia, España se declaró neutral, pero esta neutralidad duró poco tiempo, pues

dos acontecimientos precipitaron que el 12 de junio de 1940 pasara a la no beligerancia: la

derrota de Francia por los alemanes, que ocuparon el Norte y el Oeste del país mientras que el

régimen colaboracionista de Vichy se instalaba en la franja del Sudeste, y la entrada de Italia

en el conflicto. En junio de 1940 la hegemonía alemana en la guerra era clara y, ante la entrada

de Italia, España estuvo tentada a intervenir en la lucha en el segundo semestre de 1940.

España se sintió tentada a entrar tanto por Hitler como por Mussolini, pero especialmente por

este último que tenía en sus planes imperialistas el convertir a Italia en la potencia

hegemónica del Mediterráneo. El ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Súñer, se

sintió atraído por esta idea y se dirigió a Roma y Berlín y el 23 de octubre de 1940 Franco se

entrevistó con Hitler en Hendaya y el 12 de febrero de 1941 en Bordighera con Mussolini.

Finalmente, no se llegó a un acuerdo y se decidió la no intervención, ya que al parecer Franco

impuso a Hitler unas condiciones muy altas que suponían ayuda económica y militar y

posesiones coloniales francesas en el Norte de África. El 22 de junio de 1941 con la operación

Barbarroja Alemania se lanzó a la invasión de la Unión Soviética, a pesar de que antes de

empezar la Segunda Guerra Mundial, el 28 de agosto de 1939, Hitler y Stalin habían firmado un

Pacto de No Agresión germano-soviético a fin de que el nazismo y el comunismo no se

atacaran mutuamente. Al llevar Hitler la guerra al Este de Europa y luchar contra el

comunismo, en España se relanzó la propaganda contra dicha ideología y se decidió enviar a

Rusia un ejército especial, con dieciocho mil hombres, la División Azul, formada sobre todo por

jóvenes falangistas, aunque también se alistaron en ella personas que querían limpiar su

imagen debido a su participación al lado de la República durante la guerra civil. Estuvo al

mando del general Muñoz Grandes en 1941-1942 y, posteriormente, del general Esteban

Infantes y, una vez iniciada la retirada, un reducido grupo combatió con el nombre de Legión

Española, que después se integró en las S.S. alemanas. Serrano Súñer había sido nombrado

ministro de Asuntos Exteriores el 16 de octubre de 1940 y, dos días después, fue destituido

como ministro de la Gobernación, secretario general del Movimiento y jefe de la Propaganda,

pero continuó conservando la cartera de Asuntos Exteriores. Los militares no estaban

conformes porque Falange Española Tradicionalista y de las JONS tenía una posición


hegemónica tras la contienda y reivindicaban la importancia del ejército que había luchado

para ganar la guerra. Esto ocasionó una crisis en mayo de 1941 debido al descontento de los

militares por el poder acumulado por Ramón Serrano Súñer. El 16 de agosto de 1942 se

produjo el incidente de Begoña, un enfrentamiento entre carlistas y falangistas acaecido en el

transcurso de una celebración religioso-patriótica que se saldó con la salida del Gobierno de

Ramón Serrano Súñer y de José Enrique Varela Iglesias, que eran respectivamente los ministros

de Asuntos Exteriores y del Ejército. La actividad de Serrano Súñer había provocado

descontento en diversos sectores del régimen y en el propio Franco y su caída supuso la

pérdida de poder de los sectores falangistas y posibilidades para los sectores promonárquicos,

coincidiendo este proceso con el cambio de tendencia en la Segunda Guerra Mundial.

Posiblemente, si Serrano Súñer hubiera seguido siendo ministro de Asuntos Exteriores España

podría haber entrado en el conflicto en el otoño de 1942, pero por esas fechas Francisco

Gómez Jordana lo había sustituido ya al frente de dicha cartera. Acerca de la segunda fase

mencionada, cabe decir que el 10 de julio de 1943 se produjo el desembarco de Sicilia y,

posteriormente, la liberación del Sur de Italia. Mussolini se refugió en el Norte de Italia,

quedando dividido el país en dos partes: el Norte, con Mussolini apoyado por los alemanes, y

el Sur, con los aliados. Mussolini había sido el gran referente de Serrano Súñer y la caída del

