Jalados en lucha contra la corrupción de Defensa Legal 2 “ Dionisio Romero: No sé a quién...

Jalados en lucha contra la corrupción

Análisis de las propuestas de las candidatas y candidatos a la presidencia 2016-2021

Instituto de Defensa Legal (IDL) Área de Justicia Viva

Lilia Ramírez Varela

Febrero de 2016

Instituto de Defensa Legal

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Índice I. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………..………..….02 II. PROPUESTA ANTICORRUPCIÓN DEL IDL……………………………………………………………….…..04 2.1 Visión: la corrupción como violación de derechos humanos.………………………………….……….04 2.2 Líneas que debería abordar la lucha contra la corrupción………………………………………….......06

2.2.1 Rol de la Contraloría……………………………………………………………………………………………………..…...06 2.2.2 Sistema de justicia y lucha contra la corrupción………………………………………………………………….08 2.2.3 Captura del estado, lobbies y lucha contra la corrupción legalizada…………………………….…….10 2.2.4 Pueblos indígenas, industrias extractivas y corrupción….………………………………………..………...11 2.2.5 Participación de sociedad civil……………………………………………………………………………………….……12 III. METODOLOGÍA……………………………………………………………………………………………………….13 3.1 Matriz básica………………………………………………………………………………………………………….….…13 3.2 Explicación y desarrollo de los criterios y sub-criterios……………………………………………….…..13

3.2.1 Conocimiento del problema…………………………………………………………………………….………..…….14 3.2.2 Planteamiento de estrategias adecuadas…………………………………………………………..………….…14 3.2.3 Conocimiento de las competencias del Ejecutivo, no señalar medidas que ya existen y

presentar indicadores…………………………………………………………………………………………….………..15

IV. BALANCE GENERAL……………………………………………………………………………………………….…16 4.1 Balance general: Todos jalados en política de lucha contra la corrupción……………………..….16 4.2 Balance detallado………………………………………………………………………………………………………… 21 4.2.1 Peruanos por el Cambio..…………………………………………………………………………………….…..….…..21 4.2.2 Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad……………………………………………….………..…….….23 4.2.3 Todos por el Perú………………………….…………………………………..……………………………………….…...26 4.2.4 Acción Popular..………………………………………………………….………………………………………….…….….28 4.2.5 Fuerza Popular...……………………………………………………………………………………………………….……..31 4.2.6 Perú Libertario……………………………………………………………………………………………………….…….….33 4.2.7 Alianza Electoral Solidaridad Nacional – UPP….………………………………………………………………..35 4.2.8 Orden…..…………………………………………………………………………………………………………………..……..38 4.2.9 Partido Humanista Peruano………………………………………………………………………….……..………….40 4.2.10 Perú Patria segura…..………………………………………………………………………………………………….……42 4.2.11 Perú Posible…….…………………………………………………………………………………………………….….…….44 4.2.12 Progreso y Obras……………………………………………………………………………………………………….…….46 4.2.13 Progresando Perú..……………………………………………………………………………………………………….….49 4.2.14 Alianza Popular - APRA-PPC……………………………………………………………………………………….…….51 4.2.15 Alianza por el Progreso…………………………………………………………………………………………………….53 4.2.16 Partido Nacionalista Peruano………………………………………………………………………………..…………56 4.2.17 Perú Nación…………………………………………………………………………………………………………….…….…58 4.2.18 Democracia Directa……………………………………………………………………………………………………….…60


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“Dionisio Romero: No sé a quién tendrán pensado o qué tendrá pensado el presidente como ministro [de economía] Vladimiro Montesinos: Bueno. Voy a sugerir tu nombre. DR: No, no lo haría bien. VM: Bueno, tú sugiere nombres. DR: No sé si políticamente […] mejor que Jorge Camet no hay […]. VM: El tema es que Jorge Camet está muy enfermo. Ha estado un mes y pico en cama. DR: Pero ya no. Está caminando, ya viene al Banco de Crédito y ya no necesita el bastón […]”1

I. INTRODUCCIÓN

La corrupción es un problema real, histórico y grave en el Perú. No por nada uno de los principales best sellers peruanos es el espectacular libro de Alfonso Quiroz: Historia de la Corrupción en el Perú; y por ello también, en las encuestas de percepción constantemente aparece la corrupción como el segundo problema que más preocupa a la población, después de la inseguridad ciudadana. Y es que en nuestro país tenemos una cultura espectacular: deliciosa comida, variada música, danzas, climas, lenguas y gentes; todo hermoso. Pero hay otro lado rastrero y asqueroso. Un patrón de comportamiento que, lamentablemente, no sabemos cómo parar, algo que sucede en muchos países pero que por tierras latinoamericanas y peruanas es más intenso; enraizado, dicen. Se corrompe y se deja corromper. Nos dicen que todos somos culpables, que nos faltan valores, que la gente vota por el que roba, pero hace obra. Seguro, tal vez es cierto. Pero no me digan que por eso somos culpables de los miles de millones de dólares perdidos por la corrupción (la Contraloría acaba de decir que se han perdido tres mil millones de nuestro dinero debido a este mal). Que no nos digan que es lo mismo llevarte un lápiz de una dependencia pública que desvalijar el presupuesto destinado a reconstruir el desastre ocasionado por un terremoto, que se asemeja a un “faenón” para obtener buenas licitaciones de lotes petroleros, o que es lo mismo que entregar exámenes toxicológicos a una población, haciendo creer que son independientes cuando los mismos fueron solventados por la empresa minera, o que es igual a no sentenciar la reparación a víctimas de daños ambientales porque recibiste tu billetón, tu viaje o tu condecoración. No, no es lo mismo. Y hay que hacer algo con este fenómeno, que no sólo se lleva nuestra plata sino también nuestros derechos básicos, como el derecho a la integridad, salud, educación e incluso vida y, muchas veces, la mayoría de

1 Congreso de la República, Segunda Legislatura Ordinaria de 2000 “Transcripción de los videos Números 1574 y 15745 (Vladimiro Montesinos Torres, Comandantes Generales y Dionisio Romero Seminario), 14 de junio de 1999. Dionisio Romero Seminario en ese momento es propietario del grupo más opulento e influyente del Perú. Ejercía la Presidencia del Banco de Crédito del Perú (BCP) y estaba al mando del Grupo Romero, partícipe de negocios en diversos sectores estratégicos: Alicorp, Ransa, Palmas del Espino, Industrias del Espino, Tramarsa, Tisur, Primax, Pacífico Peruano Suiza, Pacífico Vida, Prima AFP, holding Credicorp, entre otros.

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/diariodebates/audiovideos.nsf/indice/FDE0DAD8FA1890CD05256A000078D16B�


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veces, los principales afectados son los más débiles, los grupos minoritarios. Por esto se deben hacer políticas públicas en serio. Sin embargo, lo grave, lo inexcusable, sucede cuando quienes tienen que velar por mejorar patrones de comportamiento (heredados cinco siglos atrás, dicen los estudiosos2

No somos ingenuas, al analizar los planes de gobierno partimos de saber que el papel aguanta todo, y se pueden escribir mucho sobre lucha anticorrupción y al final hacer nada y más bien retroceder en lo avanzado (como fue el último

), por establecer rigurosas políticas de reforma, quienes tienen que sancionar no lo hacen y más bien coadyuvan a que la corrupción siga envileciendo a nuestra sociedad y que la colonial cultura del pendejo se enquiste cada vez más en nuestro país. Presidentes, ministros, congresistas, asesores, jueces, fiscales, hablan mucho, pero hacen poco o nada. Debido a esto es que el análisis de los planes gobierno de las dieciocho agrupaciones que aspiran a llegar al sillón presidencial y gobernarnos este 2016 – 2021, realizado desde IDL-Justicia Viva, ha resultado ser un trabajo duro y, a la vez, desgastante. No solo lo aisladas y poco articuladas de las propuestas, o la falta de un buen diagnóstico y una visión integral del problema han ocasionado este lastre, sino también el saber que se habla mucho y al momento de la acción se hace poco. Leemos lo planes, pero al frente tenemos a candidatos denunciados sistemáticamente por robar (plagiar) ideas a otras personas y tener extraños vínculos con acusados de narcotráfico; o por indultar de forma irregular a cientos de personas procesadas y sentenciadas por narcotráfico, o que llevan en su lista congresal a investigados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Como diría San Agustín: “El lenguaje se oye, pero el pensamiento se ve”.

gobierno del partido aprista), hacer muy poco (el gobierno de nacionalista) o hacer todo lo contrario y saquear en peso al país (como lo hizo el fujimorismo). Empero ello, la lectura de los planes brinda una oportunidad para comprender mejor a los políticos, saber qué es lo que consideran importante en la lucha contra la corrupción y genera el ambiente para debatir sobre uno de los principales males que aqueja a nuestro país. En esta medida, el siguiente documento está organizado en tres puntos: Primero, vamos a presentar nuestra visión de lo que debe incluir la lucha contra la corrupción en nuestro país para que empiece a andar. Segundo, en base a eso se presentará la metodología utilizada para la evaluación de los dieciocho planes de gobierno. Tercero, se realizará un balance general y un análisis de cada plan de gobierno.

2 Quiroz, Alfonso, Redes de alta corrupción: Poder y venalidad desde el Virrey Amat a Montesinos. En: Revista de Indias, vol. LXVI, N° 236. pp. 237-248. enero-abril 2006.

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=722�

http://www.justiciaviva.org.pe/blog/lucha-contra-la-corrupcion-lo-bueno-lo-feo-y-lo-sucio/�





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II. PROPUESTA ANTICORRUPCIÓN

La corrupción es nuestra única esperanza. Mientras exista, habrá una justicia indulgente,

y hasta los inocentes podrán salir bien parados de un tribunal.

