1

Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Discriminacin contra la Mujer en la Ley y en la Prctica

LIMA (19 de setiembre 2014) Al final de una misin de 9 das a Per, Frances Raday, Presidenta-Relatora, y Alda Facio, integrante del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos emiten la siguiente declaracin:

"Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al Gobierno de Per por habernos invitado a realizar esta visita al pas, durante la cual hemos estado en Lima y Ayacucho. El Grupo de Trabajo est profundamente impresionado por la riqueza cultural del pueblo del Per. Estamos muy agradecidas con todos nuestros interlocutores, incluyendo a las y los funcionarios del Estado a nivel nacional, regional y local, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y representantes de los organismos de las Naciones Unidas. Nos gustara tambin agradecer a las distintas asociaciones de mujeres que compartieron sus experiencias con nosotras.

Marco legal, institucional y de polticas

En primer lugar, nos gustara saludar todos los esfuerzos desplegados por el Gobierno en los ltimos aos para reforzar su marco legal en relacin con la promocin y proteccin de los derechos humanos de la mujer y la igualdad de gnero1, as como los distintos planes y programas desarrollados en este sentido2

Las leyes y polticas que afectan a mujeres y nias se formulan a nivel nacional y se nos inform que el presupuesto nacional para la implementacin de estas polticas no se adapta de forma sistemtica a las necesidades actuales de la poblacin en las regiones. Los interlocutores han dicho que las autoridades regionales que son responsables de la asignacin

. Saludamos las numerosas iniciativas emprendidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y su intencin de establecer una direccin de empoderamiento econmico de las mujeres. Sin embargo lamentamos que este Ministerio no tenga un presupuesto adecuado para cumplir plenamente su mandato. El Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social ha desarrollado polticas de inclusin que tienen un impacto positivo en las mujeres, en las reas de incentivos para la asistencia escolar de las nias por los pagos a las madres a travs del programa Juntos y en las pensiones para personas mayores de 65 aos. Sin embargo, se nos ha informado que estos beneficios slo llegan a una parte de la poblacin elegible y es de esperar que los presupuestos se incrementen adecuadamente.

1 Incluyendo la Ley N 30068 (2013), que modifica el Cdigo Penal y el Cdigo de Ejecucin Penal con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio; Ley N 29600 (2010), que fomenta la reinsercin escolar a las alumnas embarazadas y/o jvenes madres; Ley N 29430 (2009), que modifica la Ley N 27942 sobre la prevencin y sancin del hostigamiento sexual; Ley N 28983 (2007) sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; Ley N 28950 (2007) contra la trata de personas y el trfico ilcito de migrantes. 2 Incluyendo el Plan Nacional de Derechos Humanos (2014-2016), el Plan Nacional de Igualdad de Gnero (2012-2017), el Plan Nacional de Accin contra la Trata de Personas (2011-2016), el Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer (2009 -2015) y el Plan Multisectorial para la Prevencin del Embarazo en Adolescentes (2013-2021)

2

de presupuestos, incluyendo los de salud y educacin, no dan prioridad a las necesidades de las mujeres.

Desarrollo econmico y desigualdad

En la ltima dcada, el Per ha experimentado un crecimiento econmico rpido y sostenido y ha sido clasificado como un pas de renta media alta. La pobreza se redujo de 58,7% en el 2004 a 23,9% en el 2013. Sin embargo, el ndice de desarrollo humano del pas apenas ha mejorado. El Per se caracteriza por desigualdades regionales agudas que no han sido resueltas y, en algunos departamentos de la sierra andina, la pobreza total sigue siendo ms del 50%. El creciente desarrollo econmico no ha trado oportunidades de trabajo decente para la gran mayora de la poblacin y la precariedad del empleo afecta a las mujeres gravemente. Se nos ha informado que muchas mujeres estn emigrando por las graves dificultades econmicas. El Grupo de Trabajo considera que la creacin, por el Gobierno, de un milln de empleos en el sector formal en la ltima dcada es un paso en la direccin correcta.