Duce supuso un cambio en la postura española ante el conflicto. Aunque Gómez-Jordana era

ministro de Asuntos Exteriores desde el 3 de septiembre de 1942, España no se declaró

oficialmente neutral hasta el 3 de octubre de 1943, es decir, tras la caída de Italia. En

consecuencia, España ante la Segunda Guerra Mundial se mantuvo en la neutralidad desde

septiembre de 1939 hasta junio de 1940, en la no beligerancia a partir del 12 de junio de 1940

y nuevamente en la neutralidad desde el 3 de octubre de 1943. Entre los meses de enero y

mayo de 1944 los aliados sometieron al régimen de Franco a una fuerte presión económica

mediante el embargo de petróleo para conseguir que España dejara de exportar wolframio a

Alemania. Finalmente, en mayo de 1944 se llegó a un acuerdo para que España pudiera

percibir petróleo a cambio de que dejara de enviar wolframio. También en mayo de 1944 el

primer ministro británico, Winston Churchill, pronunció un discurso en la Cámara de los

Comunes donde se mostraba tolerante al régimen de Franco. Franco y la diplomacia española

trataron de convencer a los embajadores de la existencia de tres guerras: la guerra del

Pacífico, en la que España apoyaba a los aliados, la guerra en Europa, en la que era neutral, y la

guerra en el Este de Europa, en la que era beligerante. La diplomacia franquista anticipó la idea

de Guerra Fría y Luis Carrero Blanco, subsecretario de la Presidencia del Movimiento desde

1941 que llegaría a ser presidente del Gobierno el 8 de junio de 1973, en su informe de agosto

de 1945 le decía a Franco que la presión era muy fuerte, que incluso podía aumentar, pero que

“la única fórmula era orden, unidad y aguantar”. Antes de concluir la Segunda Guerra Mundial

se celebraron la Conferencia de Yalta (febrero de 1945) y la de Potsdam (entre el 17 de julio y

el 2 de agosto de 1945), en las que los representantes de Reino Unido, la URSS y Estados

Unidos trataron de establecer un orden internacional basado en regímenes democráticos, de

tal forma que aquél que no adoptara esa condición sería aislado. El 11 de agosto de 1944 José

Félix de Lequerica, que había sido embajador de España en Francia durante el mandato del

mariscal Pétain, se convirtió en ministro de Asuntos Exteriores. Acerca de la situación de los

exiliados españoles, cabe decir que en el último trimestre de 1944 aumentó la presión por

parte de los que se encontraban en Francia y habían participado en la Segunda Guerra Mundial


del lado de la resistencia. Liberada Francia, pensaron que si los aliados ganaban el conflicto

Franco podría ser derrocado, siendo sustituido el régimen por un nuevo proceso

constituyente.

En mayo de 1945 cayó Berlín y acabó la contienda. A partir de entonces comenzaron los duros

años del aislamiento. Como ya se ha señalado anteriormente, en la declaración conjunta de 4

de marzo de 1946, los Gobiernos de Francia, Reino Unido y Estados Unidos se comprometían a

no intervenir militarmente en España, pero tampoco el país recibiría beneficios si no hacía una

transición política. Esto decepcionó a los exiliados republicanos, que deseaban que se

produjera esa intervención. El 20 de julio de 1945 Alberto Martín Artajo, miembro de la

asociación internacional de católicos Pax Romana, fue nombrado ministro de Asuntos

Exteriores y se mantuvo en el cargo hasta el 25 de febrero de 1957. Durante esta etapa se

gestionó el Concordato, que fue firmado el 27 de agosto de 1953 y reguló las relaciones Iglesia-

Estado hasta el 28 de julio de 1976. Las gestiones fueron iniciadas por Joaquín Ruiz Giménez

como embajador ante la Santa Sede y continuadas por Fernando María Castiella. En 1953 tuvo

lugar también la firma del Tratado hispano-estadounidense del que se ha hablado en el

apartado anterior. Entre 1957 y 1975 fueron ministros de Asuntos Exteriores Fernando María

Castiella (desde el 25 de febrero de 1957 hasta el 29 de octubre de 1969), Gregorio López

