IGLESIA Y MILITARES. ACTORES EN CONFLICTO. 1976-7979 ...
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Carlos Daniel Chaves Avellaneda. IGLESIA Y MILITARES. ACTORES EN CONFLICTO. 1976-1979 Trabajo de grado para optar por el título de Historiador. Álvaro Oviedo Hernández. Director. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DEPARTAMENTO DE HISTORIA 2009
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Carlos Daniel Chaves Avellaneda.
IGLESIA Y MILITARES. ACTORES EN CONFLICTO.
1976-1979
Trabajo de grado para optar por el título de Historiador.
Álvaro Oviedo Hernández.
Director.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE HISTORIA 2009
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NOTA DE ADVERTENCIA
“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus Alumnos en
sus trabajos de tesis, solo velará porque no se publique nada contrario al Dogma y la
Moral Católica, y por que las tesis no contengan ataques o polémicas puramente
personales, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.
Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946.
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AGRADECIMIENTOS
Esta tesis busca hacer homenaje a todos aquellos religiosos y religiosas que han caído
por las trágicas circunstancias de la guerra y cuyo deceso ha tenido que ver con su labor
social, sobre todo con la realizada en las zonas más apartadas del país con los menos
favorecidos. La tarea de estos religiosos inspiró este trabajo, por lo que quiero agradecer
al Cinep, centro con el que tengo una enorme deuda pues me otorgó una gran
documentación, así como un contacto con testimonios directos de la época; en este
sentido quiero agradecer a los padres Alejandro Angulo y Javier Giraldo cuya asesoría
me permitió acercarme a la opinión y condiciones de la Iglesia desde los puntos de vista
de dos testigos directos. Del mismo modo, quiero agradecer a Sergio Coronado y a
Javier Medina por haberme ayudado a entrar en contacto con los padres.
Quiero agradecer a mi padre ya que sus experiencias y testimonios de la situación
colombiana de los setenta sirvieron como motivación a este trabajo, y a mis hermanos
quienes siempre me han apoyado en mis proyectos. De igual manera agradezco a todos
mis amigos de la universidad, y en especial aquellos con los que compartí ideas
desarrolladas en este trabajo; tanto por el respaldo como por las opiniones otorgadas
Para este trabajo conté con el apoyo directo o indirecto de mis profesores, de modo tal
que debo agradecer en primer término a la Universidad Javeriana y especialmente, al
profesor Álvaro Oviedo quien dirigió y orientó este trabajo. En este sentido, quiero
agradecer también a la profesora Luz Ángela Núñez cuyas sugerencias y
recomendaciones fueron un gran complemento para la elaboración de este proyecto. Del
mismo modo agradezco al profesor Rigoberto Rueda por haberme brindado
herramientas metodológicas y de rigurosidad académica. Los aportes de estos
profesores me permitieron desarrollar de una manera más efectiva las ideas planteadas.
Bogotá 25 de marzo de 2009
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN........................................................................................................ 6
1. LAS FUERZAS ARMADAS Y EL FRENTE NACIONAL............................... 11
1.1. El agotamiento del Frente Nacional. ................................................................... 11
1.2. Las guerrillas y el orden público. ........................................................................ 15
1.3. La autonomía de las Fuerzas Militares. ............................................................... 19
1.3.1. Los sesenta: Los militares, defensores del Frente Nacional. ............................. 21
1.3.1.1. La despolitización y el sometimiento de los militares al establecimiento. ....... 21
1.3.1.2. La política de Estado de Sitio. .......................................................................... 25
1.3.2. Los setenta: la seguridad nacional, materia de las Fuerzas Militares. ............... 27
2. LA IGLESIA DEL FRENTE NACIONAL.......................................................... 32
2.1. El papel del episcopado. ................................................................................... 33
2.1.1. La Iglesia se adapta al sistema. .......................................................................... 33
2.1.2. Una Iglesia antigua en una sociedad moderna. .................................................. 34
2.1.3. El impacto de la apertura. .................................................................................. 35
2.2. Los sectores de oposición en la Iglesia. ............................................................. 38
2.2.1. El conflicto inevitable. ....................................................................................... 43
2.2.2. El nacimiento del Cinep. .................................................................................... 48
3. CONFLICTOS BAJO EL GOBIERNO LÓPEZ MICHELSEN....................... 51
3.1. La situación social del “Mandato Claro”. ............................................................... 51
3.2. Detención en Cartagena. ......................................................................................... 53
3.3. Religiosos contra militares. .................................................................................... 56
3.4. El proceso. .............................................................................................................. 61
3.5. El caso de Cali. ....................................................................................................... 64
3.6. El conflicto del concordato. .................................................................................... 66
3.7. El fin de la administración López. .......................................................................... 72
4. CONFLICTOS BAJO EL GOBIERNO TURBAY AYALA. ............................ 76
4.1. El presidente Turbay es elegido. ............................................................................. 76
4.2. El Estatuto de Seguridad. ........................................................................................ 78
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4.3. El asesinato de Rafael Pardo Buelvas. .................................................................... 81
4.4. Persecución al MAO. .............................................................................................. 86
4.5. La vinculación de los jesuitas. ................................................................................ 89
4.6. La intervención del Ministro de Justicia. ................................................................ 95
4.7. El juicio al MAO. ................................................................................................. 100
4.8. ¿Una persecución? ................................................................................................ 105
CONCLUSIONES...................................................................................................... 116
BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................ 121
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INTRODUCCIÓN
El siglo XX colombiano estuvo marcado por la presencia institucional y excluyente de
los partidos Liberal y Conservador. Ambas colectividades se encontraron en permanente
conflicto que se extremaría en la década de los cincuenta con “La Violencia”. En medio
de esta lucha hubo dos instituciones que tuvieron una gran influencia y poder: Las
Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. Ambos estamentos fueron desde principios del
siglo muy cercanos al partido Conservador, al cual respaldaban tanto en sus políticas
como en la oposición al partido Liberal.
Sin embargo, los acuerdos interpartidistas que dieron origen al Frente Nacional en los
años sesenta van a cambiar esta coyuntura, ya que los dos partidos van a pactar la paz,
para lo cual diseñarán un sistema político excluyente que permitió la repartición de los
cargos públicos y la alternación presidencial durante dieciséis años con el fin de
garantizar la estabilidad nacional. Pero, la paz no va a llegar en su totalidad pues
surgirán organizaciones guerrilleras que desafiarán al Estado, por lo cual se recrudecerá
la violencia en los campos. Del mismo modo, la exclusión política generada por el
nuevo sistema llevó a la prolongación de prácticas clientelistas y corruptas por parte de
los políticos que lucharán por mantener su sistema privilegiado. Estos sucesos
acontecieron bajo una creciente urbanización, y un aumento de la pobreza, factores que
generaron cambios en la mentalidad política y cultural de la sociedad. Todo esto llevará
a sucesivos brotes de descontento social, los cuales eran vistos por las autoridades como
problemas de orden público por lo que debían ser solucionados por la fuerza pública.
La Iglesia y los militares no fueron ajenos a los cambios que suponía el Frente
Nacional, por lo cual cambiaron su estructura ideológica. El mayor cambio fue que
ambas instituciones dejaron su irrestricto apoyo al Partido Conservador y lo cambiaron
por su sometimiento al régimen político del Frente Nacional, al cual brindaron su
respaldo y reconocimiento de legitimidad. A cambio de este apoyo, el Estado otorgó
una amplia presencia institucional a los militares y a la Iglesia, que lograron hacerse con
amplios poderes por medio del control de instituciones políticas y la participación en el
diseño de normatividades; de este modo, surgirá una relación cordial entre los militares,
la Iglesia y el poder civil.
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Igualmente, debemos tomar en cuenta que todo esto ocurre en un contexto global
marcado por la Guerra Fría, por lo cual los estamentos del poder consideraban que el
país se encontraba bajo la amenaza del comunismo. Por tanto, el gobierno se valió de la
coacción que ejercían los militares, así como la gran influencia que la Iglesia tenía en la
población por la tradición católica colombiana para controlar a la población y
garantizarse el respaldo de la misma. De este modo, vemos que los militares y la Iglesia
actuaron en conjunto como sustento para el Estado, lo que aseguró una buena
correlación entre ambas instituciones que hicieron su respaldo extensivo no solo hacia el
sistema político sino también al modelo económico y a los sectores privilegiados.
Sin embargo factores internos y externos en las décadas del sesenta y setenta, generaron
cambios en las estructuras internas del sector castrense y el eclesiástico y su papel en la
sociedad. Por un lado, las fuerzas militares comenzaron a ganar mayores poderes y
libertad para desempeñar su tarea de mantenimiento del orden público, en especial para
la lucha contra los grupos subversivos. Esto llevó a que los militares establecieran una
serie de estrategias destinadas a combatir los “focos de la subversión”, los cuales eran
los sectores de oposición como los sindicatos, movimientos estudiantiles, etc.
Asimismo, la Doctrina de la Seguridad Nacional estableció una serie de estrategias
destinadas a combatir a los grupos armados, sin embargo esto llevó a que se realizaran
acciones lesivas de los derechos humanos en aras de defender al sistema político.
Por otro lado, en la Iglesia se evidenció una profunda división a partir de las
determinaciones del Concilio Vaticano II, con el que la iglesia católica avanzo hacia una
visión más pluralista y cercana a los hombres. Por tanto, algunos sectores de la Iglesia
cuestionaron su labor en la sociedad por lo que hicieron una revisión crítica de la
sociedad a partir del marxismo y las ciencias sociales, lo que llevó a que los religiosos
se acercasen a los menos favorecidos, así como a movimientos políticos con el fin de
desarrollar cambios en la sociedad. Sin embargo, la jerarquía eclesiástica o episcopado
no acompañó esta nueva visión de la Iglesia y por el contrario, persistirán en su papel de
legitimadores del orden establecido. Esta división generará una lucha en el interior de la
Iglesia Católica porque los sectores de oposición asumirán una posición crítica no
solamente contra el episcopado, sino también contra el Estado que este respaldaba.
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Así al aparecer en la Iglesia secciones críticas del establecimiento, se rompe la buena
relación entre los militares y el sector eclesiástico, ya que los religiosos de oposición
fueron considerados como subversivos que ponían en riesgo el orden institucional. Esto
nos permite establecer la siguiente hipótesis: Los sectores de la Iglesia alejados de la
posición oficial de la jerarquía fueron perseguidos por los militares y el Estado con
acusaciones infundadas de nexos con los grupos insurgentes. Contra ellos se usaron
métodos represivos y lesivos de los derechos humanos y desconociéndoles el debido
proceso jurídico. Todas estas acciones se realizaban bajo una imagen de supuesta
legalidad.
En el primer capítulo, se presenta un panorama político, social y económico de la
segunda mitad de la década de los setenta, bajo la cual se desarrollan los gobiernos de
Alfonso López y Julio César Turbay. En él vemos como los partidos políticos lucharon
por mantener el sistema excluyente del Frente Nacional, en contraste con una sociedad
que venía presentando profundos cambios sociales, que ponían en cuestionamiento la
legitimidad del régimen. En segundo lugar, se expone la situación de los grupos
guerrilleros, su nacimiento y desarrollo histórico, lo que nos permitirá poner en contexto
la situación en torno a la cual se desarrollan los conflictos entre la Iglesia, el Estado y
los militares.
En este mismo capítulo se analiza a partir de las posiciones de distintos autores, la
situación y evolución de las Fuerzas Armadas en nuestro país a partir del Frente
Nacional. En este capítulo veremos un proceso de dos etapas. En la primera, los
militares se someten a la parte civil del Estado, el cual empieza a valerse del sector
castrense para legitimar el orden establecido por medio del pretexto del restablecimiento
del orden público. Esto permitió a los militares ganar amplias libertades para actuar
como lo considerasen conveniente, aún cuando usasen métodos represivos para lograr
sus propósitos. La segunda fase se desarrolla a partir de la Doctrina de la Seguridad
Nacional, normatividad que consolida la libertad de acción de los militares y les
conmina a tomar acciones represivas contra los enemigos del Estado con base en la
lógica de la guerra fría.
De una manera similar, se abordará en el capítulo 2, la situación de la Iglesia católica. A
partir de los estudios de diversos autores se analizarán los factores internos y externos
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que llevaron a la división de la Iglesia entre la jerarquía leal al Estado y una Iglesia-base
que se acercará a los más pobres, así como al marxismo y a las ciencias sociales. Se
evidenciará el desarrollo histórico de ambas facciones católicas y cómo la tensión entre
ambas llevó a un conflicto que reflejará la fractura de la Iglesia como unidad, lo cual
generará las condiciones para los problemas entre religiosos y fuerzas armadas.
A partir de esta contextualización y presentación de los actores, podremos entrar en el
análisis sobre los conflictos entre religiosos y militares que nos permitirán comprobar la
hipótesis señalada. Por tanto hemos escogidos dos casos que muestran esta situación,
los cuales acontecieron bajo los gobiernos de Alfonso López Michelsen y Julio César
Turbay Ayala. Se han escogido estos dos gobiernos ya que aunque no jugaban dentro de
la lógica de la alternación del Frente Nacional, aún conservaban las prácticas políticas
de este sistema. Las fuentes principales que se han utilizado son las ediciones de los
diarios El Tiempo y El Espectador. Asimismo se ha usado la revista Alternativa y el
quincenal El Catolicismo. De igual manera se han utilizado numerosas publicaciones
del Cinep entre artículos y libros que permitieron el diseño de los objetivos e hipótesis
trabajadas.
Los casos se han analizado tomando en cuenta la situación político-social de los
gobiernos de turno y se verá como encaja el caso dentro de dicho contexto. En primer
lugar, se abordará en el capítulo 3 un caso ocurrido en Cartagena bajo la administración
de Alfonso López Michelsen, gobierno que afrontó serios problemas sociales. En él, tres
sacerdotes y una monja, dedicados a la labor social fueron acusados de tener nexos con
el ELN, lo cual desató un gran debate entre la Iglesia y el estamento castrense sobre que
tipo de justicia se debía aplicar a los religiosos. De manera paralela veremos como los
militares actuaron de manera violenta tanto en Cartagena como en Cali, con el pretexto
de salvaguardar y restaurar el orden.
El capítulo 4 desarrolla un caso que se da bajo el gobierno de Julio César Turbay Ayala
y bajo la vigencia del estatuto de seguridad con el modelo represivo que este imponía.
Se trata de dos sacerdotes jesuitas del Cinep que fueron acusados se ser cómplices de
los asesinos del ministro Rafael Pardo Buelvas. En esta ocasión el debate entre los
militares y la Iglesia no fue por la legislación, sino por el proceso que se les siguió, el
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cual tuvo pruebas cuestionables, así como intervenciones indebidas de funcionarios
judiciales y militares.
Este estudio busca ser un acercamiento al estudio de las relaciones entre militares e
Iglesia; ya que los estudios que se han realizado, en su mayoría analizan a cada uno de
estos actores con base en sus relaciones con el Estado o desde su desarrollo histórico
interno propio. La discusión sobre la historia en conjunto de los militares y la Iglesia
debe ser ampliada puesto que ambos siguen teniendo una permanente presencia y su
opinión y presencia siguen siendo tomadas en cuenta en el diseño de las políticas
estatales.
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1. LAS FUERZAS ARMADAS Y EL FRENTE NACIONAL
Los años setenta en nuestro país estuvieron marcados por profundos cambios sociales,
producto de la urbanización creciente y la situación económica. Sin embargo, los
dirigentes políticos se empeñaban en mantener el sistema del Frente Nacional que había
imperado en el país durante dieciséis años bajo los cuales se presentó una alianza entre
las dos principales colectividades, lo cual generó un sistema político excluyente que
empezó a experimentar una crisis de legitimidad que se acentuará en los gobiernos de
Alfonso López Michelsen y Julio César Turbay Ayala. Los problemas llevarán a que los
presidentes deban recurrir cada vez más a las fuerzas militares para resolver los
problemas sociales
1.1. El agotamiento del frente nacional
Desde 1958 se impuso en Colombia el sistema del Frente Nacional, este surge como
resultado de un acuerdo contre los dos principales partidos, el Liberal y el Conservador,
con el fin de solucionar los problemas de violencia en el país. Sin embargo, para
Jonathan Hartlyn (1993, pp. 26-27), el pacto era una forma como las colectividades
políticas aseguraban su poder, el cual temían perder por dos eventuales factores, por un
lado en manos de la junta que reemplazó al general Gustavo Rojas Pinilla, o por causa
de la violencia en los campos. En términos generales, el Frente Nacional establecía la
alternación presidencial y la repartición de los cargos públicos entre ambos partidos. De
esta manera se estableció en Colombia un sistema político que Jonathan Hartlyn ha
denominado como “Consociociacionalismo”, una forma de gobierno en la cual surge un
consenso entre las elites políticas para gobernar en conjunto, con base en la distribución
equitativa de los poderes públicos.
El Frente Nacional restringió la actividad política a los miembros de las familias más
prominentes de la sociedad que desarrollaban permanentemente un juego de lealtades y
oposición entre sí, pues a pesar de que una colectividad podía estar en el ejecutivo, la
otra siempre tenía una representación garantizada en el gobierno (Palacios, 2003, p.
256).1 Así bajo este sistema, se intercaló la presidencia entre liberales y conservadores
1 Por “familias prominentes”, Palacios se refiere a las que dominaban las tendencias o facciones de los partidos políticos. Por un lado, en el Partido Liberal dominaban los Lleras y los López, mientras en el
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entre 1958 y 1974. Sólo hasta la reforma de 1968 se lograron ciertos cambios como la
restitución del voto de mayoría simple en el congreso, pues desde el inicio del Frente, la
aprobación de las leyes en el congreso requería una mayoría de dos tercios de los votos,
asimismo se logró la abolición de la paridad obligatoria en los legislativos municipales
y departamentales en 1970 y en el nacional en 1974 (Hartlyn, p. 22).
Sin embargo, como lo menciona Álvaro Tirado Mejía (1989, p. 399), la prolongación
del sistema político llevó a que este fuera altamente excluyente e impidiera la
renovación política en aras de mantener a una determinada élite, sin buscar solución
efectiva a los problemas sociales del país. Según Marco Palacios (2003, pp. 265-266), al
no haber bajo la hegemonía del Frente Nacional, una verdadera oposición política, se
perdieron de vista los objetivos nacionales y la actividad política quedó suscrita a las
localidades donde los políticos comenzaron a recibir el apoyo de los grandes
terratenientes y los empresarios locales. Estas circunstancias llevaron a que desde
mediados de los setenta el régimen comenzara a perder su legitimidad y el sistema
comenzase a presentar un agotamiento ya que las élites políticas se empeñaban en
mantener el excluyente modelo político que los favorecía en medio de una sociedad que
venía experimentando profundos cambios culturales, económicos y sociales.
En materia económica encontramos que si bien la primera mitad de los setenta fue de
relativa bonanza económica, para 1974, la economía empieza a entrar en recesión. Para
Salomón Kalmanovitz, (1994, pp. 467-470) el gobierno buscaba continuar con la
política de la Sustitución de Importaciones, sin embargo se terminaron imponiendo
medidas de corte monetarista con las cuales se buscaba una liberalización parcial del
comercio. Así se buscó llevar a cabo una promoción de las exportaciones y una
reducción considerable de los aranceles, pero esto terminó favoreciendo la
desindustrialización del país. Del mismo modo aumentó el contrabando, por tanto se
presentó una desigualdad entre importaciones y exportaciones, pues estas últimas fueron
descendiendo por lo que aumentaron las tasas de desempleo. Por tanto, este modelo
monetarista disminuyó las escasas conquistas que habían logrado las clases trabajadoras
y aumentó las desigualdades sociales, pues mientras que en 1964 aproximadamente una
Partido Conservador encontramos a los Ospina, los Pastrana y a los Gómez. Estas familias manejaban distintas facciones parlamentarias en las colectividades por lo que a pesar de ser parte de un mismo partido, la opinión de las familias definía el apoyo o la oposición al gobierno que se encontrase en el poder, incluso sin importar el partido al que perteneciese el presidente.
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cuarta parte de la fuerza de trabajo tanto urbana como rural se encontraba en condición
de extrema pobreza, en 1973 esta pasó a superar la mitad (Tirado, 1989, p. 400).2
Del mismo modo, el país comenzaba por esta misma época a sufrir el flagelo del
narcotráfico. Según Hartlyn, los cultivos ilícitos comenzaron a avanzar en el país a
partir del interés de los narcos en Colombia pues se presentaron programas de
herbicidas a gran escala en México, en precisos momentos en que la demanda de
marihuana crecía en los Estados Unidos; además Colombia contaba con una
privilegiada posición geográfica que según informes de las Naciones Unidas, la
convirtieron en el principal centro de producción de la cocaína (Hartlyn, 1993, p. 177).
El auge de los narcóticos es explicado por Marco Palacios (2003, pp. 276-277) por tres
factores, en primer lugar la tradición histórica del país de contrabando y evasión fiscal
como forma de labrar fortuna, en segundo lugar, varios grupos industriales se vieron
necesitados de las finanzas del narcotráfico, por último la práctica de la “ventanilla
siniestra”, con la que el Estado buscaba captar algunas divisas del narcotráfico, pero
terminó permitiendo el lavado. De este modo, se puede ver que el Estado careció de
autoridad y control sobre el oscuro negocio y más bien fue permisivo, adaptándose a la
situación.
La excesiva entrada de dólares provenientes de los narcos tuvo consecuencias en la
economía y en la política. Por un lado como lo muestra Kalmanovitz (1994, p. 473), la
sobreabundancia del dólar negro aumentó la inflación. Asimismo el narcotráfico
favoreció el crecimiento de las exportaciones ilegales y financió la importación de
manufacturas y textiles de contrabando, razón por la cual la industria nacional se vio
fuertemente lesionada. Del mismo modo, el narcotráfico trajo como consecuencia como
lo menciona Daniel Pécaut (1989, pp. 293-294) la aparición de la mafia en las
localidades como una “burguesía emergente”, la cual va a cooptar la economía regional,
pues varias empresas caerán en sus manos. Así, surge una competencia entre la élite
tradicional y la nueva burguesía local que en aras de mantener su negocio estará presta a
cometer toda clase de actos de corrupción, poco a poco esta nueva burguesía también
2 Según las cifras citadas por Álvaro Tirado Mejía, en 1964 se encontraban en condiciones de extrema pobreza el 25% del total de la fuerza de trabajo, el 24.6% de la fuerza de trabajo urbana y el 25.4% de la rural. En 1973 estos porcentajes se incrementaron al 50.7%, 43.4% y 67.5% respectivamente.
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empezaría a permear los directorios políticos regionales y con su aparición se
comenzaran a elevar los índices de violencia.
Como vemos, el modelo político y económico del Frente Nacional se desarrollaba en
medio de grandes cambios sociales pues el país estaba pasando de ser una sociedad rural
a una sociedad urbana. Las urbes vieron incrementada de manera considerable su
población entre 1951 y 1973. Ciudades como Bogotá y Medellín duplicaron sus
poblaciones entre 1951 y 1964. Este aporte se daba en gran parte por la migración de la
población del campo hacia los núcleos urbanos por distintos factores como la violencia
política de los años cincuenta, así como los problemas de la economía campesina. En
poco tiempo el país pasó de tener en 1951 el 40 % de su población viviendo en las
ciudades a un 60 % en 1973 (Ver gráfico 1). El éxodo campesino tuvo consecuencias
sociales pues la migración recibida por las ciudades era de personas en edad de trabajar
pero con un pobre nivel educativo y sin conocimiento de oficios urbanos, lo que
aumentó la marginalidad y la pobreza en las ciudades con todos los problemas sociales
que esta conllevaba (Rueda, 1989, p. 379).
Fuente: Rueda, 1989, p. 378
Los cambios en la dinámica de la población vinieron de la mano con cambios culturales
en la sociedad, la educación amplió su cobertura y mejoró su calidad. Asimismo esta
educación también fue dirigida a la mujer, que también comenzó a tener una mayor
participación en los mercados laborales. Del mismo modo, hubo un gran cambio con la
GRÁFICO 1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA SEGÚN ZONA DE
RESIDENCIA (1938-1973)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1938 1951 1964 1973
RURAL URBANA
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inclusión de políticas de control de la natalidad (Tirado Mejía, 1989, pp. 402-404).
Estos cambios, entraron en conflicto con la Iglesia.
Todos estos cambios que se produjeron en la sociedad colombiana llevaron a que hacia
mediados de los setenta, el Frente nacional presentase un desgaste como sistema
político, pues no supo adaptarse al nuevo tipo de sociedad. Las restricciones del poder a
unos sectores limitados evitó la innovación política, deslegitimando al régimen. Estas
circunstancias llevaron a que el Estado se convirtiese en un representante de “intereses
particulares” en contravía de las necesidades generales. Esto se evidencia en el poder e
influencia que los gremios estaban acumulando, al punto de que las políticas
económicas se diseñaban en los congresos gremiales donde los ministros siempre hacían
presencia; en contraste los sectores populares representados en asociaciones de
campesinos o sindicatos no lograron hacer contrapeso a la presencia gremial. Del
mismo modo, la población no encontró representación en los partidos tradicionales y se
empezó a desligar de los mismos. De este modo los sectores políticos eran vistos como
garantes de intereses particulares y regionales, más no de las necesidades de la sociedad;
por tanto los índices de abstención electoral fueron creciendo poniendo en entredicho al
sistema político (Tirado Mejía, 1989, p. 406).
Todos estos factores llevaron a una crisis en la legitimidad del régimen, ante la cual el
Estado no fue capaz de hallar solución. Esto se refleja en las huelgas y movilizaciones
sociales que fueron recurrentes a lo largo de los gobiernos del Frente Nacional cuyo
sistema se había convertido en sustento de un poder estático y paralizado que era de
propiedad exclusiva de unos pocos e impedía el surgimiento de nuevas opciones
políticas, estas manifestaciones se harían más recurrentes desde mediados de los setenta.
1. 2. Las guerrillas y el orden público
Las coyunturas de Colombia han llevado a que desde los años cincuenta hasta nuestros
días, las Fuerzas Armadas se encuentren en operaciones permanentes. Dicha situación
es resultado del fenómeno de “La Violencia”, conflicto rural entre liberales y
conservadores que dejó una cifra de muertos cercana a los cuatrocientos mil entre 1948
y 1958 cuando se constituyó el Frente Nacional (Rouquié, 1984, p. 233). Después de la
consolidación del pacto bipartidista, comenzaron a surgir organizaciones guerrilleras
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que encontraron en la Revolución Cubana una fuente de inspiración, sin embargo para
explicar el origen de las guerrillas en el caso colombiano, Marco Palacios (2003, p. 262)
plantea tres explicaciones: “a. Fueron continuación de las formas más políticas y
radicales del liberalismo en armas de la violencia; b. Una respuesta izquierdista al
bloqueo del pacto bipartidista y c) una oportunidad de encontrar el nicho campesino
para la revolución socialista.”
A partir de esta definición podemos acogernos a la tesis que plantea Eduardo Pizarro
(1989, p. 251) para explicar el desarrollo histórico de estos grupos. Según Pizarro, los
grupos guerrilleros en Colombia tienen tres etapas, en primer lugar una “etapa de
emergencia” la cual se da entre fines de los cincuenta y principios de los sesenta, casi
todos los grupos que surgieron en esta época desarrollaron su estrategia en torno a la
idea del foco guerrillero; asimismo sus miembros se caracterizaban por surgir de
sectores de las clases medias que tenían un fuerte voluntarismo político. En esta
generación encontramos el surgimiento del Movimiento Obrero Estudiantil Campesino
(MOEC), el Ejército Revolucionario de Colombia (ERC), las Fuerzas Armadas de
Liberación (FAL), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación
Nacional (ELN). Sin embargo sólo los dos últimos van a lograr consolidarse por medio
de la estrategia del “foco guerrillero”. Sin embargo, en los años setenta esta primera
etapa fue seguida por una etapa de “crisis y división”, en el cual el poder guerrillero se
vio diezmado por la acción militar, lo que llevó al cambio de estrategias de estos
grupos.
El ELN inició sus acciones en las selvas de la zona sur occidental de Santander, su
ideología estaba marcada hacia el guevarismo y contó inicialmente con el respaldo de
Cuba. Su base estuvo formada inicialmente por trabajadores y universitarios
santandereanos y si bien se unieron posteriormente líderes estudiantiles de otras
ciudades, esta guerrilla no realizó trabajos de politización sobre la población campesina,
de la cual siempre desconfiaron. En el ELN siempre hubo prioridad sobre la acción
armada, la cual recrudeció cuando perdió el apoyo cubano. Esto llevó a conflictos
internos en la guerrilla que la debilitaron (Pécaut, 1989, p. 311). Esta situación fue
aprovechada por las Fuerzas Armadas que llevaron a cabo operativos que diezmaron al
ELN, pues en ellos perdió a líderes como el sacerdote Camilo Torres en 1966 y otros
como la “Operación Anorí” de 1973, debilitó el poder eleno en Antioquia, donde se
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habían insertado a principios de 1970. Estos problemas llevaron a que los distintos
grupos de esta guerrilla se replegasen hacia las ciudades El ELN solo se recuperaría
hasta 1980. (Palacios, 2003, pp. 265-266)
Por otro lado encontramos al EPL, cuya estrategia militar fue similar a la del ELN, pero
su ideología era Maoísta, por lo que pretendía repetir la estrategia del “Ejército Rojo” en
China, pero en la práctica terminó valiéndose de la estrategia del foco. Esta
organización encontró su base social en campesinos y trabajadores bananeros del Urabá
antioqueño (Palacios, p. 264). Sin embargo, igual que el ELN fue diezmado por las
luchas ideológicas internas en especial por la separación de tendencias leninistas, así
como poderosos cercos militares realizados entre 1967 y 1969 (Pizarro, 1989, p. 251).
Esto llevó a que el EPL optase por la acción en los núcleos urbanos.
Por otro lado, las FARC no necesitaron del apoyo universitario para su surgimiento, sin
embargo siempre fueron muy cercanas al Partido Comunista Colombiano. Aún así, su
origen dista de las demás guerrillas de “primera generación” en tanto que no hubo en
sus miembros un “voluntarismo político” ni fueron producto de la Revolución Cubana,
sus orígenes se encuentran en los movimientos de autodefensa campesina de la etapa de
la violencia. El recrudecimiento de las acciones armadas contra estos grupos fue un
factor determinante para surgimiento de esta guerrilla. En 1964, el senador Álvaro
Gómez Hurtado y sus partidarios denunciaban la presencia de “dieciséis repúblicas
independientes al servicio del comunismo internacional”, esto llevó a que el presidente
Guillermo León Valencia ordenase un ataque contra Marquetalia, base del líder de las
FARC Manuel Marulanda Vélez, “Tirofijo”. Esto llevó a que los grupos que formaban
parte de esta guerrilla se dirigieran hacia las selvas del sur, adoptando tácticas de
colonización armada y de guerrilla móvil (Palacios, 2003, pp. 264-265). Las FARC
llevaron a cabo una actividad colonizadora que le permitió ganar simpatía entre la
población juvenil campesina que encontró en la guerrilla un modo de vida. Hacia los
años setenta las FARC habían logrado consolidarse en zonas donde antes había
dominado el ELN y en 1979 ya contaban con nueve frentes que solían presentar
combates con el ejército de manera discontinua (Pécaut, 1989, p. 347).3
3 Según las fuentes oficiales citadas por Pécaut, los nueve Frentes de las FARC se distribuían por el territorio nacional de la siguiente manera: cinco en el sur (Caquetá, Putumayo, Huila, Cauca y Tolima),
18
Estas tres guerrillas nacidas en los años sesenta actuaban en las zonas rurales, pero en
los años setenta la situación da un giro y surgen guerrillas que tenían su eje en los
núcleos urbanos y llevaban a cabo acciones que les permitieron ser el centro de la
opinión pública. Estos grupos pueden encajarse en la tercera fase descrita por Pizarro
como “segunda generación y reactivación”. Las organizaciones de esta etapa se
caracterizaban por llevar a cabo la estrategia y táctica de la guerra prolongada y la
formación de frentes populares de masas intentando emular a las guerrillas
centroamericanas, abandonando el tradicional foco guerrillero. Asimismo, estas
organizaciones se caracterizaron por consolidar una mayor alianza en núcleos de la
población como sindicatos y barrios populares. Del mismo modo estos grupos se
marginaron de las discusiones del comunismo internacional y buscaban más bien
convertirse en actores políticos frente al Estado a partir de la realidad latinoamericana
(Pizarro, 1989, p. 252). En estos grupos encontramos organizaciones como el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT), el Quintín Lame y dos que por su actuación en las ciudades se
convertirán en el centro de atención de la opinión pública: El Movimiento 19 de Abril
M-19 y la Autodefensa Obrera ADO o MAO.
El M-19 surge de la ANAPO Socialista después del escándalo por el supuesto fraude
electoral donde perdió el General Rojas Pinilla frente a Misael Pastrana. A este
movimiento se unieron estudiantes, académicos y empleados entre otros. Este grupo
empezó a llevar acciones como el robo de la espada de Simón Bolívar y el secuestro y
asesinato del líder sindical José Raquel Mercado. A diferencia de otras organizaciones,
el M-19 rechazaba los tradicionales dogmatismos e incluso sus posiciones eran lejanas a
las del Partido Comunista. Por medio de este tipo de actos, el M-19 apostaba para llegar
por medio de la acción armada a convertirse en Partido Político (Pécaut, 1989, p. 346),
y en medio de la crisis de legitimidad del régimen político, logró granjearse un
considerable apoyo político y un buen índice de simpatía en la opinión pública (Ramírez
y Restrepo, 1988. p. 47). El último grupo guerrillero señalado, el Movimiento
Autodefensa Obrera (MAO o ADO) nació en 1976 e inició como un grupo pequeño que
llevó a cabo acciones de terror en núcleos urbanos. Este grupo intentaba emular al M-19
dos en la zona centro (Magdalena Medio y Santander) uno en el norte por la zona de Córdoba y Urabá y uno en los llanos orientales.
19
y sus acciones alcanzarían su mayor trascendencia en el gobierno de Julio César Turbay
Ayala (Ramírez y Restrepo, p.173).
A lo largo de los gobiernos del Frente Nacional, el Estado mantuvo una lucha contra
estos grupos. Durante largo tiempo se asumió que los sectores de oposición violentos o
no, tenían vínculos con las organizaciones guerrilleras. De esta manera, la existencia y
reivindicaciones de las guerrillas así como la cercanía ideológica al marxismo y al
socialismo, dio a las Fuerzas Armadas Colombianas justificación a su discurso
anticomunista que veía en estas guerrillas un enemigo que ponía en peligro a la nación
por lo que debía ser combatido en todos sus frentes siguiendo el ejemplo de los
regímenes militares del Cono Sur.
1.3. La autonomía de las fuerzas militares
Para analizar la situación de los militares colombianos en los años sesenta y setenta nos
acogemos a la tesis de Max Weber, según la cual las Fuerzas Militares en
representación del Estado son las monopolizadoras de la coacción física legítima, es
decir de la represión y de la violencia en nombre de la ley y la justicia. Al estar las
Fuerzas Militares sujetas a la ideología y defensa del Estado, debemos estudiarlas
tomando en cuenta el sistema de relaciones políticas y sociales con el Estado en un
momento determinado (Weber, 1964, pp. 1056-1057).Las coyunturas de la guerra en
Colombia y las circunstancias particulares han llevado a que las Fuerzas Armadas hayan
tenido en las décadas señaladas un desarrollo histórico distinto al de varios países de
Latinoamérica. Mientras en esas décadas encontrábamos que las Fuerzas Militares
habían llegado a hacerse con el control total del Estado, en Colombia se mantuvo el
sistema democrático. Esto no implica que los militares no viesen incrementado su poder
e injerencia en el Estado.
