I+D+ · La brecha en I+D con la Unión Europea se debe al bajo gasto empresarial . Un año más, la...

I+D+i SIGUEN LOS RECORTES

Mayo 2017

LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN LOS PGE-2017

La I+D+i pública vuelve a caer y mantiene el fuerte recorte acumulado La política estatal de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) vuelve a sufrir en 2017 un nuevo recorte en su presupuesto real de gasto, que el Gobierno camufla bajo un aumento de la dotación para préstamos, que año tras año se quedan en gran medida sin ejecutar. Los PGE ahogan la viabilidad del sector público, al no dotarlo de fondos adecuados para recuperar recursos humanos e infraestructuras obsoletas, mientras que el sector empresarial se muestra incapaz de absorber los créditos disponibles. El modelo de desarrollo basado en la economía del conocimiento carece de solidez y tamaño crítico.

La política de investigación, desarrollo e innovación registra un aumento mínimo (1%, 65 millones) hasta un total de 6.490 millones, según el proyecto de presupuestos de 2017. Esta mínima subida nominal se convierte en bajada real si se deflacta y no compensa los abultados recortes acumulados, que se mantienen a pesar de la recuperación económica. Desde 2009 el presupuesto nominal anual de I+D+i ha descendido un 33% acumulado y dispone de 3.172 millones menos al

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año. Ni siquiera el ligero repunte previsto para 2017 está garantizado, ya que la política de I+D+i tiene el menor grado de ejecución de todo el presupuesto: en 2015 solo se ejecutó el 60% de los fondos asignados. España había incrementado lentamente su esfuerzo global en investigación y desarrollo: 0,79% del PIB en 1996, 1,06% en 2004 y 1,35% en 2009. La crisis truncó esa lenta mejora, evidenció su carácter procíclico y ha reducido el esfuerzo en I+D hasta el 1,22% del PIB en 2015, último dato disponible. Durante la crisis el gasto en I+D cayó más que el PIB, y ahora con la recuperación el gasto en I+D está creciendo menos que el PIB. La brecha entre el gasto en I+D de España y el promedio de la eurozona (2,14%) no ha dejado de crecer durante la crisis y se situaba en máximos en 2015. Mientras que España recortaba su esfuerzo en I+D, la eurozona seguía aumentándolo, evidencia del diferente papel y relevancia que cada cual asigna a la investigación y desarrollo. El aumento de la brecha en I+D se está produciendo incluso con países en desarrollo, que han logrado elevar su esfuerzo investigador muy por encima del de España: en 2015 China destinó el 2,07% de su PIB a I+D.

La brecha en I+D con la Unión Europea se debe al bajo gasto empresarial

Un año más, la brecha de España con la UE en materia de I+D se explica por la reducida inversión del sector empresarial, que en la UE lidera claramente el esfuerzo en investigación y desarrollo mientras que en España ha desempeñado históricamente un papel menor. A la pobre inversión empresarial en I+D, la crisis ha sumado en España el recorte de los fondos públicos, que además financiaban una parte relevante de la I+D privada. Según Eurostat, en 2015 el sector empresarial destinó a I+D el 1,22% del PIB en la eurozona y solo el 0,57% en España. En el sector público los recortes de los últimos años han vuelto a alejarnos del promedio europeo con el que casi habíamos convergido en 2009. El sector público destinó a I+D el 0,71% del PIB en la eurozona y el 0,51% en España. El marco que rige la política pública de I+D+i viene fijado por la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, que a su vez se plasma en las actuaciones incluidas en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Al amparo de este plan se dota el “Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico”. La Agencia Estatal de Investigación, creada en 2015, es la encargada de desarrollar y coordinar las actuaciones, ayudas y contrataciones. La deficiente política y gestión de los recursos públicos destinados a I+D+i seguida durante la última década ha sido incapaz de incrementar de forma sostenida la débil apuesta por la investigación en España, especialmente la vinculada al sector empresarial. La política de I+D+i impulsada en las dos últimas décadas por los sucesivos gobiernos presenta dos rasgos estrechamente vinculados: presupuestos


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“inflados” a base de préstamos y un bajo porcentaje de ejecución dichos préstamos. La crisis ha agudizado el modelo ante la drástica disminución de las empresas innovadoras; a pesar de que muchas de ellas hayan utilizado estos fondos públicos como forma de financiación genérica, dado sus bajos tipos.