Bravo (entre el 29 de octubre de 1969 y el 11 de junio de 1973), Laureano López Rodó (desde

el 11 de junio de 1973 hasta el 3 de enero de 1974) y Pedro Cortina Mauri (entre el 3 de enero

de 1974 y el 11 de diciembre de 1975). El 7 de abril de 1956 el Estado español reconoció la

independencia de Marruecos después de que Francia hubiera hecho lo mismo con su parte y el

22 de noviembre de 1957 tuvo lugar un ataque marroquí al territorio de Ifni, iniciándose una

guerra que no concluiría hasta febrero de 1958. Posteriormente, el 12 de octubre de 1968 se

independizó Guinea Ecuatorial y el 4 de enero de 1969 Ifni fue cedido a Marruecos. La crisis del

petróleo de 1973 crearía una grave situación que impuso un brusco final al período de

expansión vivido por la economía española desde 1960. El 16 de octubre de 1975 el rey Hassan

II de Marruecos anunció la Marcha Verde sobre el Sahara español y el 30 de ese mes el

Príncipe asumió por segunda vez la Jefatura del Estado en funciones, pues el año anterior,

concretamente el 19 de julio de 1974, cuando Franco fue hospitalizado a causa de una

tromboflebitis en la pierna derecha el 9 del mismo mes, don Juan Carlos había asumido ya

interinamente la Jefatura del Estado. Así pues, el 2 de noviembre don Juan Carlos viajó a El

Aaiun para visitar a las tropas españolas destinadas en el Sahara. Finalmente, el 18 de

noviembre el Gobierno español capituló y el Acuerdo Tripartito de Madrid supuso la entrega

del Sahara español a Marruecos y Mauritania, violando el compromiso y mandato de la ONU,

que había encargado a España la tutela del territorio hasta su independencia.

3.3. La sociedad española en el franquismo.

La guerra civil interrumpió el proceso de modernización de las estructuras socioeconómicas del

país, a la vez que el período de posguerra que coincidió con la Segunda Guerra Mundial y la

fase de aislamiento internacional produjeron efectos muy negativos que retrasaron la salida de

España del estancamiento socioeconómico en el que se encontraba. Gracias al Plan de

Estabilización de 1959 la nación lograría experimentar ese desarrollo social, a la vez que se

fomentó su integración en los circuitos internacionales. Respecto a la demografía cabe decir


que en 1940 España tenía 26.014.278 habitantes, que pasaron a 28.117.873 en 1950, a

30.528.539 en 1960 y a 33.956.047 en 1970. Entre 1955 y 1975 la mortalidad descendió,

aumentó la esperanza de vida (en 1960 se situaba en los setenta años de edad) y se

incrementó la natalidad (baby boom). La mortalidad infantil pasó del 175 por mil que había a

principios de siglo al 50 por mil entre 1955 y 1959. El trasvase demográfico de las áreas rurales

a las urbanas, proceso iniciado ya a comienzos del siglo XX, se potenció desde el final de la

guerra civil y supuso un cambio profundo del modo de vida, ya que el éxodo rural llevaba

consigo no sólo el cambio en la actividad profesional de las personas que lo protagonizaban,

sino que suponía la inserción del individuo en una nueva posición dentro del sistema social y

un cambio respecto al marco cultural de referencia. Los principales focos de atracción de

población fueron las áreas industriales de Madrid, Cataluña, Levante, Baleares, Navarra, País

Vasco, Valladolid, Zaragoza, Sevilla y Málaga. Buena parte de los nuevos habitantes de las

ciudades se vieron obligados a vivir realquilados ante la falta de viviendas y algunos levantaron

edificaciones en el extrarradio, propiciando el chabolismo. Así ocurrió a partir de 1950 con los

barrios de Orcasitas y El Pozo del Tío Raimundo. El Estado promovió “viviendas sociales” para

paliar la escasez de viviendas y el 19 de abril de 1939 apareció el Instituto Nacional de la

Vivienda. Desde entonces hasta mediados de los cincuenta se construyeron “viviendas

protegidas”, “viviendas bonificables” y “viviendas de renta limitada”. Entre 1956 y 1960 se

acometió el Primer Plan Nacional de la Vivienda, especialmente pensado para núcleos de

atracción migratoria como Madrid y Barcelona, y a principios de los sesenta se puso en marcha

el Segundo Plan Nacional de la Vivienda. Tras la puesta en marcha del Plan de Estabilización,

durante una década y media se desarrolló el movimiento migratorio español hacia el

extranjero. Los emigrantes se dirigieron fundamentalmente a los países más desarrollados de

la Europa occidental, como Francia, la República Federal Alemana y Suiza. La crisis económica

de mediados de los años setenta pondría fin a este tipo de emigración.

En los años cuarenta el 50% de la población activa se dedicaba al sector primario y,

progresivamente, fueron cobrando fuerza los sectores secundario y terciario, de manera que

en 1970 sólo el 29% de la población activa se dedicaba al sector primario. El régimen comenzó

a regular las condiciones de trabajo con el Fuero del Trabajo de 9 de marzo de 1938, en el que

quedaban prohibidos el derecho a la libre sindicación y la huelga. En 1944 por la Ley de

Contrato de Trabajo se reguló la relación contractual individual dentro del mercado laboral y,

por decreto de 18 de agosto de 1947, se crearon los jurados de empresa. Todos estos aspectos

fueron modificados con la Ley de Convenios Colectivos de abril de 1958, con la que comenzó

una nueva etapa en lo relativo a las relaciones laborales, pues permitió a los trabajadores

negociar con los empresarios dichas condiciones. En 1954 el Gobierno creó un seguro contra el

paro tecnológico, transformado en 1961 en seguro nacional de desempleo y, por decreto de

17 de enero de 1963, apareció el Salario Mínimo Interprofesional. La situación económica de

los años setenta hizo entrar en crisis a numerosas empresas, muchas de las cuales cerraron y

se mostraron incapaces de saldar obligaciones legales y de indemnizar a sus trabajadores. Para

remediar estas situaciones de insolvencia se creó en 1976 el Fondo de Garantía Empresarial.

Respecto a las pensiones por jubilación, cabe decir que en 1939 para reemplazar al antiguo

“retiro obrero” surgió el “subsidio de vejez e invalidez”, transformado en 1947 en “seguro

obligatorio de vejez e invalidez”. En 1943, con José Antonio Girón de Velasco al frente del


Ministerio de Trabajo, se creó el “seguro obligatorio de enfermedad”, auténtico pilar de la

moderna Seguridad Social. Sus prestaciones eran de tipo sanitario (asistencia médica, recetas

subvencionadas y hospitalización) y de tipo económico (baja médica y subsidio en caso de

fallecimiento). El 28 de diciembre de 1963 se aprobó la Ley de Bases de la Seguridad Social con

el fin de ampliar las coberturas sociales y de unificar la dispersa legislación existente sobre

seguros sociales españoles. A partir de entonces la Seguridad Social por medio del Instituto

Nacional de Previsión gestionó los seguros obligatorios. Al terminar la década de los sesenta la

luz eléctrica llegaba ya a casi todo el país y una gran parte de los hogares tenían teléfono,

frigorífico y, más tarde, lavadora. En 1959 había treinta mil receptores de televisión en España,

que pasaron a ser medio millón en 1965 y, en 1969, el 62% de los hogares tenía televisor. El

emblema de la época fue el Seat 600, el coche que permitió a las clases medias acceder al

vehículo particular, de manera que en 1969 una cuarta parte de las familias tenían coche

propio. Asimismo, a finales de los sesenta y comienzos de los setenta el veraneo en las zonas

de playa comenzó a ser también un fenómeno masivo entre los españoles.

Acerca de la educación, es preciso señalar que en las primeras décadas del régimen franquista

las órdenes religiosas fueron fundamentalmente las encargadas de impartir la enseñanza

primaria y secundaria, aunque también había centros públicos. Fueron ministros de Educación

Pedro Sainz Rodríguez (31 de enero de 1938- 27 de abril de 1939), José Ibáñez Martín (9 de

agosto de 1939-19 de julio de 1951), Joaquín Ruiz Giménez (19 de julio de 1951-15 de febrero

de 1956), Jesús Rubio García-Mina (15 de febrero de 1956-10 de julio de 1962), Manuel Lora-

Tamayo (10 de julio de 1962-16 de abril de 1968), José Luis Villar Palasí (16 de abril de 1968-11

de junio de 1973), Julio Rodríguez Martínez (11 de junio de 1973-3 de enero de 1974) y Cruz