En cuanto al desarrollo histórico de las fuerzas militares colombianas, estas deben ser
enmarcadas en la categoría de estados latinoamericanos excepcionales que Alain
Rouquié y Frank Saffern denominan “Estados Civiles”. Por medio de esta categoría, los
autores estudian a las naciones latinoamericanas donde las Fuerzas Militares no llegaron
a convertirse en el gobierno y ha prevalecido el dominio de las instituciones civiles
como México, Colombia, Costa Rica y Venezuela. Aún así los autores reconocen que
20
estos países no podrían ser considerados como verdaderos “dechados de instituciones
democráticas”, más bien reconocen que los militares de estos países no tuvieron éxito
las intenciones de tipo golpista y permitieron la democracia representativa (Rouquié y
Saffern, 1997, p. 312).
Esto ha sido resultado según Rouquié y Saffern (pp. 317-318) de tres factores
particulares de las fuerzas militares colombianas que han permitido la prevalencia de los
poderes civiles, en primer lugar estas han sido por tradición carentes de prestigio, en
segundo lugar estas tuvieron una tardía profesionalización con respecto a otros países y
en tercer lugar, el ejército de Colombia se ha encontrado en permanente operación desde
los tiempos de “la violencia”. Estas circunstancias han llevado a que las fuerzas
militares se encuentren divididas y dispersas por su lucha contra los grupos irregulares,
por lo cual no han sido proclives a los golpes de estado. Sin embargo, los militares
colombianos cumplen una función legitimando el sistema bipartidista, el cual se vuelve
parte esencial de la sociedad civil, por lo que los militares optan por no intervenir y
limitar sus funciones al manejo del orden público.
Del mismo modo debemos considerar que el ejército colombiano fue desde principios
de siglo muy cercano al Partido Conservador, colectividad en torno a la cual se creó.
Durante “La Violencia”, el ejército apoyo al gobierno de Laureano Gómez e impuso por
la fuerza el orden. Este apoyo del ejército al conservatismo, contrastaba con la actitud
asumida por el sector castrense hacia los presidentes liberales quienes fueron vistos con
recelo, ya que estos fortalecían a la policía en aras de hacer contrapeso al ejército por su
fuerte ideología conservadora. Esta actitud fortaleció los lazos entre los militares y los
conservadores. (Rouquié, 1984, pp. 234-235)
Pese a estas circunstancias debemos tomar en cuenta que aunque las Fuerzas Militares
en Colombia no llegaron a convertirse en el gobierno, estas gozaron de una presencia en
el Estado que les permitió ganar una relativa independencia en el manejo del orden
público. A partir de las lecturas realizadas, hemos denominado a dicha independencia
como autonomía militar relativa la cual, se fue configurando de manera paralela al
Frente Nacional. El desarrollo histórico de la autonomía militar podría explicarse en dos
fases, una primera en los sesenta donde las Fuerzas Militares se adaptan a la dinámica
del Frente Nacional y una segunda fase en la década de los setenta donde se debe tomar
21
en cuenta la influencia de la doctrina de la Seguridad Nacional, no obstante no podemos
dejar de lado que en ambas etapas desempeñó un papel importante la política del Estado
de Sitio, por medio de la cual a pesar de que los civiles gobernaban, los militares
ganaban libertad para tomar las medidas que considerasen pertinentes .
1.3.1. Los sesenta: Los militares, defensores del Frente Nacional
La primera fase para la consolidación de la autonomía militar inició al final de la
violencia bipartidista con los acuerdos políticos de liberales y conservadores ya que
estos implicaron reformas en el interior del Estado que también influyeron a las Fuerzas
Militares. Si bien el país empieza a asumir el contexto de la guerra fría, las condiciones
que cambiaron el pensamiento y lealtad de las Fuerzas Armadas encuentran su
explicación en circunstancias internas; pues en esta década se presenta una separación
del poder civil y militar, los cuales establecieron un acuerdo no explícito en el cual
garantizaron que no tendrían intervención mutua. Esto dio a las Fuerzas Armadas la
libertad para actuar autónomamente en el manejo del orden público.
1.3.1.1. La despolitización y el sometimiento de los militares al establecimiento
Para explicar esta primera fase del desarrollo de la autonomía militar nos hemos
acogido a una serie de tesis que han sido trabajadas por diversos analistas de las Fuerzas
Militares. En ellas se parte del reconocimiento de la influencia del Frente Nacional en la
configuración de las Fuerzas Armadas. En primer lugar debemos señalar que las
Fuerzas Militares cambiaron de actitud con respecto a los años de las luchas
bipartidistas, donde eran leales a un partido u otro. Después de la caída del general
Rojas Pinilla, los militares aceptan el sistema bipartidista y por tanto acogen como su
función, la defensa del mismo.
El primero de estos estudios es el de Gustavo Gallón (1983, pp. 16 y 38), quien en su
libro La república de las armas nos muestra como la adaptación de los militares al
sistema bipartidista, fue condición para el ascenso de los militares en el Estado. Gallón
nos muestra que los partidos políticos para garantizar la independencia de las Fuerzas
Armadas, cedieron el Ministerio de guerra a los militares. Esta condición permitió que
se diera un giro en las funciones del ejército y la policía, pues el “manejo del orden
22
público” era un asunto netamente de esta última, pero en los sesenta esta función pasa a
manos de los militares que comenzaron a ejercer actividades de control de la población.
Esta ampliación de las funciones del sector castrense, implicó que los demás estamentos
de la fuerza pública quedaran sometidos al ejército.
Aún cuando Gallón también reconoce que las Fuerzas Armadas aceptaron el
sometimiento al Frente Nacional, es el Estado quien se adapta a los intereses de las
Fuerzas Armadas y no las Fuerzas Armadas al Estado. Gallón sustenta esta hipótesis en
que en esta década hay un aumento en las funciones de las Fuerzas Armadas hacia
campos que competían a los organismos civiles. Gallón (1983, p. 26-27) resalta tres
campos: en primer lugar la acción cívico-militar, la cual buscaba que los militares
combinaran las acciones militares y la realización de obras públicas, con el propósito de
atraerse a la población y contrarrestar la acción militar e ideológica de las
organizaciones guerrilleras. En segundo lugar se permitió la militarización de las
administraciones locales, pues los gobiernos nacional y regional se tomaban la libertad
de designar alcaldes y gobernadores militares en las localidades donde se consideraba el
orden público en riesgo. El tercer factor señalado por Gallón fue la aplicación de la
Justicia Penal Militar para juzgar civiles, facultad que se implementó desde 1965 y que
permitió que delitos como el secuestro, la extorsión o la alteración del orden público
fuesen juzgados en Consejos de Guerra. Sobre este último aspecto Gallón deja claro que
la justicia penal militar para civiles tiene como fin ejercer control sobre la población,
pues esta facultad permitía a los militares realizar pesquisas y allanamientos, que en
varias ocasiones iban en contravía de los derechos constitucionales, por tanto surgieron
permanentes conflictos entre la justicia militar y la civil, sobre cual institución tenía las
competencias para juzgar y como se debía aplicar la justicia. Gallón sostiene que en el
diseño de estos planes tuvo influencia la política norteamericana de la “Alianza para el
Progreso” del presidente Kennedy
De manera contemporánea al libro de Gallón, encontramos el estudio del Mayor
Gonzalo Bermúdez Rossi (1982, pp. 13-14), El poder militar en Colombia en él, su
autor considera que a lo largo de la historia colombiana, las fuerzas armadas han tenido
un papel preponderante en la vida nacional y a lo largo del siglo XX han servido como
instrumento de las élites políticas y económicas, cuando estas ven amenazado su status.
Por tanto, en aras de defender su situación privilegiada, las instituciones del Estado han
23
otorgado amplias libertades a las fuerzas armadas, lo que ha permitido que a pesar de
que haya un gobierno civil, los militares tengan amplios poderes políticos. El autor
reconoce que en el Frente Nacional la cúpula militar ha sido cercana a los poderes
establecidos y ha servido como defensora de los mismos, Bermúdez Rossi señala que en
los sesenta, hubo conciencia social en algunos mandos del ejército como el general
Alberto Ruiz Novoa que reconocían causas profundas en el descontento social. Sin
embargo los militares con una visión progresista fueron removidos paulatinamente, lo
cual permitió en los setenta el ascenso de militares con visión conservadora, partidarios
de políticas represivas para defender al Estado (Bermúdez, pp. 151-178).
Analistas más actuales como Francisco Leal Buitrago comparten con Gallón la tesis
según la cual el mayor cambio que representó el Frente Nacional para los militares, fue
que estos se subordinaron no a los partidos políticos sino al Estado y el conjunto de sus
instituciones en su totalidad sin importar la colectividad que se encontrase en el poder.
Para Leal este proceso comienza con el discurso del presidente Lleras Camargo en el
teatro Patria el cual implicó que se diese una separación entre el poder civil y el militar.
En su discurso el presidente Lleras ratificaba la importancia de que los militares no
intervinieran en asuntos de orden político y del mismo modo los civiles no debían
intervenir en los temas militares (Leal, 1994, p. 70). Podemos encontrar estas frases en
el discurso de Lleras Camargo: “Yo no quiero que las Fuerzas Armadas decidan cómo
se debe gobernar a la nación, en vez de que lo decida el pueblo, pero no quiero en
manera alguna que los políticos decidan como se debe manejar las Fuerzas Armadas, en
su función técnica, en su reglamento, en su personal”. Se puede deducir que esta
situación generó un pacto implícito entre el Estado y las Fuerzas Armadas, según el cual
no debía haber oposición ni intervención en los asuntos de cada bando. Así Leal
confirma la tesis central de sus estudios según la cual no ha habido participación civil en
el diseño de estrategias de seguridad y que esta materia quedó en manos exclusivas de
las Fuerzas Militares, mientras que los asuntos políticos y económicos del país quedaron
bajo el control de los sectores civiles. Esto permitió que los militares ganasen libertad y
autonomía para sus acciones (Leal, 2002, pp. 38-39).
La postura de Leal es seguida por la profesora Elsa Blair Trujillo (1993, pp. 91-92),
quien afirma que la autonomía de los militares responde a un desinterés por parte de los
poderes civiles en torno a los asuntos de seguridad, pues no hubo una verdadera
24
preocupación por parte del Estado en la creación de una política de defensa y seguridad.
Las Fuerzas Armadas van a asumir la idea de defender al Estado, lo que llevo a que las
formas de oposición como las huelgas fuesen consideradas problemas de orden público.
Esto condujo a que los militares asumieran una posición represiva contra las
expresiones políticas que diferían del gobierno central. Así, las huelgas y
movilizaciones estudiantiles, que eran problemas de tipo político, terminaron siendo
manejados por las Fuerzas Militares. De esta manera podemos ver que el Estado fue
incapaz de dar solución a los problemas del país, y optaba por llamar a las Fuerzas
Armadas para reprimir a los sectores de oposición, situación que según la autora
acrecentó la autonomía militar.
Del mismo modo, Blair Trujillo nos muestra que a pesar de que las Fuerzas Militares en
los sesenta vieron aumentado su poder y obtuvieron libertad para el manejo del orden
público, el Estado les impuso límites a sus posiciones. Esta afirmación se sustenta por el
enfrentamiento debido a posiciones de las Fuerzas Armadas con respecto a problemas
sociales como vemos en el caso del general Alberto Ruiz Novoa quien en 1964 señalaba
los problemas de la diferenciación social en el país en especial en torno a la tierra, como
podemos ver en estas frases dichas por el general en la Revista de las Fuerzas Armadas:
“No es difícil probar que en Colombia existe un estado de injusticia en torno a la
posición de la tierra y que esta situación es la responsable de la pobreza y el atraso del
país...” Esta posición fue rechazada por sectores de la política que consideraron la
acción del ministro como una intervención indebida en política, a su vez altos oficiales
como el general Reveiz Pizarro afirmaba que esta posición era favorable a los enemigos
del presidente Guillermo León Valencia (Blair, pp. 92-93). De esta manera, el poder
civil estableció como límite a las Fuerzas Armadas el manejo del orden público y no
toleró opiniones diferentes en las Fuerzas Militares hacia el Estado y sus políticas.
Como podemos ver, los autores coinciden en que las Fuerzas Militares terminan
sometidas al Estado y su sistema bipartidista en contraposición con los principios del
siglo XX cuando eran aliados de una u otra colectividad política. Así, después de la
caída de Rojas Pinilla, los militares se convierten en actores que brindan legitimidad al
Estado. Sin embargo, esto produce una situación paradójica ya que al someterse a los
poderes establecidos tanto los políticos como los económicos, las fuerzas armadas
25
ganaron independencia en sus acciones y planes para el manejo del conflicto armado y
el orden público.
1.3.1.2. La política de estado de Sitio.
El segundo gran factor que permitió la autonomía militar fue la puesta en práctica del
Estado de Sitio, que ha sido ampliamente estudiada por Gustavo Gallón en Quince años
de Estado de Sitio. Esta era una facultad presidencial para declarar que había
perturbaciones en el orden público de manera parcial o total en el país. El Estado de
Sitio aumentaba los poderes del poder ejecutivo, por medio de atribuciones adicionales
como arrestar sospechosos, así como la expropiación y censura de medios de
comunicación, con miras a garantizar la seguridad del país (Gallón, 1979, pp. 13-14).
Los presidentes del Frente nacional gobernaron haciendo uso recurrente de esta facultad
presidencial. El problema según Gallón (1979, pp. 14-16) radicaba en la vaguedad del
concepto “perturbación del orden público” pues este era de libre interpretación por parte
del gobierno central, por lo que cualquier situación de desorden social podía ser
considerada como razón suficiente para invocar al Estado de Sitio así tanto una acción
armada de las guerrillas como una huelga o manifestación estudiantil podían ser
consideradas problemas de seguridad, por lo que se podía ejercer la fuerza contra las
mismas.
Según Gallón el verdadero objetivo del estado de sitio era combatir las formas de
oposición y la movilización de las clases populares, con el pretexto de defender a las
instituciones por tanto, el estado de sitio permitía que los sectores de oposición fuesen
considerados como subversivos, con lo que pierden su legitimidad. Del mismo modo,
las Fuerzas Armadas acrecientan su poder y autonomía ya que son las llamadas a
defender el orden legítimo del Estado. De este modo se legitimó la represión ya que las
Fuerzas Armadas ven ampliadas sus competencias como el juzgamiento de civiles y la
realización de acciones lesivas contra los derechos humanos, en aras de garantizar la
seguridad del país (Gallón, 1979, pp. 123-126).
Encontramos una visión similar del Estado de Sitio en el trabajo El Cuadro de la
Justicia de Adolfo Salamanca Correa y José Luis Aramburo (1981, pp. 9-10), para
26
quienes el estado de sitio en Colombia permite recortar las libertades ciudadanas bajo el
disfraz de un gobierno democrático, así bajo el estado de sitio el ejecutivo acaba con el
estado social de derecho, avanzando hacia un régimen represivo. Para los autores, esta
hipótesis se sustenta al analizar las limitaciones que la ley imponía a la promulgación
del estado de sitio, las cuales a pesar de estar establecidas en la constitución no se
ponían en práctica. Para los autores, el estado de sitio es un instrumento estatal para
reprimir los intereses políticos de los ciudadanos opuestos al gobierno, ya que esta
facultad puede ser invocada por el presidente sin motivo alguno, y a su vez es el propio
presidente el principal beneficiario de la misma pues es él quien determina las normas
que se modifican bajo el estado de sitio. Esto ha llevado a que el estado de sitio fuese
invocado de manera permanente por los gobiernos del Frente Nacional. Es notable
también que el estado de sitio haya permitido a los presidentes excederse en sus
funciones y diseñar políticas económicas sin tomar en cuenta al congreso, sobre este
último aspecto encontramos que los gobernantes han justificado el estado de sitio para
hacer permanentes normas de carácter represivo (Salamanca y Correa, 1981, pp. 22-32).
De igual manera, el estado de sitio ha permitido a los presidentes hacer retenciones
ciudadanas sin motivos claros, así como un acrecentamiento de la justicia penal militar
para civiles, la cual se convierte en el sustento del estado de sitio ya que permite
procesos caracterizados por todo tipo de arbitrariedades pues en repetidas ocasiones a
los presos se les niegan las mínimas garantías procesales. En estos procesos se permite
el juzgamiento sin defensores, se accede al aislamiento y la incomunicación entre otros
vejámenes (Salamanca y Correa, pp. 47-74).
Por otro lado, encontramos que Iván Orozco Abad (1992, p. 171), en su estudio
Combatientes, Rebeldes y Terroristas considera que el estado de sitio en Colombia,
genera una confusión en las funciones de los militares y de la policía, las cuales suelen
ser represivas en aras de obtener la victoria contra los enemigos del Estado. A partir de
esto, el autor diferencia dos clases de estado de sitio, por un lado el estado de sitio
militar-político, el cual esta pensado para situación de guerra y/o conflicto armado, en él
se reconoce una cierta “simetría” en las relaciones entre el Estado y los alzados en
armas contra el mismo; al haber dicha igualdad, ambos actores, rebeldes y Estado deben
negociar entre sí como alternativa para solucionar el conflicto (Orozco, 1992, pp. 191-
192).
27
Sin embargo, en Colombia ha imperado el estado de sitio policivo-punitivo en el cual el
Estado determina que hay una situación de paz, la cual puede ser turbada por una serie
de amenazas, por lo cual hay una clara asimetría entre el Estado y los rebeldes. Esto
permite a los gobernantes suspender las libertades y garantías constitucionales para los
ciudadanos con el fin de obtener herramientas para luchar contra esas amenazas, por lo
cual puede recurrir a todo tipo de arbitrariedades para obtener la victoria. De este modo,
el estado de sitio se utiliza para cambiar la visión del derecho civil interno y convertir a
los enemigos del estado en enemigos absolutos, por tanto se cambia la figura del
combatiente rebelde por la del terrorista, contra el cual hay que luchar por todos los
medios aún cuando esto implique pasar por encima de la constitución (Orozco, 1992,
pp. 196-197).
1.3.2. Los setenta: la seguridad nacional, materia de las Fuerzas Militares
Hemos visto como las Fuerzas Militares en Colombia se adaptaron al sistema del Frente
Nacional y asumieron su defensa contra toda forma de oposición al mismo. Sin
embargo, no podemos dejar de lado el contexto internacional el cual estaba marcado por
la guerra fría y la influencia de los Estados Unidos a través de la Doctrina de la
Seguridad Nacional (DSN), esta era un conjunto de normas establecidas por los Estados
Unidos para el adoctrinamiento y capacitación de los militares latinoamericanos. La
doctrina fue creada dentro de la lógica bipolar de la Guerra Fría como una respuesta al
temor de Estados Unidos del surgimiento de un nuevo régimen comunista en
Latinoamérica, después de la victoria de Fidel Castro en Cuba en 1959, pues este suceso
llevó al surgimiento de guerrillas y fuerzas de izquierda en varios países que intentaron
repetir la experiencia castro-guevarista. Así, la doctrina establecía un frente común
liderado por Estados Unidos contra el comunismo, el cual era visto como un enemigo
que debía ser erradicado. La responsabilidad en el combate contra ese adversario era de
las Fuerzas Militares, las cuales en el caso latinoamericano se consideraban únicas
portadoras válidas de las nociones de patria y nación, por tanto los conceptos distintos a
los de las Fuerzas Militares podían ser señalados como subversivos y debían ser
combatidos.
28
La DSN buscaba así, evitar el surgimiento de una “nueva Cuba” en Latinoamérica, por
tanto se impuso la idea de que los Estados latinoamericanos se encontraban en un
“estado de guerra permanente” no solo contra las guerrillas sino también contra un
“enemigo interior” el cual no estaba claramente definido ni localizado, pero que se
encontraba inmerso en las fronteras de la nación. Este enemigo era el comunismo
internacional, al cual se acusaba de pretender por medio de una acción subversiva
destruir el orden establecido. Por tanto, era necesario que las Fuerzas Armadas
establecieran mecanismos para el combate contra los eventuales “focos de la
subversión” los cuales se encontraban en los sectores de oposición tales como las
universidades, los sindicatos y organizaciones sociales así como movimientos políticos
y grupos de religiosos. Por tanto, los medios utilizados para el combate contra ese
enemigo no sólo se limitaban al combate antisubversivo sino también al uso de métodos
represivos contra los “focos de la subversión”. De esta manera surgieron los regímenes
militares del cono sur que se caracterizaron por el uso de métodos lesivos de derechos
humanos con el pretexto de la defensa de la seguridad (García, 1995, pp. 35-45).
Este es el panorama de la DSN en términos generales, sin embargo debemos tomar en
cuenta que aunque tuvo influencia en los distintos estamentos castrenses
latinoamericanos, sus efectos varían de una sociedad a otra. Si bien, Argentina, Chile y
Brasil pusieron en práctica total el modelo de la doctrina, en Colombia su aplicación fue
muy diferente. Diversos estudios han mostrado la influencia de la doctrina en las
Fuerzas Armadas y casi todos coinciden en que los militares colombianos en los años
setenta asimilaron y difundieron la DSN en el país, sin embargo nunca llegaron a tomar
el poder como sucedió en el cono sur. Esta situación implica que la implementación de
la DSN en Colombia debe ser analizada a partir de la particularidad nacional, pues se
puede caer en afirmaciones unilaterales que pueden dejar de lado a otros actores
históricos.
A partir de esto, podemos expresar nuestro desacuerdo con la explicación de Gustavo
Gallón a la aplicación de la DSN en Colombia. Gallón, argumenta que la DSN implicó
una ruptura con el orden tradicional de las fuerzas militares colombianas ya que estas
diseñaron una visión del Estado con base en la DSN. Estamos de acuerdo con Gallón en
la separación de los poderes civiles y militares de los años sesenta, pero Gallón
considera que la doctrina permitió a los militares independizarse completamente de los
29
organismos civiles, esta afirmación es sustentada argumentando que los decretos que
expedía el Estado eran acordes con la ideología de la DSN. Por tanto Gallón creía que el
Estado se estaba modificando de acuerdo a los intereses de las Fuerzas Armadas, los
cuales estaban determinados directamente por el modelo de la seguridad nacional
propuesto por Estados Unidos y puesto en práctica en el cono sur (Gallón, 1983, pp. 67-
68). Hay que tomar en consideración que Gallón creía que el aumento de funciones en
las Fuerzas Militares estaba propiciando el terreno para que en Colombia se presentase
un golpe de Estado similar al de Brasil o Argentina. La predicción de Gallón falló,
debido a que estudio el problema sin tomar en cuenta factores de la realidad nacional
como el Frente Nacional o el conflicto armado, lo cual no obsta para reconocer que el
modelo de seguridad de los militares colombianos tenía influencia del que planteaban
los Estados Unidos.
Así, encontramos una contraposición al estudio de Gallón por parte de César Torres del
Río (2000, pp. 194-202) en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, en el cual, se
presenta un estudio del desarrollo histórico de las Fuerzas Armadas a partir de la teoría
de las relaciones internacionales. Torres nos muestra que los militares asumieron la
DSN con base en las enseñanzas de las Conferencias de Ejércitos y Tratados
Internacionales, pese a lo cual no llegaron a acumular poder que les permitiera llegar a
convertirse en el Estado, de hecho las Fuerzas Armadas respetaron la institucionalidad.
Torres considera que la implantación de la DSN en las Fuerzas Militares es resultado
del cambio de un modelo de seguridad colectiva a uno de seguridad nacional. En este
análisis se define la seguridad colectiva como aquella diseñada en los organismos
multilaterales como la OEA, o instancias internacionales como las conferencias de
ejércitos o juntas de cancilleres. Para el profesor Torres, los militares comenzarán a
asumir la DSN debido a factores como las contradicciones entre las estrategias de
seguridad norteamericana y latinoamericana, las cuales diferían en los métodos
utilizados para combatir el comunismo; mientras que Estados Unidos abogaba por la
lucha militar, los países latinoamericanos consideraban que parte integral de la lucha
contra la subversión era también la superación del subdesarrollo. Ante esto, Estados
Unidos optó por llevar a cabo acuerdos bilaterales que permitieran a los países
latinoamericanos adoptar las estrategias norteamericanas. Para el caso colombiano el
profesor Torres señala una serie de factores que influyeron en la asimilación de la DSN,
en primer lugar la seguridad colectiva iba en contravía de principios jurídicos
30
tradicionales colombianos como la soberanía nacional y la no intervención. Del mismo
modo, la seguridad colectiva podría llevar a una eventual politización del estamento
militar y al sometimiento del mismo a los dictámenes de un ente supranacional. De
igual manera, los militares temían que el modelo de seguridad colectiva llevara a que se
les otorgara a las organizaciones guerrilleras la condición de fuerzas beligerantes, con lo
cual podría darse una eventual intervención extranjera en el conflicto nacional. (Torres,
2000, pp. 200-202).
Otra forma de estudiar la influencia de la seguridad nacional en Colombia, la
encontramos en los estudios de Francisco Leal Buitrago quien se sirve de la categoría
paradigma para comprender a los países donde no se implantó a plenitud la DSN. Por
paradigma, Leal define la concepción ideal que los militares de estos países hicieron de
la DSN, aún así reconoce que las circunstancias que llevaron a la aplicación de la DSN
son similares a las de los demás países de América Latina, pero fue adaptada a las
circunstancias internas. Esta es la situación de las Fuerzas Armadas Colombianas que
desde hacía largo tiempo venían poniendo en práctica planes para luchar contra los
grupos insurgentes; esta situación sirvió como justificación a los militares para asumir
la DSN. Para Leal, los militares adaptaron su política contrainsurgente con base en la
ideología anticomunista y dirigieron su accionar en el interior de la sociedad. El
anticomunismo fue difundido por la revista de Las Fuerzas Armadas así como en la
Escuela Superior de Guerra con base en la interpretación de la doctrina de la seguridad
nacional aplicada en el cono sur (Leal, 1994, pp. 52-54). A partir de esto se puede
afirmar que la influencia política anticomunista de la DSN dio un refuerzo a los
militares en su papel de detentadores del orden bipartidista.
Este planteamiento de Leal Buitrago, es seguido por la profesora Elsa Blair Trujillo,
quien considera que las motivaciones que llevaron a la implementación de la DSN
responden a la debilidad de las instituciones del Estado que buscaban mantener la
legitimidad estatal construida sobre la base del sistema excluyente del Frente Nacional.
Como se mencionó previamente el mantenimiento de este sistema político había llevado
a que las élites políticas no fuesen capaces de dar solución a los sectores que
cuestionaban el funcionamiento del Estado. La autora afirma que los militares se vieron
ampliamente influidos por el pensamiento anticomunista y si bien la doctrina va a
permitir que se amplíen las funciones de los militares, nunca hubo en estos una
31
intención de tomar el poder, por el contrario lucharon para garantizar la legitimidad del
sistema bipartidista (Blair, 1993, pp. 16-18). De esta manera la profesora Blair Trujillo
refuta a Gallón y acaba con la idea de que hubo una adaptación del Estado a los
intereses de las Fuerzas Armadas.
A partir de esta discusión, podemos concluir que fueron las Fuerzas Armadas quienes
sin mediación del poder civil, asimilaron los aspectos de la Doctrina de la Seguridad
Nacional, la cual no se implementó de manera total pues los militares respetaron la
institucionalidad del Estado. Los conceptos en los cuales basaron eran los de la
ideología anticomunista, la cual adaptaron a la situación de Colombia; los militares
asumieron los conceptos de anticomunismo y enemigo interior y los pusieron en
práctica con el pretexto de defender al sistema del Frente Nacional.
Como hemos visto, el panorama político de los años sesenta y setenta influyó en la
configuración ideológica de las Fuerzas Militares colombianas, las cuales asumieron el
manejo del orden público como su principal función. Esta función iba acompañada de
un sometimiento al Estado y su sistema político, el cual estaba determinado por el
Frente Nacional. Los gobiernos del Frente Nacional, en aras de defender su legitimidad
contra las formas de oposición, otorgaron a las Fuerzas Armadas libertad para actuar;
así, los problemas que tenían razones políticas, terminaron convertidos en asuntos de
orden público y seguridad, este objetivo se lograba por medio de la política de Estado
de Sitio. De esta manera las Fuerzas Armadas consolidaron una autonomía en su
función de guardianes del orden público, por lo que los diseños de estrategias para el
control de la población fueron tarea exclusiva de los militares.
La situación de conflicto armado en el país entre el Estado y las organizaciones
guerrilleras, sirvió como justificación a los militares para asumir la doctrina de la
seguridad nacional, la cual adaptaron de manera fragmentaria al contexto colombiano.
De esta manera, los militares asimilaron la idea del enemigo interior y la ideología
anticomunista y pudieron calificar las formas de oposición como subversión, por tanto
con el pretexto de defender el orden público, los militares realizarán acciones represivas
contra estos sectores.
32
2. LA IGLESIA DEL FRENTE NACIONAL
La Iglesia católica colombiana ha sido una institución que ha hecho una gran presencia
en el Estado desde la aprobación del concordato de 1887. Sin embargo, esta situación
experimentó una serie de cambios como resultado del Frente Nacional. De igual
manera, que con las Fuerzas Armadas, hemos tomado como referente a Max Weber
(1964, pp. 905-924), en esta ocasión su concepto de “dominación hierocrática” el cual
nos muestra que la Iglesia Católica actúa como agente legitimador de los poderes
establecidos y lleva a cabo una labor de concienciación en los ciudadanos para
garantizar la lealtad de los mismos al Estado. Así, la historia de la Iglesia debe
construirse con base en el estudio de sus relaciones sociales con el Estado, pues en
repetidas ocasiones esta actúa como legitimadora de la ideología y proyecto político del
mismo.
Debemos tomar en cuenta que desde mediados del siglo XX, encontramos una Iglesia
que ha perdido su carácter de unidad tradicional. Por un lado, encontramos que hay una
jerarquía episcopal que es la que ocupa los altos cargos en la institución eclesiástica y
por otro tenemos una Iglesia-base que es la que cumple la labor pastoral en los barrios y
es la que va estar más cercana a los feligreses. Sin embargo aunque ambos sectores de la
Iglesia compartían la misma visión teológica, por factores que analizaremos a
continuación se producirá una escisión entre ambos sectores. Primero procederemos a
ver la situación del episcopado y en lo posterior procederemos a ver la situación del
clero base, a partir de la visión de distintos analistas.
En términos generales, los analistas que han estudiado el desarrollo histórico de la
Iglesia Católica han coincidido en que las décadas del sesenta y setenta, está se ve
influida por dos contextos el nacional y el mundial. El nacional estaba marcado por la
influencia política del Frente Nacional, cuyo sistema implicó un cambio en la estructura
y posición ideológica del episcopado. Por otro lado en el mundo, en los sesenta y
setenta la Iglesia desarrolló una nueva visión que buscaba acercar a la Iglesia a la
realidad histórica. Por medio de dos eventos, el Concilio Vaticano II y la Conferencia
Episcopal latinoamericana de Medellín de 1968. Las nuevas ideas de estos eventos
dieron un giro al modelo pastoral de los obispados latinoamericanos, dando surgimiento
a movimientos como la Teología de la Liberación, la cual tuvo un gran desarrollo en
33
Brasil y Centroamérica. Sin embargo, en Colombia la modernización de la Iglesia no
fue posible por las circunstancias propias del país, como veremos a continuación a partir
de la comparación de los distintos enfoques.
2.1. El papel del episcopado
A lo largo de la historia colombiana, el episcopado ha sido un actor presente en la
sociedad colombiana, pues ha intervenido deliberadamente en materia política, y a su
vez el Estado colombiano ha cedido espacio y poder. Así, durante largo tiempo, la
Iglesia tenía a su cargo desde la educación, hasta la designación del candidato
conservador a la presidencia. De este modo, la Iglesia también fue una entidad
altamente politizada en la medida que actuaba como legitimador de los conservadores y
detractor de los liberales. Sin embargo, después de la caída de Rojas Pinilla, la jerarquía
eclesiástica presentará un cambio en su estructura, pues va a asumir una visión
bipartidista y se convertirá en sustento del régimen político.
2.1.1. La Iglesia se adapta al sistema
Durante el período de la violencia, la Iglesia estuvo de parte del partido Conservador y
en sus discursos llamaba a matar liberales, a quienes se les negaban los sacramentos y el
acceso de los seminarios. Sin embargo, durante la negociación de los acuerdos entre los
partidos, la Iglesia va a hacer un llamado a la búsqueda de soluciones a la violencia
bipartidista. Así, el plebiscito de 1957 contó con el apoyo del Comité permanente de los
Obispos Metropolitanos que era el órgano pleno de representación del episcopado, el
cual argumentaba que el plebiscito pondría fin a la violencia. Esta situación, para
Rodolfo De Roux, representó un cambio en tanto que la Iglesia redefinió a sus
enemigos, pues desde principios de siglo había combatido a la masonería, al
protestantismo, al liberalismo y al comunismo y ahora, solo lucharía contra el último
(De Roux, 1983, p. 158).
Historiadores como Fernán González y María Teresa Cifuentes y Alicia Florián han
coincidido en que el plebiscito del 57 puso a la Iglesia como el eje de unificación
nacional por lo que garantizó las normas concordatarias de 1886, con una diferencia y
es que ahora contaba con apoyo de los dos partidos. De esta manera, encontramos que la
34
Iglesia dejó de estar atada de manera exclusiva al conservatismo y comenzó a ser
tolerante con el liberalismo. Estos autores señalan que los liberales también buscaron
limar asperezas con la Iglesia, por lo que la Comisión de Acción Política del
Liberalismo envió una carta en la que daban por terminadas las pugnas entre el partido y
la Iglesia. Del mismo modo un grupo de prominentes liberales envió al Cardenal Luque
una carta donde se declaraban a sí mismos “hijos sumisos de la Iglesia” y reconocían los
errores del liberalismo filosófico (Cifuentes y Florián, 2004, pp. 355-356). Para Fernán
González (1997, p. 321), esta sumisión del liberalismo representaba el reconocimiento a
la Iglesia como actor de “orden social” por lo que debía ser respetada. Este
sometimiento mutuo entre la Iglesia y las colectividades políticas, según González, dejo
a la institución eclesiástica en una mala situación pues solo se limitó a buscar soluciones
a los problemas de la violencia bipartidista, más no enfrentaba las nuevas realidades
sociales (González, 1989, p. 386).
De esta manera, podemos afirmar que la aceptación de la Iglesia del sistema
bipartidista, la dejó atada a una estructura política que le va a garantizar prerrogativas y
una posición privilegiada en la política, pero a su vez la Iglesia quedaba sometida a
servir como legitimadora del orden establecido. Incluso sin importar si este orden era
lesivo de los derechos de los ciudadanos y estaba salpicado de profundas diferencias
sociales.
2.1.2. Una Iglesia antigua en una sociedad moderna
Debemos tomar en cuenta que estos sucesos en la Iglesia se venían dando en una
sociedad que venía presentando profundos cambios en su estructura social, producto de
la creciente urbanización. En medio de esta situación, la Iglesia no fue capaz de
responder a los nuevos problemas sociales por lo que su influencia en la sociedad
comenzó a decaer. Para Ricardo Arias (2003, pp. 192-193), esta situación es resultado
del proceso de secularización en la sociedad colombiana. De este modo podemos ver
que si bien los gobiernos liberales reconocieron la autoridad de la Iglesia, esto no obstó
para que se tomaran medidas contrarias al pensamiento conservador de la Iglesia como
las medidas de control de la natalidad y la imposición de una educación mixta.
Asimismo, en estos años se redefinió el papel de la mujer en la sociedad pues las
mujeres obtuvieron acceso a la educación universitaria y a más y mejores oportunidades
35
laborales. Del mismo modo, los cambios en la estructura familiar, llevaron a que la
sociedad avanzara hacia la laicidad, pues esta nueva estructura implicó que la gente dejó
de verse influida por el sistema de valores que imponía el catolicismo.
En este contexto, Fernán González (1989, pp. 387-388) señala una gran paradoja y es
que la Iglesia estaba perdiendo influencia en la sociedad a pesar de haber ganado una
mayor presencia institucional. González explica esta situación afirmando que el
episcopado se empeñó en mantener un modelo pastoral que era apto para el mundo
rural, pero que no se adaptaba a una sociedad que había tenido profundos cambios. Esta
situación generará problemas en el interior de la Iglesia, pues la jerarquía mantendrá una
posición reticente a los cambios.