Presupuestos “inflados” a base de préstamos que no se conceden

Desde 1999 la mayor parte de los fondos incluidos en el presupuesto de I+D+i no se traducen en gasto real (sueldos, transferencias, inversiones,…), sino que se centra en activos financieros (préstamos, aportaciones reembolsables) que en gran medida son fondos que deben devolverse al sector público y no debieran suponer un gasto real. Siguiendo su tendencia histórica, la mayoría del presupuesto de I+D+i para 2017 son activos financieros (60%) y solo el 40% se corresponde con gasto real. Tanto PSOE como PP han criticado esta orientación, cuando estaban en la oposición para incentivarla sin ningún remilgo una vez en el poder; los partidos nacionalistas PNV o CDC, los respaldaron porque venía bien a su red clientelar empresarial Un alto porcentaje del presupuesto de I+D+i se queda sin ejecutar año tras año debido al elevado volumen de préstamos que quedan sin concederse cada año. El nivel de ejecución presupuestaria ha bajado según avanzaba la crisis (84% en 2009, 60% en 2015) y ha sido más evidente en los fondos gestionados directamente por los ministerios, que es donde se concentran los préstamos, y cuya ejecución ha descendido del 79% al 52%. Por el contrario, se ejecuta la práctica totalidad del menguante presupuesto anual de las agencias y organismos públicos de investigación (CSIC, Carlos III, CIEMAT, INTA, etc.), cuyos recursos se dotan como gasto real y apenas incluyen préstamos. La creación de la Agencia Estatal de Investigación no ha servido para mejorar la dotación de la política de I+D+i, que en 2017 ha sufrido un nuevo recorte del gasto real presupuestado. Los activos financieros incluidos en la política de I+D+i se han utilizado recurrentemente durante años para financiar operaciones no vinculadas a la investigación y el desarrollo, y en ocasiones ni siquiera con la innovación tecnológica. Un ejemplo histórico ha sido la inclusión de la financiación a cargo del Ministerio de Industria de miles de millones destinados a los grandes proyectos de adquisición de armamento que el Ministerio de Defensa no podía afrontar o la inversión en equipos de telecomunicaciones con un nulo o reducido componente de I+D+i.


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Investigación, Desarrollo e Innovación en los PGE

Millones de euros (M€) PGE 2017/2016 2017/2009 2017 M€ % M€ %

Presupuesto I+D+i 6.490 65 1 -3.172 -33 1.1 Gasto real (capítulos 1-7) 2.605 -71 -3 -1.571 -38 1.2 Préstamos (capítulo 8) 3.885 135 4 -1.601 -29 2.1 I+D 5.533 373 7 -1.439 -21 2.2 Innovación (1) 957 -308 -24 -1.733 -64 3.1 I+D+i civil 6.029 236 4 -2.174 -27 3.2 I+D+i militar 461 -171 -27 -998 -68 3.1.1 Civil: gasto real (cap 1-7) 2.446 -66 -3 -1.421 -37 3.1.2 Civil: préstamos (cap 8) 3.583 301 9 -753 -17 3.2.1 Militar: gasto real (cap 1-7) 159 -5 -3 -150 -49 3.2.2 Militar: préstamos (cap 8) 302 -166 -35 -848 -74 Fuente: PGE aprobados de cada año y proyecto de PGE 2017 (1) Innovación militar, en telecomunicaciones y en sociedad de la información

Préstamos y aportaciones destinadas a I+D+i Según el proyecto de presupuestos de 2017, los préstamos y aportaciones patrimoniales alcanzarán los 3.885 millones, con un crecimiento del 4% (+135 millones). Estos fondos se dotan para financiar las actividades de I+D+i de agentes públicos y privados, a través de préstamos o aportaciones de capital. En 2017, el 52% serán préstamos al sector privado (2.016 millones), el 39% préstamos al sector público (1.518 millones) y el 9% (350 millones) aportaciones patrimoniales a entidades públicas, como Red.es o el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). El desglose de los principales activos financieros es el siguiente:

1. Préstamos al sector privado (2.016 millones): • 480 millones en préstamos de nueva dotación a la Red CERVERA de

transferencia tecnológica.

