INTEGRACIÓN MIGRATORIA Y LABORAL EN CENTROAMÉRICA

Ilka Treminio SánchezUniversidad de Salamancacorreo electrónico: iltreminio@gmail.com

Resumen

El proceso de transnacionalización de la mano de obra que se vive en la región Centroamericana, trae al debate la necesidad de avanzar en materia de protección de los derechos humanos en el tratamiento migratorio. Especialmente porque los procesos recientes de desplazamiento de personas están motivados por la búsqueda de oportunidades de trabajo.

Existen algunos compromisos que los países han ido adquiriendo como parte de la firma de Acuerdos Internacionales, pero sobretodo, se ha empezado a crear una incipiente institucionalidad regional que en un futuro podría liderar la construcción de una gobernabilidad migratoria centroamericana. Quedan muchos retos pendientes, aunque no puede descartarse que se han realizado notorios esfuerzos. El llamado de atención es principalmente a trascender el plano discursivo y emprender acciones reales.

Datos biográficos: Politóloga por la Universidad de Costa Rica, Máster en desarrollo económico local por la FLACSO Costa Rica, Máster en ciencia política de la Universidad de Salamanca. Actualmente se encuentra en proceso de selección para el doctorado en procesos políticos contemporáneos de la Universidad de Salamanca.

Palabras clave: integración centroamericana, migración, legislación, mercado laboral.

Introducción

Históricamente, la región centroamericana1 ha estado marcada por el

constante flujo de personas, hecho que no marca una novedad, por el

contrario la población en los países que la componen muestra la

mezcla de grupos y etnias que son un reflejo de la diversidad de su

formación.

A partir de esta premisa, se plantea en este trabajo que la migración

es una constante en la región, que tiene impactos de diverso tipo,

pero en la actualidad, lo tiene especialmente en el mercado laboral.

Por tanto, es un factor que no puede invisibilizarse y mantenerse al

margen de la vida política doméstica y regional, por el contrario,

como tal, es un tema que debe estar presente en el proceso de

formación de políticas públicas y en la integración.

Para desarrollar este trabajo, en primer lugar se hará un repaso muy

breve por los procesos migratorios en la región, posteriormente, se

revisarán los principales instrumentos internacionales que regulan el

tema y las instancias regionales responsables en la materia

migratoria y finalmente, se plantearán algunos retos en el marco de

la integración a tener presente.

1 Según Morales (2007) “En la terminología regional, se tiende a hablar indistintamente de Centroamérica y de América Central, como conceptos equivalentes, para referirse a una misma categoría geográfica. Sin embargo, el concepto de Centroamérica hace referencia a una categoría histórica y cultural, mientras que, en su construcción, el de América Central está más bien determinado por el peso de la ubicación geográfica del istmo. Así, pues, América Central está formada por la franja de territorio, entre dos mares: el océano Pacífico y el mar Caribe y que sirve de puente entre las dos masas continentales que conforman el continente americano. Como superficie territorial está compuesta por los territorios de siete países: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La superficie total abarca 521.600 kilómetros cuadrados y estaba poblada, según datos de 2004, por 39.373.000 habitantes.12 Mientras que Centroamérica como concepto, según su origen histórico, comprendía al espacio que formó parte del Reino de Guatemala durante la colonización española y que, posteriormente, con la exclusión de Chiapas que, tras su independencia, se anexara a México, intentaron formar una federación”

Mapa No. 1

Mapa político de Centroamérica

La migración en Centroamérica

Cuando hablamos de migración en el nuevo entramado económico

global, nos referimos a una expresión de dinámicas que encuentran

sus asideros en las realidades sociales, económicas y culturales de

sus respectivas zonas de vida. Diversos factores entran en juego, se

pueden mencionar los de índole ambiental como son: la

profundización en el deterioro socio-ambiental, el colapso de la

infraestructura disponible y las acciones insostenibles de explotación

de los recursos naturales; los factores sociales y económicos: como la

persistencia de la exclusión social y la “institucionalización” de la

pobreza y, factores políticos como: la precaria construcción de

ciudadanía, el debilitamiento de las estrategias colectivas

comunitarias y los lazos socioculturales, producto del temor que dejó

la guerra civil en las diferentes sociedades, y los valores centrados

en el individuo que promueve la sociedad postindustrial (Acuña,

2007).

La movilidad de las personas es un fenómeno complejo, tiene

diversas causas y consecuencias y las mismas se expresan en los

distintos escenarios locales, tanto los de origen como los de llegada,

y en algunos casos, en los de tránsito. No obstante, es un evento que

no pasa sin dejar huella, la migración permite la formación de

experiencias tanto en el plano individual como en el colectivo, dando

lugar a una red de acciones e intercambios en todos los niveles

(económico, social y simbólico). Diversos elementos propician o

desincentivan estos intercambios, pero ciertamente la sociedad actual

favorece el mantenimiento de la comunicación y los flujos de

información, bienes y recursos.

A su vez, las diferentes formas de entablar y mantener los vínculos a

través de las fronteras, muestran un hecho importante, la

consolidación de prácticas informales que ponen en evidencia el

accionar al margen de los Estados y los sectores formales privados, lo

que conlleva la construcción de nuevas dinámicas que permiten

hablar de comunidades transnacionales, pero también de redes de

carácter delictivo y de un complejo entramado de nodos de individuos

y grupos dedicados a la intermediación de la migración (Acuña,

2007).

Para el caso en estudio, conviene aclarar que la migración es un

proceso de larga data que ha tenido diferentes momentos de mayor

profundización. Al respecto, Morales (2007) define distintos

momentos en que se encuentran presentes las “olas migratorias” en

la región, así se pueden mencionar tres principales: (1)

Agroexportación, modernización e incipiente formación de mercados

de trabajo regionales; (2) Los desplazamientos forzosos durante el

conflicto armado; (3) La transnacionalización laboral y la

globalización de Centroamérica.

El primer momento va de la segunda mitad del Siglo XIX hasta la

primera mitad del Siglo XX. Este período se destaca por el

desplazamiento obligado de indígenas y campesinos, así como de

poblaciones transfronterizas para trabajar en los cultivos que dieron

forma al modelo agroexportador, así como actividades asociadas al

mismo, como la construcción de ferrocarriles e infraestructura para el

desarrollo de la actividad exportadora, como el Canal de Panamá, el

ferrocarril transístmico, entre otros. (Morales, 2007). Según el mismo

autor, durante este período entre las décadas del 30 y el 50, el

impacto más importante de esa migración transfronteriza se

experimentó entre El Salvador y Honduras. Se estima que alrededor

de 300.000 y 350.000 salvadoreños pudieron haber emigrado a

Honduras, debido fundamentalmente a los impactos de la crisis del

29 sobre los precios de café, la represión y genocidio de campesinos

de 1932, la atracción de fuerza de trabajo para las plantaciones

bananeras en el segundo país y la disposición de tierras para la

agricultura.

Un segundo momento, asociado con los conflictos políticos durante

las décadas del 70 y 80 que afectaron a Nicaragua, El Salvador y

Guatemala. El éxodo provocado por la violencia social y la

persecución política, se ha estimado que desplazó alrededor de 2

millones de personas. Entre éstas se incluyen refugiados, desplazados

internos, repatriados, entre otros. Este período si bien está marcado,

por razones fundamentalmente políticas, no se puede decir que sea la

única causa, asociado al conflicto bélico, se encuentra la búsqueda

por parte de los migrantes de encontrar salida a sus necesidades

materiales, sociales e incluso psicológicas que fueron afectadas por

las secuelas de las guerras.

El tercer período, es el más relevante para efectos del análisis, dado

su carácter determinante dentro de los retos de un nuevo impulso

integrador. Con el final de los conflictos bélicos, la región ingresa en

el nuevo escenario económico caracterizado por la liberalización de

los mercados, la diversificación del modelo exportador y la

interdependencia de las economías en un orden más global. En este

escenario, se podría afirmar que las dinámicas de empleo y el

mercado laboral han sufrido importantes transformaciones, cuyas

principales expresiones son la flexibilidad laboral, la desregulación del

mercado de trabajo, la disminución del empleo público, la

descampesinización de lo rural, y el crecimiento del sector servicios,

entre otros. Por otro lado, en contraposición a estas

transformaciones, del lado de la mano de obra, se destaca el

debilitamiento de las organizaciones sindicales, que trae consigo el

posicionamiento de estrategias individuales o familiares frente al

trabajo, por sobre las estrategias colectivas, la desprotección en

materia regional y los marcos cada vez más laxos de legislación

laboral (Bulmer- Thomas: 2001).

A lo anterior se suma, que la estructura social y la concentración del

empleo urbano, en todos los países centroamericanos, ha provocado

el ensanchamiento de las ciudades y el surgimiento de nuevas

ruralidades asociadas al sector servicios, como es el caso del turismo.

Pero, esto no se traduce en una mejora del espacio político, aún

prevalecen mecanismos débiles para propiciar el fortalecimiento de la

ciudadanía y por lo tanto, la reconfiguración del espacio no ha sido

suficiente para moldear una estructura inclusiva de las sociedades. Es

decir, a pesar de notables avances en materia política que ha tenido

Centroamérica, como son el fin de los conflictos armados, la firma de

acuerdos de paz y la democratización expresada sobre todo en la

celebración de procesos periódicos y libres eleccionarios; persisten en

la Centroamérica de la posguerra, los resabios en política social y eso

se evidencia en el desempleo, la pobreza y una de sus principales

manifestaciones, las migraciones. En este sentido, éstas son el

“resultado de la reproducción de las deficiencias de las viejas

estructuras y de la prolongación de contradicciones irresolutas”

(Acuña, 2007).

Al situarnos en el último período sobresale uno de los elementos más

recurrentes en los estudios sobre los retos de la integración en la

región centroamericana, el desarrollo del capital humano en

Centroamérica (Bulmer-Thomas: 2001, Informe Estado de la Región:

2008). Cuando se habla de este recurso se piensa normalmente en la

necesidad de fortalecer políticas sociales como educación y salud para

la atención de la población de los diferentes Estados nacionales. Sin

embargo, en el caso centroamericano, cuya sociedad está marcada

por el desplazamiento entre países de mano de obra, el tema se

posiciona cada vez más allá de la política doméstica y requiere de

atención en instancias de más amplio alcance, si se quiere pensar en

una integración económica que propicie la competitividad y la justicia

social.

Anteriormente, desde la visión de los mercados de trabajo en

Centroamérica, el viejo regionalismo, que se sitúa entre los años

sesentas y los setentas, incentivó la industrialización y, con ella los

fenómenos de migración interna rurales- urbanos. Por esa razón, se

considera que no propiciaron una fuerte discusión desde la sociedad

sobre la regionalización de la fuerza de trabajo en momentos donde

el ímpetu integracionista era más fuerte.

Como señala Schmiter (1970) la regionalidad de esas décadas incluyó

a algunos sectores, como los industriales, que son quienes finalmente

lograron obtener beneficios del espacio económico común. Debido a

que hasta ese momento, de acuerdo con Morales (2007: 276) “el

proyecto lo que logró fue abrir espacios a nuevas fuerzas del capital

dentro de los intentos de reforma económica de corte modernista;

aunque los intereses de las burguesías nacionales contradictorios

entre sí, y bajo el efecto fragmentador de la inversión extranjera,

recluidos en un nacionalismo económico, no permitieron la

consolidación del proyecto de mercado regional”.

En la conformación de este proyecto regional, el modelo estaba

sustentado en la centralidad de los Estados nacionales, como

estructura que sostenía el estilo de desarrollo basado en la

industrialización. Por esta causa, el pensamiento de la región se dio

desde actores empresariales y políticos, pero estuvo ausente la

participación de otros sectores de la sociedad civil para conformar un

proyecto más inclusivo en Centroamérica, de manera tal, que la

mayoría de los grupos sociales estuvieron excluidos de los beneficios

de la integración y en este sentido fue básicamente limitada.

Volviendo la mirada, al modelo actual de la producción, basado en la

transnacionalización de la mano de obra, más allá de su

reconocimiento formal, lo cierto, es que en la práctica en la región

centroamericana hay miles de personas que se desplazan para

trabajar permanente o temporalmente en otros países de la región,

en diversas actividades. De ahí que la centralidad de las migraciones

en el nuevo regionalismo centroamericano se caracteriza por la

intensificación y diversificación de los flujos, como producto del nuevo

proceso de regionalización y transnacionalización de la mano de obra.

(Morales, 2007:272)

Con la migración, vista desde esa perspectiva, las dinámicas

transfronterizas e interregionales, se han posicionado con mayor

fuerza. En este espacio confluyen las expresiones, contradicciones y

simbiosis generadas a partir de una nueva socioterritorialidad; la cual

se construye basada en el vínculo que genera la reproducción del

capital y los modos de vida social. Como es claro, en esta visión del

territorio, surge una nueva forma de división espacial del trabajo, no

obstante, la desregulación y las tensiones sociales que se manifiestan

en esa nueva espacialidad, ponen en el debate la necesidad de

adaptar los mecanismos institucionales para garantizar la calidad de

vida y la protección de los derechos, lógica que debiera prevalecer

sobre la instrumental del mercado.

Principales Instrumentos Internacionales

De acuerdo con el Informe Estado de la Región (2008) en materia de

legislación interna, las normas que sobresalen son aquellas asociadas

a regular la migración desde la seguridad policial, adoleciendo de

instrumentos orientados hacia el respeto y garantía de los derechos

humanos. Desde la concepción de la seguridad, simbólicamente lo

que se hace es reforzar el imaginario de la migración como una

amenaza social, con la consecuente desprotección del trabajador

migrante.

En cuanto a la suscripción de Convenios Internacionales, se ha

avanzado notablemente, lo cual es relevante pues este tipo de

legislación complementa la normativa interna y fortalece la protección

de derechos humanos. El problema central es que frente a la

ratificación de este tipo de acuerdos, no hay un correlato en la

elaboración de marcos legales internos que den contenido efectivo a

estos compromisos.

En este aspecto, es interesante introducir la interpretación de la CIDH

sobre las “obligaciones estatales en la determinación de las políticas

migratorias a la luz de los instrumentos internacionales de protección

de los derechos humanos”, consulta formulada en el año 2003 por

parte de México2. La Corte expresa:

La política migratoria de un Estado está constituida por todo acto, medida u omisión

institucional (leyes, decretos, resoluciones, directrices, actos administrativos, etc…) que

versa sobre la entrada, salida o permanencia de población nacional o extranjera dentro

de su territorio. (Título IX, párrafo 163).

Asimismo, afirma,

Este Tribunal considera indispensable recordar lo señalado en el artículo 27 de la

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual señala, al referirse al

derecho interno y a la observancia de los tratados, que: “[u]na parte no podrá invocar

las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un

tratado”. (Título IX, párrafo 165).

Es clara, la postura de la Corte en el sentido que los países tienen el

compromiso de adaptar sus legislaciones internas a los marcos

internacionales a los cuales se han adherido, con el fin de cumplir

fielmente con las garantías, en este caso, de la protección de

derechos de los migrantes. Incluso, la opinión de la Corte es que los

Estados deben adoptar medidas positivas y eliminar acciones y

medidas que atenten contra los principios de igualdad y no

discriminación; que además, las acciones cometidas por el Estado en

contra de estos principios le genera responsabilidad internacional.

Los países centroamericanos han reconocido diversos instrumentos

de derecho internacional. En este sentido, han firmado numerosos

acuerdos y convenios tanto sobre derechos humanos, en general, con

independencia del status del individuo, como otros específicos para

poblaciones migrantes. Los del segundo grupo son los que

particularmente interesan para enfocar esta problemática. Dentro de

este grupo, el más exhaustivo es la “Convención Internacional sobre

la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y 2 Opinión Consultiva OC-18/03

de sus Familias” denominado también como “la Convención sobre

Trabajadores Migratorios” o “la CTM”, el cual fue aprobado por la

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990. Este Convenio

hace extensivos los derechos fundamentales a los migrantes

trabajadores, tanto a aquellos que se encuentran documentados,

como a los que no. Además, contempla la eliminación de la

explotación de los migrantes y de los movimientos clandestinos

(Morales, 2007)

Esta Convención entró a regir a partir de julio de 2003; no obstante,

no todos los países han ratificado en igual proporción los

instrumentos internacionales, por ejemplo, la CTM no ha sido

ratificada por Costa Rica y Panamá (Estado de la Región: 2008). Un

dato más preocupante que nos arroja el Informe es que en ningún

país centroamericano se ha firmado el Convenio de la OIT sobre las

migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de

oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes, ni el

Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de

seguridad social (no 157).

Otros Tratados Internacionales que tratan la protección de derechos

de población migratoria, en donde participan países de la Región se

presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro No.1

Centroamérica: estado de ratificación de los principales tratados internacionales

de derechos humanos en materia de migrantesTratado Objetivo Países

signatariosConvención Internacionalsobre la Protección de los Derechos de todos losTrabajadores Migrantesy sus Familias (ONU)

Compromiso de respetar y asegurar derechos y libertades fundamentales a distintas clases de trabajadores migratorios y sus familiares, incluso en situación irregular, sin distinción

Guatemala (2003),El Salvador (2003),Honduras

alguna por motivos de su condición. (2005),Nicaragua (2006)

Convenio sobre la Igualdad de Trabajo (accidentes del trabajo), nº 19, de la OIT.

Obliga a conceder a los ciudadanos de cualquier otro Estado miembro que lo hayaRatificado, cuando fueren víctimas de accidentes del trabajo ocurridos en el territorio de aquél, o a sus derecho-habientes, el mismo trato que otorgue a sus propios nacionales en materia de indemnización por accidentes del trabajo.

Guatemala (1961),Nicaragua (1934),Panamá (1970)

Convenio relativo a los Trabajadores Migrantes, nº 97, de la OIT.

Establece medidas para prohibir y combatir la discriminación contra trabajadores migrantes en materia de derechos laborales.

Guatemala (1952)

Convenio sobre la Igualdad de Trato (seguridad social), nº 118, de la OIT.

Los Estados partes se obligan a conceder a nacionales de otro Estado parte igualdad de trato respecto de sus propios nacionales en lo concerniente al derecho a prestaciones, en todas las ramas de la seguridad social respecto de las cuales haya aceptado las obligaciones del Convenio.

Guatemala (1963)

Convención sobre el AsiloTerritorial (OEA)

Establece el derecho de todo Estado a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno.

Guatemala (1983),El Salvador (1954),Costa Rica (1955),Panamá (1958)

Convención sobre el AsiloDiplomático (OEA)

Establece regulaciones sobre el otorgamiento de asilo en misiones diplomáticas ordinarias, navíos de guerra o campamentos o aeronaves militares a personas perseguidas por motivos o delitos políticos.

Guatemala (1983),El Salvador (1954),Costa Rica (1955),Panamá (1958)

Convención Interamericanasobre RestituciónInternacional de Menores

Busca asegurar la pronta restitución de menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados parte y hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado parte o que, habiendo sido trasladados legalmente, hubieren sido retenidos ilegalmente. Así como, hacer respetar el ejercicio del derecho de visita y el de custodia o guarda de los menores por parte de sus titulares.

Nicaragua (2004),Costa Rica (2001)

Convención contra la Discriminación en laEducación (Unesco)

Los Estados partes se comprometen a tomar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para erradicar todo tipo de discriminación en la esfera de la enseñanza.

Guatemala (1983),Nicaragua (1981),Costa Rica

(1963),Panamá (1967)

Tomado de: Informe Estado de la Región (2008)

Como puede observarse, de los Tratados existentes que atañen al

tema de la migración, sobresale la ausencia de compromiso como

región en la firma de los mismos, ningún país ha suscrito la totalidad

de los Tratados y en el caso de Honduras, únicamente se encuentra

adherido a uno. El país que más participación muestra en estos

compromisos es Guatemala, que de los 8 Convenios, ha ratificado 7.

Aunque, lo más alarmante es que la suscripción de los Convenios no

se ha traducido en cambios en la normativa interna de cada país.

Por otro lado, en materia de legislación interna, como se ha

mencionado más arriba, prevalece la visión de seguridad frente al

migrante y en esta dirección, se encuentra en las Constituciones

Políticas de la mayoría de los países centroamericanos, la garantía de

preferencia del trabajador nacional con respecto al migrante.

Cuadro No. 2

Preferencia en igualdad de condiciones de trabajadores nacionales

País Artículo de la Constitución Política

Guatemala Art. 102 inciso nHonduras Art. 34Costa Rica Art. 68Panamá Art. 69Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Estado de la Región (2008)

El cuadro No. 2 es elocuente en el sentido de la falta de compromiso

real de los países por cumplir con los Acuerdos Internacionales, dado

que en sus propias Constituciones incluyen cláusulas de

favorecimiento a nacionales, en la cuales se viola el principio de la

igualdad de trato y la no discriminación, hecho que incluso roza con

la inconstitucionalidad. La doble moral de los Estados es preocupante

por tal razón, pues al parecer están en entera disposición de aceptar

el discurso de la protección y garantía de los derechos humanos, pero

en el fondo, al nivel interno prevalecen las acciones de exclusión y de

trato discriminatorio. En un espacio como el mercado laboral, esto

finalmente se traduce en explotación, segregación y violencia social.

La Institucionalidad Migratoria Regional

El otro plano de instrumentos de regulación es el regional. En este

escenario, el vacío de normativa y de instituciones que atendieran la

población migrante llevó a que en la década de los noventa, se

gestaran una serie de acciones interestatales que llevaron a que en

1996, se convocara a la Conferencia Regional sobre Migración (CRM),

también denominada “Proceso Puebla”. La CRM se ha mantenido

como foro permanente.

La CRM más que un espacio para la toma de decisiones, es un foro de

diálogo e intercambio de información para el estímulo a la

formulación de políticas públicas sobre migración que desarrolla cada

país. La CRM está integrada por los siete países de Centroamérica,

además de Canadá, Estados Unidos, México y República Dominicana.

En la Conferencia participan también como observadores otros

países, organizaciones y organismos de integración regional.

Como puede observarse, este foro regional también ha contado con

una estructura paralela conformada por organizaciones que se

encuentran involucradas en la protección de los derechos humanos de

los migrantes y los refugiados. Entre ellas se encuentran

organizaciones religiosas, organizaciones de migrantes, académicos,

etc. Esta estructura a su vez, permitió la formación de la Red

Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM). Las

organizaciones no gubernamentales integradas en la RROCM, han

entablado un importante diálogo con los Estados en el entorno de la

CRM y participan como invitadas en las reuniones viceministeriales,

además, se reúnen paralelamente entre ellas (Morales, 2007).

Desde 1996 se han celebrado doce conferencias regionales en el

Proceso Puebla, con la participación de los Viceministros de relaciones

exteriores y de gobernación de los países miembros, que componen

el máximo órgano decisorio de la CRM. En estos encuentros

regionales se elaboró el Plan de Acción de Panamá, que luego se

actualizó con el nombre de Plan de Acción de Guatemala en el año

2002, hoy se denomina Plan de Acción de la CRM, al cual se le

efectúan ajustes y seguimientos anuales (Informe Estado de la

Región, 2008).

Algunos de los logros en el marco de la CRM que se destacan en el

Informe Estado de la Región (2008) son:

∗ El “Memorándum de entendimiento entre los gobiernos de los Estados Unidos

Mexicanos, la República de El Salvador, la República de Guatemala, la República

de Honduras y la República de Nicaragua, para la repatriación digna, ordenada,

ágil y segura de nacionales migrantes centroamericanos por vía terrestre”.

∗ El “Proyecto de retorno digno, seguro y ordenado de migrantes regionales por

vía terrestre”.

∗ El “Proyecto piloto para el retorno voluntario y la reinserción social de niños y

niñas víctimas del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas”.

∗ El “Marco general de ejecución del programa de cooperación multilateral para el

retorno asistido de migrantes extrarregionales varados en países miembros de la

Conferencia Regional sobre Migración, CRM”.

∗ El diseño del “Sistema de información estadística sobre las migraciones en

Centroamérica” (Siemca) por parte de OIM-Cepal/Celade. Este sistema es

considerado por la CRM como uno de sus principales logros.

Un antecedente, a la CRM es que en 1995 el Consejo

Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos firmó en la

ciudad de Tegucigalpa, Honduras, la carta de compromiso sobre la

problemática de la población desarraigada establecida en los países

de América Central, y plantearon a los gobiernos de sus respectivos

países la necesidad de ratificar diversos instrumentos internacionales

relativos a refugiados y derechos humanos, la armonización de las

legislaciones nacionales en función de aquellos y fomentar la plena

observancia de los derechos humanos, así como recordar a los

gobiernos su responsabilidad en la erradicación de las causas del

desarraigo.

La OIM

En octubre de 1997, se crea en San José la Oficina Regional de la OIM para

Centroamérica, México y el Caribe, cubriendo un total de 11 países. La

responsabilidad sobre los países del Caribe es transferida a la Oficina de la

Organización en Washington, en marzo de 1999. Desde entonces, la Oficina

Regional en San José, Costa Rica incorpora a 8 países, a saber: Belice,

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y

Panamá.

La OIM participa en la Comisión Centroamericana de Directores de

Migración (OCAM) desde su constitución en 1990, asumiendo su Secretaría

Técnica en 1999, hasta la actualidad. Asimismo, como Oficina Regional

participa en las reuniones de la Conferencia Regional sobre Migración

(CRM), también desde sus inicios, en 1996. Desde su creación en setiembre

del año 2001, la Secretaría Técnica de la CRM establece su sede en las

Oficinas de la OIM en San José.

Además, a través de su participación en ambos procesos regionales, la

Oficina de San José brinda servicios técnicos a los países de la región, entre

otros asesoría para la gestión migratoria, elaboración e implementación de

proyectos, y capacitación en temas como el combate a la trata de personas

y el tráfico de migrantes, documentos de viaje y sistemas de emisión.

Además, la OIM ejecuta los programas tradicionales de la Organización,

entre ellos los Programas de Migración Selectiva y en general movimientos

asistidos en el marco de diversos proyectos.

La OCAM

Otro espacio de intercambio regional en el ámbito de las políticas y

legislaciones migratorias es la Comisión Centroamericana de

Directores de Migración (conocida como OCAM por su nombre

original: Organización Centroamericana de Migración). La OCAM fue

creada en el seno del Sistema de Integración Centroamericana

(SICA) en octubre de 1990, en la ciudad de San José, a solicitud de

los Presidentes Centroamericanos en el marco del Plan de Acción

Económico de Centroamérica (PAECA).

El objetivo de la OCAM es contar con un mecanismo regional de

coordinación, concertación y consulta para el tratamiento del

fenómeno migratorio. A partir de enero de 1999, la OIM asumió la

Secretaría Técnica de la OCAM, en el marco del Convenio suscrito con

la Secretaría General del SICA, con el fin de apoyar las actividades

regionales en materia migratoria que la Comisión venía realizando.

Está conformada por los directores de migración de Centroamérica,

incluidos Panamá y Belice. Su objetivo es servir como mecanismo regional

de coordinación, concertación y consulta para el tratamiento del fenómeno

migratorio. Ha puesto en marcha un plan de acción en el que se integran los

temas de derechos humanos para “desarrollar acciones coordinadas en la

atención del tráfico de personas y ejecutar acciones para el tratamiento de

la problemática de los migrantes intrarregionales y extrarregionales”.

Adicionalmente, la OCAM está desarrollando un plan de trabajo en materia

de gestión y política migratorias.

La OCAM ha impulsado iniciativas concertadas para el tratamiento de

la información migratoria, la capacitación de los funcionarios de las

direcciones de migración de los países miembros, la modernización de

la gestión migratoria, la implementación de instrumentos y

procedimientos comunes en este ámbito, el esfuerzo hacia la

homogeneización de requisitos de ingreso de extranjeros, el retorno

digno, seguro y ordenado de migrantes regionales y extrarregionales

y otros temas de interés común. La creación de la OCAM responde

inicialmente a la necesidad de facilitar el tránsito de personas entre

los países de la región y además al reconocimiento por parte de sus

países miembros de que las migraciones son un proceso vital en la

integración centroamericana y por lo tanto, es necesario fortalecer los

mecanismos de concertación para potenciar la contribución positiva

de las migraciones al desarrollo económico y social de la región.

En distintos foros y conferencias, la OCAM ha manifestado la necesidad de

ejecutar proyectos en las áreas antes mencionadas, para aliviar la presión

de los migrantes indocumentados en Centroamérica. En ese sentido, la OIM

-que actúa como secretaría técnica de la OCAM- cuenta con un amplio

listado de proyectos sugeridos por los directores de migración, pero las

posibilidades de ejecutarlos se ven limitadas por escasez de recursos

materiales y la falta de voluntad política a lo interno de las naciones

miembros.

En el marco del grupo denominado CA-4 (conformado por Guatemala, El

Salvador, Honduras y Nicaragua) los directores de migración de la OCAM

han implementado un programa de “paso fácil”. Actualmente los nacionales

de países que integran el grupo pasan por los controles migratorios

únicamente con el documento de identificación; se ha eliminado la tarjeta

de ingreso/egreso (TIE) por los puntos fronterizos intermedios, aunque se

mantiene la obligatoriedad del pasaporte para los menores de edad en

tránsito por las naciones del CA-4 (Informe Estado de la Región, 2008).

Como señala Morales (2007), este mecanismo pareciera ser el inicio de un

proceso para establecer y consolidar mecanismos de cooperación migratoria

para la región, pero que se encuentra con la renuencia de Costa Rica a

participar, debido a los conflictos bilaterales entre ese país y Nicaragua que,

además de la imposición recíproca de visas entre sí, ha implicado la

interposición de denuncias y acusaciones entre uno, ya sea ante el Tribunal

Internacional de Justicia de La Haya en un caso o ante la Corte

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en otro caso.

Algunas reflexiones finales

En este proceso de creciente transnacionalización de la mano de obra

en la región Centroamericana, surge la preocupación por establecer

lineamientos, acciones e instituciones que velen por la protección de

los derechos humanos en el tratamiento migratorio, esto acompañado

de normas laborales mínimas a escala regional, que satisfagan el

criterio de igualdad de trato y no discriminación. Las bases están

sentadas en gran medida, pues como se ha visto, los países

participan de la ratificación de al menos algún Acuerdo Internacional

en este tema y se cuenta con algunas organizaciones que funcionan

en la región estableciendo políticas en esa dirección.

La principal razón para plantear lo anterior, es que si se piensa

avanzar en un proceso de integración, un elemento central es la

calidad de vida y el fortalecimiento de la reproducción de la fuerza de

trabajo. La integración si en esta ocasión busca lograr mejorar los

niveles de desarrollo de forma integral, requiere que los países

centroamericanos se inserten en la economía global por la vía alta, es

decir mediante la competitividad basada en la equidad, no en la

reducción al mínimo de los costos de mano de obra.

Ciertamente, como plantea Bulmer- Thomas (2001) en la región, el

éxito o fracaso de los planes de desarrollo en el mediano plazo,

depende en gran medida de que tenga la capacidad de mejorar el

capital humano, lo que supone, un avance concertado para superar el

legado de las deficientes políticas sociales que caracterizaron a los

anteriores modelos de desarrollo. Asimismo, se requiere del diseño de

políticas que fortalezcan e incentiven la capacidad de la fuerza laboral

que reduzca su vulnerabilidad y mejore su inserción para responder

ante nuevas oportunidades de empleo, con lo cual se fortalecería el

potencial incluyente de los procesos de desarrollo en América Central.

Los esfuerzos actuales de los países se aprecian sobre todo en la

ratificación de convenios internacionales y en la creación de una

incipiente estructura institucional centroamericana. El reto en esta

toma de conciencia, es avanzar más allá del discurso de los derechos

humanos y plasmar el compromiso en derechos fundamentales en la

legislación doméstica, tanto en la creación de normativas, como en

dar un viraje a la legislación atinente a la migración.

BibliografíaAcuña, Guillermo; et. al (2008) “Redes sociales y migración en

América Central” Ponencia para el Informe Estado de la Región: Un informe desde Centroamérica y para Centroamérica. San José, Costa Rica.Bulmer-Thomas, Víctor y Kincaid, Douglas (2001) Centroamérica 2020: Hacia un nuevo modelo de desarrollo regional. Cuaderno 121 de Ciencias Sociales. FLACSO, San José.Estado de la Región (2008) Informe Estado de la Región en desarrollo humano sostenible. San José, Costa Rica.Morales, Abelardo (2007) La Diáspora de la posguerra: regionalismo de los migrantes y dinámicas territoriales en América Central. FLACSO- ASDI, San José.Philippe Schmitter (1970) “Central American integration: spill-over, spill-around orencapsulation?” Journal of Common Market Studies, N°9, 1970.Sitios en internet consultados:OIM:http://www.iom.or.cr/espanol/ProcesosRegionales/OCAM/OCAM.shtmlOCAM: http://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=acta_545_3_13062005.htmCIDH:https://www.cidh.oas.org/Default.htmOIT:http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm