Minoridad: La Provincia sigue postergando una nueva legislación.

CHICOS SIN LEY“Nuestra sociedad, con o sin culpa, está fabricando delincuentes.

Y los jueces lo saben. No pueden ignorarlo. Están en la obligación de no ignorarlo.Se toma como pretexto para fabricar menores delincuentes

el hecho de que sus padres no pueden atender sus necesidades en una forma correcta.Y para corregir un pequeño mal, se crea un mal mayor. Infinitamente mayor”.

Roberto Arlt – 1932

El 28 de diciembre de 2000, Día de los Santos Inocentes, la Legislatura provincial sancionó, por unanimidad, la "Ley para la protección integral de los derechos del niño y adolescente", que proponía significativas reformas al sistema actual. Casi tres años después, sigue sin implementarse.Primero estuvo suspendida por un recurso judicial, que la Corte Suprema demoró más de dos años en responder.Después la suspendieron los propios senadores que la habían votado.Ahora hay otro proyecto en escena, que se autoproclama "más barato".Mientras tanto, los destinos de la infancia y de la juventud en la Provincia siguen regidos por un oxidado Decreto-ley de la dictadura, que penaliza la pobreza con la excusa de prevenir el delito.

Producción y entrevistas: Pablo Antonini y Verona Demaestri

Textos: Pablo Antonini

Origen y esencia del patronato

El reino del revés

La Argentina es uno de los países latinoamericanos más atrasados en materia de legislación para niños y adolescentes. Todavía rige una ley nacional que, a punto de cumplir 90 años, mantiene concepciones casi perimidas en el mundo, y se sigue aplicando el Régimen Penal de Minoridad sancionado por Videla. Todas están inspiradas en la “teoría del patronato”.

Hacia fines del siglo XIX, el Derecho prácticamente no reconocía diferencias entre niños, jóvenes y adultos. Las crónicas jurídicas de nuestro país abundan en casos famosos, como

el de un chico de 8 años que fue ahorcado por quemar un granero.En Estados Unidos, los menores de edad que violaban la ley penal eran sancionadas con un tercio de la pena que le correspondería a un mayor por igual delito. Menores y adultos iban a parar a las mismas instituciones, donde la promiscuidad era moneda corriente. Esta situación comenzó a ser rechazada por sectores reformadores norteamericanos, y se empezó a trabajar la idea de un trato jurídico diferenciado. También existía un factor económico y social determinante: como resabio de la revolución industrial, crecía exponencialmente la cantidad de chicos deambulando por las calles, mientras sus padres y madres trabajaban todo el día por salarios de hambre. Había que hacer algo. Había que establecer un trato específico para esa presencia cada vez más notoria y perturbadora. El resultado fue la creación del primer tribunal para menores en Illinois, en 1899. Su finalidad era el tratamiento de "las conductas desviadas o antisociales de los menores”. El "modelo Illinois" se exportó rápidamente a Europa y de allí a casi todo el mundo.Argentina sería el primer país latinoamericano en implementarlo, y no es casualidad. Según el censo de 1914, la ciudad de Buenos Aires tenía 1.576.597 habitantes, de los cuales 964.961 eran inmigrantes que se amontonaban en los conventillos. Las elites criollas se sintieron invadidas y amenazadas por una turba que los superaba en número: "Seres inferiores, tarados, corrompidos y disolventes, cuando no criminales. Hemos recibido cuanto desecho humano nos envía Europa”, definía Clodomiro Cordero.Todo ese deshecho eran nuestros abuelos o bisabuelos, comprueba hoy el sociólogo Alberto Morlachetti, coordinador nacional Movimiento Chicos del Pueblo y una de las personas que más ha escrito e investigado sobre el tema. "Venían a América con un destino prefijado que era la tierra y en lugar de la tierra que ya estaba distribuida, se tuvieron que quedar en Buenos Aires, Bahía Blanca o Rosario... Y se ubicaban en los conventillos, que se quedaban con el 40% de tu salario. Allí aparecían los oficios de la supervivencia, que eran mendigar, vender cosas, prostituirse o la delincuencia".Pero también se organizaban. La huelga de los inquilinatos en 1907, cuya principal demanda era una rebaja del 30% en esos alquileres, tuvo a las mujeres y a los chicos como principales protagonistas. En 1910, el diputado conservador Luis Agote advierte sobre la presencia de "gran cantidad de niños delincuentes" en reuniones de grupos anarquistas. Al diputado le preocupaban particularmente los canillitas, a quienes quizá por su contacto permanente con la información, consideraba presa fácil de esos grupos. "Es genial ver cómo siempre se relacionó el conocimiento con las ideas subversivas", comenta hoy el abogado Fabián Cacivio, secretario del Juzgado de Menores N° 2 de La Plata.Para Luis Agote, en efecto, la relación era más que clara. "Vendiendo diarios primero y después siguiendo, por una gradación sucesiva de esta pendiente siempre progresiva del vicio, hasta el crimen, van a formar parte de esas bandas anarquistas que han agitado la ciudad el último tiempo". ¿Qué hacer entonces con esos chicos, "que constituyen un contingente admirable para cualquier desorden social"? El diputado proponía algo muy simple: recluirlos en la isla Martín García. Allí había condiciones suficientes para "el alojamiento de 10 mil menores vagabundos", quienes "provistos de elementos de trabajo, y bajo una buena vigilancia moral, se convertirán en hombres buenos y sanos para el país". Es fácil ver cómo, desde el principio, la verdadera esencia del patronato es proteger a la sociedad de los chicos, y no al revés. "El Estado tiene el derecho de secuestrar a los