• 453 millones para el fondo para la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

• 365 millones en préstamos a largo plazo para innovación tecnológica de las comunicaciones.

• 309 millones en préstamos a largo plazo para fomento y coordinación científica.

• 135 millones para financiar proyectos estratégicos de desarrollo del sector aeronáutico.

• 100 millones para actuaciones de transformación digital de la industria.


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• 100 millones en aportaciones reembolsables para el desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con programas de defensa. Se reduce en 166 millones respecto al presupuesto de 2016.

• 68 millones en préstamos a largo plazo a empresas para la sociedad de la información.

• 7 millones para el programa nacional de observación de la Tierra por satélite.

2. Préstamos al sector público (1.518 millones):

• 1.209 millones para el fondo para la investigación científica y el

desarrollo tecnológico.

• 203 millones en aportaciones reembolsables para el desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con programas de defensa.

• 106 millones en préstamos a largo plazo para fomento y coordinación científica.

3. Aportaciones patrimoniales (350 millones):

• 243 millones para el CDTI (127 millones menos que en el presupuesto

de 2016).

• 107 millones para Red.es, que sufren un recorte de 110 millones respecto a 2016.

Gasto real destinado a I+D+i Los capítulos de gasto real (sin operaciones financieras) son los que sostienen el funcionamiento del sector público investigador y, además, también se utilizan para subvencionar la investigación e innovación empresarial. El gasto real en I+D+i vuelve a caer en el presupuesto de 2017 (-3%, -71 millones) y se sitúan en 2.605 millones, de los que más de la mitad (1.516 millones) son inversiones y transferencias de capital. Esta caída es un dato negativo que prolonga los fuertes recortes acumulados durante la crisis y que se mantienen a pesar de la recuperación. En 2017 el recorte del gasto en I+D+i afecta tanto al gasto corriente (sueldos, proveedores, transferencias,…) como a las operaciones de capital.


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El gasto real en I+D+i cae un 3%, 71 millones menos en 2017

Las transferencias de capital destinadas a I+D+i caen un 1% en 2017 y se sitúan en 1.212 millones. La mitad de estas transferencias (597 millones) corresponden a la Agencia Estatal de Investigación, que las dedica al Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico, mediante transferencias a comunidades autónomas, instituciones investigadoras y empresas privadas. También se incluyen 152 millones para financiar la participación española en programas espaciales internacionales, 131 millones en investigación sanitaria para proyectos, recursos humanos y estructuras estables de investigación cooperativa. El CDTI recibe 113 millones para la cobertura de sus actividades de financiación y para proyectos del I+D+i empresarial. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte destina 83 millones (-2%) a becas y ayudas a profesores para investigación científica. Se dotan 73 millones en transferencias para innovación en telecomunicaciones y agenda digital, sobre todo a empresas privadas, 25 millones en transferencias y ayudas a entidades públicas para la investigación científica y técnica (Barcelona Supercomputing Center, Sincrotrón, etc. ) y 20 millones a empresas privadas para actuaciones relacionadas con la Red CERVERA de transferencia tecnológica. Las inversiones en I+D+i bajan un 8% y se sitúan en 303 millones en 2017. Algo más de la mitad de la inversión (163 millones) corresponde a investigación científica (CSIC), que ve recortada de nuevo su inversión un 6%. Otros 43 millones corresponden a inversiones con fines militares (INTA y otros); 20 millones para el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas); 20 millones de inversiones en administración digital del Ministerio de Hacienda y 18 millones destinados al Instituto Español de Oceanografía. Los fondos para la financiación de las actividades de I+D ligadas al Plan Estatal se incluyen en las dotaciones de la, por fin creada, Agencia Estatal, pero no son todos los fondos previstos; se han incorporado los recursos del Plan Sectorial del antiguo Ministerio de Agricultura, pero no los ligados a la investigación sanitaria, que siguen adscritos al INSCIII. Pero el mayor problema de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) sigue siendo la pérdida de personal, con una reducción de más de 2.100 efectivos de personal fijo desde el 2010, de los que casi 1.700 corresponden al CSIC. En la universidad se han perdido en el mismo periodo casi 200 plazas de PDI. La situación es aún grave si se considera la pérdida de contratados laborales al finalizar sus contratos, el descenso de los contratos Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, FPI, FPU. El difundido incremento de la oferta de empleo público sólo incluye las plazas de jubilaciones del 2017 y se refiere únicamente al personal investigador, excluyendo a técnicos y gestores.