Las industrias extractivas y las mujeres indgenas

A pesar de los beneficios econmicos que han brindado las industrias extractivas al pas, el impacto de estas industrias, agravado por las explotaciones ilegales e informales, sobre las comunidades indgenas y campesinas tiene consecuencias sociales y ambientales devastadoras. Sin embargo, no se ha reconocido el perjuicio de gnero, dispar, generalizado y extremo hacia las mujeres. Las mujeres indgenas han informado al Grupo de Trabajo que han experimentado el impacto como una forma de violencia hacia ellas y su patrimonio cultural. Se las priva de sus tierras y medios de subsistencia, agua potable y produccin agrcola. Con frecuencia, la compensacin proveniente de las tierras de la comunidad se distribuye a los hombres jefes de hogares y los puestos de trabajo creados por las industrias extractivas son generalmente para los hombres. Las mujeres informan de que las nias son objeto de violencia sexual por parte de algunos de los hombres que vienen a trabajar en las industrias, en particular en la regin amaznica; ellas sufren tanto de violaciones en el camino a la escuela como la trata con fines de prostitucin. La privacin de sus tierras obliga a las mujeres a mudarse a las ciudades, sin que las autoridades les proporcionen las habilidades necesarias para mantenerse y mantener a sus hijos en un ambiente totalmente diferente. En las ciudades, las mujeres experimentan pobreza extrema, severa discriminacin, explotacin laboral, prostitucin y violencia sexual.

El Per, en virtud del Convenio 169 de la OIT, tiene la obligacin de consultar a los pueblos indgenas y tribales, sin discriminacin entre hombres y mujeres, antes de autorizar cualquier programa de explotacin de los recursos existentes en sus tierras. Si bien se ha informado que, en las consultas previas relacionadas con el otorgamiento de concesiones a las industrias extractivas, esta obligacin no se ha respetado plenamente en lo que respecta hombres de las comunidades indgenas y tribales, se nos ha informado que, en el caso de las mujeres, no se ha facilitado una efectiva participacin de la mujer y que se neg su solicitud de establecer una cuota. Por otro lado, las necesidades e intereses de las mujeres deben ser tomados en cuenta por igual en todos los programas de inversin social que asignan beneficios o indemnizaciones por los daos sufridos como resultado de esas actividades. Sin embargo, los interlocutores han afirmado que incluso en temas que son de la exclusiva responsabilidad de las mujeres indgenas, como la salud, las mujeres no suelen ser invitadas a las consultas mixtas.

3

Violencia contra la mujer

Muchos interlocutores, hombres y mujeres, resaltaron la prevalencia de actitudes y valores patriarcales tradicionalistas, conocidos como el machismo, y esto perpeta la cultura de violencia contra la mujer.

Unnimemente se reconoce que la violencia contra la mujer es un problema grave y generalizado, que requiere medidas urgentes a todos los niveles. Se inform al Grupo de Trabajo que las mujeres y las nias sufren violencia en todas las esferas de sus vidas, incluyendo en el hogar, la escuela, el trabajo y los espacios pblicos. En el ao 2012, alrededor del 37% de las mujeres inform haber sido vctima de violencia fsica o sexual y, segn el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, slo 4 de cada 10 casos son efectivamente reportados. Esto constituye uno de los ms altos ndices de violencia contra la mujer en la regin.

Las medidas legales y programticas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a esta plaga de violencia contra la mujer han sido respuestas fragmentadas, abordando separadamente la violencia domstica, el feminicidio, la violacin y el hostigamiento (segn el Cdigo Penal) y el acoso sexual. Adems, el Per an tiene que armonizar el Cdigo Penal con el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que incluye una amplia gama de delitos de violencia sexual como crmenes de lesa humanidad. Se inform al Grupo de Trabajo que las personas lesbianas y transexuales sufren una violencia considerable, acoso, estigmatizacin y exclusin. No obstante, las lesbianas y trans-gnero no son debidamente protegidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos (2014-2016) y el Plan Nacional de Igualdad de Gnero (2012-2017). El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha creado los centros de emergencia mujer, que incluyen personal multidisciplinario para prevenir la violencia contra las mujeres y ayudar a las vctimas; visitamos un impresionante centro modelo en Ayacucho. El Ministerio Pblico cuenta con un programa de enfoque de gnero para los procesos por delitos sexuales. Sin embargo, la obtencin de pruebas, incluyendo las pruebas forenses, el proceso de detencin, el enjuiciamiento y la sancin no se han aplicado tan efectivamente en todos los niveles de la polica, agentes del orden y del sistema judicial. El Grupo de Trabajo considera que es necesario establecer una poltica legislativa integral, sanciones ejemplares y de intensificar los mecanismos de prevencin, incluyendo la capacitacin de gnero de los agentes del orden penal.

