INFORME DE CONTEXTO

ANUAL2016

Dinámicas de violencia, retos humanitarios y desplazamiento forzado en Colombia

Informe elaborado por el área de Incidencia y Comunicación ExternaDiseño y diagramación: Comunicaciones SJR ColombiaMayo de 2017

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Informe de Contexto Anual 2016

Colombia se encuentra, quizá, ante el momento histórico más influyente e importante durante sus últimas décadas para la transformación y crecimiento como nación. La negociación política como salida al conflicto, no sólo ha reducido considerablemente los índices de violencia y las víctimas que año tras año dejan las confrontaciones armadas, sino que ha presentado el diálogo como la única vía posible para lograr un acuerdo amplio y reflexivo que permita –algún día– la cesación de todas las violencias en el país. Así bien, el 2016 marcó un hito en la historia nacional colombiana pues tras cuatro años de negociación en la Habana-Cuba, se logró concertar la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las FARC-EP para poner fin, por primera vez en 50 años, a toda acción bélica entre las partes y develar un camino de reconciliación que parecía imposible años atrás.

Para concluir la fase de negociación y comenzar la implementación de los Acuerdos, el Presidente de la República Juan Manuel Santos y su equipo negociador convocaron un Plebiscito el 2 de Octubre de 2016 con el fin de someter a votación popular lo pactado en Cuba. En el proceso, los colombianos decidieron no aceptar lo acordado entre las partes negociantes lo que abrió un clima de polarización e incertidumbre, no sólo sobre el rumbo de más de 6.000 guerrilleros que componen las filas de las FARC-EP, sino sobre las esperanzas de las víctimas para resarcir sus derechos como ejes centrales del proceso.

El rechazo expresado en las urnas por una pequeña mayoría de colombianos1 al proceso de paz, permitió no sólo la inclusión de nuevas propuestas en los acuerdos, sino que miles de ciudadanos y organizaciones salieran a las calles de Colombia y otros países para defender lo acordado en la Habana. Esto sirvió como instrumento de presión para evitar que las partes pusieran fin al cese bilateral de fuego y así impulsar al Gobierno Nacional a tomar las medidas necesarias para avanzar en la implementación.

Por lo anterior, se decidió refrendar un nuevo acuerdo vía Congreso en donde éste saldría victorioso por una amplia mayoría y así comenzaría la fase de implementación. Justamente el 13 de Diciembre de 2016 la Corte Constitucional aprobó el mecanismo Fast Track que permite al Congreso de la República sancionar –en tiempos excepcionalmente rápidos– las reformas y leyes constitucionales necesarias para la ejecución del nuevo acuerdo con las FARC-EP2 y tan sólo dos semanas después, concurrió la Ley de Amnistía e Indultos3 necesaria para aliviar la situación jurídica de cerca de 6.000 guerrilleros. Finalmente empezaron las marchas de los combatientes a las Zonas Transitorias Veredales (ZTV)en Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Tolima, Antioquia y otras regiones del país para iniciar su proceso de desarme y desmovilización.

En este sentido, la coyuntura del país se ha movido en un proceso de doble vía donde por un lado se concentran esfuerzos para poner en marcha lo acordado en la Habana-Cuba mientras que por el otro emergen y se consolidan nuevas violencias en el país. Así bien, en la primera parte de este informe se presentará una mirada panorámica del conflicto armado en Colombia y su estrecha relación con el fenómeno del desplazamiento forzado en el año 2016. En la segunda parte se ofrecerá una mirada regional de las nuevas dinámicas de conflicto y su relación con el desplazamiento forzado en Magdalena Medio, Buenaventura y Nariño, territorios donde actúa el SJR-Colombia. Y en la tercera parte, se cierra el informe con una serie de recomendaciones del Servicio Jesuita a Refugiados en términos de soluciones duraderas conforme a la implementación de los acuerdos de paz con las FARC-EP y sus posibilidades para afectar positivamente la situación del desplazamiento forzado en el país.

INTRODUCCIÓN

1 La pregunta que se formuló fue: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?” y dio como resultado SI: 6.377.482 y No: 6.431.376 (Recuperado de: http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPLZZZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm el día 9 de Febrero de 2017).

2¿Qué significa la aprobación del llamado “fast track” que acelera los acuerdos de paz en Colombia? BBC Mundo (2016). Recuperado de: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38308902 el día 9 de Febrero de 2017.

3El Congreso de Colombia aprueba la Ley de Amnistía para las FARC. El Mundo (2016). Recuperado de: http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/28/58642fb8268e3e653f8b45ed.html el día 9 de Febrero de 2017

Primera Parte: Contexto Nacional

La dimensión de los daños que ha dejado el conflicto armado en Colombia es inmensa. Según cifras oficiales el resultado a 2016 de la confrontación armada de más de cinco décadas es de 8’320.8744 de víctimas donde el 80%, es decir 7’083.118, han sufrido desplazamientos forzados, y el otro 20% ha sido víctima de otro tipo de vejámenes como atentados, homicidios, amenazas o desapariciones forzosas. Además, las problemáticas de la política pública para las víctimas en materia de asistencia, atención y reparación son persistentes lo que ha impedido una respuesta integral y eficaz por parte del Estado colombiano para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas y su condición plena de ciudadanía lo que se evidencia en que tan sólo el 2% de la población desplazada logró superar su situación de vulnerabilidad en el año 2016 (Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley 1448 de 2011, 2016).

Lo anterior denota una situación muy compleja para el país ya que el fenómeno del desplazamiento forzado persiste en el panorama nacional pues no sólo se asocia a las lógicas bélicas entre grupos armados sino que se relaciona con la consolidación de economías de enclave junto a prácticas de violencia suscitadas por asociaciones criminales de empresarios, políticos y narcotraficantes que tienen por motivación razones rentistas funcionales a un modelo de desarrollo anclado en la acumulación de poder, tierra y riqueza (CNMH, 2015).

Entonces, si bien la llegada de las FARC-EP a las ZTV representa un avance histórico para la superación de la violencia en el país aún existen profundos riesgos y amenazas para la construcción de una paz estable y duradera en el tiempo. A saber, los ataques del Ejército de Liberación Nacional (ELN); la reorganización y consolidación de los grupos paramilitares posdesmovilización; el auge y afianzamiento de mega-proyectos de desarrollo y economías extractivas; la violencia contra líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y reclamantes de tierras, y la baja capacidad estatal para responder efectivamente a los retos en materia de seguridad son elementos que no sólo amenazan profundamente la estabilidad del proceso de paz sino que se constituyen hoy como las causas directas del desplazamiento forzado en el país (ACNUR, 2016). Esto se demuestra en que la participación de la guerrilla de las FARC-EP en los eventos de desplazamiento forzado pasó del 15% en 2015 a prácticamente cero en 2016 mientras que la participación del ELN, los grupos paramilitares posdesmovilización y el EPL tuvo un incremento notable en 2016 (OCHA, 2017).

Por ello -aunque se puede valorar una disminución del 67.1% de personas afectadas por este hecho con respecto al 20155

- el Registro Único de Víctimas reportó para el año 2016 un total de 67.605 personas afectadas por el desplazamiento forzado; dicha disminución se evidencia tanto en el total nacional como en las zonas de trabajo del SJR-Colombia (Cuadro 1) sin embargo estamos lejos de que este fenómeno desaparezca por completo. Así bien, el informe de OCHA (2016) señala que en promedio cerca de 16.000 personas fueron desplazadas cada mes entre enero del 2014 a agosto de 2016, y el 53% de los casos fueron atribuidos a los grupos paramilitares pos-desmovilización. Además, se muestra que los departamentos que concentraron el 98% de las víctimas de desplazamiento masivo fueron Chocó, Norte de Santander, Nariño, Antioquia, Córdoba y Risaralda (Cuadro 2) y fueron los grupos étnicos quienes sufrieron desproporcionalmente este hecho pues representaron el 75% de las víctimas en este lapso de tiempo (OCHA, 2016, págs. 9-10).

4 Total víctimas en el RUV de la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas con corte de Febrero de 2017.5 Víctimas de desplazamiento forzado en Colombia en el 2015: 167.939 personas (Recuperado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV el día 9 de Febrero de

2017)

SJR Colombia

Cuadro 1: Disminución de víctimas de desplazamiento forzado en Zonas de Trabajo del SJR-Colombia

Cuadro 2: Desplazamientos Masivos por Departamento en el 2016

Así bien, a continuación se presentarán algunos elementos que afectaron de una u otra manera la situación de la población desplazada del país en el año 2016. Para ello, en un primer lugar se mostrarán algunos datos correspondientes a las nuevas dinámicas del conflicto armado en Colombia, en particular a la actuación del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los grupos paramilitares posdesmovilización (GPD) y a la persecución sistemática de líderes comunitarios, defensores de DDHH y reclamantes de tierras. Y en un segundo lugar se expondrá la situación actual de las fronteras del país y las dinámicas que se asocian al desplazamiento forzado y los flujos migratorios en estas zonas.

Para empezar, se debe hacer alusión al reacomodamiento de los grupos al margen de la ley tras la concentración de las FARC-EP en las Zonas Transitorias Veredales. Según el CERAC (2016) el ELN ya no tiene un predominio importante en el plano nacional pero sí una alta concentración en zonas regionales focalizadas en donde ha hecho presencia histórica. Aquí se ha dado un fenómeno que ha guiado la lógica del conflicto armado con este grupo hace cinco años. Mientras el ELN ha logrado consolidar un dominio regional sin necesidad de tener una presencia militar importante, la fuerza pública ha aumentado sus acciones contra esta guerrilla para impedir que siga consolidándose en las zonas donde ha hecho presencia histórica, y también, que se fortalezca a raíz del vacío de las FARC-EP (FIP, 2016).

A pesar de esto, en el 2016 se presentaron más acciones bélicas de este grupo armado comparado a su accionar desde el 2011. Ello obedeció fundamentalmente a la intención de negociar un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional, ya que el ELN buscó mostrarse como una fuerza militar importante dispuesta a una negociación política (FIP, 2016). Lo anterior

coincidió con la conmemoración de los 50 años de la muerte de Camilo Torres que llevaría a la guerrilla a realizar un paro armado6 . Por lo tanto, a mediados del mes de febrero, el ELN ya había superado el número de acciones bélicas que había cometido para esas mismas fechas en los años 2014 y 20157 . Esto como una estrategia ya conocida de esa guerrilla para generar impacto y proyectar una fuerza mayor de la que realmente tienen (FIP, 2016, pág. 2).

Dado lo anterior, al ELN se le atribuyeron el 52% del total de las víctimas de desplazamiento forzado entre enero y agosto del 2016, principalmente por los combates armados con grupos paramilitares posdesmovilización y la fuerza pública (OCHA, 2016). Esto se puede corroborar en casos como el del 10 de abril de 2016 donde 95 familias (456 indígenas) de la comunidad Wounaan se desplazaron del Litoral de San Juan hacia Docordó por bombardeos de la fuerza pública hacia el ELN y grupos posdemovilización8; o el del 15 de abril de 2016 en donde cerca de 612 indígenas de 113 familias se desplazaron del Bajo Baudó Chocoano a causa de los combates entre el ELN y el Ejército Nacional9.

Para continuar, es necesario hacer acotación a la grave situación que se está presentando en el país con los grupos paramilitares posdesmovilización (GPD) ya que representan el mayor reto de seguridad de cara al posconflicto. Para el 2016 se registró la presencia de GPD en 344 municipios de 31 departamentos del territorio nacional organizados en 13 estructuras de dos tipos: las que tienen alcance nacional con algún tipo de relación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como el Clan del Golfo, los Rastrojos o las Águilas Negras; y las que son de orden más regional o municipal sin una consolidación definida como La Empresa, La Oficina o Los Paisas (INDEPAZ, 2016, Pág. 13).

Estos grupos dirigen su accionar en torno a la apropiación de rentas ilícitas de coca y minería; de actos delictivos tales como la extorsión, el microtráfico y el sicariato; de infiltración en la institucionalidad pública a través de las fuerzas armadas y los gobiernos locales; y de enfrentamientos entre sí y con otros grupos por el control territorial y estratégico de rutas ilegales (INDEPAZ, 2016). Así bien, de acuerdo a la Unidad para las Víctimas, ya son cerca de 332.149 personas quienes se han registrado como víctimas de grupos paramilitares posdesmovilización durante los últimos cinco años, siendo el desplazamiento forzado el hecho victimizante más común con 322.504 casos 10 seguido por las amenazas, la violencia sexual y la desaparición forzada.

Aunado a lo anterior, la serie de crímenes y amenazas sistemáticas a líderes comunitarios, organizaciones defensoras de Derechos Humanos y reclamantes de tierras vienen constituyendo un factor de riesgo muy grande para las estructuras organizativas comunitarias en el país. De ahí que en el año 2016 se presentaran 117 homicidios de líderes sociales; 350 amenazas individuales y colectivas; 46 atentados con arma de fuego; 5 casos de desaparición forzada y 30 organizaciones perseguidas (INDEPAZ, 2016). El 66.6% de los homicidios contra líderes sociales se concentraron en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño y además, los eventos de amenazas aumentaron un 34% con respecto al 2015 siendo los grupos paramilitares posdesmovilización los principales responsables de estos ataques (OCHA, 2016).

Una vez analizados algunos factores de contexto nacional que contribuyeron al desplazamiento forzado en el país en el año 2016, es necesario hacer mención a las víctimas en el exterior y a la compleja situación de las zonas fronterizas del país. Según la Unidad para las Víctimas se han registrado 10.652 personas de 42 países en el Registro Único, de las

6 ELN anunció paro armado entre 14 y 17 de febrero. El Espectador (2016). Recuperado de: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/eln-anuncio-paro-armado-entre-el-14-y-el-17-de-febrero-articulo-616152 el día 14 de Febrero de 2017

7En 15 días, ELN supera ataques de febrero de 2015 por paro armado. EL Heraldo (2016). Recuperado de http://www.elheraldo.co/politica/en-15-dias-eln-supera-ataques-de-febrero-de-2015-por-paro-armado-243776 el día 14 de Febrero de 2017.

8Los desplazamientos forzados a lo largo del 2016. El Tiempo (2016). Recuperado de: http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/los-desplazamientos-forzados-a-lo-largo-del-2016/16570229 el día 14 de febrero de 2017.

9El pacífico, foco de desplazamiento graneado y silencioso en Colombia. El Tiempo (2016). Recuperado de: http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/cifras-y-ciudades-con-mas-desplazados-en-colombia-durante-2016/16570093 el día 14 de febrero de 2017.

10Ya van 332.149 víctimas de las bandas criminales en el país. El Tiempo (2016). Recuperado de: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/cifras-de-victimas de-las-bacrim-o-bandas-criminales-en-colombia/16575453 el día 15 de febrero de 2017.

Primera Parte : Contexto Nacional

cuales 7.881 han sido por desplazamiento forzado y los países donde se evidencia el mayor número de declaraciones son Ecuador con 1.483 víctimas, Canadá con 1.015, EEUU con 944 y Venezuela con 804 personas11.

Así bien, el escenario de las zonas fronterizas del país es muy complejo dado que han sido particularmente afectadas por el desplazamiento forzado pues la débil presencia institucional no sólo ha sido caldo de cultivo para que los grupos armados al margen de la ley pueda asentarse en estas zonas, sino que ha inmiscuido a los pobladores –especialmente indígenas y afrodescendientes- a círculos de pobreza estructural, impidiendo así el goce efectivo de derechos y facilitando el tránsito de personas en búsqueda de otras oportunidades fuera del país (Defensoría del Pueblo, 2017).

En primer lugar se encuentra la frontera colombo-ecuatoriana que comparte 6 municipios en Nariño y 4 en Putumayo, esta zona es particularmente compleja ya que personas migrantes de Sudamérica e incluso extra-continentales aprovechan pasos informales o el Puente Internacional de Rumichaca en Ipiales para iniciar su ruta hacia Estados Unidos a lo que se suma la cantidad de colombianos víctimas en territorio ecuatoriano con necesidades de protección internacional o en condición de refugio.

Es así como entre los años 2014 hasta el 30 de junio del 2015, 5.120 extranjeros habían sido deportados por esta frontera. En el 2014 fueron 532, pasando en el 2015 a 2.987, representando un aumento de más del 500%” (Pág. 64). Para el 2014, más del 50% fueron deportados de Cuba, seguidos por el 10% de argentinos y ecuatorianos, y aparecieron migrantes extra continentales de Nepal (4.7%), India (4.7%) y Bangladesh (3.9%) (Defensoría del Pueblo, 2017). En el 2015, la tendencia se mantuvo en esta frontera ya que los ciudadanos cubanos representaron el 70% de los deportados seguidos por ciudadanos extra-continentales de Ghana (5.75%), Somalia (5.22%), Nepal (4.58%), India (3%) y Bangladesh (2.5%) (Defensoría del Pueblo, 2017).

Para los primeros seis meses del 2016 hubo cambios principalmente por el paso de haitianos en el territorio fronterizo. De acuerdo al informe defensorial este hecho tiene sus raíces en el éxodo de ciudadanos de ese país tras el terremoto de abril del 2010. Para ese entonces varios países brindaron refugio por medio de “visados humanitarios” entre ellos Brasil, que en el 2012 ya tenía cerca de 4.000 personas de Haití en su territorio. Sin embargo, la crisis económica que enfrenta ese Estado sumado a la búsqueda de los migrantes para llegar a USA, motivaron el tránsito de haitianos que pasan por Perú, ingresan a Ecuador y luego a Colombia de manera irregular. En este sentido, para estos meses hubo 631 personas deportadas de Haití representando el 39.4% de migrantes; se le suman ciudadanos cubanos con el 18%; nacionales de Ghana con 6.74%; de Senegal con 5.87%, de la República Democrática del Congo con 4.81%; de Bangladesh con 2.68% y de Guinea con 2.24% (Defensoría del Pueblo, 2017, pág. 65).

Adicionalmente, el informe señala que Ecuador tiene cerca de 120.000 colombianos con necesidad de protección internacional convirtiéndose en uno de los países de asilo más grande para los connacionales y siendo el desplazamiento forzado transfronterizo el hecho victimizante más común (Defensoría del Pueblo, 2017). Aquí es importante resaltar la profunda brecha que existe entre el número de colombianos con condición de refugiados u otras necesidades de protección internacional y aquellos reconocidos oficialmente por el Estado colombiano, que como se señaló anteriormente, son únicamente 1.483 víctimas inscritas en el Registro Único.

En segundo lugar se encuentra la frontera de 266 kilómetros entre Colombia y Panamá. Por sus condiciones biodiversas, actualmente no hay una infraestructura vial que conecte a los dos países, y por ello la región del Darién es la única conexión terrestre entre ellos, siendo los departamentos de Chocó y Antioquia (Golfo de Urabá) los lugares donde se concentran la mayoría de actividades económicas, sociales y culturales que se dan en la frontera. En esta zona residen

11 Ver: Connacionales – Víctimas en el Exterior. Consulta hecha el 17 de febrero de 2017 en http://www.unidadvictimas.gov.co/es/connacionales-v%C3%ADctimas-en-el-exterior/8942.

diversos grupos étnicos, en su gran mayoría pueblos negros e indígenas, cuyos problemas de acceso a derechos están directamente relacionados con sus elevados índices de pobreza, desigualdad social y abandono estatal (Defensoría del Pueblo, 2017).

El conflicto armado interno ha llevado a que los desplazamientos transfronterizos, en especial de grupos étnicos, sean muy comunes, y además que exista un número considerable de migrantes colombianos en situación irregular en la región del Darién, quienes en su mayoría viven en condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Además la región de Urabá es paso obligado de los migrantes internacionales que quieren llegar a Centro América o USA, que entran a Colombia por otras fronteras, en especial la ecuatoriana (Defensoría del Pueblo, 2017). De hecho en el 2016 hubo un represamiento de migrantes cubanos irregulares en el Municipio de Turbo-Antioquia, quienes se escondían en las bananeras, víctimas del tráfico de personas. La situación llevó a que el gobierno panameño cerrara la frontera por el número desmedido de migrantes que estaba entrando a ese país, ocasionado una verdadera crisis humanitaria con más de 1.000 cubanos durmiendo en albergues, andenes y bodegas 12.

En tercer lugar, está la frontera colombo-venezolana que ha representado un verdadero desafío en términos migratorios dado que el país vecino es el receptor principal de emigrantes colombianos (Defensoría del Pueblo, 2017). Esto obedece a dos razones centrales: la primera, el auge económico de ese país en la década del 70’ motivó a muchos colombianos de Norte de Santander, Santander y Boyacá a emigrar a ese país en búsqueda de mejores oportunidades laborales. La segunda, el recrudecimiento del conflicto armado en el país que ha ocasionado grandes oleadas de desplazamientos transfronterizos pues los grupos al margen de la ley han encontrado en esta frontera un lugar de asentamiento dado el abandono estatal y los bajos niveles de desarrollo y seguridad de la zona(Pág. 102).

En relación a la migración forzada, Venezuela es el mayor receptor de colombianos refugiados y con otras necesidades de protección internacional, quienes han huido del país a causa del conflicto armado. Según ACNUR, para el 2015 habían más de 173.000 colombianos en condición de refugio, sin embargo menos del 2% de las víctimas cuentan con un reconocimiento oficial de su estatus (Defensoría del Pueblo citando ACNUR, 2017). De hecho, a raíz de la crisis diplomática y humanitaria que se dio en la frontera colombo-venezolana en el año 2015, retornaron al país 20.000 colombianos según ACNUR, los cuales argumentaron haber salido del país hace años en busca de refugio13. Esto contrasta gravemente con las cifras oficiales de la Unidad para las Víctimas quienes reportan -como ya se señaló en este informe- únicamente 804 colombianos en Venezuela inscritos en el Registro Único.

En cuarto lugar, se encuentra la frontera compartida entre Colombia y Brasil en 1.644 kilometros que atraviesan los departamentos de Guanía, Amazonas y Vaupés en el territorio nacional. Como las fronteras presentadas anteriormente, ésta tiene dificultades socioeconómicas muy serias, así como índices de miseria muy superiores al promedio nacional (Defensoría del Pueblo, 2017). Además de ello, hay una alta presencia de pueblos indígenas, que conforme a los Autos 004 de 2009 y 091 de 2015, están en riesgo de extinción física y cultural14 por dinámicas relacionadas al desarrollo del conflicto armado interno y la misma precariedad estatal.

El informe de la Defensoría del Pueblo (2017) muestra que el desplazamiento forzado ha sido el hecho victimizante más común en esta zona. Lo anterior se debe principalmente a las amenazas; el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; los asesinatos selectivos y el tránsito de grupos armados –legales e ilegales– en los territorios ancestrales de la población.

12 Más de 1.200 migrantes cubanos están varados en Turbo, Antioquia. El País (2016). Recuperado de: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/1200-migrantes-cubanos-estan-varados-turbo-antioquia el 17 de febrero de 2017.

13Una oportunidad para las víctimas del conflicto que están en el exterior. Revista Semana (2016) recuperado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/colombianos-en-el-exterior-aun-pueden-declarar-como-victimas/475169 el 17 de febrero de 2017.

14 Los pueblos Ocaina y Yahuna en el Amazonas y los pueblos Bará, Barasano, Hupdë y Pisamira en Vaupés. (Auto 091 del 2015).

SJR Colombia

Esto ha desencadenado 4 dinámicas de desplazamiento forzado en estos departamentos: El desplazamiento entre resguardos indígenas; el desplazamiento hacia las cabeceras corregimentales; el desplazamiento hacia la ciudad de Leticia; y el Desplazamiento transfronterizo y hacia otros departamentos del país (Pág. 140).

En este sentido, para el 2015 en la Guanía se registró que de 19.641 habitantes de ese departamento, el 47% es decir, 9.211 personas eran desplazadas. En el Amazonas –para ese mismo año– se registraron cerca de 200 eventos de desplazamiento interdepartamental en lo que se destaca un particular rechazo y exclusión social a las víctimas que llegan a Leticia (Defensoría del Pueblo, 2017). Y en el Vaúpes, se registraron un total de 7.762 víctimas de las cuales 6.126 habían sufrido por el desplazamiento forzado en el 2016 (Pág. 42). En adición a esto, la Defensoría del Pueblo (2017) citando las cifras del Comité Nacional para los Refugiados (CONARE) y del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), señala que hay 1.100 refugiados colombianos en el Estado brasilero, convirtiéndose en la tercera nacionalidad más grande de personas en esa condición despues de los sirios y congoleños refugiados en ese país.

En quinto lugar, y para finalizar esta primera parte del informe, se encuentra la frontera colombo-peruana. En ésta se presenta una alta presencia de pueblos indigenas empobrecidos quienes están en riesgo de extinción física y cultural por el conflicto armado y la política minero-enérgetica del Estado colombiano que ha llevado a que los pobladores de la zona se desplacen forzosamente y se encuentren con modelos culturales, productivos, religiosos y educativos diferentes a sus tradiciones ancestrales (Defensoría del Pueblo, 2017). Además de ello, el acceso a servicios públicos es completamente precario, en especial en temas de salud, pues la calidad es muy baja y la cobertura está limitada a los cascos urbanos –que son la gran minoría– dejando de lado los sectores rurales de las zonas geograficas de díficil acceso en completa desprotección (Pág. 159). La situación de esta frontera no es muy diferente a la de las demás, pues tanto en el sector urbano como rural, existe un importante número de población en situación de desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes. Aunque no existen cifras oficiales sobre el total de víctimas en esta zona, para el 2015 se hablaba de 7.702 víctimas de las cuales 2.695 eran indígenas (Pág. 159).

Finalmente está claro que la desarticulación de las FARC-EP como grupo armado no significará per se la cesación de la violencia en el país pues como se intentó demostrar nuevos escenarios de conflicto y dinámicas violentas estarán emergiendo en el territorio nacional en esta etapa de post-acuerdos. Ello generará múltiples desafíos no sólo en materia de seguridad sino en términos de asistencia, atención, reparación y no repetición para todas las víctimas colombianas. Así bien, luego de hacer este breve recuento del ámbito nacional para el 2016, en adelante el informe se centrará en 3 zonas donde el Servicio Jesuita a Refugiados tiene presencia con el fin de examinar el impacto desproporcionado del conflicto armado en territorios particularmente afectados por el desplazamiento forzado y así contextualizar al lector sobre el trabajo del SJR en cada territorio intervenido.

Segunda Parte: Contextos Regionales

Segunda Parte : Contextos Regionales

El acompañamiento del Servio Jesuita a Refugiados en el Magdalena Medio se efectúa específicamente en Barrancabermeja, San Pablo15 y los municipios Tiquisio, Norosí y Río Viejo de la zona norte. Para estos territorios es posible presentar algunas tendencias en las formas en como se desarrolló el conflicto en el 2016 y la condiciones humanitarias en las que se encontraron sus pobladores. En primer lugar es necesario hacer referencia a la presencia de las FARC-EP en la zona dado el contexto de acuerdos de paz. En este sentido, es innegable la disminución del accionar bélico de dicha guerrilla en estos territorios pues sólo se identificaron algunos vestigios de control territorial en el sur de San Pablo (Caño de Oro hasta Alto San Juan) con el frente 24; en Buena Seña – Norosí con el Frente 37 y en Barrancabermeja con algunas milicias urbanas. Lo anterior, en razón del Proceso de Paz adelatando por el Gobierno nacional y las FARC-EP ya que generó que cerca de 200 guerrilleros de la Unidad Centro del Bloque Madgalena Medio de los frentes 4,24,35 y 37 se movilizaran hacia la Zona Transitoria Veredal de Carrizal en Remedios, Antioquia16 generando un reacomodamiento de otros actores al margen de la ley en el territorio.

En segundo lugar se encuentra el reacomodamiento del ELN en el Magdalena Medio y su accionar militar en el 2016. En Barrancabermeja se registraron algunas milicias urbanas del ELN mientras que en San Pablo se movilizaron del noreste del municipio hacia todo el sur donde estaban las FARC-EP antiguamente. El accionar del ELN en el 2016 incluyó imposiciones normativas ilegales para el funcionamiento de las comunidades (horarios, prohibiciones, extorsiones, etc.) así como el uso de bombas y el reclutamiento forzado. Por un lado, en el primer semestre se presentaron tres atentados en el marco del aniversario de Camilo Torres, destacándose uno dirigido a una extractora de aceite de palma en Lomafresca17 y en el segundo semestre hubo una cuarta bomba en intermediaciones de la Alcaldía Municipal y la Policía18 ; Por otro lado, para inicios del año se registró el reclutamiento forzado de diez menores de edad en los corregimientos de Vallecito, Cañabraval y Cerro Azul en San Pablo19.

En tercer lugar es importante hacer referencia a la fuerte presencia de los grupos paramiliatres posdesmovilización (GPP) tanto en los cascos urbanos como rurales de la zona pues representaron las mayores amenazas para la población en el 2016. El SJR ha logrado identificar que dependiendo del interés de su accionar, estos grupos se identifican de dos formas: cuando responde a un objetivo económico o militar se reconocen como “Urabeños”, “Rastrojos”, “Botalones”, y desde este año “Clan del Golfo”; y cuando responde a un objetivo político o “social” usan Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Teniendo en cuenta lo anterior se pudo establecer que los GPP continúan ejerciendo estrategias de violencia ya conocidas para el control territorial y el tráfico de estupefacientes en el Magdalena Medio, entre las que se destacan los asesinatos selectivos, las amenazas a líderes y organizaciones sociales, la extorsión, intimidación y afectaciones a viviendas y el reclutamiento y uso de menores. En adición a esto, las comunidades han estado denunciando públicamente la presencia de personas pertenecientes a dichos grupos que han intimidado a los pobladores creando toques de queda en los barrios para hacer supuestamente “limpieza social” de drogadictos, violadores y ladrones.

EQUIPO MAGDALENA MEDIO

15 Se acompañan (9) nueve comunidades de zona rural: los corregimientos Pozo Azul, Cerro Azul y Vallecito, y las veredas Alto Berlín, Alto San Juan, Las Colinas, Bodega San Juan, Alto Sicué, y Patio Bonito.

16 FARC llega a zonas veredales de transición. El Colombiano (2017) recuperado de: http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/farc-llega-a-zonas-veredales-de-transicion-FD5849502 el día 20 de Febrero de 2017.

17 ELN activó artefactos explosivos en una empresa de palma de San Pablo, sur de Bolívar. W radio (2016) recuperado de: http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/eln-activo-artefactos-explosivos-en-una-empresa-de-palma-de-san-pablo-sur-de-bolivar/20160215/nota/3061443.aspx el día 20 de Febrero de 2017.

18Estalló granada frente a la alcaldía de San Pablo. Vanguardia – Barrancabermeja (2016) recuperado de: http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/364958-estallo-granada-frente-a-la-alcaldia-de-san-pablo el día 20 de Febrero de 2017.

19Defensoría advierte sobre reclutamiento de menores en Bolívar. El Espectador (2016) recuperado de: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/bolivar/defensoria-advierte-sobre-reclutamiento-de-menores-boli-articulo-629490 el día 20 de Febrero de 2017.

20 El fantasma del paramilitarismo ronda el Magdalena Medio. Silla Vacía (2016) recuperado de: http://lasillavacia.com/historia/el-fantasma-del-paramilitarismo-ronda-el-magdalena-medio-59157 el 20 de Febrero de 2017.

Además de lo anterior, los grupos paramilitares posdesmovilización hicieron presencia en algunas reuniones de las Juntas de Acción Comunal en San Pablo para ofrecer “servicios de seguridad”, extorsionar a líderes de dichas directivas y fijar normas de comportamiento en las comunidades. Además, en los municipios de la zona norte se registró una fuerte presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia controlando 7 de los 14 corregimientos de Tiquisio, 3 de los 5 corregimientos de Norosí y 3 de los 5 corregimientos de Río Viejo. Este control territorial generó múltiples violaciones a los Derechos Humanos como retención forzada, restricciones a la movilidad, extorsionaes, torturas, asesinatos y desplazamientos20.

Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden establecer una serie de tendencias sobre cómo impactó el fenómeno del desplazamiento forzado en la zona. Para Barrancabermeja las causas principales del desplazamiento forzado son las amenazas, desapariciones, homicidios y limpieza social por parte de grupos paramilitares posdesmovilización quienes han tomado control del territorio para el tráfico ilegal de estupefacientes. Estos hechos han tenido lugar en comunas donde existe mayor concentración de población víctima del conflicto. A continuación, una gráfica de los hechos victimizantes reportados en el año 2016 por la Unidad de Víctimas en donde se evidencia que el desplazamiento sigue siendo el hecho violento con un mayor índice:

Disponible en: http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV. Reporte a 1 de mayo de 2017.

Para el municipio de San Pablo-Bolívar las causas principales del desplazamiento estuvieron asociadas a la presencia de grupos armados ilegales y su accionar violento contra la población civil. Así bien el reclutamiento por parte del ELN y GPP en zona rural y urbana constituyó uno de los principales factores que llevaron a que muchos NNAJ junto con su familia tuvieran que desplazarse. A pesar de lo anterior, el SJR también logró identificar que la dificultad en el acceso a la educación hizo que muchos menores de edad se desplazaran –solo o con sus padres– a otras zonas para lograr estudiar. Esto sucede mucho en el caso en que los NNAJ van a empezar el bachillerato, pues solo los corregimientos Pozo Azul y Canaletal y los colegios de zona urbana ofrecen estos grados. A continuación, una gráfica de los hechos victimizantes reportados en el año 2016 por la Unidad de Víctimas:

SJR Colombia

Disponible en: http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV. Reporte a 1 de mayo de 2017.

Ahora bien, para los municipios de la zona norte el desplazamiento se constituye como el hecho victimizante más común producto de amenazas individuales hacia la vida por parte de actores armados e igualmente el reclutamiento forzado a menores en zonas de control del ELN.

Para finalizar este apartado es necesario realizar un análisis sobre la situación humanitaria del Magdalena Medio con base en el contexto de conflicto armado presentado anteriormente. El SJR encontró que en los territorios acompañados existen necesidades básicas insatisfechas, vacíos de protección y barreras de acceso para el cumplimiento efectivo de derechos. En Barrancabermeja, además de la vulneración de derechos a la población civil por parte de grupos armados, se encontró que las instituciones locales se mostraron pasivas y negligentes ante las situaciones de emergencia causadas por las lluvias presentadas en el cuarto trimestre del año que afectaron algunas comunidades del municipio, puesto que la respuesta humanitaria no fue suficiente para cubrir las necesidades generadas por las afectaciones.

Para las comundiades de San Pablo se evidencia una situación humanitaria bastante compleja por: la presencia de grupos armados; vulneración de los DDHH y el DIH; reclutamiento de NNAJ; y vías de acceso en mal estado que dificultan la movilización de las personas, el comercio de productos agropecuarios y el acceso a una educación de calidad y de carácter permanente. Por el lado de los municipios de la zona norte han sido evidentes dos tipos de necesidades: por un lado, se ubican las necesidades de carácter estructural que afectan de igual manera a todos los habitantes de la región, como la falta de acceso o prestación deficiente del servicio de luz, vías en lamentable estado que dificultan el transporte de productos agrícolas de zona rural a zona urbana y viceversa, la deficiente atención en el servicio de salud que prestan las EPS Mutual, Cajacopi y Nueva EPS, la baja calidad de la educación producto de la tercerización de la misma, la negligencia y el desconocimiento de las rutas de protección para casos de violencia de género y sexual.

Por otro lado, se encuentran las necesidades y vacíos que enfrentan las personas que han sido víctimas del conflicto para acceder a las medidas de asistencia y reparación integral: las dificultades para poder tomar las declaraciones que existen en los tres municipios; la falta de comunicación con la UARIV al existir solo un punto de atención en Rioviejo y no contar con acceso a internet, señal telefónica ni luz para usar los distintos canales de comunicación habilitados; los tiempos de respuesta que se vuelven un elemento de revictimización para las personas que pierden los viajes a las cabeceras municipales para averiguar sobre su registro; la falta de claridad en el funcionamiento del PAARI y la falta de acceso a medidas de reparación efectivas.

EQUIPO NARIÑONariño es uno de los departamentos con mayor afectación por las consecuencias del conflicto armado. Este territorio en el suroccidente colombiano presentó para el 2016 serias dinámicas de violencia ejercidas por grupos armados ilegales con intereses en los mercados ilícitos, el manejo de laboratorios para el procesamiento de cocaína y el control fluvial y terrestre de las rutas del narcotráfico. Así, la vulneración a los DDHH, las amenazas y asesinatos sistemáticos a líderes sociales, el control poblacional y la exclusión social y económica de pueblos étnicos y población fronteriza, acentuaron grandes problemáticas de inseguridad e ingobernabilidad en todo el departamento y más aún en los municipios más afectados por la guerra como Policarpa o Tumaco. En este sentido, a continuación se presentan las formas en como se desarrolló el conflicto armado, las tendencias del desplazamiento forzado en la zona y la situación humanitaria observada por el SJR en terreno. Para comenzar, es imperativo señalar una grave situación que se presentó en el primer semestre del año donde se registró un desplazamiento masivo de 83 familias afrocolombianas (220 personas) de Tumaco por enfrentamientos entre la Columna Móvil Daniel Aldana de las FARC-EP y grupos paramilitares posdesmovilización en la vereda Alto Jagua, zona del consejo comunitario de Bajo Mira en zona rural del municipio (Defensoría del Pueblo, 2016). Dichas familias tuvieron que abandonar sus hogares hacia las cabeceras municipales y allí recibieron kits de aseo y alimentación por organizaciones no gubernamentales. Es importante mencionar que para este momento la Defensoría del Pueblo recordó que Tumaco se hallaba en especial condición de riesgo como consecuencia de la posible incursión de GPP en particular por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) tras la retirada de las FARC-EP.21

21Ver: Seguimiento de la Defensoría a situación de 220 afrocolombianos desplazados por combates en Tumaco, Nariño en: http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/4890/Seguimiento-de-la-Defensor%C3%ADa-a-situaci%C3%B3n-de-220-afrocolombianos-desplazados-por-combates-en-Tumaco-Nari%C3%B1o-desplazamiento-Tumaco-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-Bandas-Criminales-AUC-Desplazados-.htm.

Segunda Parte : Contextos Regionales

A pesar de lo anterior, y como se ha anotado en diferentes ocasiones en el informe, el 2016 representó un desescalamiento notorio del conflicto armado en la zona por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP; Así bien, se pudo notar un reducción significativa de las hostilidades, de las afectaciones a la población civil y la fuerza pública y del reclutamiento forzado por parte de este grupo. Además, para comienzos del 2017 varios frentes de esta guerrilla (29, 32 y 48) se movilizaron hacia Zonas Transitorias en Nariño y Putumayo22 liberando territorios que vendrían a ser ocupados por nuevos actores armados. Esto se presenta como tendencia en las zonas acompañadas por el SJR pues deja entrever que el Estado se preocupó por el acompañamiento de los guerrilleros hacia las ZTV pero dejó a la población civil a merced de los actores criminales que llegaron a ocupar las zonas liberadas.

En este orden de ideas se registró presencia del ELN a través del frente de guerra suroccidental y frente comuneros del sur, en Sotomayor, Policarpa, Samaniego, Ricaurte, Tumaco, Santa Cruz Guachavez, Ipiales y otros municipios. Para el mes de Febrero en municipios como Samaniego, Ricaurte, Providencia, Santa Cruz, Sotomayor, Policarpa, Tumaco entre otros, circularon panfletos anunciando el ELN Paro Armado, generando temor hacia la comunidad, afectando el comercio, transporte y las actividades cotidianas y como se mencionó en la primera parte de este informe, este grupo armado generó cerca de 70 acciones violentas en los departamentos de Antioquia, Chocó, Arauca y Nariño en el marco de la conmemoración del aniversario de la muerte de Camilo Torres23.

Entre dichas acciones se destacan: una emboscada de la Compañía José Luis Cabrera Rúales del ELN contra unidades militares BIBOY de la policía en el corregimiento de Yascual en el municipio de Tuquerres; un reten ilegal y quema de vehículos de las Compañías Elder Santos y Jaime Toño Obando en la vía Pasto –Tumaco en el municipio de Mallana y también un atentado contra un oleoducto en el corregimiento de Altaquer municipio de Ricaurte por las mismas compañías. Además de lo anterior, el frente comuneros del sur ejecutó un Plan Pistola contra integrantes de la Fuerza Pública en Barbacoas-Magui Payan y ataques de francotiradores contra unidades de la Brigada Militar 19 ubicadas en el municipio de la Llanada. Otro hecho relacionado al conflicto en la zona fue el incremento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del ELN pues el recrudecimiento de acciones bélicas contra la Fuerza Pública y GPP hicieron necesario engrosar las filas de todos los actores armados ilegales en la zona. El Ejército determinó que el cabecilla del Frente Comuneros del Sur, conocido como “Gustavo”, ordena las operaciones de reclutamiento de menores en zonas como Barbacoas, Samaniego, Ipiales, Roberto Payan en Nariño24.

Además de esto, es bien conocido que la tendencia del conflicto armado en Nariño coincide con el uso de minas antipersona por parte de los grupos ilegales, para controlar estratégicamente el territorio y permitir el cultivo y la distribución de narcóticos, con mayor presencia en la Costa Pacífica, sobre la vía al mar y en áreas cercanas al río Patía. El uso sistemático de estos artefactos son una clara y continúa violación a los Derechos Humanos, pues constituyen una amenaza al bienestar y calidad de vida de quienes lo padecen, en el departamento 706 personas han sido víctimas de estos actos (Unidad de Víctimas, 2016). En mayo un indígena murió y otro más resultó herido al transitar por un campo minado que el ELN había instalado en zona rural de Santacruz de Guachavez, Nariño. Según el Ejército, estos explosivos habrían sido colocados por la Compañía José Luis Cabrales Rúales del ELN en la vereda Chagüi25.

22 La marcha final de las FARC hacia las zonas veredales. El Espectador (2017) recuperado de: http://colombia2020.elespectador.com/territorio/la-marcha-final-de-las-farc-hacia-las-zonas-veredales el día 27 de Marzo de 2017.

23 Las 25 proyecciones terroristas del ELN. (El Espectador) 2016 recuperado de: http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/25-proyecciones-terroristas-del-eln-articulo-619406 el día 27 de Marzo de 2017.

24 ¿Cómo recluta menores de edad el ELN?. Radio Nacional de Colombia (2016) recuperado de: https://www.radionacional.co/noticia/narino/recluta-menores-edad-eln el día 27 de marzo de 2017.

25Ejército denunció que el ELN sigue sembrando minas antipersona. Vanguardia Liberal (2016) recuperado de: http://www.vanguardia.com/colombia/356885-ejercito-denuncio-que-el-eln-sigue-sembrando-minas-antipersona el día 27 de Marzo de 2017.

26 Advierten a alcaldes la llegada de grupos ilegales a zonas de Nariño. Diario del Sur (2016) recuperado de: http://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/advierten-alcaldes-la-llegada-de-grupos-ilegales-zonas-d-254198 el día 27 de Marzo de 2017.

27 Estas son las regiones en alerta por presencia del ELN y bandas. El Tiempo (2016) recuperado de: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/regiones-en-alerta-por-presencia-del-eln-y-bandas/16693302 el día 27 de Marzo de 2017.

Ahora bien, para el 2016 también se pudo registrar un aumento y consolidación de grupos paramilitares posdesmovilización en el departamento tales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia; los Rastrojos, los Urabeños, las Águilas Negras y los Paisas. A su vez, hay una preocupación por parte de de las autoridades en el Municipio de Tumaco, donde advierten la llegada de un actor ilegal que se hace llamar “Nuevo Orden” y que estaría ocupando los flancos abandonados por la guerrilla de las FARC-EP por cuenta del proceso de paz26. También hay presencia importante del ‘Clan Úsuga’ y a finales de junio y principios de julio estuvieron circulando panfletos donde se presentaban a la comunidad tres nuevas organizaciones al margen de la ley que se autodenominaban: “Los Sicarios del Pacífico”, “La Gente de Orden” y “Las AUC”, quienes advertían acciones de ‘limpieza social’ y control territorial27.

Así bien, está claro que la presencia de los grupos armados al margen de la ley y su consecuente accionar contra la población civil han prolongado escenarios de violencia que por supuesto guardan una relación estrecha con las dinámicas de desplazamiento forzado que se presentaron en la región. A continuación, se presenta una gráfica de la Unidad de Víctimas que demuestran los hechos victimizantes más significativos en el departamento de Nariño para el 2016:

Disponible en: http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV. Reporte a 1 de mayo de 2017.

La anterior gráfica demuestra nuevamente la tendencia que se presenta en las zonas en las que trabaja el Servicio Jesuita a Refugiados donde el desplazamiento forzado se continúa configurando como el hecho victimizante más común en el país. En este sentido es importante señalar que independientemente de la proliferación nominativa de grupos paramilitares posdesmovilización, éstos han librado una terrible batalla contra el ELN, la fuerza pública e incluso entre grupos, con el fin de controlar territorialmente las rutas económicas ilícitas en el departamento, generando todo tipo de vulneraciones a los DDHH. Así bien, además de la extorsión, el tráfico de armas y estupefacientes, el reclutamiento forzado y el desplazamiento, se ha presentado como una problemática agravante el aumento considerable de asesinatos y amenazas a líderes que han denunciado el reacomodamiento militar de estructuras criminales en el territorio.

SJR Colombia

Así bien, para el año anterior se registraron varios asesinatos de líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes en el departamento como por ejemplo28 : el asesinato de Johan Alexis Vargas presuntamente por las AGC, quien hacía parte de la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes y de Marcha Patriótica (MP), en la vereda San Luis Robles; en Colón y Génova Senelia Rengifo Gómez Sindicalista del magisterio; en el Municipio de Policarpa asesinaron a Rodrigo Cabrera, defensor de Derechos Humanos y miembro de la MP; Roberto Taicus Bisbicus, líder del pueblo indígena awá y profesor del centro educativo de la comunidad El Hojal La Turbia, en zona rural de Tumaco; Diego Alfredo Chirán Nastacuas Indígena awá, econtraron su cuerpo en la vía que conduce Tumaco a Pasto, con signos de tortura y siete impactos de bala; Luciano Pascal García y Alberto Pascal García dos indígenas awá, fueron asesinados, mientras se desplazaban desde el municipio de Llorente hasta el resguardo Palangala- Hojal La Turbia; en Maguí Payán Wilmer Arnubis de la Cruz (menor de edad) y Carlos Arturo Mosquera por parte del Ejército Nacional y en Policarpa Rodrigo Cabrera Cabrera Defensor de DDHH e integrante de Marcha Patriótica.

Otro punto importante y de gran preocupación es la fuerte proliferación de cultivos ilegales en Nariño pues se ha venido posicionando como el departamento con mayor número de héctareas sembradas ilícitas en el país (Observatorio de Drogas, 2016). El 81% de los cultivos se concentraron en cinco departamentos: Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Caquetá. Por su parte, Nariño presentó un incremento del 72% del área sembrada en relación con el año anterior y los municipios más afectados fueron Tumaco con cerca de 17.000 héctareas de cultivos de coca (el mayor a nivel nacional), Barbacoas con 2.500 y Olaya Herrera con 2.200 héctareas (Págs 59-61). Dichas cifras son muy disientes en torno a los intereses que tienen los grupos armados ilegales en la zona y está claro que la persecución a mano dura de estos cultivos ha contribuido a criminalizar a muchos de los pobladores de la región que no tienen otras alternativas económicas y que se han visto obligados a abandonar sus territorios tras su erradicación forzosa. Por lo anterior, Pasto se ha ido constituyendo como la localidad receptora más grande de las familias desplazadas en el departamento, ya que también es la alternativa económica de muchos pobladores para mejorar sus condiciones de vida.

En este sentido está claro que las anteriores dinámicas de violencia en la zona contribuyeron directamente a que el desplazamiento forzado en el 2016 haya sido el hecho victimizante más común en el departamento. Entre los municipios más afectados se encuentran Barbacoas, Santa Bárbara, Magüí Payán, y por supuesto, Tumaco que como se señaló anteriormente presentó un desplazamiento masivo a comienzos del año. Además, el 19 agosto se registraron enfrentamientos entre el ELN y la fuerza pública, en el Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, que produjo el desplazamiento masivo de 45 familias conformadas por aproximadamente por 127 personas29.

Finalmente es importante rescatar que las tendencias del desplazamiento forzado en la región, además de las que tienen que ver con el promedio nacional, están directamente asociadas con el incremento de los cultivos ilícitos en Nariño pues éste viene acompañado de control social y territorial por parte de actores ilegales, de enfrentamientos armados que dejan atrapada a la población civil, de problemas de salud pública por el incremento de sustancias estupefacientes (muchas familias deciden abandonar sus hogares para que sus hijos no caigan en la drogadicción), de reclutamiento forzado (para trabajar en los laboratorios de cocaína) y de migración transfronteriza (para el tráfico fuera de las fronteras); hechos que repercuten directamente en las dinámicas asociadas al desplazamiento y que deben pensarse para la implementación diferencial y territorial de los Acuerdos de Paz.

28 Los 13 líderes asesinados después de la firma del acuerdo de paz. Semana (2016) recuperado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/los-13-lideres-asesinados-despues-de-la-firma-del-acuerdo-de-paz/493528 el día 27 de Marzo de 2017.

29 Defensoría denuncia enfrentamientos y desplazamiento en Nariño por acciones del ELN. Defensoría del Pueblo (2016) recuperado de: http://www.defensoria.gov.co/es/nube/enlosmedios/5632/Defensor%C3%ADa-denuncia-enfrentamientos-y-desplazamiento-en-Nari%C3%B1o-por-acciones-del-ELN.htm el día 27 de Marzo de 2017.

EQUIPO VALLE DEL CAUCA

El departamento del Valle del Cauca sigue siendo el principal receptor de personas desplazadas forzosamente por causa del conflicto armado en todo el suroccidente colombiano. Buenaventura, municipio ubicado en el Pacífico colombiano con población predominantemente afrocolombiana, se perfila como la segunda ciudad no capital de departamento con mayor recepción de este tipo de población en todo el país. Para el cierre del año 2016 el SJR Colombia en su oficina local en Buenaventura desarrolló acciones de acompañamiento en la zona urbana del distrito (con población en resistencia y en riesgo de desplazamiento mayoritariamente de las comunas 1, 2 y 6), así como en la zona rural en territorios como las cuencas de los ríos San Juan, Calima y Bongo; en la zona rural del departamento del Chocó en el municipio del Litoral del San Juan y Consejos Comunitarios y Resguardos asentados en la cuenca media y baja del río San Juan30 . En este sentido, a continuación se presentan las dinámicas asociadas al conflicto armado, las tendencias del desplazamiento forzado y las situación humanitaria de los pobladores de estas zonas para el año 2016. Para continuar el orden lógico del documento, es necesario empezar con la situación de las FARC-EP y el contexto de Acuerdos de Paz. El cese unilateral al fuego decretado por esta guerrilla trajo consigo una disminución notable en la intensidad31 del conflicto en esta zona. A pesar de ello se registró presencia de esta guerrilla en las zonas rurales de los ríos San Juan, Calima y otras cuencas del distrito. Además la Defensoría del Pueblo manifestó su temor por la situación que se puede generar tras los Acuerdos pues se cree que miembros de las FARC-EP hicieron presencia en la zona urbana antes de su retirada buscando arreglos con grupos paramilitares posdesmovilización para asegurar el control de rutas para la salida del producto de actividades ilícitas. Sin embargo, informaciones concretas sobre la situación anterior no han sido registradas y a partir del mes de junio inició la salida de las FARC-EP de los territorios rurales de Buenaventura como resultado de los avances en los diálogos de La Habana. Finalmente para febrero de 2017 se notificó la movilización de 16 guerrilleros del Frente 30 hacia la Zona Transitoria de La Elvira, Cauca32 lo que ha derivado –como ya se advirtió– en un proceso de reacomodamiento del ELN y de GPP (AGC) por el control territorial. Así bien, varios testimonios de pobladores indígenas y afrodescendientes recolectados por el SJR señalaron el miedo y la tensión que sienten tras la llegada del ELN a las cuencas del bajo calima y el bajo San Juan. Este grupo no había tenido ningún tipo de relación con los pobladores –a diferencia de las FARC– y ha ejercido presión en el territorio mediante el cobro de dinero o víveres, la restricción a la movilidad y sus enfrentamientos con la fuerza pública y GPP.

Además de lo anterior, los grupos paramilitares posdesmovilización tienen un amplio control territorial lo que ha represetado constantes riesgos en materia de seguridad y graves violaciones a los Derechos Humanos. Las Águilas Negras tienen presencia en los sectores de Juanchaco y La Barra mientras que otros grupos han hecho presencia en el bajo San Juan en comunidades como Cabecera, Carrá, García Gómez e Isla de Mono y en cascos urbanos de Buenaventura (La Empresa y los Urabeños). Entre su accionar se encontraron casos de tortura, amenazas de muerte, extorsión y robo de bienes comunitarios, ocupación de territoriores ancestrales33, confinamiento y restricciones a la movilidad por vía terrestre y acuífera con el fin de mantener el control de las rutas ilegales del narcotráfico. A todo ello se le suma los constantes enfrentamientos entre

30 Todas estas comunidades rurales sufren afectaciones por la presencia y acciones de grupos armados en el territorio. Entre las que se encuentran, comunidades desplazadas (Comunidades indígenas de Pichimá Quebrada, Unión San Juan, Puerto Guadualito, Santa María de Pángala; comunidades negras / afrodescendientes de Pangalita, Las Delicias, Barrios Unidos y Bella Victoria); comunidades en riesgo de desplazamiento (comunidades indígenas de Puerto Pizario y Valledupar quienes tuvieron episodios de auto confinamiento durante el 2016) y comunidades retornadas (comunidad negra / afrodescendiente de Trojita, y comunidades indígenas de Chachajo, Chamapuro y Unión Agua Clara).

31 Las acciones ofensivas del grupo armado se redujeron en un 98%, los combates con la fuerza pública en un 91%, la muerte de civiles en un 98% y de combatientes en un 94% en todo el territorio nacional (El Espectador, 2016) recuperado de: http://www.elespectador.com/noticias/paz/farc-han-violado-10-veces-el-cese-unilateral-articulo-639364 el día 21 de Febrero de 2017.

32 Así fue el recorrido de guerrilleros del Frente 30 de las FARC hasta el Cauca. El País (2017) recuperado de: http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/asi-fue-el-recorrido-de-guerrilleros-del-frente-30-de-las-farc-hasta-el-cauca.html el día 21 de febrero de 2017.

33Ver: Comunicado público de las comunidades resguardo humanitario biodiverso Puerto Pizario – Resguardo indígena Wounaan en: http://jyp.megadatesystem.com/IMG/pdf/comunicado_pu_blico_sn_juan2.pdf.

Segunda Parte : Contextos Regionales

grupos, con el ELN o con la Fuerza Pública lo que ha generado riesgos muy serios de desplazamiento forzado en la zona.

Así bien, la presencia constante de Fuerza Pública, ELN y grupos paramilitares posdesmovilización en estos territorios han generado una situación compleja para las y los miembros de comunidades étnicas especialmente pues se han visto obligados a modificar sus hábitos de vida con el fin de no exponerse a daños producto del accionar armado. Mientras en otras zonas del país en el último trimestre del 2016 se presentaba mejoramiento en las condiciones de orden público producto del cese al fuego por parte del Gobierno y las FARC-EP, en los territorios en los que el SJR regional Valle interviene, se ha ido generando un cambio en la configuración de poderes en la zona que ha formado nuevos círculos de violencia. Teniendo en cuenta lo anterior es necesario establecer una serie de patrones sobre cómo se manifestó el fenómeno del desplazamiento forzado y la compleja situación humanitaria en la regional del Valle para el 2016. En Buenaventura la reconfiguración del conflicto armado en relación a los actores y sus dinámicas y estrategias de control en el territorio, han modificado y perpetuado las dinámicas del desplazamiento forzado. Es así como determiandos hechos victimizante como las acciones de control social (injerencia en las dinámicas de la vida comunitaria), control a la movilidad, extorsiones, amenazas, violencia sexual, uso, vinculación y reclutamiento forzado de NNA; y hostigamientos a la población civil, recayeron en presiones para el abandono forzado de los territorios.

Entonces, si bien en el contexto de los Acuerdos de Paz han disminuido los desplazamientos individuales y su registro, los desplazamientos masivos han aumentado (en la cuenca del río San Juan se han presentado 11 desplazamientos masivos de comunidades indígenas y negras / afrodescendientes en el territorio: Pichimá Quebrada, Santa María de Pángala, Pangalita, Barrios Unidos, Bella Victoria, Las Brisas, Las Delicias, Unión Waimia, Munguidó, Puerto Guadualito y Unión San Juan). Desplazamientos forzados producto del temor y del accionar de grupos armados al margen de la ley y de las acciones de la fuerza pública por contrarrestarlos. Estos desplazamientos generan también situaciones de confinamiento en las comunidades como resultado de la presencia de estos actores armados que impiden su libre movilidad hacia otros territorios.

En este sentido, el SJR identificó que predominó el desplazamiento intra-veredal, respecto al desplazamiento intra-urbano, el cual tuvo un menor reporte de familias y personas afectadas de forma comparativa. Lo anterior dado que las comunidades y personas que en la zona rural fueron afectadas por este hecho, se movilizaron dentro de las comunidades rurales como mecanismo de protección del territorio y estrategia de resistencia, así mismo, por la falta de respuesta institucional a las emergencias (no se brinda la asistencia, ni atención) y el aumento de los impactos que el desplazamiento forzado deja en lo urbano pues en lo rural cuentan con mejores y mayores mecanismos de protección para la atención a las necesidades de refugio y alimentación.

En los 11 desplazamientos masivos que se presentaron en el río San Juan, 2 de ellos llegaron a la zona urbana de Buenaventura (77 personas) y 1 de ellos a la cabecera del municipio del Litoral del San Juan (467 personas), en tanto que los 8 restantes se movilizaron entre las comunidades rurales de la cuenca del San Juan: Unión Waimia, Munguidó, Las Peñitas, Copomá Boca, Puerto Pizario, Santa María de Pangala y Taparal fueron las comunidades veredales receptoras. Así bien, está claro que los desplazamientos masivos han aumentado en relación a los que se presentaron en el 2015 (2 en total) pues en el año 2016 se presentaron 11 desplazamientos de este tipo con una afectación mayor de comunidades negras (42%) e indígenas (58%)34 del rio San Juan (departamentos del Chocó y Valle del Cauca).

Para finalizar este apartado, se presenta una gráfica de los hechos victimizantes reportados en el año 2016 para Buenaventura por la Unidad de Víctimas en donde se evidencia que el desplazamiento forzado sigue siendo el hecho victimizante más común:

34 Equipo Humanitario Local del SJR – Valle del Cauca.

Disponible en: http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV. Reporte a 1 de mayo de 2017.

Así bien, para esta zona se evidencia una situación de violación de Derechos Humanos asociada directamente al accionar violento de los grupos armados irregulares; además existe un desbordamiento de múltiples problemáticas sociales, económicas y culturales; y una limitada respuesta en calidad y cantidad de ofertas en procesos que promuevan capacidades individuales y colectivas, que constituyan opciones reales y concretas y apunten al mejoramiento de los proyectos de vida de las familias en el municipio.

Tercera Parte: Sugerencias del Servicio Jesuita a Refugiados

El presente informe tuvo como objetivo principal presentar algunas de las dinámicas asociadas al conflicto armado en el país y su consecuente relación con el desplazamiento forzado en el año 2016. Ello, teniendo como base que el Servicio Jesuita a Refugiados es una organización no gubernamental que Acompaña, Sirve y Defiende a las víctimas del desplazamiento forzado y población vulnerable, y contribuye a la transformación de las dinámicas de violencia en procesos orientados al afianzamiento de la justicia, la paz y la re-construcción del tejido social. Así bien, en lo que resta del documento se presentan unas sugerencias cortas del SJR-Colombia en términos de soluciones duraderas que ayuden a la consolidación de una sociedad más justa y pacífica de cara a los retos que vienen con los post-acuerdos.

Para comenzar, consideramos prioritario replantear la política nacional de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado –Ley 1448 del 2011–, considerando además de múltiples problemáticas que no serán abordadas aquí (sub-registro, deficiencia en ayudas humanitarias, baja atención en las zonas más apartadas, indemnización inadecuada, no aplicación de enfoque diferencial, planes de retorno inoportunos, etc) que los recursos con los que cuenta para tal fin no son suficientes respecto a la totalidad de víctimas existentes en el país y fuera de éste. Ello ha llevado a que las personas atraviesen procesos de reparación ineficientes y revictimizadores frente al restablecimiento de sus derechos y además se siga marginando a las víctimas social y económicamente en el país.

Además, se deben establecer medidas de protección y prevención para las comunidades que siguen en riesgo de sufrir desplazamiento, amenazas, confinamiento, violencia sexual y reclutamiento forzado por el actuar de grupos armados al margen de la ley o las economías de enclave. Esto es especialmente importante para el caso de los grupos étnicos de la nación ya que el arraigo al territorio hace parte de su pervivencia física y cultural.

Para lo anterior, es necesario que el Estado colombiano adecúe y robustezca procesos y planes de integración local teniendo en cuenta que estos representan los posibles escenarios de encuentro entre víctimas y victimarios que se presentarán en las regiones con la salida de las FARC-EP de las ZTV; ello supone la necesidad de avanzar en acciones de prevención y protección de derechos de manera tal que los victimarios y las víctimas gradualmente se vuelvan menos dependientes de los planes de asistencia y puedan encajar sosteniblemente a las cadenas productivas de sus comunidades. Esto, sin duda alguna debe acompañarse con una amplia inversión de recursos de la nación en infraestructura (vías, conectividad), capital de trabajo (tierra, medios y tecnología) comercialización, educación y servicios básicos en los territorios.

Ahora bien, advertimos como necesario el fortalecimiento de una institucionalidad pública que sea capaz de articular acciones orientadas a generar el desarrollo y la paz en los territorios más alejados del país. Para ello, es fundamental formular e implementar los Planes de Desarrollo Territoriales (PDT) que permitan la implementación efectiva del Acuerdo de Paz en las zonas más afectados por la guerra. Para ello es necesario una capacitación juiciosa de los funcionarios públicos, un control fiscal estricto de los recursos asignados a los territorios y una participación ciudadana que permita la construcción de los PDT acorde a las necesidades particulares de la población y además que sirva como un instrumento de veeduría a las autoridades para evitar las lógicas burocráticas, clientelistas y de corrupción de la política local.

Para lo anterior, es importante fortalecer los municipios más pobres del territorio nacional, particularmente aquellos donde se ha instalado la violencia, mediante un adecuado proceso de desconcentración administrativa y una fuerte inyección en recursos públicos. Esto debe ir acompañado de una persecución fuerte a las dinámicas de corrupción en todos los niveles de gobierno, en especial en lo local, donde actores criminales han logrado coptar estructuras civiles para la obtención de réditos políticos y económicos en los territorios. Como se señaló en la segunda parte de este informe, las guerrillas y grupos paramilitares posdesmovilización lograron participar y amedrentar a la población civil en varias reuniones de las Juntas de Acción Local y han logrado asociaciones criminales entre políticos, funcionarios públicos y actores armados, lo que en un contexto de posacuerdos debe evitarse y combatirse por completo.

Lo anterior, es imposible si el reconocimiento del fénomeno del paramilitarismo en Colombia por la institucionalidad sigue siendo renuente. Como se ha señalado en este documento, los grupos paramilitares posdesmovilización representan el mayor reto en materia humanitaria para el país producto de las miles de violaciones a los DDHH en las regiones donde actúan y por ello es indispensable que la fuerza pública actúe contundentemente conforme a las lógicas criminales de estos grupos que no

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responden necesariamente a organizaciones jerárquicamente constituidas ni con estatus de beligerancia.

Además de ello, el SJR apuesta indudablemente por el cese de las distintas violencias en el territorio nacional para mejorar la convivencia a partir del reconocimiento de las diversidades y diferencias de un país definido como pluriétnico y multicultural. Por ello es necesario la generación de propuestas amplias, sostenidas y multivariadas en estrategias y acciones de educación para la paz, la reconciliación y la transformación de dinámicas de violencia, que reconozcan las diferencias sociales y cuenten con enfoque diferencial. Estas estrategias deben estar acompañadas y apoyadas por los distintos sectores sociales con participación tanto de la institucionalidad pública (instituciones educativas, ministerio público, gabinetes municipales, etc.), sociedad civil (organizaciones comunitarias , ONGs), medios de comunicación (locales, regionales y nacionales) y sector privado.

En este sentido, abogamos por un reajuste de la perspectiva con relación al modelo desarrollo anclado al extractivismo y los mega-proyectos de desarrollo de cara a prevenir nuevos desplazamientos y generar un desarrollo sustentable de la mano de las comunidades y el respeto por el medio ambiente. Estamos convencidos de que la construcción de una paz estable y duradera en el tiempo debe ir encaminada cada vez más hacia procesos de justicia distributiva que permitan la reducción de las brechas de desigualdad social y económica y la consecución de ciudadanos en diferencia, agencia y dignidad.

Finalmente, llamamos la atención sobre los miles de víctimas colombianas que se han visto obligadas a cruzar las fronteras en medio de pobreza y hostilidades y que hoy resisten en las zonas marginadas de otros Estados tratando de rehacer su vida. En ese sentido, instamos al Estado colombiano a construir una política amplia para las víctimas en el exterior que contemple la satisfacción de sus derechos a la verdad y a la justicia, y además que contenga un componente fuerte de reparación integral independiente de la voluntad o no de retorno de dichas personas. También se hace necesario regular y crear Mesas de Víctimas en diferentes partes del mundo de manera que se habiliten espacios de participación efectivos con canales de información transparentes para la generación de propuestas que conlleven a la trasnformación sustancial de sus proyectos de vida.

Además de lo anterior, es fundamental trabajar en mecanismos más rápidos en la toma de declaración e inclusión en el RUV dadas las limitaciones extra-territoriales que tienen los connacionales en el exterior. Como se contrastó en la primera parte de este informe, existe una profunda brecha entre las cifras de víctimas reconocidas oficialmente y las que realmente transitan a diario por las fronteras; en este sentido vemos como positivo que la UARIV haya eliminado el plazo de inclusión en el registro para los connacionales en el exterior sin embargo aún los mecanismos burocráticos son lentos y pesados en los consulados lo que supone barreras de acceso de derechos para las víctimas y por ello vemos como necesario crear jornadas masivas de toma de declaración, acercar cada vez más la institucionalidad a las personas y acoger los criterios de interpretación favorable en beneficio del solicitante de inclusión.

Este documento intentó brindar una mirada amplia y generalizada sobre las dinámicas actuales del conflicto armado en el país y los consecuentes retos humanitarios que vienen con la implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP con base en el trabajo que el SJR viene desarrollando hace años en las zonas más alejadas del país. Aquí evidenciamos, que a pesar de una notable reducción de las dinámicas de violencia, la problemática del desplazamiento forzado sigue constituyéndose como el hecho victimizante que más afecta a las personas y comunidades en territorio colombiano debido a diferentes factores que hemos analizado previamente. Y es en este sentido que vemos como prioritario la necesidad de formular salidas articuladas entre Estado, sociedad civil, víctimas y organismos internacionales en pro de la reconciliación, el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, la superación de las profundas divisiones que ha generado la guerra en la sociedad colombiana y la consecusión de ciudadanos y comunidades con capacidades y derechos para el desarrollo de una vida en igualdad y dignidad en todo el territorio nacional.

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BIBLIOGRAFÍA

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