La impugnabilidad de la resolución de secuestro en la jurisdicción marítima, con especial énfasis en el Apremio

Dr. Nelson Carreyó

Contenid

oIntroducción y planteamiento del problema......................................................................................1

1. La petición de Apremio..................................................................................................................2

Conceptos.......................................................................................................................................2

Antecedentes..................................................................................................................................2

Fundamento legal en Panamá.........................................................................................................3

Características................................................................................................................................3

Formalista (arts. 187 y 189):......................................................................................................3

Valoración de las pruebas (art. 208)...........................................................................................4

Monto de la demanda.................................................................................................................4

Momento para interponerlo (art. 187)........................................................................................4

Presupuestos...............................................................................................................................4

Causales de Apremio..................................................................................................................5

Procedimiento................................................................................................................................6

El apremio en la práctica. Análisis del problema a la luz de algunas decisiones jurisdiccionales......7

1. ASSA vs M.N. SKY SEAL........................................................................................................7

2. GALEHEAD vs m/n PARU MERU...........................................................................................7

3. FERNANDO DELGADO ROMÁN vs FLAMARCA VII.........................................................8

Sobre la extinción del crédito.............................................................................................................8

Sobre la prescripción..........................................................................................................................9

La ejecución de un crédito marítimo privilegiado extinguido o inexistente...................................9

2. Recurso de apelación...................................................................................................................10

3. Amparo de garantías constitucionales o fundamentales, recursos y advertencias de inconstitucionalidad, e incidentes de levantamiento de secuestro..................................................11

Introducción y planteamiento del problema

Las medidas cautelares como mecanismos de coerción en algunas ocasiones puede representar injusticias; de allí que el legislador se haya preocupado en estructurar instrumentos procedimentales idóneos para el ejercicio del derecho de defensa los cuales pueden ser utilizados en la misma instancia, en apelación o como recurso extraordinario.

En este trabajo nos proponemos analizar esos métodos de impugnación y en especial dilucidar si puede considerarse (como en la práctica lo ha hecho la jurisdicción marítima en algunos fallos) que el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción extingue los créditos marítimos privilegiados para efectos de estimar o desestimar la principal de esas medidas como es el Apremio.

En la primera parte analizaremos algunos aspectos de la mencionada figura del Apremio como su origen, concepto y fundamento legal; a continuación intentaremos solucionar el problema planteado analizando las causales y razón de ser. Igualmente veremos la relación entre los Créditos Marítimos Privilegiados y la prescripción por una parte, y el Apremio por la otra, asistidos de alguna jurisprudencia de interés. Para tal fin tendremos como principal instrumento la Ley 8 del 30 de marzo de 1982 reformada por la Ley 12 del 23 de enero de 2009 mediante su texto único.

Finalizaremos nuestro trabajo con un breve comentario acerca de otros instrumentos como el amparo de garantías constitucionales, el recurso de inconstitucionalidad, y el incidente de levantamiento de secuestro.

Naturalmente que en este ejercicio no incluiremos los métodos voluntarios como son las contracautelas o fianzas que ya sea el deudor o terceros pueden consignar para liberar los bienes y que están reguladas por el artículo 103. Y tampoco nos referimos al apremio como medida de coerción personal a la que se refieren los artículos 171, 433 (2), 618-20.1

1. La petición de Apremio

El Apremio es una de las figuras más utilizadas dentro del procedimiento marítimo. Así como el secuestro es para el acreedor un medio efectivo para satisfacer su crédito, el apremio es una de las defensas con que cuenta el secuestrado para evitar una lesión más grave por causa de su indebida ejecución.

En esta parte investigaremos uno de los problemas que ocasiona la mala utilización de instituciones como prescripción y extinción de los créditos marítimos privilegiados.

1 Art. 171: ……El juez podrá ordenar, en el auto de secuestro, el apremio corporal a personas que impidan al alguacil la ejecución de las funciones preceptuadas en esta Ley, conforme a lo dispuesto en su artículo 617.

Art. 433(2): Si el ejecutado contraviniere alguna orden o prohibición que se le hubiere impartido, el juez librará apremio corporal por desacato. Si el ejecutado se perjurare, el juez remitirá copia de la actuación al Ministerio Público para los fines pertinentes.

Artículo 618. Contra los culpables de desacato, el tribunal de oficio o de petición de parte, decretará el apremio corporal y les impondrá la sanción correspondiente.

Artículo 619. La persona contra quien se decrete apremio sufrirá la pena de arresto por todo el tiempo de su omisión o renuencia a obedecer la orden judicial que motiva su rebeldía. El apremio no durará más de un año; ya sea que la persona lo sufra o que evite su prisión, siempre será responsable con sus bienes presentes y futuros a las acciones que contra ella se deduzcan.

Artículo 620. Por la ejecución del apremio corporal no se suspenden los procedimientos judiciales pendientes ni se impiden los que puedan sobrevenir.

ConceptosEl Secuestro2 es para Ignacio de Casso y Romero el depósito judicial de un bien mueble o inmueble que se hace en un tercero hasta que se decida a quién pertenece.3

Por su parte, para el mismo autor, el Apremio es la acción o efecto de apremiar, aprieto, apresuramiento, apuro, premura, urgencia, compeler a hacer algo. Mandamiento del juez, en fuerza del cual se compele a una persona a que haga o cumpla alguna cosa, mandatum judicis.4

En general algunos consideran al Apremio un recurso y una acción del demandado para examinar la procedencia de una medida cautelar decretada. Ni uno ni otra.

Apremio es una petición accesoria o incidental que tiene un procedimiento sumario y especial mediante el cual se permite al secuestrado instar al tribunal a pronunciarse sobre la liberación de un buque, carga o flete secuestrado.

Consiste en un medio de defensa extraordinario e inmediato por medio del cual el demandado, previo examen de la procedencia de una medida cautelar ejecutada contra una nave, intenta su liberación. No supone un derecho reconocido sino un derecho en ciernes ya que es en la audiencia especial donde se determina su viabilidad (sin examinar el fondo de la controversia) y el derecho a mantener o no el bien bajo secuestro.

AntecedentesLa denominación “apremio” no es una creación del derecho marítimo panameño sino que tiene su origen en el derecho procesal civil anglosajón, específicamente de los Estados Unidos. Tiene su origen directo en las Reglas Procesales Civiles Federales de los Estados Unidos, específicamente de la Regla 55 Supletoria B y E(4) denominada motion to show cause ad instanter que significa petición sumaria (urgente) para demostrar el derecho. Su antecedente recae en la naturaleza misma del Derecho Marítimo y el objeto sobre el que recae, a saber los buques, nómades por excelencia, cuya permanencia en las aguas jurisdiccionales de un Estado por lo general es evidentemente corta, imponiéndose la necesidad de secuestrarlo para satisfacer los intereses de los acreedores.

La jurisprudencia anglosajona decidió crear la posibilidad para el buque secuestrado de defenderse, en una Audiencia, inmediatamente posterior al secuestro, para determinar si es carente de fundamento o no.

En la mayoría de los sistemas de derecho anglosajón es un tipo de orden judicial que requiere justificar, explicar o demostrar algo al tribunal antes de decidir si accede o no a una solicitud. Por ejemplo, si una parte solicita que la contraparte sea declarada en desacato de una orden judicial, el juez normalmente emite una "orden para mostrar causa" de que se está en desacato al tribunal. El juez recibe pruebas de ambas partes en cuanto a la supuesta falta de cumplimiento de la orden judicial. Siempre es una orden provisional.

2 El secuestro puede ser de personas y judicial. En este trabajo nos referimos exclusivamente al judicial.3 Diccionario de Derecho Privado, Ed. Reus, Madrid, 1950, p- 3547.4 Ibíd., p. 439.

Fundamento legal en Panamá

El Apremio en nuestro ordenamiento procesal marítimo está regulado en la Ley 8 de 1982, Código de Procedimiento Marítimo de Panamá, Capítulo VI de las Medidas Precautorias, Sección I, que trata del secuestro en general, artículos 187 a 190 de cuya lectura se deduce que es el llamamiento que hace el tribunal a quien ha sido beneficiado con un secuestro de un bien para que, al término de la distancia, pruebe que el secuestro procede y debe mantenerse.

Como observamos, en caso que se ejecute un secuestro, el remedio procesal para levantarlo consiste en la oportunidad para que el afectado solicite al Tribunal una Audiencia de Apremio en la que se permita atacar la medida, obligando al secuestrante a probar fehacientemente que el secuestro es procedente o de lo contrario levantarla inmediatamente.

Características

Formalista (arts. 187 y 189):

El procedimiento especial de apremio requiere el cumplimiento de ciertos requisitos sin los cuales no podría realizarse la audiencia para conocer de la petición. Por lo tanto, la situación de hecho tendrá que encuadrarse en alguna de las causales que la ley contempla.

De igual forma, según el art. 187, la solicitud deberá acompañarse de pruebas fehacientes que demuestren que el secuestro es improcedente, convirtiendo el procedimiento en formalista, puesto que si no se aporta dicha prueba no se concede.

Es necesario hacer referencia a lo que se entiende como “prueba fehaciente”, lo que el mismo art. 187 define señalando:

“Art. 187: …Se entiende como prueba fehaciente, para los efectos de esta disposición, aquella que demuestre que el secuestro se ha practicado sobre bienes distintos de los demandados, o que no pertenecen al demandado, o sobre los cuales está extinguido el crédito marítimo privilegiado para la ejecución del cual fue solicitado el secuestro, o que el secuestro sea solicitado en contravención de un acuerdo previo, entre las partes según sea el caso.”

Estas formalidades son poco comunes ya que contrastan con la anti-formalidad que caracteriza al procedimiento marítimo en general, como se deduce por ejemplo del art. 35 de la Ley de Procedimiento Marítimo, respecto de las pruebas y del art. 37 con relación a la tramitación de recursos o solicitudes equivocadas.

Valoración de las pruebas (art. 208)

Las pruebas serán valoradas de acuerdo a lo establecido en el art. 208 de la ley 8va de la siguiente forma:

“Art.208. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, con las reglas de la sana crítica, …”

Monto de la demanda

A diferencia de otros procedimientos en que la cuantía es un factor para determinar la competencia, en el Apremio no lo es un factor importante; basta que se cumplan los requisitos exigidos por la Ley para que se acceda a la solicitud.

Momento para interponerlo (art. 187)

La medida se puede interponer desde que el bien se secuestra y el demandado o propietario tenga la plena convicción que el objeto de su pretensión encuadra perfectamente en alguna de las causales establecidas por la Ley.

Presupuestos

Un análisis del art. 187 nos permite inferir sus presupuestos. El secuestro requiere de un bien dentro de la jurisdicción y competencia de los tribunales marítimos ya que su propósito fundamental es liberar una nave, carga o flete u otro bien.

Existe un criterio jurisprudencial que no acepta la interposición de apremios cuando la nave ha sido liberada o dicho secuestro se ha afianzado, considerándose que en estos casos ha precluido la oportunidad5. También se discute que si el bien no ha sido aprehendido físicamente aún existe la posibilidad de solicitar el apremio.

El Apremio sólo procede en los supuestos contemplados en la ley. La jurisdicción ha sido celosa, como es obvio, en rechazar aquellas peticiones de Apremio que no se fundamenten en las causales establecidas en la ley.

Causales de Apremio

La Ley establece taxativamente las causales que pueden ser invocadas con el fin de solicitar el Apremio así:

“Artículo 187 (185). Quien por error, culpa, negligencia o mala fe secuestre un bien o bienes que no pertenezcan al demandado o en contravención de un acuerdo previo y expreso entre las partes de no secuestrar, o quien solicite un secuestro para la ejecución de un crédito marítimo privilegiado o in rem extinguido o inexistente será responsable por los daños y perjuicios causados, así como por el pago de los gastos y costas emergentes de tal acción. La determinación de la responsabilidad del demandante y el monto de los daños y perjuicios causados a la parte agraviada serán

5 ROBERT MORSE vs ATUN C.A.; GALEHEAD INC. vs MATATAG SHIPPING; y COMPAÑÍA COMERCAILIZADORA DEL SUR vs M/N YONG SHUN.

de competencia del tribunal que decretó el secuestro, el cual resolverá de acuerdo con lo probado en el correspondiente proceso.

Análisis de los supuestos que consagra la norma:

1. Puede ser apremiado quien secuestre un bien o bienes que no pertenezcan al demandado:

Este supuesto opera tratándose de secuestros ejecutados para adscribir la competencia sobre determinada causa y en los casos en que dicha medida cautelar tenga como propósito garantizar los resultados del proceso y evitar su ilusoriedad, cumpliendo con los fines del secuestro enumerados en los numerales 1 y 2 del artículo 166 del Código de Procedimiento Marítimo.

Este es el caso típico y más sencillo que se da en función de la velocidad y naturaleza del comercio marítimo en que los buques van cambiando de propietario de forma frecuente. Sin embargo, se observa que en algunas ocasiones no es fácil lograr el objetivo, por ejemplo, cuando una aseguradora que se subroga en los derechos del asegurado y carece de información exacta de quién es el propietario del bien a secuestrar pero debe presentar al tribunal la prueba fehaciente de que el bien secuestrado es de un tercero distinto al demandado.

2. Aquél que secuestre un bien o bienes en contravención de un acuerdo previo y expreso entre las partes de no secuestrar. 6

Como se infiere los dos aspectos fundamentales que debe reunir dicho acuerdo son su antelación y su formalidad, es decir, que el acuerdo sea anterior a la medida solicitada, y que conste por escrito.

Un concepto similar concepto se ha incluido en el artículo 22 respecto a las cláusulas de sumisión jurisdiccional a un tribunal extranjero o arbitral al exigir la concertación de un acuerdo previo.

3. Aquél que solicite un secuestro para la ejecución de un crédito marítimo privilegiado extinguido o inexistente.

Esta tercera causal se rige estrictamente por las reglas de secuestro para la ejecución de un crédito marítimo privilegiado que se encuentran señaladas en el artículo 166, ordinal 3, artículo 566 de la Ley y el artículo 244 de la Ley de Comercio Marítimo, en aquellos casos en que la ley aplicable sea la panameña. Cuando la ley aplicable sea extranjera la referencia será a una norma de contenido similar generalmente contenida en los códigos de comercio de los respectivos países de influencia hispánica y en las normas especiales de los demás países, generalmente influidas por los convenios internacionales relativos a la materia.

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Del art. 566 se deduce que la ley procesal aplicable en7 materia de secuestros es la lex fori (ley panameña), pero ello no es así en cuanto a la ley sustantiva, que deberá determinarse de acuerdo a lo preceptuado en dicho artículo, y cuyos criterios en cuanto a la extinción del crédito privilegiado variarán dependiendo de cuál se aplique.

Originalmente el Código de Procedimiento Marítimo no incluía la posibilidad de admitir un Apremio con fundamento en un crédito privilegiado inexistente. Fue la jurisprudencia la que primero determinó que el Apremio era viable cuando el privilegio no solo se podía encontrar extinguido sino también cuando era inexistente.

Procedimiento

La petición de apremio debe presentarse en base a una de las causales antes explicadas por el propietario o quien tenga la administración o custodia del bien o bienes secuestrados, según el artículo 188 de la Ley que señala:

“Artículo 188. Cuando se secuestre un bien o bienes en las circunstancias de que trata el artículo anterior, el propietario o quien tenga la administración o custodia del bien o los bienes podrá solicitar al Tribunal Marítimo el apremio del secuestrante para que comparezca, en el término de la distancia, a justificar que el secuestro era procedente al momento de ser decretado.”

Una vez que la petición se presenta, el Juez examina y decide sobre su admisibilidad. El artículo 190 establece que si se admite debe notificársele personalmente al secuestrante o su apoderado para que comparezca al tribunal, al término de la distancia, a dirimir en audiencia especial el apremio en cuyo acto el secuestrante deberá probar que el secuestro procede y debe mantenerse aduciendo pruebas y fundamentando el derecho aducido, invirtiéndose la carga de la prueba, es decir en vez de corresponderle al demandante le corresponde al demandado quien se convierte en el peticionario, apremiante o incidentista.

Si el secuestrante no prueba que el secuestro está encuadrado dentro de los supuestos del art. 187, el Juez deberá ordenar, en el acto, su levantamiento y condenarlo en costas, las cuales deberá incluir, según lo establece la misma norma, los daños y perjuicios que a juicio del tribunal y según las respectivas pruebas haya producido la medida cautelar.

Examinadas las generalidades del Apremio como procedimiento especialísimo, consideremos el problema planteado:

Siendo la extinción de los créditos marítimos privilegiados una de las causales de Apremio, ¿puede considerarse, como en la práctica lo ha hecho la jurisdicción marítima en algunos fallos, que la prescripción de la acción produce la extinción de dichos créditos para efectos de decretar el apremio?

Como se observa, este problema tiene su fundamento en la jurisprudencia que como veremos no ha sido uniforme debido a que se han dictado fallos contradictorios, creando

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inestabilidad que atenta contra la seguridad jurídica, y afectando directamente a los sujetos que se desenvuelven en la actividad marítima así como a los abogados litigantes.

El apremio en la práctica. Análisis del problema a la luz de algunas decisiones jurisdiccionales.

1. ASSA vs M.N. SKY SEAL

En la audiencia del 24 de mayo de 1994, el Tribunal Marítimo manifestó que alegar la extinción del crédito reclamado por prescripción sería equiparar ambos términos para alegarlos como causal de apremio, trayendo los argumentos utilizados al dictar fallo en el proceso Orlando Jesús Mendoza vs M.V. Conquista.

El tribunal consideró:

“En primer lugar el Tribunal debe descartar de plano en la solicitud de apremio, el argumento sobre la prescripción de la acción, aun cuando tal prescripción tenga el efecto de hacer inexistente el crédito marítimo privilegiado como consecuencia lógica de tal prescripción, pues ello no es materia de este recurso sino que otra es la vía procesal para tal defensa.... la extinción de un crédito privilegiado no es igual a la prescripción, aun cuando se haya dicho que tal extinción por efectos del paso del tiempo, tiene el efecto correlativo de hacer prescribir la acción (in rem).

En este fallo el tribunal siguió el criterio de no apremiar, aceptando como causal la extinción del privilegio de la acción pero negando que la prescripción sirviera de base para el Apremio, señalando que existía otra vía para hacer efectiva la defensa de la secuestrada.

2. GALEHEAD vs m/n PARU MERU

En este caso el criterio de no apremiar aceptando como causal la extinción del crédito marítimo privilegiado por prescripción fue cambiado al llamar a Audiencia Especial aceptando como causal la alegación que el crédito marítimo privilegiado reclamado se encontraba extinguido por el transcurso del tiempo de acuerdo a la legislación norteamericana, ley aplicable al reclamo. La resolución del 30 de octubre de 1996 que dijo:

“Dicha petición se fundamenta primordialmente en que: el secuestro decretado por este Despacho Judicial, el día veinticinco del corriente, sobre la M/N “PARU MERU”, enmarcado dentro de lo establecido en el numeral 3 del Art. 164 de nuestro Código de Procedimiento Marítimo, no se debe mantener, dado que de acuerdo a la Ley sustantiva aplicable (ley norteamericana), el alegado crédito marítimo privilegiado se ha extinguido, bajo la doctrina laches8, según la cual la nave sólo estará sujeta al crédito marítimo por “un corto periodo de tiempo”.

8 Institución procesal anglosajona similar a la de la prescripción de nuestro derecho.

El Tribunal acogió los argumentos del apremiante y llamó a audiencia utilizando como fundamento la doctrina de laches que significa la negligencia o el retraso irrazonable en obtener exigir un derecho, término que a su vez proviene de lachesse y del francés antiguo lasche (ing. slack), y latín lax.

3. FERNANDO DELGADO ROMÁN vs FLAMARCA VIIEn este caso la Sala confirmó lo expresado en la decisión de 23 de julio de 1991 en el proceso in rem seguido por RUSSEL JAMES CASEMERO Jr. a M/N CONQUISTA así:

“... si se comprueba que la demanda in rem se presenta más de un año después del momento en que surgió el presunto crédito marítimo privilegiado contra la nave, se considera que el privilegio marítimo ha prescrito, es decir, que no puede mantenerse en pie dicha reclamación dentro de un proceso especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado, toda vez que este proceso presupone la existencia de un crédito “privilegiado” contra la cosa, en este caso, contra la nave. Lo cual no significa que el actor haya perdido su derecho a demandar al propietario por la vía ordinaria, con el objeto de satisfacer su presunto derecho.”

La Corte consideró, a nuestro modo de ver erradamente, que la prescripción había operado sobre el carácter “privilegiado” del crédito mas no del crédito mismo, y que basada en dicha prescripción no procedía mantener el secuestro. La razón por la que consideramos errada la decisión es porque lo único que puede prescribir es el derecho de acción y no el privilegio como se afirmó en este precedente.

Como observamos, las decisiones han variado, aunque se puede decir que la tendencia es que la prescripción no puede equipararse a la extinción del crédito marítimo a efectos de solicitar el apremio con lo que nos manifestamos de acuerdo.

Sobre la extinción del crédito

Una interpretación estricta del art. 187 que se refiere al “Crédito Marítimo Privilegiado extinguido”, no aludió a la extinción del crédito en sí sino que se trataba de la extinción del privilegio que calificaba dicho crédito.

El carácter “privilegiado” que ostenta un crédito marítimo no es más que la condición especial que la ley le otorga para que el acreedor tenga otra opción para hacerlo efectivo.

Si tal condición especial se pierde, se extingue, pero ello no implica que el crédito se haya perdido, sino que no va a ser objeto de la protección especial que la ley le brinda; de ahí la palabra privilegiado, que denota una prerrogativa sobre los demás que son comunes.

De lo anterior se sigue que lo que se extingue no es el derecho del acreedor (que subsiste), sino el privilegio trayendo como resultado que el acreedor tenga que hacerlo valer mediante un proceso ordinario común puesto que el crédito pasa de “privilegiado” a “quirografario”.

Sobre la prescripción

La extinción opera sobre el privilegio y no sobre el crédito. Los términos no pueden equipararse. La extinción se produce por el mero paso del tiempo, sin que influya otro factor. En Panamá el término específico para la extinción del privilegio es de 6 meses después de la venta privada de la nave.

Lo que prescribe, como antes expusimos, es el derecho de acción, es decir la facultad de acudir a la autoridad jurisdiccional para interponer un proceso o presentar una solicitud. Sin embargo, el particular siempre puede “accionar”, es decir poner en marcha el aparato jurisdiccional aun si no es titular de un derecho pero siempre asumiendo las consecuencias de su proceder.

La ejecución de un crédito marítimo privilegiado extinguido o inexistenteAunque la ley sólo se refiere a la extinción del privilegio, la jurisprudencia y posteriormente la Ley reformada adicionó como causal de apremio la inexistencia del privilegio por razones de lógica y justicia. Si no se puede mantener un secuestro de nave basado en un crédito extinguido, con más razón no puede permitirse el de uno basado en un crédito que ni siquiera existe.9

El apremio se admite con prueba preconstituida mediante la cual se demuestre fehacientemente cualquiera de las causales antes expuestas. Si el juez decide admitirlo procede entonces a solicitar a la parte que pidió el secuestro a que “en el término de la distancia” comparezca al Tribunal a justificar que el secuestro procede y debe mantenerse fijando fecha de audiencia en la que si no lo comprueba, el juez ordenará al Alguacil el levantamiento inmediato de la medida.

La jurisprudencia ha concedido el Apremio sólo cuando el secuestro se encuentra vigente. En otras palabras, si se solicita y obtiene el levantamiento de la medida por ejemplo consignando la caución liberativa, se ha negado la medida.10

Afortunadamente esta absurda tesis fue superada.

Otros aspectos de fondo que son materia de discusión en apremio, son la existencia prima facie de la obligación en que algunos casos la ha exigido,11 y otros que no.12 También se ha decidido que las reglas del embargo no son extensivas al secuestro.13

2. Recurso de apelación

Contra el auto de secuestro también procede este recurso en base a lo que dispone el artículo 485(1) que dice:

“Artículo 485: Serán apelables en la forma señalada en el artículo 486 y en el efecto devolutivo las siguientes resoluciones:

9 Everflex International vs m/n Forrest Hawk, Auto del 30 de agosto de 1990, Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.10 M/n AMALIE resolución de 29 de junio de 2007. Morse vs ATUNCA, Auto del 22 de mayo de 1991, Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.11 Transportes Marítimos, Auto del 29 de abril de 1991, Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.12 ASSA vs m/n Sky Seal, Sentencia del 5 de mayo de 2000, Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.13 Vicente Soler, Auto del 7 de febrero de 1991, Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

1. Las relativas a medidas precautorias2. ………………………………………………”

Esta impugnación debe ser presentada en el acto de notificación o dentro de los tres días siguientes. Al apelante se conceden quince (15) días para sustentar su recurso ante el a quo y a la contraparte igual término para oponerse: los primeros quince (15) días, es decir los concedidos al apelante empiezan a correr desde la notificación de la resolución que resolvió la petición de secuestro, y los otros quince, es decir los concedidos para oponerse al apelante- empiezan a correr al día siguiente de notificada la resolución admitiendo el recurso después de sustentado.

La secretaría del Tribunal de Apelaciones Marítimas reparte el negocio y lo pone a disposición del magistrado sustanciador y la apelación se concede en el efecto devolutivo como ordena la norma, por lo que la ejecución del auto recurrido no se suspende, como tampoco se ejecuta la medida si la resolución la niega, con la consecuencia que el buque puede zarpar. Existen casos en que cuando al peticionario se le ha negado la solicitud de secuestro, éste ha impugnado dicha resolución, y la Sala Civil ha revocado, pero ya se le ha ocasionado un gran perjuicio pues como la apelación es en el efecto devolutivo, la decisión del juzgador primario debe cumplirse permitiendo el zarpe de la nave.14

Una situación similar se daría si la resolución que ordena el secuestro fuera en el efecto suspensivo; en este caso el secuestro no se podría llevar a cabo y la nave zarparía inmediatamente puesto que el recurso suspende los efectos de la orden; y si el ad quem confirma el fallo de primera instancia también se causa un perjuicio al haberse permitido abandonar las aguas a una nave cuyo secuestro era jurídico. El legislador ha querido que esto no suceda puesto que es más frecuente que las solicitudes de secuestro se admitan a que se nieguen.

3. Amparo de garantías constitucionales o fundamentales, recursos y advertencias de inconstitucionalidad, e incidentes de levantamiento de secuestro.

La demanda de amparo procede según el artículo 2606 del Código Judicial por todo aquel "contra el cual se expida o se ejecute una orden de hacer o de no hacer, que viole los derechos y garantías que la Constitución consagra".

La Ley no prohíbe la utilización de este instrumento contra el auto de secuestro pero su interposición no puede suspender la orden de secuestro mientras se tramita el recurso. La norma dice:

“Artículo 191: La presentación de un Recurso de Amparo de Garantías Constitucionales, en ningún caso producirá, durante la tramitación del recurso, la suspensión provisional del acto u orden de secuestro de que trata este Capítulo.”

14 RAFAELA MURILLO Y ALBERTO BONILLA EN REPRESENTACI?N DE YUBER BONILLA MURILLO Y YENI SONEIDY CASTRO ORTEGA EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA OFELIA ARTEAGA vs m/n STAR JOVIAN LILAC EX SHOUN NECTAR, resolución de 26 de mayo de 1997.

La Corte Suprema de Justicia, basándose en la interposición de este recurso, ha revocado en varios casos órdenes de secuestro.15

En ambos casos, a pesar que se citaron las normas de la Constitución que se consideraban violadas, se decidió acerca de problemas procedimentales. Como consecuencia de esto, los entonces Magistrados Américo Rivera y Rafael Domínguez salvaron su voto, alegando que el recurso se había resuelto por la Corte como "un Tribunal de Apelación", y que el Amparo

"no es un medio de impugnación ordinario de resoluciones judiciales" y que con lo anterior se "rompe la jurisprudencia reiterada de esta Corte Suprema que ha sostenido que no es posible mediante la acción especial de Amparo, revocar una decisión que deviene de un debido proceso".

La demanda de amparo se interpone excepcionalmente, al igual que excepcionalmente se ha presentado advertencia y recursos de inconstitucionalidad, instituidos en el Artículo 206 de la Constitución, instrumentos que deben presentarse ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. 16 Habiendo previsto la eventual aplicación del artículo 486 (actual 490), advertí su probable inconstitucionalidad reclamando dos violaciones constitucionales con los fundamentos que se explican a continuación.

Nos fundamentamos en el artículo 486 de la entonces vigente Ley de Procedimiento Marítimo y actual 490 que dice:

“Artículo 486 (490): Para cursar la apelación se requerirá la consignación ante la Secretaria del Tribunal Marítimo de Primera Instancia de una caución que garantice el pago del monto de la condena, más las costas. Para determinar el monto de la caución se considerará la caución consignada para levantar el secuestro o el valor del bien secuestrado. Dicha caución será consignada dentro de los diez [10] días siguientes a la notificación de la providencia que admita el recurso. Si el apelante no consigna la caución de que trata este artículo, el Juez declarará desierto el recurso.”

Por su parte, el artículo 25 (1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada por Panamá mediante Ley Nº 13 de 1991 ordena:15 Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por De La Guardia, Arosemena y Benedetti contra el Juez Marítimo, Sentencia del 14 de febrero de 1985. La razón que motivó el Amparo fue mantener el secuestro a pesar de la falta de consignación de fondos adicionales exigidos por el artículo 180 (numeral 2), m/n Siete Mares. Amparo de Garantías propuesto por Moreno y Fábrega contra el Tribunal Marítimo, Sentencia del 20 de agosto de 1985 que revocó la orden de secuestro en contra de la nave "Japan Tuna N°2." El motivo fue por defectos de fondo en la demanda que no se consideraron al resolver la petición de secuestro. Es curioso que no se utilizara el recurso de apelación sino el de amparo cuando la Corte invariablemente ha exigido se agoten los recursos ordinarios antes de permitir la viabilidad de este recurso extraordinario.16 Aunque no se refieren a secuestro, algunas de estas advertencias han sido acogidas, como la que declaró inconstitucional el primer párrafo del artículo 18 de la entonces Ley 8 de 1982 que le daba competencia laboral al Tribunal Marítimo en caso de naves panameñas.

"Artículo 25: …1.Toda persona tiene a un recurso sencillo y efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales." (El subrayado es mío).

Confrontando ambas normas, y tomando en cuenta que los convenios internacionales ratificados por la República de Panamá, y en particular, los derechos fundamentales y garantías procesales previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos, forman parte de las normas constitucionales que la Corte Suprema de Justicia reconoce como el Bloque Constitucional que le sirve de marco para emitir un juicio sobre constitucionalidad de una norma jurídica o acto sujeto al control judicial de la constitucionalidad, es evidente que la norma transcrita de la Ley No. 8 de 30 de marzo de 1982 infringe el Artículo 4 de la Constitución Nacional en el concepto de violación directa, por acción o comisión, ya que al aplicarla, el juzgador primario tendría que declarar desierto el recurso de apelación impidiendo el ejercicio del derecho a un recurso efectivo y dejando a una parte, en este caso al demandante, en la indefensión, ante la eventualidad que no consigne la caución a que se refiere la norma.

El Debido Proceso consagrado en el Artículo 32 de la Carta Magna también es infringido por el artículo 486 de la Ley 8 de 30 de marzo de 1982, en concepto de violación directa, por acción o comisión, toda vez que condiciona el trámite del Recurso de Apelación al cumplimiento de la norma convirtiéndolo en ineficaz.

El Debido Proceso que garantiza el artículo 32 supone que la parte contra la cual se adopta una decisión tenga la oportunidad de recurrir contra ella, lo cual, en el presente caso sería impedido por la aplicación del citado artículo 486 ya que ésta ordena al juzgador primario declarar desierto el recurso en caso de no consignar una caución que garantice el pago del monto de la condena más las costas.

El Pleno de la Corte ha admitido que las normas procesales que impidan la continuación del procedimiento o que veden la posibilidad de que el negocio continúe en su trámite, son susceptibles de ser advertidas como inconstitucionales.

Otra de las normas constitucionales que consideramos se infringen es el artículo 198 de la Constitución que dice:

“Artículo 198- La administración de justicia es gratuita, expedita e ininterrumpida.”

El artículo 486 arriba transcrito infringe este artículo 198 pues al aplicar la primera el juzgador primario tendría que declarar desierto el recurso de apelación impidiendo el ejercicio del derecho a un recurso efectivo y dejando a una parte, en este caso al demandante, en la indefensión, ante la eventualidad que no consigne la caución a que se refiere la norma.

El Artículo 486(actual 490) impide así que tribunales competentes de apelación puedan revisar las resoluciones de los tribunales primarios que hayan sido objeto de impugnación exigiendo como condición la consignación de una caución para lograr dicho propósito.La gratuidad que consagra el artículo 198 de la Constitución Nacional supone no tener que consignar suma alguna para que se logre el objeto del proceso, a saber el reconocimiento de los derechos consagrados en la Ley sustancial.

Nuestro ordenamiento jurídico consagra la tutela judicial como un derecho fundamental, y para hacerlo efectivo es necesario eliminar o disminuir los obstáculos que impidan su ejercicio, entre los que se cuenta la onerosidad de los procesos.

El artículo 486 de la Ley 8 de 1982 cuya inconstitucionalidad se analiza, viola el texto del artículo 198 de la Constitución Nacional ya que la aplicación del primero impediría al tribunal de apelación conocer del recurso que el demandante ha interpuesto debido a la carencia de recursos económicos para sufragar una caución que garantice el pago del monto de la condena más las costas como dicha norma ordena.”

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió no solamente negar la admisibilidad del recurso interpuesto sino también un desistimiento que evitaba el pronunciamiento. Para tales efectos, mediante la resolución fechada 31 de julio de 2009 dicho tribunal expuso:

“Para finalizar el escudriño de la norma legal advertida, indistintamente, no puede ser objeto de estudio por el tribunal constitucional, pues, no es una norma que contenga derechos que puedan verse restringidos o limitados ya que no incide directamente en la resolución del caso sometido a debate en la instancia judicial marítima.

En fin, como existe un pronunciamiento previo, la norma fue aplicada en el proceso marítimo cursado y el artículo subordinado al examen de constitucionalidad no limita derechos subjetivos de las partes, no se admite la demanda de inconstitucionalidad presentada.”

La Corte consideró que la norma atacada no contenía derechos susceptibles de ser restringidos pues según ella no incidían directamente en la resolución del caso sometido a debate y que como ya había pronunciamiento, la norma se había aplicado y no se limitaban los derechos subjetivos no era admisible.

No estamos de acuerdo con esta decisión; pero, independientemente que la antijuridicidad de lo decidido por la Corte salta a la vista, un análisis de los razonamientos excede las fronteras que delimitan el objeto del presente trabajo.

Para terminar, consideramos que aunque el CPM no lo menciona textualmente, por vía de su artículo 30 es viable utilizar otras situaciones fuera de las consagradas en el CPM. Por ejemplo, si la cuantía del secuestro es excesiva, o si el bien ha sido dado en prenda,17 o

17 Según el artículo 537 del Código Judicial los bienes muebles pignorados sólo podrán ser objeto de secuestro o embargo por parte del acreedor pignoraticio y decretarse a solicitud de un tercero, sólo en relación

hipoteca. En este último caso (no existe norma sustantiva ni procesal que prevea el levantamiento de un secuestro sobre un bien mueble o inmueble hipotecado con anterioridad, con sólo probar su hipoteca); el numeral 2 del artículo 560 del Código Judicial prevé el levantamiento del secuestro de bien hipotecado anteriormente al secuestro, siempre que se presente un auto de embargo de los bienes, dictado en proceso ejecutivo hipotecario seguido en virtud de una hipoteca inscrita con anterioridad a la fecha del secuestro.

La jurisprudencia de la Sala Civil ha sostenido que cuando no se cuestiona el derecho a perseguir el bien hipotecado sino el procedimiento para llevar a cabo dicha "persecución", por cuanto la fórmula empleada por la incidentista no se encuadra en alguno de los procedimientos, no puede considerarse que hubo violación de la ley sustancial, pues ninguna de las normas analizadas permite el levantamiento del secuestro de un bien con sólo demostrar que el mismo es objeto de una hipoteca.18

Como se podrá observar, existen otras causales que la Ley 8 de 1982 reformada no consagra para permitir la enervación de un secuestro en la jurisdicción marítima pero que a nuestro juicio son perfectamente viables.

con el excedente que resulte de la realización de la prenda. Igualmente ordena que si un tercero pretendiese secuestrar o embargar un bien mueble pignorado, la medida no se practicará si el acreedor prendario presenta documento constitutivo de la prenda, que tenga fecha cierta, anterior al respectivo auto y que se procederá en igual forma si el secuestro o embargo se hubiere practicado.

18 Resolución de 5 de mayo de 2011 expedida por la Sala Civil dentro del secuestro presentado por Reinmar Tejeira Robinson contra Distribuidora Palo Alto, S.A. y otros.