A partir de las tesis planteadas podemos concluir que la aceptación y sumisión de la
Iglesia del sistema bipartidista implicó que esta diera prioridad al sostenimiento del
orden político en aras de defender sus privilegios. Sin embargo su función social no se
estaba desarrollando con herramientas que fuesen acordes con la situación
socioeconómica que enfrentaba, esto debilitó el prestigio de la Iglesia en los ciudadanos
del común que ya no se identificaban con la cultura religiosa.
2.1.3. El impacto de la apertura
Los años sesenta representaron grandes cambios en la cultura y las mentalidades a nivel
global. Iniciaron los movimientos hippies y la lucha por los derechos civiles en los
Estados Unidos. En América Latina, encontramos el surgimiento de guerrillas y
movimientos sociales. La Iglesia no fue ajena a esos cambios y el nuevo pontífice Juan
XXIII quien sustituyó a Pío XII, convocó en 1962 a todos los obispos y episcopados del
mundo en el Concilio Vaticano II, una gran asamblea de carácter ecuménico que cambió
la historia de la Iglesia. En siglos la Iglesia había realizado un concilio, y el objetivo de
esta reunión era adaptar a la Iglesia al mundo moderno (Arias, 2003, p. 200).
El concilio partió de una crítica a la estructura que venía manejando la Iglesia en su
labor pues notaba un alejamiento sus fieles, ya que la visión eclesiástica no se adaptaba
a las condiciones del mundo moderno. El concilio presentó tres cambios sustanciales
para la Iglesia católica. En primer lugar comenzó a asumir la dimensión histórica de la
36
humanidad y los cambios en la mentalidad y la cultura universal. El objetivo era que la
Iglesia dejara de parecer una institución anquilosada y ajena a las circunstancias del
tiempo; al asumir los cambios, la Iglesia podría entender a los hombres y llevar a ellos
el mensaje cristiano de una mejor manera. En segundo lugar la Iglesia reconoció el
pluralismo del mundo, lo que implicó el aceptar la diversidad de pensamientos,
creencias y corrientes políticas, por tanto el entrar en el mundo moderno también debía
incluir abandonar la concepción de que el único pensamiento válido era el de la
“civilización occidental”. Un tercer aspecto que la Iglesia cambió al reconocer los
cambios sociales fue su visión “apocalíptica medieval” la cual condenaba a las personas
por no comprenderlas, esta visión fue sustituida por una más optimista y más cercana al
hombre (Arias, 2003, pp. 200-204).
Un segundo suceso de gran impacto en la Iglesia fue la Conferencia Episcopal
Latinoamericana de Medellín realizada en Agosto de 1968. Este evento fue organizado
por el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) entidad que agrupaba a los 22
episcopados del subcontinente. En esta conferencia se hizo una relectura de la realidad
latinoamericana a partir de las enseñanzas del Vaticano II. El informe realizado en la
conferencia reconoce la desigual distribución de la riqueza y pobreza de los países. El
CELAM denunció que la incapacidad de las elites políticas latinoamericanas para dar
solución a estos problemas es el causante del descontento popular en la región (Arias,
pp. 208-210). Esto es novedoso pues la Iglesia reconoció que la movilización social y
las protestas tenían causas profundas que debían comprenderse en el contexto histórico.
Estos dos sucesos: el Vaticano II y la conferencia episcopal de Medellín, tuvieron una
gran trascendencia pues sus enseñanzas llegaran a distintos sectores de la Iglesia
latinoamericana. Sin embargo, en Colombia su puesta en práctica fue muy limitada, los
analistas han explicado esta situación con base en las particulares condiciones
sociopolíticas del país.
En primer lugar podemos ver la posición de la propia Iglesia en el estudio de Rodolfo
de Roux quien afirma que aunque el episcopado colombiano no se mostró muy
entusiasmado con las propuestas de cambios en la Iglesia, si bien se presentaron
cambios sobre todo en las celebraciones litúrgicas como la reducción de la pompa. Para
De Roux estos cambios fueron trascendentales en su época y cambiaron la imagen de
37
una Iglesia estática, según este autor los cambios del Vaticano II no se acogieron en
nuestro país debido a que los principales conceptos en la Iglesia colombiana en
momentos previos al concilio eran “estabilidad” y “inmutabilidad”. Al no poder asumir
los postulados del Vaticano II, no causó extrañeza que la jerarquía colombiana no
mostrará interés en las discusiones de la Conferencia de Medellín y se alejase de las
posiciones aceptadas en mayoría por los obispos latinoamericanos. (De Roux, 1983, pp.
164-165)
Las tesis de Rodolfo de Roux han sido cuestionadas de manera parcial a la luz de hoy.
Así encontramos la visión de Fernán González (1989, p. 391), quien afirma que por su
cercanía y poder en el Estado, la jerarquía eclesiástica nunca estuvo preparada para
ejercer el diálogo con otras tendencias ideológicas, promovido por el Vaticano II. Para
González (1997, p. 321), el principal impacto del Vaticano II y las posiciones
modernizadoras es el quiebre en la unidad de la Iglesia como cuerpo homogéneo, pues
surgirán sectores en el propio episcopado y en el clero joven que tendrán una mirada
más progresista, que chocará con el anquilosado modelo pastoral propuesto por la
jerarquía.
La posición de González se contrapone de manera parcial a la de Ricardo Arias, quien
afirma que el Vaticano II si tuvo efectos sobre la posición del episcopado, en torno a la
preocupación por los temas sociales. Según Arias, el episcopado presenta un cambio en
su tradicional lenguaje en tanto que comienza a tocar temas como la reforma agraria y a
criticar la imperante corrupción del país; del mismo modo la Iglesia empezó a reconocer
que los problemas y el descontento social tenían causas de tipo político y económico.
Pese a esto, la Iglesia terminaba en sus posiciones defendiendo y legitimando el statu
quo y considerando que los problemas del país encontraban su mayor causa en la falta
de moralidad (Arias, 2003, pp. 292-293).
Por otro lado, encontramos el análisis de las profesoras María Teresa Cifuentes y Alicia
Florián, cuyas tesis se aproximan a las de Fernán González. Cifuentes y Florián
reconocen que hubo cambios a partir del Vaticano II en la Iglesia colombiana, pero por
su cercanía al poder, estos fueron muy superficiales y solo se vieron en las
celebraciones litúrgicas. Así los cambios que De Roux consideró trascendentales, para
Cifuentes y Florián no pasan de ser modestos. Del mismo modo, las autoras concuerdan
38
con los analistas citados previamente en que en la reunión de Medellín de 1968, el
episcopado colombiano redactó un documento que se destacó por mantener una
posición que buscaba contraponer a las posiciones progresistas de los demás obispados
latinoamericanos pues consideraban que su diagnóstico era válido para el resto del
continente pero no para Colombia (Cifuentes y Florián, 2004, pp. 360-367).
En conclusión, hay un impacto del Vaticano II y la Conferencia de Medellín, en el
episcopado colombiano, pues este pone a la Iglesia a pensar sobre los problemas
sociales del país. Sin embargo los postulados de modernización chocaban con la
tradicional posición privilegiada que la jerarquía católica había ostentado por largo
tiempo, por tanto la influencia de la visión progresista solo se dio en ciertos sectores de
la Iglesia. En contraste, el episcopado difundió aquellos preceptos que no eran
contrarios a sus intereses e ideología. Estos factores condujeron a la división de la
Iglesia Colombiana entre una jerarquía que estaba decidida a mantener su poder y
presencia institucional y un sector progresista que va a intentar adaptar la Iglesia
Católica a la situación social colombiana.
2.2. Los sectores de oposición de la iglesia.
La posición de la jerarquía colombiana fue muy reticente al espíritu modernizador del
Vaticano II, por tanto a diferencia de países como Brasil, Perú o Centroamérica, en
Colombia encontramos una aplicación distinta de la modernización de la Iglesia, pues
las ideas progresistas solo llegaron a una parte del clero, en especial a la facción más
joven. Este nuevo sector tuvo también un acercamiento al marxismo y a las ciencias
sociales, lo que permitió que este grupo de sacerdotes hiciesen una reinterpretación de la
realidad colombiana, con lo cual obtuvieron argumentos para cuestionar el modelo
pastoral que impulsaba la jerarquía en cuanto a ayudar a los menos favorecidos.
Estos grupos de religiosos y movimientos a pesar de tener visiones diferentes sobre el
cristianismo comparten un alejamiento y una condena a la posición oficial del
episcopado, sin dejar de ser parte de la Iglesia Católica Oficial. A estos grupos los
hemos denominado sectores de oposición de la Iglesia. El desarrollo histórico de estos
sectores ha sido analizado tomando en cuenta dos fenómenos de la iglesia católica
colombiana que son complementarios, y que han sido estudiados desde distintas
39
interpretaciones. El primer fenómeno es el ya mencionado acercamiento de sectores de
la Iglesia al marxismo y a las ciencias sociales, así como la reinterpretación del mensaje
del Vaticano II y la Conferencia de Medellín. El segundo fenómeno es la influencia del
cura Camilo Torres, quien lideró actividades de izquierda y terminó uniéndose a la
guerrilla del ELN. El discurso y conducta de este sacerdote tuvo repercusiones en la
construcción del proyecto cristiano de los sectores de oposición como lo han afirmado
diversos analistas.
Los primeros estudios que se han realizado sobre los sectores de oposición han venido
desde la propia Iglesia, cuyos historiadores han intentado reconstruir la posición de los
sectores de oposición desde sus relaciones con el episcopado como podemos verlo en el
análisis de Rodolfo de Roux, quien consideraba que los sectores de oposición tenían en
mente el surgimiento de una “iglesia popular” que buscaba reconstruir la Iglesia con
base en los más pobres. Para lograr este proyecto, era necesario que los sacerdotes
“compartieran” la miseria de los menos favorecidos, ya que solo así podrían llevar a
cabo un adecuado proceso de evangelización. La opción por los pobres se debía a que
estos serían el “pueblo” al que privilegiaba Jesús. Para De Roux, la propuesta de los
sectores de oposición consideraba a la pastoral como un compromiso político, pues
estos descubren en los pobres a una clase social explotada cuyas luchas debían ser
acompañadas. De Roux señala un aspecto importante de los sectores de oposición y es
que estos nunca tuvieron la intención de desligarse de la Iglesia Católica, pues esto haría
perder legitimidad a su discurso. El verdadero propósito de los sectores contestatarios,
según De Roux era reconstruir a la Iglesia en torno a los pobres (De Roux, 1983, pp.
172-175).
La ideología y pensamiento de los sectores de oposición, han tenido hoy en día una
revisión crítica, como lo ha realizado Fernán González. Para González los sectores de
oposición son la respuesta del clero joven ante la intransigencia de la jerarquía
eclesiástica, la cual consideraban no estaba ofreciendo un modelo pastoral apto para
acercarse a los más pobres. Esto llevó a que los religiosos contestatarios buscaran
nuevas formas para logar identificarse con los más pobres, para lo cual se valieron del
marxismo y las ciencias sociales. En opinión de González, los religiosos no se
encontraban preparados para asumir el diálogo con otras tendencias de pensamiento
como tampoco lo estuvo nunca el episcopado, por tanto los sectores de oposición fueron
40
ingenuos al acercarse a posturas el marxismo sin tomar una posición crítica con respecto
al mismo. Con base en estas afirmaciones, González sostiene que Camilo Torres optó
por la vía revolucionaria porque su acercamiento al mundo académico y a las ciencias
sociales, lo llevó a creer que en el contexto colombiano, una revolución se encontraba
justificada y era deber del cristiano. Del mismo modo, Camilo Torres buscó desligarse
de la Iglesia y al final de su vida expresó su repugnancia con la jerarquía pues consideró
que está había terminado alejándolo de los pobres (González, 1989, p. 391-392).
A diferencia de Fernán González, Ricardo Arias afirma que los sectores de oposición de
la Iglesia son resultado de un proceso en la Iglesia colombiana iniciado desde fines de
los años cincuenta, pues el temor al avance del comunismo había llevado a la Iglesia
católica a tener una mayor preocupación por los temas sociales, por tanto el episcopado
comenzó a organizar foros y a opinar sobre temas como la reforma agraria. Del mismo
modo, los religiosos empezaron a tener contacto con universitarios, los cuales estaban
influidos por los ideales de la revolución cubana. En este contexto surge Camilo Torres
quien a partir de su trayectoria en cargos académicos y públicos y por el fracaso de su
movimiento político el Frente Unido, llegó a la conclusión que la violencia era el único
camino para alcanzar las reivindicaciones de los sectores bajos, por lo cual se unió al
ELN. Para Arias, la unión de Camilo Torres a la guerrilla, implicó un cuestionamiento
a la jerarquía y a los poderes establecidos desde el propio clero, algo que no había
ocurrido antes y que probaría que las posiciones intransigentes de la jerarquía no
respondían a las necesidades de la sociedad colombiana (Arias, 2003, pp. 196-198).
A partir de estas afirmaciones, Arias (2003, pp. 212-213) explica que el acercamiento de
los sectores de oposición al marxismo y a las ciencias sociales, tenían como objetivo
general, alcanzar la “liberación” y la “salvación” de los hombres por medio de la
supresión de las condiciones que llevan al hombre a estar en pecado. Tales condiciones
son la pobreza y la miseria, por lo que por medio del mensaje cristiano se debía luchar
contra las mismas. Esto llevó a que los religiosos contestatarios se convirtiesen en los
“voceros” de los menos favorecidos, por tanto los religiosos harán parte de las huelgas y
de las movilizaciones estudiantiles. En este mismo sentido, estos sectores actuarán en el
plano académico por medio de la elaboración de estudios donde se denunciaba la
situación política, económica y social del país y asimismo algunos sacerdotes ejercieron
militancia en grupos de izquierda (Arias, pp. 250-251).
41
Las posiciones de Ricardo Arias, son ampliadas por las profesoras María Teresa
Cifuentes y Alicia Florián (2004, pp. 358-360), quienes definen a los sectores de
oposición como corrientes que surgen en el cristianismo a partir de la reinterpretación
de los mensajes del Vaticano II y la Conferencia de Medellín a la luz de la realidad
colombiana. En esta situación influyó la unión de los cristianos con el movimiento
universitario, pues así como los religiosos hacían parte de las universidades, los
estudiantes se unían a su vez, a los equipos de trabajo de las parroquias en la labor en
los barrios marginales. Esta unión permitió la construcción del discurso crítico que se
vería manifestado en los dos más importantes grupos de religiosos de los sectores de
oposición: El grupo Golconda y el grupo Sacerdotes para América Latina (SAL).
Por un lado, Golconda surge en 1968, a partir de la reunión de un grupo de sacerdotes
dirigidos por Monseñor Gerardo Valencia Cano en una finca del mismo nombre,
cercana a Viotá y en su segunda reunión efectuada cerca de Buenaventura publicaron su
Manifiesto de Golconda. En dicho documento se formulaba una crítica a problemas
estructurales del país como la falta de una verdadera reforma agraria, así como la
violencia institucionalizada y la excesiva dependencia económica de las grandes
potencias. Aunque su discurso era contestatario se había construido con base en la
encíclica Popularum Progressio y las enseñanzas de la conferencia de Medellín.
Asimismo, Golconda tomaba una posición dura contra la jerarquía, la cual consideraban
demasiado comprometida con el Estado y los poderes económicos. Por otro lado, el
SAL ratificaba la importancia y prioridad del marxismo como categoría de análisis, así
como la colaboración mutua con los marxistas para desarrollar el cambio social, así
como el compromiso social del sacerdote con los oprimidos (Cifuentes y Florián, 2004,
pp. 367-368).
Mario Calderón (2002, pp. 57-60) por su parte, considera que en el origen de los
sectores de oposición tuvo una mayor influencia y trascendencia, la evocación y
exaltación de la figura del cura Camilo Torres. Calderón explica esta tesis, afirmando
que la actitud del cura Camilo Torres de rebelarse contra la élite política y religiosa de
la cual hacía parte, le llevó a la búsqueda de una nueva forma de pastoral que tuviera
como eje la misericordia y caridad para con el prójimo. Sin embargo, la construcción de
dicha pastoral implicaba necesariamente una lucha contra un sector minoritario que
42
obstaculizaba el desarrollo del sentido de la caridad, pues esto atentaría contra sus
propios intereses. Para Calderón, la doctrina del cura lo lleva a convertirse en un líder
que siendo de la élite se rebela contra la misma desde el campo académico, político y
militar. Esta actitud tuvo una gran influencia en la configuración del discurso de los
sectores de oposición, en especial en el Golconda y el SAL. Por un lado el Manifiesto
de Golconda, coincidía con las acciones y propuestas de Camilo Torres tales como la
denuncia a las élites, la excesiva dependencia económica; pero el manifiesto también
reivindica ideales de Camilo Torres como el llamado a la unidad de los revolucionarios
y la necesaria separación de la Iglesia y el Estado. Por otro lado el SAL, dirigió sus
críticas contra el episcopado, en especial contra Monseñor Muñoz Duque a quien
consideraban muy cercano a las élites, por lo que apoyarán huelgas y protestas sociales.
Siguiendo a Camilo Torres, para el SAL, el compromiso del sacerdote debía ser de
carácter político, puesto que el sacerdote dentro de la sociedad desempeña un papel
como agente de concientización y movilización de los sectores oprimidos. Si bien el
SAL no lo hace explícito, Calderón (pp. 79-82) encuentra una continuidad con la
opinión de Camilo Torres.4
El caso Camilo Torres nos permite abordar a través de la profesora María Teresa
Cifuentes y el profesor Helwar Figueroa (2004, pp. 397-401) un punto controversial en
la historia de los sectores de oposición: la unión entre religiosos contestatarios y las
organizaciones guerrilleras. Para estos autores, el acercamiento al marxismo de los
sectores de oposición, les llevó a encontrar puntos de convergencia con la izquierda
política, en torno a la reflexión sobre la realidad nacional. Sin embargo, algunos
sacerdotes consideraron que debido al sistema político restrictivo del Frente nacional, la
única manera para alcanzar los cambios era por medio de la vía revolucionaria, por lo
que se unieron a la izquierda radical representada en las guerrillas. Del mismo modo, los
marxistas reconocían la importancia de la cultura del catolicismo en Colombia para
lograr su acercamiento a la sociedad. La unión de religiosos y guerrilleros se presentó
en gran parte en el ELN durante los años sesenta, inicialmente esta unión se dio de
manera espontánea, pero en un futuro esta guerrilla desarrolló una estrategia de
4 El movimiento Golconda tuvo su existencia atada a la vida de Monseñor Valencia Cano, a cuya muerte ocurrida en 1972, se disolvió el grupo. En septiembre de 1969, algunos miembros de Golconda se hicieron presentes en una reunión del Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (MOEC), con el cual intentaron agrupar una fuerza política que actuase en conjunto con campesinos, obreros, indígenas y guerrilleros. Sin embargo esta alianza fue muy efímera y aparentemente se rompió antes de la disolución de Golconda. (Calderón, 2002, p. 78).
43
“reclutamiento” de creyentes cristianos con base en el compromiso social; a su vez, la
izquierda consideraba esencial el apoyo de los cristianos para lograr el apoyo de masas.
A partir de esta posición de los autores podemos deducir que la unión de católicos y
guerrilleros se puede considerar resultado de la intolerancia que mantuvo la jerarquía
eclesiástica hacia expresiones religiosas que se alejaban de la posición oficial del
episcopado.
A partir de los distintos puntos de vista aquí expuestos, podemos concluir que los
sectores de oposición en la Iglesia surgen como una respuesta de una parte del clero
base hacia la jerarquía eclesiástica, pues el modelo pastoral propuesto por esta última no
era el adecuado para una sociedad que había cambiado, producto de la creciente
urbanización, la cual había aumentado los niveles de marginalidad en las ciudades.
Influidos por el discurso modernizador de la Iglesia Católica, los sectores de oposición
van a buscar nuevas maneras de evangelizar a la población en los cordones de miseria,
por medio de la cercanía y trabajo conjunto con los mismos. Sin embargo, los sectores
progresistas encontraron un obstáculo para su labor en el episcopado, el cual por su
cercanía al Estado se mostró reacio a los cambios. Esta situación llevó a que los sectores
de oposición construyesen a partir de una síntesis del mensaje cristiano con las ciencias
sociales y el marxismo, un nuevo modelo de Iglesia que estaba alejado del Estado y los
poderes económicos.
2.2.1. El conflicto inevitable
Las relaciones entre los curas rebeldes y la jerarquía se fueron tensionando cada vez
más, hasta el punto en que el diálogo entre las partes fue imposible. Desde fines de los
sesenta, el episcopado colombiano descalificó las ideas progresistas que se venían
gestando en la Iglesia. Vimos ya como el episcopado menospreció los temas planteados
en la Conferencia de Medellín, aunque en 1973, la Conferencia Episcopal publicó el
documento “Justicia y exigencias cristianas” donde se denunciaba la alta concentración
de la riqueza en pocas manos y que la dinámica política del Frente Nacional dejaba el
poder político en manos de un reducido grupo; sin embargo en dicho documento la
Iglesia no dejaba de condenar todo acto de violencia y de afirmarse a sí misma como
entidad superior a cualquier ideología. El mantenerse en una posición cerrada al diálogo
44
impidió la conciliación entre la jerarquía y los sectores críticos del clero (González,
1989, pp. 390-391).
El conflicto eclesiástico tomó un rumbo definitivo en 1972 con la llegada a la secretaría
del CELAM de Monseñor Alfonso López Trujillo quien tenía una clara posición
intransigente. López Trujillo y otros cardenales y obispos consideraban que la Iglesia
había brindado demasiada libertad a los sacerdotes rebeldes, lo cual había pervertido los
valores cristianos (González, 1989, pp. 394-395). La llegada de López Trujillo, implicó
fuertes críticas a la teología y de la liberación y varios de los Obispos que tenían
tendencias progresistas fueron reemplazados por otros con visión más moderada. La
visión de López Trujillo fue muy bien aprovechada por monseñor Aníbal Muñoz Duque
quien se desempeñaba como presidente de la conferencia episcopal desde 1964 y
llegaría a ser Cardenal en 1973. Desde sus distinguidas posiciones, Muñoz Duque, hacía
un llamado a que la Iglesia no debía realizar labores de corte político, por tanto criticó a
los sacerdotes que se habían unido a las guerrillas, pues consideraba que así no se
reivindicaba a los más pobres, sino que se les sumiría todavía más en la miseria (Arias,
2003, pp. 263-264). Por otro lado, los sectores de oposición continuaban con sus
críticas, cada vez más fuertes contra el episcopado. El punto de ruptura definitiva entre
ambas partes se dio con la huelga bancaria de 1976.
La huelga fue un conflicto desatado a partir del reclamo de los trabajadores de los
bancos Central Hipotecario y Popular quienes habían realizado un pliego de peticiones a
las directivas a finales de 1975. Desde entonces, los trabajadores y sus jefes estuvieron
en constante negociación. El Estado había designado un tribunal de arbitramiento pero
este fue rechazado por los trabajadores que no se sentían respaldados en el mismo.
Como no fue posible llegar a acuerdos los 5 mil empleados del Banco Popular se
declararon en paro indefinido el 25 de Febrero. Pasados cien días de la huelga, cerca de
mil empleados habían sido arrestados y quince estaban condenados a purgar condenas
de tres a seis meses de prisión, del mismo modo habían sido despedidos 450
trabajadores (Cinep, 1976, pp. 6-7).
Ante esta situación, los empleados se declararon en huelga de hambre el 12 de mayo y
ocuparon 11 iglesias católicas. Los arzobispos de Medellín Tulio Botero y
Bucaramanga Héctor Rueda, junto con el obispo de Armenia, apoyaron a los
45
trabajadores y les brindaron asilo en los templos (Calderón, 2002, p. 92). Grupos
sacerdotales se sumaron al respaldo a los trabajadores pues consideraban “justas” sus
reivindicaciones y acordes con el pensamiento y valores cristianos. En Bogotá la huelga
tuvo un epicentro que fue la Iglesia de San Francisco. En este templo el 18 de mayo, 20
sacerdotes celebraron en conjunto, una eucaristía en honor de los trabajadores. Al día
siguiente los sacerdotes intentaron repetir la eucaristía, pero los responsables del templo
se negaron. Por esta razón, la eucaristía se llevó a cabo en el Parque Santander, aledaño
a la Iglesia, fue una eucaristía multitudinaria donde ciudadanos del común se
solidarizaron con los trabajadores.5
En estas circunstancias, un grupo de sacerdotes y religiosas crearon el 25 de mayo el
“Comité de religiosos y religiosas por la defensa de los derechos humanos”. Este grupo
expidió un comunicado por medio del cual pedían la mediación del cardenal Muñoz
Duque en el conflicto bancario. El 26 de mayo, 97 religiosos que hacían parte del
comité se dirigieron al palacio cardenalicio para hablar con el cardenal y exponer sus
peticiones. El canciller de la Curia, el padre Romero manifestó a los sacerdotes que
debían aguardar al cardenal porque este se encontraba en una reunión. Sin embargo
después de tres horas de espera, el canciller negó en definitiva la atención a los
sacerdotes. En vista de esta situación los sacerdotes entregaron al canciller Romero sus
documentos con las firmas de los 97 religiosos y se retiraron. Grande fue la sorpresa de
los sacerdotes cuando vieron llegar al palacio a la policía, la cual argumentaba que
venía a impedir el “sabotaje”, aún cuando los sacerdotes tenían intenciones pacíficas
(Cinep, 1976, pp. 7-8).
La huelga bancaria fue levantada el 28 de Mayo con una última eucaristía en el atrio de
la Iglesia de san Francisco. Sin embargo dos días después el cardenal Muñoz Duque en
declaraciones a la cadena Caracol, condenó a los sacerdotes que se habían solidarizado
con los empleados bancarios. El cardenal declaró inválidas las eucaristías celebradas por
los trabajadores y señalaba a estos sacerdotes como desubicados con respecto a la
posición de la Iglesia, por lo cual el cardenal manifestó que cancelaría las licencias de
los religiosos solidarios (Cinep, 1976, pp. 62-66). El 2 de junio el Espectador, publicó
5 Según declaraciones del padre Javier Giraldo “la gente del común que participó de la misa en el parque Santander rodeó a los empleados bancarios para evitar que la policía pudiera agredirlos o capturarlos. Del mismo modo las personas allí presentes escoltaron a los trabajadores tanto en su salida como reingreso al templo”. En entrevista con Chaves, C. (2008, Julio)
46
una foto en la cual monseñor Muñoz Duque aparecía bendiciendo la entrada de una sede
del banco Tequendama en Bogotá y dos días más tarde al cardenal le fue otorgado el
grado de brigadier honorario del ejército. Los problemas entre la jerarquía y el clero
rebelde se acentuaron con la publicación en el Espectador, de una carta que fue
atribuida al “Comité de religiosos y religiosas por la defensa de los derechos humanos”.
En dicha carta se tomaba una posición crítica contra el cardenal Muñoz Duque, al cual
se acusaba de estar comprometido con el gobierno en detrimento de los más
necesitados. La carta se interpretó como la respuesta del comité al cardenal por sus
declaraciones radiales. La verdad es que la carta había sido escrita por el SAL en abril y
si bien fue difundida en los días del conflicto bancario, su contenido no guarda relación
con el mismo. Los contenidos de la carta llevaron a que los sacerdotes fuesen acusados
de comunistas y criticados por la prensa. El comité exigió rectificación de la
información pero esta nunca se dio por lo que fue estigmatizado ante la opinión pública
(Calderón, 2002, pp. 92-93).
A finales de 1976, la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Colombiana hizo
explícita la condena a sectores de oposición por medio de su documento “Identidad
cristiana en la acción por la justicia”. En él, el episcopado condena a las teologías de la
liberación y se refiere de manera explícita a grupos de religiosos como el Golconda, el
SAL, cristianos por la liberación, entre otros así como centros de estudios sociales como
el Cinep. La jerarquía consideraba que estos sectores eran los causantes de las
divisiones en la Iglesia por malversar el mensaje cristiano:
...algunos sacerdotes, religiosos y laicos en Colombia, que conforman grupos casi siempre anónimos, propugnan doctrinas erróneas y asumen actitudes equivocadas. Su pensar y obrar llegan hoy al extremo de desfigurar esencialmente la persona de Cristo, lo mismo que la misión de la Iglesia, del episcopado, del sacerdocio y de la vida religiosa, con lo cual acaso sin darse cuenta comprometen su destino temporal y eterno (Conferencia Episcopal de Colombia, 1976, p. 5).
En Identidad... la jerarquía consideraba que la errónea visión de los curas los había
llevado a hacer una síntesis entre marxismo y cristianismo, algo inaceptable para la
curia. Dicha síntesis era el resultado de la interpretación arbitraria que los religiosos
hicieron de los documentos del Vaticano II y de la conferencia de Medellín. La
solidaridad con las huelgas y causas sociales quedaban condenadas y se consideraba que
en ellas había una desfiguración de los valores cristianos (Arias, 2003, pp. 266-267).
47
En estos mismos años el CELAM se encontraba preparando su III Conferencia
Episcopal. Esta había sido convocada por Paulo VI, y tenía como fin establecer y
reforzar el papel de la Iglesia en torno a la evangelización, ejerciendo una revisión de la
labor eclesiástica desde la conferencia de Medellín (Agudelo, 1994, pp. 80-81). En la
organización de esta conferencia se destacó la labor de López Trujillo y la escogencia
de los Obispos se dio de manera sistemática, dejando de lado a los partidarios de las
Teologías de la Liberación (González, 1989, p. 395).
La Conferencia se llevó a cabo en Puebla, México en 1979, bajo la dirección de un
nuevo Papa Juan Pablo II que había llegado a ser sumo pontífice en 1978. La
Conferencia estuvo marcada por una crítica hacia la teología de la liberación, así como
el acercamiento al marxismo. Del mismo modo, se condenaban los actos de violencia
para llegar al poder. En términos generales, la conferencia implicó un retroceso con
respecto a las determinaciones de la Conferencia de Medellín y en un futuro cercano,
cardenales como Ratzinger y Hoffner argumentarán que la teología de la liberación no
estuvo exenta de extremismos, errores y desviaciones, lo que permitirá su crítica en el
Vaticano hacia mediados de los ochenta (Agudelo, 1994, p. 83).
En Colombia es notable que mientras el episcopado condenaba las corrientes
progresistas, guardaba silencio ante los excesos y atropellos de las Fuerzas Militares en
especial, las cometidas durante el estatuto de seguridad en el gobierno de Julio César
Turbay (Cifuentes y Figueroa, 2004, pp. 411-412). El conflicto religioso en Colombia
fue aumentando, y en 1981 la Conferencia Episcopal había reiterado en su XXXVII
Asamblea sus críticas y condenas contra las “comunidades eclesiales populares” y
contra publicaciones que según la jerarquía atentaban contra la Iglesia. Ni en 1976 ni
1981, la Iglesia dio a los sectores críticos la oportunidad de defender sus planteamientos
(González, 1989, p. 393). Solo hasta mediados de los ochenta habrá nuevos
acercamientos entre las partes, en especial cuando la Iglesia se convierta en un actor
fundamental en la búsqueda de soluciones al conflicto armado y en la defensa de los
derechos humanos (Cifuentes y Figueroa, 2004, pp. 409-410).
48
2.2.2. El nacimiento del Cinep
Como se mencionó en un principio, el impacto del Vaticano II y la conferencia de
Medellín, generaron en varios miembros del clero un notable interés por la labor
académica e investigativa. Con este propósito surge en 1972, el Centro de Investigación
y Acción Social CIAS, cuyo equipo estaba conformado por laicos y jesuitas que habían
sido enviados a distintas universidades para especializarse en cuestiones políticas y
económicas (Henao, 1990, p. 4). El objetivo inicial del centro era apoyar el trabajo de la
Coordinación Nacional de Acción Social, sin embargo poco a poco ese plan se fue
transmutando hacia lograr cambios estructurales en la sociedad, basados en la doctrina
social de la Iglesia.
Inicialmente el CIAS contó con el respaldo del episcopado, el cual puso bajo su
administración el Instituto de Doctrina y estudios Sociales IDES, entidad creada por la
Conferencia Episcopal desde 1968. Por medio de su control del IDES, el CIAS pudo
desarrollar cursos que tenían por objeto la formación de agentes de pastoral que
actuaran acordes con la realidad latinoamericana. Pero esta visión entró en conflicto con
la posición del episcopado, el cual criticaba el método de enseñanza del CIAS, pues
consideraba que este debía estar orientado hacia la formación de religiosos para trabajo
jerárquico en las diócesis. Ante esto, el CIAS argumentaba que su trabajo se encontraba
orientado para hacer que los religiosos latinoamericanos fuesen agentes del cambio
social y no simplemente encargados de oficios religiosos. Este conflicto llevó a que la
secretaría del episcopado le retirase al centro la dirección del IDES en 1971; el principal
argumento de la jerarquía contra el CIAS fue la cercanía del centro con el sector
académico, pues el episcopado consideraba que la influencia de este último mermaba el
poder religioso. De esta manera el CIAS y sus miembros terminaron más cercanos a la
academia y ganaron independencia con respecto a la Iglesia, sin embargo perdieron el
respaldo institucional que representaba esta última (Cinep, 1998, pp. 26-29).
Después de estos sucesos el CIAS comienza a recibir una gran influencia del clero joven
quien dio una un giro a la labor del centro, la cual dejo de ser exclusivamente académica
y comenzó a apoyar nuevas formas de organización social acordes con el compromiso
social del sacerdocio, el cual se combinaba con la labor investigativa. Estas ideas
simpatizaban con el marxismo y la izquierda política, esto permitió acercamientos y
49
trabajo conjunto con sindicatos, asociaciones campesinas e indígenas (Henao, 1990, pp.
14-15).
Con esta nueva estrategia el CIAS, cambió su nombre en 1976 por el de Centro de
Investigación y Educación Popular, Cinep, pues el término “Acción Social” hacía
mención explícita a la doctrina social de la Iglesia, lo cual impediría llegar a un mundo
secular (Cinep, 1998, p. 26). A partir de este cambio el centro empezó a desarrollar
programas como empresas comunitarias rurales y urbanas que sirvieran de apoyo a la
organización social, de esta manera el Cinep comenzó a acercarse a la realidad de la
economía informal (Cinep, 1998, p. 37). También se adelantaron planes de
alfabetización comunitaria en el municipio de Candelaria, Atlántico, así como proyectos
de pastoral urbana y rural. La planta del Cinep se vio enriquecida con la llegada de
profesores de la Universidad Nacional, de los Andes y del Externado, mermando la gran
influencia que la Universidad Javeriana sostuvo en el centro por largo tiempo (Henao,
1990, pp. 23-25).
Aún con estos programas el Cinep, no dejó de lado la labor académica y en sus
publicaciones se mostraron los problemas de los partidos tradicionales generados por
sus manejos políticos y económicos en las regiones, así como temas sobre derechos
sociales y reforma agraria (Cinep, 1998, p. 41). Estas posturas eran discutidas en
seminarios internos realizados por el Centro, algunos de estos seminarios fueron
realizados en torno al marxismo y sus teorías económicas y sociales. Esto llevó a que el
Cinep fuese estigmatizado por el Estado, que comenzó a asentirse afectado por las
críticas que hacía el centro a sus políticas económicas.6
El Cinep comenzó a tener problemas no sólo con el gobierno, sino también con la
jerarquía eclesiástica. Ya el Cinep había llevado su parte en el documento Identidad
Cristina en la Acción por la Justicia, en dicho documento se sindicaba al Cinep de
hacer parte de un grupo que “…como tal lo conforman sacerdotes que son parte notable
6 Según el Padre Alejandro Angulo, director del Cinep hacia 1975: “Ya el Cinep desde sus inicios había tenido unos problemas en ese sentido, porque los primeros cursos que se realizaron en el Cinep fueron sobre el Marxismo y se realizaron seminarios abiertos donde se destaca la participación de Antanas Mockus, Salomón Kalmanovitz, entre otros. (...) Es decir eran seminarios de estudio, más no tenían fines políticos. De nuestros participantes no recuerdo ninguno del Partido Comunista, los asistentes eran académicos y miembros del Cinep que daban clases sobre temas de sociología y economía marxista en distintas universidades.”