Martínez Esteruelas (3 de enero de 1974-11 de diciembre de 1975). Ibáñez Martín promovió la

Ley de Ordenación Universitaria de 1943 y, en marzo de 1944, por decreto gubernamental se

incluyó en todos los planes de estudios universitarios la formación política, organizada en tres

asignaturas anuales. En 1949 una ley daba carta de naturaleza al bachillerato profesional que

se impartiría en los Institutos Laborales. El texto legal más importante de la etapa de Joaquín

Ruiz Giménez como ministro de Educación Nacional fue la Ley de Enseñanza Media de 26 de

febrero de 1953, que establecía un nuevo plan de bachillerato, dividido en dos grados

(elemental y superior), que estaría en vigor hasta 1970. El problema del analfabetismo y de los

niños sin escolarizar no había sido superado en 1960, fecha en la que había tres millones de

personas que no sabían leer ni escribir. Manuel Lora Tamayo modificó la legislación para entrar

en las Escuelas de Magisterio, de modo que a partir de entonces se debía tener aprobado el

Bachillerato Superior. José Luis Villar Palasí promovió la elaboración de un libro blanco para

detectar los problemas del sistema educativo vigente y el resultado fue la Ley General de

Educación de 20 de agosto de 1970. De acuerdo a esta ley, de forma previa a la Educación

General Básica (EGB), impartida desde los seis hasta los catorce años, existía una educación

preescolar y, entre los catorce y los diecisiete años, habría un Bachillerato Unificado

Polivalente (BUP), que fundía los planes de los bachilleratos de letras y de ciencias de la ley de

1959. La formación profesional se organizó en tres grados y la preparación al mundo

universitario se haría en el Curso de Orientación Universitaria (COU). A nivel universitario se

establecieron tres ciclos: diplomatura, licenciatura y doctorado. En enero de 1975, siendo

ministro de Educación y Ciencia Cruz Martínez Esteruelas, apareció el Instituto Nacional de


Educación Especial. En general, durante las décadas de los sesenta y de los setenta se produjo

un aumento de los alumnos matriculados en los diferentes ciclos, se incrementó el número de

colegios, institutos y universidades y mejoró la calidad de la enseñanza y de la investigación.

3.4. La creación cultural.

Al finalizar la guerra civil el bando vencedor asumió un dominio total sobre la actividad cultural

y educativa de España, a la vez que muchos de los intelectuales se habían exiliado o habían

sido objeto de depuración. En este contexto, se impuso la vigilancia a toda actividad cultural a

fin de detectar los elementos disidentes y la censura, en virtud de la Ley de Prensa de 22 de

abril de 1938, coartó el panorama creativo de la España franquista, no haciéndose más

benévola la temida censura hasta la Ley de Prensa e Imprenta de 15 de marzo de 1966. El

régimen controlaba los medios de comunicación de la época y poseía sus propias cadenas de

prensa y de radio, las cuales se hallaban ligadas al Movimiento como órgano de propaganda.

En 1942 apareció el monopolio del NO-DO sobre los noticiarios y documentales

cinematográficos y el 28 de octubre de 1956 Televisión Española comenzó a emitir

regularmente. En la España de los años cuarenta se realizaron películas en las que se exaltaba

el sentimiento patriótico y nacional, destacando Raza de José Luis Sáenz de Heredia, con guión

del propio Francisco Franco bajo el seudónimo de Jaime de Andrade, que fue estrenada en

1941, y Los últimos de Filipinas (1945). En 1947 se estrenó la película Gilda, acontecimiento

que en España causó un auténtico escándalo, llegándose a organizar, debido a los provocativos

ademanes y trajes de Rita Hayworth, rezos públicos en las entradas de los cines. En 1952 se

estrenó la película Bienvenido Mr. Marshall, dirigida por Luis García Berlanga, en 1955 Muerte

de un ciclista y en 1956 Calle Mayor, ambas dirigidas por Juan Antonio Bardem. En 1969 Luis

Buñuel adaptó al cine Tristana de Benito Pérez Galdós y unos años antes, concretamente en

1961, la película Viridiana, que él mismo había dirigido, fue prohibida por la censura en

