Impunidad y control social

7/29/2019 Impunidad y control social

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ACTIVIDAD 2 Alba Monedero

CONSECUENCIAS DE LA IMPUNIDAD Y CONTROL SOCIALJuan Giraldo realiza en este texto un anlisis necesario sobre los efectos psico estatales queconfluyen en las relaciones de criminalidad entre los ciudadanos y su gobierno en el marco dela impunidad. El anlisis revela que la aplicacin de polticas ajenas a la defensa del Estado deDerecho consigue mermar tanto la accin poltica como la resistencia psicolgica de aquellos

que denuncian sus formas de explotacin. En mi opinin creo que es importante sealar ydefinir a nivel terico estas estrategias tal como lo hace el texto, ya que permiten apoderarsede un discurso que desenmascare las formas de control social y abuso sobre la poblacin que elEstado aplica en niveles tanto conscientes como inconscientes.

El primer lugar, cabe sealar que una de las consecuencias ms apremiantes sobre lapoblacin, vctima de una represin larga y constante, es la desmotivacin y confusin respectoa los valores y los derechos interpersonales. En este sentido, el poder estatal ha conseguido alo largo de aos y dcadas, imponer un discurso social que pervierte los objetivos del Estado deDerecho al manipular los preceptos ideolgicos sobre los que se debera constituir el gobiernodemocrtico. En Colombia se ha construido una argumentacin de legitimacin de la violencia atravs de los poderes que la llevan a cabo. Las bases ideolgicas de las teoras del enemigo

internoy la seguridad nacionalhan dado pie a un marco legal ambiguo, en el que la confluenciadel poder judicial con el ejecutivo y militar ha permitido el establecimiento de la dictadurainterna. Dictadura representada tanto en la accin armada como en la comunicacin que seutiliza para justificarla, que se ampara en una democracia ms institucional que real, defendidapor la legitimacin de su proyeccin en el mbito organismos internacionales. El desamparo deun contexto internacional que investigue y procese los delitos cometidos por los Estados,permite establecer una legalidad interna sui generis, a la medida de las necesidades del poder.

La primera consecuencia para la poblacin es la desarticulacin. El Estado ya no es visto comouna construccin ciudadana, definicin legtima de la democracia, sino como un ente capaz deintervenir dentro de los asuntos sociales y privados al antojo y capricho del poder. Lasherramientas de defensa legal del ciudadano quedan desactivadas, por lo que es imposible

pensar en un mbito donde pueda emerger la justicia, que acabar perdiendo significado. staser una de las consecuencias de las que se aprovechar la propagandstica del Estado,redefiniendo los valores y la propia tica establecida en la Declaracin de los DerechosHumanos, en favor de justificar una actuacin bajo el Derecho crticode Guerra. Sin embargo,ste argumento ser utilizado slo a conveniencia, ya que la consideracin democrtica deColombia lo identifica como un gobierno pacfico, salvaguardando as una imagen que loresguarda de la persecucin legal. Para ello cuenta con importantes mecanismos, investigados ydenunciados por organizaciones independientes, pero que sin embargo se han perfeccionadodesde el inicio de la supuesta guerra contra el terrorismo: el fenmeno paramilitar, los falsospositivos, la reformulacin legal, el apoyo de Estados Unidos. Todo un conglomerado de actoresque hacen muy difcil la diferenciacin de la mano estatal dentro del conflicto, y que por eso seconvierte en una necesidad, tanto como un peligro, la denuncia directa de las acciones bajo lasque se esconde. Colombia cuenta con la misma redefinicin y proteccin de la seguridad de laque hace gala el todopoderoso Estados Unidos, lo que frente al nico poder que podra acusar yprocesar la accin violenta de su gobierno (el internacional), constituye el ltimo amparo de laviolencia institucional, y la forma ms eficaz para la desesperanza de la ciudadana, que noencuentra ninguna va de salida en la defensa de sus derechos.

Si el Estado defiende sus formas de violencia mediante el control de la justicia, y adems seampara en una jurisdiccin supuestamente universal, a qu marco ideolgico pueden atenerselas vctimas de la explotacin y la violencia? Una de las graves consecuencia del defensor de losderechos humanos es la falta de redes de apoyo y su desvinculacin a las instituciones. Elenfrentamiento frontal contra quien se supone que debera defender y administrar la justicia, yque sin embargo transgrede la misma constitucin del derecho que tiene que proveer, aparececomo una de las posturas ms arriesgadas y heroicas para el ciudadano. A pesar de que

Colombia es uno de los pases donde el alzamiento contra el poder unilateral se ha dado desdetiempos modernos, la toma de armas por el mismo gobierno ha constituido uno de los

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impedimentos para lograr la aplicacin de la paz por la misma va pacfica. As, a la vez que elEstado iba conformando su teora de la seguridad nacional, el ciudadano que intentara laresolucin poltica e institucional a los conflictos, se vea incluido en la definicin de "enemigointerno". Cualquier oposicin pblica a la actuacin del gobierno es susceptible de ser tratadacomo insurgente, y por lo tanto es merecedora de las formas violentas por los que se definencomo defensores del Estado democrtico, en favor de la paz. La contradiccin ideolgica es

flagrante, y sin embargo cuenta con el respaldo de Estados Unidos y de la inoperancia deinstituciones internacionales como la ONU.

El desnimo, desaliento y el abandono constituyen las manifestaciones psicolgicas mshabituales entre quien intenta denunciar y hacer pblica su oposicin a la violencia. El temor aser considerados como enemigos del Estado, y el conocimiento de las graves consecuenciasque puede tener para su integridad fsica, provocan que sean muchos los que desistan osimplemente no abran camino a la reclamacin de sus derechos. En ste sentido es donde enmi opinin deben actuar las organizaciones y acompaantes internacionales. Por un lado, endar apoyo moral y psicolgico a aquellos que ante el dolor y la rabia de verse agredidos por lasmismas instituciones que deberan defenderlos, no encuentran ningn camino para verresarcido el dao. Y por el otro, en ofrecer una esperanza institucional en aquellos que ya han

dejado de creer en el Estado de Derecho, a travs de la apertura de vas pblicas para que suvoz y sus reivindicaciones tengan un espacio para ser apoyados, en donde todava haya unaposibilidad para luchar por los derechos. Se podra conseguir as la regeneracin de laesperanza futura y la unin comunitaria a favor de los procesos pacficos y legales para laresolucin de conflictos y la construccin nacional. Tambin se abrira el camino para la presinexterna, a travs del apoyo de otras instituciones y gobiernos que ofrecieran una vigilancia y uncontrol sobre los Estados que incumplen el Derecho Internacional Penal (cargo que del quedebera hacerse cargo la ONU, pero que a da de hoy todava es inoperante por la incapacidadde articular una organizacin a escala global).

Puede existir el peligro de que los acompaantes internacionales se vean imbuidos de la mismasensacin psicolgica que la poblacin a la que estn intentando defender. En este sentido, lo

ms probable es que el hecho de llegar de otro contexto donde s se existen mecanismos decompensacin de la justicia, pueda generar todava ms paranoia social y ms miedo alenfrentamiento con los rganos de poder, a pesar de que stos se hayan revelado como losprimeros infractores de derechos. En este sentido, la situacin puede provocar que sean ellosmismos los primeros en retirarse de la primera lnea de la accin poltica. Sin embargo elamparo internacional es una buena arma para poder enfrentarse al poder, ya que se cuentacon el conflicto diplomtico y la resonancia internacional. En el caso de un afectado extranjero,la violencia en pases en conflicto tiene mucha ms repercusin, como se ha visto en casoscomo el secuestro de Ingrid Betancourt, que puso en portada la problemtica colombiana en lamayora de medios extranjeros. La seguridad que ello confiere les debera dar una posturamucho ms firme con respecto a la demanda de justicia, que ayudara a las vctimas a recobrarla confianza y la actividad poltica para conseguir la continuidad de la lucha pacfica.

En cuanto a la desacreditacin de la motivacin ideolgica y el descrdito social que sufre partede los defensores de derechos humanos, la comunidad internacional tiene una labor importanteque hacer. Por un lado en apoyar sus propuestas a travs del monitoreo y la presenciaindependiente que pueda evaluar la situacin e introducir elementos de justicia socialrepresentando un poder externo y tan slido como el mismo Estado. Esto slo ser posible si seconfronta los discursos de seguridad nacionaly enemigo internoque el Estado ha conseguidoimplantar para su impunidad con su adecuacin al Derecho Internacional. Por el otro, paraofrecer una alternativa tanto personal-psicolgica como moral-poltica al individuo. A pesar deque seguramente predomine la sensacin de "David contra Goliat", y que la desproteccin y lasoledad sean factores que vayan mermando la iniciativa y el esfuerzo individual, es importanteque quien se alce para reivindicar pblicamente los abusos y la injusticia, sea consciente de quesu postura cuenta con el apoyo y la defensa de otros ncleos que trabajan por el mismo fin.

Aunque no haya una proximidad fsica, que siempre sera ms deseable, es importante que eldefensor de derechos humanos tenga una comunicacin constante y fluida con otros

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defensores que son afines y estn implicados en su misma labor. El hecho de tener que estarconstantemente confrontando el discurso del poder hegemnico imperante, puede ser uncamino de desgaste que seguramente sirva como desmotivacin a las mismas vctimas.

Por ltimo, tambin es importante que se haga nfasis en el apoyo al marco legal y a lapersecucin internacional de los crmenes. A pesar de que est ampliamente contrastado el

amparo legal del que hace gala el gobierno colombiano, es importante que el mismo pas vayaabriendo espacios pblicos de juicio y procesamiento de los casos en los que se ha denunciadola intervencin del Estado. El oscurantismo a travs de la prdida de pruebas y la proteccin delos ejecutores de los crmenes, y el ocultamiento que ha habido de ello durante dcadas,imposibilita el esclarecimiento y el reconocimiento pblico de las prcticas histricas de laguerra sucia, pero es el paso ms decisivo para la reconstruccin pacfica de la situacin. Sidesde las instituciones pertinentes no se da una confianza en la resolucin, como en ocasionesha intentado Estados Unidos con el procesamientos de los narcotraficantes, y no se transfierenlos medios para los cuales sea el mismo Gobierno colombiano el primero en abandonar la luchaarmada, ste corre el riesgo de replegarse en las formas dictatoriales violentas a favor decontrolar una situacin en la cual no tiene capacidad de establecerse pacficamente. Es por esola necesaria interferencia de los defensores de derechos humanos, internacionales e

independientes, que avalen un posible proceso gradual de apaciguamiento y persecucin legalde los responsables, sin que por ello se deba desarticular toda la estructura gubernamental yaen funcionamiento.

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IMPUNIDAD EN ESPAA

Espaa, como Europa, es de los pocos territorios donde la separacin de poderes se ha

conservado como uno de los mximos estandartes democrticos. El mbito legal es uno de losms independientes del mundo, hasta el punto de haber generado una figura como la deBaltasar Garzn, que de alguna forma ha introducido una nuevo procesamiento internacional (el

juicio contra Pinochet fue un precedente para perseguir los crmenes contra la humanidad aescala global). Tambin Garzn es un ejemplo de la indeterminacin de los tribunalesinternacionales, representantes de Naciones Unidas, en cuanto a la observacin y denuncia decrmenes cometidos por gobiernos y Estados. El hecho de que se haya procesado a un dictadorextranjero dentro de una legislacin nacional ajena, es un sntoma de mal funcionamiento delas instituciones globales, que deberan ser las encargadas de la supervisin para la consecucinde la paz interna de cada pas.

