La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la norma

suprema de México. Es el hacer político y legal para la organización y relación del

gobierno federal con los Estados de México, los ciudadanos y todas las personas que viven

o visitan el país. Se trata de una aportación de la tradición jurídica mexicana al

constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia que

incluyó muchos derechos sociales. Incluye nueve Títulos, que contienen 136 Artículos y 19

transitorios. El Primer Título y sus 38 artículos hablan acerca de los Derechos Humanos, las

garantías individuales, y la ciudadanía mexicana, mientras que los siguientes 98 artículos

definen la estructura del Estado mexicano. Entre los cambios respecto de la Constitución de

1857, se encuentran la eliminación de la reelección del presidente de la República y la

eliminación también del cargo de vicepresidente.

Una ley orgánica es aquella que se requiere constitucionalmente para regular ciertas

materias. Habitualmente, debido a la importancia de las materias que regula (derechos

fundamentales de los ciudadanos o articulación de los diversos poderes del Estado, por

ejemplo), para que un órgano legislativo pueda aprobar una ley orgánica se exige algo más

que una mayoría simple. La Constitución suele prescribir que dichas normas sean

aprobadas, por ejemplo, por mayoría absoluta o por algún otro tipo de mayoría cualificada.

Con ello se pretende que no sea una mayoría parlamentaria coyuntural la que configure

aspectos básicos y fundamentales de la convivencia ciudadana o la estructura y

organización de los poderes políticos de un Estado.

LEY ESPECIAL es para un cierto número de personas especificas en cuanto a supuestos,

profesión o delitos en especial, como ejemplo esta la ley del impuesto a la tenencia

vehicular, que es especialmente para los que tengan vehículos o la ley de servidores

públicos que claro su nombre lo dice, la ley federal de delincuencia organizada.

La Ley ordinaria es la norma de rango legal que constituye, generalmente, el segundo

escalón en la jerarquía jurídica de las leyes de un Estado, tras la Constitución y

paralelamente a las leyes orgánicas u otras equivalentes (que suelen poseer requisitos

extraordinarios para su aprobación y versan sobre materias especiales), de mismo rango

jerárquico y distintas a nivel competencia óptico.