menores cuya conducta sea manifiestamente antisocial, peligrosa, antes de que cometan delitos", define Bollero, uno de sus teóricos, en 1918. "No hay en ello restricción de libertad civil: el menor no la tiene y sólo se trata de sustituir la patria potestad por la tutela del Estado".Bajo estos principios, el Congreso Nacional sanciona, en 1919, la Ley 10.903 o Ley Agote, que hasta hoy rige el tratamiento de la infancia en la Argentina.

La esencia del patronato

Para Cacivio, es evidente que el Derecho de Menores contiene una paradoja desde su nacimiento: "Bajo el pretexto de sacar al chico de las rigideces del Derecho Penal, en realidad lo que se hizo fue sacárselo al juez penal (que podía condenarlos, pero siempre que los encontrara culpables de un delito) y crear la figura del juez de menores que directamente no tiene en cuenta el Derecho, porque tiene en cuenta lo que es el chico y no lo que hizo.. Entonces, ya arrancamos mal. Arrancamos en un campo que no tiene nada que ver con el Derecho porque se resuelve y se juzga sobre la situación de una persona, no por el acto que haya cometido sino por su condición".Todos los mecanismos, los conceptos y hasta la terminología que se emplea surgen de este paradigma. Para empezar, el propio término "menores", que no es lo mismo que "chico": mientras el primero remite a una persona en desarrollo, el segundo define a una suerte de "aspirante a persona", condición que en términos jurídicos alcanzará cuando cumpla 18 años, momento en que pasará a tener, para la ley, los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano. Los "menores" no son víctimas o autores de delitos, sino que tienen "problemas". Si delinquen, no les corresponde una pena sino un "tratamiento", y si son víctimas de un delito o están desamparados, también. Para "tratarlos" no se los priva de la libertad sino que se los "interna", y para eso hay un lugar que no tiene nada que ver con una cárcel porque es un "instituto", por más que a veces se le parezca mucho. Por eso allí no hay guardias ni celadores, sino "maestros".En la práctica, es un sistema pensado por y para los pobres. Basta comparar el tratamiento penal que desde esta óptica pueden recibir, por ejemplo, un chico pobre de 10 años que arrebata un monedero y un joven de 17 años, clase media, que comete un homicidio. Lo que evalúa el juez en ambos casos no es el hecho, sino la posibilidad de que el menor se encuentre moral o materialmente abandonado. Y como resultado, lo más probable es que el primero pase años en un Instituto y el segundo vuelva rápidamente a su casa, si la familia ofrece contención, apoyo y acceso a un psicólogo particular.Con el tiempo, la teoría del patronato empezó a hacer crisis, y el fusible saltó en el mismo país que la vio nacer: Estados Unidos. Como detonante actuó el caso de un chico de 16 años a quien, por hacer obscenidades telefónicas, un juez lo terminó encerrado en un reformatorio hasta los 21. Un abogado muy hábil llevó el caso hasta la Corte Suprema de los EE.UU. Y la Corte dijo algo obvio: si en vez de un chico hubiera sido un mayor, apenas tendría que haber pagado una multa por lo que hizo. Entonces no le puede corresponder más por ser menor, porque la Constitución estadounidense no hace distingos entre mayores y menores. "Es una verdad de perogrullo", se ríe Cacivio... "¿Estuvieron 70 años para reconocer eso? Pero lo más increíble es que eso fue en 1967, y nosotros seguimos sin entenderlo".

Preguntas y perspectivasEl caso dio la vuelta al mundo y durante más de una década las Naciones Unidas debatieron la creación de un nuevo paradigma que reemplazara al del patronato. El resultado se plasmó en la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989, las reglas de Beijing, las directrices de Riad y otras que conforman hoy el universo de protección integral de la infancia.

En 1994, la Argentina incorporó todas esas normas a su Constitución, pero excepto por algunas provincias, mantiene casi inalterable su legislación interna. A nuestro alrededor, más de una docena de países latinoamericanos han completado procesos de reforma acordes a la Convención, empezando por Brasil en 1990.Es una lucha demorada y urgente. Pero, según remarca Morlachetti, una lucha que debe ir unida a las demás para ser efectiva: "Mi pregunta es si la sola promulgación de una ley modifica la realidad. El Estatuto de la Crianza en Brasil, que es hasta más progresista que la propia Convención, ¿ha modificado la realidad en el país hermano? No. Las mejores leyes que se promulgaron aquí son las de Mendoza y Neuquén, pero ninguna de las dos provincias se han modificado por la simple promulgación de leyes. En última instancia, el Derecho es el deseo programático de un conjunto de gente. Es una bandera, más que una realidad. Las leyes rigen si el conjunto de la gente las hace cumplir".Cacivio coincide: "Las leyes no tienen que reflejar la realidad. Las leyes son un faro; se basan en la realidad para proponer el camino a seguir. Para reflejar la realidad necesito una estadística y no una ley". Sin embargo, agrega: "No es lo mismo una ley que obliga al Estado que una ley que lo ampara. La ley es una herramienta: no impide que haya deudas sociales, pero le da más herramientas a los perjudicados para cobrarlas".

La situación actual en la Provincia

Una historia con final abiertoBuenos Aires fue la primera provincia en crear los juzgados de menores que preveía la Ley Agote, mediante la Ley 4.664 de 1938. Esta norma fue luego reemplazada por el Decreto-ley 10.067 que sancionó apresuradamente la dictadura en plena retirada, el 25 de octubre de 1983. Tan importante sería para el delegado de los militares, Jorge Aguado (actualmente revista en el grupo Macri como gerente de SOCMA), que se las arregló para publicarla en el Boletín Oficial en el último suspiro del gobierno de facto: el 10 de diciembre. Faltaban sólo unas horas para que asumiera Alfonsín. En el apuro, la 10.067 salió con todo tipo de errores de ortografía, tipógraficos, referencias que remiten al artículo equivocado y hasta renglones faltantes. Y sin embargo ahí está todavía, reglamentando los destinos de los chicos y adolescentes en la Provincia. "Es una cosa increíble -se indigna Cacivio- que con 20 años de democracia no hayamos podido cambiar lo que ellos hicieron entre gallos y medianoche".Recién en 1997, el tema empezó a discutirse seriamente en la Legislatura provincial.Con el tiempo, ese importante camino que se iniciaba se transformó en una complicada trama política, jurídica y administrativa. Lo que sigue es apenas un resumen:

Fines de 1998. La Cámara de Senadores vota un "proyecto de Ley de Minoridad", que

luego hace agua en Diputados. El senador del Frepaso Eduardo Sigal, abre una etapa de consultas con distintos sectores para trabajar en un nuevo texto que logre mayor consenso.

1 de junio de 1999. La Cámara de Apelación y Garantías de San Nicolás declara inconstitucional el Decreto-ley 10.067. No hay consecuencias.

19 de septiembre de 2000. El proyecto -que acumula ya tres años en estado de debate parlamentario- parece ingresar en la recta final. El por entonces vicegobernador Solá organiza una reunión para terminar de acercar posiciones. Sigal pide "legislar cuanto antes, ya que hay un piso de consenso". Según el diario El Día "existiría un plazo imperativo: el 30 de septiembre".

28 de diciembre de 2000. Diputados da media sanción, y algunas reticencias que quedaban en Senadores son disipadas cuando Irma Lima, por entonces titular del Consejo del Menor, se hace presente amenazando con renunciar si la ley se sigue demorando. El "Proyecto Sigal" es aprobado por unanimidad y se convierte en Ley provincial N° 12.607 "De protección integral de los derechos del niño y el joven".

12 de febrero de 2001. El Consejo de Asesores de Menores e Incapaces de la Provincia se pronuncia en duros términos contra la nueva ley y eleva un documento al Procurador General de la Suprema Corte, Dr. Eduardo Matías de la Cruz. Los asesores definen la ley como inconstitucional; consideran que sacar las causas asistenciales de la órbita judicial implica una restricción en el acceso de los niños y jóvenes a la Justicia. Llamativamente, por un lado se reconoce que "debemos despojarnos de antiguos conceptos respecto del rol del Juez de Menores", y a la vez se funda otra de las críticas en que la nueva norma contradice "la Ley 10.903 (Ley Agote), que no ha sido derogada y que instituye al Juez como único órgano que determina el destino del menor".

1 de marzo de 2001. De la Cruz interpone un recurso de inconstitucionalidad ante el máximo Tribunal bonaerense. Entre sus fundamentos, plantea que la ley "subvierte competencias", e "introduce un sistema atentatorio de los principios republicanos de gobierno". También advierte que el Poder Judicial corre el riesgo de quedar como "mero auxiliar" del Ejecutivo, y recuerda que los Asesores tienen una "inexcusable intervención en todo asunto que involucre a un menor". También solicita una medida cautelar para que se suspenda totalmente la vigencia de la ley hasta que haya sentencia sobre su recurso.

21 de marzo de 2001. La Corte se expide sobre la medida cautelar, y se da una situación curiosa: de los nueve jueces que la integran, tres votan en contra del pedido, tres a favor y los tres restantes solamente por la suspensión de los artículos cuestionados. Un triple empate. En este tipo de casos, como son todas posiciones minoritarias, la mayoría surge de la intersección entre los votos que están por suspender todo y suspender una parte, ya que, al menos en esto último, hay seis que están de acuerdo. De esta manera, el Tribunal se pronuncia por suspender los artículos cuestionados de la 12.607 hasta que haya una

sentencia.

5 de abril de 2001. El Procurador comunica a los Asesores que la ley está totalmente suspendida y vuelve a regir el Decreto-ley 10.067.

1 de septiembre 2002. Transcurrido un año y medio de indefinición, se conforma una "Multisectorial por los Derechos de la Infancia" que realiza un encuentro en el Colegio Nacional. Se firma un pronunciamiento conjunto en el que, básicamente, se exige, "ante este perjudicial estado de incertidumbre", que la Corte se pronuncie de una vez. Firman, entre otros, Estela de Carlotto (presidenta de CASADCIN, Comité Argentino para el Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño), Carlos Cajade, Eduardo Sigal, representantes de la Asociación Judicial Bonaerense y otros gremios nucleados en la CTA, autoridades y docentes universitarios.

5 de mayo de 2003. Se informa que es inminente el fallo de la Corte y, simultáneamente, aparece en escena el proyecto Corvatta, listo para convertirse en ley. "El Senado bonaerense aprobará el jueves próximo -anuncia El Día- un proyecto para una nueva ley de Minoridad y, posiblemente, en la misma jornada la Cámara de Diputados podría sancionar la norma”.. Como se sabe, toda ley nueva deroga a la anterior, así que la 12.607 parece condenada: si queda habilitada por vía judicial, será anulada por vía legislativa.

12 de mayo de 2003. A último momento, el presidente del Senado decide guardar su proyecto, y presenta otro que consiste simplemente en suspender la 12.607 por 180 días más. Con una modalidad atípica -sin debate en el recinto ni paso previo por comisiones-, el Senado aprueba esta ley y la de los tragamonedas, a la velocidad de la luz. En la bancada oficialista explican el cambio de estrategia aduciendo que ese plazo se utilizará para construir un mayor consenso político y judicial en torno al nuevo proyecto.

17 de mayo de 2003. La Corte se expide a favor de la 12.607. Dice que la ley es constitucional.

14 de julio de 2003. Se le remite una carta al gobernador Solá en la que se repudia la vigencia del Decreto-ley de la dictadura y se reclama la inmediata aplicación de la Ley 12.607. Firman: Estela de Cartotto, Víctor de Gennaro, Adolfo Pérez Esquivel, Alberto Morlachetti. Adhieren: CELS, SERPAJ, Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, CTA, CASADCIN y otras entidades.

