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Quince meses atrás el IDL inició el proyecto “Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad en la Región Huancavelica”, que constituye un importante precedente para el proceso de reparaciones a escala nacional. A continuación, un recuento de los principales logros conseguidos hasta hoy.

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HUANCAVELICA,cosa delicada

Huancavelica había dejado de ser hace ya un buen tiempo el sinónimo que flameaban sus más emblemáticas canciones. Los vientos cruzados de la violencia y el terror habían impregnado de dolor la famosa tierra del mercurio. El lugar donde normalmente se hallaba “el amor verdadero y para siempre”, como canta la afinada letra, se había convertido en uno de los más afectados por la violencia política, que no tuvo reparos en arrasar vidas e infraestructura.

Lo que no pudieron destruir fue la memoria y la esperanza, en nombre de la cual el IDL desarrolla desde hace quince meses el proyecto “Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad en la Región Huancavelica” para apoyar al Gobierno Regional y con la fundamental participación de los pobladores. El Plan de Reparaciones de la zona recoge la recomendación de la CVR de contar con un Plan Integral de Reparaciones, lo que implica avanzar en una serie de pasos previos que van desde contar con un registro total de las víctimas hasta el fortalecimiento de la organización política de las comunidades. Estos pasos previos constituyen los logros principales del Proyecto y un motivo más para la esperanza de una zona que lo pedía a gritos.

María Eugenia Moyano Área de Gobernabilidad y Derechos Humanos del IDL

nº 179 diciembre 200668

Cuentas del alma

Antes de iniciar cualquier tipo de reparación es necesario saber cuántas y quiénes son las víctimas. Huancavelica es la primera región que ha puesto en marcha y ha logrado culminar un Registro Regional de Víctimas. Las auto-ridades regionales, junto con el equipo técnico del IDL, seleccionaron y capacitaron a un grupo de 150 hombres y mujeres huancavelicanos, muchos de ellos víctimas de la violencia política, quienes recorrieron los 94 distritos, las 540 comunidades campesinas y las 4.792 localidades con la misión de recoger las solicitudes de registro y procurando que ningún afectado se quede sin registrar. Finalmente se recabaron 5.162 solicitudes.

Esta experiencia es un modelo para el Registro Único de Víctimas que deberá iniciarse en las demás regiones afec-tadas, tarea encargada al Consejo de Reparaciones creado hace algunas semanas por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Una vez terminado su registro, el Gobierno Regional de Huancavelica estableció la Secretaría Técnica, encargada de analizar las solicitudes y de generar expedientes que habrán de permitir luego al Comité de Calificación de Víc-timas (CCV) extender la certificación. Hasta el momento se han revisado 888 expedientes, y la instalación del CCV espera solo la firma del Presidente Regional.

Pero tan importante como la inscripción individual de víctimas es contar con un registro colectivo cuya finalidad no se agota en el levantamiento de la información sobre la pérdida de bienes comunales sino que busca también recoger de las propias comunidades una propuesta de reparación colectiva que sea discutida en una Asamblea Comunal convocada por las autoridades regionales en coordinación con los dirigentes comunales. En estas re-uniones la población tendrá la oportunidad de expresar sus propuestas de reparación. Se cuenta ya con una ficha, elaborada para consignar información sobre el grado de afectación comunal y una propuesta de reparación. El regis-tro colectivo empezará luego del cambio de gobernadores dispuesto por el Ministerio del Interior.

Miradas desde dentroLa violencia política que azotó la región destruyó no solo el tejido social y los lazos comunales, sino también su infraestructura productiva. Como consecuencia, las comu-nidades más excluidas carecen ahora de representación en las estructuras del poder político local y tampoco tienen las herramientas para acceder a los recursos que existen en la región. Dada la importancia de tales mecanismos de negociación, en las provincias de Huancavelica y An-garaes se han promovido autodiagnósticos y propuestas de reparación comunal que apoyen a las comunidades en la formulación de sus planes.

El Proyecto ha contemplado la necesidad de fortale-cer los espacios de concertación y planeamiento en las veinte comunidades más afectadas de la región para que la población, sus instituciones comunales, dirigentes y líderes, puedan reconstruir la dinámica social y política, imprescindible para el inicio de las reparaciones comunales.