Salud reproductiva

Se le hizo saber al Grupo de Trabajo de que existe una fuerte influencia religiosa conservadora en los rganos de decisin polticos y en la opinin pblica. Esto afecta en particular a vida familiar y reproductiva de la mujer, lo cual afecta a su bienestar en general.

Se llam la atencin de las expertas a que las excepciones a la penalizacin del aborto estn restringidas a abortos teraputicos, los mismos que han sido clasificados en un protocolo reciente, que incluye el peligro a la salud de la mujer embarazada, as como peligro para su vida. Sin embargo, las excepciones a la penalizacin del aborto no incluyen el riesgo para la salud mental, la violacin, el incesto ni las malformaciones graves del feto o fetos no viables. En sus observaciones finales, la CEDAW reiter su preocupacin de que el aborto en casos de embarazo por violacin o incesto est tipificado como delito y que la interpretacin

4

restrictiva del aborto teraputico puede conducir a abortos inseguros e ilegales. De hecho, aunque no hay datos oficiales, la investigacin acadmica estim que hubo 376.000 abortos ilegales en 2004.

La tasa de embarazos en adolescentes sigue siendo alarmantemente alta. En el grupo de edad de 15-19 aos, el 22% de las nias en las zonas rurales y el 10% en las zonas urbanas ya han dado a luz. Segn la Organizacin Mundial de la Salud, el embarazo adolescente es de alto riesgo, con mayores probabilidades de complicaciones o muerte. El acceso de los menores a mtodos de anticoncepcin de la salud pblica no est permitido a menos que estn acompaados por un tutor, lo cual disuade a los adolescentes a usar anticonceptivos.

El Grupo de Trabajo est preocupado por la discriminacin contra la mujer en situacin de pobreza en lo que respecta sus derechos reproductivos. El Tribunal Constitucional prohibi la distribucin gratuita de la anticoncepcin de emergencia, a pesar de que a las farmacias privadas se les permite vender a aquellos que pueden darse el lujo de pagar. Adems no hay un suministro adecuado de anticonceptivos en el sistema de salud pblica. Supuestamente, el aborto ilegal est disponible en las clnicas privadas en el Per o en el extranjero con un nivel mucho ms alto de seguridad. Por otra parte, se llevaron a cabo un alto nmero de esterilizaciones forzadas en la dcada de 1990 como una forma de control de la natalidad para las mujeres en situacin de pobreza y no ha habido ninguna reparacin o enjuiciamiento.

La participacin poltica

La participacin poltica de la mujer se ha incrementado como resultado de la cuota del 25% para los partidos polticos, ordenada por ley en 1997, aument a 30% en 2001. Sin embargo, la eleccin de mujeres al Congreso, despus de haber aumentado de manera constante a 29,2% en 2006, cay al 21,5% en las elecciones de 2011. Actualmente, ninguna de las 25 regiones est dirigida por una mujer. Slo 4,6% de los alcaldes son mujeres. Existe una propuesta para modificar los requisitos de cuota e impedir que los partidos polticos logran evadir la ley.

Se ha incrementado el nmero de mujeres que ocupan altos puestos en el Gobierno, incluyendo a la Presidenta del Congreso, la Presidenta del Consejo de Ministros y otras Ministras y Vice-Ministras. El Grupo de Trabajo recibi denuncias de hostigamiento generalizado de las mujeres polticas, lo que dificulta la participacin igualitaria de las mujeres en la vida poltica. Parece estar claro que se debe implementar un sistema de cuota efectivo a nivel nacional, regional y municipal y se deben tomar medidas para prevenir el acoso de las mujeres en la poltica.

