¿De qué lado estás?

Traducir la violencia en Colombia y analizarla frente a un hecho concreto hace imposible dimensionar todo su dolor. Leer sobre acontecimientos frente a la vulneración de derechos humanos nos hace pensar que el país que recoge la Constitución Política, esa carta magna que describe tantos derechos a los que muchos son ajenos, esta desacorde con la realidad y nos lleva a confrontar de que lado estamos en este escenario.

Aquellos que crecimos en las “grandes” ciudades como Medellín o Bogotá y que de alguna forma hemos contado con muchos derechos satisfechos nos aturde cada vez que escuchamos esa Colombia que llora por sus derechos vulnerados, porque esa sangre de cada compatriota que muere parece tan ajena a nosotros que ni los nombres de todos esos valientes que han dado su vida por la lucha de un bienestar comunitario, por defender derechos de los pobres o por tratar de hacer justicia con sus testimonios han encontrado en la muerte alivio, solo olvido e impunidad.

Para analizar dicha situación podríamos iniciar reflexionando a partir de esa teoría de Estado estudiada en donde encontramos elementos que confluyen como los son: la población, la nación y el territorio para los cuales, confrontando tales con sus realidades actuales, podríamos pensar que existen varias comunidades paralelas que están siendo y han sido gobernadas por agentes distintos al gobierno central y que de igual forma, cual institución del estado, cumplen su justicia.

En la conformación del Estado se aboga por la concentración del fuerza con el fin de mantener mayor convivencia por parte de los pobladores dentro de la nación, por lo que se considera ilegal aquel que desee tomar la justicia por sus manos y hacer valer los actos de hecho por encima de los derecho en cada situación en particular, pero a la luz de nuestra historia y en especial, en las últimas décadas hemos visto como todos los actores

armados,tanto los “legales” como los que están al margen de la ley han hecho su cometido defendiendo unos intereses de quién sabe quien pues al final siempre terminan siendo otro muerto más en esta triste historia o exiliados pagando condenas en otros países interrumpiendo más el proceso de presentarle al país las verdades que tanto suplican las víctimas y los reales los implicados en toda esta guerra.

Otro elemento importante que señala la teoría de Estado es el territorio, para lo cual se determina en nuestro país una división política a través de departamentos y alcaldías

contando con representación por parte del Estado a través de sus alcaldes y gobernadores. Todo esto con el fin de mostrar como este hace participación en poblaciones ajenas a Bogotá, su casco urbano central, por medio de “representantes” como voceros de las comunidades pero quienes, al igual que los jueces, se sienten maniatados en el propio ejercicio en la medida que tienen que contar con la aprobación del agente armado que gobierna en la zona tal como lo describe el Abogado y doctor en Ciencia Política Mauricio García Villegas quien a través de un elaborado estudio bajo el título de Jueces sin rostro recoge en sus capítulos las espeluznantes historias vividas por algunos jueces de la nación quienes describen, entre otras cosas, que para poder ejercer su labor debían contar con la consentimiento de quien contaba con el dominio en dicha comunidad, allí ellos eran vistos como trabajadores estatales pero nunca como personal envestido de autoridad y con la suficiente potestad de ejercer justicia.

A estos hechos se suma la ausencia que ha presentado el Estado en diferentes localidades dando vía libre a la conformación de grupos ilegales quienes ajustician a su amaño y controlan la economía con negocios ilícitos como el narcotráfico y todas sus vertientes por lo que el Estado debe reconocer su ausentismo y su obligación de ofrecer policías, ejército, y demás actores como fiscales, jueces, personeros que representen la institucionalidad de la nación, y que le permitan esclarecer los delitos que se cometen en todo el territorio a fin de garantizar la convivencia que tanto aboga pero de la cual aun sigue padeciendo porque, no todos los corregimientos poseen participación de estos actores, sino que además, se han presentado casos abominables de corrupción e ilegalidad atados con crímenes injustificados a pobladores ajenos al conflicto que han pagado con sus vidas intereses de un particular sin rostro pero con demasiado poder para hacer prevalecer sus argumentos al derecho primordial de la vida.

Tales acontecimientos han sido descritos por ciudadanos comprometidos con su deber cívico como el sacerdote Jesuita Javier Giraldo Moreno quien describe como sus palabras, y sus acciones son insuficientes para aminorar el dolor de muchos que han acudido a él en busca de respuestas de verdad y el padre, con su principio de legalidad consagrado por sus conocimientos vocacionales y demás, ha tenido que desistir de la credibilidad de tales instituciones por la cantidad innumerable e injustificable de irregularidades cometidas, investigaciones inconclusas, la construcción de falsas verdades a fin de documentar procesos, la perversión del sistema judicial, la dicotomía que se presenta entre la elección del testimonio oral o la vida, el cambio de orientación de las investigaciones por parte de la difusión de los medios de comunicación y quien ha tenido que buscar ayuda internacional para poder extender las voces de quienes reclaman justicia.

Otro caso memorable para considerar es el de la Comunidad de paz de San José de Apartadó ubicada en Urabá dentro del departamento de Antioquia, la cual fue una de esas poblaciones que se hartó del conflicto armado por parte de agentes externos como el gobierno, la guerrilla y los paramilitares y decidieron, a través del consentimiento mayoritario autoproclamarse como una comunidad neutral en donde ella misma, a través de su Consejo Interno como mayor órgano, fuera el encargado para resolver sus diferencias sustanciales. Además de mantener viva su historia a través del monumento a las víctimas que están construyendo, del trabajo conjunto de sus habitantes, de reuniones periódicas para analizar los progresos y las dificultades de las mismas a fin de mantener mayor convivencia entre ellos mismos.

Tal experiencia, la de San José de Apartadó, en donde se niegan a borrar de su memoria los más de 300 crímenes de lesa humanidad cometidos en su territorio y que hasta los medios de comunicación parecieran negar toda vez que se presentan comunicados desvirtuado las infamias ocurridas allí y que por el contrario deberían ser los principales veedores de legalidad en la medida que se mantengan al tanto de mostrar los hechos cometidos por los representantes de las instituciones “legales” quienes han abusado de su poder y han querido menguar las poblaciones más vulneradas.