La luz que no llega a los ‘barrios subnormales’. Unión Fenosa

y Repsol en Colombia

Nazaret Castro. Fotografías de Jheisson A. López - 26-12-2013

En Barranquilla, el sol del mediodía castiga con 35 grados a la

sombra todos los días del año. La temperatura media en la cuarta

ciudad más poblada de Colombia rebasa los 27 grados y los

lugareños dicen que, con esto del cambio climático, ese calor

húmedo y empalagoso va a peor. Una tarde sin ventilador –aquí lo

llamanabanico- se hace interminable. Un día sin nevera equivale a

perder todo el alimento en una casa; qué decir en un comercio. Y

sin embargo, esa es la situación a la que deben hacer frente, casi a

diario, las 440 familias que habitan Malambo, un barrio popular de

la periferia de Barranquilla; una comuna, como dicen en Colombia.

Sus habitantes sufren cortes continuos y el suministro eléctrico es

tan deficiente que conectar un equipo electrónico a la red implica

arriesgarse a perderlo. En Malambo, como en tantas comunas y

favelas de las periferias urbanas latinoamericanas, el tendido

eléctrico es un amasijo de cables sin mucho orden y concierto,

prueba de que fueron los habitantes del barrio quienes, con sus

propios y limitados medios, levantaron la red. Pero aquí no se

pinzan ilegalmente al sistema, como es también común en las

comunas: aquí, cada vecino recibe su factura de la luz, por importes

que a veces alcanzan la mitad del ingreso familiar.

Conozco a Miriam Escocia en La Victoria, un barrio barranquillero de

ingreso medio, en un encuentro que la Red de Usuarios de Servicios

Públicos de Barranquilla ha preparado con motivo de mi visita para

ofrecerme una panorámica del descontento de los ciudadanos con el

servicio que prestan las filiales colombianas de Gas Natural Fenosa

en los departamentos (provincias) del Caribe. Son dos:

Electricaribe, que atiende a 1,8 millones de clientes, y Energía

Social, con 120.000 usuarios que viven en barrios llenos de

carencias. Una docena de habitantes de La Victoria, indignados, me

resumen sus quejas por el servicio de la compañía: facturas

elevadas, deficiente servicio, cortes continuos. No se libra ni la

Iglesia católica: de hecho, celebramos nuestra reunión en la

parroquia de San Germán de París, que se enfrentó a Electricaribe

cuando la compañía, tras cambiar el contador, triplicó la cuantía de

las facturas –que alcanzan los 200 euros al mes– y pretendió cobrar

más de un millón de pesos en concepto del consumo que,

supuestamente, se había dejado de facturar con el antiguo

contador.

Miriam ha viajado hasta La Victoria para hablarme del caso más

extremo: el de Malambo y otros barrios pobres y carentes de

infraestructuras que la Administración colombiana decidió

llamar barrios subnormales, y se muestra encantada de hacer de

guía. Como muchos habitantes de las comunas, Miriam llegó a la

periferia barranquillera huyendo del conflicto armado y la violencia

paramilitar: ella es uno de los cinco millones de desplazados

forzados en Colombia. En Malambo rehízo su vida y levantó una

vivienda sencilla, pero agradable, con un pequeño patio exterior.

Allí, aliviamos el calor con un delicioso jugo de guanábana, mientras

su esposo me cuenta que él, por suerte, tiene un empleo: trabaja

como camionero de larga distancia. Es casi una excepción en

Malambo, donde la mayor parte de la población vive de la economía

informal, eso que los colombianos llaman el rebusque. Pero

tampoco a Miriam y su familia les resulta fácil pagar las facturas de

Energía Social, que alcanzan los 60, 80 y hasta 100.000 pesos

colombianos (hasta 50 euros), pese a que las facturas están

subsidiadas por más de la mitad del importe. Son cifras que

suponen a veces la tercera parte, incluso la mitad de los recursos

que una familia consigue con actividades informales como la venta

ambulante, muy extendida en Colombia. Así que a veces se

retrasan en el pago, les cortan la luz y les cobran un cargo de

reconexión que pasa a formar parte de la impagable deuda de los

usuarios con Energía Social: 183.000 millones de pesos (69

millones de euros). “Nos llaman subnormales… sí, subnormales para

todo, menos para pagar”, se queja Miriam.

Energía Social opera en Malambo desde hace unos años. “La

empresa engañó a la comunidad. Algunos intentamos resistirnos,

porque habíamos escuchado muchas quejas de otros barrios”,

cuenta Miriam mientras recorremos la comuna y va presentándome

a los vecinos que nos encontramos por el camino. Cada uno de

ellos, nada más escuchar el nombre de Energía Social, tuerce el

gesto con indignación y corre a traerme una factura, a mostrarme el

estado de la infraestructura del barrio, a enseñarme su casa para

evidenciar que el gasto energético posible en una vivienda tan

modesta no cuadra con una factura que, sin el subsidio estatal,

llegaría a los 100 euros. “Es muy importante que esto se sepa en tu

país”, insisten.

Pero los problemas técnicos y tarifarios tienen una cara más

perversa: las muertes por electrocución. Sólo entre 2011 y 2013

han muerto 91 ciudadanos electrocutados en la Costa Atlántica.

Según la Red de Usuarios de Servicios Públicos la cifra total desde

la llegada de Unión Fenosa supera los 800 fallecidos. De ellos, 150

en Barranquilla, una de las ciudades donde se han registrado más

deficiencias en el servicio. “El transformador se daña

continuamente, y la solución siempre es tardía: la comunidad tiene

que resolverlo todo”, asegura un vecino de Malambo. Pero el drama

de las electrocuciones no se limita a los barrios populares: ocurren

también en los de clase media, según me cuentan habitantes de La

Victoria. Muchos de ellos creen que la razón estriba en que, para

abaratar costos, Electricaribe ha sustituido el cobre por materiales

más baratos. Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático,

que se presenta como una alternativa de Gobierno de izquierdas,

atribuye estos accidentes al mal estado de las redes y la falta de

inversiones en infraestructura.

La llegada de Energía Social

Energía Social es, al mismo tiempo, el nombre de la empresa y de

una política que se implantó entre 2003 y 2006 bajo la presidencia

de Álvaro Uribe Vélez. Se anunció como “un servicio adaptado a las

necesidades de los más necesitados”, pero en la práctica el Estado

comunitario significaba trasladar a los vecinos las funciones de

mantenimiento del cableado, de la atención al usuario e incluso de

la recaudación del pago, con las tensiones que eso desató en las

comunas. Cuando esa nueva normativa comenzó a desarrollarse,

hace una década, la Defensoría del Pueblo alertó de que Unión

Fenosa estaba aprovechando ese marco legal para “eludir su

responsabilidad” sobre el servicio.

La historia comienza en los años 90, durante el mandato de César

Gaviria, que emprendió la apertura económica del país. El Gobierno

colombiano impulsó una nueva legislación para los servicios

públicos domiciliarios que, junto a la Constitución de 1991,

preparaba el terreno para la privatización de las empresas públicas.

La región de la Costa Atlántica, que comprende ocho departamentos

(provincias) donde vive el 21% de la población colombiana, fue

pionera en ese proceso. Las empresas del sector, Electrocosta y

Electricaribe, fueron adquiridas por una empresa foránea con sede

en Caracas, que pronto registró pérdidas y decidió abandonar el

país. Poco después, en el año 2000, Unión Fenosa adquirió ambas

eléctricas al “irrisorio precio de 450 millones de dólares”, según el

senador Robledo.

Unión Fenosa incrementó de manera considerable las tarifas: en los

barrios más pobres el aumento ha sido de hasta un 600% desde

que llegó la empresa española, según los datos que Robledo

presentó al Senado. Sin embargo, la compañía seguía registrando

pérdidas. Unión Fenosa en su web corporativa que había detectado

dos grandes problemas: el “bajo nivel de pago de los clientes” y el

robo de energía, esto es, los pinzamientos ilegales en las comunas.

Para resolver el problema, Unión Fenosa identificó 1.628 comunas

en la Costa Atlántica en las que habitan unas 300.000 personas, y

las llamó barrios subnormales. Paralelamente, en 2003, el Estado

colombiano lanzó una Ley del Plan Nacional de Desarrollo que

“generó oportunidades excepcionales” de negocio “para los barrios,

teniendo en cuenta sus rasgos diferenciales”, afirma la empresa en

su web corporativa. Para gestionar el suministro en esos barrios, se

creó Energía Social en 2004.

“Energía Social es una política de subsidios y es también una

empresa que se beneficia de esos subsidios: es una maniobra del

Estado colombiano para transferir recursos a la compañía”, asegura

el senador Robledo, quien califica de “inaudita y escandalosa” la

situación de la electricidad en la Costa Atlántica. Además, el

Observatorio de la Deuda Global (ODG) acusa a Unión Fenosa de

haber recurrido al chantaje a la Administración para obtener esos

privilegios, amenazando en repetidas ocasiones con abandonar el

país y dejar sin suministro a millones de personas. Lo cierto es que

el Estado, a través del Fondo de Energía Social (FOES), paga

directamente a la empresa los subsidios al consumo de los barrios

pobres. Paralelamente, a mediados de los años 90, el dinero de los

contribuyentes recapitalizó las filiales caribeñas de Unión Fenosa

con 240.000 millones de pesos (90 millones de euros). Aún así, la

deuda acumulada del Estado con Electricaribe alcanza los 1,8

billones de pesos colombianos (676 millones de euros).

Sin embargo, el Gobierno no vinculó los subsidios a ningún tipo de

compromiso para mejorar las redes en las comunas. Según las

cifras que Robledo llevó ante el Senado, sus filiales colombianas

aportaron a Gas Natural Fenosa utilidades por 246 millones de

euros en 2012, y sin embargo, no mejoró la red. Tampoco en los

barrios subnormales, los propios vecinos levantaron el cableado y la

empresa entró después para cobrar, pero no para mejorar la

instalación ni el servicio. En su web, Energía Social zanja así el

asunto: como en las comunas las redes las hicieron los propios

vecinos, de forma ilegal, “no cumplen con las normas técnicas

establecidas en la ley y la normalización del suministro es tarea casi

imposible”. En su respuesta a mi cuestionario –la firma se negó a

conceder entrevistas para este reportaje–, Electricaribe se justifica

por la existencia de “reconexiones ilegales y fraudulentas” y por la

llamada cultura del no pago: “En la medida en que bajen las

pérdidas y la morosidad, se acelerará el proceso de mejora de la

red eléctrica”.

Cultura del no pago

Con esa expresión, cultura del no pago, que también impregna el

discurso del Gobierno, la compañía da a entender que las altas

tasas de impago en las comunas se deben a una suerte de rasgo

cultural y no a la imposibilidad de hacer frente a las facturas. El

mismo argumento sirve para justificar las inauditas tasas de

muertes por electrocución: “Hay, infortunadamente, personas que

insisten en manipular las redes a pesar de los peligros a los que se

enfrenta”, señala la empresa, y añade: “en todos y cada uno de los

casos en que Electricaribe ha tenido responsabilidad, la compañía

ha hecho parte de los procesos”. No corroboran esta versión los

familiares de víctimas consultados. Relatan casos de vecinos que

sufrieron una descarga tras abrir la nevera o encender un abanico.

El novio de Lorena trabajaba en el mantenimiento de la red cuando

sufrió una descarga eléctrica que acabó con su vida; ella asegura

que la empresa eludió hacer frente a cualquier responsabilidad. Luis

perdió a su esposa, madre de sus cuatro hijos; en enero se enteró

de que el abogado había dejado caducar el proceso judicial que él

inició contra la empresa. Nadie le ayudó.

Otra de las consecuencias de la llegada de Energía Social a las

comunas es que cada barrio pasó a ser considerado como un solo

cliente. Lo que para la empresa es “un verdadero modelo de gestión

comunitaria” ha recibido críticas porque, al margen de abaratar los

costos para la firma, ha creado tensiones y división en las

comunidades. En Malambo hay un solo contador comunitario, pero

cada familia recibe su factura. Un buen día, trabajadores de Energía

Social llegaron a sus casas, anotaron las características básicas de

la vivienda y los electrodomésticos de que disponía cada familia.

Basándose en esa precaria información, Energía Social divide entre

todos los hogares lo que marca el contador colectivo. Y como las

facturas son altas, muy altas, los usuarios desconfían: “Cobran lo

que se les da la gana”, resume uno de los vecinos. La empresa

suscita en Malambo un rechazo mayoritario, pero eso no le impidió

a la filial de Gas Natural Fenosa ganar, hace unos años, un premio

de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Las cosas no han mejorado después de que, en 2009, tras la

adquisición de Unión Fenosa por Gas Natural, la empresa vendió

Electrocosta y la filial que tenía en el Pacífico, EPSA, y se quedó con

Electricaribe y Energía Social. Conversar con los habitantes de

Malambo y La Victoria es escuchar una larga retahíla de desafueros.

Por eso dice Marcos, vecino de La Victoria: “este modelo provoca

problemas de orden público: ellos lo han provocado; nosotros

intentamos defender nuestros derechos”. En lo que tiene que ver

con el suministro eléctrico, la costa colombiana es un polvorín; y no

están mucho más contentos con la gestión que del agua y el

alcantarillado haceTriple A, la filial colombiana del Canal de Isabel

II.

Cara y cruz de la inversión extranjera

Colombia inició en los años 90 un proceso de apertura económica

que, entre otras cosas, llevó a la atracción de inversión extranjera

directa (IED) que se ha incrementado en los últimos años. La

inversión extranjera neta se disparó en Colombia desde 2010, hasta

convertir al país en tercer receptor de IED en la región en 2012, con

cerca de 16.000 millones de dólares. Como asegura la Conferencia

de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad),

Colombia atrae a las multinacionales por sus buenas cifras

macroeconómicas, con un crecimiento del 4,9% del Producto

Interior Bruto (PIB) de media en los últimos años desde 2010 –y un

6% tomando la última década– y con una clase media en

expansión, además de por la “estabilidad y garantías” que ofrece a

los empresarios extranjeros: es, según el Banco Mundial, el país

latinoamericano que mayor protección ofrece a las empresas y el

tercero más “amigable” para hacer negocios. En un optimista

análisis sobre la coyuntura del país, la consultora británica Oxford

Business Group destacaba su gran “potencial” para seguir

recibiendo inversión, entre otras cosas, por la carencia de

infraestructuras.

Para el senador Robledo no se trata de demonizar la IED, sino de

estudiar “caso por caso” y orientar esa inversión hacia aquellos

sectores que amplíen el tejido productivo y creen empleo en el país.

Para Robledo, no cumplen esos requisitos las inversiones en el

sector de servicios públicos domiciliarios, que compraron empresas

públicas que ya existían y, en casos como el de Unión Fenosa,

redujeron plantilla, subieron las tarifas y no mejoraron el servicio.

Para explicar esas divergencias entre el interés común y la acción

del Gobierno, Robledo alude al poder de lobby de las grandes

multinacionales y acusa de “lacayismo” a los gobernantes

colombianos.

En 2011, Felipe González, quien como presidente del Gobierno inició

en España la oleada de privatizaciones, fichó como consejero

independiente de Unión Fenosa por 126.000 euros anuales. El

presidente que culminó el proceso privatizador, José María

Aznar, fichó ese mismo año como asesor externo para América

Latina por Endesa, una empresa que fue privatizada durante su

mandato. En la multinacional italo-española están también Pedro

Solbes, Elena Salgado y Luis de Guindos; en Iberdrola, Manuel

Marín y Ángel Acebes. Rodrigo Rato fichó por Telefónica y por Banco

Santander. Son esas puertas giratorias por las que un presidente

del Gobierno puede pasar del poder ejecutivo al consejo de

administración de una gran compañía, y un ejecutivo de una firma

termina siendo ministro, un trasvase que, entre otras cosas, suele

suscitar escepticismo y suspicacia en muchos ciudadanos.

La banca multilateral, y especialmente el Fondo Monetario

Internacional (FMI), también han jugado un papel relevante en los

procesos que han consolidado la presencia de multinacionales

extranjeras en la gestión de los servicios públicos en América

Latina. Así, por ejemplo, el FMI financió la adquisición de Triple A

por el Canal de Isabel II. Otras veces, la ayuda financiera ha venido

del propio Gobierno español: Nicaragua recibió créditos de

Financiación al Desarrollo (FAD) justo antes de la entrada de la

multinacional en el país centroamericano. Tal vez como recompensa

el Gobierno nicaragüense no expedientó a la multinacional en 2006

por la situación crítica de la energía eléctrica en el país, con

apagones de hasta ocho horas en algunos sectores. Al año

siguiente, el nuevo presidente, Daniel Ortega, comenzó a presionar

a la empresa para que aumentara su inversión en infraestructuras.

Transnacionales y derechos laborales

Las protestas de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios

se suman a las denuncias de los sindicalistas del sector eléctrico. En

Cartagena, un trabajador con décadas de experiencia en el ramo

me lo cuenta de primera mano: es Gil Alberto Falcón, presidente de

la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT). “Cuando

Unión Fenosa llega en 2000, se encuentra el trabajo hecho:

Sintraelecol (el sindicato del sector eléctrico) ya había sido

diezmado”, explica Falcón. Se refiere a que, en la Costa Atlántica,

dos años antes de la llegada de Unión Fenosa, los anteriores

inversionistas habían implantado un plan de retiro voluntario y una

serie de despidos que expulsaron de la empresa a 2.300

trabajadores. Cuando entra en Colombia la multinacional española

se encuentra con un sindicato ya prácticamente desmembrado y,

según Falcón, impone sus condiciones: cláusulas de no sindicación,

tercerizaciones y pérdida de casi 700 puestos de trabajo

adicionales.

La cara más oscura del proceso de privatización de la energía en el

Caribe es la persecución de líderes sindicales a cargo de

mercenarios y grupos paramilitares. El proceso de privatización se

saldó con 27 dirigentes sociales muertos o desaparecidos, la

mayoría de ellos sindicalistas. En esa lista está, por ejemplo, Odulfo

Zambrano, que murió asesinado por grupos paramilitares, según

documenta el ODG. Pocos sindicalistas dudan de la relación directa

entre los paramilitares y las multinacionales. Gil Falcón asegura

que, en 2000, “apareció un documento interno de la empresa que

denominaba terroristas a los representantes sindicales”. El Sindicato

de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol) ha

denunciado “actuaciones ilegales de Unión Fenosa, en complicidad

con la fuerza pública”. El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP),

en su sesión de 2006 en Viena, señaló vínculos entre Unión Fenosa

y la violencia paramilitar. Allí se presentaron testimonios según los

cuales “personas desconocidas y armadas han interceptado a los

líderes e barrios subnormales en Barranquilla, para advertirles

que no se metan en problemas”, señala el acta del TPP. Sin

embargo, esa relación no se ha podido demostrar a efectos penales.

Algo similar ocurre con el Canal de Isabel II, responsable de la

gestión del agua en el Caribe colombiano a través de su filial Triple

A. Después de escuchar a las poblaciones afectadas, el TPP

identificó prácticas que atentan contra los derechos de usuarios y

trabajadores y señaló que se utilizó a los grupos paramilitares

“como herramienta de control para eliminar a los sindicalistas y

líderes sociales que se han opuesto a la gestión del agua”.

Subcontratación e impunidad

No se trata, una vez más, de un problema aislado. Los sindicatos

establecen una relación directa entre la llegada de las

transnacionales y el deterioro de las condiciones laborales. Lo

consiguen por dos vías: la primera es el deterioro de los derechos

sindicales. “En muchos casos, se exige a los trabajadores

directamente que renuncien a su afiliación como condición previa

para acceder al trabajo; a veces, la empresa se inventa

un sindicato propio”, explica Rodolfo Vecino, dirigente nacional de la

Unión Sindical Obrera (USO). La otra es la subcontratación: “Las

multinacionales acuden a la tercerización a través de contratistas,

bolsas de empleo o rotación; así, la matriz se aísla de toda

responsabilidad”, al tiempo que abarata costos laborales, agrega

Vecino.

El ejemplo más evidente de la eficacia de esa estrategia está en el

sector textil, y aquí España cuenta, de nuevo, con una firma

puntera: el Grupo Inditex, que ha convertido a Amancio Ortega en

el hombre más rico de Europa, con una fortuna acumulada que la

lista Forbes estima en 47.600 millones de euros. Inditex, como

todas las grandes firmas del ramo, no posee una sola máquina de

coser: la producción está deslocalizada mediante una compleja red

de subcontrataciones. Las prendas de Zara y el resto de las marcas

de Inditex se diseñan en España, pero se producen en países con

costos laborales más reducidos, como Bangladesh, que ostenta el

récord mundial con salarios mensuales de unos 34 euros. En

América Latina, donde los salarios legalmente establecidos son

mucho más altos, en el sector textil y del calzado cada vez se

recurre más a la producción en talleres ilegales donde trabajadores

inmigrantes son encerrados en condiciones análogas a la

esclavitud. Es un secreto a voces en ciudades como Sao

Paulo y Buenos Aires. En las dos se descubrió que talleres ilegales

trabajaban para Zara. En ambos casos, la empresa de Ortega

argumentó que desconocía la situación de los empleados. Inditex no

controla quién le cose la ropa, y ninguna ley le obliga a hacerlo. El

entramado de filiales y subcontrataciones se convierte, así, en una

forma de garantizar la impunidad.

La maldición del petróleo

Al sindicalista Rodolfo Vecino lo encuentro en Puerto Gaitán, una

ciudad del departamento del Meta y el principal punto de extracción

petrolífera del país, adonde me he desplazado para participar de

una preaudiencia al Juicio Ético a las Multinacionales que han

organizado la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, la

Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de

Arauca (Ascatidar) y otras asociaciones, inspirándose en los juicios

populares del Tribunal Permanente de los Pueblos. Estamos al sur

de Los Llanos, una vasta región que se extiende sobre la cuenca del

río Orinoco, entre Colombia y Venezuela. Es una de las zonas más

ricas en hidrocarburos del continente, y es también uno de los

ecosistemas prioritarios para su conservación, según WWF. En

Puerto Gaitán, las volquetas y tractomulas ya forman parte del

paisaje, junto con sus atardeceres rosados, planicies inmensas y un

sol de justicia. Los lugareños me explican que el paisaje ha

cambiado mucho desde que se comenzaron a explorar las reservas

de hidrocarburos, en los años 80. La tradicional ganadería

extensiva, que tan bien combina con esos sombreros llaneros que

recuerdan al Lejano Oeste, comenzó a dar paso a las explotaciones

de petróleo y gas, así como al monocultivo maderero orientado a la

exportación.

Llegamos a Puerto Gaitán un viernes por la tarde, con el calor

todavía apretando. Salimos de Bogotá muy temprano, en tres

autobuses fletados por los organizadores en los que viajaron

periodistas y decenas de activistas de organizaciones sociales, entre

ellas varias canadienses, pues de esa nacionalidad es la firma que

está en el centro de las miradas en este evento: la Pacific Rubiales.

Nos acompañan organizaciones internacionales de derechos

humanos que colocan sus banderas al frente de los autobuses, para

darnos protección. La región del Meta es muy insegura: según nos

cuentan los organizadores del evento, el territorio está controlado

por paramilitares al servicio de las petroleras. Nada más llegar a

Puerto Gaitán mis guías me lo advierten, por si se me hubiese

olvidado dónde estoy: “Este es uno de esos pueblos en que de vez

en cuando hay un apagón, y junto con la luz, se apaga la vida de

alguien”. La Redher y el sindicato USO han sufrido amenazas. Ellos

no terminan de creerse que haya sido posible celebrar el evento en

Puerto Gaitán: es, para ellos, todo un éxito. Poco después

entenderé sus recelos: el 20 de julio, una semana después del

evento, unos desconocidos entran en la Casa de la Redher en

Bogotá y se llevan ordenadores, cámaras fotográficas y grabadoras

con material recogido en Puerto Gaitán. Pese a los contratiempos,

en agosto, tal como estaba previsto, se celebra en Bogotá la

audiencia final del simbólico juicio a las transnacionales canadienses

Pacific Rubiales y la minera AngloGold Ashanti. El veredicto del

juicio popular, pronunciado en Bogotá el pasado agosto, subraya la

responsabilidad de esas empresas en violaciones de los derechos

humanos y laborales, vinculaciones con paramilitares y destrucción

del medio ambiente. “Los parapolíticos les recuperan la inversión

que han hecho las compañías en la creación de los grupos

paramilitares, en connivencia con los políticos. Son las patas del

modelo que impone la banca multilateral: uso de la violencia y leyes

coercitivas. El resultado es la violencia, el despojo y el

desplazamiento forzado”, afirma el abogado Francisco Ramírez, que

ejerció como fiscal en el juicio ético.

Nos alojamos en una escuela pública que han cedido para la

ocasión. Todavía estamos levantando las tiendas de campaña

cuando llegan los autobuses procedentes del Arauca, un

departamento situado un poco más al norte, en la frontera con

Venezuela, con una importante población indígena y una de las

mayores reservas petrolíferas de Colombia. Han venido indígenas

de las etnias uwa y sikuane, para dar su versión sobre los efectos

que la llegada de las petroleras ha tenido sobre sus modos de vida.

A lo largo del fin de semana, indígenas, sindicalistas y expertos

analizarán los efectos de las explotaciones de Pacific Rubiales, pero

también de otras petroleras que operan en Colombia, como las

españolas Cepsa –a través de su filial Cecolsa– y Repsol. Centran

sus acusaciones en cinco temas: degradación ambiental, perjuicio a

las comunidades indígenas nativas, vulneración de derechos labores

y sindicales, criminalización de las protestas sociales y militarización

de los territorios.

Víctor es uno de los indígenas del Arauca que viajó a Puerto Gaitán

para participar en este evento. Él, que lidera una comunidad

indígena de etnia uwa de 49 familias, vivió en primera persona el

cambio convulso que para su pueblo supuso la llegada de las

petroleras en los años 80: “Antes, nuestra vida era más organizada

y productiva, se sembraba mucha yuca y maíz. Llegó la Oxy y

rellenó la laguna sagrada, hizo dragados, construyó campamentos,

taponó las salidas y entradas de los caños; después llegaron las

tractomulas y las volquetas. La vida en la laguna acabó: murieron

muchas especies acuáticas que antes nos alimentaban; fueron

desapareciendo aves, mamíferos, y también plantas medicinales y

árboles sagrados; bajó el nivel del río. Después desplazaron a las

comunidades”. Y añade: “La sabiduría de nuestros ancestros nos

dice que el petróleo se creó para ser germen de la vida vegetal, no

para extraerlo del corazón de la tierra”.

Cuando le pregunto a Víctor si la llegada de las multinacionales

petroleras vino acompañada de violencia y militarización, cambia la

expresión de su rostro: “No quiero ni pensar en eso. En los 80 llegó

una gente extraña y comenzó a limitar territorios y poner controles

y reglamentos. Como no fueron capaces de masacrarnos o

desplazarnos, se inventaron a los paramilitares. Allí donde la

organización social era más débil, los paramilitares comenzaron a

matar a compañeros, dirigentes, trabajadores humildes que les

apostaban todo a la vida. Eso a ellos no les importaba, porque

éramos un estorbo”. Añade con tristeza: “El mismo gobierno es el

culpable de esas muertes: todo en contra del pueblo. Una comisión

internacional, formada por varias oenegés, tuvo acceso a un

batallón militar y desmanteló un arsenal de guerra camuflado”.

Hacia el año 2000, los grupos paramilitares se instalaron en el

perímetro de seguridad del oleoducto Caño Limón-Coveñas, para

protegerlo de los ataques de los activistas. Se agravaba así la

militarización de la zona: allí estaba ya la Brigada XVIII del Ejército

Nacional, consagrada a la protección del complejo de Caño Limón

para asegurar el transporte de crudo hasta el mar Caribe, con

ayuda y financiación, según el Observatorio de Multinacionales en

América Latina (OMAL), de los Estados Unidos. Esa misma brigada

ha sido señalada por organizaciones de derechos humanos por su

involucración en la matanza de Caño Seco, en la que fueron

asesinados tres dirigentes sociales influyentes en la zona. El Ejército

reportó la ejecución de supuestos guerrilleros. Aún más sangrienta

fue el de la matanza de Santo Domingo en 1998, un municipio de

247 habitantes. Un helicóptero de la Fuerza Aérea dejó un saldo de

17 muertos, cinco de ellos niños, y 25 heridos. La matanza quedó

impune, mientras se intensifica el número de desplazamientos y la

represión del movimiento social, numeroso y fuerte en la zona.

Comienzan las detenciones masivas de dirigentes sociales bajo la

acusación de terroristas: el caso más notable fue la detención

de 2.500 personas en un pabellón deportivo de Saravena, en 2002.

En el Arauca, “el Estado estaba prácticamente ausente hasta los

años 50; vivían indígenas, algunos de ellos nómadas. El

descubrimiento de yacimientos petrolíferos vino de la mano de la

llegada de colonos y del Ejército: ahí comienzan los conflictos con

los indígenas. Después, la zona se convierte en un polvorín, con

fuego cruzado de insurgentes y paramilitares”, explica Pedro

Ramiro, coordinador del OMAL y coautor del informe Colombia en el

pozo. Los impactos de Repsol en Arauca. El episodio se repite en

otras zonas del país, como el Putumayo: las comunidades locales,

que en la mayoría de las ocasiones no han sido informadas ni

mucho menos consultadas por los gobiernos, se resisten a la

implantación de los proyectos petroleros, y sabotean los oleoductos.

El Estado colombiano y sus Fuerzas Armadas, que ha adquirido con

las empresas la obligación de proteger esas infraestructuras,

reacciona con vigor.

“La mayor parte de las multinacionales en Colombia cometen

crímenes de lesa humanidad como una práctica habitual. Son per

se organizaciones criminales, que se basan en la información de los

servicios de inteligencia, utilizan sistemáticamente el soborno y la

coacción e imponen su modelo económico con el apoyo de

las bacrim(los grupos paramilitares)”, asegura Pedro Ramiro.

Colombia no necesitó de una dictadura militar para convertir la

violencia en un eje del cambio político y económico. En los últimos

30 años, el saldo macabro de seis décadas de violencia en el país –

guerrilla, militares, paramilitares, mafias narcotraficantes– es de

220.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 5 millones de

desplazados. Y las zonas más ricas en recursos son, muchas veces,

las más violentas. La riqueza del territorio puede ser la perdición

para los pueblos que lo habitan. Es la maldición de la abundancia,

según la expresión del ecuatoriano Alberto Acosta.

“Allí donde hay petróleo, se da una constante: lo primero que

sucede cuando llegan las transnacionales petroleras es que

aumenta la violencia; hay un impacto sociopolítico, desarraigo,

despojo. Las fuerzas militares actúan al servicio de las

multinacionales, tienen contratos para garantizar que el Ejército

defienda sus intereses y generan impactos de terror para evitar las

exigencias de sindicatos y movimientos sociales”, asegura el líder

sindical Rodolfo Vecino. En la USO apuntan a la complicidad de

Repsol en el “proceso de guerra” que vivió el Arauca, y añaden

que Cepcolsa, filial colombiana de la española Cepsa y socia de

Pacific Rubiales en las exploraciones de la Orinoquía, impide la

afiliación de los trabajadores.

Repsol en el Arauca

Parecía que hubiese desaparecido de la faz de la tierra. Sindicalistas

y comunidades indígenas de las áreas afectadas están convencidos

de que Repsol abandonó Colombia hace unos años. Sin embargo, la

firma, que llegó al país hace veinte años, sigue presente en los

departamentos del Arauca y La Guajira –la península fronteriza con

Venezuela–, con siete bloques en exploración y otros cuatro en

explotación. Ni su nombre ni su logotipo aparecen por ninguna

parte: “Repsol juega a la estrategia de la invisibilización;

seguramente, porque sabe que no es bienvenida en Colombia”,

apunta el investigador Pedro Ramiro. A lo largo de los años 2000,

organizaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace y OMAL

han puesto en cuestión la actuación de Repsol en el Arauca, donde

la firma explotaba los campos de Rondón, Campo Limón y Capacho,

entre otros. La empresa ha sido acusada de financiar a las unidades

militares a cambio de proteger sus instalaciones, pese al “historial

de abusos y violaciones de los derechos humanos” del Ejército

colombiano, según Greenpeace.

Como Gas Natural Fenosa, Repsol prefirió respondernos a través de

un cuestionario. En él aclara, que “por exigencia de los gobiernos”,

en algunos países la protección de las instalaciones “debe realizarse

en colaboración con las fuerzas públicas de seguridad”, como ocurre

en Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. En cualquier caso, la

empresa asegura que exige a sus proveedores de seguridad, sean

instituciones públicas o privadas, “el cumplimiento de criterios

[alineados con] estándares internacionales como la Declaración

Universal de los Derechos Humanos” y otros acuerdos

internacionales. En La Guajira, Repsol realizó un análisis sobre la

situación del orden público en la zona “como parte de las

actividades previas requeridas” para dar inicio a proyectos de

exploración en territorios poblados por comunidades indígenas. La

empresa afirma que, antes de contratar, se asegura de que no

tengan antecedentes asociados a milicias privadas o grupos

paramilitares. “Durante 2012 no se han tenido en cuenta

proveedores de seguridad privada que tuviesen este tipo de

antecedes en los procesos de licitación que hemos llevado a cabo en

Brasil, Colombia, Ecuador y Perú”, asegura la firma.

Las denuncias de violaciones de derechos humanos y contaminación

se repiten en varios países de la región en los que opera Repsol. La

animadversión hacia la empresa es tal que ha sido objeto de

campañas como la de Afectados/as por Repsol y Repsol Mata. Uno

de los casos más conocidos es el de la Patagonia argentina, donde,

antes de la nacionalización de YPF, las exploraciones de la firma

ocasionaron fuertes impactos en el medio ambiente y en la vida de

las comunidades mapuches. En la provincia de Neuquén, la

Comunidad mapuche reivindicó que no fue consultada, lo que

supone vulneración del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la

Organización Internacional del Trabajo, la principal normativa

internacional que defiende los derechos de los pueblos aborígenes,

suscrito por Argentina. Otro caso sonado ha sido el de Perú, donde

las comunidades indígenas amazónicas han protestado por las

operaciones de Repsol en el Bloque 39, una de las zonas con mayor

biodiversidad de la selva, que el propio Estado peruano reconoce

como tierras protegidas y oficialmente tituladas a los indígenas. En

el cuestionario, Repsol arguye en el cuestionario que su compromiso

es cumplir con el Convenio 169 incluso en aquellos países donde no

ha sido ratificado.

“Las buenas relaciones con las comunidades indígenas son tan

necesarias para el éxito de nuestro negocio como la gestión eficaz

de nuestras operaciones”, asegura la empresa. “Buscamos entender

las implicaciones sociales y económicas de nuestras actividades

para que podamos optimizar los beneficios y reducir los impactos

negativos. Aceptamos que no podemos satisfacer todas las

expectativas, pero donde quiera que operemos, tratamos de hacerlo

con el apoyo de la comunidad”, añade Repsol. La firma pone el

ejemplo de Ecuador: “En un ejercicio de apertura a la sociedad civil,

organizamos una visita a nuestras instalaciones de un grupo de seis

expertos que han dictaminado que Repsol es la petrolera que más

respeta los derechos de las comunidades indígenas en el país”. El

presidente ecuatoriano, Rafael Correa, les dio la razón: “Donde

mejor cuidada la selva es donde existen empresas responsables,

como Repsol”, afirmó en una visita a Madrid el pasado abril.

Responsabilidad social u obligación legal

Repsol asegura que cuenta con un equipo de más de 40 personas

“encargadas de dialogar y relacionarse con las comunidades del

entorno” y que, en los últimos tres años, ha invertido 90 millones

en acción social; de ellos, 22 millones de euros en proyectos de

desarrollo comunitario. Para la firma, estos programas son “parte

del compromiso de promover el desarrollo de las comunidades

locales”. Sin embargo, los movimientos sociales comunitarios se

quejan de que, muchas veces, estas ayudas económicas sirven para

cooptar líderes comunitarios y dividir a las comunidades. La

investigadora Ane Garay, de la OMAL, apunta que con

ese marketing solidario las transnacionales “se presentan como

parte de la solución y no del problema”, como estrategia para

“aplacar la rabia de la población, reblandecer corazones y desviar la

atención”.

El problema no estriba en los programas de RSC en sí, sino en que

éstos se consoliden como una alternativa a la ausencia de

mecanismos del Estado o de la sociedad civil para exigir

responsabilidades, como apunta Garay en el informe Empresas

transnacionales. La RSC se basa en los criterios de voluntariedad y

autorregulación: los códigos de conducta no vinculantes sustituyen

a la fiscalización externa por parte de autoridades estatales. Lo

mismo sucede a escala mundial con el código Global Compact de la

ONU, que apunta a diez principios éticos muy generales y sin

eficacia normativa. El objetivo final, concluye Garay, es la

impunidad; por eso el Tribunal Permanente de los Pueblos propone

crear alternativas de control; entre ellas, una corte mundial que

juzgue y sancione a las empresas, y no sólo a los estados.

“Hacen campañas de sensibilización o de empleo, pero es un

cuento: llegaron a nuestro territorio y provocaron contaminación del

agua, descomposición social, aumento de la violencia. Y aun así, les

llaman terroristas por explotar un oleoducto, cuando lo que están

haciendo es defender sus tierras ancestrales”. Quien así habla es

Óscar Pisso, líder de un resguardo indígena de 622 habitantes en la

región del Putumayo, en plena selva amazónica. Óscar describe una

situación trágica: las comunidades están cada vez más cercadas por

los proyectos petroleros o mineros, y han comenzado a organizarse

para defender el territorio. Es el primero en decirme algo que

después escucharé muchas veces en Colombia: “Indio sin tierra no

es indio”. Por eso, desde hace 500 años, los pueblos originarios

defienden un territorio que para ellos representa mucho más que el

sustento económico: es cultura, sacralidad, el lugar de sus

ancestros y donde crecen sus plantas medicinales.

Óscar atravesó en autobús media Colombia para llegar a Puerto

Gaitán y organizar nuevas formas de resistencia junto con otros

pueblos indígenas. Allí se encontrará con gente como Víctor, el líder

Uwa que me dejó estas palabras: “Nuestra lucha dura más de 500

años, y aquí seguimos, resistiendo, porque el interés del gobierno

es darle el territorio a las multinacionales. Queremos que nos

devuelvan la tierra, que se regenere y tenga vida para las próximas

generaciones. Las petroleras deben abandonar nuestro territorio.

Nuestros cadáveres no descansarán mientras no sea así”.

Nazaret Castro es periodista y vive desde hace cinco años en

América Latina. Este artículo forma parte de la investigación Cara y

cruz de las multinacionales españolas en América Latina, financiado

por los lectores de FronteraD a través de uncrodwfunding en la

plataforma Goteo. En FronteraD ha publicado reportajes como Una

flor en medio del asfalto, La matanza de Carandiru o La sociedad

carioca, en estado de apartheid, y mantiene el blog Entre la samba

y el tango.

Cara y cruz de las multinacionales españolas en América

Latina

1.- Grandeza y miserias del río Magdalena. El desembarco de las

multinacionales españolas en Colombia

2.- La luz que no llega a los ‘barrios subnormales’. Unión Fenosa y

Repsol en Colombia

En la próxima entrega hablaremos de las represas de Endesa en el

sur de Chile y del renacer de la resistencia del pueblo mapuche.

Analizaremos por qué Chile es “el modelo del modelo” del

neoliberalismo en América Latina y cuáles han sido las

consecuencias de haber privatizado el 100% de los recursos hídricos

del país.

Los cofinanciadores de esta investigación recibirán además una

serie de materialescomplementarios.

Para más información:

La Unión Europea y las transnacionales en América

Latina. Documento de la Sesión IV del Tribunal Permanente de los

Pueblos (TPP), celebrada en Madrid en 2010. Descargable

en: http://rebelion.org/docs/105936.pdf

Informe CEPAL, Internacionalización y estrategias empresariales en

la industria eléctrica de América Latina: los casos de Iberdrola y

Unión Fenosa. Patricio Rozas, Santiago de Chile, diciembre de 2008.

Empresas transnacionales. Diagonal, nº 209, noviembre de 2013.

Descargable en:http://omal.info/spip.php?article6068

Javier Sulé, Unión Fenosa en Colombia. Una estrategia socialmente

irresponsable. Observatorio de la Deuda de la Globalización.

Cátedra Unesco en Tecnología y Desarrollo. 2006

Informe Los nuevos conquistadores, Greenpeace, 2009.

Descargable

en:http://www.greenpeace.org/espana/reports/090930-03

Pedro Ramiro, Erika González y Alejandro Pulido, Las

multinacionales españolas en Colombia, Asociación Paz con

Dignidad/OMAL, 2007.

Pedro Ramiro y Alejandro Chaparro, Colombia en el pozo. Los

impactos de Repsol en el Arauca, Asociación Paz con

Dignidad/OMAL, 2006.

Informe sobre Repsol YPF en América Latina, 2008. Tribunal

Permanente de los Pueblos.

http://omal.info/IMG/pdf/informe_caso_repsol_en_america_latina_-

_final.pdf

Jesús Carrión, Erika González, Tom Kuchard et. al., Beneficios a

costa de los pueblos y de los derechos humanos. Corporaciones

Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe. Enlazando

Alternativas. Descargable

en: http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/ONU_DDHH_TN

C_ginevra_5_6_octubre_ES.pdf

Campaña de Afectados/as por Repsol.

Tribunal Permanente de los Pueblos: Veredicto de la sesión de

2010. Descargable

en:http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/TPP-

verdict_es.pdf

Audiencia en Puerto Gaitán contra Pacific Rubiales.

Cuaderno de bitácora (artículos del blog relacionados):

Indio sin tierra no es indio.

La Colombia de Los Llanos.

Aterrizando en Colombia, país de contrastes.

Colombia, un paraíso gastronómico.

Fotografías

Estado del cableado de la energía eléctrica en el barrio de Malambo.

En Barranquilla, Lorena cuenta cómo su compañero murió

electrocutado mientras trabajaba en la red de cableado de la empresa

Electricaribe.

Miriam, habitante del municipio de Malambo, en Barranquilla.

Asistentes al evento de Puerto Gaitán que analizó la actuación de las

multinacionales petroleras en Colombia.

Indígenas del departamento de Arauca asisten al evento sobre

multinacionales petroleras celebrado en Puerto Gaitán.