OPINIÓN

La Ley y el Orden 22 DE MARZO DEL 2012

José Alfredo Guerrero Si le gusta esa serie de televisión, lo invito que vea el próximo episodio acompañado con una colección de nuestras principales leyes en materia penal y haga una lista con las actuaciones o eventos relevantes de policías, detectives, jueces y fiscales. En otra columna, vaya haciendo un cotejo, como cuando sale hacer la compra, entre la película americana y la legislación criolla.

Brisco y Green comienzan su investigación en la misma escena de un homicidio, entrevistando a testigos, tratando de reconstruir lo que pasó junto a los médicos forenses y contactando inmediatamente a los parientes o amigos más cercanos de la víctima. Vemos que se identifican, con nombre y placa, en las casas donde van a buscar información preliminar y pedir permiso para entrar a conversar o dar un vistazo, por ejemplo, a la habitación del occiso o el automóvil de un amigo. Con un oficial superior y un fiscal analizan la teoría del caso y éste último decide contra quienes hay bases para profundizar las pesquisas.

Si el arma homicida puede estar en la casa del principal sospechoso, se solicita a un juez una orden para registrar la propiedad. Los detectives se la muestran, entran a la vivienda y recogen objetos que

en el laboratorio puedan relacionarse a la víctima. Un revólver con mancha de sangre es suficiente para solicitar al sospechoso conversar de nuevo en la comisaría. Allí se le advierte que puede solicitar la presencia de un abogado. Este es un derecho que lo conoce pero, es común en la película, ver que se pide protección legal cuando hay peligro de autoincriminación. Cuando la solicita, Brisco tiende a subir la ceja

izquierda hasta donde empieza la frente y suspende el careo con el sospechoso. Su abogado entra desafiante, manda los detectives a merendar rosquillas con café y empieza el asesoramiento a su cliente. En eso viene la información de que la sangre del arma incautada coincide con la de la víctima. La espectacular Abbie Carmichael ordena el arresto. Al sospechoso se le informa, mientras lo esposan, que será sometido a la justicia por el homicidio investigado y le recitan el famoso estribillo de las advertencias o derechos de Miranda, en lo que se va difuminando la escena: "Tiene derecho a permanecer en silencio, todo lo que diga o haga de ahora en adelante podrá ser usado en su contra, tiene derecho a un abogado y uno le será asignado si no tiene los recursos...."

La segunda trama de la película se inicia con la presentación ante un juez del imputado, su abogado y el fiscal, que menciona los cargos precisos que piensa demostrar en un juicio de fondo y solicita la medida de coerción que considera adecuada. Luego de que el imputado declara su inocencia ante pregunta del juez, se ve como le cantan fianza, garantía económica u otra medida diferente a la prisión. El magistrado así actúa con apego al principio de presunción de inocencia, que exige encarcelar como excepción, en vez de la regla.

Aproveche el próximo close-up de Abbie para poner en pausa el televisor, coteje hasta aquí su lista de eventos y compruebe que un guión similar se puede escribir con nuestra nueva legislación penal. Esto no es para que se una al coro de quienes la critican diciendo que es copiado y pegado de estatutos foráneos. Todo lo contrario. Vergüenza es que debe darnos no haber incorporado antes principios universales que deben normar la actuación de la policía, el ministerio público y la justicia en el combate a la criminalidad. Especialmente cuando el "delivery" viene por monopólicos estatales.

Hoy, en teoría, usted y sus familiares están protegidos de torturas y acoso inquisitorio por policías y militares, que han visto de paso perder la jurisdicción privilegiada de sus tribunales y parte de su poder para fabricar ilegalmente pruebas en su contra. El ministerio público debe cumplir plazos fatales para presentarle acusación formal precisa, en un juicio donde ahora tiene garantías procesales para su defensa que no tenía hace apenas unos años. Los jueces están obligados a decidir valorando el origen y relevancia de las pruebas y motivando sus sentencias, en un ejercicio de objetividad contrapuesto al acertijo indescifrable de las razones para su "íntima convicción". Esas

mejoras sustanciales en el guión, obligan a escudriñar más en los actores y otros aspectos como la innecesaria criminalización de algunas conductas.