Informedeproyectouspegresadosseguimiento 130703123525 Phpapp01 (1) (1)
-
Upload
elder-aguirre-romero-herrera -
Category
Documents
-
view
228 -
download
1
description
Transcript of Informedeproyectouspegresadosseguimiento 130703123525 Phpapp01 (1) (1)
-
UNIVERSIDAD SAN PEDRO
VICERRECTORADO ACADMICO
Oficina Central de Investigacin Universitaria
TEMA Egresados
ESPECIALIDAD Administrativo
OBJETIVO Relacionar
METODO Descriptivo
THEME Graduates
SPECIALTY Administrative
TARGET Relate
METHOD Descriptive
EGRESADOS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIA POLTICA
DE LA UNIVERSIDAD SAN PEDRO,
SU INSERCIN EN EL MERCADO LABORAL
AUTORES: URCIA QUISPE MANUEL ULISES
AGUILAR CABRERA DENIS ADN
BARRIONUEVO BLAS EDITH PATRICIA.
VSQUEZ MNDEZ EVA
CHIMBOTE-PERU
2012
-
2 | P g i n a
RESUMEN
La presente investigacin pretende dar cumplimiento a la ley Universitaria, en su artculo
64, que a la letra seala ARTICULO 64- Las Universidades mantienen relacin con sus
graduados con fines de recproca contribucin acadmica, tica y econmica. Lo cual
contribuir a identificar el mercado laboral en el que se desempean los egresados de la
Facultad de Derecho, en nuestra provincia del Santa, inicialmente, esto en razn de que
nuestra Universidad al tener filiales en Cajamarca, Huaraz, Caraz, Huacho, Piura, Sullana,
y Trujillo, y en las cuales tambin cuentan con la carrera profesional de Derecho, se puede
posteriormente hacer esta investigacin en estas sedes.
Es nuestra intencin logar con esta investigacin, identificar el nivel de satisfaccin
personal y laboral de nuestros egresados, as como el sector donde vienen laborando
sea publica o privada; y comprobar que la formacin que han recibido les ha servido para
el desempeo laboral eficiente. Para ello, se ha utilizado el tipo de investigacin
descriptiva, cuyo mtodo inductivo, deductivo y de anlisis, nos permita elaborar el
informe de investigacin. Esperamos contar con la mayor informacin, conforme a la
encuesta a efectos de concluir los niveles de satisfaccin de los egresados de la
Facultad de Derecho.
-
3 | P g i n a
ASTRACT
This research aims to comply with University Law, Article 64, which literally says "Article
64 - Universities maintain relations with their reciprocal graded for academic
contribution, ethical and economic." Which will help to identify the labor market in which
they operate graduates of the Faculty of Law, in the province of Santa, initially, that the
reason that our University to have subsidiaries in Cajamarca, Huaraz, Caraz, Huacho, Piura,
Sullana, and Trujillo, and which also have a career in law, you can then do the research in
these locations.
It is our intention to dialogue with this research, identify the level of personal and
professional satisfaction of our alumni and where they come laboring sector is public or
private, and verify that the training they received helped them efficient job performance. To
do this, we used the type of descriptive research, which inductive, deductive and analysis,
allows us to develop the research report. We hope to have the most information, according
to the survey in order to complete the satisfaction levels of graduates from the Faculty of
Law.
-
4 | P g i n a
CAPITULO I
INTRODUCCIN
-
5 | P g i n a
I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACION CIENTIFICA
En nuestra Universidad en la Biblioteca de la Facultad de Derecho no se ha encontrado
ningn trabajo relacionado sobre el tema, sin embargo los investigadores han venido
utilizando como material de enseanza el informe preparado por el Dr. Luis Pasara
denominado La enseanza del derecho en el Per: Su impacto sobre la administracin de
justicia (Pasara, 2004), en este trabajo de investigacin efectuado por el Ministerio de
Justicia Peruano, se da conocer cual es la situacin laboral de los abogados egresados de las
diferentes universidades del pas,su deficiente formacion impacta en la administracin de
justicia , y la percepcion de la poblacin respecto a los operadores juridicos, especialmente
de los Magistrados del Ministerio Publico y del Poder Judicial .