Vida econmica de la mujer

En cuanto a las oportunidades econmicas de las mujeres, la brecha entre los ingresos de hombres y mujeres de 33%. 78,4% de las mujeres tienen un trabajo informal. Esto se traduce en el trabajo precario, sin seguridad social, vacaciones anuales, licencia por maternidad o lactancia, y sin cobertura de salud o pensiones de jubilacin. El Grupo de Trabajo considera que la mayor creacin de puestos de trabajo para las mujeres en el sector formal es una necesidad urgente.

En el mercado laboral formal, a pesar de la disposicin constitucional general dispuesta en el artculo 26 sobre "la igualdad de oportunidades sin discriminacin" y a pesar de la Ley No.

5

27270 del 2000 que tipifica como delito la discriminacin, hay un muy bajo nivel de conciencia sobre el derecho de la mujer a la igualdad de oportunidades laborales y la derecho a un salario igual por trabajo igual y trabajo de igual valor. Las vctimas de la discriminacin no se sienten capaces para tomar acciones civiles para hacer valer sus derechos en su propio nombre. No existe un marco jurdico laboral completo. Adems, la discriminacin contra la mujer en el empleo est institucionalizada en profesiones femeninas. Las trabajadoras domsticas y las que trabajan en las industrias de agro-exportacin y artesana tiene derechos significativamente menores por la ley, como el salario mnimo y horarios de trabajo. Con frecuencia, ni siquiera estos derechos reducidos son respetados por los empleadores y no se hacen cumplir. En algunos sectores, como el sector agrcola, algunos interlocutores han sostenido que las trabajadoras son sometidas a humillaciones, como verse obligados a usar paales, ya que no se les permite tomar descansos. El Grupo de Trabajo recomienda que el Gobierno adopte medidas urgentes para garantizar el trabajo decente para todas las mujeres trabajadoras. Debera promulgar una Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, cancelar todas las disposiciones legales que permiten la reduccin de derechos de proteccin mnimas para el trabajo feminizado; y debe ratificar el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domsticos OIT.

Educacin

El Grupo de Trabajo felicita al Per por los logros significativos en alcanzar la paridad de gnero en la educacin primaria. Sin embargo, sobre todo a nivel de la escuela secundaria, si bien la desercin escolar de las nias no es mucho ms alta que la de los varones, el impacto en su potencial econmico es diferente. Si bien la Ley No. 29600 exige que las jvenes embarazadas y madres adolescentes tengan la posibilidad de continuar su educacin en la escuela, todava hay problemas de estigmatizacin, discriminacin y prejuicio, que, junto con la carga del cuidado de sus hijos, contribuyen a la desercin escolar.

En la sierra y en la selva, los nios y nias tienen que recorrer largas distancias para llegar a las escuelas y las nias estn expuestas al abuso y violencia en el camino a la escuela. Es ms, la violencia contra las nias en las escuelas es un problema grave, incluyendo la violencia sexual por parte de los profesores. Se inform al Grupo de Trabajo que el Gobierno ha adoptado una serie de medidas legales y polticas para hacer frente a la violencia y que algunos profesores han sido sentenciados y condenados a prisin y que otros estn siendo procesados. El Grupo de Trabajo visit una escuela pblica ejemplar en Lima en la que existe una educacin sensible al gnero y una educacin sexual de las nias y los nios desde las primeras etapas del sistema escolar y considera que este es un buen modelo.

El Grupo de Trabajo es de la opinin de que se requiere una inversin seria en la educacin en zonas remotas para garantizar que las nias continen y terminen la escuela secundaria. Los incentivos y otro tipo de apoyo deben ser proporcionados a los que ensean en reas remotas para superar la aguda falta de profesores, donde a menudo hay un profesor para toda una escuela. Se debera evaluar otras medidas alternativas como los internados para nias financiados por el Estado con el fin de ofrecer a las familias, junto con programas de concienciacin de la familia, un entorno seguro y empoderar a las nias que, de lo contrario, estn excluidas.