Sin embargo, es tambin un sntoma de la buena regulacin de la justicia espaola, a pesar de

que el juez Garzn haya sido acusado numerosas veces de la persecucin de reconocimientopropio, ms que del establecimiento de la justicia. Pero ms all de los motivos, slo laposibilidad de que haya surgido esta figura, es una muestra de la confianza y la garanta legalque ampara a la ciudadana espaola. Por lo tanto, yo dira que en mi pas se vive en uncontexto de seguridad con respecto a las posibles interferencias de la autoridad en el derechoindividual. A pesar de ello, como en toda historia, en Espaa se han establecido unas dinmicasen las que la proteccin de poder y la complicacin en los procesos legales hacen muchas vecesdifciles la persecucin y el procesamiento de los responsables.

En el mbito ciudadano existen ejemplos dramticos como la violencia domstica. Cientos demujeres son asesinadas y agredidas sin que se ejecuten medidas efectivas para la eliminacinde esta tendencia. Una de las causas es la justicia, que no opera en un mbito individual, sino

que trata los casos y las vctimas segn un marco jurdico amplio que llega a excusar y alentarestrategias de evasin. El principal problema es la distancia que existe entre las institucionessociales y los ciudadanos, que en muchas ocasiones dificulta la comprensin del desarrollo y elcontexto de cada caso. En este sentido, la investigacin se puede convertir en un impedimentopara la aplicacin de la justicia, ya que el sistema legal puede llegar a dar pie a la manipulacinde pruebas. Si se dispusiera de agentes sociales que acompaaran y dieran respaldo a aquellaspersonas en peligro, o que se encuentran en una situacin de posible exclusin social, se podracontar con un elemento imparcial para poder valorar todo el proceso. Pero este recurso no seaplica debido a la dificultad de crear una estructura social, tanto a nivel econmico como

jurdico, ya que se deberan definir otras formas de actuacin de la autoridad ms horizontales,ms cercanas y en construccin con el mismo ciudadano.

Pero hay otro mbito donde el poder judicial tiene tambin impedimentos en su aplicacin, y es

el poltico. Como se ha visto durante los ltimos tiempos en Espaa, la aparicin de casos decorrupcin, sobre todo en los ayuntamientos, ha ido en aumento desde la democracia. Aunquetras la investigacin se llegue a juzgar e imputar a los responsables, en muchas ocasiones stosdisfrutan de una serie de ventajas que les aseguran ms proteccin respecto que a otroscargos. Por ejemplo, en la incautacin de bienes, en los que se sigue conservando el grueso dela expropiacin para cuando hayan acabado de cumplir la condena imputada. De esta forma, laimpunidad aparece a largo plazo, cuando el poltico sabe que gracias a este vaco legal, tendrasegurada una proteccin econmica y de la de sus familiares. Adems, el mismo poder seencarga de silenciar y proteger estas formas de expropiacin social gracias a la proteccin legalde la que disfrutan los polticos para ocupar cargos privados simultneamente, queinnumerables veces vinculan a contratos empresariales pblicos.

El problema est en cules son las medidas necesarias para compensar a la vctima del daoinfringido. En muchas ocasiones la condena no es proporcional, o no se ajusta a las formas y

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condiciones del crimen, y es por ello que quien conoce los trminos legales, puede llegar ainfringir la ley por considerar que los beneficios del crimen compensa el castigo posterior. Ladificultad para establecer controles previos, como el seguimiento de casos y situaciones quepueden llegar a generar un conflicto social, es tambin condicin para que en muchos casos elresponsable goce de impunidad. La proteccin por la comunidad, que es cmplice osimplemente ignora la actividad de sus vecinos (hecho que en nuestra sociedad de tendencia

individualista es de lo ms comn), tambin propicia que muchos crmenes se puedan amagarcon facilidad, sin que no haya una fuerza institucional que los persiga. La impunidad por tantoes consecuencia de la misma estructura social, que aleja al individuo de las instituciones depoder que lo defienden, pero que tambin permiten el control necesario para el seguimiento dela accin criminal.

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