Asi mismo, un articulo publicado para la PUCP, en sus reflexiones seala; que se
sostiene que el perfil como centro de gravedad de la educacin legal no es solo un problema
tcnico que se agote en el plan de estudios. La concepcin del Derecho y su relacin con la
democracia presente en la configuracin del perfil profesional y en la prctica docente, est
fuertemente vinculada a los objetivos que se espera lograr con este tipo de formacin. Estos
objetivos, no est dems decirlo, implican por lo general preferencias y valoraciones de
orden ideolgico que trascienden el plano del propio perfil; no obstante, el carcter poltico
de la educacin legal y sus consecuencias sobre la democracia constitucional permiten
reflexionar sobre el papel del mercado y las condiciones que deben valorarse en este
contexto cuando se responde a la pregunta sobre el problema de las facultades de Derecho
en el pas. (Gonzales, 2010)
Tambien el trabajo realizado por Dr. Gorki Gonzales, en su obra La enseanza del
Derecho a los molinos del viento. Cambios, resistencias y continuidades; en la cual es
su reflexiones puntualiza; Es un desafo, sin duda, lograr el equilibrio que impida reducir la
reforma de la enseanza legal a la aplicacin del mtodo activo, y no dejar de cuestionar la
idea del derecho, con el compromiso tico que ello implica. Y se trata de un reto, pues
involucra apostar por la formacin de los valores democrticos de quienes tendrn
decididamente un papel clave en la vigencia de los mismos. En otras palabras, la formacin
-
6 | P g i n a
en destrezas es esencial para romper el crculo cerrado de la educacin exegtica, pero si
sta no va acompaada de convicciones y valores, su resultado y quienes se formen en ellas
siempre podrn ser aprovechados por las posiciones que se presentan como neutrales pero
que suelen emparentarse con las dictaduras y los modelos autoritarios. (Gonzales, 2008)
Empero es preciso tambin sealar, otro material publicado por Dr. Gorki Gonzales, en
La enseanza del derecho en la perspectiva de un sistema integrado: entre la sombra de
la reforma y la innovacin como utopa; donde acota; que en efecto, los escenarios
posibles son diversos como diversa puede ser la intensidad de la integracin en los
seminarios. Se trata por cierto de una relacin que depender del mayor o menor grado de
compromiso con el mtodo, respaldada por un soporte de textura moral de lo jurdico, es
decir, de valores en clave constitucional que permitan ofrecer una visin articulada de los
hechos, reglas y principios, es decir de valores poltico-morales justificados desde una
perspectiva constitucional que sirvan instrumentalmente para orientar el aprendizaje. El
carcter exhaustivo de la integracin, por el contrario, se adelgazar radicalmente cuando se
propugne la idea del mtodo activo como el medio y el fin de la clase, es decir, como
instrumento ordenador de la actividad acadmica para formar abogados, definido
instrumentalmente como neutro. Esta visin seguramente apostar al desarrollo de las
destrezas para el ejercicio de la profesin en trminos presuntamente descontaminados de
lo social y poltico, pero al mismo tiempo dilapidar los valores que justifican la existencia
de los seminarios de integracin. Para esta visin la idea de la integracin tendr un valor
ciertamente instrumental (no moral) para la enseanza del derecho. El compromiso
docente con la propuesta que involucra la idea del seminario de integracin es la piedra de
toque del modelo. (Gonzales, 2006)
Este trabajo es un punto de partida , para nuestra investigacin , que permitira mejorar la
formacin de nuestros estudiantes.
-
7 | P g i n a
II. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION
La investigacin se justifica, por ser una necesidad de la Universidad de conocer el
resultado de su producto en el mercado laboral, ubicndolo y estableciendo relaciones para
que se actualicen a travs de los post grados, esto redundara en claro beneficio de la
comunidad en general.
Empero es preciso resaltar, que muchas veces los alumnos no tienen una idea clara de la
especialidad que van a seguir, o tienen poco conocimiento sobre el mercado laboral actual
en su carrera. Ello dificulta la toma de decisiones de carrera frente a situaciones diversas,
ya sean oportunidades o dificultades en el mbito laboral. Se hace necesario dar a conocer
experiencias de egresados que ya estn inmersos en el mercado laboral, en sus diferentes
especialidades.
As mismo, este informe sobre su insercin en el Mercado Laboral de los egresados de
Derecho intenta brindar herramientas a los alumnos para una mejor toma de decisiones
respecto a su futuro profesional; la misma que permitir contar con un panorama mas
claro respecto al contenido y estructura de la carrera de Derecho, identificando sus
deficiencias, y de este modo adoptar los correctivos necesarios, para brindar una
educacin de calidad, compatible con las exigencias del nuestra realidad.
III. EL PROBLEMA
Cual es la situacin laboral de los egresados de la Facultad de Derecho y Ciencia Poltica
en los 05 ltimos aos, de esta sede Central de Chimbote?
IV. MARCO REFERENCIAL
4.1. La enseanza del Derecho en el Per
Las facultades de derecho y su relacin con el medio, constituyen un punto de mira no
desdeable, si se trata de entender el sentido que adquiere la enseanza del derecho. Un
proceso heterogneo de cambios, que lleva consigo resistencias pero tambin
-
8 | P g i n a
continuidades. La enseanza del derecho busca proveer herramientas, afinar destrezas y
propiciar competencias, identificadas por una perspectiva comprehensiva y un discurso
til para justificar el quehacer de los abogados, el cual es fcilmente reconocible como
instrumento bsico para la constitucin de intereses y posiciones de poder legtimos
en la sociedad. Por ello, la forma que adquiere la educacin legal -es decir, el
conocimiento que se imparte y el modo a travs del cual se produce la interaccin
pedaggica- puede ser considerada como un indicador del modo como est hecha la
textura social. (Gonzales, 2008, p. 3 y ss.)
En general, las entidades oficiales como la Asamblea Nacional de Rectores o el propio
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, carecen de publicaciones en las que se
haga referencia especfica a las facultades de derecho. Y en realidad, la documentacin
sobre la educacin superior tampoco es muy precisa. Por esta razn, una parte
importante de los datos que han permitido articular los principales indicadores de la
educacin legal, est construida a partir de los listados o boletines anuales que se
encuentran en los archivos de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), en los informes
que cada universidad enva anualmente a la ANR, y en situaciones extremas, la
informacin se obtuvo pidindola directamente a cada una de las universidades, no
siempre con la misma fortuna en todos los casos. No obstante, explorar el impacto de
la formacin legal en el desarrollo de la actividad profesional, es una tarea fundamental,
pero ello supone configurar los indicadores de este importante espacio de la vida
institucional del pas que por el momento no existen. Queda, por ello, como una tarea
pendiente y una necesidad hacia el futuro.
4.2. Las Facultades de Derecho: lugar de formacin del Abogado.
4.2.1. El marco normativo: operacin y consecuencias.
La legislacin vigente establece una diferenciacin marcada entre aquellas
universidades que, en el lenguaje de las autoridades, se llaman institucionalizadas y
aquellas otras que estn bajo un rgimen transitorio. Las primeras fueron creadas por
-
9 | P g i n a
ley antes de 1995 o han sido incorporadas luego de pasar por el rgimen transitorio, y
sus rectores integran la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). En 2003 sumaban 58
universidades, de las cuales algo ms de la mitad (30) eran privadas. No estn sujetas
a evaluacin externa, de modo que la identificacin de sus posibles deficiencias y la
adopcin de los remedios consiguientes quedan a cargo de la propia institucin, salvo
el caso de que se produzcan graves irregularidades en ellas, que ameriten la
intervencin de la ANR, segn dispone la ley 27433.
Las segundas provienen del sistema establecido por la ley 26439 en 1995, pueden ser
pblicas o privadas y haber sido creadas por ley o por iniciativa privada. En 2003
sumaban 21 universidades, de las cuales slo cinco eran pblicas. En esta categora,
trtese de universidades creadas por ley o de las promovidas por iniciativa privada, el
Consejo Nacional para la Autorizacin de Funcionamiento de Universidades
(CONAFU) es responsable de otorgar un visto bueno a los proyectos de creacin de
la universidad que, una vez en funciones, estar bajo el mecanismo de evaluacin a
cargo del propio CONAFU, hasta que este organismo emita la autorizacin definitiva
de funcionamiento. Mientras dure su funcionamiento provisional, el CONAFU,
rgano autnomo de la ANR, la universidad se encuentra sujeta a una evaluacin
hasta por cinco aos, a lo largo de los cuales, el CONAFU ordenar su cierre o,
concluido tal plazo, le otorgar autorizar de funcionamiento definitivo. Asimismo,
durante ese periodo, el CONAFU puede autorizar, denegar, ampliar o suprimir
facultades, carreras o escuelas (art. 2).
Una vez alcanzada la autorizacin de funcionamiento definitivo, la respectiva
universidad se convierte en institucionalizada y pasa al rgimen de las primeras.
Aunque a la primera categora ya han accedido varias de las universidades privadas,
constituidas bajo las normas del Decreto Legislativo 882, expedido en noviembre de
1996, encaminadas a promover la inversin privada en la educacin (que establece el
derecho de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas
Particulares, con o sin finalidad lucrativa), un sector de ellas permanece an en la
segunda categora. De acuerdo al rgimen del CONAFU, vigente desde 1995, para
-
10 | P g i n a
otorgar la autorizacin provisional de funcionamiento de una universidad, la entidad
promotora debe acreditar, entre otros elementos, conveniencia regional y nacional,
sustentada en un estudio de mercado de las especialidades que se proponga crear,
disponibilidad de personal docente calificado, infraestructura fsica adecuada, y
servicios acadmicos imprescindibles (bibliotecas, laboratorios y afines) (Ley
26439, art. 7).