6

Salud

El Grupo de Trabajo saluda los esfuerzos del Gobierno para introducir la cobertura universal de salud. Las cifras oficiales indican que el 67% de la poblacin se beneficia de una cobertura del 80%. Sin embargo, varios interlocutores informaron que la disponibilidad de los servicios de salud adecuados era limitada y que la cobertura no incluye diagnstico oportuno, el tratamiento y la medicacin en el servicio de salud pblica. Se inform al Grupo de Trabajo que las trabajadoras domsticas, que tienen un ingreso por debajo del salario mnimo, estn excluidas del Sistema Integral de Salud (SIS) porque, por un lado, no pueden inscribirse como trabajadores formales, ya sea debido a la negativa del empleador o porque no pueden darse el lujo de pagar el 13% del salario mnimo con el fin de calificar, pero, por otro lado, no califican como indigentes.

Acceso a la justicia:

Muchos interlocutores informaron al Grupo de Trabajo que las mujeres peruanas, especialmente las mujeres rurales e indgenas, todava enfrentan importantes obstculos al navegar por el sistema de justicia formal, incluyendo los costos, la distancia y las barreras del idioma, la falta de conocimiento de sus derechos, la desconfianza en el poder judicial y la polica y la revictimizacin y la amenaza de sancin social o el estigma si se acercan al sistema de justicia.

Si bien el Gobierno ha hecho algunos esfuerzos para que el sistema de justicia responda al gnero, la legislacin en materia de discriminacin est dispersa en varias leyes y aun no hay mandatos y procedimientos claros que deba seguir la polica y todo el sistema de justicia para hacer cumplir estas leyes. El Grupo de Trabajo escuch reiteradas quejas de maltrato a la mujer, sobre la base de los estereotipos de gnero y los prejuicios, por la polica y los funcionarios del sistema de justicia. Tambin falta un financiamiento adecuado y sostenido para hacer que la administracin de justicia sea ms gnero sensitivo. Tambin se carece de medidas de control de ejecucin y evaluacin.

A pesar de los esfuerzos para aumentar el nmero de mujeres en la polica y el poder judicial, hay una ausencia flagrante de mujeres en los niveles ms altos del sistema de justicia. Por ejemplo, no hay ninguna mujer entre los 7 magistrados del Tribunal Constitucional, slo tres de los 19 Vocales Supremos Titulares de la Corte Suprema son mujeres y slo hay una mujer entre los 6 Consejeros en el Consejo Nacional de la Magistratura. No existe una comisin de gnero en la Corte Suprema o en el Consejo Nacional de la Magistratura, como las que existen en la mayora de los sistemas de administracin de justicia en Amrica Latina, para garantizar el nombramiento de juezas y supervisar la incorporacin de la perspectiva de gnero en la jurisprudencia de los tribunales. El Grupo de Trabajo observa que no hay un intento sostenido y eficaz en la sensibilizacin de los jueces sobre cuestiones de gnero. En repetidas ocasiones los grupos de mujeres nos dijeron que parece que los jueces y otros funcionarios judiciales no son sensibles al gnero y no tratan a las mujeres como sujetas de derechos.

Se inform al Grupo de Trabajo que los crmenes contra las mujeres durante el conflicto interno de 1980-2000 no han sido adecuadamente indemnizados ni sancionados. Las reparaciones exigidas por el Plan Nacional de Reparaciones de 2005, no se han pagado de manera sistemtica a los familiares de los miles de desaparecidos dejando a muchas madres, esposas e hijos que perdieron a los miembros varones de su familia sin indemnizacin

7

adecuada. En cuanto a las vctimas de violaciones sistemticas y de violencia sexual, slo unos pocos de los muchos casos han sido judicializados y no ha habido ninguna condena. Por otro lado, las asociaciones de familiares de las vctimas del conflicto interno exigen que los crmenes contra las mujeres se tipifiquen como delitos de lesa humanidad, como argumento para procesar a los autores. Los recientes esfuerzos para obtener pruebas forenses de los desaparecidos deben ser agilizados y el importe de la indemnizacin a pagar a las familias debe incrementarse sustancialmente de acuerdo con las recomendaciones del Informe de la Comisin de la Verdad y Reconciliacin y de la Comisin de Reparaciones.

