La extinción de la comunidad “El Barco” bajo el decreto de un nuevo aeropuerto.

Por Paola Ascencio

La resignación se incrementa a medida que las casas siguen siendo demolidas. El sustento, el

patrimonio y las historias de alrededor de 40 familias han quedado atrapadas entre los escombros

de la injusticia. Y es que como Don Juan, poco más de setenta personas ya han visto sus viviendas

destruidas bajo la orden de la construcción de un nuevo aeropuerto.

No es la primera vez que las comunidades cercanas a los terrenos —próximamente comerciales—

se ven afectadas tras el decreto de un proyecto que promete ser innovador. Durante el año 2001,

el anuncio de la construcción de un aeropuerto en la ciudad de México, con una inversión inicial

de 18 mil millones de pesos y la expropiación de casi cinco mil hectáreas sobre las tierras de

Texcoco, detonó un movimiento social en Atenco, que terminó por cancelar la edificación de dicha

base aérea.

Y en esta ocasión con el nuevo plan para construir el "Aeropuerto Internacional de la Ciudad de

México” —anunciado el pasado 03 de septiembre por el presidente Enrique Peña Nieto bajo la

sombra de Los Pinos— se planea nuevamente la utilización de 4, 430 hectáreas de tierras que

comprenden parte de Texcoco, Atenco y Ecatepec. Mismas tierras que abarcan el suelo del cual la

comunidad "El Barco" fue desalojada.

Cerca de 300 elementos uniformados entre Policía Municipal, y elementos antimotines de la

Secretaría de la Seguridad Ciudadana, arribaron durante la mañana del viernes 03 de octubre a los

campos de la comunidad

ubicada en el kilómetro 12

a un costado de la

autopista Peñón- Texcoco;

con el fin de saquear a los

habitantes del predio que

supuestamente se

encontraba fincado de

manera irregular.

En el comunicado de

prensa del Ayuntamiento

de Texcoco, Nazario

Gutiérrez Martínez,

secretario del Ayuntamiento y encargado del operativo, mencionó: “Las personas fincaron sus

viviendas sin permiso alguno, ya que desde su procedencia, los terrenos no podían contar con

permiso de construcción ni a nivel estatal, ni municipal. Por lo que siguiendo una demanda de

hace más de un año formulada por la Dirección de Desarrollo Urbano, finalmente el juzgado da la

razón al ayuntamiento y lo que se hace es ejecutar simplemente la sentencia".

Fotografía: Javier Salinas, “La Jornada”,

Elementos uniformados, cercaron el costado de la autopista Peñón-Texcoco y extendieron sus

máquinas de carga para desalojar de sus casas a alrededor de 40 familias que habitaban en el

predio “El Barco”, derribando su único patrimonio y sus muros de esfuerzo, con maquinaria

pesada. Casas de concreto, lámina y de viviendas de hasta dos pisos y con una inversión de más de

150 mil pesos, se vieron en ruinas en minutos.

Con contratos de compra-venta en las manos,

los supuestos invasores se opusieron a la

extracción violenta de su mobiliario, mismo que

no sólo fue saqueado de la tranquilidad de sus

hogares, sino maltratado e incluso destruido a

pesar de las contrastantes declaraciones de las

autoridades ante el suceso.

Los habitantes de la zona afectada, buscaron

entre los escombros del abuso, algunas de sus

pertenencias y objetos de valor, que yacían

amontonados en el pasto frente a lo que fueron

sus viviendas. Además, aseguraron que desde

hace poco más de 10 años pagaron por esos

terrenos a Ejidatarios de Tocuila, — entre ellos Felipe González, Teresa Herrera Deheza y José

Daniel Ruiz— a quienes dieron una cantidad de entre 60 a 100 mil pesos para construir en las

tierras no sólo sus casas, sino sus vidas.

“Quieren construir aquí su pinche aeropuerto por eso nos desalojan. Nosotros compramos, no

somos invasores, somos compradores y contamos con toda la documentación; quieren estos

terrenos para su terminal aérea”, dijo una de las vecinas afectadas al periódico La Jornada

durante la mañana del suceso.

El Ayuntamiento de Texcoco, sin embargo declaró en su comunicado de prensa que aquél acto de

autoridad nada tiene que ver con

asuntos como el Aeropuerto, sino

que es un acto completamente

municipal, donde buscaba una

regulación del uso de la tierra.

Luego de una demanda de hace

poco más de un año formulada

por la Dirección de Desarrollo

Urbano, el juzgado dio la razón al

ayuntamiento por lo que los

representantes legales de la

Fotografía: Javier Salinas, “La Jornada”, sábado 4 de octubre p. 27

Fotografía: Javier Salinas “La Jornada”.

Una de las viviendas destruidas aún conserva un documento de amparo pegado sobre

su puerta. Fotografía: Paola Ascencio

Asociación de Vecinos del Barco, solicitaron un amparo.

El amparo, mismo que la comunidad del “El Barco” asegura, cuentan con él, fue ignorado por las

autoridades. Por su parte, el Ayuntamiento de Texcoco señaló que dicho juicio no entró en vigor

“como tal”, dando pie a la ejecución de la sentencia.

Luego de presentarse la orden por parte del Ayuntamiento de Texcoco, un aviso en papel les

informó un 29 de septiembre. En no menos de cinco días el personal del municipio trasgredió las

barreras de su privacidad.

Más de setenta personas entre adultos mayores, jóvenes y niños, quedaron sin hogar después de

que 60 viviendas fueran destruidas.

Ahora con los tabiques de cemento que

construían sus ilusiones y los proyectos

de vida en sus manos, buscan el

consuelo y el refugio entre sus seres

queridos y piden explicación al

gobierno.

Juan Vidal de 77 años, actualmente

renta un pequeño cuarto para vivir

junto a su esposa y señala que no puede

alojar con él a sus viejas mascotas tras

perder su vivienda. Y es que “el espacio

no les da”.

Este hombre, asegura que adquirió el

terreno en 45 mil pesos, luego de que la

ejidataria Teresa Herrera Deheza se lo

vendiera, aunque con ayuda de Felipe Gómez, logró consumar la deuda en pagos de 1,250 pesos

al mes. Además añade que utilizó el dinero de su pensión para invertir en la construcción de su

ahora casa derrumbada. Vivienda que en total tuvo una inversión de alrededor de 200 mil pesos.

“Yo fui el primerito que empezó a fincar hace 13 años. Ahora que si me hubieran dicho en ese

momento que no podía hacerlo, iba directo con el señor Felipe González con el que me arreglé y

me vendió, y que me regresara mi dinero, pero nunca nos dijeron nada. No es justo que hagan

esto”, menciona.

Aún cuando las autoridades derribaron

alrededor de 60 inmuebles presuntamente

irregulares, algunos de los afectados

corrieron con suerte momentánea. Y es

que personas como Carmen Zamudio no

fueron desalojados tras no poder concluir

Juan Vidal Hernández, sentado dentro de su casa recientemente demolida por las autoridades. Fotografía: Paola Ascencio

Algunas viviendas del predio “El Barco” tras el desalojamiento.

Fotografía: Paola Ascencio

con el operativo. La afectada señaló que no la desalojaron por tener a su hijo enfermo adentro,

pero recibió un plazo uno no mayor a 15 días para retirarse de su hogar.

“El gobierno aquí nos ha dejado sin la tierra, vamos a ser quitados. Nosotros llevamos desde el 92

en esta casa. Yo apenas tengo para mis medicinas porque me atropellaron y estoy malo, ahora

dígame ¿cómo vamos a sobrevivir?,” menciona José Jorge Silva Zamudio, hijo de Carmen y quien

reside en una de las veinte casas que aún quedan en pie.

Durante el incidente, algunos de los locatarios mencionaron que tras encontrarse inconformes

bajo el desalojo, policías de la movilización respondieron con agresiones y golpes a los habitantes

de la comunidad, dejando a su vez algunas de sus pertenencias obsoletas. Por lo que de acuerdo al

periódico la Jornada publicado el 05 de octubre, las familias afectadas “hicieron un llamado al

presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas para que se les

reubique en otro sitio o se les indemnice”, además durante las semanas posteriores, señalaron

que buscarían con la forma de proceder contra los ejidatarios por el “robo descarado”.

No sería sorpresa encontrar rastros de corruptela donde los funcionarios contribuyen a actos de

impunidad, mientras en casos como este, los desalojados —temerosos ante un grupo de 300

uniformado que saquean sus viviendas—, apagan sus voces ante el miedo a las autoridades

locales. Y es que además de tener contratos de compra-venta, los habitantes de la zona contaban

con servicios públicos brindados por el mismo Ayuntamiento, tales como electricidad, limpieza de

letrinas y pago del impuesto predial. Pago que al ser realizado, acepta a un inmueble como parte

del territorio por un municipio.

Los ejidatarios en respuesta a sus

peticiones de inconformidad,

aseguraron a los afectados que se

ha hablado de una indemnización

“por valuación de casa”. Sin

embargo sobre el terreno del

predio “El Barco”, sólo reposan

las ruinas del atropello y la

parcialidad a un gobierno

autoritario.

“Estaban diciendo que todos los

ejidatarios estaban de acuerdo en

dar una indemnización. Y ahora

nos piden dos mil pesos que para

valuación. Eso era antes, ahorita

qué si ya no hay nada, si ya nos las tiraron. ¿De dónde saco yo dos mil pesos, si todo se me fue

ahí?. Yo la verdad, a mis años me doy cuenta de que es pura tranza”, explica Juan Vidal Hernández.

Juan Vidal Hernández mostrando su identificación oficial con la dirección marcada

como el predio “El Barco”. Fotografía: Paola Ascencio.

Ahora, a un mes desde el anuncio oficial de la base comercial aérea que se encontrará entre los

tres más grandes del mundo, — y que tendrá una zona de impacto en 11 municipios del Estado de

México y tres delegaciones del Distrito Federal—, los

campos ubicados dentro del territorio donde se

visualiza la construcción, recibieron en menos de dos

semanas cientos de camiones de carga que han

comenzado a aplanar el espacio para dar la bienvenida

a un nuevo aeropuerto y su nueva infraestructura.

Misma que comprende la ampliación de ocho carriles

de la autopista Peñón-Texcoco y que ocupará gran

parte del predio donde la comunidad de “El Barco”

habitaba.

A pesar de las exhaustivas declaraciones que Delfina

Gómez, alcaldesa de Texcoco realizó sobre su

preocupación por poner en riesgo el desarrollo urbano

del municipio, y el no otorgamiento de permisos para

la edificación del nuevo Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de México hasta conocer el proyecto, las

órdenes de construcción del nuevo aeropuerto de la

ciudad de México han llegado a su territorio.

La pregunta sería, ¿Tenemos que quedarnos con los brazos cruzados ante un gobierno que

desaloja a sus habitantes por el interés

de una política neoliberal?

El gobierno del país se ha mantenido bajo

una respuesta autoritaria y violenta que

sacude los intereses de sus habitantes

por los políticos. La ineficacia sigue

siendo una forma de autoridad ante el

pueblo que lucha por sobrevivir en un

mar de peces gordos que se comen a los

suyos.

Cerca de 15 comunidades aledañas y

dentro de las tierras —que pronto serán

utilizadas para escuelas, hospitales y

comercio privado bajo la orden del nuevo aeropuerto de la ciudad de México—, se verán

desalojadas y quebrantadas desde sus humildes cimientos. Cambiando sus vidas de un momento

para otro, bajo la promesa de un proyecto innovador que se plantea como una solución a la

economía del país.

Fuente: Proyecto Nuevo Aeropuerto D.F

Maquinaria pesada ha ingresado a las tierras de Atenco en las últimas

semanas. Fotografía: Paola Ascencio

Lejos de la edificación de un aeropuerto nuevo en la Ciudad que “cambiará el futuro del país”,

poniéndolo bajo el desarrollo de un país como una plataforma logística con infraestructura de

transporte multimodal que genere costos competitivos y de valor agregado, el proyecto

fortalecerá únicamente a un ambiente de negocios de empresas privadas, aún cuando México

sigue sosteniéndose de actividades primarias donde la expansión de los alimentos agrícolas

impulsan la economía.