La impresin recabada de informantes que reclamaron el anonimato sugiere que la
acreditacin de algunos de estos requisitos en los hechos no ha sido rigurosa; este
sealamiento parece ser confirmado por el caso de aquellas universidades creadas con
el objetivo de ofrecer la carrera de derecho, respecto de la cual difcilmente podra
demostrarse en el pas, desde hace muchos aos, mediante un estudio de mercado la
conveniencia de su expansin. Las visitas efectuadas por el equipo de trabajo de este
estudio verificaron que en varias universidades no se cumplan de modo algunos
varios de los requisitos prescritos por la ley. Un informante sostuvo que existen
plantillas para presentar proyectos de creacin de universidades y que la
tramitacin de los mismos es, en ciertos casos, irregular. (Pasara, 2004- Junio, p. 20)
4.3. El perfil del abogado y el mercado: el argumento de la correccin?
A la incoherencia representada por el perfil ofrecido desde el formalismo legal y las
demandas de la democracia constitucional, se le puede sumar la tesis del mercado como
herramienta para corregir o ajustar la orientacin de los estudios de Derecho. El
problema en esta sede, sin embargo, es la idea del mercado que se abre en los hechos
con enorme impacto desde el decreto legislativo 882. Es posible encarar esta cuestin
desde dos puntos de vista.
4.3.1. El mercado y la educacin legal como hecho econmico
Una primera forma de entender el sentido de esta tesis proviene de considerar que el
mercado produce consecuencias buenas en s mismas, pues en un contexto de
-
11 | P g i n a
recursos escasos el espacio de agregacin de preferencias que l implica es neutral
por antonomasia y por ello incontrastable. La educacin legal como un hecho
econmico, cuya pretensin, adems, es corregir toda interpretacin ajena al enfoque
econmico. De este modo, la oferta debe responder a la demanda de educacin legal
de forma irremediable. Desde este razonamiento, casi resultara irrelevante cuestionar
la legitimidad de cualquiera de los extremos. Se dira que la oferta es intocable
porque la demanda as lo determina. Entonces, solo quedara esperar a que las
condiciones de la demanda se modifiquen para que el cambio en la oferta se
produzca.
Con estas condiciones se evoca la necesidad de que se produzcan reformas
institucionales profundas y complejas como las que implican, por ejemplo, la reforma
del sistema de justicia, la eliminacin de la corrupcin o las mejoras salariales de la
poblacin (Bullard, 2010, p. passin.). As las cosas, la posibilidad de transformar la
demanda parecera utpica y, mientras tanto, habra que aceptar el carcter
inconmovible de la oferta. En esa ruta parecen identificarse las consecuencias del
decreto legislativo 882. Gracias a ella, las libertades econmicas puestas como
prevalentes en las condiciones para crear entidades de educacin superior estn en la
base del crecimiento de la oferta que aprovecha la demanda general de los estudios
universitarios. En ella la imagen de la profesin legal por su relacin con el poder,
junto a la escasa inversin que implica su funcionamiento, se asocian a la precariedad
institucional que define buena parte del universo de las facultades de Derecho.
Frente a lo dicho, la iconografa del liberalismo conservador permite recordar la idea
del estado de naturaleza como escenario de esta historia. Precisamente porque una de
las condiciones esenciales para la existencia del mercado simplemente no existe: la
informacin como instrumento referencial de la seguridad. Sin ella, la competencia
no es tal y, por lo tanto, el mercado ser pura ilusin o tierra de nadie. En este
espacio, los consumidores transitarn expuestos al poder fctico de la oferta. Sin duda
alguna, este es el rasgo que mejor define el mbito en el que se desarrolla la actividad
de la mayor parte de facultades de Derecho del pas.
-
12 | P g i n a
El carcter determinista del enfoque econmico para la educacin legal justifica que
ella se brinde sin controles razonables sobre los estndares que deberan cumplirse
para ofrecer el servicio. Su punto de vista descalifica la intervencin del Estado en lo
que considera un terreno exclusivo de la autonoma individual y de la libertad del
mercado. Aunque no est dicho de forma expresa, es evidente que en este enfoque el
valor atribuido al mercado adquiere un significado no derrotable.
Desde esa perspectiva, la relacin entre el mercado y los valores que implica una
democracia constitucional puede resultar ciertamente contrastante. Asimismo, de ser
considerada un hecho econmico, se sugiere que la enseanza del Derecho debe
ajustarse a las exigencias de la demanda. Debe tratar de ser un producto hecho a la
medida del cliente, y esa debera ser la pauta para la definicin del perfil profesional
y del plan de estudios. Sin embargo, el problema que este enfoque representa para la
educacin legal es que su sentido determinista hara posible que los valores pblicos
comprometidos en esta actividad se subordinen y diluyan ante los requerimientos
contingentes del mercado.
Ajustar la educacin legal para satisfacer al cliente en forma acrtica puede propiciar
el desarrollo de un tipo de especializacin fragmentada, donde la perspectiva del
Derecho ser igualmente parcial. La enseanza enfocada bajo estos trminos carecer
de herramientas para hacer frente a los cambios que inciden en la totalidad del
Derecho y, probablemente, la idea de optimizar los derechos y mejorar la democracia
desde la particular perspectiva del rea de especializacin no forme parte de su
agenda propia (Gonzales, 2010, p. 301. En todo caso, es por lo menos dudosa la
legitimidad de esta forma de ver la enseanza del Derecho, orientada a satisfacer las
demandas de los grupos de poder, por ejemplo, estudios de abogados o empresas. Un
programa de estudios as definido seguramente levantar la necesidad de ciertos
cursos y contenidos, adems de la idea de las destrezas como fines en s mismos, para
enfrentar la dinmica profesional sin considerar los valores comprometidos o por
encima de ellos, casi siempre para favorecer las exigencias de los grupos de inters.
-
13 | P g i n a
4.3.2. El perfil y las polticas pblicas: el mercado como instrumento de la
democracia.
Un punto de vista diferente proviene de asumir el carcter complejo de la actividad de
las facultades de Derecho. Como se ha reiterado, a travs de la enseanza legal se
construyen valores, se atribuyen funciones al Derecho y se proveen argumentos para
justificar las prcticas legales. Su carcter, por lo tanto, no puede reducirse a un hecho
econmico y, en esa perspectiva, es posible relativizar el carcter de la tesis del
mercado en la comprensin de este problema.
Es verdad que la oferta brindada por las facultades de Derecho no puede prescindir de
orientar sus servicios a las demandas ciudadanas. Sin embargo, esta consideracin no
parece compatible con la pretensin de correccin de la educacin legal con
productos de consumo de carcter privado y la hace susceptible, por ello, de ser
sometida al clculo obligado por la relacin entre oferta y demanda.
El carcter pblico de la educacin legal, tanto como su articulacin en los trminos
de una poltica pblica, requiere de definiciones frente al mercado, pero con la
finalidad de que este resulte til desde la dimensin que le corresponde, en el
escenario de la democracia constitucional, a los propsitos de la enseanza del
Derecho. Las facultades de Derecho deben dirigir sus esfuerzos orientados hacia el
cumplimiento de los objetivos sociales y polticos que definen su actividad, frente a
las demandas de la comunidad, en un contexto de pluralidad y globalizacin. Son
estas las coordenadas que deben servir para actualizar los planes de estudios y
determinar el perfil del abogado. Solo despus de haberlas asumido ser coherente
plantear el problema de la oferta de la educacin legal y el sentido que, al respecto,
debera tener el mercado. En ese propsito, la existencia de controles razonables
sobre la actividad de las facultades de Derecho es un rasgo propio de los acuerdos
institucionales de la democracia considerada como un todo. Este rasgo indispensable
en las escuelas de leyes proviene de su particular arraigo poltico, as como de la
especial funcin que cumplen los abogados. A este cuadro responden igualmente los
-
14 | P g i n a
estndares que deberan cumplirse si se trata de valorar el servicio educativo que
brindan las facultades de derecho.
La idea del mercado no puede pasar por alto esta primera definicin y operar sin
institucionalidad que delimite los valores en juego. En otras palabras, es necesario
que se constituya un sistema de acreditacin universitaria como cuestin previa. El
carcter constitucional de este sistema debe su legitimidad a los valores que con l se
vertebran, ms an si se piensa en la educacin legal. De otro lado, no est dems
recordar que ya existen requisitos que deben cumplirse para autorizar el
funcionamiento de las entidades universitarias que carecen de un sistema de control
sobre su cumplimiento (Fundamento 217 de la Sentencia 0017-2008- del 5 de junio
de 2010).
Sobre este punto es necesario advertir que los sistemas de acreditacin universitaria
son compatibles con la actividad de las escuelas de leyes. Incluso los criterios para
determinar la solvencia de estos sistemas de acreditacin son parte de los propios
acuerdos institucionales que deberan llevarse a la prctica y financiarse,
legtimamente, a travs de distintas fuentes, lo cual depender del origen (estatal o
privado) de la universidad. Quiz las universidades privadas creadas al amparo del
decreto legislativo 882, que hoy constituyen la mayora en los rganos rectores de la
actividad universitaria, no estn interesadas en impulsar un sistema de acreditacin,
pues ello sera contrario a sus intereses econmicos68. En cualquier caso, desde una
concepcin genuinamente liberal, el Estado est legitimado para crear las condiciones
que hagan posible garantizar los bienes pblicos implicados por la funcin que las
escuelas de leyes cumplen en el marco de su responsabilidad en una democracia
constitucional. (Gonzales, 2010, p. 303)
La informacin sobre la realidad en la que se desenvuelve el mercado es tambin
necesaria para la existencia de la competencia y para optimizar las condiciones de la
eleccin. Pero no basta que existan reglas que la establezcan y que ella se produzca
en apariencia: la informacin y el cumplimiento de las condiciones necesarias para el
-
15 | P g i n a
desempeo de una facultad de Derecho son datos cruciales si se trata de establecer la
competencia igualmente crtica en torno a este tipo de servicio. El mercado, desde
una ptica crtica, incorpora tambin las demandas de acceso a la justicia y los
derechos de los grupos sociales que se encuentran en una posicin de desventaja o
exclusin. Este aspecto debera ocupar un lugar especfico en el universo de
preocupaciones que justifican el plan de estudios y el perfil del abogado. No se
entiende, por ello, que se pase por alto y no se establezca una definicin en trminos
curriculares que pueda tener un carcter transversal. Al margen de la posicin
ideolgica que est detrs, la funcin que cumplen las facultades de Derecho justifica
plenamente esta consideracin.
El mercado, desde este enfoque, define mejor su papel como espacio de agregacin
de preferencias: un instrumento idneo para satisfacer y optimizar los valores de la
democracia, representados por la funcin que cumplen las facultades de Derecho. Por
ello, lo que puede estar en juego como parte de la competencia, si se piensa en el
mercado, es la eleccin de las condiciones y diseos para realizar los fines de la
educacin legal, en el marco del sistema de controles razonables o acreditacin que le
es consustancial.
La informacin que podra reflejar los distintos enfoques institucionales, y sera til
para contribuir a mejorar la eleccin del interesado en estudiar derecho, se revela a
partir de los siguientes criterios:
La plana de profesores y los nfasis que se desprenden de su calificacin
acadmica y experiencia profesional para la propia vida institucional.
Los diversos acentos o enfoques temticos que se hacen visibles en los planes
de estudios.
Las especialidades que busquen fortalecer determinadas reas.
Las opciones de insercin en la vida profesional y los espacios laborales
previstos que los egresados desempean.
Las oportunidades para internacionalizar los estudios y el ejercicio de la
profesin.
-
16 | P g i n a
Las relaciones institucionales nacionales e internacionales de las facultades de
Derecho.
Los recursos materiales, tecnolgicos y bibliogrficos.
No se trata de un esquema esttico, pues este tipo de decisiones estn marcadas por el
contexto social y cultural. As, la idea del ascenso social que est detrs de los
estudios universitarios junto a la imagen de poder que se atribuye a la profesin legal,
pueden combinarse para influir en la decisin de estudiar derecho, fuera de toda
consideracin relativa a la calidad del servicio, a las posibilidades de insercin laboral
o subempleo, que en el caso de la profesin legal parece constituir un grave
problema.
En esa direccin, sin control sobre la actividad de las facultades de Derecho, el
espacio profesional de los abogados, que no es otro que el de la democracia
constitucional, quedara progresivamente definido por las mismas carencias en
contenido y valores de la formacin legal. Por lo dicho, el perfil profesional del
abogado debe responder al mercado en forma crtica. Antes que para someterse a
una lgica determinista en funcin de cualquier demanda, el perfil debe aspirar a
cumplir una funcin transformadora de la realidad. El contenido valorativo que
implica la enseanza del Derecho debe calificar al sujeto para que sea capaz de tomar
decisiones y enfrentar las carencias de la realidad, as como para avanzar a costa de
ella cuando le sea adversa. (Sen, 2000, p. 15-16)
Para aspirar a cumplir con estas premisas, el perfil del abogado no debe asumirse
como una entidad fija en el tiempo y, por ello, no deben fijarse consensos estticos
que impidan ajustar su articulacin desde el plan de estudios. El perfil del abogado
debe comprometerse con la formacin para enfrentar problemas jurdicos con
conocimientos y destrezas especficas (especializacin), pero con conciencia de su
articulacin a los valores de la democracia como un todo.
-
17 | P g i n a
La principal virtud reclamada a un sistema de enseanza del Derecho radica en la
responsabilidad de formar abogados comprometidos con la idea de propiciar mbitos
de desarrollo social ms predecibles, solidarios y justos. Esta aspiracin se conecta
con el sentido poltico que redefine el papel de las escuelas de Derecho y se convierte
en un derrotero para repensar los planes de estudios, las destrezas, los perfiles
profesionales, as como los compromisos de la funcin docente.
V. OBJETIVOS
5.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar, la situacin personal y laboral de los egresados de la Facultad de Derecho
de la Universidad San Pedro, sede Chimbote de los ltimos 5 aos.
5.2. OBJETIVO ESPECIFICO
Identificar el nivel de satisfaccin personal de los egresados de la Facultad de
Derecho, en la actividad que desempean.
Identificar la actividad laboral que desempean los egresados de la Facultad de
Derecho.
VI. VARIABLES
6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE
Situacin personal y laboral de los egresados de la facultad de Derecho.
6.2. VARIABLE DEPENDIENTE
Nivel de satisfaccin de los egresados de la Facultad de Derecho.
-
18 | P g i n a
CAPITULO II
MATERIAL Y METODOS
-
19 | P g i n a
I. TIPO DE INVESTIGACION
1.1. TIPO DE INVESTIGACIN
Descriptiva
1.2. MTODO
Inductivo, deductivo y de anlisis
1.3. DISEO
No experimental
II. POBLACION Y MUESTRA
2.1. POBLACIN
Los egresados, de la Facultad de Derecho de la Universidad San Pedro Sede Central, de
los ltimos 05 aos
2.2. MUESTRA
La muestra consistir en el mayor nmero posible de egresados segn el informe de la
Oficina de Registro Tcnico de la Universidad; conforme al muestreo No probabilstico
denominado Bola de Nieve.
III. TECNICAS E INSTRUMENTOS
3.1. TCNICAS
Encuesta
Anlisis Documental
3.2. INSTRUMENTOS
Se utilizara l instrumento (encuesta) aprobado y validado por la Oficina Central de
Investigacin Universitaria de la Universidad San Pedro.
IV. PROCESAMIENTO Y ANLISIS DE LA INFORMACIN
El procesamiento se har a travs del programa estadstico SPSS versin 19
-
20 | P g i n a
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
Alexy, R. (1998). Sobre las relaciones necesarias entre moral y Derecho. EN, Derecho y
moral. Ensayos sobre un debate contemporneo. Barcelona. Gedisa Editorial.
Binder, A. (2005). El mercados de los servicios legales y la crisis de la Abogaca. EN,
Varas, J. E., Binder, A. (Comp.). Abogaca y Educacin legal (pp. 62-65). Buenos
Aires Argentina. Centro de Estudios de Justicia de las Amricas.
Boaventura, S. (2005). Hay que politizar la formacin, crear otro compromiso social en
las Facultades de Derecho. EN, Varas, J. E., Binder, A. (Comp.). Abogaca y
Educacin legal (pp. 52-61). Buenos Aires Argentina. Centro de Estudios de
Justicia de las Amricas.
Bohmer, M. (2005). Metas comunes: la enseanza y la construccin del Derecho en la
Argentina. EN, Varas, J. E., Binder, A. (Comp.). Abogaca y Educacin legal (pp.
26-38). Buenos Aires Argentina. Centro de Estudios de Justicia de las Amricas.
Bourdieu, P. (2000). Elementos para una sociologa del campo jurdico. EN, La fuerza del
Derecho. Bogot. Uniandes, Instituto Pensar y Siglo del Hombre Editores.
Bockenforde, E, W. (2000). Estudios sobre el Estado de Derecho y Democracia. Madrid.
Editorial Trotta.
Bullard, A. (2010, 31 de mayo). Sobre abogados, mercachifles y monopolios: educacin
legal y libre competencia [en lnea]. EN, Blog de Wordpress.com. (Consulta: 02 de
-
21 | P g i n a
Julio, 2012). Disponible en:http://blogcristalroto.wordpress.com/2010/05/31/sobre-
abogadosmercachifles-y-monopolios-educacion-legal-y-libre-competencia.
Cornejo, O. (2009). Cmo romper un circulo vicioso?. EN, Revista Iberoamericana de
Derecho Procesal Garantista. Per.
Cox, F. (2005). El ejercicio de la profesin en un sistema acusatorio. EN, Varas, J. E.,
Binder, A. (Comp.). Abogaca y Educacin legal (pp. 66-78). Buenos Aires
Argentina. Centro de Estudios de Justicia de las Amricas.
Dossier. (2005). La abogaca de las Amricas en nmeros. EN, Varas, J. E., Binder, A.
(Comp.). Abogaca y Educacin legal (pp. 82-92). Buenos Aires Argentina.
Centro de Estudios de Justicia de las Amricas.
Ferrajoli, L. (2001). Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales. Madrid. Editorial
Trotta.
Fuentes, A. (2005). Educacin legal y Educacin Superior en Colombia: desarrollos
institucionales y legales 1990 -2002. EN, Varas, J. E., Binder, A. (Comp.).
Abogaca y Educacin legal (pp. 39-51). Buenos Aires Argentina. Centro de
Estudios de Justicia de las Amricas.
Gonzales, G. (2010). La enseanza del Derecho como poltica publica. EN, Coleccin de
Derecho de la PUCP. Lima. Editorial PALESTRA.
-
22 | P g i n a
Gonzales, G. (2008). La enseanza del Derecho a los molinos del viento. Cambios,
resistencias y continuidades. EN, 6 Coleccin de Derecho de la PUCP. Lima.
Editorial PALESTRA.
Gonzales, G. (2007, 15 de Agosto). Informe Final: sobre mejora de calidad sobre la
formacin de los estudiantes de las facultades de derecho. Lima.
Recomendaciones Tcnicas Sustantivas a las Universidades en las Facultades de
Derecho.
Gonzales, G. (2006, 2 de septiembre). La Enseanza del Derecho en la perspectiva de un
sistema integrado: entre la sombra de la reforma y la innovacin como utopa
[en lnea]. EN, stanford.edu. Lima. Recuperado, 06 de Junio del 2012. Disponible
en: http://www.stanford.edu/dept/law/llelac/Gonzales.pdf
Gonzales, G. (2003). Enseanza del Derecho y reforma judicial: ideas para un acuerdo
impostergable [en lnea]. EN, stanford.edu. Lima. Recuperado, 06 de Junio del
2012. Disponible en: http://www.stanford.edu/dept/law/lelac/Gonzales.pdf
Hberle, P. (2003). El Estado constitucional. Mxico. Universidad Nacional Autnoma
de Mxico. Instituto de Investigaciones Jurdicas serie Doctrina Jurdica Nm. 47.
Hernndez, S., y Lpez, R. (2006). Tcnicas de investigacin Jurdica. Mxico. Editorial
Mexicana.
Hernndez, R., Fernndez, C., Baptista, P. (2003). Metodologa de la Investigacin.
Colombia. Editorial, Mc Graw-Hill.
Lasswell, H. (1999). Enseanza del Derecho y polticas pblicas: entrenamiento
profesional para el inters pblico. EN, La enseanza del Derecho y el ejercicio de
la abogaca. Martn F. Bhmer (compilador). Barcelona. Editorial, Gedisa.
-
23 | P g i n a
Martnez, S. (2011). El Mercado Laboral en la carrera de Derecho PUCP. Lima. Fondo
Editorial de la PUCP.
Montoya, G. M. (2007). La Calidad en la formacin jurdica [en lnea]. EN,
monografas.com. Disponible en:
Ortega, D., y Fernndez, A. (2009). Metodologa y Tcnicas de Investigacin. Trujillo
Impresiones Graficas G y M.
Pasara, L. (2004, Junio). La Enseanza del Derecho en el Per: su impacto sobre la
administracin de justicia. Lima. Fondo Editorial, Justicia Viva.
Prez, R. (2005). Educacin Jurdica, Abogados y globalizacin en Amrica Latina. EN,
Varas, J. E., Binder, A. (Comp.). Abogaca y Educacin legal (pp. 4-14). Buenos
Aires Argentina. Centro de Estudios de Justicia de las Amricas.
Ramos, C. (2000). Como hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento. Lima.
Editorial, Gaceta Jurdica.
Ramos, J. A. (2004). Elabore su tesis en Derecho Pre y Post Grado. Lima. Editorial San
Marcos.
Robert, A. (2002). Teora de los derechos fundamentales. Madrid. Centro de Estudios
Polticos y Constitucionales.
Rodrguez, B. (2006). Metodologa Jurdica. Mxico. Editorial Mexicana.
Rubio, M. (1997). El Poder Judicial que queremos: una perspectiva desde la docencia.
EN, I Encuentro de Decanos de Facultades de Derecho. Arequipa - Per, 19 y 20 de
septiembre de 1997. Lima: Consejo de Coordinacin Judicial.
-
24 | P g i n a
Rubio, M. (1998, 25 de agosto). Proyecto de Nuevo Sistema de Enseanza del Derecho
en la PUCP. Lima. Documento de trabajo de la PUCP.
Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Barcelona. Editorial Planeta.
Silva, G. (2001). El mundo real de los abogados. Tomo I. La profesin jurdica. Bogot:
Universidad Externado de Colombia e Instituto Latinoamericano de Servicios
Sociales Alternativos.
Tarello, G. (1995). Cultura jurdica y poltica del derecho. Mxico: Fondo de Cultura
Econmica