España, aunque obtuvo éxitos internacionales como la “Palma de Oro” de Cannes. En los

primeros años de la posguerra, en consonancia con las ideas del régimen, desarrollaron su

labor intelectual José María Pemán, Agustín de Foxá, Eugenio D’Ors, Pedro Laín Entralgo,

Antonio Tovar y Dionisio Ridruejo. Estos tres últimos acabarían pasando años después a la

oposición política. Además, tras regresar a España continuaron su actividad como escritores

Azorín, Pío Baroja y Ortega y Gasset, aunque desde posiciones alejadas de la identificación

ideológica con el régimen. En 1945 se creó el Premio Nadal, el cual fue concedido en su

primera edición a Nada de Carmen Laforet, novela de corte existencialista que incidió en la

polémica del “tremendismo” y renovó la narrativa española. En 1949 se estrenó Historia de

una escalera de Antonio Buero Vallejo, obra de carácter neorrealista con la que su autor se dio

a conocer e inició la renovación de la escena española. Otros escritores que comenzaron a

destacar en estos años en la narrativa fueron Camilo José Cela, quien ya había publicado en

1942 La familia de Pascual Duarte, Miguel Delibes (La sombra del ciprés es alargada, Premio

Nadal 1947), Ana María Matute (Los Abel, 1948), Rafael Sánchez Ferlosio (El Jarama, Premio

Nadal 1955), Ignacio Aldecoa (Con el viento solano, 1956), Carmen Martín Gaite (Entre visillos,

Premio Nadal 1957), Gonzalo Torrente Ballester (Los gozos y las sombras, 1957-1962) y Luis

Martín Santos (Tiempo de silencio, 1962). En poesía, hay que citar a Gabriel Celaya (La soledad

cerrada, 1947), a Blas de Otero (Redoble de conciencia, 1951) y a Salvador Espriu (La pell de


brau, 1960) y en teatro al ya mencionado Antonio Buero Vallejo (En la ardiente oscuridad,

1950) y a Alfonso Sastre (Escuadra hacia la muerte, 1953). En 1956 Juan Ramón Jiménez fue

galardonado con el Premio Nobel de Literatura y tres años después, en 1959, el médico

español Severo Ochoa obtuvo el Premio Nobel de Medicina, al haber logrado la síntesis del

ácido ribonucleico. Durante los años de la posguerra se impusieron las corrientes clasicistas del

arte del fascismo, destacando el Valle de los Caídos, obra de Pedro Muguruza que se inauguró

el 1 de abril de 1959, y el Arco de la Victoria, que se construyó entre 1949 y 1956. En la década

de los cincuenta fueron surgiendo nuevas corrientes estéticas, sobresaliendo en la pintura el

grupo Dau al Set en Barcelona y, más tarde, el grupo de Cuenca, encabezado por Fernando

Zóbel. También las obras de Antoni Tapies y de Antonio Saura se hallan en clara ruptura con el

arte académico. En escultura destacó Eduardo Chillida y en arquitectura hay que mencionar a

Luis Moya y, ya en los sesenta, a Francisco Javier Sáenz de Oiza, con sus Torres Blancas de

Madrid, de las que sólo se llegó a construir una, en la que consiguió disolver el espacio

unificado de los rascacielos y establecer cierta independencia entre las distintas viviendas. En

el campo de la Filosofía sobresalieron Xavier Zubiri, Julián Marías, María Zambrano, José

Ferrater Mora, José Luis López Aranguren y Manuel Sacristán. En la disciplina histórica, ocupó

un relevante papel Jaume Vicens Vives, en tanto que renovó la investigación en Historia

económica y social. Por último, cabe decir que en el plano cultural en el tardofranquismo se

hizo tan patente como en el social la existencia de un abismo entre la España oficial y la real.

En la última década del régimen de Franco, en el ámbito del pensamiento y de las ciencias

sociales la situación podría definirse con los términos de homologación con Europa y de

recuperación de la producción cultural que hasta entonces había sido desechada, destacando

el interés de los científicos sociales por los años de la experiencia republicana.

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HISTORIA DE ESPAÑA DESDE LA SEGUNDA REPÚBLICA HASTA EL FRANQUISMO (1931-1975)

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