Bertolt Brecht

Madre Coraje y sus hijos 2.1. Visión: La corrupción es violación de derechos humanos Desde el IDL – Justicia Viva creemos que el fenómeno de la corrupción se debe analizar de forma multidisciplinaria. En esa medida, las propuestas para combatirla deben tener también un contenido interdisciplinario, ser estructurales y transversales, y deben apuntar a alcanzar un ejercicio pleno de derechos humanos para toda la población; pues de esa manera se puede lograr disminuir la inseguridad ciudadana y la desigualdad; no hay duda que la corrupción alimenta ambos fenómenos. El individualismo extremo y la reducción del concepto de “bien común” han tenido implicancias en la versatilidad que actualmente existe ante los actos de corrupción. El denominado “culto a los objetos”3, es lo que muchas veces ocasiona que discursos como: “roba, pero hace obra” o “plata como cancha” sean aceptados por la población. “En el mundo actual, el culto al dinero se ha convertido en la expresión mínima del culto a los objetos. Hoy, el dinero, como símbolo y medio de poder, significa bastante más que la vida humana: por él se promueven guerras, se dividen las naciones y se negocia con armamento cuyo poder de destrucción es casi ilimitado; por dinero se explotan irracionalmente los recursos humanos y naturales de la tierra; a nivel interpersonal, por dinero se mata, se traiciona y se corrompe”4

Y es que el fenómeno de la corrupción se interconecta con formas de organización social basadas en relaciones asimétricas de poder. Muchas veces la corrupción opera instrumentalmente para que determinados grupos sociales puedan controlar y oprimir económica, social y políticamente a otros grupos sociales subalternos (hay diversos fenómenos: captura del estado, puerta giratoria, lobbies)

. Esto sumado a la abismal desigualdad existente ocasiona la necesidad de resaltar un enfoque de derechos humanos y solidaridad, principalmente para las poblaciones históricamente discriminadas.

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3 Zorrilla, Javier, Violencia, cultura y deshumanización. Anthropologica, Norteamérica, 10, mar. 2012. Ver link: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/301/298. Fecha de Acceso: 08 febrero, 2016, p.32. 4 Ibíd. 5 Ponencia de Christhian Gruenberg en el Diploma de Postítulo en "Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción" del Centro de Derechos Humanos - Facultad de Derecho Universidad de Chile, documento interno. Junio de 2013.

. La corrupción es una práctica social y no una simple conducta individual. La corrupción


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no ocurre en el vacío social6. Por ello los análisis puramente jurídicos y economicistas de la corrupción (fórmulas como: Corrupción = monopolio de poder + discrecionalidad – transparencia7

Christhian Gruenberg, señala que “una familia viviendo bajo la línea de pobreza no puede acceder a una vida digna si los programas sociales no se distribuyen de manera justa por mantener las redes clientelares del gobierno, o para no ir muy lejos, la existencia de desastres ecológicos graves debido a confabulación de intereses entre grandes empresas y el gobierno. Debido a esto se dice que si la corrupción se mantiene, sobre todo en las altas esferas del gobierno, y en aquellos que toman las decisiones, se promueve la discriminación de las personas, se bloquea la realización gradual de los derechos sociales, culturales y económicos de los grupos más vulnerables y se violan derechos civiles y políticos”

) son importantes pero insuficientes, y las miradas antropológicas y sociales se vuelven trascedentes. En esta medida, la corrupción es esencialmente una actividad de redes y grupos con poder. Y, consecuentemente, para poder diseñar y llevar a cabo políticas anticorrupción efectivas es necesario identificar y analizar la relación entre las prácticas corruptas y las distintas formas de operación del poder en la sociedad. Desde este enfoque, la corrupción no se considera siempre o solamente como un acto egoísta, aislado ni coyuntural, sino como una actividad profundamente social, moldeada por nociones culturales acerca del poder, los privilegios y el estatus social.

8. Del mismo modo se ha determinado que la corrupción prolonga los conflictos e impide la reconstrucción y el fortalecimiento de las instituciones después del conflicto9

Por esto, la gravedad de la corrupción como la afectación a los derechos humanos producidas por este fenómeno también están tomando fuerza a nivel internacional. Hace menos de dos décadas que se aprobaron y entraron en vigor las Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupción, tanto la de la ONU (aprobada por el Perú en el 2004), como la de la OEA (aprobada por el Perú en 1997). Además, también es consenso internacional que el fenómeno de la corrupción no sólo ha adquirido dimensiones transnacionales, sino que está ligado –en gran medida- a otro fenómeno que también ha adquirido similares dimensiones: el crimen organizado y las diversas redes de funcionarios, autoridades civiles o militares, empresarios, periodistas o líderes políticos corruptos que ocasional o sistemáticamente se apropian indebidamente de bienes o recursos del Estado. De esta manera, la corrupción también es considerada como una seria amenaza a la seguridad de nuestras naciones por parte de los Estados parte de la OEA, quienes

. Junto a ello, a nivel más institucional, la corrupción promueve el autoritarismo y la captura del estado. Las dictaduras o autocracias pretenden mantenerse en el tiempo neutralizando los mecanismos de transparencia, de fiscalización y de sanción de diversos actos de las autocracias.

6 Ver al respecto: Huber, Ludwig. Romper la Mano. Una interpretación cultural de la corrupción. Lima, IEP, 2008. 7 Klitgaard, Robert, Combatiendo la Corrupción. Información e Incentivos. En: Nueva Sociedad 145, septiembre-octubre 1996. p. 56-65. 8 Christhian Gruenberg, Corrupción y derechos humanos, Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos (documento interno), 2007, p. 1. 9 Hoja Informativa del Undécimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 18 a 25 de abril de 2005, Bangkok (Tailandia).


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suscribieron la “Declaración sobre seguridad en las Américas” aprobada en Ciudad de México el 28 de octubre del 2003. Por todo lo dicho, la lucha anticorrupción, actualmente, resulta un bien jurídico trascendente. El Tribunal Constitucional ha señalado que ésta es un principio que tiene cobertura constitucional10

2.2. Líneas que debería abordar la lucha contra la corrupción

. Tal vez no es un principio liberal, ciertamente, pero lo ponemos como un bien solidario, en tanto la gravedad que significa el robo de cuantiosas sumas de dinero del Estado implica la eliminación de derechos básicos, tales como salud, educación y vivienda para miles de personas en extrema pobreza. Por ello el discurso de que siempre habrá corrupción y que es una pelea perdida deben ser desterrados.

Por ello, de acuerdo a este enfoque, creemos que el estado debería contar con una Unidad especializada y multidisciplinaria de análisis del fenómeno de la corrupción en el Perú. Que podría estar integrada en una reformada Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), a fin de no crear nuevas instancias de análisis de la corrupción. Esta es una propuesta identificada ya por diversos especialistas, y que en un momento intentó implementar la Procuraduría Anticorrupción. Esta Unidad, necesita componentes especiales que la misma debiera promover. Por ejemplo, el encuentro de al menos cuatro especialidades: estadistas (base de datos y cruces de datos: patrimoniales, funcionales, etc.), conocimientos en derecho penal y administrativo sancionador (para promover, por ejemplo, reformas de la normatividad que pueda hacerle frente a las redes y su sanción), conocimientos en el estudio sociológico de identificación de patrones de redes (enfoque científico) y actividad de inteligencia (para seguimiento de relaciones extraprocesales que incidan en los procesos judiciales, fiscales, administrativos). La elección de sus integrantes debe ser excepcional (respecto de los méritos, trayectoria, efectividad reconocida en el ámbito público o privado, etc.). Si bien la corrupción es un problema transversal que cruza diversas áreas, y luchar contra la desigualdad también implica luchar contra el fenómeno de la corrupción. Creemos que hay medidas específicas en sectores estratégicos que se pueden seguir si hubiese la mayor voluntad de parte del gobierno y sus autoridades: 2.2.1. Rol de la Contraloría Un organismo que juega un rol fundamental es la Contraloría General de la República, que por lo general mantiene un perfil excesivamente bajo, llegando, incluso, a ser vergonzoso a veces. 10 Esto lo dejó claro al declarar inconstitucional la ley Wolfenson, que establecía que un día de arresto domiciliario era igual a un día de prisión preventiva a fin de computar los beneficios penitenciarios: “una ponderación no menos equilibrada se requiere en un asunto en el que, como en el presente caso, se encuentra directamente involucrada la eficacia de la lucha anticorrupción prevista por el Estado peruano como su principal objetivo en el diseño de la política criminal de los últimos 5 años. No sólo por una cuestión de connotación sociológica, sino porque, en el plano normativo-constitucional, tal como ocurre con el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, el espionaje, la traición a la patria y el genocidio, el Constituyente ha advertido la dimensión particularmente disvaliosa de los actos de corrupción por la magnitud de daño que provocan al cuadro material de valores reconocido por la Constitución”. Tribunal Constitucional, Pleno Jurisdiccional N° 0019-2005-PI/TC, 21/07/2005. Fundamento 59.

http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2005/sct-0019-2005-pitc.htm�


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De acuerdo a la Constitución en su artículo 82, la Contraloría General de la República es una entidad constitucionalmente autónoma y es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Se encarga de supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. Actualmente el Contralor General es designado por los miembros de la Comisión Permanente del Congreso, a propuesta del Presidente de la República. Dentro de las instituciones que se encuentran sujeta a control tal y como lo señala la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General, se encuentran: El Gobierno Central y todas las instituciones y organismos que formen parte del Poder Ejecutivo; Fuerzas Armadas; Policía Nacional; Gobiernos Regionales y Locales; unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público; los organismos autónomos creados por la Constitución Política del Estado y por ley, e instituciones y personas de derecho público; los organismos reguladores de los servicios públicos; las empresas del Estado; las entidades privadas, las entidades no gubernamentales y las entidades internacionales, exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciban o administren. Vemos entonces que el campo de acción de la Contraloría es amplio y como tal posee grandes atribuciones para ejercer su función, que se encuentran consagradas en su Ley Orgánica. Puede por ejemplo ordenar que cualquier órgano o institución realice acciones de control que a su juicio sean necesarios, solicitar toda la documentación que crea conveniente así esta tenga carácter de reservado. Pude también disponer el inicio de acciones penales de encontrar indicios de daño económico contra el estado o indicios de ilícito penal. Así como de procesos sancionadores que se desprendan de los procesos de control. Coordinan y organizan además la labor de los órganos de control interno de las instituciones estatales, en su condición de cabeza del Sistema Nacional de Control. El actual Contralor General no ha dado evidencias de querer cambiar el carácter letárgico y poco proactivo que ha tenido esta institución a lo largo de los años. Más bien, durante su mandato se realizaron una serie de prácticas que redujeron el ámbito de acción preventiva de esta institución. Por ejemplo, no dijo nada cuando una serie de decretos de urgencia promulgados durante el gobierno aprista redujeron la capacidad de fiscalización a la Contraloría y ocasionaron un conjunto de denuncias por sobrevaloración de obras públicas. En tanto esto, es imperativo fortalecer la Contraloría. Se debería empezar por cambiar la forma de elección de su Contralor General (a fin de buscar la autonomía del gobierno y de los poderes fácticos, legitimidad y visión estratégica). Del mismo modo, se deben mejorar sus potestades. Por ejemplo, es conveniente evaluar la incorporación de facultades sancionadoras a la Contraloría en el caso de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, a fin que su labor no se limite a la emisión de informes de control. También evaluar la posibilidad que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se pueda adscribir a esta instancia; que las procuradurías anticorrupción y de lavados de activos también a fin de darles la autonomía necesaria del Poder Ejecutivo y buscar la coordinación de un trabajo técnico y legal para denunciar a los funcionarios y privados corruptos.


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La autonomía financiera es necesaria, pues los contralores de cada institución dependen económicamente de las instancias que fiscalizan, produciéndose un grave problema de independencia en su trabajo. Del mismo modo es importante que la Contraloría establezca mecanismos de reporte periódico trimestral de sus actividades, acciones y resultados, esto permitirá una mayor fiscalización por parte de la sociedad civil a un organismo que debería ser el primer garante del correcto ejercicio de la función pública. 2.2.2. Sistema de justicia y lucha contra la corrupción Una razón importante del avance de la corrupción es la impunidad que hay en relación a ella. Los factores son diversos: mal funcionamiento de las medidas de control (Contraloría de la República), la falta de cumplimiento de normas; sin embargo, uno prioritario es la falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia. Un trabajo independiente e imparcial del sistema de justicia guarda especial relevancia para la concretización y consolidación de los derechos fundamentales en cualquier estado, así como el control del poder o el avance del crimen organizado. Es evidente que un sistema de justicia plagado de problemas de corrupción tiene mayores deficiencias para hacer prevalecer derechos de primer orden como: salud, vida, medio ambiente sano, consulta de comunidades nativas e indígenas, debido proceso, acceso a la justicia, entre otros. Existen diversos factores que promueven los espacios de arbitrariedad y corrupción en las instituciones que conforman el sistema de justicia, pero uno de especial coincidencia es la ausencia de garantías reales en los procesos de elección, evaluación y destitución de las autoridades. Es decir, la falta de garantías que promuevan la presencia y permanencia de personas probas, comprometidas con la lucha contra la corrupción en las instituciones del sistema de justicia (presidentes de cortes, Fiscal de la Nación, jueces, juezas, fiscales, integrantes del Consejo de la Magistratura, procuradores del estado, contralores, defensor del pueblo u ombudsman, entre otros). El IDL desde hace varios años tiene propuestas para transparentar varias de estas elecciones11

Un aspecto central de esta crisis se ha evidenciado en lo que ocurre actualmente en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Las competencias del Consejo lo convierten en una institución básica que contribuye directamente a garantizar la independencia en el sistema de justicia a nivel nacional. La forma como actuaron en relación a las denuncias de presunta corrupción y acoso sexual en torno a uno de ellos; la falta de transparencia e ilegalidad de los procesos de elección de estas altas autoridades; las graves denuncias que pesan contra varios de sus integrantes y el irregular proceso de selección de magistrados supremos que desarrolló esta instancia son un ejemplo de su actual alta de legitimidad . Esto bajo la inacción del Congreso y , especialmente, de ciertos partidos políticos ̶ Partido Aprista Peruano (APRA) y Fuerza Popular (partido del ex dictador peruano Alberto Fujimori Fujimori ) ̶ , por no fiscalizar al CNM y mantener las cosas como están,

, sin embargo las autoridades pertinentes hacen caso omiso a esta propuesta, y el Poder Ejecutivo no le ha dado mucha importancia ni impulso.

11 Ver: Proyecto de ley para una elección transparente de altas autoridades de gobierno judicial.

http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/Autoridades_judiciales%20autoridadesjudiciales_ultimo_modificado.pdf�


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bajo el argumento que el CNM tiene autonomía e independencia absoluta y que, por lo tanto, no tiene que dar explicaciones de sus decisiones a nadie12

Junto a esto, el nivel de impunidad que se produce en estos delitos complejos es una terrible realidad. Para esto basta

. Se debe promover una depuración del actual CNM y mejorar la forma de elección de los miembros. Ya se han propuesto diversas fórmulas (la ONG Transparencia tiene una propuesta de modificación de sus integrantes, que está para debatir). Empero esto, creemos que además de pensar nuevas fórmulas de composición del Consejo, también es necesario que se establezca tres medidas adicionales que, de no impulsarse, cualquier nueva conformación caería en saco roto: 1) la transparencia absoluta y permitir la fiscalización la sociedad civil en la selección de los integrantes del CNM, la elección de los integrantes del Consejo se debe volver un asunto nacional, con presentación de planes de trabajo, transmisión en vivo por los medios de comunicación de los postulantes, entre otros; 2) los Consejeros deben rendir cuentas públicas de su gestión, tanto ante sus electores (sea el gremio que sea) como a la ciudadanía y 3) repensar la instancia encargada de sancionar y destituir a los integrantes del CNM, pues hasta la fecha, salvo algunas excepciones, el Congreso de la República no ha funcionado como instancia de fiscalización y sanción; creemos especialmente por su naturaleza política.

ver la larga lista de personas inmersas en casos de corrupción del régimen fujimontesinista “beneficiadas” con la prescripción; y es que cuando hablamos de alta corrupción, al igual que los crímenes contra la humanidad, casi siempre los autores de estos delitos son personas con poder para huir y luchar contra instituciones y actores judiciales lentos y temerosos de perseguir al que tiene la sartén por el mango. Para esta medida se debe establecer un espacio de coordinación y fortalecimiento entre las instancias de investigación, procesamiento y sanción, es decir la policía anticorrupción, las fiscalías anticorrupción y de lavados de activos y los juzgados y salas anticorrupción. Se deben fortalecer con peritos propios a las fiscalías anticorrupción. Analizar cómo está afectando la implementación del nuevo Código Procesal Penal en este tipo de delitos13

Desde esta visión también, urge declarar imprescriptibles ciertos delitos de corrupción. No se está hablando de todos los delitos, sólo los más graves. Nadie habla que el nepotismo se declare imprescriptible, ni que el cobro de cien soles, ni el uso indebido de autos del Estado. Como se ha dicho, “

.

reprimir con la misma severidad los delitos como el peculado por uso, con el peculado doloso agravado o el delito de cohecho agravado, cuyas penas máximas fluctúan –respectivamente- en 4, 8 y hasta 10 años, afectan el principio de proporcionalidad penal”. Desde Justicia Viva creemos firmemente que se debe implementar esta posición normativa en aquellos delitos más graves (dimensión objetiva), y en las autoridades de más alto rango (dimensión

12 Argumento utilizado por un congresista representante del partido aprista peruano en la sesión de la Comisión de Justicia del Congreso de la República del 18 de noviembre de 2015. Ver link: http://peruinforma.com/politica/comision-de-justicia-desinvita-a-presidentes-saliente-y-entrante-de-cnm/ . Fecha de Acceso: 08 febrero, 2016. 13 Al respecto la Defensoría del Pueblo realizó una valiosa evaluación de los problemas que generaba el Código Procesal Penal en los casos de corrupción. Ver: Informe Defensorial Nº 168. El archivo fiscal de denuncias por Peculado y Colusión. Estudio realizado en distritos fiscales de Lima, Áncash, Ayacucho y Junín. Noviembre de 2014.

http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/Cuadro_de_casos_por_corrupci%C3%B3n_que_han_sido_declarado_prescritos.pdf�





http://peruinforma.com/politica/comision-de-justicia-desinvita-a-presidentes-saliente-y-entrante-de-cnm/�

http://peruinforma.com/politica/comision-de-justicia-desinvita-a-presidentes-saliente-y-entrante-de-cnm/�

http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc19122014-115823.pdf�

http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc19122014-115823.pdf�


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subjetiva). Esa sería una medida que tendría como finalidad proteger un bien jurídico constitucional de lucha contra la corrupción. Finalmente, creemos que el gremio de los abogados, debe ser fiscalizado, dado que el nivel de conflictos de interés, clientelismo, que se produce en su relación con las instancias judiciales y los árbitros. Se debería prohibir drásticamente que los abogados se reúnan con las partes de un proceso sin la asistencia de la otra. Así cualquier encuentro entre sólo una de las partes y un juez se presume ilegal, con esto se busca reducir la posibilidad de creación de redes de poder dentro de la judicatura. 2.2.3. Captura del estado, lobbies y lucha contra la corrupción legalizada Creemos que un fenómeno que pasa bastante desapercibido es la corrupción promovida por agentes privados y entre privados. La publicación del contenido de los correos electrónicos del ex Primer Ministro, René Cornejo, en los nominados cornejoleaks, o el devenir de lo ocurrido con los Petroaudios, en el que se negocian favores para empresas privadas aprovechando la cercanía con personajes del Poder Ejecutivo, son un ejemplo del nivel de influencia que tienen ciertos sectores dentro del gobierno. Aquí saltan a la luz los problemas en el tratamiento de los asuntos públicos y la asimetría de poder que existe en relación a las empresas lobiístas y los ciudadanos; éstos últimos se sienten afectados con estas relaciones y los resultados de estos contactos a los que ellos no pueden acceder. Justamente estos ejemplos clásicos son los que dan pie a teorías como las de la captura del estado y la afectación de derechos humanos. “La captura del estado permite que un grupo reducido de personas que pertenecen a los círculos del poder controlen los procesos políticos de elección y designación y regulen las relaciones estado-mercado en formas que favorezcan sus propios intereses económicos y personales, por medio de la distribución de recursos y servicios públicos de manera discriminatoria. Vista desde esta perspectiva, la corrupción tiende a mantener y reproducir la explotación y exclusión social de la gente y a impedir el ejercicio de sus derechos humanos”14

Nos preguntamos, por qué tenemos una regulación del lobby tan deficiente o por qué el Congreso no aprueba una norma de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y por qué tenemos situaciones en donde las normas parecen ser hechas para favorecer cierto sector (principalmente

. Existen grupos de empresarios señalando que ese tipo de trabajo no es ilegal y que, el buscar influir en las decisiones públicas no es malo, dado que lo hacen diferentes instancias y que se encuentra perfectamente amparada por las normas. Es cierto esta actuación se ha legalizado, pero ello no significa que estén al límite de lo permisible, sobre todo si no se establece una normativa que sancione el abuso de estas situaciones.

14 Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos (ICHRP), La integración de los derechos humanos en la agenda de combate a la corrupción: Retos, Posibilidades y Oportunidades. Ver link: http://fundar.org.mx/la-integracion-de-los-derechos-humanos-en-la-agenda-de-combate-la-corrupcion-retos-posibilidades-y-oportunidades/, Fecha de Acceso: 28 enero, 2016. 2011, p. ix. Ver también, Hellman, Joel y Kaufmann, Daniel: La captura del Estado en las economías en transición. En: Finanzas & Desarrollo, Septiembre de 2001 -Volumen 38, N° 3.

http://fundar.org.mx/la-integracion-de-los-derechos-humanos-en-la-agenda-de-combate-la-corrupcion-retos-posibilidades-y-oportunidades/�

http://fundar.org.mx/la-integracion-de-los-derechos-humanos-en-la-agenda-de-combate-la-corrupcion-retos-posibilidades-y-oportunidades/�


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poderoso) en detrimento de otro (casi siempre vulnerable); como lo que ocurre con la aprobación de los estudios de impacto ambiental por parte del ministerio encargado de promover la inversión (MINEM). La situación se vuelve grave cuando tenemos una legislación que ampara casos de conflictos de interés o situaciones de asimetría de poder contra la ciudadanía. Eso tiene un nombre: corrupción legalizada. “Cuando los actores corporativos dominan los estados o se fusionan con éstos, el Derecho se convierte en un producto de la economía”15

2.2.4. Industria de actividad extractiva de recursos naturales y de infraestructura y corrupción

, una normatividad que ampara la desigualdad se convierte en injusta y debería ser expulsada del ordenamiento. Por ejemplo, actualmente es urgente una reforma de la Ley N° 28024, que regula la gestión de intereses dentro de la administración pública, ley de lobby que contiene un sinnúmero de deficiencias. Empezando que no hay transparencia, las personas naturales no tenemos acceso al famoso Registro de Gestores de Intereses. Otro punto importante es que no hay un nivel de sanción para los lobistas que incumplen la norma y no se inscriben en este Registro. Es decir si alguien realiza gestiones y no está inscrito, no le pasa nada. Dentro de la teoría política un lobby mal legislado o este tipo de acciones de interés tras bambalinas implican graves signos de captura del estado. A esto se suma la falta de una legislación que sancione a las empresas de forma independiente de sus directores, la denominada responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una norma aprobada en la mayoría de los países, pero que en Perú, debido al lobby empresarial, todavía no es ley, pese a que existe un proyecto desde fines del 2014. De otro lado, se deben establecer reglas claras de transparencia sobre aquellos funcionarios del estado que llegan a trabajar del sector privado, o que transitan de lo privado a lo público. Debería establecerse un sistema de información que dé cuenta de los ex clientes, de las empresas para las que ha trabajado, las licitaciones en las que estuvo involucrado; así como su abstención en la toma de decisiones en donde se podrían ver implicada su neutralidad e independencia como funcionario.

El primer problema que se viene produciendo dentro del contexto de la actividad extractiva de recursos naturales es la violación sistemática de los derechos humanos de los pueblos indígenas. La debilidad de la institucionalidad estatal en sectores claves como el medio ambiente y pueblos indígenas, y el mayor poder de los sectores como energía y minas, está favoreciendo o creando las condiciones para casos de corrupción estatal y privada, al momento de expedir permisos o al momento de realizar la fiscalización ambiental y de salud en diferentes niveles de gobierno, lo cual no solo genera la pérdida de recursos por parte del Estado, sino la afectación de derechos fundamentales como el contar con un ambiente sano y el derecho al territorio que tienen los

15 Mattei, Ugo y Nader, Laura, Saqueo. Cuando el Estado de Derecho es ilegal. Palestra, Lima, 2013, p. 23.


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12

pueblos indígenas, poniendo en peligro el acceso a los recursos necesario para la subsistencia de los pueblos indígenas. En tanto ello se debe buscar una serie de lineamientos que busquen equilibrar la asimetría de poder que existe, como evitar puertas giratorias en este sector, conflictos de intereses, ordenamiento territorial y transparencia absoluta de los procesos de inversión. Una primera medida que se debería adoptar es eliminar el conflicto de intereses que actualmente existe en el estado con la aprobación de los famosos estudios de impacto ambiental (EIA). De acuerdo a la forma como está configurada esta situación, quién analiza la viabilidad o no de un EIA es el propio ministerio que se encarga de promover las inversiones: Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Del mismo modo, se deben crear un registro de trabajadores de empresas energéticas, de aquellos que trabajan en consultoras, o que realizan gestiones de intereses para las mismas, a fin que cuando pasen al estado se tenga transparencia y certeza de la autonomía de las decisiones que tomen. 2.2.5. Participación de sociedad civil La participación de la sociedad civil está consagrada en el ordenamiento jurídico internacional. Esto lo podemos ver en el Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción16 y en el artículo 13 del mismo texto17

16“… la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los Estados… con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria…” 17El artículo 13º de esta Convención desarrolla la “Participación de la sociedad” y, entre cosas, establece la obligación internacional de los Estados de “… fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como la amenaza que ésta representa…” [Subrayado nuestro].

. En el ámbito interamericano, los Estados parte de la Convención Interamericana contra la corrupción resaltan en el Preámbulo y en su artículo III.11, la relevancia de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Pese a esta indubitable consagración de la participación de la sociedad civil a nivel internacional y en la legislación interna, aún hoy en día ciertos sectores políticos, económicos, mediáticos o militares, cuestionan la participación de la sociedad civil (como las ONG) en diversos asuntos de interés público. El argumento para oponerse a dicha participación es trillado y conocido: “¿Quién ha elegido a la sociedad civil? nadie. En cambio, a las autoridades las ha elegido el pueblo y, por ende, ellos son sus legítimos representantes”. Creemos que el estado debe promover herramientas de uso de la sociedad civil y en conjunto su participación como: la creación de una Autoridad Nacional de Transparencia, de la cual ya se tiene un proyecto de ley y fortalecer una política de datos abiertos; capacitar a la ciudadanía para que realmente se cumpla en forma real y no solo formal la legislación peruana que incorpora mecanismos para la participación y fiscalización ciudadana en la fase de programación del presupuesto para inversiones de los gobiernos regionales, provinciales, distritales y municipales, entre otras medidas.


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13

III. METODOLOGÍA 3.1 Matriz básica Se han tenido en cuenta los siguientes criterios en el análisis de los planes anticorrupción:

Criterios Valor máximo

1. Conocimiento del problema de la corrupción (teniendo en cuenta un enfoque de: derechos humanos, redes de poder, sector privado, y la labor de instituciones específicas como la Contraloría e instancias del sistema de justicia).

8

2. Planteamiento de estrategias adecuadas (prevención y control de la corrupción a partir de algunas necesarias reformas legales; medidas dirigidas a actores privados que corrompen y están destinadas a prevenir la captura del estado; medidas dirigidas a fortalecer áreas directamente relacionadas a sectores estratégicos y que implican a grupos históricamente discriminados: actividad extractiva y pueblos indígenas; fortalecimiento de instituciones específicas, la Contraloría y el funcionamiento del sistema de justicia.

10

3. Conocimiento de las competencias del Ejecutivo, no señalar medidas que ya existen y el establecimiento adecuado de indicadores.

2

Total 20

Se ha privilegiado el diagnóstico adecuado del problema y el establecimiento de las medidas pertinentes a partir de lo verificado. El IDL privilegia especialmente la labor del sector justicia y de la contraloría; así como la necesidad de poner en el foco de la problemática de la corrupción a los actores privados y la existencia de redes de corrupción que, muchas veces, pasan desapercibidos como principales promotores de la corrupción. 3.2 Explicación y desarrollo de los criterios y sub-criterios

3.2.1 Conocimiento del problema: Se trata de examinar si el plan de gobierno reconoce de manera adecuada las características del problema al que se quiere dar respuesta. Esto implica considerar, en el caso de la corrupción, que este es un problema transversal y tiene causas institucionales y sociales e implica asimetrías de poder, redes de poder y violaciones de derechos humanos; también, supone precisar un diagnóstico en el que se incluya la labor de la Contraloría, las instancias del Sistema de Justicia y el nivel de impunidad en relación a su sanción.


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14

Resulta también relevante un diagnóstico sobre las implicancias de los privados en los problemas de corrupción, de lo contrario sólo se ve un lado del problema, el estatal y no el ocasionado por los particulares; algo que históricamente ha pasado desapercibido en nuestro país. Estos aspectos resultan imprescindibles para instaurar una adecuada política anticorrupción, ya que un desconocimiento o mal diagnóstico generará un gasto público innecesario y no solucionarán el problema.

Conocimiento del problema de la corrupción en el Perú Puntaje

Identificación de la corrupción como un fenómeno social e institucional que viola derechos humanos y que implican redes de poder

2

Que implica a actores privados 4 Que toma en cuenta instituciones como la Contraloría y el funcionamiento del sistema de justicia 2

8

3.2.2 Planteamiento de estrategias adecuadas Por medio de este elemento buscamos determinar la calidad de las estrategias que plantean las organizaciones en sus planes de gobierno, concretamente las actividades para mejorar la situación de corrupción diagnosticada. En el caso de lucha contra la corrupción, las estrategias (acciones) deben apuntar a: prevenir y controlar la corrupción, medidas dirigidas específicamente a actores privados que corrompen y están destinadas a prevenir la captura del estado. Acciones que implican el fortalecimiento de la contraloría y el sistema de justicia para evitar la impunidad de los actos de corrupción y medidas dirigidas a fortalecer áreas directamente relacionadas a sectores estratégicos y que implican a grupos históricamente discriminados: actividad extractiva y pueblos indígenas. Y finalmente, propuestas que pongan especial interés a la labor de la Contraloría y el sistema de justicia, fortaleciendo ambas instituciones.

Planteamiento de estrategias adecuadas Puntaje

Prevención y control de la corrupción a partir de algunas necesarias reformas legales (reducción de la figura de la inmunidad parlamentaria, imprescriptibilidad, autoridad autónoma de transparencia)

2

Medidas dirigidas a actores privados que corrompen y están destinadas a prevenir la captura del estado

4

Medidas dirigidas a fortalecer áreas directamente relacionadas a sectores estratégicos y que implican a grupos históricamente discriminados: actividad extractiva y pueblos indígenas (no conflicto de interés de actividades del MEM, mejora del

1


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15

sistema de transparencia de los procesos de adjudicación, entre otros) Fortalecimiento de la Contraloría y del sistema de justicia 3

10

3.2.3 Conocimiento de las competencias del Ejecutivo, no señalar medidas que ya

existen y presentar indicadores El Ejecutivo si bien cuenta con competencias amplias, no concentra todas las funciones para las medidas anticorrupción que hay que adoptar, sino que se reparten entre diferentes órganos. Esta es una de las características de la democracia. En ese sentido, consideramos que los planes de gobierno deberían diferenciar los ofrecimientos que dan, las competencias que deben de otro poder u órgano distinto al Ejecutivo deben señalarse, puesto que no corresponderá al presidente lograr implementar estas propuestas. Por ejemplo, no está dentro de las competencias el Ejecutivo la aprobación de la reforma constitucional para establecer la medida de imprescriptibilidad o eliminación de la inmunidad, sino indicar que su propuesta será impulsada en el Congreso de la República. Del mismo, se ve el nivel del conocimiento del problema o no si es que establecen medidas o piden crear instituciones que ya existen. Del mismo modo el nivel de cumplimiento de sus propuestas se verificará con los indicadores que propongan.

Conocimiento de las competencias del Ejecutivo y no señalar

medidas que ya existen Puntaje

Elaboración de propuestas que se encuentren dentro de las competencias del Poder Ejecutivo y no señalar medidas que ya existen como nuevas

1

Indicadores de cumplimiento adecuados 1

2


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16

IV. BALANCE GENERAL 4.1 Balance general: Todos jalados en política de lucha contra la corrupción Se ha hecho un examen de los planes de gobierno de acuerdo a los criterios de evaluación mencionados líneas arriba. En términos generales, la totalidad de las propuestas anticorrupción carecen de sistematicidad, son un listado de medidas poco articuladas y esto ya es una grave deficiencia. De todos los planes de gobierno no hay duda que el más completo, el único al que cabalmente se le puede llamar un plan, en tanto plantea diagnóstico, objetivos, actividades o propuestas e indicadores de cumplimiento, es el de Peruanos por el Kambio; ningún otro partido ha realizado un trabajo como el de esta agrupación. Sin embargo, el cumplir las formas no lo es todo. El fondo del diagnóstico y las propuestas son importantes y lamentablemente, en eso todavía falta mucho. Seguramente, debido a que el problema de la corrupción es transversal y amerita de un diagnóstico multidisciplinario es que hay problemas en elaborar uno completo y, si no se tiene un buen diagnóstico las propuestas serán insuficientes. El conjunto de planes de gobierno plantean una serie de propuestas de reformas legales bastante comunes, y que, algunas de ellas, se tornan muy populares en épocas electorales; pero la mayoría de éstas desde hace una década pugnan por ser aprobadas, como lo son la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción o la muerte civil. También hay otras medidas legales que nosotros consideramos importantes que sean abordadas actualmente y que no han sido mencionadas como deseáramos. Aquí mostramos los cuadros respectivos sobre algunas de estas.


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17

Para analizar las propuestas anticorrupción se han revisado las secciones de lucha contra la corrupción de los Planes de Gobierno presentados al Jurado Nacional de Elecciones por las dieciocho agrupaciones en la carrera electoral. También hemos revisado las respectivas exposiciones de los candidatos presidenciales en los foros anticorrupción realizados en este año. Del análisis de ambos instrumentos (planes y exposiciones), hemos colocado un puntaje a las organizaciones políticas. Este puntaje trata de ser lo más objetivo posible. El resultado es el siguiente:

Candidato Nota

Organización política

1

11 Peruanos por el Kambio

2

10 Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad

3

10 Todos por el Perú


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18

4

09 Acción Popular

5

08 Fuerza Popular

6

08 Perú Libertario

7

07 Alianza Solidaridad Nacional

8

07 Orden

9

07 Partido Humanista Peruano

10

07 Perú Posible

11

07 Perú Patria Segura

12

07 Progreso y Obras (Frente Esperanza)

13

07 Progresando Perú

14

06 Alianza Popular

15

05 Alianza para el progreso del Perú


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19

16

04 Partido Nacionalista Peruano

17

04 Perú Nación

18

02 Democracia Directa El análisis de los planes arroja a Peruanos por el Kambio con once en esta evaluación, es la única agrupación aprobada. Su Plan contiene un enfoque del problema de la corrupción amplio y adecuado, en tanto tiene una mirada de derechos humanos; además indica como este fenómeno afecta a la población más pobre y analiza los problemas que atraviesan varias instituciones como la Contraloría y las instancias del sistema de justicia, y tiene propuestas para ambas. Sin embargo, adolece de graves omisiones. En el diagnóstico es nula la referencia al sector privado y menos señala las graves asimetrías de poder como causas del fenómeno de la corrupción. No se mencionan proyectos que han estado en debate como: la aprobación de la responsabilidad penal autónoma de las empresas, aquellas medidas encaminadas a mejorar la ley de lobbies o a evitar la puerta giratoria. En la exposición dentro de los foros anticorrupción el candidato presidencial, Pedro Pablo Kuczynski, también repite las mismas falencias. Creemos que los graves indicios de captura del estado que existen en el país ameritan que haya medidas dirigidas a este sector (ver acápite II de este documento), máxime cuando es un candidato al que lo relacionan bastante al sector privado y a la dirección de numerosas empresas en nuestro país. Por eso pasa raspando el aprobado, dado que sólo ve un lado del problema, el institucional y estatal. Le siguen, con nota desaprobatoria de diez, las agrupaciones Frente Amplio y Todos por el Perú. Las razones de por qué han desaprobado en ambos casos son distintas. El Frente Amplio tiene un plan de gobierno muy reducido por lo que se revisó las propuestas planteadas en los foros anticorrupción por su candidata, Verónika Mendoza. Esta plantea un diagnóstico de lucha contra la corrupción bastante acertado, poniendo énfasis en un enfoque de derechos humanos, la asimetría de poder, la importancia de los actores privados en la problemática, así como la trascendencia de las instituciones del sector justicia y de la Contraloría General. Sin embargo, las propuestas para combatir ese importante diagnóstico son bastantes reducidas. Tiene interesantes medidas concretas relacionadas a cambios normativos, y algunas modificaciones institucionales, pero estas son insuficientes y, a veces, resultan muy gaseosas, el no decir cómo se hará es lo más común en lo señalado. Por otro lado, Todo por el Perú tiene una visión muy institucionalista en su diagnóstico de la corrupción y, al igual que el plan de Peruanos por el Kambio, omite ver el factor de los privados en el problema de la corrupción. Sí se ha dado el trabajo de pensar u adoptar algunas propuestas interesantes en la Contraloría, las instituciones del sistema de justicia y la Comisión de Alto Nivel


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20

Contra la Corrupción. Le da un valor importante a la sistematización informática de los procesos a fin de evitar la impunidad judicial. Sin embargo, la omisión de propuestas relacionadas al sector privado también se hace latente en este Plan. En la exposición dentro de los foros anticorrupción el candidato presidencial Julio Guzmán también repite las mismas taras de lo expuesto en el Plan. Le sigue a estas agrupaciones, con nueve de nota, Acción Popular. Este partido, al igual que el Frente Amplio, tiene un plan de gobierno muy reducido por lo que se revisó las propuestas planteadas en los foros anticorrupción por el candidato Alfredo Barnechea. Este plantea un diagnóstico de lucha contra la corrupción bastante acertado, poniendo principal foco en los actores privados y las causas institucionales, sin embargo no le dio un enfoque de derechos humanos, ni de redes de corrupción requerido. Pero, lo que más resalta es que, pese a tener un diagnóstico interesante respecto al problema que tiene el sector privado en el fenómeno de la corrupción, son muy pocas las propuestas que plantea sobre esta situación. En líneas generales de lo que adolece Acción Popular es de propuestas específicas sobre los problemas encontrados, particularmente en donde ha puesto el foco en sus ponencias, que es el sector privado. Le siguen a estas agrupaciones Fuerza Popular y Perú Libertario que tienen ocho de nota. Contrario al histórico pasivo de Fuerza Popular, producto del nulo respeto que tuvo por las instituciones durante la década de los noventa, el fujimorismo plantea un diagnóstico bastante institucional y economicista del problema de la corrupción. Sin embargo, el enfoque de derechos humanos es nulo, así como el papel del sector privado en esta problemática. Muy diferente, Perú Libertario plantea más bien una mirada del fenómeno de la corrupción bastante relacionada a la actuación de los actores privados y las asimetrías de poder, pero olvida el lado más institucional y como principal medida plantea un cambio constitucional, el enfoque de derechos humanos también es nulo. Posteriormente, siete agrupaciones tienen siete de nota, que es la calificación más común de este análisis y la tienen: Alianza Solidaridad Nacional, Orden, Partido Humanista Peruano, Perú Posible, Perú Patria Segura, Progreso y Obras y Progresando Perú. Le sigue con seis de nota: Alianza Popular (APRA-PPC). En líneas generales lo que ocurre es que existen pobres diagnósticos que tienen como consecuencia propuestas pobres; en algunos casos resulta que algunas agrupaciones tienen muchísimas propuestas, pero muy pobres diagnósticos y la consecuencia es que se tiene un listado de medidas poco coherentes y realistas; que le ponen mucho énfasis a lo punitivo antes que a lo preventivo. Finalmente, viene el grupo de agrupaciones vergonzosamente jaladas. Con nota cinco tenemos a Alianza para el Progreso; con cuatro el Partido Nacionalista Peruano y Perú Nación; y, con dos de calificación a Democracia Directa. Esto principalmente se debe a muy pobres diagnósticos y a propuestas muy insuficientes y/o muy poco realistas, que muestran un reducido conocimiento del problema de la corrupción en el Perú. Hay que resaltar que, en el caso de Democracia Directa, el hecho que no haya podido exponer sus propuestas en los foros anticorrupción jugó en contra de la agrupación, pues ha sido común que en estos foros se amplíen los diagnósticos y las propuestas que no estaban mencionadas en el plan de gobierno respectivo.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21

4.2 Balance detallado

4.2.1 PERUANOS POR EL KAMBIO

Criterios generales

Criterios Evaluación Valor

máximo

1. Conocimiento del problema de la corrupción (teniendo en cuenta un enfoque de derechos humanos, la necesidad de incluir las redes de poder, el sector privado, y la labor de instituciones específicas como la Contraloría e instancias del sistema de justicia).

4 8


5 10


2 2

Total 11 20

Desarrollo de los criterios

Conocimiento del problema de la corrupción en el Perú Puntaje Valor máximo


2 2

Que implica a actores privados 0 4 Que toma en cuenta instituciones como la Contraloría y el funcionamiento del sistema judicial 2 2

11


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22

4 8

Planteamiento de estrategias adecuadas Puntaje Valor máximo


2 2


0 4

Medidas dirigidas a fortalecer áreas directamente relacionadas a sectores estratégicos y que implican a grupos históricamente discriminados: actividad extractiva y pueblos indígenas (no conflicto de interés de actividades del MEM, mejora del sistema de transparencia de los procesos de adjudicación, entre otros)

0 1

Fortalecimiento de la Contraloría y del sistema de justicia 3 3

Total 5 10

Conocimiento de las competencias del Ejecutivo y no señalar medidas que ya existen

Puntaje Valor máximo


1 1

Indicadores de cumplimiento adecuados 1 1

Total 2 2

Observaciones El plan de gobierno de Peruanos por el Kambio es el mejor elaborado. Los objetivos planteados, los indicadores propuestos muestran que es un verdadero Plan. Contienen un conjunto de propuestas que siguen cuatro lineamientos: (i) Fortalecer la Comisión de Alto Nivel (CAN) Anticorrupción; (ii) Reformar y modernizar el Estado para rendición de cuentas y participación ciudadana; (iii) Reformar el sistema político y electoral; y (iv) Mejorar la investigación y sanción de los hechos de corrupción (sistema judicial).


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23

Tiene un conjunto de actividades y acciones interesantes como: facultar al presidente del Poder Judicial para intervenir Cortes Superiores de Justicia en casos de graves hechos de corrupción, en la línea de la propuesta de ley que realizó César San Martín, cuando era presidente del Poder Judicial. Junto a ello plantea una renovación del Consejo Nacional de la Magistratura y adopta la propuesta de la ONG Transparencia18

para una nueva conformación, medida que creemos que necesita debate, pero al menos da cuenta de la problemática del CNM y la necesidad de una renovación. Por otro lado, menciona cómo la minería ilegal en el Perú favorece la corrupción, generando, además, inmensos daños al medio ambiente y plantea la necesidad de crear un Banco para la formalización de quienes viven de ésta. Cada actividad tiene indicadores de cumplimiento concretos. Sin embargo, una de las razones por las que el Plan raspa el aprobado es que no hay medidas encaminadas a combatir la corrupción privada. Como lo decimos en el II acápite de este documento, los graves indicios de captura del estado que existen en el país ameritan que hayan medidas dirigidas a este sector. En el diagnóstico de PPK es nula la referencia al sector privado, no se menciona propuestas que han estado en debate como la aprobación de la responsabilidad penal autónoma de las empresas, así como medidas encaminadas a mejorar la ley de lobbies o a evitar la puerta giratoria. La única medida en las que entra el sector privado es aquella relacionada a la corrupción política, tema importante y mencionado por pocos postulantes, la necesidad de vigilar y transparentar los fondos que financian a los partidos, algo importante pero totalmente insuficiente. Creemos que los graves indicios de captura del estado que existen en el país ameritan que haya medidas dirigidas a este sector, máxime cuando es un candidato al que lo relacionan bastante al sector privado y a la dirección de numerosas empresas en nuestro país.

4.2.2 FRENTE AMPLIO POR LA JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD

Criterios generales

Criterios Evaluación Valor máximo

18 Que los integrantes del CNM sean designados por el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Banco Central de Reserva, la Corte Suprema y el Jurado Nacional de Elecciones.

10


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24


6 8


4 10


0 2

Total 10 20




2 2


6 8



2 2


1 4


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25


0 1


Total 4 10




0 1


Total 0 2

Observaciones

El Frente Amplio tiene un plan anticorrupción muy breve, pues solo presentaron el resumen exigido por el Jurado Nacional de Elecciones. Por esta razón, el diagnóstico y las propuestas se han extraído de los foros anticorrupción en los que ha participado la candidata presidencial, Verónika Mendoza. Esta plantea un diagnóstico de lucha contra la corrupción bastante acertado, poniendo énfasis en un enfoque de derechos humanos, la asimetría de poder, la importancia de los actores privados en la problemática, así como la trascendencia de las instituciones del sector justicia y de la Contraloría General. Hay que resaltar que ha sido una de las candidatas que habló de la corrupción en el sistema político. Sin embargo, las propuestas para combatir ese importante diagnóstico son bastantes reducidas. A nivel del sistema de justicia, pone importante énfasis en la elección transparente de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura a fin de contar con una judicatura independiente, así como el fortalecimiento de los peritos en la Fiscalía. Por otro lado, sí establece algunas acciones para combatir la corrupción en los partidos y en el sector privado como la responsabilidad penal autónoma de las empresas, erradicación de la “puerta giratoria”, aunque no mencionan cómo lograran esto. También el FA tiene propuestas interesantes como la creación de un ISO anticorrupción con incentivos y agentes encubiertos contra este delito. También puso importante énfasis en el


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26

derecho de acceso a la información de los ciudadanos y transparencia, se comprometió a promover y buscar aprobar la Autoridad Autónoma de Transparencia. Han planteado una elección por concurso público del Contralor de la República, medida con la que no estamos de acuerdo, dado que también se requiere un Contralor que cuente con legitimidad política. Como ya lo hemos señalado, desde el IDL creemos que la elección del Contralor debe estar alejada del Poder Ejecutivo y con requisitos que incluyan la independencia partidaria, cualidades técnicas, solvencia moral; pero debería ser elegido con mayoría absoluta por el Congreso, muy parecida a la elección del Defensor del Pueblo. Pese a que en su ponencia la candidata Mendoza menciona constantemente la grave situación de las poblaciones indígenas no hay propuestas concretas en esta materia relacionadas a estos grupos. Por otro lado menciona la necesidad de proteger a quienes denuncian la corrupción, pero actualmente existe una ley de protección a los denunciantes. Ni en su discurso, ni en el plan se plantean indicadores de cumplimiento, más allá de la aprobación de la ley de muerte civil.

4.2.3 TODOS POR EL PERÚ

Criterios generales



4 8


5 10

3. Conocimiento de las competencias del Ejecutivo, no señalar medidas que ya existen y el establecimiento adecuado de

1 2

10


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

indicadores. Total 10 20




2 2


4 8



2 2


0 4


0 1


Total 5 10



Elaboración de propuestas que se encuentren dentro de las competencias del Poder Ejecutivo y no señalar medidas que

1 1


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28

ya existen como nuevas Indicadores de cumplimiento adecuados 0 1

Total 1 2

Observaciones

Todos por el Perú en su Plan de gobierno solo cuenta con propuestas y no un diagnóstico del problema de la corrupción, en tanto ello se recurrió a revisar la exposición del candidato presidencial, Julio Guzmán, en los foros anticorrupción. Esta agrupación señala que la corrupción viola derechos básicos como educación (construcción de colegios), salud, justicia (seguridad jurídica), habla de crimen organizado, en tanto ello se puede decir que tiene también conciencia de cómo operan las redes de poder. Sin embargo, solamente describe como actores de los actos de corrupción a los funcionarios del estado. Omite referirse a la corrupción producida por los privados y es un vacío dentro su plan el cómo enfrentar al fenómeno de captura del estado. Pareciera que no existiera este tipo de problemas. La visión de la agrupación es importante: sistema de recompensas a quienes denuncien, modernizar y fortalecer instituciones (PNP, sistema de justicia, Consejo Nacional de la Magistratura, los conflictos de interés de la OCMA). Propuso también promover el intercambio de información entre la SBS, SUNAT, SUNART, Migraciones, PNP y Contraloría. Señaló la necesidad de implementar expedientes digitales en toda la cadena del delito, desde la PNP hasta el INPE, medidas que ya se están produciendo. Plantea una renovación del Consejo Nacional de la Magistratura y adopta la propuesta de la ONG19

4.2.4 ACCIÓN POPULAR

Transparencia para una nueva conformación, medida que creemos que necesita debate, pero al menos da cuenta de la problemática del CNM y la necesidad de una renovación. Sin embargo, adolece de visión muy institucionalista en su diagnóstico de la corrupción y omite ver el factor de los privados en el problema de la corrupción. La omisión de propuestas relacionadas al sector privado también se hace latente en este Plan.


09


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

Criterios generales



5 8


4 10


0 2

Total 9 20




1 2


5 8


Prevención y control de la corrupción a partir de algunas necesarias reformas legales (reducción de la figura de la inmunidad parlamentaria, imprescriptibilidad, autoridad

1 2


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30

autónoma de transparencia) Medidas dirigidas a actores privados que corrompen y están destinadas a prevenir la captura del estado

1 4


0 1


Total 3 10




0 1


Total 0 2

Observaciones El plan de gobierno de Acción Popular no establece un diagnóstico de la corrupción, pero durante su discurso en los foros anticorrupción el candidato, Alfredo Barnechea, describió la importancia de la lucha contra la corrupción para el desarrollo económico y una visión institucional de cómo la corrupción afecta a la democracia. Hay que resaltar que ha sido uno de los pocos candidatos que habló de la corrupción en el sistema político. Así también señaló su preocupación de la corrupción entre privados. Sin embargo, no le dio un enfoque de derechos humanos, ni de redes de corrupción. Las actividades y medidas señaladas son pocas y no apuntan a ese interesante diagnóstico. El plan de Acción Popular establece una medida tan abstracta y nada novedosa como: “fortalecer las propuestas del Plan Sectorial Anticorrupción”, sin tener en cuenta que este vence el 2016. También propone crear nuevos estándares de Ética y Responsabilidad Pública, a través de la implementación de las buenas prácticas en gestión pública y mecanismos de denuncia y protección al denunciante de actos de corrupción; cuando estas normas ya existen, pero deben mejorarse o reformarse.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31

Durante su exposición el candidato Barnechea señaló una medida en relación a la corrupción privada: prohibir que sigan operando en el Perú las empresas cuyas matrices estén involucradas en casos probados de corrupción. Eventualmente, perderán sus contratos y concesiones. Junto a ésta, mejoras los salarios públicos a maestros, policías, jueces y todo tipo de funcionario público. Omite también su plan dar indicadores de cumplimiento de las medidas propuestas.

4.2.5 FUERZA POPULAR

Criterios generales


máximo


3 8


4 10


0 2

Total 7 20



08


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32


1 2


3 8



2 2


0 4


0 1


Total 4 10




1 1


Total 1 2


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33

Observaciones El plan de gobierno de Fuerza Popular carece de un diagnóstico, por ello se ha recurrido a la exposición realizada por la candidata, Keiko Fujimori. La visión de FP del problema de la corrupción es altamente institucional y economicista. El enfoque de derechos humanos es nulo, así como el papel del sector privado en esta problemática. En esta medida, en concordancia con el enfoque que dan al problema, sus medidas van encaminadas a fortalecimiento de las instituciones. Indican la trascendencia de reformas de los sectores judiciales y de la Contraloría. La necesidad que haya mayor transparencia en el estado y buscar la independencia financiera de los entes de control. Una medida novedosa es crear la Procuraduría General de la República y han propuesto que el Procuradores General sea elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura, al muy preocupante ya que esta instancia actualmente pasa por una grave crisis de legitimidad producto de una forma de elección de sus integrantes poco transparente y con una serie de irregularidades. El plan no contiene indicadores de cumplimiento.

4.2.6 PERÚ LIBERTARIO

Criterios generales


máximo


5 8


3 10

08


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34


0 2

Total 8 20




1 2


5 8



1 2


1 4


0 1


Total 3 10


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35




0 1


Total 0 2

Observaciones

Perú Libertario plantea un diagnóstico de lucha contra la corrupción que pone énfasis en un enfoque de asimetría de poder, la importancia de los actores privados en la problemática, así como la trascendencia de luchar contra la impunidad, con poco énfasis en instituciones como la Contraloría. Sin embargo, el enfoque de derechos humanos es débil. Por otro lado, como ha sucedido con Acción Popular y el Frente Amplio, las propuestas para combatir ese importante diagnóstico son bastantes reducidas. A nivel del sistema de justicia, propone la elección y revocatoria de jueces y fiscales por voto popular; una medida peligrosa dado el nivel de politización de la justicia a que llevaría esta medida. Propone la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción; también que ningún funcionario o ex funcionario público sea accionista de concesiones, algo imposible de cumplir por el nivel de derechos individuales que se violarían con esta medida. También plantea crear un ente contralor para empresas privadas. El nivel de concreción de las propuestas es reducido.

4.2.7 ALIANZA ELECTORAL SOLIDARIDAD NACIONAL – UPP

Criterios generales


máximo


3 8

07


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36


4 10


0 2

Total 7 20




1 2


3 8



1 2


0 4


0 1


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37

sistema de transparencia de los procesos de adjudicación, entre otros) Fortalecimiento de la Contraloría y del sistema de justicia 3 3

Total 4 10




0 1


Total 0 2

Observaciones Solidaridad Nacional tiene un diagnóstico de la corrupción limitado. Pese a que menciona que los problemas que existen se relacionan a los grupos de poder enquistados en el poder, vincula el problema solo al sector público y no al privado. Tampoco le dan un enfoque de derechos humanos, ni de redes de corrupción. Sus propuestas empiezan por la creación de la Comisión de lucha contra la Corrupción (CLC), una suerte de instancia muy parecida a la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción (CAN) con algunas modificaciones. Es muy importante que Solidaridad Nacional apunte a fortalecer el trabajo de la judicatura, especialmente la vigilancia a los jueces a fin que no dejen los casos en impunidad, empero ello la medidas que adopta no son concretas, no menciona al Consejo Nacional de la Magistratura. En la presentación realizada por el candidato a la presidencia, Hernando (Nano) Guerra, en los foros de debate ha señalado la importancia de la independencia de los contralores en relación a las instancias que controlan, una medida urgente. Menciona varias medidas que ya existen, como la simplificación de mecanismos y el establecimiento de la CLC, muy parecida a la CAN. El plan no presenta indicadores de cumplimiento.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38

4.2.8 ORDEN

Criterios generales


máximo


3 8


4 10


0 2

Total 7 20




1 2


3 8

07


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39

Planteamiento de estrategias adecuadas Puntaje Valor

máximo


2 2


0 4


0 1


Total 4 10




0 1


Total 0 2

Observaciones Orden tiene un diagnóstico institucional y sus propuestas apuntan a la sanción y no impunidad de los actos de corrupción. No tiene de enfoque de derechos humanos ni de los actores privados. En esta medida tiene un conjunto abundante de medidas con poca sistematicidad, algunas bastante punitivas. Eliminar la inmunidad parlamentaria, aumentar las penas a los jueces, fiscales, policías y funcionarios públicos corruptos. Que en el caso de los delitos de corrupción la pena sea efectiva, sin beneficio penitenciario alguno.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40

Por otro lado tiene un grupo de medidas que ya existen: (i) que las sentencias emitidas sean públicas, (ii) consolidar a la OCMA en la aplicación de medidas preventivas de control verdadero, mediante visitas inopinadas permanentes en las distintas sedes judiciales, entre otros. No tiene indicadores.

4.2.9 PARTIDO HUMANISTA PERUANO

Criterios generales



3 8


4 10


0 2

Total 7 20




1 2

Que implica a actores privados 1 4

07


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41

Que toma en cuenta instituciones como la Contraloría y el funcionamiento del sistema judicial 1 2

3 8



2 2


1 4


0 1


Total 5 10




0 1


Total 0 2

Observaciones El Partido Humanista en su plan de Gobierno no habla de un diagnóstico y, por lo tanto se ha tenido que recurrir a la exposición del candidato Yehude Simon. Éste plantea un diagnóstico


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42

institucional y tiene en cuenta al sector privado al momento de hablar de la problemática de la corrupción. Tiene un amplio listado medidas, pero son poco sistemáticas y muchas veces ya existentes. Algunas son muy difíciles de cumplir y resultan poco eficientes para una real lucha contra la corrupción como: (i) una Comisión de la verdad contra la corrupción de los últimos 25 años, (ii) la construcción de una cárcel especial para condenados por corrupción, (iii) la promoción de la causal de vacancia para el Presidente de la República, Gobernadores Regionales y Alcaldes, el incumplimiento de sus promesas electorales. El PH apunta a mejorar la labor de la Contraloría y del Poder Judicial. Propone nombrar al Contralor por concurso público y terminar la inmunidad parlamentaria. En el sector privado indica que se debe sancionar a quienes no se registren como lobistas. Medidas que ya existen: cuestionar el nombramiento de servidores sin considerar criterios meritocráticos y fiscalizar el enriquecimiento ilícito, los signos exteriores de riqueza y el desbalance patrimonial, y muchas más. No establece indicadores.

4.2.10 PERÚ POSIBLE

Criterios generales



3 8


4 10

3. Conocimiento de las competencias del Ejecutivo, no señalar medidas que ya existen y el establecimiento adecuado de

0 2

07


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43

indicadores. Total 07 20




1 2


3 8



2 2


0 4


0 1


Total 4 10




0 1


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44


Total 0 2

Observaciones Perú Posible no cuenta con un diagnóstico de la corrupción en su plan de gobierno, por ello se revisó lo señalado en los foros por el candidato Alejandro Toledo y tampoco aportó mucho en esta materia. En líneas generales, de forma muy tenue, esta agrupación plantea un diagnóstico con énfasis en la institucionalidad, así como la trascendencia de las instituciones del sector justicia y de la Contraloría General. No plantea el rol de las empresas privadas en la lucha anticorrupción. Las medidas van direccionadas a lo institucional, sistema judicial, mayores penas, mejora de la Contraloría. Muchas propuestas ya existen actualmente. Apoya la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la inhabilitación de funcionarios. Lo novedoso, pero ciertamente poco importante a comparación de otras medidas, es la propuesta de un sistema “Blockchain”, para descentralizar, automatizar y transparentar la toma de decisiones en el sector público. No presentó indicadores.

4.2.11 PROGRESANDO PERÚ

Criterios generales


máximo


3 8

2. Planteamiento de estrategias adecuadas (prevención y control de la corrupción a partir de algunas necesarias reformas legales; medidas dirigidas a actores privados que corrompen y están destinadas a prevenir la captura del estado; medidas dirigidas a fortalecer áreas directamente relacionadas a sectores estratégicos y que implican a grupos históricamente discriminados: actividad extractiva y pueblos indígenas; fortalecimiento de instituciones específicas, la

4 10

07


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45

Contraloría y el funcionamiento del sistema de justicia. 3. Conocimiento de las competencias del Ejecutivo, no señalar

medidas que ya existen y el establecimiento adecuado de indicadores.

0 2

Total 8 20




2 2


3 8



2 2


0 4


0 1


Total 4 10


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46




0 1


Total 0 2

Observaciones Progresando Perú no tiene un diagnóstico en su plan de gobierno, ni propuestas. Por esta razón, el diagnóstico y las propuestas se han extraído de los foros anticorrupción en los que ha participado la candidata presidencial, Miguel Hilario. Esta agrupación plantea un diagnóstico de lucha poniendo énfasis en la institucionalidad y un enfoque de derechos humanos, así como la trascendencia de las instituciones del sector justicia y de la Contraloría General. No plantea el rol de las empresas privadas. En sus propuestas plantea una reforma de la Contraloría. Un cambio de la elección del Contralor a concurso público. Como ya lo hemos señalado, desde el IDL creemos que la elección del Contralor debe estar alejada del Poder Ejecutivo y con requisitos que incluyan la independencia partidaria, cualidades técnicas, solvencia moral; pero debería ser elegido con mayoría absoluta por el Congreso, muy parecida a la elección del Defensor del Pueblo. Propuso una ley de carrera pública, y remitió la selección de los profesionales a una agencia privada, una propuesta audaz. No presentó indicadores.

4.2.12 PROGRESO Y OBRAS

Criterios generales


4. Conocimiento del problema de la corrupción (teniendo en cuenta un enfoque de derechos humanos, la necesidad de

3 8

07


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47

incluir las redes de poder, el sector privado, y la labor de instituciones específicas como la Contraloría e instancias del sistema de justicia).


4 10


0 2

Total 7 20




1 2


3 8



2 2


0 4

Medidas dirigidas a fortalecer áreas directamente relacionadas a sectores estratégicos y que implican a grupos históricamente

0 1


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48

discriminados: actividad extractiva y pueblos indígenas (no conflicto de interés de actividades del MEM, mejora del sistema de transparencia de los procesos de adjudicación, entre otros) Fortalecimiento de la Contraloría y del sistema de justicia 2 3

Total 4 10




0 1


Total 0 2

Observaciones Progreso y Obras (Frente Esperanza), liderado por Fernando Olivera, pone especial énfasis en la importancia del rol de la Contraloría y de las instancias de los órganos del sistema de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, y Consejo Nacional de la Magistratura lo cual es bueno; en relación al CNM adopta la propuesta de la ONG Transparencia20


, que nos parece bastante complicada de aplicar, pero no cita a esta institución como autor de la medida. De la exposición del candidato Olivera en los foros anticorrupción, se ve claramente su conocimiento de la cosa pública y la existencia de redes, empero ese diagnóstico no se ve reflejado en el Plan de Gobierno ni se reflejan en las medidas. Sin embargo, muchas de las propuestas ya existen, sobre todo las relacionadas a la Contraloría. Lamentablemente su visión omite, totalmente, la labor de los privados en el fenómeno de la corrupción y omite absolutamente la situación de poblaciones vulnerables. No establece ningún indicador de cumplimiento de algunas de las medidas.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49

4.2.13 PERÚ PATRIA SEGURA

Criterios generales



3 8


4 10


0 2

Total 7 20




1 2


3 8

06


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50

Planteamiento de estrategias adecuadas Puntaje Valor

máximo


1 2


1 4


0 1


Total 4 10




0 1


Total 0 2

Observaciones

Patria Segura tiene en su plan de gobierno una visión transversal de la lucha contra la corrupción, lo cual es positivo. Tiene en cuenta el lado privado del problema de la corrupción, especialmente en relación a la labor de los abogados, el enfoque de derechos humanos es bastante reducido. Sin embargo, pese a ello su diagnóstico resulta bastante institucional. Junto a ello presenta una lista de medidas relacionadas a la mejora de la Contraloría y al sistema de justicia, especialmente con la politización de la justicia. Aunque varias de las propuestas relacionadas al sector judicial son medidas ya existentes, como elaborar más diagnósticos sobre corrupción —el Poder Judicial debe ser la instancia que más estudios tiene sobre la materia—.


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51

También puso importante énfasis en la elección transparente de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. En relación al sector privado propone prohibir que sigan operando en el Perú las empresas cuyas matrices estén involucradas en casos probados de corrupción. Eventualmente, perderán sus contratos y concesiones. El cómo es una de las principales preguntas que nos planteamos ante el número de propuestas detalladas. También señaló medidas como mejoras de los salarios públicos a maestros, policías, jueces y todo tipo de funcionario público. No presenta indicadores de cumplimiento.

4.2.14 ALIANZA POPULAR , APRA-PPC

Criterios generales


máximo


2 8


4 10


0 2

Total 20

06


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52




0 2


2 8



2 2


0 4


0 1


Total 4 10




0 1



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53

Total 0 2

Observaciones La alianza APRA-PPC plantea un diagnóstico muy pobre de la corrupción en el Perú. En el Plan de gobierno no existe y se ha tenido que recurrir a la exposición del candidato presidencial, Alan García. Lamentablemente de la exposición no hay un enfoque de derechos humanos, ni tampoco se menciona el componente privado; aunque si se menciona la necesidad de mejorar el sistema judicial y la Contraloría. Dentro de las medidas plantea el fortalecimiento de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, pero no dice en qué sentido. Plantea la autonomía política y económica de las contralorías regionales, una medida importante. Medidas dirigidas al sector privado que no ayudarán: que todas las empresas adopten códigos de ética y de transparencia que incluyan aspectos relacionados a la contratación con el Estado, participación en concursos públicos, cumplimiento de obligaciones tributarias, ambientales y laborales, estableciéndose sanciones para los casos de incumplimiento. Del mismo modo, aunque no está en el plan, en los foros anticorrupción el candidato García ha expresado su acuerdo con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y el compromiso de buscar que sus congresistas se levanten la inmunidad parlamentaria. Establece un conjunto de propuestas que ya existen, por ejemplo que el Procurador Anticorrupción sea nombrado por concurso público, o incluir en los programas curriculares cursos de ética. El plan no establece indicadores de cumplimiento.

4.2.15 ALIANZA PARA EL PROGRESO DEL PERÚ

Criterios generales


1. Conocimiento del problema de la corrupción (teniendo en cuenta un enfoque de derechos humanos, la necesidad de incluir las redes de poder, el sector privado, y la labor de instituciones específicas como la Contraloría e instancias del

0 8

05


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54

sistema de justicia). 2. Planteamiento de estrategias adecuadas (prevención y

control de la corrupción a partir de algunas necesarias reformas legales; medidas dirigidas a actores privados que corrompen y están destinadas a prevenir la captura del estado; medidas dirigidas a fortalecer áreas directamente relacionadas a sectores estratégicos y que implican a grupos históricamente discriminados: actividad extractiva y pueblos indígenas; fortalecimiento de instituciones específicas, la Contraloría y el funcionamiento del sistema de justicia.

4 10


1 2

Total 5 20




0 2


0 8



2 2


0 4


0 1


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55

sistema de transparencia de los procesos de adjudicación, entre otros) Fortalecimiento de la Contraloría y del sistema de justicia 2 3

Total 4 10




0 1


Total 1 2

Observaciones La Alianza Para el Progreso del Perú tiene un plan de gobierno que se caracteriza por tener muy poco diagnóstico de los problemas que quiere abordar. En esta medida, se ha buscado un estado de la cuestión en los foros contra la corrupción realizados en el mes de enero y febrero, lamentablemente en la presentación del candidato a la presidencia, César Acuña, tampoco se ha encontrado un diagnóstico propiamente dicho. Mencionó el problema de la judicatura y la impunidad, pero de manera tenue. No habla de la responsabilidad de los privados y menos medidas dirigidas a este sector. En el Plan de gobierno, en relación a la judicatura y le mejora del estatuto de los jueces, propone un control disciplinario de los magistrados externo, a fin de evitar el espíritu de cuerpo; sin embargo, traslada esa responsabilidad al Consejo Nacional de la Magistratura y no establece nada en relación a la renovación del actual CNM, instancia que actualmente pasa por una grave crisis de legitimidad producto de una forma de elección de sus integrantes poco transparente y con una serie de irregularidades. Entre las medidas específicas ha planteado la anulación de la figura de los indultos para los casos de corrupción, narcotráfico y libertad sexual. Creemos que es una propuesta que hay que discutir de mejor manera, pues que haya sido mal utilizada durante el gobierno aprista no significa que deba desaparecer este tipo de gracia presidencial; sino más bien mejorar el nivel de independencia y transparencia de quienes las otorgan. Preocupa la propuesta que busca que el cargo del Contralor General de la República y de los contralores regionales y municipales se realice por elección democrática. Politizar cargos que


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deben ser técnicos y con personas que deban cumplir ciertas características no es lo más adecuado, máxime cuando el cargo de Contralor es poco conocido para la ciudadanía y, especialmente, si vemos la forma como se han distorsionado los procesos electorales actualmente. APP propone eliminar la inmunidad parlamentaria para congresistas con procesos judiciales antes de su elección, empero el artículo 16 del reglamento del Congreso ya dispone esto; lo que ha ocurrido es que el Congreso ha incumplido históricamente este proceso. Plantea indicadores poco adecuados, pero mínimamente los establece.

4.2.16 PARTIDO NACIONALISTA PERUANO

Criterios generales


máximo


0 8


4 10


0 2

Total 4 20



04


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57


0 2


0 8



2 2


1 4


0 1


Total 4 10




0 1


Total 0 2


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58

Observaciones El Partido Nacionalista no ha establecido un diagnóstico del fenómeno de la corrupción, la exposición del candidato presidencial, Daniel Urresti, también adolece de éste. Su exposición se centró en señalar la diferencia entre micro-corrupción y corrupción mediana. Por otro lado sus propuestas en el plan de gobierno son nulas: la única mencionada es una que ya existe, aplicar el Plan Anticorrupción vigente y que vence en junio del 2016. En su exposición el candidato señaló un conjunto de actividades con poca relación entre sí: el fortalecimiento de la Contraloría, la independencia financiera de los contralores, se mostró a favor de la imprescriptibilidad, la muerte civil para los condenados por corrupción, modificar el SNIP, eliminar las puertas giratorias. No presentó indicadores de cumplimiento.

4.2.17 PERÚ NACIÓN

Criterios generales



2 8


2 10


0 2

Total 4 20

04


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59




1 2


2 8



1 2


0 4


0 1


Total 2 10




0 1


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60


Total 0 2

Observaciones Perú Nación tiene una singular visión de la problemática de la corrupción. Empezando que en su Plan de Gobierno plantea esta problemática como un asunto moral, en donde los valores son lo fundamental. A su vez, durante la exposición del candidato, Francisco Diez Canseco, se aprecia también un enfoque institucional del problema de la corrupción, el análisis del problema de la corrupción privada es prácticamente nulo. Entre las medidas concretas, una de las más extrañas y peligrosas que plantea esta agrupación, son la creación del Consejo Nacional de Moral Pública, que sería presidido por el presidente de la República y personas probas invitadas por el mismo presidente, para efectuar una drástica y rápida depuración de funcionarios y servidores que se encuentren vinculados con actos de corrupción, como política indispensable para el bienestar del ciudadano. La creación de esta instancia es más que preocupante, pues pasa por alto instituciones ya existentes en nuestro sistema para sancionar. Cómo serían estas evaluaciones, qué tan independientes. El enfoque de derechos humanos es nulo con esta medida. Dentro de sus planteamientos, también señaló una reforma del Congreso para que los parlamentarios dejen de recibir un sueldo mensual y se les pague por concurrencia al pleno y a las comisiones de trabajo, así como generar políticas educativas de valores y de restauración de la moral en el Perú.

4.2.18 DEMOCRACIA DIRECTA

Criterios generales



2 8

02


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61


0 10


0 2

Total 2 20




1 2


2 8

Observaciones El partido Democracia Directa en algunos momentos de su plan describe como una de las causas de la desigualdad la corrupción y las acciones de algunos grupos de poder. Sin embargo, el desarrollo de esa idea es desordenada y posteriormente no presenta ninguna propuesta relacionada a la lucha contra la corrupción. Lamentablemente el candidato presidencial, Gregorio Santos, no pudo participar de ningún foro anticorrupción. Democracia Directa ha presentado el peor plan en relación a políticas anticorrupción.

Jalados en lucha contra la corrupción de Defensa Legal 2 “ Dionisio Romero: No sé a quién...

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