50
en instituciones de investigación o centros de estudios o que participan de las mismas
tesis. Sus escritos son beligerantes y sus actuaciones llevan el sello del agudo
enfrentamiento con la jerarquía” (Conferencia Episcopal de Colombia, 1976, p. 11).7 De
igual manera su posición crítica ante el Estado le generó problemas, los cuales se
hicieron mayores cuando el Cinep comenzó a tocar el tema de la defensa los derechos
humanos para este propósito crearon una oficina de defensa jurídica popular, dirigida
inicialmente a la defensa del derecho a la vivienda, pero después iniciaron apoyo en la
defensa de presos políticos y estudios que hacían una revisión crítica del derecho
dirigido a que este estuviera al servicio de los más pobres (Cinep, 1998, pp. 212-213).
Esto llevó a que en repetidas ocasiones los sectores poderosos afirmasen que el Cinep
tenía lazos con grupos armados irregulares como ocurrió en el gobierno de Julio César
Turbay.
Como hemos visto, la división en la Iglesia Católica es consecuencia de dos visiones, en
torno al papel y función social de los religiosos. Mientras el episcopado persistía en su
labor tradicional de entidad legitimadora de las instituciones y de mantenimiento de su
poder, los sectores progresistas intentarán construir una nueva Iglesia cuya función
estuviese orientada hacia la superación de las desigualdades sociales. Sin embargo esta
visión era contraria no solamente a la opinión de la jerarquía, sino también a la de todo
el Estado, el cual intercambiaba apoyos mutuos con el episcopado. Así, al desafiar al
Estado, los sectores católicos de oposición perdieron el respaldo institucional de la
Iglesia, por lo cual, el Estado y los militares a lo largo de los setenta, pudieron
considerar a los religiosos opositores como subversivos y amenazas para el orden
institucional.
7 Además del Cinep se criticaban las publicaciones DENUNCIA, ENCUENTRO y otros similares
51
3. CONFLICTOS BAJO EL GOBIERNO LÓPEZ MICHELSEN
Alfonso López Michelsen, logró consolidar un gran espacio en la opinión pública,
gracias al buen legado de su padre y a su historial político con el Movimiento
Revolucionario Liberal (MRL), una disidencia del Partido Liberal, desde la cual ejerció
una posición crítica contra la dinámica del Frente Nacional. Sin embargo, López
terminó retornando a las toldas liberales desde las cuales adelantó su campaña a la
presidencia. Aunque fue el primer presidente electo por fuera del sistema de la
alternación, cuando llegó al poder no fue capaz de cambiar la situación política y social
que había criticado. Por el contrario, enfrentaba altísimos niveles de pobreza en las
ciudades, consecuencia del crecimiento desigual.
3.1. La situación social del “Mandato Claro”
Alfonso López Michelsen había sido electo en gran medida por su pasado y discurso de
izquierda, sin embargo durante su administración denominada “Mandato Claro” se
rodeó por personas con postulados e ideas neoliberales que se manifestaron en la
reducción del papel intervencionista del estado en la economía (Palacios, 2003, p. 266).
Del mismo modo, el presidente López no fue capaz de cambiar las costumbres políticas
del país y continuó gobernando bajo los lineamientos del Frente Nacional pues siguió la
burocratización y prácticas clientelistas en la repartición de cargos públicos (Leal, 1994,
p. 101).
El presidente López, asumió una política económica orientada por la liberalización del
comercio y una reducción considerable de aranceles a las importaciones. De esta
manera se buscaba que las inversiones fueran destinadas hacia aquellos sectores que
fueran competitivos en el mercado internacional; del mismo modo, se redujeron los
impuestos a las clases altas y se elevaron los de los trabajadores y la clase media. Sin
embargo, este modelo terminó creando problemas sociales pues golpeó a la industria
nacional que se vio incapaz de competir con los productos importados; asimismo el
gobierno debió disminuir su gasto público, de tal manera que varias obras quedaron
retrasadas y los salarios de los empleados públicos se vieron seriamente reducidos
(Kalmanovitz, 1994, pp. 467-505). De igual manera, el presidente López redujo los
incentivos a las exportaciones pero manteniendo una tasa de cambio efectiva por medio
52
de pequeñas devaluaciones que se presentaban de manera periódica. Sin embargo, estos
planes con los que López esperaba hacer de Colombia “el Japón de Suramérica”
fracasaron por la recesión mundial de 1975, la cual afectó la demanda de exportaciones
(Hartlyn, 1993, pp. 176-177). Del mismo modo sectores como la construcción, la
industria metalúrgica y los textiles cayeron de manera drástica y el PIB apenas tuvo un
1.8 % de crecimiento. Ante esta situación el gobierno no optó por utilizar la inversión
pública para sostener la actividad económica sino que prefirió “limitar el desequilibrio
presupuestal y reducir la inflación”, todos estos problemas llevaron a que el presidente
López tuviera recurrentes problemas con los gremios, en especial con la ANDI. (Pécaut,
1989, pp. 255-256). Aunque el gobierno intentó llevar a cabo una política de
liberalización del comercio exterior, la bonanza cafetera del 75 dio al gobierno una
justificación apara mantener subsidios a la sustitución de importaciones y promoción de
las exportaciones. El presidente López quería que la bonanza cafetera beneficiase a los
cultivadores, para lo cual se redujo el déficit fiscal, reduciendo los salarios de los
empleados públicos y postergando el desembolso de créditos externos destinados a la
ampliación de la infraestructura eléctrica (Palacios, 2003. pp. 267-268). Los problemas
económicos y sociales que afectaron a las clases bajas, así como las medidas
económicas llevaron a que Colombia fuese en 1975 uno de los países del mundo con
mayor desigualdad en la distribución del ingreso (Tirado, 1989, p. 400).
La incapacidad del gobierno para dar una efectiva solución a estos problemas
desembocó en un auge de la movilización social, pues a lo largo de su mandato López
debió afrontar paros laborales y huelgas estudiantiles. En este período se comprueba que
las clases medias empiezan a asumir una “participación en los paros cívicos en demanda
de servicios públicos y apoyo a las huelgas de médicos y maestros, o a las invasiones de
tierras organizadas por una débil pero aún creciente ANUC” (Palacios, 2003, p. 269).
Al igual que sus antecesores el presidente López Michelsen recurrió de manera
frecuente a la política de Estado de Sitio, el presidente había decretado Estado de Sitio
de manera parcial el 12 de Junio de 1975 en los departamentos de Antioquia, Atlántico
y Valle debido a manifestaciones estudiantiles en las capitales de esos departamentos.
Sin embargo catorce días después, el Estado de Sitio se hizo extensivo a la totalidad del
país y se mantuvo vigente cerca de un año, pues solo sería levantado hasta el 22 de
Junio de 1976 (Gallón, 1979, pp. 107-108).
53
El período sin estado de excepción solo duró hasta el 7 de Octubre de 1976, pues el
presidente López volvió a declarar al país en Estado de Sitio total. En esta ocasión, el
gobierno justificó el decreto de excepción en una huelga en los Seguros Sociales, pues
las directivas del seguro habían adoptado un nuevo estatuto laboral que convertía a los
trabajadores en funcionarios públicos, lo cual dificultaría la posibilidad de negociar con
el Estado; la huelga recibió numerosos apoyos y condujo a una parálisis hospitalaria.
Para justificar su decisión, adjunto a la huelga, el gobierno esgrimió el argumento de un
supuesto plan de la extrema izquierda para acabar con el “gobierno republicano” y que
eran necesarias medidas contra el narcotráfico (Gallón, 1979, pp. 111-112).
3.2. Detención en Cartagena
El decreto de estado de sitio fue expedido en un momento en el cual las ciudades
presentaban problemas de desigualdad social como puede verse en Cartagena. La
población cartagenera había tenido una tasa de crecimiento de 38.7 entre 1964 y 1973
(Rueda, 1989, p. 373), del mismo modo su área urbana se había incrementado de 2.650
hectáreas a 7.328 entre 1964 y 1975. Este crecimiento había sido desproporcionado
pues debido a la migración interna surgieron numerosos tugurios en las zonas
nororiental y suroriental. En estas áreas se presentaban altos índices de pobreza y
analfabetismo; según cifras de 1970, un 53% de la población empleada y subempleada
de los tugurios se encontraba en el sector terciario con vivienda y servicios públicos de
baja calidad. Cartagena era pues una ciudad de contrates, por un lado estaba un centro y
sur que había crecido económicamente gracias al sector turismo; mientras que los
barrios periféricos se ahogaban en la pobreza (Calderón, 2002, pp. 156-157). En estos
tugurios desde los años sesenta habían comenzado a trabajar religiosos católicos para
ayudar a la desfavorecida población, por lo que tuvieron constantes choques contra los
grupos dominantes y la Fuerza Pública. En uno de esos tugurios, Pasacaballos se
presentó un suceso represivo contra la Iglesia Católica pues se sindicó falsamente a un
grupo de religiosos de complicidad con los grupos armados irregulares.
Los hechos dieron inicio el 30 de octubre de 1976. Al amanecer de ese día, 50 infantes
de marina al mando del coronel Luis Alberto Bernal allanaron la Iglesia de San
Jerónimo en el corregimiento de Pasacaballos y la de Santa Ana cercana a la isla de
Barú (Alternativa, 1976, noviembre 15-22, p. 7). En la primera detuvieron al sacerdote
54
de origen sucreño Rafael Geney, párroco de San Jerónimo y a la monja austríaca
Herlinda Moisés quien trabajaba para el grupo misionero de la Bahía y tres días después
fue detenido el sacerdote César Augusto Rojas, párroco de San Lorenzo Mártir en el
barrio Alcibia. Los tres detenidos fueron llevados a la Infantería de Marina. Los sucesos
de la captura hubieran pasado inadvertidos si no hubiera sido porque el arzobispo de la
ciudad de Cartagena Monseñor Rubén Isaza Restrepo envió a la prensa el 5 de
Noviembre, un comunicado donde daba cuenta de la detención de los religiosos, a
quienes según el alto prelado se les había cortado toda clase comunicación y del mismo
modo abogaba porque a los religiosos se les siguiese un proceso justo:
“El arzobispo de Cartagena confía en que esta situación, comprensible dentro de la turbación del orden público en que por el estado de sitio se encuentra la nación, pueda esclarecerse a la mayor brevedad posible, confía en que quede clara la situación legal de las personas que han sido privadas de su libertad, y tiene la certidumbre de que ellas sabrán responder de sus propios actos (...) El arzobispo de Cartagena ruega intensificar las oraciones por los hermanos que se encuentran en prisión.” (El Tiempo, 1976, 5 de noviembre, pp. 1A y 8A)
El hecho causó una gran consternación en los corregimientos de la Bahía, pues los
sacerdotes se habían destacado como líderes sociales en la zona. Pero la consternación
sería mayor cuando las Fuerzas Armadas informaron que en la casa de la monja
Herlinda Moisés se encontraba un presunto guerrillero del ELN, llamado José Manuel
de Hoyos Arenilla quien según los militares, se encontraba herido, por lo que recibía
atención de la monja. Según El Espectador, el guerrillero tenía el alias de “Felipe” y
operaba bajo las órdenes del jefe del ELN Fabio Vásquez Castaño, en la región del
Nechí. El guerrillero había sido trasladado a la clínica Madre Bernarda y según
información del mismo diario, fue trasladado en un vehículo de la parroquia. Los
testimonios de los vecinos argumentaban que no habían visto nada sospechoso pero que
era conocido que muchos enfermos de bajos recursos eran atendidos en la parroquia (El
Espectador, 1976, 7 de noviembre, p. 17A).
Pero el mayor de todos los escándalos se produjo a partir de la captura del ex sacerdote
antioqueño Everardo Ramírez, quien se desempeñaba como profesor del INEM y había
publicado un libro llamado Evangelio Latinoamericano de la Evangelización, antes de
su retiro ofició como párroco en las Iglesias de María Auxiliadora y Santa María
Magdalena (El Espectador, 1976, 9 de noviembre, p. 18A). La Armada reveló que había
incautado a los religiosos un gran arsenal compuesto por 180 bombas MK y 300
55
estopines. Este armamento tuvo un gran despliegue por parte de la prensa pues este
material es de uso privativo del ejército. “Con ese número de bombas hubieran podido
causar una matanza de proporciones incalculables en las ciudades”, manifestaron a El
Tiempo fuentes militares (El Tiempo, 1976, 6 de noviembre, pp. 1A y 8A). El arsenal
había sido encontrado en casa del ex sacerdote Ramírez (Alternativa, 1976, noviembre
15-22, p. 7), sin embargo, inicialmente los militares afirmaron que habían sido
encontradas en los allanamientos a los templos de Pasacaballos. De igual manera, se
afirmó que fueron encontrados en poder de la religiosa Herlinda Moisés, 500 mil pesos
en efectivo y una gran cantidad de drogas las cuales afirmó la monja, estaban destinadas
a las personas más pobres de la Bahía, pero los militares manifestaron que no habían
encontrado una explicación válida para la posesión del dinero (El Espectador, 1976, 8
de noviembre, p. 17A).
Todas estas circunstancias permitieron a los militares afirmar que los religiosos
pertenecían a las células urbanas del ELN. Según la Armada, la labor pastoral de estos
religiosos estaba siendo seguida de tiempo atrás, debido a supuestas actitudes
proselitistas de los señalados; por tanto la armada lamentó la expedición del
comunicado de Monseñor Isaza Restrepo anunciando la captura de los religiosos, pues
afirmaron que otros miembros del ELN pertenecientes a su red urbana, pudieron
ponerse alerta y escapar (El Tiempo, 1976, 6 de noviembre, p. 8A). Según los militares,
la red del ELN operaba en Cartagena captando recursos como el dinero, las medicinas y
las armas que luego eran entregados a miembros del ELN en el sur de Bolívar,
probablemente San Pablo y luego eran distribuidos a los grupos del ELN que operaban
en el Magdalena Medio (El Espectador, 1976, 7 de noviembre, p. 17A). Esta hipótesis
tomó mayor fuerza pues pocos días antes un grupo de seguidores de Fabio Vásquez
Castaño habían salido exiliados hacia México pues temían ser asesinados por otros
miembros de la organización guerrillera que estaban tratando de tomar el liderato en la
misma. Esta situación nos mostraba un ELN que se encontraba profundamente dividido
y que hasta la fecha había sufrido grandes bajas desde la operación Anorí.8 Asimismo,
se recordó que en Cartagena ya habían sido antes capturados y expulsados,
8 Según información del “Espectador” del 3 de Noviembre de este año (1976), un supuesto grupo de miembros del ELN, que apoyaban a Fabio Vásquez Castaño se asiló en la embajada de México, y posteriormente viajó a dicho país. Estas personas habían sido convertidas en objetivo militar de la fracción del ELN denominada “grupo de replanteamiento” que intentaba arrebatar el poder a Vásquez Castaño.
56
posteriormente los sacerdotes Domingo Laín y Manuel Pérez, quienes regresaron de
manera clandestina al país para unirse a la guerrilla.
Con base en la información entregada por el coronel Luis Vicente Bernal, los religiosos
pasaron a manos del Juez 103 de Instrucción Penal Militar, José Vicente Rodríguez, del
mismo modo dicho juez recibió en indagatoria al ciudadano José Manuel de Hoyos
Arenilla. Los sacerdotes Rafael Geney y César Augusto Rojas así como la monja
Herlinda Moisés fueron trasladados a la infantería de marina, mientras que Everardo
Ramírez y José Manuel Hoyos fueron llevados a la cárcel departamental de San Diego.
Monseñor Isaza Restrepo manifestó que no había podido tener contacto alguno con los
religiosos desde su detención y aunque intentó que estos pasasen a su cargo su solicitud
fue negada. Esta situación era explicada por los militares quienes manifestaban que
hasta que el Juez no tomase alguna decisión el contacto e información del caso para el
Obispo y los familiares de los detenidos eran restringidos (El Tiempo, 1976, 6 de
noviembre, p. 8A y 7 de noviembre, pp. 1A y 10A).
3.3. Religiosos contra militares.
La detención de los religiosos de Cartagena comprometidos en supuestas actividades
con el ELN desató una polémica entre sectores del clero que se solidarizaron con los
religiosos detenidos y defendían la labor de los sacerdotes. Dicha labor fue legitimada
por Monseñor Isaza Restrepo y otros altos prelados, que consideraban que a los
religiosos se les estaba violando el debido proceso. Por otro lado encontramos que los
militares justificaban su accionar señalando la importancia de encontrar los nexos entre
los religiosos y los grupos guerrilleros. Dicho debate se encuentra en los comunicados y
noticias que producían la prensa, donde se daba una mayor prioridad a las
informaciones que generaban las Fuerzas Armadas, pues el contacto de los medios con
los religiosos fue muy restringido, por lo que su defensa provenía de la solidaridad de
otros miembros del clero.
El primer comunicado fue publicado por el clero cartagenero el 6 de noviembre en la
prensa. En el mismo, se criticaba a las Fuerzas Militares por el hermetismo con que
estas habían manejado el caso, a tal punto que el propio Monseñor Isaza Restrepo se
había enterado de los sucesos por información de terceros, del mismo modo se criticaba
57
la falta de contacto para los religiosos. En dicho comunicado se hicieron fuertes
cuestionamientos al procedimiento seguido por los infantes de marina en los
allanamientos a los templos de Pasacaballos y Santa Ana pues en ellos según los
militares “rompieron cielos rasos, levantaron pisos, cavaron patios, destaparon pozos
sépticos, bucearon aljibes, requisaron escaparates regando por el suelo todos los objetos
personales; finalmente profanaron Iglesia y sacristía tirando al suelo los ornamentos y
vasos culto y una caja fuerte destinada a sagrario de un templo en construcción
arrojaron al suelo la custodia y se comieron las hostias”. Podemos ver que el
allanamiento del templo implicaba un ataque contra un signo sagrado de los católicos y
su destrucción representa un desafío mayor, aún si es por parte del ejército.
En el comunicado también el clero hacía manifiesta su solidaridad con los religiosos
cuya detención y captura constituía “hechos que son a nuestro juicio violatorios de los
Derechos Humanos y del orden jurídico de nuestro país”. El clero cartagenero
sustentaba su posición en el artículo 23 de la constitución, el cual determina que “Nadie
podrá ser molestado en su persona o en su familia sino en virtud de su mandamiento
escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivos previamente
establecidos por las leyes”, con esto se resaltaba la importancia de que los sacerdotes no
podían ser juzgados por autoridades militares. Del mismo modo, el comunicado,
recordaba también la labor pastoral de los religiosos detenidos y su compromiso por los
más pobres de Cartagena y hacían hincapié en que dicha labor había seguido los
preceptos cristianos (El Tiempo, 1976, 6 de noviembre, p. 8A).
De igual manera, el 9 y 10 de noviembre encontramos dos comunicados de respaldo a
los religiosos. Por un lado, las monjas de Cartagena publicaron un mensaje donde
continuaban con el sentido del comunicado anterior en torno a las protestas por el
hermetismo de los militares y el trato que dieron a Monseñor Rubén Isaza y a los
sacerdotes. En su comunicación y apoyadas en citas de la Biblia, las monjas hacían un
gran reconocimiento a su labor evangelizadora, la cual había ayudado ampliamente a los
más humildes a tomar conciencia de su situación como podemos ver aquí: “la incaptable
labor evangelizadora que nuestros hermanos religiosos han realizado durante diez años
en diferentes sectores marginados de Cartagena, por medio de la cual han llevado a la
gente sencilla a ser consciente de su dignidad humana. Estamos seguras de la sinceridad
frente a Dios y a sí mismos que les ha inspirado su compromiso con los más
58
necesitados”. Como podemos ver, las monjas resaltan la necesidad del acercamiento y
apoyo a los más pobres como labor fundamental del clero (El Espectador, 1976, 9 de
noviembre, p. 18A).9
Complementario a los anteriores, encontramos el pronunciamiento del “Comité de
Sacerdotes y Religiosas para la defensa de los derechos humanos”, los mismos que se
pronunciaron a favor de los sacerdotes en la huelga bancaria. En su comunicado, el
Comité denunciaba que en los últimos años el país había vivido bajo la legislación del
Estado de Sitio, por lo cual se han legitimado violaciones a los derechos humanos, por
lo que el caso de los religiosos de Cartagena estaba enmarcado en este contexto.
Asimismo, se daba importancia a la función política que los religiosos tenían en la
sociedad, la cual no puede ser censurada por las instituciones del Estado y de igual
manera se criticaba al ejército, cuyas acciones represivas según el comité irrespetaban a
las creencias de los ciudadanos, algo que contrariaba al espíritu de tolerancia que debían
mantener las instituciones estatales (El Espectador, 1976, 10 de noviembre, p. 11A).
Por otro lado, el periódico El Catolicismo, órgano oficial del episcopado, publicó un
editorial titulado “Los Sucesos de Cartagena”, en él se hacía un llamado para que los
sacerdotes fuesen juzgados en un proceso acorde a la ley. Sin embargo no dejaba de
hacer llamados reiterativos a que los sacerdotes no debían sumarse a actividades de
carácter revolucionario. Como afirma Ricardo Arias, en El Catolicismo y su lenguaje se
encuentra expresado el conflicto de las corrientes en que se había dividido la Iglesia
Católica con respecto a las nuevas visiones progresistas (Arias, 2003, p. 234). Podemos
ver esta situación en el editorial donde se intenta respaldar a los sacerdotes, pero sin
restar legitimidad a la acción del Estado:
“Ni el documento del arzobispo ni el de los sacerdotes prejuzgan la inocencia de los inculpados pero se limitan a lo que apenas es de justicia cuando piden que la situación sea definida de acuerdo con las normas legales. Los sacerdotes y la religiosa implicados en la investigación son personas mayores de edad que viven dentro de un Estado de derecho y que por lo tanto tienen la obligación de responder de sus propios actos. Si efectivamente han estado vinculados en actividades conspiratorias, sin duda conocen los riesgos a los que se exponían, por nobles y altruistas que sean sus motivaciones. Pero, así
9 De igual manera en el comunicado se compara la situación de los religiosos con la de Pedro cuando estaba en prisión, “Pueden estar seguros que es realidad en este momento lo que dicen los Hechos de los Apóstoles: Mientras Pedro era vigilado en la cárcel, la Iglesia no cesaba de orar insistentemente por él (hechos 12,5)”
59
como no debe prejuzgarse su inocencia tampoco puede presuponerse su culpabilidad.” (El Catolicismo, 1976, 14 de noviembre, p. 4)10
En respuesta a los señalamientos realizados por los religiosos, encontramos que el
gobierno y las Fuerzas Militares mantuvieron una posición donde justificaban sus
acciones con el propósito de combatir la subversión. El primer pronunciamiento a favor
del gobierno provino del Ministro de Gobierno de López, Rafael Pardo Buelvas, quien
manifestó en declaraciones a Caracol que el gobierno debía ser riguroso para exigir el
cumplimiento de la ley, sin distingo de condición. Según Pardo Buelvas, la Iglesia
contaba con libertad para opinar, sin embargo no debía exceder sus funciones, según el
ministro: “La Iglesia debe orientar y dirigir espiritualmente a la comunidad pero no
debe participar activamente en política electoral o de subversión que ahora se ha puesto
de moda en algunos sectores (...) Si pasa (algún religioso) a acciones por fuera de la ley
se hace acreedor a las sanciones que se le impongan a cualquier otra persona. Hay
sacerdotes y grupos que han manifestado su posición ideológica acorde con doctrinas de
extrema izquierda pero eso no los autoriza a subvertir el orden ni a promover
movimientos que tiendan a ello” (El Tiempo, 1976, 8 de noviembre, p. 6A). La posición
del ministro nos muestra que el gobierno no toleraría eventuales “focos de subversión”
y que los civiles no están exentos de la ley si tienen contactos con los grupos
guerrilleros.
El mismo día en que las monjas cartageneras publicaron su comunicado de respaldo a
los religiosos, el almirante José Alfonso Díaz Osorio, comandante de la Armada
Nacional publicó un comunicado en el que defendieron su acción en los allanamientos y
de los templos y los arrestos, los cuales consideraban habían seguido la ley, por lo cual
deslegitimaban los comunicados previos donde se denunciaban irregularidades en su
realización; asimismo la marina ratificaba su deber como detentador del orden por lo
que sería “inflexible en la aplicación de la ley contra todos aquellos que coloquen fuera
de ella” Del mismo modo, la armada manifestaba que los infantes habían encontrado
183 granadas de fragmentación M-26 (y no MK, como se había dicho en un principio),
600 estopines eléctricos, un revólver y una pistola con sus respectivas municiones, así
10 Aunque el editorial daba prioridad a que no avalaría relación entre religiosos y grupos de oposición: “... es indispensable que haya absoluta claridad (...) que el sacerdote que actúa al margen de las directivas episcopales entienda que se está aventurando por su cuenta y riesgo” también criticaba el manejo que los medios habían dado al caso: “La información complementaria de los periódicos aún aquellos que más debieran ceñirse a normas de seriedad y objetividad se ha inspirado más en conjeturas y en interpretaciones que en hechos firmes y comprobados”
60
como mapas de la región del Magdalena Medio y 300.000 pesos en efectivo (cuando
inicialmente se afirmó que eran 500.000).
El comunicado de los militares daba cuenta también de que la monja Herlinda Moisés
tenía antecedentes pues había sido capturada antes el 4 de agosto de 1975, en la zona de
Cáceres, durante operaciones perpetradas por el ejército después de un ataque
guerrillero. Según la armada, la monja no pudo explicar su presencia en el lugar, pero
debió ser dejada en libertad por falta de pruebas. El oficial cerraba su comunicado
reiterando que su labor de proteger y salvaguardar el orden público “por ningún motivo
significa que su actuación este dirigida contra la Iglesia Católica o contra la jerarquía
eclesiástica a la cual se le profesa profundo respeto dentro del estamento castrense” (El
Tiempo, 1976, 9 de noviembre, p. 12A).
La posición de la Armada fue respaldada por el diario El Espectador cuyo editorial,
hacia un llamado a un pronto esclarecimiento de los sucesos y reclamaba a ambas partes
que asumiesen sus debidas responsabilidades. Sin embargo, el editorial reconocía que
los militares estaban asumiendo en su comunicado sus responsabilidades. En contraste
el editorial lanzaba de manera implícita un llamado de atención a la Iglesia por recibir
en su seno a personas contrarias a las políticas del Estado, así como una crítica contra
los sectores del clero que habían protestado por el manejo de los militares:
“La Iglesia no puede amparar a personas comprometidas en aventuras contra las instituciones democráticas y el régimen representativo del país ni parcializarse para encubrir a fomentadores del desorden amparados en sotanas y escapularios (...) Igualmente nos parece inadecuado por lo menos la actitud de religiosos y religiosas sectarios, feligreses despistados, sacerdotes indignados e inclusive las exageradas declaraciones del señor arzobispo de Cartagena, Monseñor Isaza Restrepo porque no se trata de un acontecimiento que afecta la integridad de la Iglesia católica como institución respetable dedicada a la función evangelizadora. Además no es un misterio que en su seno se han infiltrado individuos poco recomendables que están usufructuando los privilegios que corresponden a los ministros de Jesucristo con propósitos abiertamente contrarios al orden jurídico y legal de Colombia.” (El Espectador, 1976, 11 de noviembre, p. 2A)
En esta difícil situación, encontramos que los religiosos contaron desde un principio con
el apoyo de un alto prelado, quien aglutinó a otros sectores del clero que se
solidarizaron con los religiosos. Por otro lado, encontramos unas Fuerzas Militares que
defienden su labor como guardianas del orden público y que legitiman sus acciones
pues se hace necesario el combate contra los enemigos del orden, los cuales se
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encuentran inmersos en la sociedad y la Iglesia no es la excepción. A partir de esta
división podremos entender el proceso judicial.
3.4. El proceso.
El juez 103 de Instrucción Penal Militar dictó el 11 de Noviembre auto de detención
contra los tres sacerdotes, la religiosa y el civil (El Tiempo, 1976, 11 de noviembre, pp.
1A y 3A). Los religiosos serían juzgados en consejo de guerra por el delito de rebelión,
el cual daría para dos años de cárcel. Monseñor Rubén Isaza hizo cuanto estuvo a su
alcance para que los religiosos fuesen trasladados al palacio arzobispal, pero su solicitud
fue revocada por orden superior (El Espectador, 1976, 11 de noviembre, p. 11A). Los
religiosos comenzaron a ser defendidos de la siguiente manera: El abogado Roberto
Mordecai Marrugo, se haría cargo de la defensa de la monja Herlinda Moisés y del
padre Rafael Geney, el padre Cesar Augusto Rojas estaba representado por Carlos Díaz
Gómez, el ex sacerdote Everardo Ramírez sería representado por Edgardo Ramos Olier
y el civil José Manuel de Hoyos Arenilla fue inicialmente defendido por un subteniente,
pero después su defensa sería asumida por el abogado Andrés Pérez Batista.
El ejército realizó su versión de los sucesos del armamento encontrado a los religiosos
con base en información obtenida de presuntos miembros del ELN capturados en la
zona. Según las Fuerzas Armadas, ante el temor de una incursión de los militares,
debido a capturas previas, el sacerdote Rafael Geney decidió trasladar las 186 granadas
desde la casa parroquial en la Bahía hacia Cartagena. Así, por medio del sacerdote
César Augusto Rojas, realizó el enlace con el ex clérigo Everardo Ramírez, para que
este guardase las granadas, las cuales le serían llevadas a medianoche en cajas y
trasladadas por medio de dos camperos que el gobierno austríaco regaló a la monja
Herlinda Moisés. El ex sacerdote Ramírez manifestó que no conocía al padre Geney y
que solo hasta el día en que llegó con las cajas fue la primera vez que lo vio. De igual
manera, Ramírez informó que desconocía el contenido de las cajas que había llevado el
padre Geney, el cual según Ramírez “tenía el rostro descompuesto y gestos extraños
como si estuviera drogado” (El Espectador, 1976, 14 de noviembre, pp. 1A y 17A)
Además las Fuerzas Militares, pudieron justificar su accionar pues se presentaron
numerosas capturas en la zona del sur de Bolívar como una barcaza con armas en un río
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cercano a la población de Morales. Asimismo fueron capturados en Montería un grupo
de universitarios, con documentación que los vinculaba con las guerrillas que operaban
en el Bajo Sinú, según los militares estos grupos tendrían nexos con los religiosos de
Cartagena (El Espectador, 1976, 14 de noviembre, p.17A). De igual manera, el
supuesto guerrillero Hoyos de Arenilla había manifestado que había sido “llamado por
el padre Geney para colaborar con él en sus actividades” a partir de estas declaraciones
los militares asumían que entre ellos habría una gran amistad (El Tiempo, 1976 10 de
noviembre, p. 2A). Sin embargo se comprobó que este individuo, originario de Ayapel,
Córdoba no tenía formación académica alguna pues era un analfabeta que a duras penas
podía escribir su nombre, sin embargo el ejército lo consideraba como su mayor
sospechoso en la realización de acciones armadas en el departamento (El Espectador,
1976, 14 de noviembre, p. 17A).
Las Fuerzas Armadas sustentaban también sus denuncias en torno a dos sucesos del
pasado. Por un lado se dieron a conocer antecedentes delictivos de la monja Herlinda
Moisés en la zona de Caucasia en el Norte Antioqueño donde había sido capturada con
una camioneta venezolana robada. La monja había sido trasladada a Medellín, pero
quedó en libertad por falta de pruebas (El Tiempo, 1976, 17 de noviembre, p. 15C). Del
mismo modo, el ejército recordó que el ELN había utilizado material bélico similar al
incautado a los religiosos en ataques como el de Santa Rosa de Simití el 1 de mayo y en
la vereda Fátima cerca de Simití el 12 de julio, ambos en este año y en ambos murieron
agentes de policía y miembros del ejército (El Tiempo, 1976, 14 de noviembre, p. 10A).
A todas estas aseveraciones de las Fuerzas Militares, se sumaron dos hallazgos que
hundirían todavía más a los religiosos detenidos. Por un lado, se encontró un
cargamento de medicinas conformado en especial por antibióticos en la parroquia de la
Iglesia de San Lorenzo Mártir donde oficiaba el padre César Augusto Rojas; según las
autoridades dichos medicamentos estaban destinados a los grupos guerrilleros, las
medicinas serían llevadas a los insurgentes en los camperos que habían sido regalados a
la hermana Herlinda Moisés (El Tiempo, 1976, 15 de noviembre, p. 6A). El segundo
gran golpe fue la incautación de un supuesto transmisor de radio de alta frecuencia que
hizo pensar en un principio que los religiosos tenían una emisora clandestina, sin
embargo poco después pudo comprobarse que lo que tenían los religiosos no era otra
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cosa más que una subestación de Telecom que era utilizada para la comunicación con la
isla del Rosario (Alternativa, 1976, noviembre 30- diciembre 6, p. 3).
Las pesquisas contra supuestos miembros del ELN continuaban, así fueron capturados
en Magangué el 15 de noviembre los individuos Oswaldo Utría y Alejandro Acosta
Ayerbe, este último dirigente regional del MOIR, según las autoridades estos individuos
actuaban como enlaces del ELN para recibir fondos económicos para los frentes que
operaban en el sur del departamento (El Tiempo, 1976, 15 de noviembre, p. 6A). De
igual manera se abrió investigación y se llevó a indagatoria al profesor César Augusto
Roncallo profesor del colegio Biffi en Cartagena, dicha institución era administrada por
religiosas de la misma comunidad de la hermana Herlinda Moisés (El Espectador,
1976, 22 de noviembre, p. 5A). Asimismo se vinculó a la investigación a una
trabajadora social que laboraba con las comunidades de Pasacaballos, por tanto se creyó
que esta tendría vínculos con los religiosos detenidos (El Espectador, 1976, 19 de
noviembre, p. 13A).
Estas indagaciones sirvieron de pretexto para vincular a más religiosos a la
investigación. En primer lugar, se incluyó al sacerdote Pedro Nel Luna, párroco de San
Roque, quien se había hecho cargo de las parroquias donde oficiaba el padre Geney.
Este sacerdote había trabajado en conjunto con la trabajadora social inculpada y había
tenido negocios con el profesor Roncallo. Sin embargo esta vinculación se cayó
rápidamente pues la trabajadora social no pasó de ser interrogada y el profesor Roncallo
fue absuelto, pues no se hallaron pruebas en su contra. Así, los militares tuvieron que
retirar también todo cargo contra el Padre Luna (El Tiempo, 1976, 23 de noviembre, p.
11ª y El Espectador, 1976, 23 de noviembre, p. 9A).
Sin embargo poco después fueron vinculadas tres religiosas, las hermanas Imelda,
Gloria Fajardo y Blanca Inés Martínez. Las dos primeras se encontraban en el exterior y
la tercera estaba siendo buscada por las autoridades militares. La hermana Imelda era
sindicada por Oswaldo Utría de haber visitado campamentos guerrilleros en el sur de
Bolívar antes de viajar a Panamá. Del mismo modo, a las hermanas Fajardo y Martínez
se les acusaba de auxiliar guerrilleros heridos por el simple hecho de haber trabajado
con el padre César Augusto Rojas (El Espectador, 1976, 24 de noviembre, pp. 1A y
10A). La hermana Fajardo estaba en París, pero la hermana Martínez fue presentada
64
ante la justicia por el abogado Antonio Hermes Luján, sin embargo José Vicente
Rodríguez, juez 103 de instrucción penal militar insistía en su captura (El Espectador,
1976, 24 de noviembre, p. 14A).
Aunque el contacto de los religiosos con los medios era muy escaso pues preferían a
Monseñor Isaza como su vocero, Everardo Ramírez manifestó su inocencia y
preocupación por la justicia: “Estoy tranquilo porque pienso que todo va a aclararse y
mi inocencia la conocerá el público. Estar en la cárcel es una nueva experiencia donde
se aprende algo y se conoce otro mundo. Me preocupa como viven aquí otros
reclusos...” (El Tiempo, 1976, 15 de noviembre, p. 6A) Del mismo modo el ex clérigo
fue defendido por Roberto Paternina vicerrector del INEM: “Nunca tuvo intervención
alguna de carácter político ni se le vio en contacto con alumnos distintos de los suyos”
(El Espectador, 1976, 16 de noviembre, p. 10A)11 El padre Ramírez manifestó que tan
pronto como terminase este asunto se marcharía a Barranquilla donde continuaría con su
labor eclesiástica (El Tiempo, 1976, 17 de noviembre, p. 15C). Una posición similar
asumió el padre Rafael Geney quien afirmó que tenía miedo por su vida y estaba
decidido a irse del país. Tanto el padre Geney como el padre Rojas estaban denunciando
en prisión que detrás de su encarcelación había intereses de “grupos de presión” que
buscaban utilizar la influencia de los religiosos en las comunidades pobres con fines
particulares (El Espectador, 1976, 17 de noviembre, pp. 1A y 10A).
3.5. El caso de Cali
Mientras estos sucesos ocurrían en Cartagena, el 16 de noviembre se presentó en la
ciudad de Cali una serie de pesquisas violentas en recintos católicos de la ciudad.
Fueron allanados el templo del Centro Parroquial Nuestra Señora de Chiquinquirá, el
cementerio San José y el Templo “Niño Jesús de Belén” en el barrio Siloé. Según la
revista Alternativa, en este último acto se llevó a cabo una búsqueda de armas delante
de 520 niños de primaria que estaban recibiendo clase (Alternativa, 30 de noviembre-15
de diciembre, pp. 2-3). Estos sucesos fueron denunciados en una fuerte carta que el
11 Del mismo modo el vicerrector defendió que el ex clérigo Ramírez quien también ayudó en la organización del departamento de Catequesis del INEM. Por otro lado el rector Esteban Puello defendió a su profesorado argumentando que su sindicato no tenía la influencia ni fuerza que se le atribuía. Tanto el rector como el vicerrector defendieron también a los estudiantes pues en otras ocasiones el plantel había sido invadido por la policía, pero los estudiantes “nunca han quemado carros ni hecho manifestaciones tumultuosas”.
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arzobispo de Cali, Monseñor Alberto Uribe Urdaneta envió al comandante de la tercera
brigada General Bernardo Lema Henao.
La carta de Monseñor Uribe Urdaneta hacía un llamado a respetar las normas que
establecía el concordato: “Las relaciones entre la Iglesia y el Estado de acuerdo con un
tratado público denominado concordato deben regularse sobre bases de recíproca
diferencia y mutuo respeto (...) La garantía de inviolabilidad permanece salvo el artículo
21 de la constitución y no esta demostrado que los sacerdotes, las religiosas y los
profesores sean simples delincuentes” (El Espectador, 1976, 22 de noviembre, pp. 1A y
5A). En su misiva se criticaban los excesos de la Fuerza Pública, por tanto el prelado
abogaba por una mejora entre las relaciones entre los militares y las Fuerzas Armadas y
denunciaba un “plan preconcebido” que buscaba un enfrentamiento entre ambas partes.
El Catolicismo se hizo solidario con esta última posición en su editorial:
“Como dice Monseñor Uribe Urdaneta arzobispo de Cali, la Iglesia no demanda ninguna clase de privilegios ni pide que las personas o entidades eclesiásticas se les apliquen procedimientos diferentes a los que están previstos en el concordato (...) Si en realidad existe una trama para tomar pie de causas reales o supuestas y así indisponer a la Iglesia con las autoridades del estado particularmente con las Fuerzas Armadas es necesario cuanto antes identificar sus orígenes y ponerlos al descubierto. Tanto de uno como de otro lado debe existir la sensatez suficiente para no dejarse manipular como instrumento de ningún plan oculto.” (El Catolicismo, 1976, 28 de noviembre, p. 4)
Ante estas denuncias los militares se defendieron argumentando que habían encontrado
armas en la Iglesia sin embargo los sacerdotes comprobaron que eran posesión del
vigilante del templo (El Espectador, 1976, 22 de noviembre, p. 5A). Del mismo modo,
el general Lema Henao respondió duramente a Monseñor Uribe Urdaneta, el General
afirmó que en ningún momento los militares hicieron ningún daño a los templos ni
cometieron exceso alguno y se defendía argumentando que las Fuerzas Armadas
seguían en sus acciones procedimientos acordes con la ley, por tanto no podían ser
cuestionados, ni siquiera por la Iglesia: “A mí no me pueden excomulgar por mis
actuaciones porque no he violado ninguna ley y yo no creo que cumpliendo con mi
deber y estando de acuerdo con las leyes colombianas se me pueda excomulgar”.12 Las
denuncias de estos casos terminaron siendo investigados por el juez 83 de instrucción
12 De igual manera, el general Lema Henao consideraba que la carta de Monseñor Uribe Urdaneta había sido escrita en un momento de exasperación y que era resultado de una manipulación de personas que pretendían enfrentamientos entre al Iglesia y los militares.
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penal militar, pero no fue posible hallar información sobre el resultado de este proceso
(El Espectador, 1976, 23 de noviembre, pp. 1A y 9A).
Las denuncias de Monseñor Uribe Urdaneta destaparon una serie de quejas de otros
religiosos de Cali que se sentían atropellados por la Fuerza Pública; como el párroco de
la Iglesia Juan Alberto Magno en el barrio Alfonso López. Era el sacerdote de origen
español Juan Boltud quien denunció que desde el 7 de Julio venía siendo objeto de
seguimiento por parte del ejército y se le había acusado de enseñar marxismo en
conjunto con sus oficios religiosos (El Espectador, 1976, 23 de noviembre, p. 9A). Este
religioso recordó el caso de monja española, María del Carmen Morera quien debió
abandonar el país por presión del DAS pocos meses atrás.13
Una situación y enfrentamiento similar al de Monseñor Uribe Urdaneta en Cali, debió
afrontar Monseñor Rubén Isaza Restrepo en aras de defender a los religiosos de
Cartagena detenidos. El arzobispo tenía que aclarar que no estaba en contra de los
militares y que nunca pretendería excomulgarlos, lo que reclamaba era imparcialidad
por parte de la Fuerza Pública el prelado manifestó que: “no estaba defendiendo a
sacerdotes que han contravenido las leyes colombianas (...) El hecho de que trabajen en
sectores pobres y defiendan a las clases marginadas no significa que sean elementos
subversivos (...) esperemos los desarrollos de la investigación que creo no será en
ningún momento parcial...” (El Tiempo, 1976, 23 de noviembre, p. 11A) Esta situación
nos muestra una preocupación por parte del alto prelado por las denuncias que venían
haciendo los abogados de los religiosos por varias irregularidades en el proceso como
veremos a continuación.
3.6. El conflicto del concordato
Desde el planteamiento del auto de detención contra los religiosos, sus abogados
empezaron a denunciar numerosas irregularidades en el proceso que se les venía
siguiendo. El principal cuestionamiento al proceso radicaba en que la institución
castrense no tenía la capacidad para juzgar a los miembros del clero detenidos, pues la
13 Esta expulsión tiene un antecedente en Bogotá con la monja española Margarita Rodríguez quien trabajaba para la empresa “Confecciones estampada Ltda.”, donde apoyó la formación de un sindicato, por tanto los dueños de la empresa la denunciaron ante del DAS de tener nexos con el M-19, por lo que la monja debió salir del país (Alternativa, 1976, 19-26 de julio, p. 18).
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Ley 20 de 1974, el concordato como tratado entre el gobierno colombiano y la sede.
Esta ley otorgaba a los sacerdotes el fuero eclesiástico, una facultad que daba ciertas
atribuciones a los miembros del clero con respecto a otros miembros de la sociedad. Los
abogados Roberto Mordecai Marrugo, Carlos Díaz Gómez y Edgardo Ramos Olier
decidieron apelar el auto de detención por medio del artículo XX de la ley 20 de 1974 el
cual establecía:
“En caso de procesos penales contra clérigos y religiosos, conocerán en primera instancia, sin intervención de Jurado, los Jueces Superiores o quienes los reemplacen y en segunda, los Tribunales Superiores. Al iniciarse el proceso se comunicará el hecho al Ordinario propio, el cual no pondrá obstáculo al procedimiento judicial. Los juicios no serán públicos. En la detención y arresto, antes y durante el proceso, no podrán aquellos ser recluidos en cárceles comunes, pero si fueren condenados en última instancia se les aplicará el régimen ordinario sobre ejecución de las penas.” 14
Por tanto según la ley, la justicia militar no era competente para juzgar a los religiosos
detenidos y estos debían pasar a la justicia ordinaria. Del mismo modo el concordato
tenía carácter de tratado internacional, por tanto tenía perfecta validez aún bajo el estado
de sitio (El Espectador, 1976, 12 de noviembre, pp. 1A y 5A). El expediente del caso
había sido enviado por el Juez 103 de instrucción penal militar José Vicente Rodríguez
al Comandante de la Fuerza Naval del Atlántico Héctor Calderón Salazar, quien
oficiaría como juez de primera instancia. Ante él, los abogados plantearon la colisión de
competencias, la cual permitiría que los religiosos pasaran a la justicia civil. En el
diseño de esta apelación, los abogados contaron con el apoyo de los penalistas Jorge
Enrique Cipagauta y Miguel Antonio Cano quienes criticaron el delito de rebelión por el
que se juzgaba a los detenidos.
Pese a estos argumentos la providencia de respuesta del contralmirante Calderón
mostraba que el alto oficial daba prioridad a la función militar de salvaguardar el orden
público por encima de la ley: “El caso que nos ocupa es un delito de rebelión (…)
entonces pueden considerarse como enemigos de la patria quienes así atenten contra la
seguridad del Estado, no pueden alegar privilegios contenidos en un convenio celebrado
entre la Iglesia y el Estado al que precisamente tratan de derrocar; con el decreto 2131
del 7 de octubre de 1976 en que se declaraba turbado el orden público y en Estado de
Sitio el país, quedaron suspendidas todas las normas contrarias al objeto de la
14 El concordato había sido reconocido como tratado internacional durante el gobierno de Misael Pastrana por parte de su canciller Alfredo Vásquez Carrizosa, el 12 de julio de 1973.
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declaratoria de Estado de Sitio y se suspenden también las disposiciones de una ley
ordinaria como lo es la ley 20 del 74 o Concordato” (Cinep, 1979, p. 28)15
Mientras este conflicto se desarrollaba, los abogados Cipagauta y Cano enviaron al
presidente Alfonso López, una carta donde hacían fuertes denuncias sobre el trato que
los religiosos estaban recibiendo en la infantería de marina. Según los juristas, además
de las violaciones al concordato, los religiosos estaban siendo objeto de torturas para
obtener información: “Al padre César Augusto Rojas (…) después de su captura fue
vendado y así se le mantuvo durante 24 horas consecutivas sin ingerir alimentos y con
las manos amarradas atrás; igual tratamiento recibió el padre Geney Morales pero
durante 48 horas después de lo cual fueron interrogados en forma exhaustiva y sin
asistencia de ningún abogado, sino apoderados por los mismos interrogadores y
captores (…) La hermana Herlinda, (…) religiosa franciscana que tiene casi 50 años de
edad fue ‘apercollada’, para usar el término de los religiosos de Cartagena durante toda
la noche mediante una culebra que le arrojaron a su celda-calabozo, después de lo cual
fue interrogada en forma agotadora e inhumana” (El Espectador, 1976, 25 de
noviembre, p. 9A)
De igual manera la carta de los abogados defendía el papel de los sacerdotes en los
barrios pobres y la defensa de los derechos de sus habitantes como verdadero móvil para
la persecución judicial: “En nuestro viaje a Cartagena pudimos comprobar, que el
problema no es de orden penal sino de orden eminentemente social, pues estos
sacerdotes y la religiosa han sido unos abnegados servidores de las clases marginadas en
los barrios de Cartagena y han defendido los intereses de estas gentes humildes,
impidiendo que los desalojen de sus tierras en la carretera de circunvalación de la
cordialidad y de la isla de Barú, isla que tiene 7,500 hectáreas y que están comprando a
los moradores nativos a razón de $1.500 por hectárea para revenderla a $ 350.000 por
ser zona de turismo. Quitando a los sacerdotes y a las religiosas del medio, pueden
seguir invadiendo a los humildes como lo han hecho ya, y la ganancia puede ser de
miles de millones de pesos. Ahí radica todo el problema y la Iglesia Católica esta
15 Citado directamente de la providencia, por el abogado Jorge Enrique Cipagauta en el foro “Justicia Militar y Furo Eclesiástico” realizado en el CINEP el 27 de junio de 1979, las cuales se encuentran en el artículo de Controversia “Iglesia y Justicia Militar”
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cumpliendo con su deber de defender al humilde y al necesitado” (Alternativa, 30 de
noviembre-15 de diciembre, p. 3)
Los militares expresaron su rechazo a las denuncias sobre torturas, pero no pudieron
negarlo (El Tiempo, 1976, 26 de noviembre, p. 1C). Estas denuncias generaron un
debate en la comisión segunda del congreso de la república, el cual fue convocado por
el representante Álvaro Edmundo Mendoza. A dicho debate fue invitado el Ministro de
Justicia César Gómez Estrada, quien negó haber recibido denuncias sobre torturas a los
religiosos detenidos, pero prometió realizar las respectivas investigaciones. Del mismo
modo el Ministro defendió el papel del gobierno en la investigación argumentando que
no se podía inculpar de desmanes del ejército al gobierno pues los funcionarios de
instrucción militar contaban con libertad de iniciativa (El Tiempo, 1976, 16 de
diciembre, p. 11A).
En medio de la polémica sobre quien debía juzgar a los religiosos, el proceso
continuaba, ahora en manos del Juez 103 de Instrucción Penal Militar José Vicente
Rodríguez, quien retomó el caso ordenando una serie de careos entre el sacerdote Rafael
Geney y el ex clérigo Everardo Ramírez y a su vez entre este último y el padre César
Augusto Rojas; del mismo modo el juez 103 llamó a indagatoria a la madre superiora de
la comunidad de la hermana Herlinda y a la esposa y la sobrina del ex sacerdote
Everardo Ramírez, diligencias que esperaban esclarecer lo sucedido con el material
explosivo de Pasacaballos (El Tiempo, 1976, 28 de noviembre, p. 9A). Esto no obstó
para que el Auditor de Guerra de la Armada, el teniente Enrique Medina Gutiérrez
solicitase a Monseñor Isaza Restrepo, la documentación que hacía constancia sobre la
condición de religiosos de los detenidos, incluida la del ex clérigo Everardo Ramírez,
quien fue trasladado de la cárcel departamental de San Diego a la Infantería de Marina;
esto prueba que los militares eran conscientes de que no podrían seguir juzgando a los
religiosos (El Tiempo, 1976, 26 de noviembre, p. 1C).
Las voces a favor de los religiosos no cesaron. El presidente del Tribunal Eclesiástico,
Monseñor Rafael Gómez Hoyos manifestó que la justicia militar no tenía capacidad
para juzgar a los religiosos detenidos: “El juzgamiento de clérigos y religiosos
corresponde a la justicia ordinaria, más concretamente a los jueces superiores sin que en
forma alguna el régimen de estado de sitio pueda dar competencia a la justicia
70
castrense” (El Espectador, 1976, 25 de noviembre, p. 9A) De igual manera el Consejo
Arquidiocesano de laicos de Cartagena hizo un llamado a que la justicia obrase de
manera correcta en el esclarecimiento de los hechos: “Hace votos (el Consejo) porque
los encargados de administrar justicia aclaren totalmente los hechos apliquen las
correspondientes penas a quienes sean culpables y dejen en limpio los nombres de
quienes sean inocentes…” (El Tiempo, 1976, 27 de noviembre, p. 6A).
Con estos argumentos, y ante la negativa del contralmirante Calderón Salazar a aceptar
la colisión de competencias, los abogados de los religiosos llevaron el caso ante el juez
primero superior de Cartagena, Manuel Sierra quien resolvió favorablemente la colisión,
ratificando que los religiosos debían pasar a ser juzgados por la justicia civil. Con esta
determinación el caso pasó nuevamente de manos del juez 103 de instrucción penal
militar al contralmirante Calderón Salazar (El Espectador, 1976, 24 de diciembre p.
10A). Del mismo modo, la terminación de la instrucción militar también representó la
absolución para la monja Blanca Inés Martínez quien después de ser escuchada en
indagatoria, no se encontró razones para levantar cargos contra ella. Ante estas
circunstancias, el contralmirante Calderón Salazar tenía tres opciones: convocar a
Consejo de Guerra, entregar el caso a la justicia ordinaria o enviar el expediente a la
Supercorte o Tribunal Disciplinario en Bogotá, y que este determinase quien tenía la
competencia para juzgar a los religiosos (El Espectador, 1976, 29 de diciembre, p. 5A).
Mientras esta situación se definía, Monseñor Rubén Isaza ofreció el 25 de diciembre
una misa con amplia concurrencia por la libertad de los religiosos detenidos, la misa
tuvo un significado por celebrarse en navidad, por lo que se enfatizó en la solidaridad
(El Tiempo, 1976, 27 de diciembre, p. 9A).
Pero tan pronto como tuvo el expediente nuevamente en sus manos, el contralmirante
Calderón Salazar reafirmó su poder para el juzgamiento de los religiosos. Esto llevó a
que los abogados de los religiosos volviesen a plantear la colisión de competencias, esta
vez en el Tribunal Disciplinario (El Tiempo, 1977, 27 de enero, p. 2A). El tribunal falló
de manera favorable por medio de una ponencia del magistrado Leovigildo Bernal
Andrade que fue aprobada por los demás miembros del tribunal. La sentencia resaltaba
la importancia del fuero eclesiástico como elemento de garantía de derechos a los
religiosos juzgados:
71
“Los conflictos de competencia no sólo se suscitan entre la jurisdicción ordinaria y las especiales. También entre estas se presentan. Surgen igualmente entre distintas jurisdicciones especiales. (…) cuando el artículo XX del Concordato suscrito entre Colombia y la Santa Sede, que constituye ley de la república (…) lo que hace es estatuir un fuero especial para el juzgamiento de clérigos y religiosos que pertenezcan a la Iglesia Católica. Que ellos no puedan ser sometidos a ninguna sentencia de juzgamiento, pero ni siquiera a juicio en ninguna causa penal, ni por autoridades de policía, ni por jueces penales municipales o de circuito, sino sólo por los jueces superiores en primera instancia y en segunda por los Tribunales superiores sea cual fuere el delito que específicamente se les sindique” (Cinep, 1979, pp. 68-69)
Aunque la sentencia fue emitida el 3 de febrero, solo hasta el 19 del mismo mes se hizo
efectiva, la Armada debió poner en libertad a los sacerdotes Geney, Rojas y Ramírez y a
la hermana Herlinda. Los detenidos fueron trasladados al palacio arzobispal, que sería
su nueva prisión, en el automóvil del abogado Pedro Pacheco Osorio, quien sustituyó al
abogado Díaz Gómez en la defensa de César Augusto Rojas. Una gran multitud salió a
recibir a los religiosos, que en términos generales manifestaron que seguirían con su
labor evangelizadora y que habían sido tratados con respeto por algunos miembros de
las Fuerzas Armadas y que a pesar de todo se había hecho justicia. El clérigo César
Augusto Rojas expresó: “Nuestros ojos fueron vendados y las manos nos las amarraban
a la espalda pero aquí estamos demostrando que toda injusticia termina destruida” (El
Tiempo, 1977, 20 de enero, p. 14A)
El proceso continuó en la parte civil en manos del juez primero superior de Cartagena, y
pocas semanas después los cuatro religiosos salieron de prisión en libertad condicional
bajó fianza de 2 mil pesos. El juez no los juzgó por rebelión sino que consideraba que el
delito era “encubrimiento y posesión ilegítima de armas” (El Espectador, 1977, 12 de
marzo, pp. 1A y 8A). Los abogados de los religiosos pidieron la nulidad del proceso
pues nunca hubo el delito de rebelión por tanto los abogados apelaron al artículo 163 de
“inexistencia del delito”. Así pudo comprobarse que las famosas cajas con explosivos
eran dinamita de los pescadores de Pasacaballos que era guardada por los sacerdotes,
dos cajas que según el abogado Jorge Enrique Cipagauta “no podían derrocar a un
gobierno legalmente constituido.” (Cinep, 1979, p. 27)16 De esta manera los sacerdotes
Geney y Rojas, el ex clérigo Ramírez y la monja Herlinda quedaron en libertad. Según
el abogado Cipagauta, la reacción de los militares ante esta decisión fue “no es más que
levanten el Estado de Sitio o pasen un expediente por la justicia ordinaria y viene la 16 Según el abogado Cipagauta “Podía ser dinamita de contrabando, era una dinamita americana pero ya estaba en uso. La tenían allí guardada los sacerdotes porque los negros, los nativos y los pescadores les tenían absoluta confianza y se la habían entregado para no perderla o para que no se la decomisaran”
72
impunidad”, pero según el abogado Cipagauta “¿cómo podía haber impunidad por un
delito que nunca se cometió?” (Cinep, 1979, pp. 27-30)
Del supuesto guerrillero Hoyos de Arenilla, solo se pudo establecer que su abogado
pidió que se le trasladase de la cárcel departamental a un Hospital psiquiátrico, alegando
demencia (El Tiempo, 1976, 22 de diciembre, p. 9B). Los abogados defensores
mantuvieron sus denuncias contra las torturas cometidas por las fuerzas militares, pero
estas no prosperaron en la justicia penal militar (Cinep, 1979, p. 30), de igual manera se
denunció que durante el proceso a los religiosos, los militares continuaron los
allanamientos en Pasacaballos contra campesinos a quienes les fueron destruidas sus
viviendas (El Espectador, 1976, 30 de noviembre, p. 5A). El año de 1977 el país seguía
en Estado de Sitio y los problemas sociales continuarían y no solo en Cartagena, por lo
que para contenerlos el gobierno se debió apoyar cada vez más en las fuerzas militares.
3.7. El fin de la administración López.
Los casos de Cartagena y Cali se encuentran enmarcados en el período del presidente
López en el cual inicia la decadencia de su “Mandato Claro”, resultado de numerosos
escándalos y conflictos no sólo con las clases bajas, sino también con distintos sectores
políticos. Al descrédito de la imagen del presidente por los problemas sociales se
sumaron los escándalos políticos, en varios de ellos se vio involucrada su familia como
el de la Hacienda La Libertad, un predio de propiedad de la familia López, que fue
valorizado en varias ocasiones, así como exento de impuestos por medio de tretas
judiciales (Reyes et al., 1978, pp. 68-69). También estalló un escándalo por sobornos de
la Lockheed que dejó muy mal parada a la Fuerza Aérea Colombiana. De igual manera,
fue detenido Alberto Santofimio, ex ministro de justicia de López por presuntas
malversaciones. Los principales diarios destaparon estos escándalos y destacados
dirigentes políticos como Doña Berta de Ospina comenzaron a cuestionar la legitimidad
del presidente, situación que llevó a López a plantear en varias ocasiones la posibilidad
de renunciar (Pécaut, 1989, pp. 294-295).
Mientras estos escándalos de corrupción estallaban, la situación social del país
empeoraba. Los precios de los alimentos habían aumentado un 49.77% entre mayo de
1976 y mayo de 1977, para ese mismo mes los salarios de los trabajadores habían
73
experimentado una caída del 22.6 % con respecto a septiembre de1970 (Bermúdez,
1982, pp. 196-197). Todos estos problemas llevaron al gran paro cívico del 14 de
Septiembre de 1977, el cual fue convocado por las cuatro centrales obreras colombianas
y en la cual se solicitaban mejoras en los salarios y puesta en marcha de la prima móvil.
Esta huelga tuvo un alcance nacional y en ella participaron casi todas las ciudades del
país salvo Medellín y Bucaramanga. Bogotá fue el epicentro de este paro en el cual se
presentaron bloqueos al transporte y peleas entre la población y la Fuerza Pública
(Pécaut, 1989, p. 310). Aparentemente el ejército y la policía se excedieron en sus
acciones. Según El Tiempo el saldo de la represión gubernamental fue de 18 muertos, 3
mil detenidos y cientos de heridos (Gallón, 1979, p. 113). Estos sucesos empeoraron la
imagen del régimen lopista.
El manejo que dieron las Fuerzas Armadas al paro se convirtieron en la máxima
demostración del conflicto que sostenía el presidente López, con los militares. Este fue
resultado de enfrentamientos entre el mandatario y los altos mandos militares debido a
la remoción de dos destacados generales. El primero de ellos fue el General Álvaro
Valencia Tovar El general Valencia Tovar quien llevaba una larga y destacada carrera
en el ejército y desde largo tiempo atrás se había convertido en un importante referente
por lo que sus opiniones en el sector castrense eran muy reconocidas. Por tanto, su
destitución en 1975 causó una gran sorpresa. Valencia Tovar fue retirado después de la
protesta por la intervención del presidente López en la destitución de otros comandantes
de las Escuelas de Infantería y caballería (Pécaut, 1989, p. 298). La situación encuentra
su origen en el conflicto de un paro cívico acontecido en Barrancabermeja en 1975, en
el cual el general Valencia Tovar se negó a seguir las órdenes de los altos mandos en la
procura de restablecer el orden público; puesto que no hubo acción por parte de las
tropas bajo el comando del general Valencia Tovar para impedir el levantamiento de
rieles que estaban realizando los huelguistas. Del mismo modo, el general Valencia
Tovar había explicado esta situación por medio de un comunicado, el cual no había sido
autorizado por sus mandos superiores los generales Varón Valencia y Camacho Leyva
(Alape, 1985, pp. 368-369). Esto llevó a que el presidente llamase a calificar servicios al
general Valencia Tovar, con todos los problemas que esta decisión implicaba.
El segundo general retirado fue el del General Matallana, jefe del estado mayor general
de las Fuerzas Militares, su traslado a la reserva causó también gran división en el poder
74
castrense pese a la amplia trayectoria de este general, quien se destacó en la lucha en el
Tolima durante la violencia (Pécaut, 1989, pp. 298-299). Asimismo, el presidente López
mantuvo como ministro de defensa al general Abraham Varón Valencia pese a que un
sector de los militares declaró su oposición al presidente, entre ellos el General Puyana
García quien calificó la gestión de López como “uno de los gobiernos más nefastos que
ha tenido Colombia”. Dicho General también fue obligado a renunciar por sus críticas al
mantenimiento del General Varón Valencia en el Ministerio de defensa cuando este
militar debía estar en la reserva desde 1975. Para Puyana García, el General Varón
Valencia era el tipo de Militar que necesitaba el presidente López para convertir al
ejército en un simple instrumento de represión al servicio de los intereses
presidenciales (Blair, 1993, pp. 124-125).
Las destituciones se sumaron a la fuerte controversia por el manejo que los militares
dieron al paro cívico. Como se mencionó previamente hubo fuertes denuncias en torno a
arbitrariedades cometidas por la Fuerza Pública. Estas llevaron incluso a la citación de
un debate en la Cámara de representantes. Este hecho despertó la indignación de los
militares que aseguraban que había un plan que buscaba su desprestigio como
institución. Desde hace varios años los militares habían echado la culpa a de todos los
problemas del país al comunismo, el cual según ellos era el causante de cualquier tipo
de desestabilización. Esta situación alcanzó su clímax cuando un grupo de militares
envió el 19 de Diciembre de 1977 una carta a la prensa en la cual reclamaban al
presidente López más herramientas para el manejo del orden público y criticaban las
denuncias sobre arbitrariedades cometidas por el sector castrense en el cumplimiento de
sus funciones, en especial por haberles citado a un debate en el congreso sobre su
accionar en el paro cívico:
…Las medidas del gobierno y las ejecutorias de las fuerzas militares tendientes a eliminar las causas de la violencia y el incremento de la inmoralidad, están siendo desfiguradas por una campaña sistemática y generalizada de la oposición política que está haciendo perderla fe en las instituciones y en la capacidad que ellas deben tener para controlar el crimen e imponer el orden (…) Como consecuencia de lo anterior y conscientes de que tenemos la obligación de mantener incólumes la honra y el prestigio de las Fuerzas Militares (…) hemos resuelto solicitarle al gobierno que dicte por el procedimiento de emergencia, eficaces medidas adicionales para garantizarle a la institución militar y a sus integrantes la honra a que tienen derecho y a todos los ciudadanos la seguridad que requieren dentro de una patria amable (Rivas et al., 1980, pp. 309-310).
75
Dicha comunicación se encontraba firmada por treinta generales activos, encabezados
por el comandante general de las Fuerzas Armadas Luís Carlos Camacho Leyva. Si bien
se presentaron situaciones represivas en su gobierno, López no cedió ante estas
pretensiones de los militares aún cuando su mandato terminó en medio de un fuerte
rechazo. Pero esa misiva no iba dirigida al presidente López si no a su sucesor quien si
respondería el llamado.
En medio de los problemas del presidente López, la Iglesia continuaba con sus
conflictos internos. Los obispos habían hecho fuertes críticas al gobierno por no
proceder contra los sectores críticos de la academia con el mismo rigor que con los
grupos guerrilleros; del mismo modo, el episcopado hacía un llamado a los católicos a
no votar por los candidatos marxistas (Alternativa, 1976, 19-26 de junio, pp. 18-19). En
contraste, los sectores de oposición continuaban con sus labores sociales y posiciones
críticas sobre la realidad nacional. Los religiosos denunciaban que los obispos eran
cómplices de un sistema “anticristiano” y que ellos desde la lucha política estaban
llamados a cambiar a la sociedad (Alternativa, 1976, 6-13 de diciembre, p. 7). Esto nos
muestra que el conflicto entre las tendencias de la Iglesia, lejos de terminar se
agudizaba; esta situación sería aprovechada por los sectores dominantes que
encontraron en la descalificación de la jerarquía una justificación para perseguir a los
religiosos opositores.
76
.4. CONFLICTOS BAJO EL GOBIERNO TURBAY AYALA.
En medio de la difícil situación socioeconómica, fue electo Julio César Turbay quien
optó por un manejo del orden público que favoreció la militarización del país. Por
medio de su estatuto de seguridad, esperaba derrotar a los grupos armados en especial al
M-19. Sin embargo nuevos grupos desafiarían al Estado por lo que se daría una gran
represión contra distintos sectores sociales. Por otro lado, igual que su antecesor,
Turbay gobernó bajo los parámetros del Frente Nacional, estos factores que le
granjearon numerosas críticas por parte de distintos actores políticos y sociales y de
algunos de la propia Iglesia.
4.1. El presidente Turbay es elegido.
La designación del candidato del partido Liberal a las elecciones de 1978 se realizó en
un ambiente agitado y de división en la colectividad. Por un lado estaba el sector
encabezado por el ex presidente Carlos Lleras Restrepo y el del líder político Julio
César Turbay Ayala. Lleras Restrepo buscaba obtener la reelección presidencial, pero
Turbay había logrado hacerse con la jefatura única del partido en la Convención de
1973. Desde su posición, Turbay dio apoyo al presidente López Michelsen
especialmente en los momentos de crisis del gobierno mientras que Lleras Restrepo no
apoyó al presidente López en esos mismos momentos y se unió a la oposición ospino-
pastranista. Tampoco fue Lleras Restrepo capaz de atraer los votos liberales, por lo que
en la convención liberal Turbay fue elegido candidato sin mayores dificultades (Cinep,
1981, pp. 9-12).
Los rivales de Julio César Turbay en la contienda electoral fueron Belisario Betancur,
quien contaba de manera parcial con el apoyo del Partido Conservador, en especial del
sector Ospino-Pastranista y el general Álvaro Valencia Tovar quien se postuló por el
Movimiento de Renovación Nacional. Por otro lado la izquierda presentó tres
candidatos Julio César Pernía de la Unión nacional de Oposición (UNO), Jaime
Piedrahita del Frente por la Unidad del Pueblo (FUP) y Socorro Ramírez del
Movimiento de Unidad Obrera UNIOS, sin embargo estas facciones se caracterizaron
por encontrarse en permanente discusión interna, por lo que no pudieron diseñar una
atrayente plataforma política. Turbay contó con el gran apoyo del ex presidente Alberto
77
Lleras Camargo, asimismo logró establecer apoyos de los caciques regionales gracias a
sus habilidades clientelares. Del mismo modo el haber ejercido funciones de embajador
y ministro en gobiernos anteriores le había brindado apoyo en los sectores políticos. El
eje de su campaña fue “seguridad, producción y empleo”, pero hizo especial énfasis en
torno a la seguridad, la cual lograba ser justificada por la situación social del país a fines
del período López Michelsen (Bermúdez, 1982, pp. 210-211).
Las elecciones se llevaron a cabo con una considerable cifra de abstención, pues apenas
hicieron uso de su derecho al sufragio un 41.2 % del electorado. En estas elecciones
Turbay tuvo una reñida competencia pero ganó los comicios con 49.5% de la votación,
por encima del 46.8% de Belisario Betancur, mientras que los partidos de izquierda
apenas alcanzaron un 2.4% y el general Valencia Tovar un 1.3% (Hartlyn, 1993, p.
198). Sin embargo el liberalismo no logró una mayoría en el Congreso, por lo que
Turbay tuvo que llevar a cabo acercamientos con el Partido Conservador. El llamado de
apoyo del presidente fue respondido favorablemente por el sector de esta colectividad
que dirigía Álvaro Gómez Hurtado (Hartlyn, p. 266). Por tanto, al igual que en la
administración López, el gobierno del presidente Turbay continuó con el modelo
político Frente Nacionalista porque siguió la estrategia de repartición de cuotas
burocráticas para garantizar apoyo político. Los conservadores lograron imponerse en el
gabinete presidencial con los Ministerios de Justicia y de Defensa, y otros ministros si
bien estaban en el Partido Liberal sus ideas eran de corte conservador (Bermúdez, 1982,
pp. 212-213).
De esta manera, el que parecía un gobierno claramente impopular en poco tiempo logró
un importante respaldo parlamentario y la prensa que lo criticaba antes de su campaña
ahora lo apoyaba y respaldaba. El gobierno prácticamente no tuvo forma alguna de
oposición pues el congreso estaba con el presidente en su mayoría. Sin embargo las
tensiones sociales que habían sacudido el gobierno López no habían cesado. Las
huelgas y movilizaciones continuaron aunque en menor medida debido a que
aumentaron los actos represivos contra estas. El respaldo al gobierno de Turbay no solo
provino de las fuerzas políticas sino también de las Fuerzas Armadas, pues el nuevo
presidente no tenía la visión antimilitarista del presidente López. Por el contrario, a lo
largo de su carrera política el presidente Turbay construyó una buena relación con las
Fuerzas Armadas, la cual empezó cuando fue Ministro de la Junta Militar y durante su
78
gestión parlamentaria defendió los intereses de los militares en el congreso, lo que le
granjeó gran confianza por parte del sector castrense (Leal, 2002, pp. 57-58).
Como lo afirma Francisco Leal Buitrago (2002, p. 67), el presidente Turbay no tenía un
proyecto político definido en materia militar por lo que dejó a las Fuerzas Armadas en
libertad para su acción. Desde el inicio de su mandato, el presidente Turbay manifestó
que había en el país una permanente perturbación del orden público, lo cual estrecho
aún más sus lazos con las Fuerzas Armadas, que encontraron en esta idea presidencial
una justificación a sus acciones. Sin embargo poco a poco esta libertad fue dando paso
poco a poco a una modificación de la propia estructura del Estado que fue siendo
acomodada a los intereses de los militares. De esta manera se presentó una “ocupación
parcial” del poder político por parte de las fuerzas castrenses que seguían los parámetros
de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
En estas condiciones, el presidente Turbay quien sentía un gran respeto por el escalafón
castrense nombró como Ministro de Defensa al general Luis Carlos Camacho Leyva
quien se desempeñaba como comandante general de las Fuerzas Armadas. El general
Camacho Leyva, al igual que el presidente Turbay había tenido una carrera en la que fue
ascendiendo poco gracias a su habilidad en los manejos burocráticos (Leal, 1994, p.
103).17 Su personalidad y actitudes le permitieron ganar poder tanto en la institución
castrense como en el propio gobierno. Incluso se le llegó a considerar “como el poder
detrás del trono, como el hombre que con su poder dentro de las fuerzas armadas, esta
pisoteando la Constitución y las leyes de la República” (Bermúdez, 1982, pp. 284-285).
Esta afirmación fue negada por el resto del gobierno, sin embargo el presidente Turbay
tuvo una presencia importante en los debates donde se ponía en tela de juicio la acción
de los militares.
4.2. El Estatuto de Seguridad.
Poco tiempo después de su elección, el presidente llevó a cabo el 6 de Septiembre la
promulgación del decreto de excepción 1923, que creó el Estatuto de Seguridad. Este
17 El general Camacho Leyva contaba con el título de abogado lo que fue un inicio en la carrera pública del general que ocupó distintos cargos burocráticos en el ministerio a lo largo de su carrera. Según Leal esto le permitió el uso de la intriga como un arma de manipulación y ascenso burocrático, esto le permitió unirse al presidente Turbay.
79
era un conjunto de normas y medidas de excepción con las cuales el presidente esperaba
llevar a cabo una lucha contra las mafias y guerrillas que generaban las condiciones de
inseguridad e inmoralidad que el primer mandatario consideraba que eran los factores
que amenazaban al Estado (Torres, 2000, p. 219). En el propio estatuto se establecía la
presencia de una amenaza contra el orden político: “periódicamente se han venido
reiterando y agudizando las causas de perturbación de orden público que crean un
estado de inseguridad general y degeneran en (...) prácticas terroristas dirigidas a
producir efectos políticos encaminados a desvirtuar el régimen republicano vigente o en
la apología del delito, (...) Es indispensable adoptar medidas de seguridad para mantener
el orden social y la paz en el territorio de la república...”(Rivas et al., 1980, p. 310). En
la construcción de la normatividad establecida en el estatuto, tuvieron una gran
influencia las determinaciones del Ministro de Defensa, Camacho Leyva. El Ministro de
gobierno de Turbay, Germán Zea Hernández manifestó que la seguridad fue el primer
punto en la agenda presidencial, ya que esta materia era según el ministro una de las
solicitudes que hizo la sociedad al presidente Turbay desde el inicio de su mandato:
“Había mucho secuestro en Colombia hasta el punto de que en el primer consejo de ministros lo que se planteó como cuestión vital (...) fue la cuestión de la seguridad. Todos los ministros le dijimos al presidente, el país se esta ahogando en la inseguridad. (...) las gentes vivían atemorizadas en Bogotá, en las grandes ciudades, por los secuestros, por la ola de inseguridad. Había actos de guerrillas contra las poblaciones. Vino el robo del cantón del Norte y todos los ministros consideramos que era necesario modificar las disposiciones del Código penal para hacer que algunas de esas normas fueran mucho más rigurosas y rígidas para contrarrestar esa ola de criminalidad que existía en el país. Pero esta situación la heredó el doctor Turbay del doctor López. Eso sobrevino del doctor López, sobre todo después de aquel paro que hubo en el 77, con muchos muertos y esa fue una de las causas del asesinato del doctor Pardo Buelvas. Era una situación la heredó el doctor Turbay del doctor López." (Alape, 1985, pp. 379-380)
Como lo menciona Francisco Leal Buitrago (2002, p. 59), el estatuto de seguridad no
buscaba aumentar la ya consolidada autonomía militar, sino más bien otorgar a las
Fuerzas Armadas una serie de herramientas jurídicas para la lucha contra el narcotráfico
y las guerrillas. El estatuto establecía nuevas formas delictivas y aumentaba las penas
para delitos ya existentes (Ver tabla 1), del mismo modo permitía ejercer la censura
sobre medios de comunicación tanto audiovisuales como escritos. Delitos como el
secuestro y la extorsión tuvieron serios incrementos en sus penas. Sin embargo debemos
considerar que la ampliación de las penas venía poniéndose en práctica por los
gobiernos anteriores a Turbay.
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TABLA 1. AUMENTO DE PENAS DEL ESTATUTO DE SEGURIDAD
DELITO DEFINICIÓN SEGÚN EL ESTATUTO DE SEGURIDAD PENA ANTES DE 1978
PENA DEL ESTATUTO
Secuestro simple
Rapto de personas con fines personales, políticos o publicitarios que no incluya agravantes, se culpa tanto a responsables del secuestro como a quienes lo organicen
8 a 12 años de prisión
10 a 20 años de prisión Secuestro
agravado
Rapto de personas con fines personales, políticos o publicitarios que incluya actos de tortura, lesiones, extorsión, se culpa tanto a responsables del secuestro como a quienes lo organicen
6 a 12 años de prisión
20 a 30 años de prisión si el rehén muere
Rebelión Cualquier acto organizado que busque el derrocamiento o cambio del gobierno legítimo. Son culpables todos aquellos que lideren o participen del alzamiento
6 a 4 años de prisión
8 a 14 años de prisión
Asociación para delinquir
Integración o formación de grupos armados de más de tres personas que tengan como fin el invadir y asaltar predios o poblaciones causando daños a la vida o seguridad de las personas. Asimismo se castiga la asociación con fines de expropiación ilegal
5 a 14 años de prisión
10 a 15 años de prisión
Causar o participar en alteraciones del orden público o alterar el desarrollo de actividades sociales
1 a 30 días de arresto
1 a 5 años de prisión
Cometer homicidio en circunstancias de perturbación del orden
15 a 24 años de prisión
20 a 24 años de prisión
Perturbación del orden público
Causar lesiones a otra persona en las perturbaciones del orden público
2 meses de arresto a 9 años de prisión
1 a 10 años de prisión
Fuente: Reyes et al., 1978, pp. 90-113
El estatuto partía de dos factores: en primer lugar se llevó a cabo una ampliación de la
noción de “perturbador del orden público”. Esta sindicación se hizo extensiva a una
serie de actividades que antes eran juzgadas como simples contravenciones y ahora eran
convertidos en delitos (Gallón, 1979, p. 134). Según la legislación del estatuto, las
perturbaciones del orden público abarcaban conductas que “alteren el pacífico
desarrollo de las actividades sociales o provoquen incendios y en tales circunstancias
supriman la vida de las personas” (Rivas et al., p. 311) Sin embargo estas definiciones
para analistas como Gustavo Gallón era muy vagas y permitían que cualquier actitud o
situación que no fuese bien vista por el gobierno podría ser juzgada como perturbación.
De esta manera el estatuto también amplió la concepción del “subversivo” hacia
actividades como pintar grafittis, distribuir propaganda, así como exhibir dibujos o
textos contra al gobierno en espacios públicos, asimismo criminalizó las formas de
huelga y protesta social, pues el gobierno podía considerar que en ellas podía haber
intención de derrocar al gobierno, por lo que podía actuar con rigor y excesos incluso
contra aquellos que solo fuesen observadores de los sucesos. El segundo gran pilar del
estatuto de seguridad fue la ampliación de las funciones de las Fuerzas Militares que
pasaron al ámbito judicial, por medio de la aplicación práctica de la Justicia Penal
Militar para civiles. Mediante consejos de guerra, los militares adquirieron la capacidad
81
para juzgar los delitos señalados previamente. También otros elementos de la Fuerza
Pública como el DAS y la policía llevaron a cabo juicios. La capacidad judicial de las
Fuerzas Militares muestra que en el país también se presentó una ocupación del Estado
por parte de las Fuerzas Armadas (Reyes et al., 1978, p. 109).
Para Iván Orozco Abad (1992, pp. 171-174), el estatuto de seguridad fue resultado de
los sucesivos estados de excepción, dirigidas contra la protesta social. Así, el estatuto
respondía a la necesidad de las clases dominantes que vieron con temor que las olas de
protestas que acontecieron desde el paro cívico del año anterior, ponían en juego su
posición privilegiada. Sin embargo, pese a que el estatuto daba trato a los delincuentes
políticos con base en la idea del combatiente-rebelde, las figuras criminales creadas por
la legislación, llevaban a que varias conductas que tenían conexión con el delito
rebelión, terminaban asimiladas como delitos comunes. Estas circunstancias llevaron a
que las víctimas de la legislación fuesen los movimientos políticos y sociales, pues sus
acciones terminaron asimiladas como perturbaciones del orden público, las cuales al ser
establecidas como delitos, eran susceptibles de ser reprimidas.
Desde su promulgación, el estatuto fue recibido con beneplácito por parte de los
gremios y los sectores políticos dominantes, que consideraban que el modelo impuesto
por las Fuerzas Militares garantizaba condiciones de seguridad contra los enemigos del
Estado a los que consideraban influidos por la guerrilla. Sin embargo también
comenzarán a surgir críticas de distintas organizaciones sociales, laborales y políticas
que consideraban que el país caminaba hacia una dictadura constitucional.
4.3. El asesinato de Rafael Pardo Buelvas
Después de la promulgación del estatuto de seguridad, sucedieron en el país una cadena
de acciones que alarmaron a la opinión pública. Menos de una semana después fueron
asesinados Germán Mejía Duque ex gobernador de Caldas y su hermano el médico
Fernando Mejía (Pécaut, 1989, p. 321). Del mismo modo, se presentaron el jueves 7 de
Septiembre atentados con explosivos en la zona céntrica de Bogotá contra dos entidades
financieras: el Banco de Crédito y el Cafetero y contra un almacén de Cafam (El
Tiempo, 1978, 13 de septiembre p. 8A). Como se puede ver, era un contexto muy difícil
en cuanto al orden público se refiere, sobretodo porque se avecinaba la conmemoración
82
del paro cívico del año anterior y los sindicatos tenían planeadas grandes movilizaciones
y concentraciones ciudadanas.
En estas circunstancias fue asesinado el ex ministro Rafael Pardo Buelvas, el 12 de
Septiembre. La muerte del ministro ocurrió 35 días después de haber realizado en su
residencia del barrio Calatrava en Bogotá, una fiesta en honor del presidente López
Michelsen cuando éste había dejado el cargo. La casa de los Pardo Buelvas no contaba
con mayores medidas de seguridad pues el barrio se había caracterizado por su
tranquilidad, el ministro se había ganado la antipatía de los sindicatos y organizaciones
de izquierda por su condena al paro cívico como ministro de gobierno del presidente
López. El día de su asesinato, el ex ministro se encontraba en su residencia y después de
despedir a sus hijas, se dirigió a su habitación .donde realizaba ejercicios en su bicicleta
estática, actividad que tenía por costumbre. Aunque parecía una mañana como cualquier
otra, desde antes de la ocho, los Pardo Buelvas habían recibido llamadas telefónicas que
cuando eran contestadas, sus autores colgaban (El Tiempo, 1978, 13 de septiembre p.
8A).
Hacia las 8:40 de la mañana, se detuvo en la casa del ministro, un automóvil Dodge
1500, tripulado por cuatro sujetos, de los cuales dos portaban uniformes militares. Estos
dos individuos se bajaron a pocas cuadras de la casa del ministro y avanzaron hacia ella
y llamaron a la puerta. La muchacha del servicio abrió y uno de los supuestos militares,
le dijo que tenían que realizar una inspección de seguridad y que iban a informar al
ministro sobre las nuevas medidas de seguridad asumidas por el gobierno en el
aniversario del paro, la muchacha a regañadientes los hizo pasar. Un momento después,
los individuos encontraron a Sarita Abello, esposa del Ministro a quien preguntaron
donde estaba su esposo; la señora contestó que se encontraba en el baño y hacía allá se
dirigieron los individuos.
Tan pronto como llegaron al baño, los “militares” irrumpieron y empezaron a disparar a
quemarropa contra el ministro, quien todavía se encontraba en su bicicleta. Pardo
Buelvas recibió cinco impactos de revólver 35 así: dos en la cabeza, uno en el tórax, uno
en el hombro izquierdo y 1 en la parte izquierda del maxilar inferior. Mientras, esto
ocurría, afuera de la casa los otros dos sujetos que estaban en el auto inmovilizaron al
chofer del ex ministro que lo esperaba afuera. Tan pronto como dispararon, los
83
individuos salieron corriendo de la casa y huyeron en el Dodge. El ministro fue
auxiliado por su esposa, su chofer, un pintor que se encontraba en la casa y Alberto
Lleras Purga, vecino hijo de Alberto Lleras, quienes lo llevaron a la clínica Shaio donde
falleció pocas horas después.
El crimen estremeció al país y en poco tiempo distintos sectores de la sociedad
expresaron su condena al crimen. El gobierno nacional expidió un decreto donde
afirmaba que el gobierno asumiría los funerales de Pardo Buelvas, a quien se despediría
con todos los máximos honores militares propios de un ministro de Estado. En ese
mismo decreto se confirmaron las órdenes de San Carlos a los hermanos Mejía Duque,
al ex gobernador Germán Mejía en grado de gran oficial y a su hermano Fernando, en
grado de oficial. El editorial del Tiempo titulado “La cobarde ofensiva del extremismo”,
además de condenar el crimen, daba un respaldo explícito al presidente Turbay y su
Estatuto de Seguridad:
El asesinato del doctor Pardo Buelvas típicamente político pero político de un extremismo que bien sabe lo que procura, no sólo justifica el Estatuto de Seguridad ya expedido sino que debe obligar al gobierno a ampliarlo contra otras zonas de la ofensiva desatada que busca romper nuestro régimen de vida económico social y nuestra orgullosa y real juridicidad. Si el gobierno acepta el desafío de una izquierda anárquica puede estar seguro de que una acción no sólo jurídica sino plenamente aguerrida tendría el apoyo unánime no solo de cuantos elegimos al doctor Turbay Ayala como jefe del Estado sino también de quienes sienten vivamente amenazada la tradición secular de un pueblo y una república fundados en base de intangibles valores éticos y claros fueros humanos (El Tiempo, 1978, 13 de septiembre p. 4A).
El gobierno asumió una posición de defensa y legitimación de sus políticas de
seguridad, como respuesta ante el crimen. El general Luis Carlos Camacho Leyva,
Ministro de Defensa ratificó su compromiso en el combate con los grupos armados: “El
gobierno no cejará ante estos crímenes sino por el contrario va a aumentar toda la fuerza
de que es capaz con el objeto de perseguir a los delincuentes y hacer caer sobre ellos el
peso de la ley (...) En esta campaña de seguridad sobre la cual el gobierno continuará
tomando medidas sin que para ello le trepide la voluntad, deben tener la certeza todos
los colombianos de que tendrá que dar frutos que el país necesita porque no en otra
forma podemos presentarnos ante el concierto de las naciones como un pueblo
civilizado” (El Tiempo, 1978, 13 de septiembre p. 9A)
84
Esta misma línea de alarma ante la grave situación de orden pública fue seguida por el
Ministro de Gobierno Germán Zea, en cuyas declaraciones hizo un llamado a la
sociedad colombiana a apoyar el gobierno: “Estoy seguro de que este atroz asesinato
hará ver a los colombianos hasta donde las fuerzas del mal están empeñadas en destruir
lo mejor de la sociedad llegando a extremos de inaudita crueldad y barbarie, sembrando
el terror y el pánico por doquier a fin de amedrantar a las autoridades de la República en
la batalla contra el crimen” (El Tiempo, 1978, 13 de septiembre p. Última A)
Los partidos Liberal y Conservador, se sumaron a la postura del gobierno. El ex
presidente del liberalismo Darío Echandía exigió “una enérgica acción de las
autoridades para que los autores del crimen sean rigurosamente castigados”. Los dos
sectores del conservatismo, tanto el Ospino-Pastranista como el Alvarista hicieron una
exigencia al gobierno de mayores medidas en el manejo del orden público. El
comunicado del Directorio nacional Conservador (Alvarista) catalogó a los asesinos
como “enemigos de la paz cuyo castigo será la respuesta implacable de la nación
entristecida.” (El Tiempo, 1978, 13 de septiembre p. 9A).18
Los gremios se unieron también a la condena y la justificación de la necesidad de
nuevas medidas de seguridad. La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) cuya
junta había sido presidida en el pasado por Pardo Buelvas, manifestó: “Este crimen que
a todos nos atormenta y alarma no sólo debe recibir no solamente el peso de nuestra ley
penal sino sanción social enérgica y vigorosa”, igualmente la SAC reclamó al gobierno
“medidas que pongan fin a tan inaudito camino de desesperación que quieren abrir los
enemigos de Colombia, las cuales apoyaremos sin suspenso”. La Confederación de
Cámaras presidida por Gastón Abello, manifestó la necesidad de que “todas las gentes
de la nación toman del riesgo que se cierne sobre ella tratando de confundirse con la
causa compartida de la justicia social” y la Asociación de Mineros declaró que “es el
momento en que la ciudadanía haga una acción conjunta para evitar crímenes atroces.”
(El Tiempo, 1978, 13 de septiembre p. 9A). Por otro lado la Iglesia hizo un llamado a la
unidad nacional para que se diera una “...unánime reacción de repudio y de condenación
18 El luto del partido conservador fue enorme considerando que Pardo Buelvas era miembro de este partido. Otros destacados dirigentes manifestaron su dolor por la muerte y respaldo al gobierno. Gómez Hurtado dijo que la muerte era un “acto de guerra” y que “el terrorismo es muy difícil de controlar”. Por otro lado, el gobernador de Cundinamarca Miguel Santamaría Dávila consideraba que el crimen era “un reto. O responde el país o la nación se disuelve”
85
y actitud serena del país ante tan execrable crimen demuestran que Colombia no acepta
doblegarse acobardada ante las Fuerzas Oscuras del Terrorismo” (El Catolicismo, 1978,
24 de septiembre, p. 4).
Los partidos de izquierda añadieron su repudio al crimen, pero de una manera diferente
a la de las colectividades tradicionales. El Movimiento FIRMES de Gabriel García
Márquez, Gerardo Molina y Enrique Santos afirmó que la clase obrera no necesitaba de
ese tipo de acciones, sin embargo sus miembros consideraban que el gobierno hacía una
“asimilación oportunista (...) de este acto de terror insensato con la justa lucha del
pueblo colombiano”. Por otro lado el Partido Comunista en cabeza de su secretario
Gilberto Vieira aclaró que “siempre hemos estado contra esta clase de actos” y el
Partido Socialista por medio de su dirigente Socorro Ramírez condenó el crimen pero
hizo una denuncia: “Con este acto condenable se le ha dado al gobierno motivo para
prohibir como quería la movilización del 14 de septiembre conmemorativa del paro
cívico nacional” (El Tiempo, 1978, 14 de septiembre, p. 2A).
Sobre este último punto debemos comprender la posición de los sindicatos y las
centrales obreras, pues estos habían planeado marchas ciudadanas para conmemorar el
paro, sin embargo, estas concentraciones fueron prohibidas por la alcaldía. Las centrales
del país: Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), la Confederación de Trabajadores
de Colombia (CTC), la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC) y
la Confederación General del Trabajo (CGT) dejaron clara su posición en manos del
Consejo Nacional Sindical (CNS) que emitió un comunicado en el cual, además de
expresar su rechazo al crimen, manifestaban que acatarían la orden gubernamental de no
realizar manifestaciones públicas, lo cual no impediría que continuasen en la labor de
denuncia contra el gobierno, si este continuaba violando los derechos laborales (El
Tiempo, 1978, 14 de septiembre, p. 7A).19
Las investigaciones sobre los autores del crimen descartaron a uno de los principales
actores de violencia de esos años: el M-19 que en un comunicado negó su participación
en el atentado, el cual para el M-19: “le ha servido en bandeja de plata al gobierno de
19 Pese a acatar la orden encontramos posiciones como la de Pastor Franco de la CSTC quien afirmaba que loa verdaderos objetivos del gobierno al prohibir las concentraciones eran eliminar y recortar libertades sindicales, así como la unidad de los trabajadores.
86
Turbay la represión y prohibición de las manifestaciones populares del 14 de septiembre
y la implementación del Estatuto de Seguridad. Además nosotros firmamos nuestras
acciones y las justificamos políticamente.” (El Tiempo, 1978, 14 de septiembre, p. 3A).
Sin embargo esto no fue un gran problema para las autoridades, pues poco después
apareció un comunicado de otra organización que proclamó su autoría en el crimen, se
trataba del Movimiento Autodefensa Obrera identificado con las siglas MAO o ADO. 20
Este grupo se había dado a conocer en una serie de acciones urbanas como al asalto a un
almacén de Croydon, un acto donde hicieron detonar un petardo y acribillaron a un
policía llamado Enrique Hernández Vanegas. Del mismo modo, este grupo estaba
sindicado de robar los alimentos de un furgón de Carulla y asaltar la pasteurizadora
Prodelbo donde robaron cinco toneladas de leche y equipo de oficina (El Tiempo, 1978,
13 de septiembre, p. 9A).
Los asesinos de Pardo Buelvas escaparon en el auto Dodge 1500 y se transportaron en
dicho vehículo hasta que una falla mecánica los obligó a detenerse, por lo que tuvieron
que empujar el auto, no sin que antes los sujetos con uniformes militares se despojasen
de dichas prendas. Empujando el auto, los individuos llegaron hasta un campo de tejo
ubicado en la calle 101 A No 53-43 y pidieron al dueño de los campos permiso para
dejar el auto unas pocas horas mientras que buscaban el repuesto para el Dodge. El
propietario accedió a la solicitud, pero los individuos nunca regresaron. La policía
encontró el lugar y pudo comprobar que se trataba de un auto robado que tenía varios
daños; en el interior del vehículo la policía encontró los uniformes militares. La policía
envió el Dodge al F-2, para que en conjunto con el DAS fuese analizado y se pudiera
capturar a los asesinos (El Tiempo, 1978, 14 de septiembre, p. 1C).
4.4. Persecución al MAO
El Movimiento Autodefensa Obrera (MAO) encuentra su origen en el grupo formado
por un sujeto llamado Juan Manuel González Puentes, quien había sido parte del
ejército de Brasil y en ese mismo país había realizado actividades guerrilleras y a partir
de la persecución que sufrió, huyó a Colombia donde formó un nuevo grupo con base
20 En varios libros se señala al grupo armado irregular “Autodefensa Obrera” con la sigla ADO (Autodefensa Obrera), sin embargo hemos optado por utilizar la sigla MAO ya que esta fue la utilizada por la prensa para referirse a este movimiento armado.
87
en obreros y sectores populares. Inicialmente el grupo comenzó robando armas a los
policías, con las cuales en la posteridad iniciaría asaltos a bancos con el fin de obtener
fondos económicos. Poco después, se unieron a la organización tres hermanos Héctor
Fabio, Edgardo y Adelaida Abadía Rey y el esposo de esta última Alfredo Camelo
Franco (Behar, 1985, pp. 87-88).
Como vemos el MAO, no surgió ni recibió apoyo de ningún partido o movimiento
político. A diferencia del ELN que recibió apoyo del Frente Unido, o las FARC de las
guerrillas liberales o el M-19 de la ANAPO Socialista, la base del MAO eran obreros,
los cuales estaban en su mayoría en el grupo de Juan Manuel González. El objetivo del
grupo era la creación de los Frentes de Autodefensa Popular (FAP.), los cuales serían
grupos de combate divididos según sectores sociales: autodefensa campesina,
estudiantil, barrial y obrera. Esta última fue la que alcanzó mayor trascendencia como
organización político-militar, cuya primera acción inició en el paro cívico del 77,
durante el cual acompañaron a la ciudadanía en el enfrentamiento con las autoridades
(Alape, 1985, pp. 339-343).
A partir de estos hechos el MAO planteó su estrategia político-militar, la cual estaría
orientada a apoyar los conflictos laborales y a ganarse a los sindicatos., así como a
sectores populares. A largo plazo, la estrategia del MAO sería consolidar la base
política en las ciudades y en lo posterior trasladar su guerra al campo donde serían ya un
ejército regular capaz de desafiar al Estado (Alape, pp. 344-345). Esta base se
construiría por medio de “acciones de propaganda”, como asaltos, “pintas”, tomas a
colegios y escenarios, de estas podemos destacar la toma al teatro del barrio San Carlos
donde miembros del MAO, irrumpieron en la mitad de una obra para repartir publicidad
política. De igual manera, el MAO se tomó un día la estación radial Todelar, y durante
la transmisión del partido de fútbol Boca Juniors-Deportivo Cali por la Copa
Libertadores, trasmitieron un mensaje en vivo para todo el país (Behar, 1985, pp. 90-
92).
Sin embargo, el asesinato del ministro Rafael Pardo Buelvas, los puso en el centro de la
polémica. Las autoridades iniciaron la búsqueda de los miembros del MAO, por lo que
efectuaron redadas en distintos puntos de Bogotá. Una de estas diligencias se realizó a
partir del hallazgo una tula militar en el Dodge de los asesinos la cual pertenecía a
88
Alfredo Camelo Franco quien había sido cadete de la Armada y estudiaba antropología
en la Universidad Nacional. Sobre este individuo pesaba el cargo de ser el principal
sospechoso del asesinato del ex ministro Rafael Pardo Buelvas. Camelo fue detenido a
fines de marzo de 1979, y posteriormente confesó haber hecho parte del crimen, pero
afirmó que la culminación del mismo fue llevada a cabo por otros miembros del grupo.
En ese mismo orden, el servicio secreto del ejército capturó a siete miembros más del
MAO, que junto con Camelo fueron puestos a disposición del juez tercero de
Instrucción Penal Militar, Luis Eduardo López (El Espectador, 1979, 3 de abril, pp. 1A
y 15A). De igual manera las autoridades comprobaron que individuo Alfredo Camelo
también había trabajado en el departamento de avisos del diario “El Siglo” (Alternativa,
1979, 9-16 de abril, p. 8).
Poco después de la captura de Alfredo Camelo fueron detenidos Manuel Bautista
González y Armando López Suárez, este último había sido novillero y tenía el alias de
“Coleta” (El Tiempo, 1979, 5 de abril, p. 18A). Estos dos sujetos fueron detenidos
cuando se encontraban departiendo en un café y les fue hallada una cierta cantidad de
explosivos, lo cual los inculpó todavía más considerando que hace poco tiempo se había
presentado un atentado contra la Empresa Distrital de Buses con bombas molotov y el
material incautado a estos individuos servía para hacer bombas de este tipo (El
Espectador, 1979, 27 de mayo, p. 11A).
De igual manera unos días después de estas capturas se asilaron en la embajada de
México el líder del M-19, Gilberto Herrera y el sociólogo Jesús Antonio Franco
Galeano. Este último, había sido activista estudiantil y había rendido indagatoria en
1976 ante el juez octavo de Instrucción Penal Militar. Sin embrago este ciudadano fue
apresado en febrero de 1979 por sus presuntos vínculos con el MAO pero al poco
tiempo quedó en libertad, al no encontrar pruebas incriminatorias. El sociólogo natural
de Tulúa, afirmó que su exilio se debía a que venía siendo presionado y “hostilizado”
por las Fuerzas Militares para que brindara más información sobre miembros del MAO
(El Espectador, 1979, 7 de abril pp. 1A y 9A).
Todas estas acciones permitieron que la Fuerza Pública pudiese dictar auto de detención
contra estos individuos, con lo cual se esperaba castigar a los asesinos de Rafael pardo
Buelvas y desarticular las redes de la Autodefensa Obrera.
89
4.5. La vinculación de los jesuitas
Varios meses atrás, a finales de julio de 1978, la situación para el Cinep no era fácil
pues sus miembros ya habían ganado fama de ser contestatarios y marxistas. En ese
tiempo trabajaba en el centro, el sacerdote jesuita Luis Alberto Restrepo, quien se
desempeñaba en el tema del diseño de programas educativos para la organización
popular, labor que alternaba con el ejercicio de la docencia en la Universidad Nacional
donde dictaba clases de filosofía. En una de sus cátedras, el padre Restrepo conoció un
alumno llamado Federico Yáñez, quien manifestó al sacerdote su intención de colaborar
en la labor investigativa en el Cinep, en temas sobre apoyo a la labor sindical. Yáñez se
ganó la confianza del padre Restrepo, quien decidió ayudarlo a conseguir trabajo en el
centro por su situación económica.21
Una vez en el centro a Federico Yáñez se le encargó escribir una cartilla sobre la
historia sindical con un lenguaje accesible que pudiese ser dirigida a los trabajadores.
Sin embargo, el trabajo presentado fue rechazado porque la historia sindical presentada
era, en palabras del padre Alejandro Angulo-director del Cinep en aquel entonces-
“sesgada, incompleta y en lenguaje panfletario”. Este lenguaje, era similar al que uso
Yáñez en el tiempo en que trabajó en el centro. El individuo hacía un llamado
permanente a la revolución y la lucha de las clases populares, algo que fue rechazado
pues no era acorde con los valores que el Cinep promulgaba. De hecho el día del
asesinato del ex ministro Pardo Buelvas, en la cafetería del centro delante de los demás
investigadores Yáñez expresó que el ministro: “había recibido su merecido”, esta
afirmación fue rechazada de plano por los demás miembros del centro, argumentando
que esto no ayudaría a las clases populares si no más bien lo contrario, incentivaría la
persecución del Estado contra las mismas (El Tiempo, 1979, 5 de agosto, p. 4B).
La permanencia de Yáñez en el Cinep fue hasta diciembre de este mismo año, al señor
se le pagó la suma de 8 mil pesos por su trabajo realizado. Poco después Yáñez
manifestó que quería realizar algún trabajo con la Escuela Nacional Sindical (ENS) en
Medellín, por lo que pidió al padre Restrepo apoyo para trabajar en dicha ciudad. El
Cinep, vinculó a Federico Yáñez con el también jesuita Jorge Arango quien en Medellín
21 Entrevistas con Alejandro Angulo s. j. Por Carlos Daniel Chaves en el 2007 y en El Tiempo, el 5 de agosto de 1979, p. 1B
90
desempeñaba una labor similar a la del Cinep en Bogotá, apoyando procesos de
organización popular en especial a las comunidades campesinas (El Espectador, 1979,
27 de mayo, p. 11A). Yáñez estuvo trabajando con el padre Arango entre diciembre y
enero y a su regreso a Bogotá quiso continuar con su relación con el Cinep, sin embargo
esto fue mal visto pues Yáñez mostraba un interés “continuo de información sobre lo
que estábamos haciendo en el centro” (El Tiempo, 1979, 5 de agosto, p. 4B).
Cuatro meses después, cuando el padre Alejandro Angulo y el padre Fernán González,
ambos antiguos directores del Cinep vieron el noticiero y se enteraron de la captura de
los asesinos de Rafael Pardo Buelvas. La sorpresa fue enorme cuando vieron la
fotografía de Alfredo Camelo y se dieron cuanta de que era el mismo Federico Yáñez
que había trabajado con ellos. Al día siguiente, dos empleadas del centro, la
bibliotecaria y la jefa de personal no se presentaron a trabajar y en sus casas no daban
razón de ellas (Alternativa, 1979, 1-8 de junio, p. 8). El padre Angulo y Gerardo
Arango, provincial de los jesuitas, indagaron por ellas en distintas partes, pero al no
tener pistas sobre su paradero, los levitas se dirigieron a la Brigada de Institutos
Militares (BIM) donde eran llevados todos los presos, allí hablaron con el director, el
general Miguel Vega Uribe quien de entrada negó tener a las dos señoras en su poder,
sin embargo después de varias visitas el general tuvo que reconocer que las trabajadoras
habían sido arrestadas y que el Cinep se encontraba bajo investigación debido a los
presuntos nexos con Alfredo Camelo. Las señoras serían liberadas poco tiempo después
pero sus relatos contarían sobre actos de torturas en los centros de reclusión, así se
enteraron también que los sacerdotes Restrepo y Arango eran buscados también por las
autoridades.22
En estas circunstancias, el juez tercero de instrucción penal militar Luis Eduardo López
dictó auto de detención contra los padres Restrepo y Arango quienes fueron recluidos en
el Casino de Oficiales de Infantería. El diario “El Siglo” afirmó que los jesuitas habían
sido detenidos por estar directamente vinculados con la muerte de Pardo Buelvas. Dicha
información debió ser rectificada por el padre Gerardo Arango, quien envió a la prensa
un comunicado donde afirmó sobre los religiosos: “Estos padres están comprometidos
22 Según los padres Alejandro Angulo y Fernán González, las señoras fueron recluidas en las caballerizas del norte de Bogotá donde eran vendadas y despertadas a la madrugada y encerradas con los demás prisioneros. Las señoras salieron de su detención, diez días después de su captura pero quedaron muy traumatizadas, por lo que tuvieron que dejar sus trabajos en el CINEP:
91
en su trabajo pastoral especialmente con los más pobres y rechazan todo tipo de acción
violenta” (El Espectador, 1979, 27 de mayo, p. 11A). La defensa de los jesuitas fue
puesta a cargo del abogado y mayor retirado Alirio Caycedo Gutiérrez cuyo primer acto
fue solicitar al juez López que llamase a declarar a Álvaro Gómez Hurtado, director del
“Siglo” debido a que Alfredo Camelo había trabajado en ese diario antes de su llegada
al Cinep; el objetivo era conocer como era la actuación del individuo antes de su llegada
al centro (El Espectador, 1979, 30 de mayo, p. 1A), sin embargo dicha solicitud fue
rechazada. Igualmente el abogado Caycedo debió desmentir informaciones difundidas
por “El Tempo” las cuales afirmaban que los religiosos tenían conocimiento de los
planes de Camelo Franco y demás miembros del MAO para asesinar al ex ministro
Pardo Buelvas (El Espectador, 1979, 30 de mayo, p. 2A).
La detención de los sacerdotes desató un nuevo debate en torno al concordato y quien
tenía la competencia para juzgar a los religiosos. Los primeros en manifestarse fueron
los abogados Jorge Enrique Cipagauta y Miguel Antonio Cano, quienes tres años atrás
habían defendido a los religiosos cartageneros vinculados con el ELN. Según los
juristas era un error creer que el fuero eclesiástico que cubría a los sacerdotes “opera
solamente en la etapa del juicio pues se trata de una colisión de competencia entre dos
jurisdicciones especiales, como lo son la ordinaria y la castrense y no entre dos jueces
de instrucción, en este caso entre el señor comandante de la Brigada de Institutos
Militares y el señor juez superior del distrito judicial de Bogotá y esa es la doctrina del
Tribunal Disciplinario al respecto”, por tanto al haber ya jurisprudencia sentada en estos
casos los jesuitas debían ser llevados ante la justicia ordinaria. De igual manera se
pronunciaron los miembros de Sacerdotes para América Latina (SAL), Organización de
religiosas para América Latina (ORAL), cristianos por el socialismo (CPS) y grupos
cristianos por la Liberación Nacional y el Socialismo, en su comunicación estas
organizaciones defendieron el carácter del artículo 20 del concordato y afirmaban que
los cuarteles militares se habían convertido en “cárceles comunes a donde llevan todo
tipo de detenidos y criminales comunes y presos políticos.” (El Espectador, 1979, 31 de
mayo, p. 10A).
Por otro lado, el Cinep envió un comunicado a la prensa de 6 puntos en los cuales
podemos destacar la explicación de las funciones del centro el cual era definido como
“una institución dedicada a investigar las causas de la injusticia social en el país y a
92
divulgar los resultados de esa investigación a través de la educación, las publicaciones y
la colaboración con las personas comprometidas en la abolición de esa injusticia”: Del
mismo modo, el comunicado reiteraba el compromiso del Cinep y la condena a los actos
de violencia: “La orientación evangélica del Cinep y las condiciones morales de sus
miembros hacen incompatible su actuación en esta búsqueda de la justicia social con
cualquier tipo de actividad terrorista. Por esto, la institución y todos sus miembros
condenaron en su momento el asesinato del doctor Pardo Buelvas y rechazaran y
condenarán en el futuro actos similares.” también en su comunicado, el Cinep afirmaba
que “Las relaciones de los padres Restrepo y Arango con el señor Camelo no
constituyen (...) ninguna prueba de complicidad en las actividades terroristas de que es
acusado el señor Camelo pues estos las ignoraban.” (El Tiempo, 1979, 31 de mayo, pp.
1A y última A)
Tres semanas después, el Cinep publicó una misiva a los obispos del país donde
denunciaba que el centro era víctima de señalamientos injustificados por parte del
Estado y afirmaba que esta actitud ponía en peligro los procesos de evangelización en
América Latina y que el objetivo estatal era torpedear la labor de la Iglesia: “En el caso
de la detención de los padres Arango y Restrepo, no se trata de un hecho aislado; la
detención de los sacerdotes, por parte de los militares colombianos. Se trata de una
nueva muestra de la persecución a la que se ven sometidos los cristianos, sacerdotes,
religiosos y obispos que buscan una mayor justicia en Latinoamérica. Es bastante sabido
que en algunos países del continente la “Doctrina de la Seguridad Nacional” que quiere
estorbar todo tipo de evangelización que busque denunciar y erradicar la situación de
pecado estructural imperante. Se sabe igualmente que en Colombia se han dado algunos
pasos que pueden conducir a un régimen de fuerza y opresión tal como el que rige en el
cono sur latinoamericano” (El Espectador, 1979, 20 de junio, p. 8A)
Por otro lado se realizó el 27 de junio en el Cinep el foro “Justicia Militar y Fuero
Eclesiástico” donde se analizó la situación del Concordato y la Justicia Penal Militar a
raíz de la detención de los sacerdotes. Destacados juristas discutieron en torno a la
situación de los jesuitas detenidos por el caso Pardo Buelvas. Para el Doctor Alfredo
Vásquez Carrizosa el concordato había sido violado desde el primer instante en que los
jesuitas ingresaron en prisión, pues el concordato es un tratado internacional que
implica que los sacerdotes no podían ser juzgados como personas comunes. En segundo
93
lugar el doctor Jaime Vidal Perdomo manifestó que la política de Estado de Sitio no
implica modificaciones al Concordato, el cual es una ley de carácter superior por lo que
no puede ser alterada por una ley de carácter ordinario como el Estado de Sitio. El
abogado Jorge Enrique Cipagauta recordó el caso de Cartagena en el que una monja y
dos sacerdotes fueron detenidos y gracias a la mediación del Arzobispo de la ciudad y
paso por distintos tribunales lograron que el Tribunal Disciplinario de Bogotá
reconociera que los sacerdotes no podían ser juzgados por los militares. Finalmente el
Magistrado Miguel Lleras Pizarro ratificó que si bien no estuvo de acuerdo con el
concordato en la manera en que planteó esta ley, se convierte en el único instrumento de
la defensa de los sacerdotes jesuitas y asimismo ratificó que la política de estado de
Sitio no ha podido disminuir los índices de violencia y delincuencia.23
A pesar de estos señalamientos y las denuncias sobre irregularidades en el proceso, el
abogado Alirio Caycedo Gutiérrez, declaró que no se estaban presentando violaciones al
concordato, como se había denunciado. Según el abogado aunque lo concerniente al
juzgamiento de religiosos era asunto de la justicia ordinaria, esto no obstaba para la
actuación de la instrucción penal militar. Asimismo, los jesuitas estaban recluidos en el
Casino de oficiales el cual no se podía considerar como una “cárcel ordinaria” de las
que prohibía el concordato. El abogado de los religiosos dio un parte de tranquilidad
argumentando que tan pronto como terminase la parte investigativa, los sacerdotes
pasarían a manos de un juez ordinario quien también recibiría el expediente con la parte
investigativa (El Espectador, 1979, 4 de junio, p. 16A).
En medio de esta polémica situación, apareció publicada en la prensa una carta de
Alfredo Camelo Franco en la cual el individuo afirmaba que nunca había inculpado a
jesuitas como se afirmó inicialmente, también Camelo reiteró que había sido víctima de
torturas por parte de las Fuerzas Militares durante su detención: “Los sacerdotes Luis
Alberto Restrepo y Jorge Arango son por lo demás ajenos a mis actividades personales
y mucho más a las circunstancias casuales y ajenas a mi voluntad que determinaron el
hecho de que mi nombre apareciera vinculado a las actividades de la organización
Autodefensa Obrera (...) Deben saber también los colombianos que durante los primeros
13 días de mi detención, tiempo durante el cual fui sometido a toda suerte de vejámenes
23 Las principales conclusiones de este foro pueden encontrarse en la edición 74 de la serie Controversia “Iglesia y Justicia Militar”
94
y sofisticados tratamientos de tortura física y psicológica, se me quiso obligar en forma
reiterada, por parte de los torturadores a que profiriera distinto tipo de acusaciones, que
me eran señaladas por ellos contra diferentes personas entre los cuales se encuentran
varios sacerdotes jesuitas además de los tenidos (...) estas presiones a las que fui
sometido también incluían que acusara directamente a la Compañía de Jesús y al Cinep
como supuestas coberturas para financiar a las organizaciones M-19 y Autodefensa
Obrera” (Alternativa, 1979, 21-28 de junio, p. 10).
Con base en estas declaraciones, el abogado Caycedo Gutiérrez solicitó al general Vega
Uribe que revocase el auto de detención contra los religiosos argumentando que las
cartas implicaban una exculpación a los religiosos pues Camelo era el único que podía
acusarlos y hasta ahora la única prueba de los militares contra los religiosos era que con
ellos había trabajado Camelo. El abogado afirmó que en caso de que el general
rechazase la solicitud de revocatoria, los sacerdotes debían pasar inmediatamente a
manos de la justicia ordinaria (El Espectador, 1979, 24 de junio, p. 20A).
Sin embargo, la solicitud del abogado Caycedo Gutiérrez, fue desatendida por el general
Vega Uribe quien dio prioridad al proceso contra el MAO. Cuya fase de instrucción
militar estaba finalizando. En esta situación fue dejado en libertad el sindicado
Fernando Orjuela Lozano quien se desempeñaba como profesor de la Universidad
Externado y había sido vinculado como miembro del MAO por su militancia en el
“Partido Obrero Revolucionario” al cual se le atribuían varias acciones armadas contra
la aerolínea Iberia, sin embargo las capturas habían permitido que esta organización se
disolviese en 1976, al poco tiempo de su nacimiento, con base a este argumento a
Orjuela Lozano le fue revocado el auto de detención que le había sido impuesto en abril
de este año, junto a Camelo y los demás miembros del MAO, los cuales quedaron a
disposición del general Miguel Vega Uribe quien actuaría como juez de primera
instancia y debería decidir si convocaba a los detenidos a consejo de guerra (El Tiempo,
1979, 22 de junio, p. 6C).
El general Vega Uribe convocó para el martes 3 de julio al MAO a consejo de guerra,
en su providencia se dejó en libertad Israel Edmundo Zuñiga y María Maritza
Rodríguez contra quienes no había pruebas suficientes de su vinculación al MAO. De
esta manera los miembros del MAO fueron juzgados por el homicidio de Rafael Pardo
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Buelvas y por el delito de rebelión. Por un lado por el magnicidio del ministro fueron
llevados ante la justicia Alfredo Camelo Franco, Manuel Bautista González alias “Raúl”
y Armando López Suárez alias “Coleta”, también fueron sindicados del homicidio
Héctor Fabio Abadía Rey y Edgardo Abadía Rey quienes serían juzgados como reos
ausentes. Por otro lado, se juzgo por rebelión a los otros seis miembros del MAO: Juan
Manuel González Puentes y Héctor Julio Sierra quienes se encontraban presentes
mientras que Claudio Arturo Medina24, Mariana Amaya Rey, Constanza Abadía Rey y
Adelaida Abadía Rey serían juzgados en calidad de reos ausentes. En cuanto a los
jesuitas, estos quedarían en manos de la justicia ordinaria, instancia que determinaría su
inocencia o culpabilidad. (El Tiempo, 1979, 29 de junio, pp. 1A y 2A)
4.6. La intervención del Ministro de Justicia
Mientras se desarrollaba el juicio al MAO y se definía la suerte de los jesuitas, el 28 de
junio fue inaugurado el Foro Regional Costeño sobre la reforma a la justicia. En este
evento, participó el ministro de justicia Hugo Escobar Sierra, quien hizo una defensa del
Estatuto de Seguridad y la justicia penal militar pues argumentaba que bajo la nueva
legislación los procesos “son más rápidos, eso es lo que no les gusta a las víctimas del
estatuto y los que protestan tienen que ver con esas personas”, del mismo modo, el
ministro restó importancia a las denuncia sobre presos políticos en el estatuto afirmando
que “en el momento en que los integrantes de esos movimientos políticos se
comprometen con delitos comunes hay que sancionarlos y más que antes”. A partir de
estas aseveraciones el ministro afirmó: “Hay plena prueba de que Camelo fue el asesino
de Pardo Buelvas, los jesuitas si no participaron directamente, les garantizo que tiene
parte como cómplices”, del mismo modo el ministro consideró que aún no se sabe quien
mató a Jorge Eliécer Gaitán, pero ahora, gracias al Estatuto de Seguridad el crimen “de
24 Aunque este individuo fue juzgado como reo ausente, según el testimonio de Héctor Fabio Abadía (Behar, 1985, p. 148) a Claudio Medina: “lo llevaron a la Brigada de Institutos Militares donde padeció crueles torturas. Cuando Medina se negó a colaborarles lo degollaron con una botella, luego el teniente Juan Vicente Caldas lo empacó y salió en su carro hacia Honda, para luego tirarlo en el río Magdalena (...) Para nosotros, el compañero Claudio había desaparecido. Días después, el teniente Caldas tuvo problemas en el aeropuerto El Dorado mientras recogía un cargamento de droga (...) Como no le definían nada y el tiempo pasaba, un día decidió contar cosas: escribió una carta en la que entre otras cosas, se refería a la muerte del compañero, desmintiendo las versiones según las cuales el compañero había muerto víctima de una ráfaga en la nuca”
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Pardo Buelvas ya fue esclarecido, ahí en la cárcel esta Camelo y los jesuitas” (El
Espectador, 1979, 29 de junio, pp. 1A y 5A).25
La declaración del ministro encontró expresiones de rechazo desde distintas posiciones,
la primera vino del abogado Alirio Caycedo, quien al día siguiente de la intervención
del ministro envió a la prensa un comunicado en el que se afirmaba que el ministro
violaba el debido proceso que se estaba siguiendo a los religiosos ya que el alto
funcionario “parece olvidar principios universales de derecho que presumen la
inocencia del acusado mientras no se haya demostrado lo contrario ante las autoridades
competentes y que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en el juicio
con el lleno de las formalidades procedimentales”, del mismo modo el abogado
afirmaba la actitud del ministro llevaba a “querer justificar su nefasto estatuto de
seguridad con base de imputaciones a personas inocentes...” (El Espectador, 1979, 30
de junio, pp. 1A y 5A).
Los jesuitas detenidos también se manifestaron enviado una carta a su provincial
Gerardo Arango, la cual fue publicada por la prensa, en su carta los religiosos hacían
explícita su condena a la muerte de Rafael Pardo Buelvas, sin embargo hacían un
llamado de atención pues consideraban que la justicia se había convertido en
mecanismo para combatir a los ciudadanos que propugnaban por cambios sociales: “El
juicio anticipado del Sr. Ministro, más que un juicio en contra nuestra ha juzgado la
actual administración de justicia en nuestra patria y es una advertencia a todo el país de
que la ley ha pasado a ser, sin embozo una simple herramienta de combate contra todos
aquellos que buscan una nación más justa, más fraterna y más humana (...) repudiamos
el vil asesinato del Dr. Pardo Buelvas y no queremos que nadie invoque nuestro nombre
para legitimar esas formas antievangélicas e irracionales del terrorismo estéril (...) Pero
condenamos también y sobre todo, la violencia oficial en la administración de justicia,
la violencia militar, la violencia de un sistema que condena al marginamiento a la
ignorancia, al hambre y a la muerte prematura a miles de nuestros hermanos. Esta es la
25 Cuando el Ministro terminó su intervención, ese día, según “El Espectador” el profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Alfonso Jacquín preguntó al ministro “¿De que plena prueba habla y cómo se atreve a garantizar antes del juicio que por lo menos como cómplices serán juzgados los sacerdotes? ¿No está usted en este momento prejuzgando?” Ante este cuestionamiento el ministro se limitó a sonreír y expresar un breve comentario “ministro de justicia”
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violencia más atroz puesto que es ejercida desde el poder por la “gente de bien”, en
nombre de la ley y la justicia” (El Tiempo, 1979, 1 de julio, p. 11A).
Ante esta situación, el ministro Escobar Sierra negó haber dicho en el foro que había
plena prueba de la culpabilidad de los religiosos. Aún así afirmó que las pruebas estaban
demostrando que los jesuitas tenían vínculos y complicidad con Alfredo Camelo, por lo
que estaban en la obligación de explicarle al país “cuales han sido y son sus relaciones
con el señor Alfredo Camelo (...) También deben decir en que tipo de actividades han
trabajado conjuntamente dentro o fuera de la ley”. El ministro estaba tan seguro de sus
afirmaciones que decía: “No necesito conocer el sumario ni prueba particular alguna
sobre el asunto, porque la conclusión es obvia y clara. A nadie se le dicta un auto de
detención por su linda cara” (El Tiempo, 1979, 1 de julio, p. 11A).
Las pruebas a las que hacía mención el ministro eran dos cartas enviadas presuntamente
por Alfredo Camelo a los sacerdotes desde la prisión, cuyo lenguaje mostraba una gran
confianza con los sacerdotes detenidos. Las cartas contenían una serie de instrucciones a
los sacerdotes, donde les pedía a los sacerdotes apoyo a su esposa Adelaida Abadía Rey,
que se encontraba prófuga, así como búsqueda de apoyo y solidaridad internacional, así
como la corroboración en la coartada que Camelo iba a presentar en su defensa ante la
justicia.26 Según Escobar Sierra los religiosos debían decir a la ciudadanía “como
recibieron la carta que distribuyeron a la prensa recientemente y si ellos son el medio de
comunicación que dicho señor (Camelo) tiene con sus cómplices, con sus amistades o
con su familia.” e instó a los sacerdotes a que contaran “si son ellos los que difunden en
el exterior versiones de supuestas torturas en el país.” (El Tiempo, 1979, 1 de julio, p.
11A).
Por otro lado, el Provincial de los jesuitas, Padre Gerardo Arango pidió a la
Procuraduría General de la Nación iniciar investigación contra el Ministro Escobar
Sierra debido a abuso de su poder como ministro al prejuzgar y violar la reserva
sumarial. El provincial envió un comunicado a la prensa donde afirmaba que “estos
hechos descubren un doloso manejo de este proceso con el objetivo de desacreditar a
personas e instituciones”. De igual manera el provincial pedía el pronto traslado de los
26 La carta fue conocida por los medios pero presentada de manera fragmentaria por los medios hasta el 1º de Agosto fueron dadas a conocer en su totalidad a la opinión pública.
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sacerdotes a la justicia ordinaria, pues las declaraciones del ministro habían
obstaculizado este proceso. El padre Arango ratificó su confianza en los jesuitas “no
solamente por su trayectoria moral sino por su sincero rechazo de todas las formas
violentas de buscar cambios sociales” (El Tiempo, 1979, 3 de julio, p. Última B).
Tal denuncia tuvo una pronta respuesta del Ministro Escobar Sierra, quien en un
comunicado afirmó que “el hecho de que exista un auto de detención vigente contra los
padres jesuitas Luis Alberto Restrepo y Jorge Arango demuestra que en el proceso penal
por la muerte del ex ministro Pardo Buelvas aparecen pruebas o indicios de presuntas
violaciones de la ley penal” e igualmente, el ministro afirmaba que la solicitud de
denuncia del padre Gerardo Arango era prueba de las garantías de la democracia
colombiana: “En un país democrático como el nuestro en pleno ejercicio de las
libertades públicas y de los derechos y garantías sociales resulta saludable y conveniente
que los ciudadanos denuncien a los altos funcionarios por los actos que cumplen en el
ejercicio de sus funciones. Así lo ha hecho el provincial de la Compañía de Jesús
reverendo padre Gerardo Arango y el ministro le reconoce y respeta ese derecho” (El
Tiempo, 1979, 4 de julio, pp. 1A y 2A).27
Dirigentes políticos se unieron a las críticas del Provincial hacia el Ministro de Justicia.
Luis Carlos Galán en su columna del Tiempo fustigó a la tendencia conservadora a la
que pertenecía el Ministro Escobar Sierra, pues para el dirigente liberal la Iglesia “Dejó
de ser en todo caso, el dócil instrumento político del pasado y se convirtió en verdadero
factor de reflexión nacional capaz de denunciar las injusticias sociales y de asumir
posiciones suprapartidistas sin compromiso alguno con los diversos sectores políticos
nuevos y tradicionales (...) Siendo como es el Cinep una expresión de esa nueva iglesia
que busca otros términos de diálogo con la sociedad contemporánea, era apenas lógico
el afán del señor ministro por instrumentalizar el episodio no solo para desconceptuar a
los dos sacerdotes detenidos sino para golpear algo más profundo que ni siquiera es el
Cinep sino el espíritu renovador que alimenta el catolicismo de nuestro tiempo.” (El
Tiempo, 1979, 23 de julio, p. 2A)
27 Por otro lado, el Procurador Guillermo González Charry tuvo que responder al diario “El Espacio” debido a que este le acusó de haberse puesto del lado del ministro Escobar Sierra en la polémica de este con los jesuitas, según el Procurador el auto de detención conferido a los religiosos sería mantenido pero que los ministros no contaban con funciones judiciales.
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Una posición similar tomó el dirigente conservador Misael Pastrana Borrero, en un
editorial de la revista Guión calificó al ministro como la “voz que disonado en el coro
tranquilo y sin ‘alharacas’ del gobierno del presidente Turbay” del mismo modo,
Pastrana afirmó que el ministro tenía cada vez peor imagen en la opinión pública porque
“Cada día que pasa parece más difícil que se quede en el archivo de las cosas
circunstanciales que se olvidan la precipitada y ligera condenación por “pruebas
suficientes” que el ministro hizo públicamente contra dos sacerdotes jesuitas,
marginando obligaciones sagradas de la ley y la costumbre sobre la reserva del sumario
y con desconocimiento del derecho que es derecho humano de toda persona de no ser
condenada sin haber sido oída ni vencida en juicio” Otra gran crítica del ex presidente
Pastrana hacia Escobar Sierra fue que el ex ministro en un debate radial “pretendió
luego sembrar ingenuamente la duda de una supuesta sanción del superior general de los
jesuitas, padre Arrupe contra el padre Arango mencionando una determinación de
traslado a Roma tomada desde el mes de abril” (El Tiempo, 1979, 27 de julio, p. 2A)
Sobre este último punto encontramos como se quiso justificar una agresión contra los
jesuitas a partir del cambio del padre Gerardo Arango por el padre Álvaro Restrepo
como provincial de la Compañía (Alternativa, 1979, 5-12 de julio, p. 3).
La polémica entre los religiosos y el ministro Escobar Sierra, tomó un rumbo
inesperado cuando el abogado Alfonso Jacquín, miembro del movimiento FIRMES
reveló la grabación con las palabras exactas del ministro en el Foro donde inició la
polémica: “si esos sacerdotes jesuitas no participaron en el acto material del crimen de
pardo Buelvas, les garantizo sin temor a equivocarme, que tienen una responsabilidad
complementaria, bien como cómplices o como encubridores y que la prueba es
suficiente” las declaraciones del ministro no fueron respaldadas ni siquiera por el diario
“El Siglo”, que dirigía Álvaro Gómez Hurtado, a cuya tendencia política pertenecía el
ministro (Alternativa, 1979, 12-19 de julio, p. 10).
En estas circunstancias y en medio de esta fuerte polémica, los sacerdotes Arango y
Restrepo fueron puestos a disposición de la justicia ordinaria el 3 de julio, acorde con
las normas concordatarias, los religiosos quedaron bajo tutela de su provincial. Los
jesuitas abandonaron las instalaciones de la Brigada de Institutos Militares y trasladados
al colegio San Bartolomé donde permanecerían durante su juzgamiento (El Tiempo,
1979, 4 de julio, p. 2A). En esta nueva etapa, fue sustituido el defensor de los religiosos
100
Alirio Caycedo, el cual sería sustituido por Antonio José Cancino, para Alejandro
Angulo director del Cinep resumió toda esta situación que se venía presentando como
“el crimen de la libertad de pensamiento (...) Por definición, en una democracia debe
existir una oposición. Y la oposición significa crítica. (...) en el caso de las sociedades,
cuando una clase dominante se siente amenazada, su grado de tolerancia de la
democracia disminuye porque la crítica puede llevarla a la entrega del poder. En ese
momento, ante la inminencia de la crisis de poder, la oposición se convierte en
subversión...“ (Alternativa, 1979, 5-12 de julio, pp. 3-4). Con esto, el Cinep daba a
entender que la lucha aún no había terminado y que ahora debía empezar una larga
defensa de los religiosos en la parte ordinaria, la cual sería paralela al juicio al MAO.
4.7. El juicio al MAO
Los miembros del MAO fueron juzgados en un consejo de guerra iniciado el 3 de julio.
El consejo fue presidido por el coronel Fernando Gómez Barros y ejerció como fiscal el
coronel José Roberto Ibáñez, este último tuvo en primer lugar la palabra ante los
vocales. El coronel Ibáñez presentó en primer lugar dos confesiones realizadas en vídeo
por Alfredo Camelo y Armando López Suárez, las cuales afirmó el fiscal fueron
obtenidas sin presión. Ante esto último Alfredo Camelo protestó afirmando que fue
colgado de los brazos en un lugar conocido como “Los Cerezos”. Para el fiscal, la
confesión de estos individuos permitió establecer las circunstancias en que se presentó
la muerte de Rafael Pardo Buelvas (El Tiempo, 1979, 28 de julio, pp. 1A y 6A).
En su confesión, Alfredo Camelo se convirtió en el delator del MAO y sus actividades
Asegurando que temía por su vida, Camelo afirmó haber hecho parte de distintos grupos
de izquierda como el Partido Comunista, la ANAPO socialista, entre otros antes de
ingresar a la Universidad Nacional donde conoció a Adelaida Abadía Rey, quien más
tarde se convertiría en su esposa y con la que tuvo un hijo. A través de ella pudo
conocer a los hermanos Edgardo y Héctor Fabio Abadía Rey, con quienes sostuvo
reuniones para hablar de comunismo. Poco después Camelo conoció a Manuel Bautista
González con quien decidió formar el Movimiento Obrero Colombiano, al cual se
unieron los hermanos Abadía Rey y después del paro cívico del 77 se convirtieron en el
Movimiento Autodefensa Obrera de la cual hacía parte el Comando 14 de septiembre
cuya primera acción fue un asalto a la sede de Telecom en Chapinero donde se sustrajo
101
el revólver de un vigilante y mil pesos en efectivo. También, Camelo contó que había
tomado parte en el asalto a bancos y en la toma del Ministerio del Trabajo. En cuanto al
magnicidio de Rafael Pardo Buelvas, Camelo explicó que el grupo venía explorando
tres posibles personas para realizar un magnicidio el 14 de septiembre: El ex presidente
López Michelsen, el general Abraham Varón Valencia y el ex ministro Rafael Pardo
Buelvas. Este último fue el elegido debido a la gran vigilancia con la que contaban los
dos primeros, el crimen estaba planeado para el 14 de septiembre, pero el ministro
viajaría ese día por lo que debió adelantarse. Camelo confesó haber proveído los
uniformes militares y ser parte del diseño de la operación, sin embargo, fue marginado
de la misma debido a diferencias con los demás miembros de la organización (El
Tiempo, 1979, 28 de julio, p. 6A).
Por otro lado, fue presentado el testimonio de Armando López Suárez quien afirmó que
se unió al MAO por medio de Alfredo Camelo y Manuel Bautista González pues el
MAO prometió apoyo a su movimiento la Undetoc (Unión de toreros de Colombia).
López Suárez confesó haber puesto una bomba en la carrera décima así como haber
hecho parte en los asaltos a Telecom y al Banco de la Feria de Exposición. López
Suárez también afirmó que el 8 de septiembre fue contactado por Camelo y Bautista
González quienes le propusieron que fuera parte del homicidio contra Pardo Buelvas (El
Tiempo, 1979, 28 de julio, p. 6A). Ya antes López Suárez había denunciado desde el
momento de su captura, torturas por parte del ejército: “Me pusieron un lazo en el cuello
por encima del cuello de la chaqueta como para que las quemaduras del lazo no
quedaran grabadas en mi cuello y me colgaron en tres ocasiones hasta quedar casi
ahorcado; desde que me llevaron al Batallón Baraya me tuvieron los ojos vendados y las
manos esposadas atrás. En esa misma forma una noche me colgaron de los brazos, me
bajaron los pantalones y me golpearon los testículos y el estómago” (Alternativa, 1979,
1-8 junio, p. 11).
A partir de estas dos confesiones y de los testimonios de testigos de los sucesos, el
coronel Ibáñez Sánchez dio a los vocales su explicación sobre la forma como ocurrieron
los sucesos de la muerte de Pardo Buelvas. Según el fiscal del caso, Manuel Bautista
González y Héctor Fabio Abadía se disfrazaron con los uniformes militares proveídos
por Camelo y junto con Edgardo Abadía y Armando López Suárez se dirigieron a la
residencia del ex ministro en un automóvil Dodge 1500 que habían robado el 29 de
102
agosto. Los sujetos habían cambiado las placas del vehiculo por unas de un pariente del
ministro Pardo Buelvas para no levantar sospechas. El vehículo fue conducido por
Edgardo Abadía quien dejó a su hermano Héctor y a Bautista González unos metros
atrás de la casa del ministro, luego esté avanzó y se estacionó cerca de la residencia de
Pardo Buelvas. Mientras tanto, Bautista González y Héctor Fabio se dirigieron a la casa,
engañaron a la doméstica y a la esposa del ministro con supuesta información sobre
planes de seguridad para el 14 de septiembre. Una vez dentro, ambos sujetos se
dirigieron a la habitación del ministro y allí Héctor Fabio comenzó a disparar con su
revólver sobre Pardo Buelvas, en tanto que Bautista González amenazaba a su esposa y
a sus trabajadores. Según el juez, esto se constató en las pruebas de balística que
demostraron que todas las balas que dieron muerte al ministro eran de un mismo calibre
de revólver que era el arma de Héctor Fabio Abadía, mientras que Bautista González
tenía una pistola (El Tiempo, 1979, 31 de julio, pp. 1A y 13A).
Mientras tanto afuera de la casa, López Suárez y Edgardo Abadía controlaban al chofer
del ministro con lo que pudieron proteger a sus compañeros Héctor Fabio y Bautista
González una vez que estos salieron. Poco después su automóvil comenzó a fallar por lo
que descendieron del mismo Bautista González y López Suárez, mientras que los
hermanos Abadía Rey dejaron abandonado el auto en un sitio cuya dueña dijo que había
sido dejado por dos jóvenes de ciertas edades que coincidían con las de los Abadía Rey.
Por otro lado la descripción que Yesid Santos, chofer de Pardo Buelvas hacía del
individuo que lo inmovilizó coincidía con la de López Suárez. En cuanto a Camelo, el
fiscal afirmó que los análisis de caligrafía mostraban que la escritura de los boletines del
MAO adjudicándose el crimen coincidía con la de Camelo cuya tula había aparecido en
el auto de los asesinos. De esta manera, el fiscal pidió la condena para Héctor Fabio
Abadía como autor material del crimen y contra Alfredo Camelo Franco, Armando
López Suárez, Manuel Bautista González y Edgardo Abadía Rey como cómplices. De
igual manera se pidió la condena para los sindicados de rebelión salvo para Héctor Julio
Sierra, para quien pidió la absolución pues su conducta no fue punible y fue obligado
(El Tiempo, 1979, 31 de julio, p. 13A).
A partir de estos señalamientos los abogados de los sindicados defendieron a sus
clientes utilizando como argumentos las irregularidades presentadas en el proceso.
Primero habló el abogado Eduardo Umaña Mendoza, defensor de Juan Manuel
103
González Puentes, acusado de rebelión. Según Umaña Mendoza, González Puentes
había sido capturado el 26 de abril de este año en la cafetería Modelo en la calle 45 con
carrera 80 en Bogotá y se le encontró en su poder material para explosivos, por lo cual
se le sindicó de ser el autor del atentado contra la Empresa Distrital de Buses, lugar
cercano a la cafetería. Umaña Mendoza afirmó que González Puentes no era ningún
“idiota” para ir a desayunar a pocas cuadras del lugar de los sucesos con material para
fabricar bombas. De igual manera, el abogado comprobó que González Puentes ya había
sido detenido antes por cuenta de las declaraciones de un individuo llamado Ernesto
Charry Montealegre, que lo sindicó de ser fundador de una escuela guerrillera y haber
atentado contra una patrulla de la defensa civil, delitos por los que fue acusado de
rebelión y absuelto. Sin embargo, a partir de las declaraciones de Alfredo Camelo, fue
nuevamente llamado a juicio bajo los cargos de hacer parte de la dirección del comando
14 de septiembre del MAO, a través del cual realizó la toma del teatro San Carlos.
Sobre estas acusaciones, Umaña Mendoza afirmó que el comando 14 de septiembre se
creó hasta 1978 y que la toma del teatro había sido realizada en julio de 1977. A partir
de esto, el abogado recordó que el delito de rebelión es “permanente y continuado”, por
tanto si se estaba juzgando a González Puentes por contravenciones similares a los que
ya había sido juzgado, sería enjuiciado dos veces por el mismo delito, algo
inconstitucional. Finalmente Umaña Mendoza pidió la nulidad del caso y denunció que
su cliente no se encontraba en plenas condiciones para responder los interrogantes ya
que había sido torturado como lo relata el propio González Puentes: “Me acaban de
sacar de las caballerizas donde me tuvieron vendado, sin alimentación y esposado,
sometido a torturas. Me obligaron a decir cuestiones que no corresponden a la verdad.
Cuando me tuvieron en Puente Aranda me golpearon con objetos duros especialmente
en los testículos y en la caballeriza me pusieron choques eléctricos en las partes nobles.
Me quisieron obligar a firmar un papel en que constaba que me habían dado buen trato
pero yo me negué” (El Tiempo, 1979, 1 de agosto, pp. 1A y 2C).28
28 De igual modo, el abogado Umaña Mendoza denunció que mientras que González Puentes estaba siendo juzgado por rebelión con base en simples sospechas, a Jesús Franco Galeano, lo liberaron en abril y permitieron que se exiliara en México, a pesar de ser el confeso asesino de un estudiante de apellido Orjuela. De igual manera el abogado denunció que no se llamó a testigos que se encontraban cerca de la casa de Pardo Buelvas el día de su muerte. También denunció que el uso de las confesiones en vídeo solo podría ser válido si se hubieran realizado grabaciones a todos los implicados. (Alternativa, 1979, 13-20 de Septiembre, p. 13)
104
Por otro lado, encontramos la declaración de Manuel Bautista González, cuyo abogado
Raúl Alberto Burbano afirmó que contra su defendido no había más prueba que los
testimonios de Camelo Franco y López Suárez, los cuales habían sido obtenidos por
medio de la tortura, por lo que pudieron hacer falsas aseveraciones. Bautista había sido
capturado en la misma cafetería con González Puentes, sin embargo Bautista manifestó
que ese día esperaba en dicha cafetería al ciudadano José Herrera y negó conocer a
Camelo y a López Suárez, asimismo recordó que sus huellas no fueron encontradas en
el auto de los asesinos, para Bautista González: “el día que aparezcan los verdaderos
culpables esta condena llenará de oprobio al ejército de Colombia”.
Se encuentran argumentos similares en las defensas de los ausentes hermanos Abadía
Rey. Por un lado el abogado de Edgardo, Gilberto Cucalta afirmó que igual que con
Bautista González, las únicas pruebas en su contra eran los testimonios de Camelo y
López Suárez por tanto debía ser absuelto. En cuanto a Héctor Fabio, el abogado Óscar
de Jesús Bolívar manifestó que la descripción del asesino realizada por las empleadas de
Pardo Buelvas no coincidía con la de su cliente. Por otra parte, la abogada Gloria Lucy
Zamora Patiño, apoderada de Héctor Julio Sierra afirmó que los delitos por los cuales se
juzgaba a su defendido “pintar avisos en las paredes y fijar afiches subversivos” habían
sido declarados inexequibles por al Corte Suprema de Justicia (El Tiempo, 1979, 1 de
agosto, p. 2C).
El juicio concluyó con la defensa de Alfredo Camelo y de su esposa Adelaida Abadía.
El abogado de esta última, el capitán Jorge Tadeo Lozano Nieto, manifestó que el
testimonio de Camelo Franco contra su esposa carecía de legitimidad debido a que
Camelo no había sido informado de que ningún ciudadano podía declarar contra sus
familiares aún cuando fuera obligado. A su vez, habló el abogado Luis Castro Murcía,
defensor de Camelo Franco, quien afirmó que su defendido había vendido la tula
encontrada en el auto de los asesinos a otro sujeto llamado Orlando Charry, el cual
había sido acusado de ser parte del MAO, este sujeto después de confesar que asesinó a
un estudiante, se exilió en México. Del mismo modo, Camelo reiteró sus afirmaciones
de que había sido torturado para declarar contra sus compañeros, asimismo afirmó que
intentaron sobornarlo durante el interrogatorio, por lo que declaró a sí mismo como “un
delator irresponsable porque para salvarme tuve que meter en este lío a un torero y a un
zapatero que están pagando lo que no deben (...) me vi precisado a acusar a mi esposa
105
para que no me maltrataran más”, por tanto Camelo se declaró culpable por el destino
de sus compañeros acusados, más no del crimen de Rafael Pardo Buelvas (El Tiempo,
1979, 4 de agosto, pp. 1A y 8A ).
El consejo de guerra encontró culpables a los miembros del MAO con excepción de
Héctor Julio Sierra, quien fue absuelto. Los sindicados por el asesinato de Pardo
Buelvas, Camelo Franco, Bautista González, los hermanos Héctor Fabio y Edgardo
Abadía Rey y Armando López Suárez recibieron penas entre 15 y 20 años de prisión
por el delito de homicidio agravado y entre 3 y 12 años por rebelión. De igual manera,
los demás miembros del MAO recibieron penas entre 3 y 12 años por el delito de
rebelión (El Tiempo, 1979, 29 de agosto, pp. 1A y 3A).29 A lo largo de este proceso
también se utilizaron como prueba las discutidas cartas que Camelo envió a los
sacerdotes jesuitas, pues en ellas, Camelo inculpaba a otros miembros del MAO, pero
también intentaba inculpar con ellas a los sacerdotes jesuitas que debieron
controvertirlas en un proceso jurídico paralelo al juicio contra el MAO que
analizaremos a continuación.
4.8. ¿Una persecución?
Mientras se desarrollaba el consejo de guerra al MAO, los jesuitas fueron puestos bajo
órdenes del juez segundo superior de Bogotá Rafael H. Pinzón. Inicialmente, los
abogados Alirio Caycedo y Antonio José Cancino pidieron al juez la nulidad de todo lo
desarrollado durante la etapa de la instrucción militar, con el argumento de que había
una nulidad de competencias para que los militares pudieran juzgar religiosos. Sin
embargo, dicha solicitud fue negada por el juez quien afirmaba que era imperiosa la
necesidad de un careo entre los sacerdotes y Alfredo Camelo para determinar la
veracidad de las pruebas que justificaban la acusación (El Tiempo, 1979, 19 de julio, p.