Conclusiones

El pas ha logrado un crecimiento econmico rpido y sostenido y es considerado un pas de renta media alta. Sin embargo, su ndice de Desarrollo Humano no ha mejorado y existen altos niveles de pobreza regional. Se ha observado que las industrias extractivas tienen consecuencias sociales y ambientales devastadoras, que resultan en perjuicio de gnero, dispar, generalizado y extremo hacia las mujeres, quienes sufren el impacto como una forma de violencia contra ellas y su patrimonio cultural. Se les priva de sus tierras y medios de vida, agua potable y produccin agrcola, con frecuencia, sus hijas estn expuestas a la violacin y la prostitucin en el Amazonas y la sierra y las mujeres y nias que se ven obligadas a irse a las ciudades son vulnerables a la explotacin sexual y laboral en ellas.

El desarrollo econmico no ha trado oportunidades de trabajo decente para la gran mayora de la poblacin. La tasa extremadamente alta de mujeres con trabajo informal, las expone a la inseguridad econmica y a la falta de seguridad social o prestaciones por maternidad. En el mercado laboral formal, la igualdad de oportunidades laborales para las mujeres no se aplica y, de hecho, las condiciones discriminatorias en sectores feminizados estn institucionalizadas.

El Grupo de Trabajo tom nota, con reconocimiento, de la existencia de un sistema de cuotas para la participacin poltica de la mujer. Sin embargo, este sistema no ha garantizado la participacin de un nmero suficiente de mujeres en el Congreso y no se ha aplicado a los niveles regionales y municipales, en los que es muy necesaria. El sistema judicial no ha adoptado una poltica que tenga en cuenta las cuestiones de gnero, ya sea en el nombramiento de jueces o en las actitudes judiciales. Las mujeres no gozan de un acceso adecuado a la justicia como vctimas de discriminacin o como vctimas de la violencia.

El Grupo de Trabajo saluda el hecho de que el Gobierno ha instituido una serie de medidas legales y polticas para abordar el alarmante nivel de violencia contra las mujeres y nias. Sin embargo, las medidas adoptadas no han sido integrales, los presupuestos para su implementacin son inadecuados y los problemas siguen siendo agudos.

El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el racismo y los estereotipos profundamente arraigados en la sociedad peruana y difundidos en los medios de comunicacin, en particular contra de las comunidades indgenas, campesinas y afro-peruanas. Se debe abordar el conservadurismo religioso y el machismo prevalente en la sociedad peruana que oprime y silencia a las mujeres. Se debe eliminar la violencia contra la mujer, la discriminacin en los derechos reproductivos contra las mujeres pobres y la discriminacin en las oportunidades econmicas de las mujeres.

8

Nuestras conclusiones y recomendaciones sern desarrollados de manera integral en el informe que vamos a presentar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2015." FIN El Grupo de Trabajo sobre la cuestin de la discriminacin contra la mujer en la legislacin y en la prctica de las Naciones Unidas fue creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2011 para identificar, promover e intercambiar opiniones, en consulta con los Estados y otros actores, sobre las buenas prcticas relacionadas con la eliminacin de las leyes que discriminan a las mujeres. El Grupo tambin tiene la tarea de desarrollar un dilogo con los Estados y otros actores sobre las leyes que tienen un efecto discriminatorio cuando se trata de mujeres. El Grupo de Trabajo est integrado por cinco expertas independientes: la actual Presidenta-Relatora Frances Raday (Israel / Reino Unido), Alda Facio (Costa Rica), Kamala Chandrakirana (Indonesia), Emna Aouij (Tnez) y Eleonora Zielinska (Polonia). Para mayor informacin, visite: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx