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Jóvenes y violencia en Morelia

Colección de Jóvenes en Riesgo

Esta investigación es posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América.

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La presente publicación es parte de la estrategia de generación de conocimiento del programa Juntos para la Prevención de la Violencia ( JPV) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-cional (USAID) en México. USAID contribuye al fortalecimiento de los sistemas locales de prevención integrados por actores del sector público y privado, organizaciones de la sociedad civil y académicos, en su capacidad para diseñar, implementar y evaluar políticas y prácticas de prevención de la violencia.

USAID ha consolidado un conjunto de “Colecciones” consistentes en herramientas, manuales, sistema-tizaciones, evaluaciones y guías con el objetivo de fortalecer las capacidades de los sistemas locales para atender el problema de la violencia y delincuencia en el corto, mediano y largo plazo, asegurando que la gestión del conocimiento y la evidencia sean generadas continuamente y trasciendan el período de ejecución del programa de USAID.

Créditos Diseño gráfico:Jocelyn Castañeda Febrero, 2019

1. Acrónimos ................................................................................ 9

2. Resumen Ejecutivo .................................................................... 11

3. Introducción ............................................................................ 17

Sección 1. Estudio de la población objetivo y modelos deintervención informados en evidencia .......................................... 21

Caracterización de la población de referencia .................................................................21Poblaciones prioritarias .....................................................................................................38Modelos Informados en Evidencia (MIE) alineados a poblaciones prioritárias ...............43Conclusiones ......................................................................................................................51

Sección 2. Informe de análisis del ecosistema local .................... 55Pagadores finales: Sector público, organismos multilaterales y think tanks .....................56Sector privado: Posibles inversionistas .............................................................................58Proveedores de servicios: Organizaciones de la sociedad civil .......................................61Conclusiones ......................................................................................................................69

Sección 3. Evaluación de la factibilidad y recomendaciones ........ 71Definición de la población objetivo ..................................................................................71Evaluación de costo-beneficio de las intervenciones analizadas ......................................78Dictamen de factibilidad para la implementación de programas informados enevidencia mediante esquema de pago por resultado.......................................................84Flujograma de diseño y potencial de implementación de proyectos ..............................91Conclusiones ......................................................................................................................95

5. Conclusiones ........................................................................... 97

6. Anexos ..................................................................................... 101

7. Bibliografía .............................................................................. 103

ÍNDICE

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ACRÓNIMOS

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BIS Bono de Impacto Social

CESIJ Centro de Estudios Sobre Impunidad y Justicia

CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de Transformación

COPARMEX Confederación Patronal de la República Mexicana

DIF Desarrollo Integral de la Familia

ECOPRED Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia

ENAJ Encuesta Nacional de Juventud

ENDIREH Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares

ENCODE Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes

ENOE Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

ENSU Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana

FOMIN Fondo Multilateral de Inversiones

FORTASEG Programa de Fortalecimiento para la Seguridad

FUCIDIM Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Morelia

IGI-MX Índice Global de Impunidad México

iLab Laboratorio de Financiamiento y Pago por Resultados

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

MIE Modelos Informados en Evidencia

NSJP Nuevo Sistema de Justicia Penal

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONU Organización para las Naciones Unidas

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil

PERSEVIM Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad en el

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Municipio de Morelia

PMD Plan Municipal de Desarrollo

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNPSVD Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

RCJ Rápido Certero y Justo

SROI Retorno Social de Inversión

TTT Tribunales para el Tratamiento de Adicciones

TCC Terapia Cognitivo Conductual

USAID United States Agency for International Development

VITAC Vivir para Transformar A.C.

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RESUMEN EJECUTIVO

La juventud de Morelia es un sector poblacional que presenta diversas problemáticas. Una de las más preocupantes es la violencia y delincuencia a la que son susceptibles y/o puede generarse entre los jóvenes y de este grupo hacia otros sectores de la población. Esta realidad resalta la importancia de pensar en modelos de intervención basados en resultados probados, que sean costo-efectivos y que puedan atender las problemáticas que viven los jóvenes morelianos. En este contexto es que se lleva a cabo el presente estudio.

Durante el estudio se analizaron distintos sub-grupos poblacionales dentro de la ju-ventud moreliana, con la finalidad de escoger a uno de ellos para el cual se haría una propuesta de intervención basada en resultados para implementarse bajo un esquema de pago por resultados. Tras un análisis documental y de la información proporcionada por quienes fueron parte del este estudio profundo, se determinó que la población objetivo-definida para este estudio fuese:

Jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que cometan faltas administrativas bajo la influencia de alguna sustancia lícita o ilícita dentro del territorio del municipio de Morelia.

El desarrollo del estudio se llevó a cabo en tres fases, las cuales reflejan las tres seccio-nes principales de este documento: Sección I. Caracterización de la población objetivo y modelos de intervención basados en evidencia, Sección II. Informe del ecosistema local y Sección III. Evaluación de la factibilidad y recomendaciones. Entre los datos y hallazgos más relevantes de cada sección se encuentra lo siguiente.

Sección I. Caracterización de la población objetivo y modelos de intervención basados en evidencia

La juventud en Morelia representa a casi un tercio de los 730 mil habitantes del mu-nicipio. Es decir, aproximadamente 259 mil personas en Morelia tienen entre 12 y 29 años. De estos jóvenes, uno de cada 7 está desocupado.

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En el grupo de población entre 20 y 25 años esta cifra se agrava incrementándose a 1 de cada 4 jóvenes que no estudia ni trabaja. Por otro lado, del total de jóvenes empleados, el 55% lo hacen en el sector informal y de ellos más de la mitad son hombres jóvenes morelianos. Menos de la mitad (41%) se sienten seguros de vivir en el municipio y sólo una tercera parte de los jóvenes se sienten seguros en la calle.

Existen distintos factores de riesgo que se han identificado como posibles detonantes de violencia y delincuencia en los jóvenes. Estos factores se pueden encontrar en distintas dimensiones o ámbitos: a nivel individual, familiar, social y comunitario. Los hallazgos principales de este estudio respecto a dichos factores de riesgo incluyen que casi dos terceras partes de los jóvenes han consumido alcohol o tabaco en su vida y el 40% ha sido entre los 15 y 29 años. La edad promedio de inicio de consumo son los 17 años. En torno a drogas, la prevalencia de consumo de marihuana, inhalantes u otras drogas a lo largo de la vida de los jóvenes morelianos (9.4%) está por arriba de la media nacio-nal. La participación en pandillas peligrosas y la prevalencia de conductas antisociales también son más altos en Morelia que a nivel nacional. En cuanto a las detenciones tanto por faltas administrativas como por delitos, casi la mitad de los detenidos entre julio de 2016 y abril de 2017 fueron hombres jóvenes entre 16 y 30 años.

En cuanto al entorno familiar y social, el 25.6% de los jóvenes en Morelia que no son jefes de familia viven en familias monoparentales y el 70% (del total) reporta dinámicas conflictivas en su hogar. En cuanto a los amigos, el 73% de los jóvenes declara tener amigos que enfrentan al menos un factor de riesgo.

Para indagar sobre la relación entre los factores de riesgo a los que están expuestos los jóvenes en Morelia y los niveles de violencia que ellos mismos reportan se construyó un modelo de regresión logística multinomial. Este modelo permite predecir el cambio que cada factor de riesgo representa en la probabilidad de participar o no en actos violentos y/o delictivos de forma ascendente. Entre los resultados más importantes arrojados por el modelo se puede observar que la probabilidad de ser detenido está asociada positivamente con consumir drogas (11.3%), tener problemas de autocon-trol (8.8%), pertenecer a una pandilla violenta (6.2%) y tener amigos que presentan conductas antisociales (3.8%).

Con los hallazgos de los análisis cualitativos y cuantitativos se hizo una selección de poblaciones prioritarias las cuales fueron validadas con actores relevantes de la ciudad. Este proceso permitió priorizar la incidencia de los factores de riesgo en la juventud moreliana, así como identificar cuáles son las problemáticas más importantes detec-tadas por los diferentes actores en Morelia y que al mismo tiempo se alinean con el Marco conceptual y portafolio de soluciones efectivas USAID.

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Las poblaciones prioritarias identificadas por este estudio son: a) jóvenes con proble-mas de abuso de sustancias lícitas e ilícitas con antecedentes de delitos menores y/o faltas administrativas, b) jóvenes desocupados, sub-ocupados y/o que laboran en el sector informal, c) jóvenes en conflicto con la ley y que cumplen sentencias privativas.

Después se analizaron Modelos Informados en Evidencia (MIE) alineados a los gru-pos de población prioritaria por medio de una revisión documental que concentra el estado del arte de las intervenciones para prevenir la violencia en jóvenes. El objetivo de este análisis fue identificar las posibles áreas de intervención costo-efectivas para implementar un esquema de pago por resultados en una etapa posterior. Los criterios a considerar para determinar la pertinencia de los MIE analizados fue que dichos pro-gramas fueron: 1) aplicables en entornos institucionales existentes, a fin de permitir la identificación, focalización y seguimiento en el tiempo a la población beneficiaria (lo cual es también uno de los criterios de viabilidad de un esquema de pago por resultados); 2) la calidad de la implementación, 3) la provisión de servicios suficientes y necesarios y 4) la fidelidad al diseño que se lleve a cabo la implementación.

La gama de modelos de incidencia que cuentan con evidencia de impacto y que están abocados a resolver los retos prioritarios de dicha población contemplados en este estudio se engloban en las siguientes categorías: a) Modelos de rehabilitación de adicciones orientados a la prevención del delito; b) Modelos de ocupación juvenil; y c) Programas para prevenir la reincidencia delictiva y/o carcelaria y promover la rein-serción social en centros de readaptación social. Entre los hallazgos más importantes de la revisión de estos modelos se detectó una importante confluencia entre los tres. Tanto los modelos de rehabilitación de adicciones como los de reinserción social utilizan terapias cognitivas conductuales y componentes de vinculación laboral para dar sostenibilidad a los cambios deseados. Por su parte los modelos que ponen su énfasis en el cambio de uso del tiempo y ocupación de los jóvenes, a la par de utilizar terapias cognitivo conductuales para abordar la capacidad de control de impulsos, también han resultado ser más efectivos cuando van acompañados de transferencias no condicionadas para promover el autoempleo y empleabilidad de los jóvenes.

Sección II. Informe del ecosistema local

Para determinar la viabilidad de implementar un programa de prevención de la vio-lencia y jóvenes bajo esquema de pago por resultados es necesario hacer un análisis del ecosistema local en el que se identifiquen los actores que podrían estar involucra-dos. En este ecosistema interactúan tres grandes grupos de interés. Por una parte, el sector público, por otro los inversionistas y, por último, pero no menos importante, las organizaciones de sociedad civil o empresas sociales, quienes podrían participar como proveedores del servicio para cumplir con objetivos de impacto establecidos en el esquema.

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Para el desarrollo de esta sección del estudio, se llevó a cabo una agenda de trabajo intersectorial con el objetivo de identificar posibles interesados (sector público e inversionistas), de obtener su retroalimentación sobre un posible proyecto de pago por resultados en el municipio de Morelia, así como identificar su interés respecto a intervenciones específicas. Por otra parte, también se realizó el mapeo de organiza-ciones de la sociedad civil con potencial de convertirse en posibles proveedores de este tipo de servicio, en particular se buscó que contaran con modelos operativos claramente especificados, métricas definidas y evaluación de procesos y/o resultados, así como de impacto.

Los hallazgos en esta sección se resumen de la siguiente manera:

Inversionistas: existe un ecosistema de inversión de impacto fuerte, que vive actual-mente un proceso de consolidación a nivel nacional. Se prevén amplias probabilidades para oportunidades de colaboración en cuanto a pagos por resultados. Además, se confirmó que las temáticas de prevención de violencia y jóvenes están tanto en la agenda de las fundaciones filantrópicas como en la de inversionistas tradicionales.

Sector público y pagadores finales: actualmente se vive un momento favorable para el desarrollo de esquemas de pagos por resultados. se identificó que dependencias del gobierno federal, como lo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública están considerando la posibilidad de explorar estos esquemas de financiamiento innovador con enfoque de resultados. A nivel municipal, también se detectó el interés tanto en la atención en la población objetivo y problemática del presente estudio bajo este esquema para financiamiento de programas públicos con resultados tangibles y me-todologías probadas e innovadoras para el sector público local.

Posibles proveedores de servicio: se identificó, a raíz del proceso de mapeo novedoso, en general existen organizaciones que tienen alto potencial en convertirse en posibles proveedores dadas sus metodologías, pero que todavía, por sí mismas tienen áreas de oportunidad para contar con todos los criterios necesarios para un esquema de pago por resultados. Sin embargo, se detectó también un alto potencial de aprovechar las capacidades actuales y complementarse entre sí. Por ello, se visualiza un escenario de colaboración entre las organizaciones para llevar a cabo un proyecto conjunto coordinado, en el que se combinen las capacidades organizacionales y de gestión, con la experiencia operativa de las OSC.

Sección III. Evaluación de la factibilidad y recomendaciones

En la última sección de este estudio se presenta el análisis de factibilidad para la imple-mentación de un esquema de pago por resultados para una intervención informada en evidencia de prevención de la violencia y la delincuencia con la juventud moreliana.

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Dicho análisis comenzó con una evaluación de costo-beneficio de las intervenciones analizadas para posteriormente presentar el dictamen de factibilidad y finalmente indicar los siguientes pasos para el diseño e implementación de estos proyectos.

Con el análisis costo-beneficio se identificó que el ahorro para el municipio es viable pero difícil de monetizar. Los criterios de factibilidad que se tomaron en cuenta arro-jaron un dictamen positivo para la viabilidad de un esquema de pago por resultados y un escenario posible pero complicado para la implementación de un Bono de Impacto Social (BIS).

Por estas razones se recomienda que se implemente la intervención bajo un esquema de pago por resultados innovador que no sea precisamente un BIS, pero que sí implique la interacción del gobierno municipal, inversionistas privados y organizaciones de la sociedad civil que implementen la intervención. En cuanto al potencial de réplica hacia otras ciudades en las cuales USAID tiene trabajo, la intervención propuesta es fácil de replicarse y se encontró que existen condiciones para que también sea efectiva en otras ciudades.

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INTRODUCCIÓN

La violencia se define como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o co-munidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones” (Organización Panamericana de la Salud OPS, 2016, p. 90). La violencia, a su vez, puede conducir a la comisión de algún delito, en tanto que éste es entendido como el quebranto de un orden legal o social. A este fenómeno social se le llama delincuencia (Gobierno de la República, 2014) y ocurre por diversas causas.

La presente investigación “Jóvenes y violencia en Morelia: Estudio del ecosistema de desarrollo basado en resultados y oportunidades de implementación” surge pre-cisamente ante la necesidad de responder a la carencia de información específica respecto a la prevención de la violencia de manera efectiva en los y las jóvenes de Morelia, Michoacán, es decir, en la población entre los 12 y 29 años cumplidos (de acuerdo al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (2015); Congreso de Michoacán de Ocampo (2016); H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Morelia, Michoacán (2016)). Además, con base en los hallazgos previos, este proceso de investigación busca identificar y analizar la viabilidad de utilizar modelos informa-dos en evidencia y costo-efectivos para atender los factores de riesgo del os jóvenes en Morelia, con vistas a identificar la factibilidad de realizar un esquema de pago por resultados para su implementación.

Los esquemas de pago por resultados, en lo particular son instrumentos financieros que implican “una asociación en la que fundaciones e inversionistas de impacto asumen el riesgo –no los gobiernos– para financiar una solución a un problema social” (Levey et al., 2015). El primer BIS se llevó a cabo en 2010 para atender las necesidades de reinserción social de las personas antes y después de cumplir una sentencia privativa. Los esquemas de pago por resultados y en lo particular los BIS, son innovaciones importantes ya que cambian el enfoque de inversión de los productos (por ejemplo, horas de taller o beneficiarios atendidos), hacia los resultados de impacto (cambios sostenibles en comportamiento o el estado de las personas); al mismo tiempo los BIS incentivan las inversiones en programas de prevención, ya que los pagadores finales son

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quienes asumen el riesgo de la intervención, mientras que el Estado se compromete a pagar por los resultados previamente pactados. De esta forma, los esquemas de pago por resultado fomentan la efectividad de las políticas públicas y los esquemas de ayuda nacional e internacional.

En este sentido, este estudio es un primer paso, en miras de contar con programas efectivos de prevención de violencia enfocados a la realidad de los jóvenes en Morelia. El presente documento consta de tres secciones principales: 1) Una revisión docu-mental para la identificación y cuantificación de los factores de riesgo y protección que presentan los y las jóvenes morelianos, los cuales fueron validados con actores locales con trabajo de campo (grupos de enfoque, simposio y entrevistas a profundi-dad); 2) Un análisis de los segmentos de jóvenes con mayor propensión a la violencia que se desprende de la validación del capítulo anterior; 3) Los hallazgos de la primera búsqueda de modelos informados en evidencia para atender a dichas poblaciones.

Objetivos y metodología

El objetivo general del estudio consiste en realizar un análisis de factibilidad para la implementación de un esquema pago por resultados para programas informados por evidencia y costo-efectivos para jóvenes en situación de riesgo asociadas a la violencia en Morelia, con potencial escalamiento a otras urbes del país. El presente documento cumple con el primer objetivo específico planteado para el estudio. Dicho primer ob-jetivo es precisamente la realización de un estudio de la población objetivo (jóvenes en Morelia) y las problemáticas de atención (violencia), basadas en evidencia internacional. Posteriormente se realizará un análisis del ecosistema local y nacional para desarrollar, gestionar, implementar y evaluar intervenciones con resultados probados. Por último, la evaluación de factibilidad dará luz respecto a la implementación de proyectos que se adaptan a un pago por resultados, recomendaciones de estrategias, mecanismos y pasos siguientes, así como el escalamiento potencial a otras ciudades de México.

Metodología

La investigación realizada en este estudio es de carácter mixto, con un alto grado de enfoque cuantitativo y cualitativo. Se utilizaron diseños de investigación transeccional o transversal descriptivo como correlacional-causal.

Para el estudio de la población objetivo se llevaron a cabo primeramente una inves-tigación documental y la recolección y análisis de datos cualitativos a través de 22 entrevistas semiestructuradas con personas clave dentro de la administración pública municipal, así como actores de la sociedad civil e iniciativa privada que trabajan en temas relacionados con la violencia en jóvenes en Morelia. También se llevaron a cabo dos grupos focales con jóvenes de esta localidad, así como dos simposios interdisci-

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plinarios de expertos que dieron luz respecto a investigaciones y trabajo de campo relacionado con la realidad de los jóvenes en Morelia y el estado de Michoacán. La información relevante derivada del trabajo de campo se puede consultar en el Anexo 1. Resumen de trabajo de campo.

Paralelamente, las bases de datos disponibles1 y realizadas por instituciones oficiales permitieron realizar estudios econométricos y socioeconómicos respecto a la juventud en Morelia. Con estas bases de datos se creó un modelo logístico multinomial que permite clasificar qué factores de riesgo se asocian con los grados violencia que repor-tan los jóvenes en Morelia. Junto con ello, la investigación documental exploratoria y descriptiva, con métodos de benchmarking y comparativa de datos, permitió localizar, revisar y analizar proyectos, programas e intervenciones con resultados probados dirigidos a jóvenes y con posibilidades de implementarse en Morelia.

Limitaciones

El presente estudio presenta ciertas limitantes que se enlistan a continuación:

• La información estadística en temáticas de juventud y su intersección con la violencia y delincuencia es escasa y difícil de obtener. Este estudio presenta un análisis robusto con la información disponible, pero no debe ser tomado como exhaustivo.

• Los resultados están basados en la información disponible y existente hasta el momento, por lo que deberá ser tomada en consideración la temporalidad para la validez de la información.

• El análisis de los actores, en lo particular, de los proveedores del servicio se realizó con base en la información provista por los mismos (auto reportada). Por lo tanto, este estudio presenta un análisis robusto con la información que fue puesta a dis-posición por las mismas organizaciones, pero no debe ser tomado como un análisis exhaustivo de cada organización.

• Aunque de manera previa al proceso de mapeo ya se habían identificado algunas organizaciones cuyos modelos podrían responder a las necesidades de este estudio, éstas no respondieron a la convocatoria, por lo que el equipo investigador no tuvo acceso a información más puntual sobre dichas organizaciones.

1 En un principio se consideró utilizar la Encuesta Nacional de Juventud (ENAJ), la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) 2014, el Censo de Población y Vivienda, la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación (ENOE), el Estudio de Competencias de Emprendimiento de Jóvenes en Riesgo a la Violencia, las Encuestas de Victimización y Percepción de Inseguridad (nacional y local), la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (ENDIREH) y la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Al momento de hacer un análisis más profundo de estas fuentes de datos se determinó hacer los siguientes cambios:

• Utilizar solamente la ECOPRED en lugar de la ENAJ: la última versión de la ENAJ se levantó en 2010 y en 2012 se levantó una encuesta sobre valores de la juventud, ambas encuestas tienen sólo representatividad a nivel nacional y estatal y los datos relevantes que ambos instrumentos contienen que son de interés de este estudio se encuentran también en la ECOPRED.

• Utilizar la Encuesta Intercensal 2015 en vez de el Censo de Población y Vivienda 2010, para fines de tener datos más actualizados.• Dejar fuera la ENDIREH: el último levantamiento es de 2011, tiene representatividad nacional y estatal y su enfoque está dirigido a

la violencia de género la cual está fuera de los alcances de este estudio.

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Por lo que se confirman las limitaciones del mapeo que, aunque sólido, no es ex-haustivo; se sugiere tomar esto en consideración en las fases subsecuentes ante un posible esquema de pago por resultados.

• Los resultados están basados en la información disponible y existente hasta el momento, por lo que deberá ser tomada en consideración la temporalidad para la validez de esta.

• El análisis de los costos de las intervenciones se realizó con base en la información provista por las OSC (información auto reportada). Por lo tanto, este estudio presenta un análisis robusto con la información que fue puesta a disposición por las mismas organizaciones. Dentro de los alcances del estudio de factibilidad se encuentra el revisar los costos declarados de las organizaciones participantes, el análisis exhaustivo de las mismas corresponde a una fase posterior, la de diseño.

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SECCIÓN 1Estudio de la población objetivo y modelos de intervención informados en evidencia

Caracterización de la población de referencia

a. Datos socio-demográficos del municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo

Tabla 1: Datos socio – demográficos del municipio de Morelia.

Geografía e infraestructuraUbicación Región centro norte del estado de Michoacán de Ocampo.

Municipio donde se encuentra la capital del estado.

Municipios limitanes Norte: Tarímbaro, Copándaro de Galeana, Chucándiro y Huaniqueo.Oriente: Charo.Poniente: Coeneo, Tzintzuntzan, Lagunillas, Huiramba y Pátzcuaro.Sur: Acuitzio del Canje, Villa Madero y Tzitzio (H. Ayuntamiento de Morelia, 2010 en Vorndran, 2013).

Extensión 1,199 km2 (2.03% de la superficie del Estado). Dividido en 12 tenencias. Zona urbana - 36.5%. Zona rural - 20.6%. Vegetación: 42.9% (H. Ayun-tamiento de Morelia, 2010 en Vorndran, 2013).

Infraestructura Colonias: 650 colonias (215 colonias en asentamientos irregulares (Ál-varez, 2011 en Vorndran, 2013).Agua potable: 92.11% de las viviendas.Drenaje: 89.95% de las viviendas.Alumbrado público: 94.55% de las viviendas (Vorndran, 2013) (98.4% urbano - 90.7% rural incluyendo colonias recientes e irregulares).

PoblaciónTotal 729,279 habitantes (INEGI, 2010 en Vorndran, 2013).

380,285 mujeres (52.14% del total) 348,994 hombres (47.85% del total).

Jóvenes(12 – 29 años)

258,976 habitantes (35.5%) (EIC, 2015).134,667 mujeres (51.9%) 124,308 hombres (47.9%).

H. Ayuntamiento 2015 - 2018Presupuesto ingresos 2017

1,674,204,156 pesos (H. Ayuntamiento de Morelia 2015-2018, 2016).

Presupuesto egresos 2017

1,674,204,156 pesos (H. Ayuntamiento de Morelia 2015-2018, 2016).

Fuente: elaboración propia con información de Vorndran (2013) y H. Ayuntamiento de Morelia 2015-2018 (2016)

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b. Política pública y normativa aplicable a las juventudes en México

La problemática social que se aborda en este estudio ha sido objeto de diversos debates sobre las perspectivas que permiten entenderla, para consecuentemente, atender el problema de la violencia y delincuencia en jóvenes.

Estos debates tratan de explicar la violencia y la delincuencia desde aspectos indivi-duales, familiares, comunitarios, del entorno, e incluso por la desigualdad y factores económicos (Wilson y Petersilia, 1995 en Benvenuti, 2003; Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2012). De hecho, otro ejemplo de los debates en torno a esta problemática se muestra en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) en donde se identifica que hay tres teorías que exponen los distintos ángulos de la violencia y la delincuencia: la teoría ecológica del delito2, la teoría epidemiológica del delito3 y la teoría de la eficacia colectiva4 (Gobierno de la República de México, 2014).

A lo largo de la historia de los Congresos de las Naciones Unidas se ha planteado la incipiente relación entre la delincuencia, la violencia y otros factores de riesgo como lo es por ejemplo el consumo de alcohol y otras drogas (ONU, 2015). Además, desde 1990, se aprobaron las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), las cuales pretenden ser una guía para los países en la atención de esta temática. Estas Directrices reconocen que los espacios de socialización de las políticas de prevención son precisamente en el ámbito familiar, educativo, comunitario (ACNUDH, 1990), lo cual es consistente con la clasificación de los espacios en donde se dan los factores de riesgo de la violencia y delincuencia en jóvenes, los cuales se abordan más adelante en este documento.

También es de especial interés considerar que la existencia de las Directrices de Riad marca la pauta a los países para que se reconozcan a los jóvenes como participantes activos en la sociedad y no como “objetos de socialización o control” (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2007, p. 78) y que las acciones de prevención se centren en su bienestar, desarrollo, derechos e intereses, así como que eviten su criminalización . Alineado a esto, en el 2008 en México, se aprobó una reforma constitucional que dio origen al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), con el que se busca contar con una sola legislación adjetiva de aplicación nacional, en el que se cumplan los principios en materia de derechos humanos y haya claridad en los

2 Modelo sistémico que orienta la atención de problemas delictivos en todos sus ámbitos de desarrollo.3 Centra la atención en los factores de riesgo y factores protectores.4 La criminalidad se entiende como algo colectivo en lo que influye el contexto de desarrollo de las personas por lo que busca propiciar

comunidades más organizadas, con mayor nivel de solidaridad y confianza, más cohesionadas y, por tanto, comunidades más seguras (Gobierno de la República de México, 2014).

5 “Creencia de que las condiciones socioculturales en las cuales crecen los jóvenes los conducen inevitablemente hacia la delincuencia criminal. Esto implica estigmatizar a las juventudes, especialmente a las más pobres, como criminales, hasta el punto de que les resulta sumamente difícil escapar a esta etiqueta (Dupret, 2010 en Gobierno de la República, 2014, pg. 50).

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mecanismos de actuación en cada una de las etapas procesales, bajo las vías alternas de solución de conflicto, lo que puede llegar a implicar que las sanciones penales sean distintas a la privación de la libertad. Con ello se puede evitar la criminalización, redu-cir el gasto público por la procuración de justicia y contar con procesos más rápidos. Este nuevo sistema promueve que, en algunos casos, se llegue a soluciones sin llegar a la etapa de juicio, y por ende a una condena privativa, por medio de alternativas de reinserción social (Esparza Martínez & Silva Carreras, 2013). Cabe mencionar que el concepto de reinserción social (concepción sociológica) también es una muestra del cambio de paradigma presente en el NSJP, ya que previamente se hablaba de re-adaptación social (concepción psicológica) (Consejo de la Judicatura Federal, 2011).

Con esta premisa como punto de partida, el entendimiento de la normativa que existe actualmente y está vigente a nivel nacional, estatal y municipal es de suma importancia, ya que en caso de existir una recomendación de una intervención basada en resultados y costo efectiva que surja como producto de la presente investigación, deberá estar alineada a dicho marco legal.

En resumen, del análisis de dicha normativa (véase el Anexo 2. Resumen ejecutivo de normativas) se encontró que, aunque a nivel nacional existe una ley específica para la prevención social de la violencia y la delincuencia, no es así todavía respecto a una ley general de juventud, aunque a nivel estatal sí existen leyes específicas para jóvenes. Otro hallazgo es que las leyes y normativas encontradas para los tres niveles de gobierno no tienen un enfoque articulado hacia los jóvenes específicamente y aun-que algunas de estas leyes dan vida a dependencias y organismos o instituciones que atienden a esta población, no existe una narrativa que permita tener claridad qué se quiere hacer con los jóvenes y cuál es la visión que se tiene de ellos y ellas frente a la violencia y la delincuencia.

Esta falta de articulación puede obstaculizar que los alcances y aplicación de las nor-mativas sean precisos hacia y en los jóvenes; y con ello, que no haya un buen orden institucional que permita a los jóvenes exigir que se cumplan los ordenamientos legales que pretenden favorecerlos. Como indica Rodríguez (2006) en referencia al trata-miento de la violencia juvenil en la legislación en los países latinoamericanos, “esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre qué sería más fructífero, si abogar y enfocar exclusivamente los esfuerzos en formular y sancionar leyes y políticas específicas de juventud, o asegurar los mecanismos institucionales y presupuestarios que faciliten el pleno goce y ejercicio de los derechos ya reconocidos a los y las jóvenes que los constituyan como ciudadanos de verdaderas sociedades democráticas” (Rodríguez, 2006, pág. 99).

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c. Planes y programas de atención a la juventud

Bajo el entendido de que los Planes de Desarrollo marcan la pauta a las diferentes dependencias que conforman la Administración Pública para materializar las leyes co-rrespondientes a través de programas y proyectos, se consultaron los planes vigentes y los programas derivados de ellos para identificar las líneas estratégicas orientadas a resolver los retos de la juventud a nivel nacional, estatal y municipal en materia de prevención de violencia y delincuencia. Cabe mencionar que el alcance del presente estudio requiere identificar los planes y programas enfocados en la población objetivo (lo programático) para permitir una mejor comprensión de la visión que se tiene de la problemática, desde el ámbito gubernamental. Sin embargo, el análisis a detalle de las capacidades institucionales y organizacionales en los diferentes niveles de gobierno es materia de un estudio propio, debido a que requiere de mayor profundidad.

Así, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, la meta “Mé-xico en Paz”, establece como uno de sus objetivos la mejora de las condiciones de seguridad pública a través del PNPSVD. La meta “México Incluyente” en sus objetivos busca que se promueva un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna y que se garantice el ejercicio efectivo de los derechos sociales de toda la población y la meta “México Próspero” busca, por otro lado, la promoción del empleo de calidad (Gobierno de la República de México, 2014). Aquí cabe señalar que el cumplimiento de estas metas nacionales y de los programas sectoriales implica, como ya se mencionó el trabajo conjunto y coordinado de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, así como de los distintos órdenes de los gobiernos estatales y municipales.

En el Anexo 3. Resumen ejecutivo de planes y programas, se pueden encontrar los planes y programas que existen actualmente en torno a violencia, delincuencia y te-máticas de juventud. En este análisis se encontró que aunque los planes de desarrollo nacionales, estatales y municipales coinciden en tener metas relacionadas con los jóvenes (en especial el PROJUVENTUD 2014-2018) y la prevención de la violencia y la delincuencia, también es cierto que no hay tanta claridad en cómo será la articu-lación entre los tres niveles de gobierno y más aún, no se cuenta con algún modelo lógico, estratégico e integral de acción en que se tengan previstas las rutas a seguir que conlleven a soluciones sostenibles en los jóvenes de Morelia y en particular en su relación con la violencia y la delincuencia.

Además, aunque existan estos programas en favor de los jóvenes, existe evidencia que los proyectos para materializar sus objetivos algunas veces no están diseñados con una base de evidencia, ni necesariamente son los más eficientes o tampoco están debidamente focalizados en la población con mayor riesgo. Ejemplo de esto se en-cuentra en el estudio realizado al –ahora desaparecido– PRONAPRED 2014 por la organización México Evalúa (con el patrocinio de la Unión Europea) “Prevención del

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Delito en México: ¿Cuáles son las prioridades?” en donde se realizó el análisis de cerca de 5,500 acciones de prevención en 73 demarcaciones a lo largo del país. El estudio encontró que sólo el 32.9% de las acciones están enfocados a jóvenes, aun cuando este sector de la población es en donde se encuentra la mayoría de las víctimas y victimarios en México. Otro aspecto relevante que se muestra y sirve como ejemplo de la situación de los planes y programas enfocados a la violencia y delincuencia, es que la gran mayoría de las acciones carecen de teorías de cambio sólidas, construidas sobre evidencia que permitan medir sus resultados; aunado a que pareciera que los proyectos están desvinculados entre el problema que pretenden abatir y las acciones que se llevan a cabo o éstas realmente no logran su cometido por no ser las más pertinentes. Más aún, los proyectos no consideran un plan de evaluación que pudiera permitir identificar el impacto real logrado por las acciones realizadas (Chapa Koloffon & Ley, 2015).

Además, existe otro aspecto a considerar respecto a la implementación de los planes y programas gubernamentales y se refiere a la existencia suficiente o no de capacidades institucionales de las dependencias públicas encargadas de ejecutar dichos programas. Es decir, los programas requieren de recursos humanos, materiales y tecnológicos que permitan a las dependencias atender los factores de riesgo en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia (Secretaría de Gobernación de México, 2016). En este sentido, como se comentó al inicio de esta sección, la información sobre las capacidades reales y actuales en cada una de las instituciones relacionadas con la te-mática de jóvenes, violencia y delincuencia se encuentra altamente atomizada, por lo que se considera necesario un estudio particular sobre ello, dado que no se encuentra en el enfoque del presente estudio.

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d. Perfil de la población de referencia: datos sociodemográficos, valores y percepción de seguridad

México tiene una población total de 119, 530, 753 habitantes, de los cuales el 31.4% (37, 504, 392 habitantes) tienen entre 12 y 29 años de edad. En Morelia la población total asciende a 729, 279 habitantes, de los cuales el 33% (258, 976 habitantes) son jóvenes. El grueso de la población juvenil de la ciudad se concentra entre los 20 a los 24 años de edad (INEGI, 2015b).

Figura 1: Población entre 12 y 29 años de edad en Morelia, con división por sexo y grupo etario.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015b)

Según datos de la ENOE 2016 4º trimestre, del total de los y las jóvenes en Morelia, el 85% estudia y/o trabaja; la juventud en Morelia presenta, en promedio, un mayor porcentaje de ocupación que los jóvenes en el estado de Michoacán (79%) y a nivel nacional (81%). En cuanto al porcentaje de jóvenes desocupados, este aumenta para los jóvenes de entre 20 a 24 y 25 a 29 años, a 17% y 25% respectivamente; aun así, como podemos observar en la Figura 2, este promedio se mantiene debajo de la media del estado de Michoacán y a nivel nacional para los mismos grupos etarios. El porcentaje de desocupación también varía según el sexo, para hombres es del 8% y para mujeres del 21%, la diferencia entre estas cifras podría deberse a aspectos de preferencias y roles de género que se reproducen entre la juventud, así como a las oportunidades que presenta el mercado laboral (INEGI, 2016a).

Miles de personas

Michoacán4,584

Morelia785

12-29 años25895

Mujeres134

(52%)

Hombres124

(48%)25-29

20-24

15-19

12-14

31

39

34

20

25-29

20-24

15-19

12-14

36

42

36

20

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Figura 2: Proporción de jóvenes que estudian otrabajan por grupo etario.

Dentro del grupo de los jóvenes morelianos que trabajan, en promedio, el 55% lo hace en el sector informal. Este porcentaje es menor respecto a la media estatal (79%) y a la nacional (61%). Conforme al sexo, el 59% de los hombres jóvenes morelianos están en el sector informal, mientras en el caso de las mujeres es sólo el 50%. La magnitud de la proporción de la juventud moreliana que participa en el sector informal repor-tado en la ENOE 2016 4º trimestre (INEGI, 2016a), es consistente con la necesidad percibida de los funcionarios del H. Ayuntamiento de Morelia (Presidente Municipal, Secretario de Servicios Públicos, entre otros) en las reuniones y entrevistas que se llevaron a cabo dentro del trabajo de campo de este estudio (distintos funcionarios públicos municipales, comunicación personal, 3 y 4 de abril de 2017).

Entre las actividades laborales que concentran la participación de los jóvenes morelianos están el comercio al por menor (21%), los servicios de hospedaje y preparación de alimentos y bebidas (13%), otros servicios excepto gubernamentales (9.5%), cons-trucción (8%), servicios educativos (8%) y las industrias manufactureras (7.5%). Cabe destacar que del 21% de jóvenes que se dedican al comercio al por menor, el 60% lo hace desde el sector informal (INEGI, 2016b).

Tabla 2. Comparativo de porcentajes de jóvenes que trabajan en el sector informal por grupo etario.

Grupo etario Nacional Michoacán Morelia

12 a 14 años 100% 100% 100%

15 a 19 años 83% 92% 79%

20 a 24 años 58% 77% 59%

25 a 29 años 50% 68% 43%

Total población jóven 61% 79% 55%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENOE 2016 4º trimestre (INEGI, 2016a)

12-14

15-19

20-24

25-29

97% 3%

85%

75%

71%

15%

25%

29%

Nacional

96% 4%

83%

72%

69%

17%

28%

31%

Michoacán

98% 2%

90%

83%

75%

10%

17%

25%

Morelia

SI NO

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENOE 2016 4º trimestre

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En relación con los valores y los motivantes que tienen los jóvenes en Morelia es posible observar en la ECOPRED 2014 (INEGI, 2015a) que el 63% de los jóvenes en Morelia declaran admirar a alguien, principalmente porque “supo salir adelante” (58%). Típicamente la persona a la que más admiran son familiares (padres, tutores, abuelos, hermanos, etc. 69%); la admiración a criminales y/o narcotraficantes no se encontró como parte de las respuestas de los jóvenes morelianos.

La percepción de seguridad entre la juventud moreliana se desvanece conforme las y los jóvenes salen de sus círculos más cercanos. El 73% declaró sentirse seguro de vivir en su colonia, mientras que el 41% de vivir en el Municipio y sólo el 30% de hacerlo en el estado. Respecto al sentimiento de seguridad para no padecer delitos, el 95% se siente seguro en casa, el 81% en la escuela o trabajo, el 61% en el parque o espacios recreativos, el 47% en el transporte público y tan sólo el 33% en la calle (INEGI, 2015a).

e. Identificación y cuantificación de factores de riesgo y de protección de las juventudes

Cuando se habla de conductas violentas y actos delictivos y las estrategias para prevenir ambos sucesos, resulta indispensable analizar los factores de riesgo que se presentan alrededor de la población de referencia. Dichos factores “aumentan la probabilidad de que un individuo cometa algún delito o sea más propenso a ser víctima” (INEGI, 2016b); y con esto se puede conocer qué factores protectores habría que fomentar para disminuir tal probabilidad. En este apartado se presentan los factores de riesgo relacionados con la violencia y la delincuencia que se han encontrado en los jóvenes de Morelia, al mismo tiempo se señala la relevancia que tiene su identificación para las estrategias de prevención, y por último se señalan las principales acciones institucionales que se han realizado para fomentar factores protectores.

De acuerdo a estadísticas de la ECOPRED (INEGI, 2015a), los jóvenes en Morelia reportaron, a lo largo de su vida, un índice de conductas delictivas menores al de la media nacional. Sin embargo, se puede observar una mayor prevalencia de factores de riesgo en torno a consumo de alcohol, tabaco, drogas y tener un familiar preso. Esta información es relevante porque, según el INEGI (2016b), el enfoque epidemiológico6, recientemente ha tenido especial atención para las políticas nacionales que buscan atender la delincuencia (Benvenuti, 2003). Por lo tanto, resulta importante conocer de qué modo influyen ciertas situaciones en las que se encuentra una población específica como los jóvenes, para que tengan lugar los comportamientos violentos y delictivos.

En la Tabla 3 se clasifican los factores de riesgo que se ha identificado que afectan a los jóvenes en Morelia según la dimensión a la que pertenecen; posteriormente se explica cada uno de ellos.

6 Este enfoque busca identificar los factores de riesgo y protección que aumentan o disminuyen la probabilidad de que un individuo cometa un delito.

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A continuación, se presentan para cada dimensión de los factores de riesgo, la situación en la que se encuentran los jóvenes de Morelia según los resultados de la ECOPRED (INEGI, 2015a), así como la relación que guardan con la aparición de conductas riesgosas.

Tabla 3: Factores de riesgo identificados en los jóvenes de Morelia.

Dimensión Factor de riesgo

Individual7 Bajo autocontrol.

Involucramiento con tabaco, alcohol o drogas ilícitas.

Bajo desempeño académico y/o deserción escolar.

Involucramiento en conductas antisociales8, actividades delictivas y/o detenciones.

Familiar9 Familias monoparentales.

Dinámicas conflictivas en el hogar.

Social10 Asociación con amigos o compañeros problemáticos o delincuentes.

Amigos involucrados con pandillas violentas y bandas delictivas.

Amigos o compañeros que usan tabaco, alcohol o drogas.

Comunitario11 Desocupación y desvinculación de actividades educativas, productivas y culturales.

Percepción de dificultades para crecer profesionalmente o laboralmente.

Limitado acceso a actividades culturales.

Poca participación política-comunitaria.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECOPRED 2014 (INEGI, 2015a); Gobierno de la República de México (2014), Cura, Gamacchio, & Lanzi (2013), Organización Panamericana de la Salud OPS (2016)

Factores individuales

Respecto al uso y abuso de sustancias tóxicas, en Morelia el consumo de dichas sustancias en jóvenes representa una problemática importante. El 57.9% de los jóvenes en Morelia, casi 6 de cada 10, han consumido alcohol o tabaco al menos alguna vez a lo largo de su vida, este porcentaje está por encima de la media a nivel nacional (53.3%) (INEGI, 2015). Además, en tan sólo el año 2014 (año en que se levantó la encuesta), 34.4% de los y las jóvenes morelianos consumieron alcohol y tabaco, mientras que a nivel nacional 28.6% de esta población lo hizo (INEGI, 2015a). Este mismo consumo en el año de 2014 tuvo una mayor prevalencia entre los jóvenes de mayor edad, el consumo se presentó en 40.9% entre los y las jóvenes morelianos de 15 a 29 años, 6 puntos porcentuales arriba del promedio para toda la población joven de la ciudad.

7 Características de la personalidad, rasgos psicológicos, conductas.8 Participar en actos vandálicos, ser parte de una pandilla peligrosa, etc.9 La familia influye en el proceso de socialización y comportamiento futuro de los jóvenes (prosocial o antisocial).10 Grupos de amigos que influyen en el desarrollo psicosocial, sentido de pertenencia, soporte emocional, normas de comportamiento.11 Marco en el que cohabitan los jóvenes. Se refiere a las cualidades de la comunidad en la que está inmerso el joven.

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A nivel nacional el 35.5% de los jóvenes de 15 a 29 años de edad consumió alcohol y tabaco en 2014 (INEGI, 2015a).

Para profundizar en el abuso de sustancias, la ECOPRED (INEGI, 2015a) indaga más en el abuso de alcohol mediante una pregunta sobre el consumo de éste para emborra-charse a lo largo de la vida de los jóvenes y durante 2014. Como podemos observar en la Tabla 4, conforme avanza la edad de los encuestados, sube el nivel de abuso del alcohol por parte los mismos, esta dinámica se repite tanto en el consumo a lo largo de su vida como para el consumo en el año que se levantó la encuesta.

Tabla 4: Porcentaje de jóvenes que han consumido alcohol para emborracharse, por grupo etario y con edad promedio de iniciación.

Región Grupo etario Consumo a lo largo de la vida

Consumo en 2014

Edad promedio de iniciación aprox.

Morelia

12 a 29 años 30.3% 15%1715 a 25 años 34% 16%

15 a 29 años 35.7% 17.6%

Nacional12 a 29 años 23.5% 11.1%

1715 a 25 años 27.5% 13.2%

15 a 29 años 29.8% 13.8%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECOPRED (INEGI, 2015a)

En torno a drogas, la ECOPRED (INEGI, 2015) muestra que el consumo de mari-huana, inhalantes u otras drogas a lo largo de la vida de los jóvenes a nivel local está también por arriba de la media nacional, 9.4% en comparación de 8.4%. Respecto a 2014, ocurre igual, ya que en Morelia 3.3% de los jóvenes presentaron esta conducta, en comparación con el 2.7% a nivel nacional (INEGI, 2015a). Por su parte, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE) 2014 aplicada el mismo año de la ECOPRED a nivel nacional, revela que el estado de Michoacán se encuentra en segundo lugar a nivel nacional en cuanto a la prevalencia total del consumo de drogas entre estudiantes de 5to y 6to de primaria (5.3%). A nivel secundaria, el porcentaje de alumnos que alguna vez probaron una droga en Michoacán (13.7%) es también ligeramente más alto que el porcentaje a nivel nacional (12.5%), lo mismo sucede a nivel Bachillerato, pero en menor medida, 25.7% contra 25.1% respectivamente. El consumo es más alto a nivel estatal que a nivel Morelia, pero es importante recordar que las muestras de los dos estudios no son directamente comparables entre sí (Insti-tuto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz [INPRFM], Comisión Nacional Contra las Adicciones y Secretaría de Salud, 2015).

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Ahora bien, la relevancia de comprender y atender esta situación se vincula con la estrecha relación observada entre el consumo de sustancias tóxicas y las conductas delictivas (Leganés, 2010; López-Muñoz, González, Serrano, Antequera y Álamo, 2011). Además, la atención del problema de adicciones en jóvenes es parte de las Directrices de Riad adoptadas por la ONU en 1990 para prevenir la delincuencia ju-venil. Para fines de prevención, resulta importante señalar que los comportamientos delictivos relacionados con el consumo de sustancias se conceptualizan de dos modos: 1. delincuencia funcional y 2. delincuencia inducida. La primera, se refiere a la comisión de delitos con el fin de obtener recursos para financiar su dependencia. La segunda, se refiere a los delitos que son cometidos bajo los efectos de una sustancia (Leganés, 2010; López-Muñoz et al., 2011).

En torno a las conductas antisociales y/o delictivas, el 3.1% de los jóvenes en Morelia ha pertenecido a alguna pandilla alguna vez en su vida –porcentaje ligeramente superior al nivel nacional (2.85%)–, con una edad promedio de iniciación a los 14.7 años. A su vez, 4.1% de los jóvenes ha cometido algún acto vandálico, el 4.5% han sido detenidos y el 3.2% han utilizado un arma12 para defenderse, por lo menos una vez en su vida.

Estos porcentajes cobran un sentido distinto cuando se comparan con los datos de detenciones por la Policía Municipal de Morelia y puestas a disposición ante el Minis-terio Público y las puestas a disposición ante un Juez Cívico Municipal (faltas adminis-trativas). Entre julio de 2016 y abril de 2017, la Policía Municipal de Morelia detuvo y puso a disposición a 203 personas de las cuales el 91.6% eran hombres. Del total de hombres, los grupos etarios en los que hubo más detenidos fueron de los 16 a 20 años (13.3%), 21 a 25 años (16.2%), y 26 a 30 años (18.2%); esto quiere decir que el 47.8% de estos detenidos fueron jóvenes entre los 16 y los 30 años. En cuanto a las faltas administrativas, la Policía Municipal de Morelia hizo 1,193 detenciones de agosto 2016 a abril 2017, de estas el 95.9% fueron para hombres y el 49.5% de las faltas fueron cometidas por jóvenes varones de entre 16 a 30 años. Dentro de estos hombres, el grupo etario que más faltas cometió fue el de 21 a 25 años de edad (21.5%) (Datos administrativos de la Policía Municipal de Morelia, 2016 (véase el Anexo 4. Datos administrativos de la Policía de Morelia julio 2016 - abril 2017))

Factores familiares

En cuanto al entorno familiar, la ECOPRED 2014 (INEGI, 2015a) marca que el 25.6% de los jóvenes en Morelia que no son jefes de familia viven en familias monoparen-tales. Además, el 70.1% de los jóvenes de Morelia manifiesta que existen dinámicas conflictivas en su hogar, entre las que destacan: problemas de convivencia entre hermanos, problemas de disciplina, económicos y de coordinación, mientras que a nivel nacional el 67.6% de los jóvenes lo manifiesta.

12 Incluye cuchillos, navajas, pistolas, etc.

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Este factor de riesgo está asociado con potencializar otros factores de riesgo como el consumo de tabaco y alcohol, el cual se ha observado ser mayor en jóvenes que viven en hogares monoparentales tanto a nivel nacional como en Morelia (INEGI, 2015a; INEGI, 2016b). Esta relación se observa también en la literatura: los niños, niñas y adolescentes con una composición familiar con dos padres (familia nuclear) tienen menor índice de uso de sustancias, mientras que dicho índice se incrementa progresi-vamente cuando se trata de familias monoparentales, familias reconstituidas, familias formadas en la calle y cuando el menor no vive en familia (Medina-Mora et al., 2001).

Existen estudios que reportan que las conductas de riesgo en adolescentes disminuyen cuando en la relación entre padres e hijos existe apoyo, comunicación y monitoreo, mientras que el rechazo, desvinculación y el control intrusivo por parte de los padres se asocia con conductas antisociales en los hijos (Valenzuela, Ibarra, Zubarew y Correa, 2013). También, se ha observado que las intervenciones en familias podrían disminuir la aparición del consumo de tabaco (Thomas, Baker, Thomas y Lorenzetti, 2015) y conductas problemáticas y delictivas (Woolfenden, Williams y Peat, 2001) en niños y adolescentes. Por ejemplo, en un estudio con una muestra de 278 adolescentes re-cluidos por delitos graves en los estados de Coahuila, Hidalgo, Morelos y Sinaloa, se encontró que el 47% había abandonado su hogar durante varios días o meses, entre los principales motivos estaban: la separación o violencia entre los padres, así como el maltrato o abuso sexual hacia los adolescentes (Azaola, 2015).

Factores sociales

En cuanto a los factores sociales para el año 2014, el 73.2% de los jóvenes en Morelia reportaron tener amigos que experimentaron al menos un factor de riesgo individual, con problemas en su casa, escuela o trabajo (83.7%), que consumen alcohol y tabaco (58.8%), con conductas delictivas (22.5%), involucrados en asuntos de drogas ilegales (venden, les han ofrecido o consumen) (19.8%) y que han humillado, maltratado o causado daños a otras personas (16.3%).

Tal información resulta relevante porque, según una revisión de la literatura hecha por Gifford-Smith, Dodge, Dishion y McCord (2005), la evidencia es consistente con la hipótesis acerca del papel crítico que tiene la influencia de los pares en el inicio y exacerbación de la delincuencia. En este sentido, también se ha observado experi-mentalmente en adolescentes la influencia que tienen los pares en la adopción de decisiones y comportamientos riesgosos (Gardner y Steinberg, 2005). Y, para el caso de México, también se observa la asociación entre las conductas de riesgo en jóvenes y tener amigos con comportamientos riesgosos (Miguel-Aguilar, Rodríguez-Bolaños, Caballero, Arillo-Santillán y Reynales-Shigematsu, 2017; INEGI, 2016b).

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Factores comunitarios

Estar desvinculado de actividades laborales y educativas constituye también un factor de riesgo. En Morelia, como se mencionó antes, según datos de la ENOE 2016 4º tri-mestre (INEGI, 2016a) el 15% de los jóvenes morelianos se encuentran en situación de desvinculación. Según la ECOPRED (INEGI, 2015a) las principales razones reportadas para dejar de estudiar, sin concluir sus estudios, son falta de gusto y dificultad para estudiar, embarazo y la falta de recursos. En tanto que las razones para no trabajar son que están estudiando o no lo necesitan, además de que existen condiciones des-favorables como la escasa oferta laboral o perfil, y situaciones familiares.

A nivel nacional se ha observado que los y las jóvenes que no estudian ni trabajan pre-sentan una mayor prevalencia de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas comparado con los jóvenes que se dedican a estudiar (INEGI, 2016b). En torno a la relación entre desempleo y delincuencia la evidencia, tanto nacional como internacional, es mixta (Idris, 2016; Brewer, 2005; Grönqvist, 2011; Bergman, 2013).

Aunado a lo anterior, cabe mencionar la relevancia que tienen las causas indirectas de la violencia y el delito, así como los altos niveles de impunidad; es decir, cuando “los controles para hacer cumplir las normas que inhiben la violencia no funcionan de manera general” (USAID/JPV, 2016). Esto fue confirmado también en las entre-vistas realizadas a diferentes actores en el marco de este estudio, indicando que, por ejemplo, una manera en la que se materializa la impunidad también es a causa de lagunas en las leyes y reglamentos (A. Carreño y S. Herrera, J. Morelos, X. Rivera, comunicación personal, 03 mayo 2017). Así, Michoacán tiene una impunidad alta ubicándose en el grado 3 del Índice Global de Impunidad México (IGI-MX) (Centro de Estudios Sobre Impunidad y Justicia [CESIJ], 2016) y una cifra negra del 88.5% para el 2016 (Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad en el Municipio de Morelia [PERSEVIM] 2016).

Del mismo modo, en la ECOPRED 2014, la mayoría de jóvenes morelianos reportaron que en sus comunidades no se hace nada (ni los vecinos ni la policía interviene) ante situaciones como gente haciendo ruido (74.3%), vandalismo (74.8%), arrancones y bloqueo de calles (82.2%), consumo de alcohol en la calle (76.1%), venta de piratería (90.5%), venta o consumo de drogas (79.2%), peleas entre pandillas (74.9%), peleas o discusiones entre vecinos (76.8%), prostitución (84.5%), robo (74.1%), amenazas o extorsiones (75.8%), así como uso de armas de fuego (76.4%).

En todo caso, la situación de desvinculación en la que se encuentran algunos secto-res de la población joven de Morelia no podría ser dejada de lado. Como se vio, en alguna medida existe evidencia que reporta cierto vínculo entre la aparición de actos delictivos y la carencia de empleo o la inestabilidad del mismo, situación que para el caso de Morelia podría ser exacerbada por los altos niveles de impunidad existentes.

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De igual modo, aunque no quedan claros los mecanismos que explican tal relación, a partir de la evidencia encontrada se observa que puede existir una asociación entre el desempleo, el consumo de sustancias y los comportamientos delictivos (INEGI, 2016b).

Fomento de factores protectores (oferta institucional)

Los factores protectores se refieren a las situaciones que podrían reducir, neutralizar o eliminar a los de riesgo (Secretaría de Salud, s.f.). En este sentido, se podría decir que, para ciertas situaciones predictoras de riesgo, hay otras que predicen su prevención. En la Tabla 5 se resumen por dimensión los factores de protección que podrían estar asociados a los de riesgo identificados en los y las jóvenes de Morelia.

Tabla 5: Factores de riesgo identificados en los jóvenes de Morelia y posibles factores protectores asociados.

Dimensión Factor de riesgo Factor de protección

Individual

Bajo autocontrol.

Involucramiento con tabaco, al-cohol o drogas ilícitas.

Bajo desempeño académico y/o deserción escolar.

Involucramiento en conductas an-tisociales, actividades delictivas y/o detenciones.

Autocontrol.

Ideales y proyecto de vida/sentido de la existencia.

Aptitudes sociales.

Habilidades de resolución de conflictos y toma de decisiones.

Empatía.

Capacidad de frustración y de postergar la satisfacción.

Motivación al logro.

Sentimiento de autosuficiencia.

Familiar Familias monoparentales.

Dinámicas conflictivas en el hogar.

Ambiente cálido.

Comunicación abierta y asertiva.

Buena relación con padres y hermanos.

Cohesión o unión familiar.

Límites claros y una disciplina aplicada consistentemente.

Apoyo y seguimiento de la educación de los hijos.

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Dimensión Factor de riesgo Factor de protección

Social

Asociación con amigos o compañeros problemáticos o delincuentes.

Amigos involucrados con pandillas violentas y bandas delictivas.

Amigos o compañeros que usan ta-baco, alcohol o drogas.

Lazos seguros con los compañeros y otros adultos que modelan con-ductas positivas de salud y sociales.

Apoyo social de los compañeros y amigos.

Relación con diversos grupos

Independencia personal en relación con el grupo.

Comunitario

Desocupación y desvinculación de actividades educativas, productivas y culturales.

Percepción de dificultades para crecer profesionalmente o laboralmente.

Limitado acceso a actividades culturales.

Poca participación política-comunitaria.

Buena relación con la comunidad.

Participación activa dentro de la comunidad.

Leyes y normas desfavorables al uso de sustancias ilegales, ar mas de fue-go y perpetración de crímenes.

Apoyo social.

Instrumentación de acciones a favor de la prevención de adic ciones.

Promoción de actividades de ocio y tiempo libre.

Áreas que favorezcan la convivencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECOPRED 2014 (INEGI, 2015a); Gobierno de la República de México (2014), Cura, Gamacchio, & Lanzi (2013), Organización Panamericana de la Salud OPS (2016); Secretaría de Salud (s.f.)

Resulta relevante señalar que en Morelia para el 2014, en el marco del Programa Nacional de Prevención Social del Delito (PRONAPRED), se habían realizado 145 acciones encaminadas a prevenir el delito; sin embargo, se han hecho cuestionamientos importantes sobre la posibilidad de que tales acciones hayan podido generar factores de protección respecto a la aparición de comportamientos delictivos (Chapa Koloffon y Ley, 2015).

Sin embargo, también cabe señalar que en Michoacán se cuenta con un Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa como parte del Poder Judicial, y en Morelia tam-bién se cuenta con un Centro de Mediación y Conciliación, ambos alineados a la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado. La existencia de estas instituciones es relevante ya que podrían complementar a los mecanismos tradicionales que, como ya se observó, han sido poco efectivos por la impunidad.

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Además, las intervenciones referidas a la justicia restaurativa han sido identificadas como una solución efectiva para la prevención de la violencia (USAID/JPV, 2016).

Con esto, en general, podría ser difícil afirmar que en su totalidad la oferta institucional para los y las jóvenes de Morelia está fomentando factores protectores en un grado relevante, aunque también habría que reconocer que, por lo menos para la impartición de justicia, ya existen mecanismos que podrían ser efectivos como factores protectores respecto a la comisión de delitos, es decir, como áreas que favorecen la convivencia.

f. Probabilidad de cometer actos violentos y/o delictivos

Por sí sola la exposición a factores de riesgo en un alto porcentaje de jóvenes en Mo-relia dice poco sobre las posibles tendencias delictivas de esta población. Para hacer un análisis más completo es necesario tratar de calcular cuál es el “peso” que tiene cada uno de ellos en la generación de violencia juvenil.

Los datos de la ECOPRED 2014 (INEGI, 2015a) ofrecen una oportunidad única para explorar con un análisis cuantitativo cómo se relacionan los actos violentos y/o de-lictivos que los jóvenes morelianos reportaron con los factores de riesgo a los que están expuestos. Para explorar esta relación se creó el modelo logístico multinomial, este modelo resulta útil para clasificar el grado de posible violencia que reportan los jóvenes (de entre 12 y 29 años de edad) en Morelia según los valores de un conjunto de variables predictoras construidas a partir de los factores de riesgo13.

Estrategia de identificación

El modelo logístico multinomial es una extensión del modelo logístico binomial, que se utiliza cuando la variable de salida tiene más de dos valores discretos. Este modelo es un mecanismo que sirve para poner varias variables categóricas de salida que interactúan con una serie de variables explicativas que permiten graduar la intensidad del resultado.

Conforme a lo escrito por Long y Freese (2001) formalmente el modelo se expresa como:

donde b representa la categoría base (o grupo de comparación). Dado que lnΩ_(b|b) (x) = ln 1=0, entonces β_(b|b)=0. Así, se pueden resolver las J ecuaciones para calcular sus probabilidades:

13 La descripción y construcción de la variable dependiente e independientes (predictoras) se puede consultar en el Anexo 5. Descripción de variables para modelo logístico multinomial.

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En el modelo anterior la variable de salida mide el grado de violencia/delincuencia de forma ascendente y puede tomar tres valores: a) No cometer actos violentos y/o delictivos, b) Tener conductas antisociales (consideradas como faltas administrativas, pero sin haber sido detenidos), c) Haber tenido algún conflicto con la policía (arresto o detención). Los resultados que se presenten asociados a los factores de riesgo uti-lizados como variables explicativas pueden ser interpretados14 como el cambio en la probabilidad15 en que ese factor de riesgo predice a la variable de salida en cuestión.

Principales resultados del modelo

Los resultados del modelo confirman que muchos de los factores de riesgo que la literatura califica como predictores de violencia y delincuencia también lo son para el caso de Morelia. Es decir, entre los resultados principales es posible observar que existen ciertos factores de riesgo que están asociados con un aumento de probabilidad de tener problemas con la policía como el consumir drogas (11.3%), tener problemas de autocontrol (8.8%), pertenecer a una pandilla violenta (6.2%) y tener amigos que presentan conductas antisociales (3.8%). Estos mismos factores de riesgo están aso-ciados con una probabilidad negativa a no involucrarse en actos violentos o delictivos: uso de drogas (-0.126), problemas de autocontrol (-0.093), pertenecer a pandillas (-0.091) y tener amigos con conductas antisociales (-0.063).

Un dato interesante que el modelo arroja es confirmar que la violencia juvenil está asociada con ser un problema mayoritariamente masculino. Ser mujer está asociado con un aumento de 5% de no tener problemas con violencia y/o delincuencia, así como está asociado negativamente con cometer una infracción administrativa y con ser arrestada. Es decir, es menos probable que una mujer joven moreliana se involucre en un acto violento o en un delito. (Ver la siguiente página)

14 Los resultados de un modelo logístico multinomial no se pueden interpretar directamente, es por eso que para hacer más comprensibles los coeficientes estos fueron transformados a probabilidades.

15 Las probabilidades arrojadas por este modelo sólo pueden interpretarse de manera aislada, es decir, las probabilidades no son aditivas.

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Figura 3: Cambio en la probabilidad de generar violencia como joven en Morelia de acuerdo a distintos atributos.

Fuente: Cálculos propios a partir de la ECOPRED 2014 (INEGI, 2015a)16

Los resultados del modelo complementan la investigación documental que se llevó a cabo a inicios de este estudio, con esto se determinó priorizar los factores de riesgo según su necesidad de atención en Morelia. En el siguiente capítulo se presentan los resultados del proceso de validación de los hallazgos presentados en las secciones an-teriores con actores relevantes en Morelia (funcionarios públicos, OSCs, académicos, empresarios y población joven principalmente).

Poblaciones prioritarias

Las poblaciones prioritarias que se describen a continuación representan una selección preliminar que se derivó del análisis cualitativo y cuantitativo y la validación con actores relevantes de la ciudad. Este proceso permitió priorizar la incidencia de los factores de riesgo en la juventud moreliana, así como identificar cuáles son las problemáticas más importantes detectadas por los diferentes actores en Morelia y que al mismo tiempo se alinean con el Marco conceptual y portafolio de soluciones efectivas (USAID/JPV, 2016).

El objetivo del proceso de validación abona a los siguientes pasos de este estudio en donde se analizará la factibilidad de implementar una intervención costo-efectiva y con resultados probados bajo un esquema de pago por resultados que incluya inversión privada. Las poblaciones que se han priorizado deben cumplir con criterios de viabilidad operativa, es decir, que sea posible identificar y seguir en el tiempo a quienes confor-

Atributos

Ser mujer

Dinámica conflictiva en el hogar

No participa en actividades deportivas

Deserción escolar

Uso de alcohol

Perspectiva profesional

Uso de marihuana

No estudia y no trabaja

Hogar monoparental

Asociación con amigos con problemas

Uso de cigarro

Pertenece a pandilla(s)

Problemas de autocontrol

Uso de otras drogas

Sin problemasInfracciónadministrativa

Problemas conla policia

Factores generales

Individual

Familiar

Social

Comunitario

0.050

0.001

-0.001

-0.002

-0.003

-0.035

-0.035

-0.039

-0.056

-0.053

-0.072

-0.091

-0.093

-0.126

-0.014

0.013

0.029

0.011

0.016

0.025

0.015

0.015

0.018

0.025

0.013

0.029

0.005

0.013

-0.036

-0.014

-0.028

-0.009

-0.013

0.010

0.020

0.024

0.038

0.038

0.058

0.062

0.088

0.133

Nivel de violencia

16 Nota: otras drogas incluyen: thinner, cocaína, crack, cristal, hongos, etc.

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man a esta población y que también existan soluciones con evidencia probada para las problemáticas a las que se enfrentan y organizaciones con capacidad de implementar estos programas. La costo-efectividad de estas intervenciones es fundamental para un BIS, para de esa manera asegurar un ahorro para gobierno y un posible modelo financiero de pago por principal y retorno a inversionistas.

Las poblaciones prioritarias identificadas para este estudio son: a) jóvenes con proble-mas de abuso de sustancias lícitas e ilícitas con antecedentes de delitos menores, b) jóvenes desocupados, subocupados y/o que laboran en el sector informal, c) jóvenes en conflicto con la ley y que cumplen sentencias privativas.

a. Jóvenes que abusan de sustancias lícitas e ilícitas y con antecedentes de delitos menores

Durante el simposio interdisciplinario con expertos en temas de juventud en Morelia se discutió sobre la aparente relación entre el uso y –sobre todo– abuso de sustancias tóxicas y el cometer delitos menores. Esta relación se llega a presentar como un estilo de vida a seguir por un sector de la población que no precisamente comparte rasgos socioeconómicos parecidos pero que se reproduce en ciertos espacios físicos de la ciudad, como lo son las zonas de la periferia principalmente. Es decir, es un problema que aqueja a personas de distintos niveles socioeconómicos sin discriminación y que se auto segregan a las orillas de la ciudad. El Ing. José Luis Gil, Secretario de Servicios Públicos Municipales de Morelia (comunicación personal, 03 mayo 2017) informó que se ha encontrado uso de sustancias alrededor de y en la comunidad universitaria y que se percibe una baja en este problema en periodos vacacionales, por lo que se tiene la percepción de que también la población estudiantil foránea es consumidora de sustancias tóxicas. Además, de acuerdo a Circe López, directora de la organización Humanas sin Violencia A.C., en una investigación que ellas realizaron en ciertas zonas conflictivas del municipio, encontraron que existen muchos comercios de cerveza en los polígonos donde hay mayor incidencia delictiva (C. López, comunicación personal, 03 mayo 2017).

Por otro lado, durante la visita a la Fundación Resiliencia el personal del centro compartió que han observado que el consumo y abuso de sustancias tóxicas inicia a edades más tempranas conforme pasa el tiempo y también se agrava en cuanto al tipo de sustan-cias que se consumen. Según palabras del director Francisco Venera (comunicación personal, 04 mayo 2017), en los últimos años ha habido un auge en drogas duras de dudosa “calidad” y procedencia, es decir, muchas personas consumen lo que creen que es cristal, pero realmente consumen un derivado de esta droga que se produce de forma casera.

Ante esta situación, la atención de esta problemática en Morelia se ha vuelto una preocupación tanto para la opinión pública como para las autoridades de los tres niveles de gobierno.

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De hecho, se identificaron por lo menos dos acciones gubernamentales recientes para abordarla entre los meses de abril y mayo de 2017 (Arrieta, 2017; Cacho, 2017; Capital Digital, 2017; “Combatir adicciones”, 2017; García, 2017; “Recibe Morelia atención”, 2017):

1. Conformación del Grupo de Coordinación para la Seguridad Local de Morelia con la participación de los tres niveles de gobierno como una estrategia de seguridad para prevenir el delito, a través de la cual en abril del 2017 se instaló un Centro Municipal para el Tratamiento de Adicciones.

2. Establecimiento del Comité Contra las Adicciones (COMCA) del Municipio de Morelia en mayo del 2017, conformado por regidores del Ayuntamiento de Morelia, dependencias municipales y organizaciones de la sociedad civil relacionados con esta temática. Actualmente se encuentran en proceso de elaborar un Programa Municipal de Prevención y Control de Adicciones17, y también realizarán la promo-ción y evaluación de programas sectoriales contra adicciones.

Las autoridades municipales han demostrado su interés y preocupación para preve-nir y atender las adicciones, en tanto están relacionadas con la violencia y el delito. Atender esta temática forma parte de las acciones estratégicas planteadas en el PMD 2015-2018 Morelia NExT 1.0 y que se establecieron en respuesta a la preocupación de la ciudadanía expresada en la consulta pública realizada en 2013 en Morelia y sus tenencias para la conformación de dicho PMD.

Ahora bien, a pesar de que estas acciones gubernamentales parecieran notorias, en la opinión pública han existido respuestas desaprobatorias ante las mismas. Por ejemplo, la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario en Morelia se ha manifestado respecto a la apertura del Centro Municipal para el Tratamiento de Adicciones, señalando que el internamiento no es un tratamiento eficaz, se violan los derechos humanos, facilita la desintegración familiar y se aleja de los lineamientos internacionales para tratar este problema (“Centro contra las adicciones”, 2017; Ramírez, 2017).

Al mismo tiempo, se tienen identificados en Michoacán 226 centros de rehabilitación, de los cuales 110 están en Morelia. Sobre esto, se ha denunciado que en estas ins-tituciones tienen lugar situaciones de violencia física y psicológica hacia las personas internadas, además de que se les obliga a trabajar, de tal modo que se incumplen las disposiciones oficiales para el control y tratamiento de adicciones (Pérez, 2017). Esta situación también fue confirmada por Xóchitl Rivera Herrera, encargada de Desa-rrollo de Proyectos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales (comunicación personal, 03 mayo 2017) quien comentó que lamentablemente muchos centros de

17 Alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud.

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rehabilitación privados no cuentan con las condiciones físicas mínimas adecuadas para el tratamiento de adicciones y que es probable que no presten los tratamientos adecuados para las personas adictas.

En resumen, el uso y abuso de sustancias tóxicas por parte de los jóvenes de Morelia resulta ser un factor de riesgo prioritario, además de que existe un interés importante por parte de actores gubernamentales, así como de la sociedad civil, para abordarlo. Como se pudo observar, el vínculo entre el consumo de sustancias y la comisión de delitos es reportado en diversas investigaciones a nivel internacional y nacional, y tal relación fue constatada en los propios análisis que se realizaron para determinar la probabilidad de que un joven, residente en Morelia que consuma sustancias tóxicas, se involucre en situaciones delictivas. Por último, a partir de los señalamientos que diversos actores locales, tanto del ámbito público como privado, han hecho sobre la poca efectividad de las acciones para el control de ese problema, es notoria la necesi-dad de diseñar e implementar proyectos o programas informados en evidencia y que involucren tanto a actores gubernamentales como de la sociedad civil.

b. Jóvenes desocupados, subocupados y/que laboran en el sector informal

En cuanto al factor de riesgo que tiene que ver con la desocupación y trabajo informal juvenil, el Arq. Abraham Pérez Tapia, director de proyectos y programas de la organi-zación Futura A.C. indicó que desde su punto de vista y conforme a su experiencia de trabajo con jóvenes en Morelia, éstos desertan de la escuela por necesidad económica y cuando consiguen trabajo, dichos trabajo son informales y temporales, como jardineros y albañiles (A. Pérez Tapia, comunicación personal 03 mayo 2017). Por otro lado, el director de Servicios Públicos Municipales de Morelia, Ing. José Luis Gil confirmó que el trabajo informal, en específico de las personas que trabajan en los tianguis suele ser incluso generacional, es decir, se trata de familias que a través de las generaciones se han mantenido en la informalidad, incluso el Ing. Gil considera que los padres “tian-gueros” caen en un descuido formativo y les quitan visión y deseos de superación a sus hijos ( J.L. Gil, comunicación personal, 03 mayo 2013). Este hecho está alineado a las escasas aspiraciones de los jóvenes por contar con educación formal, por ejemplo.

Como ya se mencionó anteriormente en la sección de factores de riesgo (comunitarios), si bien sigue abierto el debate respecto al posible vínculo entre el desempleo juvenil y la delincuencia, existen estudios en diversos contextos que sustentan la existencia de tal relación (Idris, 2016), y al mismo tiempo, existe una relación entre la inestabilidad de un trabajo y la comisión de delitos de robo (Bergman, 2013). De igual manera, se encontró evidencia que sugiere la existencia de una relación entre el desempleo juvenil, el consumo de sustancias tóxicas y la delincuencia (INEGI, 2016b). Jiménez Ornelas (2005) indica que los jóvenes que se han visto obligados a aceptar cualquier trabajo, tarde o temprano vuelven a estar desempleados, lo que lleva al desaliento, una mayor

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propensión al consumo de sustancias tóxicas y a incorporarse a actividades ilegales dada la urgencia de satisfacer sus necesidades económicas y de movilidad social. En Morelia, esto es evidente en los franeleros, limpiaparabrisas y ambulantes en el centro histórico de Morelia cuyas edades oscilan entre los 20 y 30 años. “Durante los últimos tres años esta población ha tenido conflictos graves y enfrentamientos violentos con las autoridades, incluso algunos de los detenidos se muestran agresivos, son presuntos “halcones” o informantes del crimen organizado y a veces tienen antecedentes penales” ( J. L. Gil, comunicación personal, 03 mayo 2013).

c. Jóvenes en conflicto con la ley y en proceso de cumplir sentencias privativas

Los jóvenes en conflicto con la ley, particularmente los que han recibido una sentencia privativa, constituyen una de las poblaciones prioritarias debido a que son jóvenes con altos grados de vulnerabilidad que se enfrentan a un proceso que “provoca daños y deterioros irreversibles en [su] desarrollo y evolución” (Azaola, 2015, p. 9).Según los estudios llevados a cabo por Elena Azaola (2015) y CIDAC (2016), acerca de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley que cumplen medidas privativas en los estados de Coahuila, Morelos, Hidalgo, Sinaloa, Durango y Baja California, dicho sector de la población está expuesto a un alto grado de factores de riesgo los cuales aumentan su probabilidad de cometer actos violentos y/o delictivos y por lo tanto a ser usuarios del sistema de procuración de justicia del país.

Estos jóvenes, presuntamente, han dado ya el primer paso hacia una posible carrera delictiva y si no son atendidos bajo un esquema de reinserción social efectivo corren el riesgo de consolidar esta carrera, lo que implica un aumento en los factores de riesgo a los que se enfrentan y una amenaza para la sociedad en la que se desenvuelven.

Actualmente, los sistemas de justicia para adolescentes tienen una serie de carencias que van desde no tener personal especializado para tratar estos casos, no haber implementado las reformas al sistema de justicia para adolescentes vigentes en las cuales se prioriza el bienestar de los jóvenes procesados, excederse en las medidas privativas que se otorgan, violaciones a los derechos humanos, falta de servicios a la altura de las necesidades de los adolescentes y jóvenes privados de la libertad, falta de programas que promuevan la reinserción social, entre otras (Azaola, 2015; CIDAC, 2016). Estas carencias abonan a la consolidación de carreras delictivas debido a las dinámicas que se viven dentro de estos centros y por la falta de oportunidades a las que se enfrentan estos jóvenes al ser puestos en libertad.

Durante las entrevistas con personal de la organización Vivir para Transformar A.C. (VITAC) y la visita y grupo focal (con ellos) al Centro de Readaptación Social Mil Cumbres David Franco fue posible observar las condiciones en las que viven y se desarrollan los internos y la necesidad de implementar programas enfocados en

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convertir las experiencias negativas que han tenido en herramientas para desarrollar una vida productiva y dentro de la legalidad una vez que sean puestos en libertad. La visita y grupo de enfoque que se hicieron fue en un centro para población adulta, pero se habló también sobre la realidad a la que se enfrentan los jóvenes recluidos y dicha realidad empata con los hallazgos de los estudios que se consultaron en la materia (Diego Salgado Robles, comunicación personal 04 de mayo). Durante el grupo de enfoque, en el que participaron internos que acaban de empezar en el programa de VITAC así como internos que ya están por finalizar los tres módulos, fue posible cons-tatar el beneficio que le trae a los participantes un programa que combina habilidades blandas con tratamiento psicológico (Internos18, comunicación personal 04 de mayo).

Los escasos esfuerzos existentes para llevar a cabo una reinserción social efectiva de estos jóvenes fueron mencionados en distintas entrevistas llevadas a cabo en el trabajo de campo. El interés por parte de actores relevantes en el tema aunado al grado de factores de riesgos a los que están expuestos estos jóvenes y el alarmante potencial que tienen para seguir el curso de una carrera delictiva que traerá más violencia y delincuencia a la ciudad son motivos importantes para darle prioridad al análisis de programas con resultados probados y costo-eficientes en esta temática.

Modelos informados en evidencia (MIE) alineados a poblaciones prioritarias

Existe actualmente suficiente evidencia de lo que funciona y lo que no funciona en lo que se refiere a la prevención de la violencia (OPS, 2016; Sherman, 2012, Adler et al. 2016). No obstante que la mayor parte de la evidencia que existe sobre la prevención de la violencia y de la incidencia sobre factores de riesgo proviene de países anglo-sajones, los modelos pueden ser replicables a otros contextos (Abad, J.M., 2006). El Marco conceptual y portafolio de soluciones efectivas (USAID/JPV, 2016) identifica ya una gama de soluciones informadas en la Teoría de la Acción Situacional, las cuales este estudio tomó como referencia y punto de partida19.

La búsqueda de MIE alineados a los grupos de poblaciones prioritarias es el resultado de un análisis documental que incluye, entre otros estudios, las sistematizaciones y meta-análisis que concentran el estado del arte de las intervenciones para prevenir la violencia en jóvenes (OPS, 2016; Sherman, 2012; Abad, J.M., 2006; Cardia, N., 2006; Abt, T., & Winship, C., 2016; Castellanos, F., 2015, Adler, et al., 2016; Matjasko, J. L., 2012; CEPAL, 2016) así como de repositorios especializados y generales que contie-nen modelos basados en evidencia para la prevención de la violencia y sus factores de riesgo20.

18 Por motivos de confidencialidad no nos es posible revelar los nombres de quienes participaron en el grupo de enfoque.19 Asimismo, se espera que los resultados de esta revisión documental sirvan como complemento y aporte a dicho portafolio para contribuir a los objetivos del

Programa de USAID.20 National Registry of Evidence-based Programs and Practices (NREPP), Crime Solutions.gov, Chocrane, The Campbell Collaboration, The Abdul Latif Jameel Poverty Action

Lab ( Jpal), International Initiative for Impact Evaluation (3ie), Prevención para una comunidad sin Violencia.

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Es importante resaltar que los criterios de calidad tomados en cuenta para la inclusión de los MIE encontrados fue que los programas y modelos estuvieran publicados en repositorios oficiales de instituciones reconocidas, tales como el National Registry of Evidence-based Programs and Practices (NREPP), Crime Solutions.gov, Chocrane o The Campbell Collaboration; y que tuvieran una calificación o rating de evidencia efectiva y prometedora. A su vez estos repositorios tienen diferentes esquemas de calificación de la evidencia que han sido analizados por revisores profesionales de forma integral y profunda21.

Ahora, a fin de definir el alcance y enfoque de la búsqueda de MIE se tomó como primera consideración que, derivado del análisis de los grupos prioritarios de jóvenes en la sección anterior, la población potencial de un programa viable de prevención de la violencia son los jóvenes que el Programa de USAID ha clasificado como de riesgo alto, es decir, aquellos que se encuentran en los siguientes niveles:

• Nivel 2: Jóvenes con propensión y/o exposición alta que ya tienen comportamientos de riesgo evidentes, más no están en conflicto con la ley.

• Nivel 3: Jóvenes con propensión y/o exposición alta, que tienen comportamiento de riesgos evidentes y están en conflicto con la ley.

Y, por ende, los MIE seleccionados deberían ser apropiados para estos grupos22.

Por otro lado, se determinó que el alcance del análisis de los MIE debería considerar que dichos programas fueran aplicables en entornos institucionales existentes23, a fin de permitir la identificación, focalización y seguimiento en el tiempo a la población beneficiaria. Esto responde a la realidad de que la focalización de la población de alto riesgo es un factor determinante para la efectividad de las políticas de reducción y prevención de la violencia (OPS, 2016; Abad, J. M. 2006). Asimismo, constituye uno de los criterios de viabilidad de un esquema de financiamiento de este tipo24.

21 Para mayor información sobre los esquemas de calificación consultar directamente National Registry of Evidence-based Programs and Practices (NREPP), Crime Solutions.gov, Chocrane, The Campbell Collaboration, The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab ( Jpal), International Initiative for Impact Evaluation (3ie), Prevención para una comunidad sin Violencia.

22 De este análisis se descartan los modelos orientados a la intervención para disminuir la afiliación a pandillas no cuenta con evidencia de soporte (Abad, 2006; OPS, 2016; Abt y Winship, 2016). Las terapias cognitivo-conductuales han mostrado éxito en la reducción de incidencia de factores de riesgo como el uso y consumo de sustancias y la reinserción social para esta población (OPS, 2016; Adler et al., 2016, Abt y Winship, 2016).

23 Por entornos institucionales se entienden organizaciones formales que interactúan con la población de referencia de forma recu-rrente o tienen la posibilidad de identificarlos y referenciarlos, por ejemplo: Centros de Readaptación Social, Centros de Desarrollo Comunitario, Escuelas públicas o privadas, Centros de Rehabilitación de Adicciones y Anexos, Organizaciones de Sociedad Civil. Se excluyen bajo esta lógica las intervenciones en espacios barriales y comunitarios.

24 En el marco de este estudio, se busca que el modelo de incidencia hacia los jóvenes morelianos en situación de alto riesgo a la violencia estaría orientado a un esquema de pago por resultados.

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Figura 4: Criterios de selección de MIE analizados.

Fuente: Elaboración propia

Una vez aplicados los criterios explicados anteriormente, se observa que la gama de modelos de incidencia que cuentan con evidencia de impacto y que están abocados a resolver los retos prioritarios de dicha población se engloban en las siguientes ca-tegorías: a) Modelos de rehabilitación de adicciones orientados a la prevención del delito; b) Modelos de ocupación25 juvenil; y c) Programas para prevenir la reincidencia delictiva y/o carcelaria y promover la reinserción social en centros de readaptación social. El siguiente gráfico ilustra la relación entre los grupos prioritarios de jóvenes y las categorías MIE consultadas:

Figura 5: Relación entre los segmentosde la población juvenil y MIE analizados.

Fuente: Elaboración propia

Atención a jóvenes de alto riesgo

Atención a factores de riesgo prioritarios

Aplicados en contextos

institucionales

25 Se engloba en el término ocupación objetivos de empleabilidad, emprendimiento y/o reinserción escolar.

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Como se puede observar, los MIE consultados responden de manera simultánea a más de uno de los grupos de jóvenes con alta exposición a factores de riesgo identi-ficados. Esto es consistente con la realidad que se plantea en la literatura, la violencia juvenil es multifactorial, y como se puede constatar con los resultados del modelo de regresión logística multinomial: existen distintos factores de riesgo que son predictores de distintos grados de violencia. En ese sentido, si bien en las siguientes secciones se presentan tres tipos de MIE, cabe señalar que todos ellos tienen como característica común la incidencia sobre violencia juvenil, y aun cuando cada uno pone como eje de acción principal un factor de riesgo y van orientados a un grupo prioritario, presentan entre ellos componentes similares. Los hallazgos generales se presentan a continuación.

a. Modelos de rehabilitación de adicciones a sustancias lícitas e ilícitas

Los modelos orientados a controlar el uso y abuso de sustancias lícitas e ilícitas vistos bajo el marco de la Teoría de la Acción Situacional abordan elementos individuales, especialmente el autocontrol, y elementos ambientales, como la disponibilidad de drogas en el ambiente, el estado de las relaciones familiares y la presión social que fomentan el consumo de sustancias. En esta sección se exponen los modelos que tienen como foco de acción y selección de la población aquellos jóvenes que tienen un alto nivel de consumo de sustancias lícitas y/o ilícitas, al mismo tiempo que tienen antecedentes delictivos y/o se encuentran en conflicto con la ley. Estos programas tienen su eje de acción sobre el consumo de sustancias, pero cuentan con evidencia sólida hacia la reducción de conductas delictivas.

En general, se ha detectado que las terapias con mayor evidencia de éxito en el tratamiento del abuso de sustancias integran elementos motivacionales y cognitivos conductuales y que su impacto sobre la prevención de la violencia tiene que ver con la intensidad y duración de las intervenciones (Fisher y Roger, 2009; Abt y Winship, 2016; Holloway et al., 2006). Estas terapias inciden a nivel individual, familiar y/o grupal y utilizan métodos de facilitación, entrevistas motivacionales y otras técnicas psicoterapéuticas. La vinculación de los sujetos a servicios comunitarios se ha visto efectiva, igualmente el ligarlos con incentivos positivos, tales como certificados condi-cionados o recompensas. Las terapias médicas que con el uso de fármacos estabilizan al sujeto durante la etapa de tratamiento, son un complemento efectivo, sobre todo en las terapias conductuales. Ahora, aplicado en jóvenes con abuso de sustancias y comportamiento antisocial en fases iniciales, los programas con mayor evidencia ponen gran énfasis en el soporte familiar e inclusive incluyen terapias orientadas a desarrollar habilidades parentales.

Los estudios de impacto de estas terapias coinciden en que no existe un tratamiento único estándar, sino que el tratamiento debe responder a la necesidad individual de cada sujeto y la combinación de dichas terapias integradas en un plan individual, que sea continuamente monitoreado y actualizado cuando sea apropiado.

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Asimismo, los programas de rehabilitación de adicciones deben atender simultánea-mente las múltiples necesidades del individuo, no sólo el uso de sustancias. Importante también es señalar que la evidencia específica que la voluntariedad no es indispensable para que el tratamiento sea efectivo.

En la primera exploración de MIE se encontraron nueve programas con evidencia de impacto. Sin embargo, si se toma en consideración los criterios de selección de MIE, quedaron como viables para una posible implementación con la población objetivo cuatro de ellos: Baltimore City Drug Treatment Court (BCDT), Parenting with Love and Limits (PLL), Terapia multisistémica y la Terapia Familiar Funcional (FFT).

Estos modelos tienen como eje de intervención la rehabilitación para controlar el abuso de sustancias lícitas e ilícitas y han sido efectivos no sólo para lograr dicho impacto, sino también para la disminución de conductas violentas y delincuencia. En general, los modelos utilizan una combinación de terapias a nivel individual y familiar, por lo que trabajan tanto con los jóvenes como con sus familias. Con la o el joven en cues-tión se trabaja para reducir la afiliación a relaciones con pares delincuentes o también consumidores de drogas y se promueve la afiliación con pares con perfil prosocial. Simultáneamente, a nivel familiar se desarrollan habilidades parentales (negociación, establecimiento de reglas y comunicación, por ejemplo). Estos modelos son vistos como alternativas al encarcelamiento y pueden ser implementados en contextos diversos: desde centros de rehabilitación y/o de desarrollo, correccionales, casa o escuelas. Algunos de ellos abordan problemáticas concurrentes, es decir, una combinación entre abuso de sustancias y problemas de salud mental (trastornos afectivos, de ansiedad, psicóticos y de personalidad).

b. Modelos de ocupación juvenil

En el contexto de los grupos en mayor riesgo identificados en la sección previa, se hace referencia a los modelos de ocupación juvenil. Se entienden por éstos los que buscan modificar el uso del tiempo de los jóvenes y orientarlos a actividades educati-vas, productivas y/o culturales. Los modelos de ocupación juvenil para fines de este estudio en, el contexto de la Teoría de la Acción Situacional, abonan a nivel de las causas indirectas principalmente, aunque se puede argumentar que también aportan a la disminución de la exposición de los jóvenes a lugares de riesgo, al reorientar su uso de tiempo a actividades que representan factores de protección: empleo, escuela y cultura.

Los programas de ocupación juvenil han sido ampliamente estudiados, inclusive en el contexto latinoamericano. Sus resultados han sido probados en población de bajo y medio riesgo; y cuentan con evidencia prometedora, pero aún limitada, en la población de jóvenes en alto riesgo (Heller, 2016; Uggen, 2000).

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Las métricas sobre las cuales estos programas han probado efectos son la disminución de conductas de riesgo a la violencia: empleabilidad, calidad del empleo, mejora en el ingreso, retorno a la educación formal, desarrollo de habilidades cognitivas y no cognitivas. Para el caso de la población en alto riesgo, se añaden como métricas las conductas agresivas y la comisión de delitos por parte de los jóvenes participantes. Aunque en general los programas de ocupación juvenil mantienen elementos en común independientemente de la población a la que se focalicen, tienen diferencias impor-tantes principalmente asociadas a la importancia que tiene el desarrollo de habilidades cognitivas y para la vida, siendo en los jóvenes de mayor riesgo este factor más crítico de atender (IYF, 2011). En la primera exploración de MIE se encontraron únicamente tres modelos de programas con evidencia de impacto y que cumplen criterios de selección de MIE mencionados anteriormente, estos son: Sustainable Transformation of Youth in Liberia (STYL) (Blattman et al., 2017), Entra21 (IYF, 2011) y Youth Villages YVlifeset (Valentine et al., 2015).

Los componentes principales de estos programas son el desarrollo de capacidades humanas, incluido proyecto de vida. La terapia cognitivo-conductual (TCC26) y desa-rrollo de habilidades de vida son claves para el éxito de los programas enfocados a reorientar el uso del tiempo de los jóvenes en alto riesgo (Blattman y Ralston, 2015; IYF, 2011). Si bien la terapia cognitivo-conductual es vista como un MIE en sí misma, en el contexto de este estudio se visualiza como un medio efectivo para el desarrollo de habilidades de autocontrol y cambiar la identidad de los jóvenes.

Otro componente es el del desarrollo de habilidades técnicas, orientadas a oficios y regularmente se realizan de forma práctica, a través de pasantías directamente en empresas o inclusive espacios públicos. El autoempleo y el emprendimiento también son una vía para impulsar la empleabilidad de los jóvenes, como probó el estudio en Liberia (Blattman et al., 2017), en donde los jóvenes utilizaron parte de una transferencia no condicionada para la creación actividades productivas de autoempleo. Al respecto, los mismos autores advierten la importancia de asegurar los bienes, de forma que no sean los mismos sujetos del programa víctimas de robos o daños a las propiedades que adquieren, lo cual afecta directamente el resultado de los programas.

La selección de dichas actividades productivas debe responder, según las mejores prácticas, a un estudio de mercado realizado previamente, lo que permite incremen-tar la empleabilidad de los participantes. Al respecto de esto, y en el contexto de las necesidades manifestadas por el Ayuntamiento de Morelia, es importante señalar que los MIE consultados no especifican si los empleos o actividades productivas conse-guidas por los jóvenes participantes son formales, lo cual es un factor por considerar.

26 CBT por sus siglas en inglés

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Los programas también pueden incluir vinculación de los usuarios al empleo (bolsas de trabajo) o al sistema educativo para la continuación o conclusión de estudios formales. La vinculación laboral y la gestión que el programa haga se vuelve crítica sobre todo por el perfil de los jóvenes, que en muchas ocasiones tienen antecedentes penales, lo cual dificulta su introducción al mercado laboral.

Simultáneamente a estos componentes formativos, los MIE de ocupación juvenil para jóvenes con alto riesgo incluyen actividades culturales y recreativas que funcionan como herramientas de captación y retención de los usuarios en el programa (Lipsey, 2009). Las transferencias no condicionadas han demostrado ser un factor de soste-nibilidad de los efectos de los programas de ocupación juvenil que utilizan la terapia cognitivo-conductual (Blattman y Ralston, 2015).

c. Modelos de reinserción social y prevención de la reincidencia carcelaria

Las medidas privativas tienen como supuesto objetivo llevar a cabo un proceso de reinserción social con quienes cometen delitos para que no sigan con su carrera delic-tiva. En la práctica, “muchas personas que han estado encarcelados reinciden y muchos regresan a la cárcel” (Marmolejo y Pierce, 8 de septiembre de 2016, para. 1). Por esta razón ha habido un auge de modelos de intervención que tienen como objetivo lograr una verdadera reinserción y prevenir la reincidencia carcelaria. Estos modelos vistos desde la Teoría de la Acción Situacional se enfocan en atender a los jóvenes de más alto riesgo y se trabaja con ellos para atender, principalmente, los aspectos personales que influyen en la generación de violencia: su capacidad de autocontrol, sus normas individuales y sus impulsos. En algunos programas se trabaja también con las causas indirectas, principalmente con la familia, amigos e incluso las comunidades en las que se desarrollan.

Entre los diversos estudios que hablan sobre el estado del arte de los modelos de reinserción social y prevención de reincidencia carcelaria resalta la importancia de que el micro-diseño de las intervenciones que van a implementarse debe estar enfocado a las necesidades particulares de cada beneficiario (OPS, 2016; CIDAC, 2016; Adler et al., 2016). De estos enfoques destacan los que toman en cuenta el riesgo individual a reincidir de los jóvenes, sus atributos predictores de reincidencia y sus capacidades de aprendizaje. Los programas que tienen estos enfoques proveen servicios a la medida de los riesgos y a las necesidades de atención de los beneficiarios y van más allá al buscar maximizar el aprovechamiento de los componentes por medio de personalizar las intervenciones para empatar con los métodos de aprendizaje, motivación, habilidades y fortalezas de los participantes.

Otro elemento de éxito para este tipo de modelos es el utilizar métodos terapéuticos de intervención.

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Una revisión sistemática de 30 estudios que incluyen a más de 6600 jóvenes agresores de intervenciones terapéuticas hecha por Garrido y Quintro (2007 citado en OPS, 2016) encontró que estos métodos, “incluidos los de índole psicológica y social y los métodos educativos orientados a fomentar comportamientos prosociales” (p.42), tienen un impacto positivo en la reducción de la reincidencia juvenil de entre 56-60% en adolescentes y jóvenes. Dentro de estos programas, los que tuvieron mejores resultados fueron los que incluían dentro de la intervención terapia cognitiva, en con-traste con los que sólo se centraron en desarrollar aptitudes académicas y fomentar el cambio de comportamiento a través de ejemplos, los cuales mostraron tener menores resultados (OPS, 2016).

Por su parte, Lipsey, Landenberger y Wilson (2007, citado en OPS, 2016), en una revisión sistemática exclusiva de los modelos de terapia cognitiva conductual (TCC), encontraron que el índice de reincidencia se redujo en un 25% tras un año de llevar a cabo las intervenciones. Por otro lado, en un meta-análisis sobre terapia familiar funcional (TFF) Aos, Phipps, Barnoski y Lieb (2001, citado en OPS, 2016) reportan un efecto en reincidencia de delincuentes juveniles de pequeño a moderado.

Por otro lado, se encontró en la literatura evidencia mixta sobre el uso de “mentorías” como buena práctica en algunos MIE para reducir reincidencia y conductas antisociales y/o violentas. Distintos autores concluyen que la variabilidad de los efectos de las mentorías reside en que hay poco control en cuanto a la calidad de las mentorías, de-bido a que por lo general los mentores son voluntarios y aunque reciben capacitación se tiene poca influencia en cómo se llevan a cabo las reuniones entre participantes y mentores. En los modelos exitosos que incluyen mentoría resalta la frecuencia de las reuniones (al menos una vez por semana), la duración de estas (sesiones de entre 3 a 5 horas) y los mentores eran personas de una edad similar a la de los participantes. La mentoría por sí misma parece no tener un efecto positivo, pero sí puede abonar a los efectos esperados cuando ésta acompaña a un programa integral de atención (OPS, 2016, Adler, et al., 2016).

Otras de las claves de éxito de los MIE para evitar la reincidencia carcelaria, y que coinciden con los modelos analizados en las secciones anteriores, es el hecho de implementar programas integrales en vez de programas que atienden un solo factor de riesgo y programas que consideran el contexto de los jóvenes atendidos, es decir, que trabajan con las familias, los amigos y las comunidades en las que se desarrollan y atienden no sólo los problemas relacionados con la violencia, sino que inciden en otras áreas de sus vidas como su educación, su empleabilidad, entre otras cosas (Ad-ler et al., 2016). Entre los modelos con evidencia de probada que se encontraron en la primera exploración de MIE destacan: Law Enforcement Assisted Diversion (LEAD), Aggression Replacement Training® (ART®) y Roca.

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Por último, el factor más importante de todo MIE tiene que ver con la calidad de la implementación, la provisión de servicios suficientes y necesarios y con la fidelidad al diseño que se lleve a cabo la implementación. Sin estos tres elementos, cualquier MIE con evidencia robusta está destinado a fracasar (Adler et al., 2016).

d. Resumen de los hallazgos de los MIE

Para los tres tipos de MIE, se encontraron modelos con evidencia de interés para este estudio, pues en mayor o menor medida han logrado incidir en la reducción de la violencia y el crimen causada por los jóvenes de interés de este estudio. De hecho, se detecta una importante confluencia entre los tres. Los modelos de rehabilitación de adicciones y de reinserción social utilizan terapias cognitivas conductuales y com-ponentes de vinculación laboral para dar sostenibilidad a los cambios deseados. Por su parte los modelos que ponen su énfasis en el cambio de uso del tiempo y ocupa-ción de los jóvenes, a la par de utilizar terapias cognitivo conductuales para abordar la capacidad de control de impulsos, también han resultado ser más efectivos cuando van acompañados de transferencias no condicionadas para promover el autoempleo y empleabilidad de los jóvenes.

La confluencia de los modelos responde, probablemente, a que el problema de la violencia juvenil es multifactorial y debe ser atendida desde distintas aristas. Esta situación reafirma lo que Abt, T., & Winship, C. (2016) y Adler et al. (2016) señalan de que las intervenciones más efectivas son aquellas que integran múltiples terapias y que responden de forma integral y lo más personalizada posible a los retos de los jóvenes en situación de alto riesgo.

No obstante, la solidez de la evidencia para cada tipo de intervención varía en tér-minos del soporte que presentan. Se encontró que los modelos de ocupación juvenil para el perfil de la población seleccionada, aunque sólida, es incipiente y limitada. Mientras que para el caso del tratamiento para el uso y consumo de drogas y de reinserción social han pasado por múltiples procesos de evaluación y análisis, lo cual robustece sus argumentos. Será tarea de la siguiente fase de este estudio ahondar en los MIE y analizar la viabilidad de aplicar estos modelos a la población objetivo definida, aunado al análisis del ecosistema que permita identificar la disponibilidad de una oferta de organizaciones que puedan brindar estos servicios de forma efectiva en el contexto moreliano.

Conclusiones

Las problemáticas asociadas a las juventudes son diversas y complejas, los jóvenes en Morelia no están excluidos de ellas. Una de las más preocupantes son las asociadas con la violencia y la delincuencia, desde una perspectiva de víctimas y victimarios.

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De este contexto surge la necesidad del presente estudio, que a través del análisis de la población de referencia, los factores de riesgo a los que está asociada y una gama de posibles intervenciones con resultados probados pretende estudiar la factibilidad de implementar (en una segunda fase) un programa social costo-efectivo, basado en un MIE, bajo un esquema de pago por resultados que combine la participación del sector privado con el sector público y que le traiga ahorros significativos de presu-puesto a este último.

En resumen, de los hallazgos principales de esta primera etapa del estudio se encontró que la población joven en Morelia constituye una tercera parte de la población total de la ciudad. Los niveles de desocupación entre este segmento de edad nos hablan de que 1 de cada 7 jóvenes no estudian ni trabajan y de los que sí trabajan, el 55% lo hace desde el sector informal. Las juventudes morelianas están expuestas a diversos factores de riesgo entre los que resaltan los del ámbito individual, donde se presentan exposiciones promedio más altas que las de los jóvenes a nivel nacional: consumo de alcohol y tabaco, consumo de marihuana, inhalantes y otras drogas, participación en pandillas y prevalencia de otras conductas antisociales como vandalismo y cometer faltas administrativas y tener problemas con la policía. Al igual que a nivel nacional e internacional, estos problemas son mayoritariamente masculinos, el análisis cuantitativo arroja que ser mujer está asociado con un incremento del 5% en la probabilidad de no presentar conductas violentas y/o delictivas.

Este mismo análisis cuantitativo permitió validar que la relación de los factores de riesgo presentes en la población joven moreliana con la violencia y la delincuencia se comportan de forma parecida a lo que dice la literatura académica al respecto, en orden descendente: consumir drogas, tener problemas de autocontrol, pertenecer a una pandilla violenta y tener amigos que presentan conductas antisociales están asociados con un aumento en la probabilidad de ser detenidos.

Tras un proceso iterativo con actores claves de la ciudad se identificaron tres poblaciones prioritarias para las cuales se hizo una búsqueda y análisis de MIE que resuelvan con intervenciones probadas las problemáticas más apremiantes de cada segmento de la población: a) jóvenes con problemas de abuso de sustancias lícitas e ilícitas y antece-dentes de delitos menores, b) jóvenes desocupados, subocupados y/o en empleos del sector informal y c) jóvenes en conflicto con la ley que cumplen sentencias privativas.

De los MIE analizados resalta que son modelos integrales, que atienden a la medida las necesidades de los participantes y que entre las tres temáticas de modelos hay una serie de componentes que confluyen. Los modelos de reinserción social y de rehabilitación de adicciones tienen una base de evidencia más robusta en cuanto a la prevención de violencia y delincuencia que los modelos de ocupación juvenil.

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Es importante señalar que esta primera fase del estudio es el pilar principal para pensar en la implementación de una intervención costo-efectiva, con resultados probados en Morelia y después un posible escalamiento a otras urbes del país. Será tarea de la siguiente fase ahondar en los MIE y analizar la viabilidad de aplicar estos modelos a la población objetivo definida, aunado al análisis del ecosistema que permita identificar la disponibilidad de una oferta de organizaciones que puedan brindar estos servicios de forma efectiva en el contexto moreliano y la de inversionistas privados que se interesen en este tema.

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SECCIÓN 2Informe de análisis del ecosistema natural

El entendimiento de las distintas problemáticas que enfrentan los jóvenes de Morelia frente a la violencia y la delincuencia es fundamental para planear una intervención social exitosa. Aunado a ello, es necesario que el estudio de factibilidad para la im-plementación de un esquema de pago de resultados, y en particular de un BIS, incluya el análisis del ecosistema local en el que se identifiquen los actores que podrían estar involucrados. En este ecosistema interactúan tres grandes grupos de interés. Por una parte, el sector público y pagadores finales, por otro los inversionistas y por último las organizaciones de sociedad civil o empresas sociales, quienes participan como proveedores del servicio para cumplir con objetivos de impacto establecidos en el esquema.

Para el desarrollo de esta sección del estudio, se llevó a cabo una agenda de trabajo intersectorial con el objetivo de identificar posibles interesados (sector público e inversionistas), de obtener su retroalimentación sobre un posible proyecto de pago por resultados en el municipio de Morelia, así como identificar su interés respecto a intervenciones específicas. Por otra parte, también se realizó el mapeo de organiza-ciones de la sociedad civil con potencial de convertirse en posibles proveedores de este tipo de servicio, en particular se buscó que contaran con modelos operativos claramente especificados, métricas definidas y evaluación de procesos y/o resulta-dos, así como de impacto.

A continuación, se presentan tanto los resultados del mapeo de actores, así como del análisis de objetivos, prioridades y oportunidades de colaboración específico por cada grupo de interés. Ambas cosas se lograron a través de llevar a cabo un análisis documental, reuniones y entrevistas.

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Pagadores finales: Sector público, organismos multilaterales y think tanks

Un aspecto central para lograr un esquema de pago por resultados es que una entidad demande servicios para resolver alguna problemática social y que esté dispuesta a fungir como pagador final total o parcial. En muchas ocasiones el sector público funge como pagador final de un esquema de este tipo, dadas sus facultades y obligaciones de proveer servicios sociales a la ciudadanía. Estas responsabilidades también lo sujetan a cumplir con ciertos servicios para la población; por esta razón, se deben identificar agentes de cambio dentro de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), así como en las distintas ramas, con prioridad sobre el ejecutivo para que sean ellos quienes impulsen desde sus instancias el pago por resultados (Alberro y Henderson, 2017).

Dentro de la rama del sector público es importante identificar en el ámbito local (muni-cipal) lo siguiente: a) las entidades municipales que trabajan con la población objetivo o proveen intervenciones similares a las que se van a proponer, b) los recursos municipales que se destinan en la actualidad a la provisión de estas intervenciones, y c) el presupuesto federal que ejerce el municipio que está destinado directamente a la provisión de estos servicios (para el caso de este estudio serían los subsidios para la prevención de violencia, en especial Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG). Aunado a esto, se debe también analizar la posible participación del Gobierno Federal. Esta información se desglosa en la siguiente subsección.

Además de los gobiernos, otros actores que también se han desempeñado como pa-gadores finales dentro de la historia de los BIS son los Organismos Multilaterales y los Think Tanks. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) jugó un papel de pagador final en él, recientemente creado, BIS de empleabilidad de población vulnerable en Colombia (BID, 29 marzo 2017). A su vez, en el BIS de Jalisco, el Global Innovation Fund fungió como pagador final.

Objetivos, prioridades y oportunidades de colaboración

El interés, prioridad y oportunidad que se detecta en el Gobierno Municipal de Morelia radica en la injerencia que le corresponde al Ayuntamiento de Morelia por decreto cons-titucional. Conforme al artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tienen a su cargo diversas funciones y servicios públicos, entre ellos la seguridad pública (en términos del artículo 21 constitucional), y la policía preventiva27. Es por ello, que la prevención del delito es parte del quehacer municipal. Además, el propio Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 (PMD) del Ayuntamiento de Morelia y Morelia NeXT - el Plan de Gran Visión 2014, prevén en sus ejes estratégicos, la investigación e implementación de acciones específicas que procuren la prevención y reducción de la violencia social y la delincuencia (entre ellos estrategias municipales en

27 La policía preventiva en particular está al mando del presidente municipal, conforme el artículo 115 fracc. VII Constitucional y en términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado.

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contra de adicciones, por mencionar un ejemplo, ya que fue una de las demandas ciudadanas más frecuentes en el proceso de consulta pública para la generación de dicho PMD)28.

En este sentido, al interior del Gobierno Municipal de Morelia, varias de las dependencias municipales mostraron interés en la atención de la problemática planteada por este estudio ya que esto forma parte sus funciones institucionales. En particular, desde la Oficina de la Presidencia Municipal como ente coordinador, las otras dependencias que tienen interés en la temática son la Comisión Municipal de Seguridad29, la Secre-taría de Desarrollo Humano y Bienestar Social con su Dirección de Salud, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Secretaría de Servicios Públicos, la Sindicatura y el Instituto Moreliano de la Juventud (Ver en Anexo 1: minuta de la reunión).

Además, se detectó como una oportunidad el hecho de que el Gobierno Municipal, a través de las gestiones del actual Presidente Municipal, ha conseguido recursos del FORTASEG para tres proyectos, que se prevén como prioritarios de esta adminis-tración30: a) la habilitación de un Centro Municipal de Atención a Adicciones, b) una escuela de oficios y c) un albergue para mujeres. Por lo que se puede anticipar una oportunidad latente de colaboración entre diferentes niveles de gobierno, ya que un esquema de pago por resultados podría contribuir al cumplimiento de objetivos y metas institucionales, de manera eficiente y eficaz, con altas probabilidades de crear valor público.

En cuanto a Gobierno Federal, a raíz del diseño y la preparación para la implementación del Bono de Impacto Social de Jalisco31, Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han definido mecanismos de colaboración entre distintos niveles de gobierno para contribuir en alcanzar el monto requerido para un pago final, en caso de lograr las metas acordadas entre inversionistas y pagadores finales. Éste es un indicador de que el pago por resultados empieza a posicionarse dentro del Gobierno Federal como una prioridad y abre una oportunidad de colaboración. Se ha detectado un interés claro por parte de la Federación de establecer mecanismos de financiamiento para poder participar en el fondeo de Bonos de Impacto Social que surjan en México.

28 En específico:- Eje 2 “Morelia socialmente equitativa, inclusiva, educada y sana” (Estrategia 3, Objetivo 2 - Acción estratégica 3 Diseño y gestión de una

estrategia municipal en contra de las adicciones, con lo que se apoya también a la estrategia de prevención de la violencia social); y - Eje 6 “Morelia con legalidad y seguridad” (Estrategia 3 - Objetivo 1 Reducir la violencia - Acción estratégica 3 Implementación de investigación

adecuadas para entender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia en nuestro municipio).29 De hecho, la Comisión Municipal de Seguridad se encuentra actualmente desarrollando un Modelo de Justicia Cívica, el cual representa

un componente fundamental en los procesos locales para la prevención social de la violencia y el delito.30 Esto forma parte de la estrategia macro de prevención y reducción de violencias, ya que son parte de las soluciones alternativas al conflicto.31 El Bono de Impacto Social de Jalisco se planteó como un instrumento para el programa de Apoyo a Jefas de Familia a cargo del gobierno

de dicha entidad, que busca mejorar el ingreso y la calidad de vida de las jefas de familia en el Estado de Jalisco.

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Esto representa una gran oportunidad ya que la temática de prevención de violencia está directamente alineada con los objetivos de Gobierno Federal.

Sector privado: Posibles inversionistas El sector privado es una pieza clave para el esquema de pago por resultados. En el caso de los BIS, los inversionistas absorben los riesgos de la inversión y fondean a proveedores de servicios para que implementen una intervención social. Si los resul-tados acordados son alcanzados, post evaluación externa, los inversionistas reciben un reembolso de su inversión más un retorno. En algunos casos, el sector privado también puede ser pagador final o bien financiadores a fondo perdido (Alberro y Henderson, 2017).

Por esta razón, es de suma importancia mapear a posibles inversionistas dentro de un estudio de factibilidad de un esquema de pago por resultados. Dicho mapeo empieza con un reconocimiento de los actores; esta sección describe los acercamientos preli-minares que se han realizado para identificar inversionistas interesados en la temática y/o en el mecanismo de financiamiento. Para iniciar pláticas formales con posibles inversionistas es necesario saber qué modelo de intervención se va a implementar, quién o quiénes serán los proveedores de servicios y la presentación de un modelo financiero riguroso, el cual se desarrolla en la fase de diseño de un bono. Para comenzar el mapeo, es importante primero conocer el estado del ecosistema de inversión de impacto en el país, para después clasificar los posibles inversionistas, tanto nacionales como internacionales a los que el proyecto podría resultarles interesante para invertir.

Según el análisis de actores para el pago por resultados hecho por Alberro y Hender-son (2017), los inversionistas pueden venir de tres categorías: filantropía, inversión tradicional e inversión de impacto. Tradicionalmente, el dinero de las fundaciones filantrópicas ha sido utilizado para la implementación de intervenciones sociales. En los últimos años ha surgido una tendencia, entre dichas fundaciones, de pedir resultados medibles y buscar mejores modelos de intervención. Esta tendencia representa una gran oportunidad para el pago por resultados, ya que ofrece una alternativa de inver-sión con un modelo probado, por lo cual se puede recuperar la inversión aunado a un retorno. Para los casos en los que las fundaciones no pueden recibir de regreso ni el principal ni los intereses, esto implica que el recurso podría reinvertirse para escalar proyectos en fondos temáticos que puedan crecer al invertir en portafolios de bonos y al alcanzar intereses atractivos para el sector.

A diferencia de la filantropía, la inversión tradicional centra sus intereses en los re-tornos económicos. La razón por la cual un bono se vuelve una apuesta interesante para la inversión tradicional se deriva de la presión que se ejerce en la actualidad a las empresas para que tengan responsabilidad social.

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Los bonos representan un mecanismo para incidir socialmente y tener un retorno moderado por esta inversión.

Por otro lado, en la última década, una parte del sector privado ha tomado un papel protagonista en la creación del bien social, el fondeo de bienes públicos y el cumpli-miento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). En 2007, se definió como inversión de impacto a todas las inversiones que tenían “la intención de generar un impacto social y ambiental junto con un retorno financiero” (Aspen Network of De-velopment Entrepreneurs (ANDE), Latin American Private Equity & Venture Capital Association y lGT Impact Ventures, 2016, p.16). En México, el ecosistema de inversión de impacto está conformado por 42 inversores activos en el país; entre estos actores convergen inversionistas tanto locales como internacionales, 15 de ellos invierten exclusivamente en México. Para el año 2015, la bolsa de inversión de impacto de los inversionistas que tienen sede en el país fue de $392 millones de dólares. Por su parte, los inversionistas internacionales que invierten en México administraron una bolsa de $6.8 mil millones de dólares, este recurso no era exclusivo para México (ANDE, et al., 2016). El ecosistema en México se ha fortalecido en los últimos años y lleva una tendencia hacia el crecimiento, lo cual representa grandes oportunidades para la crea-ción de esquemas de pagos por resultados, en especial de Bonos de Impacto Social.

Dentro de este proceso de trabajo y de la experiencia del equipo de trabajo del Tecnológico de Monterrey, se ha tenido contacto con algunos de los actores de este ecosistema y otros posibles inversionistas interesados en invertir en acciones que generen impacto social. Según el nivel de interés, se clasificaron para los posibles in-versionistas en las siguientes categorías, los detalles de una posible colaboración con cada uno de ellos se especifican en la siguiente subsección del documento.

Acercamiento informal: Ya ha habido un acercamiento informal y existe un interés en los esquemas de pago por resultados y/o en la temática general de la intervención. Dentro de esta clasificación se encuentra: BID/FOMIN, Fundación Slim, Toks, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) y USAID.

Interés en Morelia: Posibles inversionistas con sede e interés por invertir en Morelia. Aquí se encuentra: Cinema Park/Cinépolis, COPARMEX capítulo Michoacán, CA-NACINTRA capítulo Morelia y FUCIDIM.

Inversionistas de Impacto Social: Miembros del ecosistema de inversión de impacto en México con los que ha tenido contacto en trabajos previos y se conoce su interés en esquemas de pago por resultados: Fondo Fomento Banamex, Promotora Social México, New Ventures México, Spectron Desarrollo, Insignia y Alta.

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Para identificar de manera más clara las prioridades y oportunidades de colaboración se creó la siguiente tabla en la que se enlistan los intereses y participación de los inversionistas mencionados con anterioridad en dos aspectos: la temática y los esquemas de pago por resultados y BIS.

Tabla 6: Sector Privado – Inversionistas.

Clasificación Actor(es) Interés y partcipaciónen la temática

Interés en pagospor resultados

Acercamiento informal

BID/FOMIN Interés en pago por resulta-dos para intervenciones con jóvenes (BIS Colombia)

Inversionistas principales en BIS de Jalisco

Fundación Slim

Interés en temas de preven-ción social de la violencia

Esquemas de pago por resulta-dos en Centroamérica

Toks Interés en apoyar proyectos de OSCs que trabajen temas de prevención de violencia

Primeras pláticas sobre instru-mentos de pagos por resultados

Bureau of International Narcotics and Law Enforce-ment Affairs

(INL)

Interés en tema de reinser-ción social

Reunión próxima para hablar de los mecanismos de financia-miento que permiten alcanzar los BIS

USAID Temática principal del pro-grama es la prevención social de la violencia

Interés por la implementación y escalamiento de modelos de intervención basados en evi-dencia y el pago por resulta-dos financiados por el sector privado (BIS)

Interés en Morelia

Cinema Park/Cinépolis

Interés en apoyar proyectos de OSCs que trabajen temas de prevención de violencia


COPARMEX Michoacán

Interés en temas de violencia en Morelia


CANCINTRA Morelia

Interés en temas de violencia en Morelia


FUCIDIM Interés en programas de prevención de la violencia con jóvenes

Interés en conocer más a fondo el funcionamiento de los BIS. Organización bien conectada con el sector privado y las Or-ganizaciones de la Sociedad Ci-vil en Morelia

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Clasificación Actor(es) Interés y partcipaciónen la temática

Interés en pagospor resultados

Inversionistas de Impacto Social

Fondo Fomen-to Banamex

Interés en proyectos de im-pacto social

Inversionistas en el BIS de Jalisco

Promotora Social México


Inversionistas en el BIS de Jalisco

New Ventures México


Liderazgo en inversión de im-pacto en México y América Latina

SpectronDesarrollo


Participantes activos en inver-sión de impacto en México y América Latina

Insignia Interés en proyectos de im-pacto social


Alta Interés en proyectos de im-pacto social


Fuente: elaboración propia

Proveedores de servicios: Organizaciones de la sociedad civil

Otro grupo de actores importante para el desarrollo de un esquema de pago por resul-tados son los proveedores de servicios, es decir, las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) o empresas sociales que cuenten con modelos operativos efectivos, con evidencia rigurosa32 de respaldo, orientados a la atención de la problemática que se busca resolver y que, además, sus intervenciones sean costo-eficientes.

Para estos fines, y como parte del mapeo, se diseñó una herramienta de autodiagnósti-co en línea que permitiera identificar si las organizaciones mapeadas cuentan o no con ciertas características esenciales que las puedan colocar como proveedores potenciales del servicio. El diseño de esta herramienta se hizo de acuerdo a las recomendaciones de distintas organizaciones especializadas en pago por resultados ( Jervs, 2012; BNY Mellon, 2015; BSR, 2015; Social Finance, 2017) respecto a las características que deben cumplir los proveedores potenciales del servicio bajo este tipo de esquema financiero33.

32 Se entiende evidencia rigurosa o robusta como aquella que utiliza métodos cuantitativos experimentales o cuasiexperimentales y que es ejecutada por evaluadores externos expertos en la materia. Estas evaluaciones van acompañadas de información cualitativa para entender el contexto de la intervención.

33 Información a detalle sobre la herramienta se encuentra en el Anexo 2

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A grandes rasgos, se evaluaron cinco aspectos del posible proveedor:

1. Ética y visión organizacional - alineación a una visión de trabajo por resultados que logren cambios sostenibles a largo plazo.

2. Modelo operativo / programas - que éstos atiendan a la población objetivo y en las áreas de interés de intervención.

3. Evidencia de sus programas - las organizaciones cuentan con evaluaciones de resul-tados y/o impacto robustas de sus intervenciones.

4. Enlaces con la comunidad local - las organizaciones demuestran que tienen la capaci-dad de replicar sus modelos a nuevos contextos y tienen redes con organizaciones locales (o la capacidad de desarrollarlas).

5. Capacidad organizacional - se identifican capacidades de gestión interna de la orga-nización enfocadas a alcanzar resultados.

6. Alineación de su modelo operativo a la población objetivo del estudio - se determina si el modelo operativo de la organización incluye a la población objetivo y/o el tipo de intervención que se busca para fines del pago por resultados.

7. Calidad de la evidencia presentada - se verifica que la organización cuente con evi-dencia o pruebas documentales idóneas y robustas que den cuenta de la rigurosidad con la que se plantean e implementan las intervenciones.

8. Costos de operación34 - se verifica que las organizaciones tengan claros los costos que implican.

Cabe mencionar que esta herramienta se difundió a nivel nacional y local, y los resul-tados se obtuvieron conforme al procedimiento que se explica a detalle en el Anexo 2 En este sentido, las organizaciones que obtuvieron mejor calificación se muestran en el Anexo 3, y en la Tabla 2 se muestra la síntesis de los resultados de las evaluacio-nes de evidencia presentada por las organizaciones que mostraron estar en mejores condiciones para la atención a la problemática planteada. Sin embargo, en términos generales, no se encontró ninguna organización que cumpla a plenitud todos los requi-sitos necesarios para considerarse como un posible proveedor de servicio, ya que, por ejemplo, carecen de evaluaciones de impacto robustas en materia de la problemática planteada35. Cabe recalcar que en la mayoría de los bonos que se han realizado a nivel mundial, se establece un grupo de organizaciones que trabajan de manera conjunta para poder atender las necesidades de la intervención planteada. El primer bono que se llevó a cabo, Reino Unido en 2010, conjuntó dieciséis organizaciones bajo la cúpula de “One Service”.

34 Este criterio también es relevante para la determinación de la viabilidad de una OSC como posible proveedor de servicio. Sin embargo, el análisis de este criterio no está encuadrado en el alcance de esta fase del estudio.

35 Aunque una sola OSC - YouthBuild A.C. - sí cuenta con una evaluación de impacto sólida, su modelo operativo no atiende de manera completa (conforme los Modelos Informados en Evidencia MIE) a la población objetivo y problemática sugerida en este estudio.

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Aun así, conforme al análisis realizado, se identificó que algunas de las organizaciones, tales como Servicios a la Juventud A.C., Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra A.C. y Centros de Prevención Comunitaria Reintegra, I.A.P. cuentan con potencial para convertirse en proveedores del servicio, siempre y cuando solucionen las áreas de oportunidad detectadas, principalmente en tanto a sistemas de monitoreo y/o evaluación. Por lo que también se sugiere considerar la realización de posibles alianzas, joint-ventures o consorcios entre estas organizaciones, de tal manera que cada un aporte al proyecto sus capacidades más adecuadas en términos del esquema de pago por resultados, tal como se ha hecho en otros BIS.

Finalmente, en dado caso de que se decida implementar un esquema de pago por resultados, se sugiere al equipo encargado del diseño del esquema, la aplicación de la herramienta “Escala de Buenas Prácticas” para identificar las áreas de oportunidad de estas OSCs, en cuanto a los criterios específicos del Programa de USAID para también conformar un plan de nivelación y profesionalización de las organizaciones con potencial para esquemas de pagos por resultados.


Conforme al análisis de este grupo de interés se detecta que cuentan con un objetivo común, que es la atención a las problemáticas consideradas dentro de su misión y visión. Sus prioridades involucran la implementación de sus modelos operativos, así como el acceso a recursos financieros para sustentar sus operaciones. Respecto a las oportunidades generales que se detectan son el aprovechamiento del conocimiento empírico traducido en modelos operativos para la atención de problemáticas, el fortalecimiento de procesos y buenas prácticas desarrolladas a lo largo del tiempo de vida de la organización, así como la vinculaciones y alianzas que las que las orga-nizaciones han construido.

En la Tabla 7 se presentan los principales hallazgos de la revisión del autodiagnóstico que las organizaciones participantes contestaron y de la evidencia que mostraron.

Tabla 7: Proveedores de servicios - Organizaciones de la Sociedad Civil.

Nombre dela organización

Resultado del análisis a partir de la evidenciapresentada por los OSC

Asociación Mexicana de Psicología y De-sarrollo Comunitario (localizada en More-lia, Michoacán)

· En general la evidencia de soporte no tiene la calidad buscada, ni es consistente con su autoevaluación (sobresaliente). Por ejemplo, la teoría del cambio sólo describe los programas y resultados de producto, pero no especifica efectos ni impacto ni brinda soporte empírico y/o teórico.

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Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario (localizada en Morelia, Michoacán)

· Se detecta que la organización elaboró documentos sólo para dar cumplimiento a los requisitos (utilizaron las mismas palabras que lo que se preguntaba).

· La organización parece más bien una consultora que trabaja por proyectos y no trabaja con el perfil de la población objetivo de este estudio. El programa “hospital de día de adicciones” no parece tener las características adecuadas a los MIE encontrados en la revisión de literatura.

· No tienen evaluación de impacto de ningún tipo y las publicaciones que señalan no tienen relevancia para este proyecto.

· A nivel de gestión interna tampoco demuestra suficiente capacidad. Los manuales que dicen tener no tienen una calidad suficiente y los mecanismos de supervisión se centran solamente en gestión de procesos y proyectos.

Servicios a la Juventud A.C. (localizada en Ciu-dad de México)

· Servicios a la Juventud A.C. es una organización con trayectoria en trabajo con jóvenes que viven alguna situación de vulnerabilidad. Su enfoque está dirigido hacia dar formación integral a los jóvenes para brindar herramientas para que estructuren su plan de vida. Dentro de las temáticas que su campo de acción están la educa-ción, empleabilidad, tecnología, seguridad ciudadana, participación y liderazgo y la incidencia en políticas públicas de juventud. La organización cuenta con un sinfín de programas, para fines de este estudio decidieron compartir la información de “Camino a la paz: Modelo de acompañamiento a jóvenes víctimas de las violencias”.

· La ficha técnica de su programa permite identificar que sí tiene diseños centrados en las personas, arranca con una fase de diag-nóstico comunitario y diagnóstico de las necesidades particulares de los jóvenes con las que trabajan. Dentro de esta ficha se men-ciona lo que busca la teoría del cambio, aunque no se muestra el esquema lógico causal de la misma ni la base teórica en la que se sustenta. Los resultados que buscan están organizados conforme a los lineamientos de una teoría del cambio. La medición que buscan hacer es realista, llega hasta efectos en vez de impacto.

· Dentro de sus programas abarcan a jóvenes entre los 13 y los 29 años de edad. Cada programa está dirigido a un subsector de la población joven. La organización tiene presencia en los 32 estados a través de alianzas, directamente operan en Michoacán, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Nuevo León, Ciudad de México y Guerrero. Esto es muestra de su capacidad operativa.

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Servicios a la Juventud A.C. (localizada en Ciu-dad de México)

· Cuentan con dos intervenciones, en alianza con Youthbuild México, que atienden a la población objetivo de este estudio. Sin embargo, no proporcionaron información a detalle sobre la metodología, ni las evaluaciones de estos programas. Sobre el programa Camino a la paz, el cual es un programa propio de la organización, éste está enfocado a prevención primaria y secundaria.

· La organización cuenta con indicadores bien definidos y una serie de instrumentos para hacer monitoreo. Se proporcionó un ejemplo del monitoreo que hacen para el programa Camino a la Paz: un informe final en el que se habla del proceso de trabajo y se mencionan indicadores de proceso y de resultados. El informe cuenta con una sección de aprendizajes para la organización. No mostraron evidencia de alguna evaluación de impacto interna o externa.

· No mostraron evidencia sobre su proceso de reclutamiento y coordinación de personal, pero sí mostraron los manuales ope-rativos de sus programas y los instrumentos que se le entregan a quienes lo operan.

· Cuentan con una planeación trianual, objetivos claros y auditorías financieras anuales.

Centro de Desarrollo y Atención Terapéutica (CEDAT AC) (localizada en Guadalajara, Jalisco)

· En general se detecta que la organización busca trabajar infor-mado en evidencia, pero todavía se encuentra en proceso de consolidación. Hasta hace poco operaban como una consultora que trabajaba por proyectos para un cliente, actualmente están en proceso de cambiar a un esquema de trabajo bajo una lógica de programas permanentes.

· Tienen una teoría del cambio informada en evidencia de un modelo de alcance integral de trabajo dentro de los centros de readaptación y fuera de ellos.

· Actualmente están dentro de un proceso de fortalecimiento con el Programa de USAID para su programa “Mente libre".

· Cuentan con una evaluación interna de efectos la cual contó con un grupo control de un programa realizado con adolescentes (14-19 años) que han cometido faltas administrativas o delitos y que se encuentran en un centro de reclusión. La evaluación se hizo en colaboración con UDG, USAID y Fundación Telefónica. El resultado fue un incremento en un 12% en las funciones ejecutivas, las cuales, por la vía de la empatía, la autorregulación de emociones y la conducta son factores que disminuyen conductas violentas.

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Centro de Desarrollo y Atención Terapéutica (CEDAT AC) (localizada en Guadalajara, Jalisco)

· Observaciones a la evaluación: no se especifica como fue el trata-miento, el grupo es demasiado pequeño, no se tiene claridad si el efecto fue sostenido ya que sólo se aplicó inmediatamente después del tratamiento, no se tiene claro si el grupo control era comparable ya que no manifiestan haber utilizado aleatoriedad para la asignación del tratamiento.

· En lo que se refiere a capacidad interna no comparten evidencia de manuales, planeación ni otras herramientas de gestión.

Centro Operacional para el Fortalecimiento de Iniciativas Sociales A.C. (COPEFIS A.C.) (localiza-da en Ciudad de México)

· No presentaron suficiente evidencia para sustentar sus respuestas al autodiagnóstico.

· La evidencia que compartieron parece indicar que su trabajo es por proyectos y que no tienen programas permanentes, aun cuando en las recomendaciones que hacen en sus entregables de PRONAPRED mencionan que el trabajo debe ser permanente.

· En su evidencia se autonombran "consultora" y hablan del retraso e implementación en menos meses por falta de pagos de PRONAPRED.

· No mostraron la base de su metodología ("Rostros comunitarios"), en la que dicen basar el diseño de todos sus programas.

· No entregaron teoría del cambio, ni programa anual de trabajo.

· En las respuestas hablan de que cada proyecto que implementa tiene sus propias herramientas de monitoreo y evaluación, pero no mostraron evidencia de ellas. Tampoco mostraron evidencias de evaluaciones de impacto internas y/o externas.

· No mostraron evidencia que confirme la supuesta reducción de reincidencia de faltas administrativas, ni la forma en cómo, aparen-temente, lo logró uno de sus proyectos.

· No mostraron evidencia que respalde un modelo sólido de inter-vención, aunque sí presentaron una base teórica, aunque endeble, dentro de sus justificaciones y objetivos.

Cutsi Jimpani Promoción Cultural A.C. (localizada en Morelia, Michoacán)

· No presentaron suficiente evidencia para sustentar sus respuestas al autodiagnóstico.

· El documento que presentaron como "Modelo de intervención" no proporciona suficiente información para dar cuenta del sustento teórico que los guía.

· Carecen de una teoría del cambio.

· Aunque pareciera que han realizado una intervención de interés del estudio (reinserción de jóvenes en conflicto con la ley), no cuentan con una evaluación de impacto.

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Cutsi Jimpani Promoción Cultural A.C. (localizada en Morelia, Michoacán)

· No presentaron herramientas de evaluación y monitoreo.

· Reportaron haber atendido solo a 22 beneficiarios el año pasado, por lo que puede ser indicativo que su forma de trabajo es por proyectos y no tanto, así como un programa constante.

· Solo presentaron una compilación publicada de los ejercicios de creación literaria que realizaron con jóvenes internos en Morelia, con patrocinio del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno del Estado de Michoacán.

Centros de Prevención Comunitaria Reintegra, I.A.P. (localizada en Ciu-dad de México)

· El diseño de sus intervenciones se hace a partir de un diagnóstico comunitario y analiza factores de riesgo-protección a nivel indivi-dual, familiar, escolar, comunitario, así como las redes sociales de la comunidad.

· Los indicadores que utilizan para sus evaluaciones están organizados conforme al esquema Impacto-Efectos-Productos.

· Uno de sus modelos está dirigido específicamente a adolescentes y jóvenes. También cuentan con modelos de capacitación para el empleo y oficios.

· Su intervención es de prevención social del delito en un nivel prima-rio y secundario, aunque contemplan la disminución del consumo de sustancias tóxicas como un efecto a generar y realizan acciones para lograrlo.

· Cuentan con indicadores definidos de impacto (prevención social del delito), de efectos y de productos (elaborados de manera externa por Fundación Quiera).

· Presentaron los instrumentos de medición para los indicadores de productos y efectos (diseñados externamente por Fundación Merced).

· Cuentan con una evaluación anual realizada externamente por Fi-lantrofilia A.C. en el 2012. Aunque se denomina "evaluación de impacto social" no es una evaluación rigurosa de impacto per se. Sin embargo, evaluaron cuatro variables: 1) Eficacia respecto a su misión. 2) Eficiencia en el uso de los recursos 3) Alcance: el número de beneficiarios directos e indirectos. 4) Retorno Social de la In-versión (SROI, por sus siglas en inglés): el impacto económico que tienen las acciones de la organización en la sociedad mexicana en un determinado lapso de tiempo.

· Cuentan con un sistema de reclutamiento y coordinación de personal.

· Cuentan con planeaciones, cronogramas, objetivos y responsables sobre la operación de sus actividades de intervención.

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Fundación Mexicana de Reintegración Social, Re-integra AC (localizada en Ciudad de México)

· La evidencia que presentan, al menos a nivel narrativo muestran una mayor consistencia que las respuestas dadas en el autodiag-nóstico (casi todas "sí se tiene") ya que la evidencia indica un nivel "sobresaliente".

· Conforme a la evidencia presentada y ratificada por la investigadora vía sitios oficiales, se comprueba vinculación y colaboraciones con organizaciones internacionales como USAID.

· A nivel de narrativa y presentación de formatos utilizados, se confirma experiencia en prevención de reincidencia de con-flictos con la ley por parte de adolescentes y rehabilitación de adicciones, más no en habilidades para el empleo como tal (sí muestras experiencia en habilidades sociales que contribuyen a habilidades laborales).

· Aunque en su autodiagnóstico indican estar en proceso de creación de herramientas para la evaluación de resultados, sus evidencias muestran algunos instrumentos y procedimientos con los cuales ya han llevado a cabo algún nivel de evaluación de resultados, al menos en su programa "Comunidad en Libertad Asistida".

· Sólo han trabajado en la Ciudad de México.

· Es de llamar la atención que, aunque tienen 20 años de experiencia en prevención de reincidencia no reportan tener planes anuales de operación, lo que podría ser indicativo que su trabajo ha sido por proyectos y no por programas constantes.

Fundación La Resiliencia (localizada en Morelia, Michoacán)

· Proporcionaron documentos que evidencian la utilización de instrumentos estandarizados para el diagnóstico y tratamiento de la población atendida, así como evaluaciones de satisfacción.

· No presentaron análisis, reportes o evaluaciones de resultados o impacto.

· No presentaron documentos sobre la fundamentación teórica de su modelo ni de la metodología utilizada.

· No presentaron evidencia sobre alianzas y declararon no haber tenido experiencia de trabajo con fondos de actores externos o fondos internacionales.

Fundación de Reintegra-ción Social del Estado de Jalisco, A.C. (localizada en San Pedro Tlaquepa-que Jalisco)

· No fue posible realizar un análisis de sus evidencias mencionadas en el autodiagnóstico, ya que no las envió al equipo de investigación.


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Conclusiones

Al finalizar el presente análisis del ecosistema local y nacional para el desarrollo, gestión, implementación y evaluación de intervenciones basadas en resultados, a través del mapeo documental de grupos de interés (inversionistas, organizaciones, y gobierno) y del acercamiento que el equipo investigador tuvo con ellos, se llegan a las siguientes conclusiones:

Respecto a los inversionistas, se encontró que hay un ecosistema de inversión de impacto fuerte y viviendo un proceso de consolidación a nivel nacional. Se prevé que existen amplias probabilidades para que se den oportunidades de colaboración en cuanto a pagos por resultados. Esto también es en razón del interés creciente y actual en hacer inversiones para el logro de impactos. Además, se confirmó que las temáti-cas de prevención de violencia y jóvenes están tanto en la agenda de las fundaciones filantrópicas como en la de inversionistas tradicionales.

Respecto al grupo de interés del sector público, se encontró que en la actualidad se está viviendo un momento favorable para el desarrollo de esquemas de pagos por resultados; parte de este interés actual particularmente en el gobierno federal, ha sido influenciado por el antecedente del Bono de Impacto Social desarrollado en el Estado de Jalisco. De esta manera, se identificó que dependencias del gobierno federal, como lo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública están considerando la posibilidad de explorar estos esquemas de financiamiento innovador con enfoque de resultados. A nivel municipal, también se detectó el interés tanto en la atención en la población objetivo y problemática del presente estudio bajo este esquema para financiamiento de programas públicos con resultados tangibles y metodologías probadas e innovadoras para el sector público local.

Respecto al grupo de interés que abarca a los posibles proveedores de servicio, a raíz del proceso de mapeo novedoso que permitió tener un alcance de convocatoria a nivel nacional para encontrar organizaciones con potencial para esta labor, se encontró que, en general existen organizaciones que tienen alto potencial en convertirse en posibles proveedores dadas sus metodologías, pero que todavía, por sí mismas tienen áreas de oportunidad para contar con todos los criterios necesarios para un esquema de pago por resultados. Sin embargo, se detectó también un alto potencial de aprovechar las capacidades actuales y complementarse entre sí, esto también en razón de que se detectó que no están en posibilidad de abarcar todas las necesidades demandadas por la población objetivo. Por ello, se visualiza un escenario de colaboración entre las organizaciones para llevar a cabo un proyecto conjunto coordinado, en el que se combinen las capacidades organizacionales y de gestión, con la experiencia operativa de las OSC. De esta manera, la recomendación para un esquema colaborativo re-cuperaría la experiencia y capacidad de las organizaciones más desarrolladas en sus procesos de gestión, así como el arraigo local y sensibilidad del contexto que tienen organizaciones menos profesionalizadas.

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SECCIÓN 3Evaluación de la factibilidady recomendaciones

En la última sección de este estudio se presenta el análisis de factibilidad para la implementación de un esquema de pago por resultados para una intervención in-formada en evidencia de prevención de la violencia y la delincuencia con jóvenes de Morelia, Michoacán. Dicho análisis comienza con una evaluación de costo-beneficio de las intervenciones analizadas para posteriormente presentar el dictamen de fac-tibilidad y finalmente indicar los siguientes pasos para el diseño e implementación de estos proyectos.

Sin embargo, antes de dar pie a lo anterior vale la pena rescatar los principales hallaz-gos de las dos secciones anteriores de este estudio. Lo presentado en estas secciones condujeron a la definición de la población objetivo que podría atenderse con una intervención informada en evidencia con mayor viabilidad en términos de los criterios para un pago por resultados.

Definición de la población objetivo

Recapitulación sobre factores de riesgo

Como se indicó en la primera sección del estudio, en Morelia, los jóvenes se encuen-tran expuestos a una diversidad de factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que cometan actos violentos y/o delictivos. Dentro de los factores de riesgo con mayor incidencia en esta población se encuentran los siguientes:

La prevalencia del consumo de drogas lícitas e ilícitas en Morelia es superior a la media nacional. El 57.9% de los jóvenes en Morelia ha consumido alcohol o tabaco al menos alguna vez a lo largo de su vida, mientras que a nivel nacional lo ha hecho en prome-dio el 53.3%. A lo largo de su vida, el 9.4% de la juventud Moreliana ha consumido marihuana, inhalantes u otras drogas, mientras que en la media nacional sólo lo ha hecho el 8.4% de los y las jóvenes.

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Cabe señalar que el consumo de sustancias legales e ilegales tiene una estrecha relación con la comisión de actos violentos y delitos. Por ejemplo, en un estudio con internos del Centro de Integración para Adolescentes (CIA) de Morelia, se encontró que el 40.62% estaba intoxicado cuando cometió el delito (Herrera y Oropeza, 2008). Ade-más, según la predicción del modelo multinomial utilizado en la primera sección de este estudio, en jóvenes de Morelia el consumo de drogas está asociado a un incremento del 11.3% en la probabilidad de tener problemas con la policía.

A su vez, el 73.2% de los jóvenes en Morelia reportaron tener amigos que experimentan situaciones conflictivas y antisociales. Este tipo de relaciones están asociadas con un aumento de 3.8% en la probabilidad de tener problemas con la policía. Esto resulta relevante para la determinación de la población objetivo debido al papel crítico que tiene la influencia de los pares tanto en el consumo de estupefacientes, así como en el inicio y exacerbación de la violencia.

Se encontró que en Morelia el 25.6% de los jóvenes, que no son jefes de familia, viven en familias monoparentales -casi uno de cada cuatro jóvenes- y que el 70.1% reportó la existencia de dinámicas conflictivas en el hogar. Esta información también fue tomada en cuenta, dado que resalta la relación que existe entre las situaciones adversas que tienen lugar dentro de las familias y la aparición de conductas de riesgo en los hijos, tales como el consumo de sustancias y otras conductas problemáticas y delictivas.

Otro factor que, según el modelo multinomial, está fuertemente asociado a problemas con la policía es la falta de autocontrol. También este factor de riesgo está directamente relacionado con el consumo de sustancias lícitas e ilícitas, con la capacidad de regular por voluntad propia tanto el comportamiento como los niveles de consumo y con la capacidad para mantener un trabajo, estudios y/o una vida estable.Todo lo anterior, se enmarca en un contexto de alta impunidad y con pocas ofertas institucionales que promuevan factores de protección.

Análisis de la lógica causal entre los factores de riesgo

Se puede observar que los jóvenes morelianos presentan factores de riesgo que los hacen vulnerables a la violencia y que se encuentran relacionados en una lógica causal (figura 6). Con un análisis más fino de la relación entre estos factores de riesgo, se identificó que éstos son detonadores de conductas antisociales, que pueden derivar en cometer faltas administrativas, o bien, delitos menores. Esta dinámica se ve reforzada o sostenida por la baja probabilidad de ser sancionado o por la baja efectividad del castigo asociado a dicha sanción, aunado al bajo acceso a recursos de reintegración social (ya sea servicios para superar adicciones y/o de desarrollo humano). Por su parte, las faltas administrativas, cuando no han sido efectivamente sancionadas, aunadas a la incidencia de otros factores de riesgo como los mapeados anteriormente, pueden

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detonar procesos de “escalamiento de la falta administrativa, a los delitos comunes y de éstos a los de alto impacto” (Secretaría de Seguridad Pública, 2012, p. 4).

Actualmente en Morelia, los jóvenes menores de edad son puestos a disposición ante el área de atención a víctimas y no pasan por su debido proceso de audiencia. En el caso de los mayores de edad que son detenidos, pasan por un proceso, en el cual se les hace una revisión médica, se les leen sus derechos, se les notifica el porqué de su detención y se les da una audiencia con un juez. Si resultan culpables -y aceptan su culpa-, se les impone como sanción algunas horas de detención o se les asigna trabajo comunitario. Estas sanciones no atacan al problema de raíz ni son lo suficientemente severas para ser detractoras de la comisión de faltas, esto puede observarse en las altas tasas de reincidencia (Pedro Ponce, comunicación personal, 18 de julio 2017).

El análisis de este proceso causal orientó este estudio a definir como población objetivo a aquellos jóvenes que presentan conductas antisociales bajo el influjo de sustancias lícitas o ilícitas. Esta selección nos permite focalizar a la población que presenta al menos un factor de riesgo importante, sin descartar la presencia de otros factores de riesgo como los que se mencionaron. Además, esta combinación permite focalizar la intervención hacia los jóvenes consumidores de sustancias lícitas e ilícitas, sólo cuando han tenido problemas con la ley y con ello se evita criminalizar el uso recreativo y/o experimental del alcohol y algunas drogas.

Figura 6: Relación causal de los factores de riesgo


Factores de riesgo Factores reforzadores

Abuso o dependencia de sustancias lícitas e ilícitas

Presencia de conductas antisociales

Baja probabilidad de ser sancionado

Detonación del ciclo de la violencia

Amistades con conductas antisociales o conflictivas

Familias disfuncionales y/o nonoparentales

Baja capacidad de autocontrol en los jóvenes

Bajas redes y servicios de reintegración social y apoyo

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Focalización de la población objetivo

Una vez definido que los jóvenes con problemas de abuso y/o dependencia de sus-tancias lícitas e ilícitas que presentan conductas antisociales serían el foco de atención de un posible esquema de pago por resultados en Morelia, se abordó la cuestión de definir el tipo de conductas antisociales a las que se orientaría el programa, así como a especificar la edad de los jóvenes.

Por un lado, debido a que la intervención se implementará a nivel municipal, se identi-ficó que las conductas antisociales que están dentro del marco de acción y facultades del gobierno Municipal son las que se clasifican como faltas administrativas. Trabajar con jóvenes que han cometido estas faltas permitiría con mayor facilidad identificar y seguir a la población identificada, lo cual daría mayor viabilidad operativa al programa. Por otro lado, se encontraron dentro del marco regulatorio de las faltas administra-tivas que existen algunos huecos para poder trabajar con jóvenes menores de edad (Pedro Ponce, comunicación personal, 18 de julio 2017), por lo cual se determinó que la intervención estaría orientada a jóvenes entre los 18 y los 29 años de edad. Es así que la definición de la población objetivo quedó como se señala a continuación:

Jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que cometan faltas administrativas bajo la influencia de alguna sustancia lícita o ilícita dentro del territorio del municipio de Morelia.36

Intervención seleccionada

A fin de responder a las necesidades, intereses y dinámica de problemas de los jóvenes focalizados, se retomó el análisis de intervenciones informadas en evidencia presenta-do en la primera sección de este estudio para revisar qué modelos efectivos existían para la población seleccionada. Dentro de la gama de posibles soluciones, se encontró que existen algunos esfuerzos que focalizan a la población objetivo y que combinan soluciones calificadas como swift, certain and fair (en español rápido, certero y justo) con tratamientos más extensivos para el tratamiento de adicciones.El modelo rápido, certero y justo (RCJ) se basa en el principio de que recibir un castigo leve, pero certero y rápido de ejecutarse, tiene más efectividad en reducir la reincidencia y disuadir las conductas antisociales, que la amenaza de recibir un castigo mayor (Larkin, 2015). En estos modelos las personas que son detenidas por come-ter alguna falta administrativa o un delito menor bajo el influjo del alcohol o drogas son sometidos a una pena que les obliga a practicarse pruebas de alcoholímetro o antidoping muy seguidas, dependiendo de la sustancia bajo la influencia que fueron detenidos (ver figura 7).

36 Según datos de la ECOPRED 2014 (INEGI 2015) y los datos proporcionados por la Comisión Municipal de Seguridad sobre faltas administrativas se puede observar que más del 95% de estas faltas son cometidas por hombres, pero se determinó que en la inter-vención pudieran participar jóvenes de ambos sexos, según sus necesidades de atención.

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Durante tres meses -en promedio- las personas deben acudir diaria o semanalmente a practicarse la prueba. Si salen positivos o no se presentan en el horario previsto, reciben como sanción horas de detención que incrementan gradualmente hasta llegar a las 36 horas. Los sancionados tienen oportunidad de fallar la prueba un máximo tres veces; si superan este rango de tolerancia son vinculados a un programa de tratamiento de abuso y/o dependencia de sustancias según lo requieran.

Figura 7: Diagrama de flujo del programa RCJ.

Supuestos:- Los consumidores de alcohol y otros estupefacientes que pueden controlar su consumo (no tienen

problemas de abuso fuerte o dependencia), un castigo "duro" y rápido es un buen detractor.- La intervención filtro nos ayudará a hacer una focalización adecuada: sólo se enviarán a trata-

miento a quienes por sus acciones indiquen que lo necesitan.

Fuente: elaboración propia con base en el modelo operativo de los programas 24/7 Sobriety Program y Hawaii Opportunity Probation with Enforcement (HOPE) (Larkin, 2015)

A diferencia de otros programas similares, como los de vinculación y las cortes de drogas, los RCJ no imponen el tratamiento de sustancias a todas las personas que co-meten alguna falta bajo el influjo de estas. Por el contrario, se focaliza dicho tratamiento a quienes no logran pasar las primeras tres pruebas o quienes lo soliciten de forma directa, esto lleva a que se ahorren recursos (al no atender a personas que de forma independiente hubieran logrado superar su abuso) e incrementan la probabilidad de apego al tratamiento (Hawken, A. & Keliman, M., 2009). La figura 8 ilustra cómo se articulan los dos programas, mientras que la figura 9 muestra la teoría del cambio que sustenta a los programas de tratamiento de adicciones.

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Figura 8: Modelo operativo general de la intervención.

(1) Ver diagrama de flujo para Programa TCJ.(2) Ver diagrama de teoría del cambio del Programa de tratamiento de adicciones.(3) Invitación a participar en otros programas de prevención de violencia en caso de que el

tamizaje haya señalado la presencia de otros factores de riesgo (salud, violencia, bienestar).


Por otro lado, consistentes con los hallazgos de la segunda sección de este estudio, la teoría del cambio de la intervención propuesta para el tratamiento de adicciones se expone en la figura 9. Como se puede observar, la apuesta del tratamiento para atender a los jóvenes que no logren superar la fase 1 de la intervención (el programa RCJ) tiene un enfoque integral, lo cual a su vez es consistente con lo que dicen las revisiones de literatura de programas informados en evidencia. Por ejemplo, el estudio promovido en el 2014 por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas en los Estados Unidos (NIDA por sus siglas en inglés), recopila los principios que deben seguir los programas que buscan atender el abuso y dependencia de todo tipo sustancias lícitas e ilícitas que se focalizan a adolescentes. En la figura 10, se expone un gráfico sintético el cual es consistente con la teoría del cambio propuesta para un diseño preliminar del programa. Cabe mencionar, que será objeto de un estudio posterior, realizar el diseño a profundidad de dicha intervención y afinar la teoría del cambio acorde a esto.

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Figura 9: Teoría del cambio esquemática del programa de tratamiento de adicciones.


Figura 10: Componentes de un programa integral de abuso de sustancias.

Components of Comprehensive Drug Abuse Treatment

Fuente: National Institute on Drug Abuse (2014)

Modalidad Componente Efecto Impacto

Ambulatoria

Terapia médica

Terapia psicológica individual

Terapia familiar

Orientaciónvocacional

Vinculación y redesde apoyo

Residencial

Mejora de la salud integral

Cambio de usode tiempo

Mejora en el manejode la necesidad(autocontrol)

Mejora en relaciones familiares y/o

de amistad

Cambio y/o ampliación de las redes sociales

Disminución deconsumo

Cambios en patrones de consumo

Disminución deconductas antisociales

y/o delictivas

Aumentoproductividad

Mejora del bienestar subjetivo

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Una vez que se identificaron las intervenciones que son aplicables al contexto de Morelia y que se apegan a la problemática y necesidades detectadas para la población objetivo, el siguiente paso es verificar si estas intervenciones pueden implementarse bajo el esquema de un pago por resultados y, sobre todo, identificar bajo qué esque-ma podrían implementarse. Para esto se utilizó la metodología de Social Finance para identificar si una intervención puede financiarse por medio de un BIS.

Metodología para determinar la factibilidad

Según la metodología de Social Finance y la experiencia que el Laboratorio de Financiamiento y Pago por resultados (iLab) del Tecnológico de Monterrey ha ad-quirido en tema de pago por resultados se ha identificado que para definir si una intervención puede ser financiada por medio de un BIS es necesario se cumplan los siguientes de elementos:

a. Tener una población claramente definida y se pueda monitorear en el tiempo

b. Tener medidas de resultados objetivas y robustas

c. Contar con programas con evidencia de impacto

d. Que la temática sea prioritaria para el (los) inversionista(s)

e. Que la temática sea prioritaria para el sector público

f. Que el costo del programa sea inferior al posible beneficio para el estado

El cumplimiento de todos estos criterios abre la posibilidad de implementar un BIS, la falta de algunos abre las puertas a explorar esquemas de pagos por resultados con otro esquema financiero. En esta sección del estudio se determinará la factibilidad de una cosa u otra.

Evaluación de costo-beneficio de las intervenciones analizadas

Sondeo de costos de la intervención con proveedores potenciales

Uno de los elementos necesarios para realizar la evaluación costo-beneficio de las intervenciones con miras a un esquema de pago por resultados, es el costo de los programas que actualmente ejecutan los posibles proveedores del servicio, es decir, organizaciones de la sociedad civil y empresas sociales.

Para realizar este análisis, se llevó a cabo un sondeo de costos de los diferentes tipos de intervenciones relacionadas con la atención y prevención del uso, abuso y dependencia de sustancias tanto lícitas como ilícitas, que son llevadas a cabo por las organizaciones que se identificaron en la segunda sección de este estudio y que presentaron mejores

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condiciones para considerarse como proveedores potenciales para un esquema de pago por resultados. Además, se realizó el sondeo con organizaciones que atienden específi-camente esta problemática y que preferentemente operan localmente.

Para la obtención de estos datos, se diseñó un instrumento37 en el que las organizaciones reportaron una breve descripción de las intervenciones que llevan a cabo, así como la duración sugerida de la misma, el número de usuarios o beneficiarios por intervención, el costo por persona y un desglose de los tres principales gastos en los que se incurre al momento de realizar la intervención (gastos en personal operativo, gastos totales de materiales y proporción de gastos indirectos que absorbe la intervención). El instrumento y sus instrucciones de llenado fueron enviados vía correo electrónico a las organizaciones que se mencionaron anteriormente, de las cuales sólo cinco respondieron en el plazo establecido para hacer llegar sus datos. A continuación, en la tabla 8, se presenta un resumen del costo total por usuario o beneficiario que reportan las organizaciones, así como las intervenciones que lo conforman38:

Tabla 8: Resumen de costo total de intervenciones por usuario en OSCs consultadas.

Asociación mexicana de psicología y desarrollo

comunitario

FundaciónLa Resiliencia

Centros de Prevención

Comunitaria Reintegra,

I.A.P.

Centro de Desarrollo y Atención Terapéutica

(CEDAT AC)

Centro de Integración Juvenil (CIJ)

Morelia

Costo total de inter-vención integral por beneficiario39

$ 10,577.50 $ 7,171.33 $ 2,317.07 $ 8,275.00 $ 8,296.00

Duración promedio de la intervención

6 meses 6 meses 1 año promedio(3 meses terapia

individual18 meses desa-rrollo humano y

proyecto de vida)

4 meses 3 meses

37 Ver anexo 1 “Instrumento para sondeo de costos de posibles proveedores para un esquema de pago por resultados”.38 La información completa por organización se encuentra en el anexo 2 “Reporte de costos de los posibles proveedores para un esquema

de pago por resultados”.39 Costos en pesos por beneficiario.

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Asociación mexicana de psicología y desarrollo

comunitario

FundaciónLa Resiliencia

Centros de Prevención

Comunitaria Reintegra,

I.A.P.

Centro de Desarrollo y Atención Terapéutica

(CEDAT AC)

Centro de Integración Juvenil (CIJ)

Morelia

Componentes de la intervención

Terapia Médica

TerapiaIndividual

TerapiaFamiliar

Desarrollo humano y pro-yecto de vida

Entrenamiento productivo

Vinculación laboral y/o educativo

Hospital de día de adicciones

TerapiaMédica

TerapiaIndividual

TerapiaFamiliar

Desarrollo humano y

proyecto de vida



Sesiones de yoga

TerapiaIndividual

Desarrollo humano y pro-yecto de vida



Cultura y arte

TerapiaIndividual

Terapia grupalIncluyen

modelo de evaluación

neuro-pisco-lógica para el efecto de programas

enfocados en disminuir vio-lencia reactiva

Terapia Médica

TerapiaIndividual

Terapia Familiar


Clases de Wushu

(tipo de arte marcial)

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por las OSC

Como se puede observar, algunas de las organizaciones coinciden en los componentes de intervenciones, sin embargo, se encontraron variantes entre sus enfoques y la ejecución. Además, los costos individuales pueden variar en razón del volumen de usuarios a los que se les dan las terapias, principalmente aquellas que son grupales y el costo total se divide entre el total de asistentes; o también cuando la intervención requiere de equipamiento tecnológico o altamente especializado, lo que incrementa el costo de la actividad.

Finalmente cabe aclarar, como se mencionó con anterioridad, que el alcance de este es-tudio no abarca el análisis exhaustivo de los costos de las organizaciones, ya que ese nivel de análisis se hace en la etapa de diseño de un esquema de pago por resultados para la implementación de una intervención.

Benchmark de costos

A fin de contextualizar los costos de las organizaciones participantes en el proceso de sondeo, se hizo una búsqueda de costos promedio de programas informados en evidencia similares a los planteados por la intervención. De esta forma se podrían comparar los costos y alcances de los programas y modelos que han sido evaluados con resultados positivos, y dar mayores insumos al análisis de costo beneficio.

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Tabla 9: Resumen de costo total de intervenciones por usuario en MIE.

MultisitemycTherapy40

Funtional family therapy41

Adolescentcommunity

Reinforcement Approach42

Costo total de in-tervención integral por beneficiario43

$7,068 USD por fami-lia. equivalente a $125 mil MXN aproximado

$2,800 USD por familiaequivalente a $49 mil MXN aproximado

$1,200-$1,600 USD por familia equivalen-te a entre $21-$28 mil MXN aproximado

Duración promedio de la intervención

4 meses 3 meses 3 meses

Descripción general Terapia familiarpersonalizada

Terapia familia donde se abordan temas de ha-bilidades parentales y cumplimiento del joven sobre comportamientos cognitivos, emocionales y conductuales

Terapia cognitiva per-sonalizada posterior a la recuperación médica

Fuente: elaboración propia con base en información de modelos operativos

Como se puede observar al comparar los datos reportados en el sondeo de orga-nizaciones locales, con los de los MIE, se identifica que estos últimos se concentran principalmente en las necesidades terapéuticas de los jóvenes y sus familias. Esto se debe a que estos modelos toman como supuesto que los jóvenes que ingresan han pasado ya por un proceso médico de desintoxicación inicial, por lo que éstos se con-centran la cuestión cognitiva-conductual y familia para atender las causas de fondo del abuso o dependencia de sustancia. A su vez, esto enmarca la razón por la cual los MIE tienen una duración menor que la reportada por las organizaciones participantes en el sondeo.

Por otro lado, se observa que los MIE no incluyen de forma explícita cuestiones labo-rales o de proyecto de vida. Como ya se había mencionado en la segunda sección de este estudio, una posible adaptación de un modelo orientado a los jóvenes morelianos debería considerar estos factores, pues se identificaron el bajo nivel educativo y las bajas habilidades técnicas-productivas como factores de riesgo a la violencia en los jóvenes. No obstante, corresponderá a futuros estudios realizar un análisis más profundo para realizar el diseño y adaptación de los MIE al contexto local.

40 Fuente: http://www.blueprintsprograms.com/program-costs/multisystemic-therapy-mst41 Fuente: http://www.blueprintsprograms.com/program-costs/functional-family-therapy-fft42 Fuente: https://www.childtrends.org/programs/adolescent-community-reinforcement-approach/43 Costos en Dólares Norteamericanos (USD). Tipo de cambio $17.50 pesos por 1 USD

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En cuanto a costos, en primera instancia es importante mencionar que se identificó que una de las terapias, la Multisistémica, tiene un costo significativamente mayor a las otras dos que también reportan evidencia sólida44. Se encontró que los costos reportados en el sondeo local son mucho menores que los de los MIE. Esto se puede explicar por las diferencias de costo de vida y costos indirectos de los programas en Estados Unidos (donde se han probado dichas terapias), entre otros factores de diseño. No obstante, esta comparación plantea un referente importante para el análisis de costo-beneficio.

Alternativas del modelo financiero

Los pagos por resultados, en general, y los BIS, en particular, aportan valor social a los grupos que atienden, aunque éste no siempre sea cuantificable y medible en términos monetarios. Para el caso de Morelia las aportaciones son claras. Muchas infracciones administrativas, así como incidentes de tránsito son cometidos porque una o varias personas se encuentran en estado de ebriedad o bajo la influencia de alguna sustancia. Entre julio 2016 y junio 2017 la Ciudad de Morelia detuvo a 2,221 personas por faltas administrativas, la mayor parte de los detenidos fueron hombres (95%) y 52% de los detenidos estaban bajo la influencia del alcohol o algún otro estupefaciente. Esta relación se mantiene para los detenidos menores de 30 años.45 Está demostrado que atender problemas de abuso de sustancias disminuye los riesgos de problemas con la ley y, por ende, contribuye a una comunidad más segura y confiable (Social Finance, 2012). En términos de percepción de seguridad, Morelia cuenta con una percepción de inseguridad mayor a la cifra nacional46. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de marzo 2017 (INEGI, 2017), 77% de los morelianos se sentían inseguros en diciembre 2016. Se reporta una pequeña disminución para marzo 2017 donde 75% percibe la ciudad como insegura. Los costos inherentes de este fenómeno son difíciles de monetizar, pero existentes.

Un criterio fundamental para decidir la factibilidad de un BIS en vez de cualquier otro esquema de pago por resultados, es que exista un caso financiero para el gobierno en cuestión. En otras palabras, que la intervención que se financie a través del BIS genere un ahorro a los contribuyentes o genere mejores resultados con el mismo presupuesto. El ahorro puede medirse de tres maneras:

Sobre gastos que hoy se hacen: el gobierno atiende una problemática social a través de algún servicio determinado al que asigna un presupuesto para su ejecución. Sin embargo, existe alguna intervención que es más eficiente que el servicio que ac-tualmente se practica o que previene el problema. La nueva intervención debe costar menos que el total de desembolsos que realiza el gobierno por el servicio actual.

44 Aunque no es el alcance de este estudio examinar esta cuestión, se podría argumentar que esto podría deberse a que esta terapia tiene costos de licenciamiento, personal más especializado y costos indirectos más altos.

45 Datos proporcionados por la Comisión de Seguridad de Morelia.46 En el país, 14.1% de los habitantes reportaron sentirse inseguros en diciembre 2016 y 72.9 % en marzo 2017.

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Una forma aplicada de ver este esquema es el primer BIS que se realizó a nivel mundial en Reino Unido. En este caso se generó un ahorro al gobierno británico por bajar la tasa de reincidencia penitenciaria de primo delincuentes, donde el gobierno gastaba en cortes y estancia en la prisión una suma mayor al costo de la intervención más un retorno a la inversión.

Sobre ingresos que se dejan de percibir: existe un problema social que genera una situación que reduce los ingresos potenciales que recibe el gobierno, ya sea vía impuestos u otros derechos que cobran. Por ejemplo, la población de cierta ciudad cambia sus patrones de consumo cuando percibe una situación de inseguridad pública generado por la violencia. Uno de los cambios en consumo puede ser quedarse en sus hogares a partir de cierta hora y dejar de utilizar restaurantes que generan actividad económica y una serie de impuestos. También puede darse el caso donde baje el turismo por la percepción de inseguridad, lo que genera capacidad ociosa hotelera e ingresos perdidos para el gobierno municipal vía impuestos hoteleros.

Sobre un gasto que debe hacerse por ley que no se realiza: en este caso hay un ahorro implícito sobre un servicio que debe proveerse, pero de momento no se cumple con el mandato legal. Por ejemplo, según el artículo 4º constitucional “[t]oda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017, p. 8). No obstante, existen una serie de viviendas sin agua entubada a la vivienda o terreno. De acuerdo con el Conteo Intercensal de 2015 (INEGI 2015b) más de 1.7 millones de viviendas estaban en esta situación a nivel nacional. De existir una intervención que lleve agua a estas viviendas sin tener que instalar infraestructura para agua potable, esta situación representa un ahorro implícito para el Estado en términos de infraestructura y bombeo de agua.

Estos tres escenarios no son mutuamente excluyentes y pueden sumarse al momento de pensar en servicios e intervenciones específicas. La dificultad de medir el ahorro y plantearlo en términos prácticos es incremental en el orden en que están enlistados los escenarios. En general, es más sencillo identificar gastos que se realizan para atender algún problema específico y compararlos directamente contra alguna alternativa, que medir la alternativa contra ingresos no recibidos o ahorros implícitos. Los gastos pueden calcularse en el tiempo y traer los flujos a valor presente para hacerlos comparables con erogaciones alternativas. Este fue el caso para calcular el BIS para el estado de Jalisco, para la intervención con jefas de familia. En este caso, se proyectó el número de años que las jefas de familia pasarían en un programa de transferencias no condi-cionadas que hoy reciben para calcular el valor del flujo en el presente y compararlo con el costo de la intervención alternativa. Como resultado se pronosticó un ahorro para el Gobierno del Estado de Jalisco de 70% a 200%.

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Aun cuando el ahorro repercute finalmente en el bolsillo de los ciudadanos, se debe identificar el nivel de gobierno al que afecta. Para el caso de México, y dado el pacto fiscal prevaleciente, nos referimos a los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Para cada uno de los órdenes es importante identificar los posibles ahorros y beneficios con el fin de reconocer pagadores finales potenciales. Algunas interven-ciones pueden generar ahorros para más de un orden de gobierno. En el caso de Jalisco se identificaron ahorros directos para el gobierno estatal. Adicionalmente, se analizaron ingresos que podrían captarse por la federación por impuestos sobre ingresos y cuotas al IMSS en caso de formalizar a las jefas de familia. Sin embargo, no se incluyó formalmente este ahorro en el caso financiero dado que la intervención no estaba diseñada para generar actividades laborales formales, aunque puede ser un subproducto que genere ahorros a la federación.

Para la intervención propuesta para Morelia se puede considerar financiarla a través de un BIS o de un pago por resultados más general. De acuerdo a la ley del estado de Michoacán, el tratamiento de adicciones es un mandato de los municipios que se debe cumplir a través del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (Periódico Oficial NUM 53 publicado el 21 de mayo de 2009, capítulo VIII fracciones II y V). De acuerdo con el Programa Operativo Anual (POA) 2017 de Morelia, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tiene un presupuesto asignado de 57 millones de pesos. El DIF considera de manera general, dentro de sus programas para atención a menores en riesgo, la prevención de adicciones como uno de 16 subprogramas. Adicionalmente, el presupuesto de Morelia en 2017 considera 743 mil pesos para capacitaciones a 700 personas para “[p]romover y desarrollar fortalezas y habilidades de protección en las niñas, niños, adolescentes y sus familias, con temas como acoso sexual, abuso infantil, adicciones, embarazo adolescente”. Finalmente, el municipio tiene dentro de sus planes abrir un centro para tratamiento de adicciones para el que quiere destinar alrededor de 2 millones de pesos para equipamiento (gastos de capital). Estos recursos fueron solicitados el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del FORTASEG, sin embargo, la federación no ha resuelto si el recurso será autorizado y tampoco se tienen los fondos para poner en operaciones el centro (Comunicación personal, diversos funcionarios públicos, junio-julio 2017).

Dictamen de factibilidad para la implementación de programas in-formados en evidencia mediante esquema de pago por resultados

A continuación, se presentan los seis criterios que se toman en cuenta para determinar la factibilidad de establecer un esquema de pago por resultados, así como los hallaz-gos encontrados en el contexto de Morelia, Michoacán. El cumplimiento de todos o algunos de estos criterios, determinarán cuál es el esquema bajo el cual se propondrá la implementación de la intervención y cuáles serán los siguientes pasos para hacer de esto una realidad.

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Los seis criterios (ver figura 11) fueron tomados de la metodología utilizada por Social Finance, la cual ha sido tropicalizada por iLab para responder al contexto mexicano. A continuación, se presentan los hallazgos de cada criterio:

Figura 11: Criterios de viabilidad para un esquema de pago por resultados.

Fuente: Social Finance, 2015

Población beneficiaria claramente definida

El primer criterio que se toma en cuenta es que se tenga claridad en la definición de la población a la que estará dirigida la intervención y que ésta se pueda seguir en el tiempo. La intervención propuesta busca trabajar con jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, que cometan faltas administrativas bajo la influencia de alguna sustancia lícita o ilícita, dentro del territorio del municipio de Morelia. El modelo operativo propuesto está compuesto por dos fases: la primera, la cual se lleva a cabo con el programa de RCJ, sirve como filtro para focalizar a qué sector de la población objetivo estará dirigida la segunda parte de la intervención.

Dirigir una intervención a jóvenes con un rango de edad definido (18 a 29 años de edad), que han cometido una falta administrativa bajo la influencia de una sustancia (y han sido detenidos por la policía), implica saber claramente a qué sector de la pobla-ción joven va dirigida la intervención. La implementación del programa de RCJ, como se mencionó con anterioridad, es fundamental para dirigir el tratamiento de abuso

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y dependencia de sustancias a quienes realmente lo necesitan y no abiertamente a cualquier joven que cometa una falta administrativa bajo la influencia de una sustancia. Es importante recalcar aquí los supuestos que rigen la implementación de estas dos intervenciones fusionadas:

• No todos los jóvenes que consumen sustancias tienen problemas de abuso y/o dependencia.

• Las faltas administrativas cometidas bajo la influencia de alguna sustancia no siempre son causadas por un problema de abuso o dependencia de estas sustancias.

Un castigo rápido, certero y justo sirve como detractor del uso de sustancias -en el tiempo que la sanción determina- para los jóvenes que no tienen problemas de abuso y/o dependencia.

Aquellas y aquellos jóvenes que fallan en mantenerse limpios y/o sobrios durante el tiempo de su sanción, tienen una mayor probabilidad de necesitar ayuda para controlar su uso de sustancias.

A la población seleccionada, se le puede dar seguimiento dado que los juzgados cívicos cuentan con sus datos. Además, con la intervención propuesta se pretenden ampliar el rango de seguimiento que se le da a estos jóvenes.

Medidas de resultados objetivos y robustas

Qué medir y cómo medirlo es una de las preguntas más importantes para la imple-mentación de una intervención bajo un esquema de pago por resultados. De cómo se determine el éxito y la medición de estos indicadores dependerá el pago para la organización implementadora y/o el inversionista, según el tipo de esquema de financiamiento que se utilice. Para llevar a cabo un pago por resultados con éxito es necesario que los pagos estén ligados tanto a algunos indicadores de producto y/o proceso, así como a indicadores de efectos intermedios.

Existen en la literatura grandes discusiones sobre qué debe de medirse en las inter-venciones de tratamiento de adicciones y el grado de dificultad para llevar a cabo dichas mediciones. Según un estudio sobre BIS y esquemas de pago por resultados para programas de tratamientos de adicciones hecho por Social Finance (2012), se propone como primer paso entender en qué consiste la recuperación de un problema de abuso o adicción a sustancias para poder así proponer qué métricas utilizar. Éstas deben ser simples de medir y tener un alto grado de certeza de que realmente reflejan lo que se desea medir.

Entre los resultados deseables mínimos que deben observarse en una intervención para tratar abuso y dependencia a sustancias están: la reducción del uso de drogas

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y/o alcohol, la reducción en el comportamiento antisocial y/o criminal y el involucra-miento o regreso a actividades educativas y/o laborales. En algunas intervenciones se mide también el bienestar de la persona (tanto físico como emocional), sus relaciones personales (dinámicas familiares, sobre todo) y su acceso a tener un hogar estable. Además, se ha demostrado que los esquemas de pagos por resultados han derivado en un cambio favorable en las métricas de calidad de la implementación y trato de los pacientes (Social Finance, 2012). Dentro de las posibles intervenciones a adoptarse para la segunda fase de la intervención se encontró que la Terapia Familiar Funcional, la Terapia Multisistémica y el programa de Enfoque de Refuerzo Comunitario en Adolescentes tienen mediciones que van en este sentido.

Programas con evidencia de impacto y organizaciones con capacidad para implementarlos

Como se mencionó en la introducción de esta sección, una vez identificada la población objetivo, rango de edad y prevalencia de factores de riesgo, se procedió a seleccionar y proponer una intervención alineada a las necesidades y problemáticas de la pobla-ción objetivo. La selección de la intervención consideró tres criterios: 1) desempeño e impacto social, 2) apropiabilidad y 3) viabilidad operativa.

A continuación, se explica brevemente cómo el diseño de la intervención propuesta47

responde a estos criterios:

• Desempeño e impacto social: La intervención propuesta es una combinación entre dos tipos de intervenciones las cuales de forma individual cuentan con evidencia de impacto, tanto de métodos cuasiexperimentales como de pruebas controladas aleatorias. Por el lado de los programas RCJ, se encontró que los programas 24/7 Sobriety y HOPE cuentan con al menos un estudio de impacto que prueba su efecti-vidad (Kilmer, Nicosia, Heaton & Midgette, 2013; Larkin, 2015; Hawken & Kleiman, 2009). En lo que respecta a la intervención de la segunda fase, derivado del análisis de los MIE identificados en la segunda sección de este estudio, se identificó una amplia variedad y aproximaciones para la superación del abuso o dependencia de sustancias. No obstante, para fines de esta última sección del estudio, se profundizó en la disponibilidad de modelos que tuvieran evidencia probada en población con características similares a las de los jóvenes en Morelia. Se encontró que existen tres modelos que han sido evaluados múltiples veces de forma positiva en diferentes escenarios: por un lado la Terapia Multisistémica (Henggeler, Clingempeel, Brondino & Pickrel, 2002; Henggeler, Halliday–Boykins, Cunningham, Randall, Shapiro & Cha-pman, 2006), Terapia Familiar Funcional (Sexton & Turner, 2010; Celinska, Furrer & Cheng, 2013) y el Enfoque de Reforzamiento Comunitario para Adolescentes (Godley, Godley, Dennis, Funk & Passetti, 2006; Slesnick, Prestopnik, Meyers, & Glassman, 2007)

47 El diseño de la intervención propuesta se encuentra explicado en la introducción de esta (la tercera) sección del estudio.

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• Apropiabilidad: Este aspecto se refiere a que el diseño de la intervención responda a los intereses/necesidades de la población objetivo y que cuente con posibilidades reales de atraer la participación de un número importante de dicha población objetivo. En este sentido, la intervención propuesta también cuenta con importantes fortalezas, en el sentido de que si bien no es un situación deseable que una persona sea detenida por una falta administrativa bajo el influjo de alguna sustancia lícita o ilícita, un acierto importante del diseño de la intervención es, que a través de la primera fase del modelo, busca “filtrar” a aquellos jóvenes que realmente necesitan un apoyo adicional para superar su condición de abuso o inclusive adicción a sustancias. Con ello, se evita el desperdicio de recursos, al mejorar la focalización de la segunda fase del modelo a sólo a aquellas y aquellos jóvenes a quienes la necesitan. Además, como se muestra en la figura 8, el programa contempla la aplicación de herramientas de tamizaje que permitan identificar la variedad de factores de riesgo a los que los jóvenes están expuestos, para que se les vinculen con servicios adecuados a sus necesidades y se personalice su tratamiento hacia terapias y protocolos de intervención relevantes, de acuerdo a su condición de vida. Lo anterior es una mejor práctica encontrada en los MIE analizados en la primera sección.

• Viabilidad operativa: este aspecto se refiere a que el esquema de operación de la intervención sea viable y se implemente en un lapso de tiempo adecuado y tolerable para los posibles inversionistas del esquema de pago de resultados y/o el pagador final. La intervención propuesta tiene una duración variable según el caso, no obstante, en el supuesto de que se implementen las acciones de mejora para la implementación de un juzgado cívico, la fase 1 podría llevarse de forma eficiente y dentro de los tiempos planteados (3 meses). La fase 2, es decir la de tratamiento de adicciones, tiene una variabilidad importante de entre 3 y 15 meses aproximadamente. Este tiempo es muy razonable, ya que se podría esperar que dentro del plazo de una administración municipal pudiera haber al menos dos ciclos de apoyo completados.

Por último, en lo que respecta a la disponibilidad de OSC con capacidad para imple-mentar estas intervenciones, la segunda sección de este estudio presentó los hallazgos del análisis de capacidad de las organizaciones locales. De forma general, vale la pena recordar que se encontraron áreas importantes de oportunidad en las OSC locales en Morelia; no obstante, existen organizaciones, como es el caso de los Centros de Integración Juvenil y Fundación Resiliencia que se dedican exclusivamente a la atención de jóvenes y adultos con problemas de abuso y adicción a sustancias lícitas e ilícitas que obtuvieron resultados interesantes: ambas cuentan con al menos programas informados en evidencia y con capacidad administrativa y operativa razonable.

Para los estándares de capacidad requeridos por un esquema de pago por resultados se requería realizar un esfuerzo importante de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones implementadoras, de ser elegida alguna organización local.

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En este escenario, se recomienda llevar a cabo un esquema de transferencia de ca-pacidades tanto a nivel organizacional, como a nivel de mejora de los modelos de intervención en sí, que permita a las organizaciones locales adoptar y/o perfeccionar sus modelos informados en evidencia. Será labor de un estudio posterior de diseño del esquema de pago por resultados abundar en esta cuestión y diseñar a detalle el proceso de fortalecimiento y transferencia de capacidades; no obstante, con la información obtenida a lo largo de este estudio se prueba que existe un escenario viable para la implementación de dichos modelos con una posible colaboración de actores locales.

Temática prioritaria para el (los) inversionista

Dentro de la segunda sección de este estudio se reportó la información del bosquejo preliminar llevado a cabo con posibles inversionistas, en el cual se mapeó el posible interés de actores del sector privado y fundaciones filantrópicas en invertir en es-quemas de pagos por resultados y en temas de prevención de la violencia. Como se mencionó en esa sección, existe un creciente interés por medir el impacto que tienen los programas que reciben dinero de terceros para poder ser implementados. El grupo de investigadores de este estudio ven un escenario positivo en cuanto a tener inversionistas interesados en financiar la intervención propuesta. Este optimismo se sustenta en la importancia que ha adquirido la evaluación de impacto en los últimos años, el creciente ecosistema de inversión de impacto que se ha establecido en México y el interés manifestado por distintos actores por contribuir en la atención de temas relacionados con violencia y juventud (tanto en la ciudad de Morelia como en el país).

Aunado a esto, ahora que se ha determinado la población objetivo y la operatividad de la intervención propuesta, se ha identificado a otros posibles colaboradores que no habían sido considerados en la segunda sección. Desde hace unos años, las aseguradoras han empezado a realizar una serie de inversiones en investigaciones y experimentos sociales para probar como los esquemas de pago por resultados podrían ayudar a reducir siniestros y/o enfermedades graves, y por ende bajar los costos de este tipo de empresas. La gama de intervenciones que han empezado a financiar incluye inter-venciones sencillas, como contribuir con gobiernos municipales a pintar mejor las líneas peatonales o marcar mejor las señales de tránsito con el fin de reducir los accidentes viales que llevarán a la larga a pagos por parte de la aseguradora, hasta esquemas más complejos en los cuales se ha analizado invertir en temas preventivos de enfermedades crónico-degenerativas, como en el caso de la Diabetes tipo 2. Algunas aseguradoras ya han establecido unidades de pago por resultados, por lo que se concluyó incluir una serie de reuniones con estas empresas -en caso de continuarse con el diseño del esquema de pago con resultados- con el fin de medir su interés en la prevención y control de adicciones con el fin de reducir riesgos futuros.

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Problemática prioritaria para el sector público

Como se mencionó en la segunda sección de este estudio, el Gobierno Municipal de Morelia ha manifestado interés en atender la problemática de violencia y delincuencia a la que se enfrenta la población joven del municipio, particularmente la problemática asociada con el abuso de sustancias. Este interés se deriva de la preocupación expresada por la ciudadanía en la consulta pública que se llevó a cabo para integrar el Plan Muni-cipal de Desarrollo (PMD) 2015-2018 (H. Ayuntamiento de Morelia 2015-2018, 2015, pág. 136). Dicha preocupación fue retomada como acción estratégica tanto en el PMD 2015-2018 como en el documento de Morelia NeXT - el Plan de Gran Visión 2014.

Aunado a esto, en el trabajo de campo de este estudio y en entrevistas con el Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, actual presidente municipal de Morelia, e integrantes de su gabinete, se manifestó el interés de atender a los jóvenes que, bajo la influencia de algunas sustancias, cometen actos violentos y/o delictivos. Para ello se tiene el in-terés de abordar la problemática mediante intervenciones y procesos novedosos que conduzcan a resultados contundentes y sostenibles a lo largo del tiempo (A.J. Martínez Alcázar, J. Morelos, comunicación personal, 06 junio 2017). Un ejemplo de ello es la reciente modificación al reglamento y catálogo de sanciones por faltas administrativas en el que se consideran los tipos de trabajo comunitario y que pueden incluir la ins-trucción de asistir a terapias y/o capacitaciones que contribuyan a la erradicación o desincentivación de lo que originó la falta administrativa (Pedro Ponce, comunicación personal, 18 julio 2017). Otro ejemplo de este interés es la gestión de fondos de FORTASEG por parte del gobierno municipal para equipar un centro municipal de atención a adicciones y la creación de una escuela de oficios para proporcionar capa-citación para el empleo y reducir así la incidencia de faltas administrativas48 (Alfonso Jesús Martínez Alcázar, comunicación personal, 06 junio 2017).

Finalmente, es importante indicar que no sólo se trata de una problemática prioritaria para el sector público, sino también para el sector privado y las organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil así como la Mesa de Seguridad y Justicia de Morelia, en las entrevistas realizadas para este estudio, confir-maron que el uso de sustancias por parte de los jóvenes tiene graves consecuencias en términos de violencia y delincuencia y, por ello, se han involucrado desde distintos frentes para contribuir en la solución de la problemática (C. López, A. Carreño y S. Herrera, comunicación personal, 3 mayo 2017).

Coste del programa inferior al posible beneficio

Un requisito importante para identificar si el esquema financiero que debe recomen-darse es el diseño de un BIS o de otro esquema que financie un pago por resultados,

48 Por ejemplo, faltas administrativas por el uso de espacios públicos para actividades lucrativas sin autorización.

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es el establecimiento de un caso financiero robusto en el que se generen ahorros para diferentes instancias de gobierno y, así, se eficientice el uso del dinero de los contribuyentes y se alcancen a la par los resultados esperados. De existir un caso financiero sólido de ahorros, el mejor esquema a utilizarse es el BIS, en caso de que no, se recomienda usar otro tipo de esquemas.

Para el caso particular de Morelia, se encontró que no existe, por ahora, una interven-ción que esté enfocada a las necesidades de la población joven de la ciudad y que su implementación represente un ahorro directo para los gastos en los que el gobierno municipal ya incurre. Como se puede observar, el gasto municipal en prevención de adicciones es bajo, aun cuando es un tema que preocupa al alcalde, al comisionado de seguridad y a la ciudadanía. La intervención propuesta atiende a un mandato que los municipios de Michoacán tienen. Sin embargo, aunque la ciudad de Morelia está obligada a ofrecer programas para personas con problemas de abuso y/o dependencia a sustancias, actualmente se cuentan con recursos muy limitados -en todos los niveles de gobierno- para echar a andar esta política pública.

En la situación actual existe un ahorro implícito por parte del municipio y abre la posibilidad de dos opciones: un BIS (en caso de que el municipio reasigne recursos a la intervención) o un pago por resultados (donde se puede conseguir a un tercero interesado que quiere experimentar con el modelo que se propone). Por esta razón, se sugiere un implementar un esquema de pago por resultados innovador alternativo al Bono de Impacto Social. Los mecanismos de pagos por resultados permiten una colaboración entre el sector público y privado para proveer servicios que tienen re-sultados demostrados favorables para la sociedad. Existen distintas modalidades de pagos por resultados, como aquellos en los que los pagadores finales son empresas, fondos filantrópicos u organismos internacionales.

Flujograma de diseño y potencial de implementación de proyectos Como se puede observar en el análisis de los criterios de factibilidad de un BIS, el único criterio que no se cumple cabalmente es el del “coste del programa inferior al posible beneficio”. Por esta razón, se recomienda que se continúe con el diseño de una implementación de un programa bajo un esquema de pago por resultados que sea financiado por una alternativa distinta a un BIS. Para poder llevar a la realidad la implementación de la intervención propuesta es necesario que el paso siguiente a este estudio sea empezar la fase de diseño del esquema de pago por resultados. Indepen-dientemente de si el esquema de financiamiento es un BIS u otro tipo de esquema de pago por resultados los pasos siguientes son prácticamente los mismos.

En la figura 12 se ilustra cómo se vería la articulación de los siguientes pasos para el caso particular de Morelia. En este diagrama de flujo se toman en cuenta a los actores

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involucrados en este momento y se menciona en qué fases se integrarían otros actores, como los proveedores de servicios y los inversionistas. Cabe mencionar de nuevo que, aunque el flujograma menciona sólo a los BIS, aplica de igual forma para otros esquemas de pagos por resultados. En caso de que se buscara replicar la intervención en otras ciudades del país, el esquema también sería muy similar.

Figura 12: Flujograma de diseño de un esquema de pago por resultados.

Fuente: elaboración propia con base en modelo de Social Finance

Potencial de réplica para otras ciudades del país

Con base en la identificación de los factores de riesgo más relevantes a los que se en-cuentran expuestos los jóvenes en Morelia, se hizo un análisis de esos mismos factores en otros municipios49 para comparar las características de la población y, con ello, el potencial de réplica de la propuesta de intervención. En general, los resultados indican que la juventud de entre 12 a 29 años en las cinco ciudades están expuestas de forma similar a los factores de riesgo que afectan de manera relevante a la juventud en Morelia.

49 Los municipios elegidos son los que el Programa de USAID ha determinado como de interés para realizar acciones de prevención de la violencia. Estos son: Chihuahua, Juárez, Guadalajara, Tonalá, Zapopan, Escobedo, Guadalupe, Monterrey y Tijuana. Cabe señalar que, por la disponibilidad de datos, para este análisis se consideraron tanto la Zona Metropolitana de Guadalajara como la de Monterrey y por ello aquí se hace referencia únicamente a cinco ciudades.

Análisis deFactibilidad

Fase deDiseño

Fase de Contratación

Fase de Adquisiciones

Fase de Movilización

¿El BISes viable?

¿Precompromisode capital?

¿Contratofirmado?

¿SPV y Fideicomisofondeados?

LanzamientoBIS

T

M

U

OF

D

I

P

Tec de Monterrey

Morelia

USAID

Otros pagadores de resultados

Diseñador de la evaluación

Inversionistas

Proveedores

T T T

T

T

T

M M M

M

M

M

U

OF

OF

OF

D

D

I

I

I

P

P

Sí

Sí

Sí

Sí

U

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Según las conductas de riesgo que se busca prevenir, en la figura 13 puede observar-se que según la ECOPRED 2014 (INEGI 2015b) los jóvenes reportaron en medida similar haber realizado alguna conducta delictiva50 (Morelia, 9.5%; Chihuahua, 11.8%; Zona Metropolitana de Guadalajara, 14%; Ciudad Juárez, 11.7%; Zona Metropolitana de Monterrey, 9.9% y Tijuana, 8.8%). De igual modo, al centrarse en los factores de riesgo para la aparición de ese tipo de conductas, se puede observar que los jóvenes de los cinco municipios reportaron su presencia en grado similar a como lo reportaron los de Morelia.

Con lo anterior, es interesante notar que el factor de riesgo (consumo de alcohol y tabaco) que se consideró como muy relevante para Morelia (57.9%), se encuentra en grado similar en las otras ciudades (Chihuahua, 52.6%; Zona Metropolitana Gua-dalajara, 59.6%; Ciudad Juárez, 36.6%; Zona Metropolitana de Monterrey, 48.2% y Tijuana, 48.7%). Lo mismo se observa con la presencia de dinámicas conflictivas en el hogar (Morelia, 70.1%; Chihuahua, 69.5%; Zona Metropolitana de Guadalajara, 70.7%; Ciudad Juárez, 69.7%; Zona Metropolitana de Monterrey, 64.2% y Tijuana, 67.6%) y amistades que consumen alcohol y tabaco (Morelia, 58.8%; Chihuahua, 48.3%; Zona Metropolitana de Guadalajara, 59.4%; Ciudad Juárez, 44.5%; Zona Metropolitana de Monterrey, 50.8% y Tijuana, 44.3%).

Por lo tanto, con base en el análisis comparativo de los factores de riesgo hecho entre los municipios de interés para USAID, se puede concluir que, dado que la exposición a factores de riesgo de los jóvenes de las ciudades tomadas en cuenta es similar a la de Morelia, la intervención propuesta para este municipio podría ser replicada en estas ciudades. Además de la similitud de presencia de factores de riesgo con los municipios de interés para USAID, existen otros municipios en el país con los cuales se puede hacer una comparación de factores de riesgo para analizar la pertinencia de llevar esta intervención a ellos.

Aunado a las similitudes que existen sobre la presencia de factores de riesgo en jóvenes de las ciudades consideradas, cabe señalar que el modelo propuesto podría comple-mentar la estrategia de las cortes de drogas que se está implementando desde 2009 en varias entidades federativas del país mediante los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones (TTA) (Ramírez Hernández 2016), principalmente para ser escalada a nivel municipal. Esta estrategia se presenta como una alternativa para atender el problema de los delitos relacionados con las drogas lícitas e ilícitas, así como para resolver el problema de la sobrecarga de los sistemas penitenciarios y evitar la reincidencia de quienes cometen delitos. En general, este modelo combina el tratamiento de adicciones con la supervisión judicial.

50 Las conductas delictivas consideradas incluyen: pertenencia a pandilla violenta, el uso de arma para defensa personal, vandalismo y detención o arresto.

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Figura 13: Presencia de factores de riesgo en población de 12 a 29 años de edad por municipio.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la violencia y la Delincuencia 2014 (INEGI, 2015).

Existen algunos aspectos que continúan siendo problemáticos en la implementación de los TTA en México, según los observa Ramírez Hernández (2016). Por ejemplo, la oferta institucional para la atención y tratamiento de los problemas de consumo y adicción en el país siguen siendo limitados, y además es relevante que en esta estrategia en general solo se contempla el uso de la infraestructura pública para realizarla. De igual manera, se señala que el 92.3% de los participantes de los TTA son solamente poseedores de marihuana, y aunado a esto se da por hecho que quienes son detenidos tienen un problema de abuso o dependencia a sustancias tóxicas, de tal modo que una persona detenida que hubiese consumido por primera vez es ingresada el programa. Y, también, se ha señalado que el tratamiento que se ofrece no distingue entre distintos tipos de consumidores, lo que compromete los resultados de esta estrategia.

Por lo anterior lo anterior, se considera que el modelo que se propone aquí podría dar respuesta a los problemas señalados en los TTA. En este sentido, un modelo de pago por resultados para la prevención de la violencia mediante la atención del abuso de sustancias que cuente con una intervención filtro podría subsanar las carencias que existen en el ámbito público para dar respuesta a este problema. De esta manera se haría uso de las capacidades con las que ya cuentan el sector privado y algunas organi-zaciones de la sociedad civil, y además se aseguraría una atención efectiva al problema.

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A su vez, el modelo que se propone evita que ocurran situaciones como la descrita en la que ingresan al tratamiento personas que en realidad no tienen un problema de abuso o adicción a sustancias, al implementar una estrategia en la que una persona sólo es susceptible del tratamiento una vez que ha sido detenida tres veces bajo la influencia de una sustancia o por solicitud expresa. Y, más aún, el modelo que se pro-pone contempla la utilización de intervenciones informadas en evidencia, las cuales dan una atención integral y muchas veces individualizada y adaptada a las condiciones particulares de las personas, al problema de abuso y adicción, de tal modo que se aseguran resultados efectivos del tratamiento.

Por último, cabe señalar que, por lo menos a nivel federal y estatal, desde el sector gubernamental existe un claro interés por implementar soluciones alternativas, como la que se propone en este modelo, respecto al problema de la delincuencia relacio-nada con las drogas legales e ilegales, particularmente porque se espera que para el 2018 existan TTA en todas las entidades federativas (Ramírez, 2015). La existencia de TTA con el uso de la intervención propuesta es una oportunidad para fortalecer el modelo de justicia cívica que forma parte de las estrategias promovidas por USAID. Implementar un programa de RCJ podría disminuir los costos asociados a los TTA y hacer un uso más eficiente de los recursos.

Este tipo de intervención es replicable tanto a nivel municipal o a nivel estatal, la evidencia existente se sostiene tanto para aplicarse con jóvenes que cometen faltas administrativas, así como delitos menores bajo la influencia de sustancias.

Conclusiones

A lo largo de este estudio se analizaron las problemáticas a las que se enfrenta la juventud moreliana en términos de exposición a factores de riesgo, que derivan en probabilidades altas de propensión a la violencia. Al mismo tiempo se revisaron una gama de Modelos Informados en Evidencia (MIE) con el fin de encontrar una o varias posibles soluciones a la problemática analizada. En esta tercera y última sección de este estudio se retomaron los análisis y conclusiones planteadas en las dos secciones anteriores para poder determinar la población objetivo y proponer una intervención que responda a las necesidades detectadas en la población objetivo a través de un esquema de pago por resultados.

La población objetivo definida para este estudio es:

Jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que cometan faltas ad-ministrativas bajo la influencia de alguna sustancia lícita o ilícita

dentro del territorio del municipio de Morelia.

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Una vez determinada la población objetivo y planteada la propuesta de intervención, se llevó a cabo un análisis costo beneficio de la propuesta de intervención para des-pués determinar la factibilidad de financiar la intervención por medio de un BIS u otro esquema de financiamiento de pago por resultados. El análisis costo beneficio arrojó que el ahorro para el municipio es viable pero difícil de monetizar. Los criterios de viabilidad que se tomaron en cuenta arrojaron un dictamen positivo para la viabilidad de un esquema de pago por resultados y un escenario posible pero complicado para la implementación de un BIS. De los seis criterios de factibilidad el único se encontró un poco endeble fue que el costo del programa fuese inferior al posible beneficio en términos de ahorro de presupuesto para el municipio.

Por estas razones se recomienda que se implemente la intervención bajo un esquema de pago por resultados innovador que no sea precisamente un BIS, pero que sí implique la interacción del gobierno municipal, inversionistas privados y organizaciones de la sociedad civil que implementen la intervención.

En cuanto al potencial de réplica hacia otras ciudades en las cuales USAID tiene trabajo, la intervención propuesta es fácil de replicarse y se encontró que existen condiciones para que también sea efectiva en otras ciudades.

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CONCLUSIONES

La juventud de Morelia es un grupo poblacional que presenta diversas problemáticas, una de las más preocupantes es la violencia y delincuencia a la que son susceptibles y/o pueden generar. El presente estudio surge de la necesidad de obtener información sobre los factores específicos para atender de forma efectiva las particularidades de los jóvenes con mediano y alto riesgo a la violencia en Morelia; de documentar y adaptar modelos informados en evidencia para jóvenes; así como de diseñar esquemas que articulen a actores gubernamentales, privados y sociales en estrategias con impacto probado y viabilidad financiera bajo una lógica de Sistemas Locales de Prevención.

Derivado de esto, la investigación se planteó el objetivo de realizar un análisis de factibilidad para inversión social en programas informados por evidencia para jóvenes de 15 a 29 años en situación de riesgo asociadas a la violencia en Morelia, con poten-cial escalamiento a otras urbes del país. Para ello, el estudio propuso tres objetivos específicos: Primero, realizar un estudio de la población objetivo y problemáticas de atención basadas en evidencia a nivel internacional; segundo, elaborar un análisis del ecosistema local y nacional para el desarrollo, gestión, implementación y evaluación de intervenciones basadas en resultados; tercero, evaluar la factibilidad y realizar recomendaciones sobre las estrategias, mecanismos y siguientes pasos para la imple-mentación de proyectos, así como su potencial escalamiento a otras ciudades del país.

A través de métodos cualitativos y cuantitativos, la investigación permite un diagnós-tico de la situación en la que se encuentran los jóvenes en el municipio de Morelia y, de manera específica, respecto a factores de riesgo relacionados con la violencia y la delincuencia. Esto permitió avanzar en el análisis de factibilidad para la implementación de un esquema de pago por resultados para la resolución de un problema que es de interés tanto para los actores del sector público, como del privado y sociedad civil.

La población de jóvenes en Morelia experimenta un grado importante de situaciones que representan factores de riesgo que promueven la aparición de conductas violentas y delictivas. Las más relevantes son el consumo y abuso de sustancia ilícitas e ilícitas, la

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influencia de amistades que presentan conductas y factores de riesgo, las situaciones familiares adversas y conflictivas, así como bajos niveles de autocontrol. A su vez, esta realidad se encuentra enmarcada por un contexto estatal de alta impunidad y con limitadas ofertas institucionales que representen factores protectores.

Cabe resaltar que tales factores de riesgo muestran un nivel alto de asociación con la aparición de conductas violentas y delictivas, lo cual es reportado tanto por la literatura consultada sobre el tema, los actores locales que fueron entrevistados, así como por el análisis hecho a través del modelo multinomial. En Morelia, esta situación es relevante debido a que una tercera parte de su población son jóvenes (33%, casi 259 mil habitantes) y casi la mitad de las faltas administrativas (49.5%) son cometidas por hombres entre 16 y 30 años; es decir, existe una población con potencial de ser atendida mediante un programa de prevención de violencia.

Ante tal situación, derivado de la investigación realizada, también se puede afirmar que existen modelos informados por evidencia (MIE) que podrían atender la situación que se señala respecto a los jóvenes de Morelia. En general, los modelos identificados, que toman en consideración la naturaleza multifactorial de la violencia juvenil, abordan de manera integral este problema. De manera específica, se identificó que para Morelia se podrían llevar a cabo intervenciones dirigidas a la población que consume y/o abusa de sustancias tóxicas, que se encuentra desocupada o sub-ocupada y hacia jóvenes en conflicto con la ley y reincidentes.

También se encontró que para el caso de Morelia existe un ecosistema de actores favorable para atender el problema de la violencia juvenil, y de forma más relevante, para llevar a cabo un modelo de pago por resultados. Por ejemplo, se pudo constatar que existe un interés importante por parte del Gobierno Municipal de Morelia, así como de varias de sus dependencias, para atender esta problemática, de tal modo que este actor podría fungir como pagador final. De igual modo, se identificó en el sector privado a posibles inversionistas que tienen interés en Morelia y en acciones de impacto social. Y, por último, se puede afirmar que existen organizaciones de la sociedad civil con el potencial de implementar una intervención que asegure los resultados que se buscan, siempre que atiendan algunas áreas de oportunidad observadas.

Se concluye que para la implementación de un modelo de pago por resultados en Morelia que sea efectivo, habría que tomar en cuenta algunas consideraciones. La población por atender tendrá que ser de jóvenes con edades entre los 18 y 29 años de edad que hayan cometido alguna falta administrativa bajo la influencia de alguna sustancia tóxica en el territorio de Morelia. En los análisis realizados se vio que el consumo y abuso de sustancias es uno de los mejores predictores de las conductas violentas y delictivas (factor que se encuentra en un grado importante en los jóvenes del municipio). También, las conductas clasificadas como faltas administrativas son

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competencia del gobierno municipal, y éstas, cuando no son sancionadas efectiva-mente, pueden escalar hacia delitos de alto impacto. Por último, el marco regulatorio de las faltas administrativas limita trabajar con menores de edad, por lo que tiene más viabilidad trabajar con jóvenes que tengan 18 años de edad o más.

A su vez, los programas a implementar tendrán que considerar dos fases: la primera, que contempla soluciones de tipo rápido, certero y justo (RCJ); la segunda, enfocada al tratamiento de abuso de sustancias que responda a la necesidad individual de cada sujeto. Se encontró que existen programas RCJ con evaluaciones que demuestran su efectividad, y, de igual modo, existen tratamientos terapéuticos que han sido evalua-dos positivamente en múltiples escenarios. Un programa que contemple estas dos fases podría evitar el desperdicio de recursos al focalizar a la población que requiere ser atendida por abuso de sustancias y que muestra recurrencia en la comisión de faltas administrativas, y además presenta viabilidad operativa, ya que el tiempo de tratamiento es adecuado para ser realizado por lo menos dos veces durante el plazo de una administración municipal.

Por último, se puede afirmar que es posible aprovechar las capacidades de implemen-tación de, por lo menos, dos organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la atención de jóvenes y adultos con problemas de abuso y adicción a sustancias. Éstas cuentan con programas informados en evidencia, así como con capacidad administra-tiva y operativa razonable. Sin embargo, como ya se dijo, es importante señalar que, para la implementación efectiva de un esquema de pago por resultados, habría que realizar un esfuerzo de fortalecimiento de las capacidades de dichas organizaciones.

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ANEXOS

Listado de anexos

Como parte de esta investigación, en el link se encuentran anexos los siguientes documentos:

http://bit.ly/2IPav9h

Anexo 1. Resumen de trabajo de campo

Anexo 2. Resumen ejecutivo de normativas

Anexo 3. Resumen ejecutivo de planes y programas

Anexo 4. Datos administrativos de la Policía de Morelia julio 2016 - abril 2017

Anexo 5. Descripción de variables para modelo logístico multinomial

Anexo 6. Reunión con dependencias municipales

Anexo 7. Proceso, criterios y ponderación para la evaluación de proveedores y detalle de resultados

Anexo 7A. Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y sus puntajes

Anexo 8. Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con mayor puntaje y que atienden a la población objetivo y problemáticas planteadas en el estudio

Anexo 9. Base de datos de organizaciones convocadas

Anexo 10. Instrumento para sondeo de costos de posibles proveedores para un esquema de pago por resultados

Anexo 11. Reporte de costos de los posibles proveedores para un esquema de pago por resultados

Anexo 12. Faltas administrativas en Morelia de julio 2016 a junio 2017

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