Última B). Las pruebas acusatorias contra los religiosos eran las cartas de supuesta
autoría de Alfredo Camelo, las cuales habían sido enviadas después de que este mismo
sujeto absolvía a los sacerdotes de cualquier conocimiento de sus actividades en otra
misiva que había sido presentada tiempo atrás. Según Inteligencia Militar, las cartas
29 Las penas más altas fueron las de Camelo Franco, Héctor Fabio Abadía Rey y Manuel Bautista González quienes recibieron penas de 20 años prisión por homicidio agravado y entre 6 y12 años por rebelión. Por otro lado la pena únicamente por rebelión más alta fue la de Juan Manuel González Puentes que recibió 12 años, mientras que los demás recibieron penas de 2 a 6 años.
106
habían sido incautadas a la hermana de Alfredo Camelo cuando esta salía de la cárcel
con ellas, luego del decomiso, los militares las fotocopiaron y se las devolvieron a la
hermana de Camelo, quien supuestamente, las hizo llegar a manos de los sacerdotes (El
Tiempo, 1979, 1 de agosto, p. 6A).
En las cartas, Camelo asumía una posición donde daba cuenta a los sacerdotes de todas
sus actividades en un lenguaje que denotaba una gran confianza con los religiosos, a
quienes asignaba algunas tareas como buscar libros, entregar información a otras
organizaciones de izquierda, proteger a su esposa y a su hijo o buscar apoyo
internacional de organismos como Amnistía Internacional. En su carta a Jorge Arango,
Camelo Franco ratificaba las torturas que había sufrido en prisión así como expresaba
un cierto grado de satisfacción con el crimen del ex ministro: “Ya habrán declarado a
voz en cuello que yo quebré al maldito oligarca pardo Buelvas, la burguesía tocada por
primera vez en mucho tiempo ha puesto su grito en el cielo, pidiendo venganza contra
los criminales de su ilustre ejecutado. Ellos no nombran ese medio centenar de familias
pobres que vieron llegar el luto a sus hogares por la orden consciente y concisa de
matar, que impartió el mingobierno p. Buelvas al ejército en ese memorable 14 de
septiembre; lástima que los ajusticiados no hayan sido más”.
De igual manera en su carta a Luis Alberto Restrepo, Camelo pedía al religioso
confirmar una coartada sobre el día de los hechos de la muerte de Pardo Buelvas, según
la cual Camelo estaría en el Cinep durante los sucesos, también Camelo le pedía al
prelado que declarase que éste nunca lo había visto con Manuel Bautista González alias
“Raúl”: “Yo aquí dije a los torturadores que perdían su tiempo conmigo pues ese día yo
estaba a esa hora en una reunión donde trabajaba o sea en Cinep. Fíjate bien que aunque
lo de la reunión lo inventé es necesario sostenerlo y aclarar eso pronto. Es mi única
posibilidad de quitarme el cargo por homicidio. Dime, ¿no es posible que hay alguien
por ejemplo Tikes ó Manolo o vos, que puedan decir que estábamos en una reunión
desde las ocho y cuarto y evaluando el trabajo? Esto es imprescindible hermano, mira
bien la gravedad de la situación y verás que sin eso estoy perdido (...) Anhelo otra cosa,
es que nadie diga nunca por ningún motivo que vieron a Raúl conmigo.” En ambas
cartas, Camelo ratificaba que a pesar de las torturas infligidas por los militares, no había
dicho nada de información sobre contactos del Cinep con el MAO (El Tiempo, 1979, 1
de agosto, p. 6A).
107
La publicación de las cartas en la prensa, suscitó una airada protesta por parte del Cinep
que en un comunicado firmado por el padre Alejandro Angulo, en el cual afirmaba que
la publicación de las cartas buscaba justificar la condena anticipada contra los religiosos
proferida por el Ministro de Justicia. En su comunicado, el Cinep consideraba detrás de
esta revelación había una “calumnia contra una institución que ha cometido el crimen de
opinar que las políticas socio económicas de los últimos gobiernos no favorecen al “50
por ciento más pobre de la población” como demagógicamente afirman sus ingenieros”.
Del mismo modo, había un cuestionamiento hacia el manejo que los medios habían
hecho de las cartas pues no se había verificado su autenticidad, validez y existencia real.
También el Cinep cuestionaba la labor de los militares en el caso, pues “Si la BIM
conocía la autoría de Camelo desde los días inmediatamente siguientes al magnicidio
¿por qué se postergó su detención seis meses cuando sabían de su paradero y
actividades?” (El Tiempo, 1979, 2 de agosto, p. 6C)
A la publicación de las cartas siguió la presentación de la confesión en video de Alfredo
Camelo, por parte del periodista Juan Guillermo Ríos. En ella se mostró a un Camelo
que evidenciaba signos de tortura y que estaba siendo obligado por los militares a
confesar y declarar contra los demás miembros del MAO y los sacerdotes, lo que sus
torturadores deseaban (Alternativa, 1979, 9-16 de agosto, pp. 2-3). De igual manera, el
periodista hacía una injuriosa presentación del Cinep y sus actividades con base en la
presentación de un folleto donde se explicaban las labores del centro, cuyo mensaje fue
tergiversado por Ríos (El Tiempo, 1979, 4 de agosto, p. 5A).
A pesar de que el juez del caso solicitó desde julio un careo entre los religiosos y
Alfredo Camelo, éste no pudo darse sino al terminar el consejo de guerra al MAO en
agosto. Así, seis días después de la condena del grupo, los religiosos se vieron con
Camelo Franco en las instalaciones del batallón Rincón Quiñones. En los
interrogatorios, Camelo negó haber escrito las cartas y desconocía el origen de las
mismas e igualmente los sacerdotes negaron haberlas recibido y afirmaron que solo se
enteraron de la existencia de las mismas por los interrogatorios militares. En estas
diligencias, el Fiscal dejó constancia de que los originales de las cartas se extraviaron
(El Tiempo, 1979, 10 de agosto, pp. 1A y 8A), Por tanto, las pruebas de los militares
108
contra los religiosos eran unas fotocopias de las cartas, pues las originales nunca
aparecieron.
A partir de estos sucesos y de las irregularidades procesales, comenzó a ser cuestionada
la credibilidad del testigo Alfredo Camelo. Según la revista Alternativa (1979, 9-16 de
agosto, p. 8), el proceso presentaba una serie de inquietudes: “Primero como alguien
que se presenta como revolucionario y militante de un movimiento ultraclandestino
puede escribir cartas semejantes, donde no deja por fuera detalle de sus actividades ni
de las personas que conoce. Segundo como es posible que además de escribir cartas
como estas, las envía a desprevenidos destinatarios. Y además las envíe desde la cárcel
donde no se requiere ser muy revolucionario para saber que toda correspondencia es
rigurosamente interceptada.”. Del mismo modo, Camelo, en sus confesiones sindicaba a
otros partidos y movimientos de izquierda, cuyos miembros coincidieron en que
Camelo era un individuo de sospechosa conducta caracterizado por su falta de seriedad
por lo que fue marginado de varias organizaciones: “los colombianos pudieron ver esta
vez a Camelo (...) mencionando su participación en otras organizaciones políticas como
la Juventud Comunista (JUCO) y el Movimiento FIRMES. Sobre este último,
ALTERNATIVA consultó a miembros de la JUCO que afirmaron que durante el breve
período en que estuvo en esa organización, camelo llegó a ser investigado por sus
actitudes y sospechosa procedencia. Voceros de Firmes, manifestaron, por su parte que
Camelo había participado en una o dos reuniones de un subcomité durante la etapa de
formación del movimiento, pero que había sido rápidamente marginado por sus posturas
exaltadas e inmaduras.”. La revista también resaltó los interesantes hechos de que la
hermana de Camelo era becaria de la Universidad Militar y su actitud en la universidad
Nacional donde lo llamaban el “compañero clandestino” por “la charlatanería infantil
con que hablaba a los cuatro vientos de la lucha armada”.
Con base en estos señalamientos, el Cinep comenzó a plantear la hipótesis de que el
MAO estaba siendo infiltrado por el ejército y que Camelo Franco tendría a su cargo
dicha labor. Según el padre Alejandro Angulo: “Camelo estuvo tal vez infiltrado en el
Cinep ya que es imposible que la brigada desconociese nuestra ubicación y a nuestros
colaboradores pues tenemos conciencia de que nos vigilan” (El Tiempo, 1979, 5 de
agosto, p. 4B). Las denuncias llevaron a que el propio General de la Compañía de Jesús,
el padre Pedro Arrupe afirmara que tenía “plena fianza en los jesuitas y plena confianza
109
en los dos padres que han sido encarcelados (...) Con el tiempo y siguiendo las normas
de la justicia humana ciertamente se arreglarán las cosas y se verá que esos dos padres
han procedido con buenísimas intenciones y creo que en el fondo son enteramente
inculpables” (El Tiempo, 1979, 13 de agosto, p.14A).
Las irregularidades que se venían presentando, llevaron a que el abogado Cancino
interpusiese una demanda ante el Tribunal Superior de Bogotá en la cual se daba
constancia de las irregularidades procesales que salpicaban el caso, como la
desaparición de pruebas en los expedientes que debían ser enviadas a los jueces
superiores por la brigada de institutos militares. Del mismo modo, el abogado de los
religiosos sustentaba su demanda en las normas concordatarias, pues de acuerdo con
estas la justicia penal militar nunca debió tener el manejo de este caso (Alternativa, 179,
16-23 de agosto, p. 14). Estas denuncias fueron enviadas también a la Procuraduría
General de la Nación, a la cual el abogado Cancino notificó que en los careos a los
religiosos se hicieron preguntas que no tenían nada que ver con el caso (El Tiempo,
1979, 23 de agosto, p. 11A). Estos atropellos se sumaron a una larga argumentación
para que el ministro de Justicia Hugo Escobar Sierra fuese citado a debate en la cámara
de representantes por los parlamentarios Gilberto Vieira y José Cardona Hoyos.
En estas circunstancias se produjo un allanamiento por parte de las Fuerzas Militares a
la “Casa de la Juventud”, ubicada en el barrio Teusaquillo de Bogotá y la cual estaba
bajo control de los jesuitas. La operación se realizó en la madrugada del 3 de septiembre
y en la casa solo se encontraba el estudiante Jorge Alberto Guerrero, quien administraba
la casa y la empleada de servicio Rosa Guerrero. Como resultado de la acción, se
incautaron dos espadas que habían sido obsequiadas a la comunidad jesuita así como
algunos libros. La militares también detuvieron a la muchacha de servicio, pero pocas
horas después fue dejada en libertad; esta última acción fue justificada por los agentes
argumentando que había cierto parecido entre la muchacha y una mujer que había
tomado parte en acciones guerrilleras. En cuanto a las espadas, se creía que podrían ser
las robadas por el M-19 unos años atrás, pero esta aseveración quedó sin argumentos y
las espadas fueron regresadas a la comunidad (El Tiempo, 1979, 4 de septiembre, pp.
1A y 6A).
110
La Brigada de Institutos Militares envió a la prensa un comunicado donde hacía una
justificación del allanamiento argumentando que allí podrían encontrarse dos miembros
de la organización guerrillera Pedro León Arboleda PLA cuyos alias eran “Irma” y
“Arturo”. Del mismo modo, los militares aducían que no sabían que casa era la que
estaban allanando y que la información de la posible ubicación de los guerrilleros les
llegó por medio de una mujer detenida. En su comunicación los militares aseveraban
que sus acciones no tenían nada contra la Iglesia o la Comunidad jesuita (El Tiempo,
1979, 4 de septiembre, p. 6A).
Este último suceso destapó el asombro de Monseñor Aníbal Muñoz Duque, que hasta
entonces había tenido una actitud pasiva con respecto al caso de los jesuitas. El alto
prelado pidió explicaciones al provincial de los jesuitas, Álvaro Restrepo quien había
escrito una carta a la Brigada de Institutos Militares en la cual expresaban su “más
enérgica protesta por el procedimiento adoptado”. Del mismo modo exigían pronta
respuesta a las acciones de los militares pues estas estaban gestando en la población un
“tremendo prejuicio moral social” contra la Compañía de Jesús (El Tiempo, 1979, 4 de
septiembre, p. 6A). Por otro lado, el abogado Cancino afirmó: “El comunicado de la
BIM debe entenderse como una disculpa no deja de ser poco convincente el hecho de
que los militares no supieran que casa estaban allanando, pues antes de esta diligencia
debe efectuarse una investigación más o menos detallada” (Alternativa, 1979, 6-13 de
septiembre, p. 8).
Por otro lado, los funcionarios judiciales justificaban su accionar. En la plenaria del
congreso, durante el debate en el que fue citado, el ministro Hugo Escobar Sierra
además de defender el respeto a los derechos humanos que había hecho el gobierno en
la vigencia del estatuto de seguridad, y afirmaba que detrás de las denuncias estaba: “la
subversión con caracteres que no tienen antecedentes en años atrás, es que este
expediente de las torturas se ha convertido también en un instrumento de defensa y de
agresión al régimen como es natural”. En ese mismo debate el ministro no cesó sus
ataques verbales contra los jesuitas a quienes todavía consideraba responsables de los
sucesos que les eran imputados según el ministro, el auto de detención que había
cubierto a los religiosos estaba ya dado cuando se pronunció en el Foro de Barranquilla,
por tanto el ministro no necesitaba tener conocimiento del expediente para expresarse
sobre el caso ya que: “yo no he dicho que es lo que aparece en el expediente, porque ni
111
lo conocía ni lo conozco, no necesito conocerlos, el auto de detención está vigente”. De
igual manera el ministro justificó el allanamiento a la casa de la juventud jesuita,
afirmando que en las declaraciones de la informante del ejército, esta afirmó que la casa
era usada para reuniones clandestinas de jóvenes, probablemente pertenecientes a los
movimientos guerrilleros (El Tiempo, 1979, 6 de septiembre, pp. 1A y 6B).
También se defendió el comandante de la BIM, el general Miguel Vega Uribe, quien
calificó la situación como un “capítulo triste” y argumentando en primer lugar que la
casa de la juventud no podía considerarse como una “casa religiosa” por tanto no había
violación alguna a la ley en el allanamiento. Del mismo modo, el general afirmaba que
en la casa había sido encontrada propaganda subversiva, por lo que los militares tenían
el derecho y el deber de actuar: “Tener propaganda subversiva no es delito; lógicamente
para uno es un indicio cuando encuentra una persona con esta clase de propaganda”
Igualmente el general prosiguió con una extensa defensa de la justicia militar y las
atribuciones judiciales otorgadas en el estatuto de seguridad y afirmó que los
contradictores a la legislación eran los subversivos: “el estatuto de seguridad no le
conviene a los pícaros, no le conviene a los violentos, no le conviene a la subversión.
Yo creo que la mayoría de voces contra el estatuto tiene que salir de estos estamentos”
(El Tiempo, 1979, 9 de septiembre, pp. 1A, 6A y 7A).
Dos semanas después del allanamiento, el Tribunal Superior de Bogotá se pronunció de
manera favorable al caso de los jesuitas, anulando lo actuado por la Justicia Penal
Militar. El tribunal basaba su decisión en el artículo 20 del concordato, el cual establecía
la garantía jurídica para los religiosos del fuero eclesiástico, por lo que los miembros de
las comunidades religiosas sólo podían ser jugados por la justicia ordinaria. La ponencia
fue redactada por el magistrado José María González y aceptada de forma unánime por
los magistrados Jaime Pardo Leal y Raúl Trujillo Cortés. Para dar soporte jurídico a esta
decisión, los magistrados se sustentaban en el fallo del caso de Cartagena de 1977, el
cual estableció que al ser el concordato un tratado de carácter supranacional, este debía
ser respetado por el Estado colombiano, sin importar las legislaciones extraordinarias
que haya tomado el mismo (El Tiempo, 1979, 19 de septiembre, pp. 1A y Última A).
Al ser anulado el proceso, no había cargos contra los jesuitas por lo cual quedaron en
libertad. La Compañía de Jesús se pronunció al respecto del fallo de manera
112
satisfactoria pues este establecía jurisprudencia sobre el valor del concordato ya que este
era: “una garantía para la misión profética y evangelizadora de la Iglesia”. Del mismo
modo el provincial reconocía que “los padres exigieron que no resolicitara su libertad
hasta tanto no quedara plenamente el procedimiento justo y legal en torno al
concordato” Por otro lado, el abogado Cancino consideraba que la sentencia permitiría
poner en evidencia las irregularidades en las pruebas y el proceso contra los jesuitas
pues “en ningún momento ni autoridades militares ni autoridades civiles han hecho
cargos a los padres Arango y Restrepo”, del mismo modo para el jurista, el fallo
permitiría dar por terminada la “persecución contra la comunidad jesuita como ha
ocurrido en el caso concreto de los allanamientos al Cinep, sin acta de ninguna
naturaleza y a la casa de la juventud” (El Tiempo, 1979, 19 de septiembre, p Última A).
Así, el 18 de septiembre los jesuitas dejaron su sitio de reclusión, el colegio San
Bartolomé, después de cuatro meses de presidio. Ante la prensa ambos sacerdotes
manifestaron que habían vivido una “pesadilla”. Para el padre Restrepo, era una
injusticia que tuviesen que recurrir al concordato para su defensa: “No nos halaga
mucho tener que recurrir al concordato para nuestra libertad, en cuanto este puede
significar un privilegio para la casta sacerdotal. Sin embargo dadas las condiciones
políticas del país y de América Latina es importante conservar ese margen legal que
crea el Concordato para poder asumir consecuentemente las orientaciones del
episcopado latinoamericano que invita a tomar una opción preferencial por los pobres,
por los pobres, por los explotados, como también una búsqueda de un cambio
estructural y un rechazo al sistema capitalista dependiente que existe en América Latina.
Además en las actuales circunstancias de represión el fuero concordatario lo único que
garantiza es un juicio no tan parcializado como es el de la justicia penal militar”. De
igual manera el padre Restrepo resumía el proceso como “una ofensiva iniciada contra
los sectores de la Iglesia que empiezan a poner en práctica las orientaciones episcopales
de Puebla. Quizá se asumió en esta campaña el ataque a instituciones relativamente
fuertes para probar el terreno, puesto que si podían derribar el Cinep, después no sería
problema atacar a otros sacerdotes y religiosos.” (Alternativa, 1979, 20-27 de
septiembre, pp. 10-11).
Por otro lado, el padre Jorge Arango afirmaba que la detención era una prueba de que el
nuevo papel de la Iglesia en el continente era conflictivo con los poderes establecidos
113
por lo cual era perseguida por estos: “La Iglesia desde muchos años atrás y
precisamente a causa de los regímenes existentes se va volviendo un elemento
“peligroso”. Va pasando de ser un elemento de legitimación del sistema a elemento de
no-legitimación del mismo. Entonces estos regímenes deciden atacarla. (…) En
América latina se han dado numerosos casos de represión contra sacerdotes e incluso
contra obispos: más de ochocientos sacerdotes han sido detenidos o torturados.
Tampoco es el primer caso en Colombia. Y seguramente se seguirán presentando estos
hechos pues por una parte la orientación política de los gobiernos está orientada a
construir estados autoritarios, de democracia restringida y con fuerte influencia militar
mientras por parte de la Iglesia la tendencia es hacia un cambio estructural en busca de
una situación social más justa.” (Alternativa, 1979, 20-27 de septiembre, p. 10).
Las denuncias de los religiosos contra el ministro Hugo Escobar Sierra no dieron efecto
pues este fue absuelto por la Procuraduría con el argumento de que en las palabras del
ministro no hubo nunca sindicación de culpabilidad contra los religiosos. Del mismo
modo, el general Luis Carlos Camacho Leyva manifestó que los militares acataban la
decisión de la nulidad de los cargos contra los religiosos pero no la compartían. “aunque
yo no comparto jurídicamente el fallo estoy totalmente de acuerdo con que la majestad
de la república expresada por el tribunal de Bogotá debe respetarse” (El Tiempo, 1979,
20 de septiembre, p. 10A). Después de su salida de prisión los religiosos retornaron a
sus actividades académicas.
Muchas preguntas surgen a partir de este caso, ¿era realmente Camelo el culpable de la
muerte del ministro?, ¿un infiltrado de los militares? ó ¿un hombre movido por la
desesperación de las torturas? No tenemos certeza sobre estas afirmaciones. Pocas
semanas después de la condena, Armando López Suárez y Juan Manuel González
Puentes se fugaron de la cárcel La Modelo junto con ocho presos más (El Tiempo, 1979,
13 de septiembre, pp. 1A y 1C)30, sin embargo González Puentes fue abatido en febrero
de 1980 por el F-2 de la policía (Alape, 1985, p. 341). Por otro lado, dos meses después
de la fuga, en noviembre un escuadrón del MAO asaltó un banco en Bogotá y resultaron
30 La fuga se dio el 12 de Septiembre, precisamente a un año del crimen de Rafael Pardo Buelvas. Esta acción fue un atentado llevado al MAO contra la cárcel la Modelo, cuya pared fue dinamitada desde afuera, a primeras horas de la mañana, aunque una segunda versión afirma que el muro fue dinamitado desde adentro con un plan bien estimado por los fugitivos, ya que los ladrillos de la pared del penal salieron disparados hacia el exterior del mismo. Como resultado de la acción murió un guardia de la cárcel llamado Rito Aurelio Gómez.
114
ser los hermanos Héctor Fabio, Edgardo y Adelaida Abadía Rey, junto con Mariana
Amaya Rey. Edgardo sin embargo fue abatido por la policía (El Tiempo, 1979, 20 de
noviembre, pp. 1A y 10A). Los sujetos fueron recluidos en prisión, donde Héctor Fabio
Abadía fue objeto de torturas que fueron documentadas en un informe de Amnistía
Internacional (Behar, 1985, pp. 143-144).31
Lo que vino después para el gobierno Turbay no fue fácil. Las denuncias de las
violaciones a los derechos humanos, llevaron a que Colombia fuese visitada por una
misión de Amnistía Internacional a principios de 1980, en el cual se hacía mención a
estos casos, el informe reconocía la “existencia de presos políticos, lo mismo que la de
violaciones a los derechos humanos. Se consignaba también como los funcionarios del
gobierno colombiano, atribuían la denuncia de torturas a un plan de presuntos agentes
de la subversión para desacreditar al gobierno y como, según las mismas fuentes
oficiales, las organizaciones guerrilleras eran las principales responsables de la
violencia contra las instituciones del país, por lo cual estaba justificado reprimir toda
forma de subversión en defensa de la Seguridad Nacional.” (Cinep, 1981, p. 56), el
informe y sus contenidos fueron rechazados por el gobierno. El desprestigio del régimen
debido a las denuncias de violaciones de derechos humanos, contrastaba con el espacio
que estaban ganando las organizaciones guerrilleras como actores políticos de primer
orden. Esto llevó al gobierno a intentar otorgar una amnistía a los grupos insurgentes,
sin embargo esta fue rechazada debido a que ninguna de las dos partes en conflicto
estaban dispuestas a la rendición, y la amnistía estaba pensada para una subversión
derrotada militarmente. Esto llevó a que la paz entre el estado y los grupos armados se
convirtiese en tema vital de la campaña política, ya que la solución militar había
fracasado. Esta situación permitió el ascenso de Belisario Betancur (Ramírez y
Restrepo, 1988, pp. 49-51).
La política de Betancur buscó el diálogo y la paz con los grupos armados por lo que
intentó otorgarles una amnistía. Frente a esta, el MAO experimentó una ruptura entre
sus miembros. Por un lado una parte del grupo aún apoyaba la lucha armada y
consideraba que abandonarla sería una traición a sus principios, sin embargo otra
31 Según el examen físico, Héctor Fabio Abadía presentaba un estado de desnutrición, cicatrices en la parte alta de la espinilla. Así como una progresiva pérdida de la visión por un golpe contundente en su ojo izquierdo, debido a las torturas que sufrió durante su detención.
115
facción del grupo consideraba que la exigencia de la ciudadanía era la de realizar
política por las vías legales y consideraban que esta era su oportunidad de hacerlo
(Behar, 1985, pp. 373-377).32 Finalmente el MAO se acogió a los mismos acuerdos a
los que el gobierno llegó con las FARC, el M-19 y el EPL. En 1984 una parte del grupo
se suscribió al acuerdo con el gobierno en la sede de la Federación de Trabajadores de la
Industria Metalúrgica y la otra firmó el acuerdo en la cárcel La Picota, finalmente el
grupo decretó el cese al fuego y se integró a la Unión Patriótica (Ramírez y Restrepo,
1988, pp. 173-174)
En 1987, nueve años después del crimen de Pardo Buelvas, por buena conducta, estudio
y trabajo en prisión quedaron en libertad Manuel Bautista González, Héctor Fabio
Abadía y Alfredo Camelo Franco (Celis, 2008). Aún así, la violencia en el país no cesó,
si bien Betancur intentó alcanzar la paz con los guerrillas, estos diálogos no prosperaron
prueba de ello fueron la toma y retoma del Palacio de Justicia. Por otro lado el país
comenzaría a sufrir los alcances y poder del narcotráfico con el asesinato del Ministro
Rodrigo Lara Bonilla y el nacimiento del MAS con lo cual comenzaría a cubrir al país,
la sombra del paramilitarismo y finalmente debemos considerar que los militares
continuaron funcionando con su teoría antisubversiva, lo cual dificultó en el futuro,
efectivos procesos de paz y de apertura política.
Del mismo modo, hubo continuidad en el conflicto entre la jerarquía eclesiástica y el
clero base, pues la jerarquía ha persistido en su apoyo al Estado aunque ya es más
tolerante con posiciones de oposición. Particularmente estos sucesos de represión, lejos
de debilitar la labor de la Iglesia contestataria, la fortalecieron. Particularmente el Cinep
continuó con la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de soluciones a los
problemas sociales así como a la búsqueda de la paz. Así, el centro implementó nuevos
programas en zonas altamente conflictivas como el Magdalena Medio. El Cinep entraría
en una etapa que se vería opacada por el vil asesinato de dos de sus colaboradores en
199733, pese a esto el centro sigue su labor hasta el día de hoy.
32 Declaraciones de una entrevista de Olga Behar con Carlos Efrén Agudelo, miembro de la dirección nacional del MAO. 33 Nos referimos a Mario Calderón y a Elsa Alvarado asesinados el 19 de mayo de 1997.
116
CONCLUSIONES
Los casos que hemos analizados nos han permitido ver que las relaciones entre la Iglesia
y las fuerzas militares en los años setenta estuvieron determinadas por la posición que
cada uno de estos estamentos asumía con respecto al Estado. Mientras los militares se
mantuvieron firmes y se unificaron en torno al respaldo al gobierno, la Iglesia se dividió
entre la jerarquía que apoyaba al Estado y el sector progresista que desde el mensaje
cristiano buscaba cambios sociales. La división de la Iglesia propició el ambiente para
que los militares viesen a los sectores de oposición como amenazas que debían ser
combatidas.
El Estado colombiano fue incapaz de dar solución a problemas políticos y sociales del
país y por el contrario, prefirió buscar distintos medios para defender su legitimidad y
para ello se valió de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia, las cuales desempeñaron un
importante papel como respaldo a la institucionalidad. En el caso de los militares, esto
se explica en que el Estado asumió las huelgas y movilizaciones no como problemas
sociales, sino como situaciones de orden público y seguridad por lo que dejaban su
solución en manos de los militares; los cuales a su vez, asumían estos problemas como
amenazas contra la institucionalidad del Estado por lo que debían ser combatidas con
rigor. Del mismo modo, el sector castrense consideraba que la causa de estos problemas
era la subversión, la cual debería ser combatida en todos sus flancos, por lo que la
acción militar debía combinarse con la lucha contra de los “focos de la subversión”, los
cuales estaban en los movimientos opositores. De esta manera, las atroces acciones de
las guerrillas sirvieron como pretexto y justificación a los militares para perseguir a
grupos de izquierda y organizaciones legales de oposición.
Por otro lado, la Iglesia colombiana en aras de mantener su status privilegiado prefirió
alejarse de la realidad social del país y optó por asumir un papel de defensa del Estado y
legitimación de sus instituciones; esto la llevó a desconocer los profundos cambios
sociales del país por lo que perdió influencia en la sociedad. Esta situación llevó a que
un grupo de religiosos buscasen un cambio en las estructuras sociales desde la labor
social con los menos favorecidos y la labor académica e investigativa, la cual se
combinaba con el mensaje cristiano. Sin embargo, estos religiosos enfrentaban no sólo
al establecimiento, sino también a sus superiores, los jerarcas y obispos que fueron
117
incapaces de asumir los cambios sociales y por el contrario apoyaron al Estado y sus
políticas y descalificaron a los religiosos de oposición, lo que dio pretexto al gobierno
para que estos fueran perseguidos.
El principal motivo de persecución contra los religiosos de oposición, radica en que sus
actividades representaban un desafío al orden establecido aún cuando en el desarrollo de
estas labores nunca intentaron llevar a cabo acciones que derrocasen al gobierno. Los
clérigos que realizaban labores sociales en las zonas de pobreza de las grandes ciudades,
debían enfrentarse con los intereses de sectores dominantes locales que iban en
contravía de los derechos de las comunidades. Del mismo modo, los religiosos
dedicados a los estudios económicos y sociales cuestionaban el modelo de desarrollo y
las desigualdades que este conllevaba, así como la corrupción del sistema político. Esto
condujo necesariamente al rechazo de los políticos y del gobierno en general contra
estos religiosos.
El enfrentamiento de los sectores de oposición con el Estado dio pretextos a los
militares para perseguirlos, usando como justificación presuntos nexos con los grupos
guerrilleros. Y como los militares adoptaron las determinaciones de la Doctrina de la
Seguridad Nacional, consideraban que los religiosos contestatarios también eran
partidarios de la extrema izquierda y por tanto un eventual foco de la subversión por lo
que podía ser enfrentado con la fuerza pública. En nuestros casos, los grupos armados
cuyas acciones justificaron la incriminación fueron el ELN y el MAO, los cuales fueron
considerablemente diezmados por la acción militar. Sin embargo no pudieron ser
encontrados nexos concretos de los religiosos con estos grupos, ni se pudo establecer
que hayan sido parte de ninguna de sus acciones.
Encontramos que las pruebas con que los militares intentaron condenar a los religiosos
opositores eran bastante controvertibles. Como sustento a las acusaciones vemos las
declaraciones de ciudadanos y guerrilleros detenidos, así como confesiones obtenidas
por medio de la tortura. Asimismo encontramos que en los procesos se construyeron
pruebas falsas como las cartas de Alfredo Camelo o se tejieron versiones e hipótesis
falsas como se ve en el uso que dieron los militares a los medicamentos y a la antena de
radio de los religiosos de Cartagena. Estas pruebas no eran constatadas, lo que llevaba a
que se procediera primero y se preguntara después. Así encontramos que tanto en los
118
gobiernos de López como en el de Turbay, se presentaron allanamientos y pesquisas
caracterizados por su violencia como ocurrió en Pasacaballos. En algunos estos casos se
detuvieron ciudadanos religiosos o no que debieron ser liberados poco después por falta
de pruebas concretas como ocurrió en la casa de la juventud jesuita. Sin embargo como
la información propagada por los militares era ampliamente difundida por la prensa, se
daba un alto cubrimiento a las acusaciones castrenses aún cuando estás causaban
desprestigio a los detenidos, a los que rara vez se les daba la oportunidad de
manifestarse o de dar respuestas a las sindicaciones en el momento en que estas
ocurrían.
Ante estos conflictos, debemos analizar la posición del episcopado, la cual nos permite
corroborar la hipótesis planteada; pues la jerarquía se mantuvo en su posición
intransigente de apoyo a los militares y al establecimiento. Por tanto, los religiosos de
oposición a pesar de ser parte activa de la Iglesia, no tuvieron respaldo de sus
superiores. Así, encontramos que mientras que los sacerdotes eran condenados por el
ejército, el cardenal Muñoz Duque recibía el nombramiento de Brigadier-Cardenal y
bendecía las entradas de los bancos o los sables extendidos de los soldados. Sin
embargo hay una diferencia notable en las posiciones de los altos prelados entre los
gobiernos de López y Turbay; pues en la administración López, obispos como
monseñor Isaza Restrepo y Uribe Urdaneta manifestaron su solidaridad con los
religiosos de Cartagena y Cali. En contraste, en el gobierno Turbay los altos prelados
guardaron silencio con respecto a los jesuitas del Cinep, que solo contaron con el apoyo
de su provincial; ni siquiera El Catolicismo se pronunció al respecto. La desconfianza
del episcopado hacia el Cinep se evidencia en este silencio y falta de respaldo contra
una institución que ya había sido condenada por en el documento Identidad Cristiana,
donde se acusaba al Cinep de ser un centro marxista.
En contraste con la división de la Iglesia, el sector castrense se mantenía en su posición
unificada de ratificación de sus acciones. Los altos mandos como el general Lema
Henao, el general Vega Uribe o el almirante Díaz Osorio respaldaban las acciones de
sus hombres. En repetidas ocasiones, los militares negaron las torturas y los excesos
cometidos en los allanamientos y pesquisas. Asimismo descalificaban las denuncias
argumentando que estas provenían de la subversión y afirmaban que sus acciones se
desarrollaban dentro de los marcos de la legalidad. Sin embargo, es notable que los
119
militares resaltaran su lealtad y reconocimiento de la importancia de la Iglesia Católica
después de sus acciones contra los religiosos opositores, argumentando que sus acciones
tenían exclusividad contra los grupos armados; esto se puede explicar en que los
militares no querían perder el respaldo de la jerarquía el cual les otorgaba legitimidad.
Por otro lado, debido a su labor de legitimadores del Estado, los militares recibían el
apoyo de la parte ejecutiva del sistema político que avalaba su campaña contra los
religiosos rebeldes. Esto se refleja en la solidaridad entregada por los ministros Gómez
Estrada, Pardo Buelvas y Escobar Sierra, quienes condenaban de manera anticipada a
los religiosos; así como por el procurador González Charry; que de manera constante,
afirmaba desconocer las irregularidades en las acciones de los militares. Con esto vemos
que efectivamente los militares gozaban de libertad en el Estado, el cual los avalaba
tanto en sus acciones como en sus interpretaciones de la ley.
Sobre este último punto, las fuerzas armadas de manera reiterada pusieron a la justicia
militar por encima de la ordinaria. Hemos visto que en los procesos que se seguían a
miembros de la Iglesia, los militares desconocieron la Constitución y las garantías que
otorgaba el concordato. Por tanto los abogados de los religiosos debieron acudir a
distintas instancias para garantizar un adecuado proceso a sus defendidos, sin embargo
los militares se negaban a aceptar las determinaciones de juzgados y jueces superiores.
Al final la suerte de los procesos contra religiosos era decidida en importantes cortes del
poder judicial como el Tribunal Disciplinario o el Tribunal Superior de Bogotá,
instancias a las cuales acudían los defensores como último recurso para hacer válida la
ley. Los fallos de estas entidades eran inapelables y conducían a la comprobación de la
inocencia de los religiosos acusados; desvirtuando así las acusaciones de los militares,
que pese a todo persistían en sus acusaciones y lamentaban las decisiones de la justicia
ordinaria.
Como hemos visto, los religiosos acusados tuvieron que valerse de las garantías del
fuero eclesiástico para defender sus derechos de los procesos militares. A diferencia de
otros presos políticos los clérigos lograron librarse de procesos con condenas seguras
gracias a las facultades del fuero eclesiástico. Aún así, los religiosos igual que otros
ciudadanos en los setenta sufrieron los excesos de las fuerzas militares como la tortura
así como el desprestigio. Sin embargo, los clérigos contestatarios persistieron en su
120
lucha, a pesar de haber perdido el apoyo de la jerarquía y de haber ganado el odio de los
sectores dominantes. Esto se demuestra en que nuevos sacerdotes y monjas han tomado
la bandera de los religiosos de los setenta y han continuado la labor social con los
menos favorecidos así como la función investigativa y la lucha por los derechos
humanos con un enfoque construido desde la doctrina cristiana, el cual ha debido ser
aceptado y tolerado por la jerarquía católica.
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