En esta misma dirección, los autodiagnósticos de afecta-ción no solo han permitido identificar los bienes perdidos sino que también han promovido el restablecimiento de los lazos intercomunales que componen el tejido social fragmentado por el conflicto armado interno para que los afectados puedan reconocerse como tales y procedan así a elaborar sus expectativas de reparación. Este proceso pasa por el desarrollo de las capacidades de los represen-tantes comunales, la generación de acuerdos y la asesoría y seguimiento de estos.

La violencia política que azotó la región destruyó no solo el tejido social y los lazos comunales, sino también su infraestructura productiva.

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Una vez hechos los autodiagnósticos, corresponde elabo-rar los veinte planes de reparación comunal y su inclusión en los planes de desarrollo distritales y provinciales, y en los procesos de Presupuesto Participativo. Conforme se van logrando estos objetivos se irá desarrollando tam-bién la gobernabilidad en y hacia estas comunidades de manera ostensible.

Otro de los elementos básicos para desarrollar la gober-nabilidad es el desarrollo de una vigilancia que permita a la sociedad civil exigirle al Estado el cumplimiento de sus derechos. Para ello se ha creado un sistema de vigilancia de la inversión pública destinada al Plan Integral y de los compromisos presupuestales asumidos por los distintos sectores de la región en el tema de reparaciones. Esta tarea está a cargo del Consejo Regional de Reparaciones del Plan Integral de Reparaciones (Corepir), creado por el Gobierno Regional de Huancavelica.

El Corepir es una instancia de concertación integrada por representantes de las entidades públicas y privadas, y su misión principal es participar en la formulación de políticas, estrategias y acciones a favor de las familias y organizaciones de víctimas contempladas en el Plan de Reparaciones. Si bien este tipo de organizaciones han sido ya creadas en la mayor parte de regiones afectadas —con lo que Huancavelica se vuelve a colocar un paso adelante en el proceso de reparaciones del país—, aún no cuentan con un sistema de vigilancia.

El sistema aludido sirve también para que las autoridades regionales ganen mayor legitimidad a partir de la trans-parencia y eficacia de los compromisos asumidos con las víctimas de la violencia política, así como para el fortale-cimiento de las organizaciones de afectados en el ejercicio de su derecho a la participación ciudadana.

En el nombre de tu nombreUna de las terribles consecuencias para el país del con-flicto armado interno fue la pérdida de innumerables actas de nacimiento, defunción y matrimonio, con lo que varios miles de huancavelicanos y huancavelicanas resultaron imposibilitados de identificarse legalmente y ejercer sus derechos y deberes civiles. Al respecto, el Programa de Regularización Jurídica busca impulsar mecanismos legales y rápidos que permitan la reins-cripción de las actas perdidas como producto de la violencia política.

Como primer paso se ha desarrollado una metodología especial para la elaboración de un diagnóstico pormenori-zado del estado de los registros civiles afectados durante el conflicto armado interno. Este diagnóstico permitió iden-

tificar la ubicación de los registros siniestrados, el número de años extraviados y el tipo de hechos vitales afectados en las provincias de Huancavelica y Angaraes.

Para ello, veintisiete promotores y promotoras de regula-rización jurídica comprometidos con el problema visitaron durante tres meses los distritos y algunos centros pobla-dos de las provincias de Angaraes y Huancavelica, con la

Huancavelica es el segundo departamento más golpeado por la guerra interna, y aun así existe muy poca información respecto de lo ocurrido en esas dos décadas en esta zona. Como en las demás regiones afectadas, la reconstrucción de la memoria como un proceso de aprendizaje y dignificación de las víctimas es aún complicado, por el poco tiempo transcurrido. Sin embargo, desde el componente de identidad y memoria se han producido notables avances.

A partir de la investigación sobre los procesos loca-les de violencia en Huancavelica, se logró recoger información para la elaboración de las cronologías del conflicto en las siete provincias. Luego, mediante una metodología especializada se realizaron ocho talleres de memoria en los que participaron actores o ciudadanos que reunieron una gran cantidad y calidad de información sobre lo que ocurrió en sus zonas durante los años de la violencia. Así lograron construir de manera colectiva una versión de lo que sucedió en su provincia.

La metodología utilizada en los talleres de recons-trucción del proceso de violencia fue bastante útil, pues no solo permitió la identificación y evaluación del comportamiento de los diferentes actores locales durante el conflicto, sino también dio pie a un balance crítico de lo sucedido, como una puerta de entrada hacia un proceso de la elaboración de la memoria colectiva en las comunidades huancavelicanas.

Reconstruyendo la memoria

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finalidad de levantar información sobre todos los registros

civiles de estas dos provincias. A partir de esta experiencia

se iniciaron una serie de coordinaciones con el Reniec para

solicitar, en un primer momento, asesoría técnica en la

elaboración del instrumento sobre información registral

y, después, para presentar la información recogida.

Este proceso ha permitido elaborar con el Reniec un

proyecto específico para abordar problemas vinculados a

la pérdida de los registros de los hechos vitales de las per-

sonas afectadas por el conflicto armado y de la población

indocumentada en el departamento de Huancavelica. La

experiencia será tomada posteriormente como guía cuan-

do el Estado la replique en el ámbito nacional.

Otro logro del programa de regularización jurídica es la

canalización de solicitudes de ausencia por desaparición

forzada a la Defensoría del Pueblo. Como sabemos, muchas

personas desaparecieron durante los años de violencia

(1980–2000). Para regularizar legalmente esta situación se

emitió la ley 28413, que regula la ausencia por desaparición

forzada y encarga a la Defensoría del Pueblo la tarea de

elaborar el registro específico y la entrega gratuita de la

Constancia de Ausencia por Desaparición Forzada. Este

documento permite, entre otras cosas, obtener una partida

de defunción, realizar trámites de herencia y propiedad y

regularizar la inscripción de nacimientos.

La obtención de esta constancia presenta algunas dificul-

tades: por un lado, muchas de las poblaciones afectadas

no están enteradas de la existencia del registro y de la

posibilidad de obtener este documento, y las poblaciones

que sí están al tanto no cuentan con los recursos econó-

micos para movilizarse hacia la capital de la provincia y

solicitarlo. Por otro lado, la oficina de la Defensoría del

Pueblo de Huancavelica no tiene los recursos humanos

suficientes para verificar directamente la entrega de la

constancia.

Ante esta situación, el programa de regularización jurídica

inició una labor de promoción e información sobre los

pasos que se deben seguir para obtener la constancia.

Los promotores de regularización jurídica recorrieron las

comunidades más alejadas y afectadas de las provincias

de Huancavelica y Angaraes, para ayudar a la población

a llenar los documentos necesarios para solicitar la

constancia y trasladarlos a la oficina de la Defensoría del

Pueblo en Huancavelica. Desde el mes de abril de este año

se han canalizado más de 182 solicitudes, número que

duplica el de las solicitudes presentadas anteriormente

a la Defensoría.

El año 2006 ha sido crucial para el avance hacia las repa-

raciones, y la experiencia de Huancavelica representa la

piedra miliar del plan integral que en breve tiempo deberán

emprender otras regiones afectadas del país. El balance

es más que positivo: se han sentado las bases para que

las víctimas obtengan finalmente el reconocimiento y la

dignificación que la reparación les otorga; sin embargo,

queda aún mucho camino por recorrer. Mientras tanto,

la expresión “cosa delicada” (delicadísima) que perpetuara

hace años Picaflor de los Andes para aludir a Huancavelica

tiene hoy más vigencia que nunca, por su gente (linda),

tradición, dolor y coraje.

La experiencia de las Defensorías Comunitarias (DC) es una

de las más desarrolladas desde el Área de Gobernabilidad y

Derechos Humanos del IDL. La historia se inicia hace más de

cinco años, con la creación de doce DC en tres provincias del

departamento.

A partir de esta experiencia, y con la firme convicción de que

estas instancias son un efectivo mecanismo de acceso a la jus-

ticia para las mujeres, niños y niñas de las zonas rurales, hace

poco se han creado otras ocho DC y reactivado once de las ya

existentes, con la finalidad de implementar una red regional de

protección de los derechos de la mujer, los niños, las niñas y los

adolescentes de Huancavelica. Para lograr que esta red se instale, se están poniendo en marcha nuevas estrategias de

capacitación, como la creación de espacios de aprendizaje conjunto para los diversos operadores de justicia, entre los que

se encuentran los gobernadores, los jueces de paz y los defensores y defensoras comunitarios(as).

Las defensoras de Huancavelica