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SE MANTIENE EL RECORTE DE LOS FONDOS PARA EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III La investigación sanitaria la canaliza el Instituto de Salud Carlos III, un organismo público de investigación actualmente dependiente del Ministerio de Economía. En 2017, el personal funcionario y laboral del ISCIII es de 938 trabajadores y trabajadoras. Su presupuesto inicial de gastos baja un 1% en 2017 y se sitúa en 270 millones. De este presupuesto, 36 millones se destinan a los sueldos del personal del Instituto, 73 millones a transferencias corrientes, sobre todo a organismos públicos (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, Centro de Investigación Biomédica en Red), 11 millones a inversiones reales y 131 millones son transferencias de capital para financiar proyectos, personal y estructuras estables de investigación cooperativa. Comparando el presupuesto inicial de 2017 con el de 2016 destinado a la investigación sanitaria, se recortan la mayoría de sus componentes: gastos de personal (-1,7% por reorganizaciones internas y actualizaciones retributivas), de los gastos corrientes en bienes y servicios (-1,7%), las inversiones reales (-12%, por el recorte de la inversión nueva y las inversiones inmateriales), las transferencias de capital (-0,3%). Solamente las transferencias corrientes aumentan ligeramente (0,9%) por el aumento de las transferencias al exterior a organismos internacionales de investigación. El Instituto de Salud Carlos III recibe el grueso de fondos para su funcionamiento de transferencias corrientes del Estado (124 millones) y de transferencias de capital (142 millones, más de la mitad procedentes de empresas privadas). Es lamentable observar cómo España sigue sin aprovechar la oportunidad que representa contar con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo para generar riqueza basada en el conocimiento. EL CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), agencia del I+D empresarial, sufre un recorte adicional del 26% de las aportaciones en los PGE de 2017 con respecto al del ejercicio 2016. No obstante hay que considerar que la cantidad inicialmente consignada en PGE 2016 (485,7 millones de euros) se redujo ya el año pasado en 207,3 millones de euros, en el capítulo 8, por la orden de no disponibilidad aprobada por Consejo de Ministros para ajustar el déficit.

Los recursos que utiliza el CDTI para la financiación de proyectos provienen, además de las aportaciones asignadas anualmente en los PGE, de los reembolsos de las inversiones de financiación de proyectos realizados en años anteriores, así como de los fondos procedentes de Europa (el CDTI es Centro gestor de fondos FEDER), disponiendo asimismo de un remanente de tesorería.


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Lo cierto es que las empresas que hacen I+D continúan su senda descendente. La financiación del CDTI sufrió en 2012 un recorte importante debido al ajuste de las cuentas públicas. En 2013, 2014 y 2015 se incrementó la financiación a las empresas, pero aún se mantenía por debajo un 26% en 2015 con respecto a 2011. En 2016 la demanda de las empresas se redujo un 10% y finalmente los objetivos no se cumplieron, bajando la financiación un 27% con respecto a 2015.

El plan financiero del CDTI contempla, además de las aportaciones de los PGE, una previsión de reembolsos por los préstamos concedidos en años anteriores y de fondos europeos, que junto a la tesorería acumulada podría ser suficiente para cumplir el objetivo de 992 millones de euros de nueva financiación a empresas; pero eso dependerá de la recuperación del tejido innovador de la empresa española, que de momento no ofrece datos muy favorables. La relajación en las condiciones de evaluación y seguimiento pueden suponer una pérdida de calidad en la imagen del CDTI

Para poder cumplir esos objetivos, el CDTI ha incrementado el tramo no reembolsable (subvención) de los préstamos hasta el 30% en la mayor parte de los casos. Eso significa que seguramente el centro volverá a dar pérdidas, dada la escasa dotación en el capítulo 7, que se mantiene congelada en 2017. Esta es la principal amenaza que sufre el CDTI.

CONCLUSIONES El análisis de los PGE 2017 confirma el desmantelamiento del sistema: Organismos Públicos de Investigación (OPI) en estado de hibernación, sin recursos para el mantenimiento y renovación de infraestructuras y convocatorias retrasadas. No existe política de RRHH: continúa la destrucción acelerada de puestos de trabajo fijos y la precarización laboral en todos los centros de investigación y universidades. No hay dinero, ni voluntad, de reforzar el empleo público, impidiendo la imparable pérdida de jóvenes investigadores y técnicos. Los PGE confirman la condena al país a perpetuar el modelo económico basado en “sol y multinacionales”, a la espera de la vuelta del ladrillo, que está acechando. El tan manido “cambio de modelo” productivo ha salido de los discursos oficiales y estos presupuestos representan su certificado de defunción. No hay dinero, ni voluntad, de apostar por la innovación, apoyando al tejido empresarial que intenta salir de la crisis investigando e innovando y no por la vía de la degradación de los salarios. No hay respuesta a ninguno de los puntos mínimos exigidos por todos los partidos políticos, salvo el PP, y propuestos por diversos colectivos desde CCOO a COSCE, CRUE y jóvenes investigadores, en defensa de la investigación española recogidos en el Pacto por la Ciencia firmado en diciembre de 2013 .


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Aquel pacto incluía tres objetivos básicos:

• Recuperar a lo largo de la legislatura, las inversiones existentes en 2009, en el horizonte de alcanzar el 2% en 2020.

• Implementar políticas de choque en la incorporación de personal científico y

técnico, para invertir el crecimiento acelerado de las edades medias de los trabajadores de la investigación.

• Normalización de las convocatorias y de los calendarios de financiación.

Todos los partidos políticos habían asumido en sus programas electorales estos objetivos, pero PP y Ciudadanos los han incumplido con el borrador de presupuestos que han consensuado. El Gobierno también ha incumplido el objetivo más simple, la convocatoria del Plan Estatal de Ciencia y Tecnología que debería haberse iniciado en enero de 2017. El retraso en su aprobación hará que el año 2017, como el 2012, suponga un año en blanco en la financiación de los grupos de investigación. Ante esta situación, han reaccionado de nuevo los colectivos de trabajadores y trabajadoras de la investigación, nucleados en el colectivo Marcha por la Ciencia. El pasado 22 de abril, mas de 3000 personas respondieron a la llamada de más de 150 organizaciones, entre las que siempre ha estado CCOO, que hacen suyas las reivindicaciones internacionales y exigen la salvación del sistema científico en España. Aunque el Gobierno siga sordo ante estas demandas, desde CCOO seguiremos trabajando para evitar la asfixia definitiva del Sistema Español de Ciencia y Tecnología, de sus instituciones y de sus trabajadores y trabajadoras. Porque defender la ciencia en España es defender su capacidad para actuar como motor de cambio de un modelo de desarrollo que se base en el conocimiento y en la innovación.

Mayo 2017

confederación sindical de comisiones obreras

con I+D+i sí hay futuro

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