Caja, poder e ideología¿Cuál es el trasfondo, la explicación, para semejante disputa? Porque tratándose de éste tema, semejante grado de confrontación parece, a primera vista, sorprendente. La Pulseada se lo preguntó a sus protagonistas.“La niñez en riesgo tendría que generar más consensos políticos”, coincide el abogado Marcelo Mendy, que participó en la elaboración de la Ley. Mendy recuerda ese proceso

como "dos años de trabajo y discusión conjunta, con participación de todos los bloques". En su opinión, el conflicto se origina después de la sanción por "la reacción corporativa de algunos sectores de la Justicia. El problema –concluye- es que el Poder Judicial es,

por naturaleza, renuente al cambio”.Para Hugo Alejandro Corvatta, en cambio, es un problema de presupuesto: "La ley 12.607 es realmente muy buena, pero es muy buena para Suiza". Para la Provincia, afirma el vicegobernador, "implica una estructura demasiado costosa que se puede simplificar. De hecho, nosotros estaríamos reduciendo una estructura de alrededor de 100 millones de pesos a 30 ".El secretario general de CASADCIN, Pablo Villegas, ve un "problema de caja", y recuerda que el Senado "está siendo investigado hace más de un año por derivar subsidios a organizaciones inexistentes de la sociedad civil; están procesados varios senadores y ¿quién tiene la investigación de este tema? Matías de la Cruz". Según esa interpretación, al suspender la Ley, el Senado estaría resguardando la "caja para subsidios" de la Justicia, a cambio de que la investigación sobre la caja propia no avance."Eso es un absurdo", deshecha el Procurador. "Es propio de gente que vuela muy bajo. Yo no he negociado ni voy a negociar nada. Yo tengo esta función por Ley y la cumplo". De la Cruz explica que emitió el recurso porque "todos los Asesores de Incapaces de la Provincia me lo pidieron", ya que "si hay una persona en la organización del Estado que tiene conocimiento de los problemas de los menores, es el Asesor".. Y que el motivo es, básicamente, un problema de competencia: "Nosotros impugnamos toda la transferencia, que se hacía en esa ley, de facultades que son propias y naturales del Poder Judicial en todos los regímenes del mundo”. El abogado Marcelo Ponce Nuñez, que también participó en la confección de la ley, identifica en cambio un problema de poder. "Yo resumo la situación actual en una frase: después de Dios están los jueces de menores. Por las facultades discrecionales que tienen, es terrible lo que bien o mal pueden llegar a hacer. Están acostumbrados a este sistema y por eso se oponen a la implementación de otro mucho más ecuánime y controlado”.Fabian Cacivio está convencido de que existe un problema ideológico. “Acá hay una opción clara: están las normas de la dictadura basadas en la concepción del patronato, y la 12.607 que es otro paradigma absolutamente distinto, un sistema jurídico basado en las normas de la UNICEF. La discusión es ideológica, y por eso muchos pueden decir lo que dicen y están tan convencidos, porque la ideología es eso: consiste en creer una cosa, sostenerla e interpretar todo con ese cristal”.

Comparaciones y conflictosUno de los puntos más conflictivos es la competencia de la Justicia en materia asistencial, que en la práctica ocupa la mayor parte del trabajo en los juzgados. Para la asesora de Menores Margarita Gutiérrez, esto no es así porque les guste sino porque no queda otra. "Se dice que se judicializa la pobreza y es cierto. Indudablemente vamos a judicializar la pobreza, pero la vamos a judicializar porque no hay políticas públicas del Estado”. La asesora recibe a La Pulseada en un escritorio repleto de carpetas celestes. Cada una de ellas es una causa que involucra a chicos y adolescentes. "Acá adentro -dice tocando una al azar- está la voz de un chico que te pide. Acá en la puerta, los chicos hacen cola

descalzos... Entonces, por una cuestión humana, alguna solución le tenemos que dar, aunque sea transitoria”.Como ejemplo, cuenta el caso de una mujer que llegó buscando un nebulizador. Desde su despacho se llamó a todos los organismos competentes sin obtener respuesta, y terminaron haciendo una vaquita con los secretarios. "A veces más que la ley, aplicás el sentido común... Y en muchos aspectos, nuestro trabajo es realmente asistencial”.La ley 12.607, en cambio, está elaborada sobre el concepto de que la tarea asistencial debe ser propia del Ejecutivo, creando organismos y recursos específicos, mientras que el Poder Judicial debe limitarse a intervenir cuando hay un delito o un conflicto de derechos. Sus impulsores sostienen que hoy los jueces y asesores están tan sobrepasados de causas asistenciales que no pueden dedicarse de lleno a lo que debería ser en realidad su tarea.En un despacho cercano al anterior, Cacivio contra-argumenta: "Los hospitales no tienen gasas ¿Vamos a dar gasas en el Juzgado? Si por algún motivo la escuela de mi hijo le niega su educación, la solución por vía judicial es que yo meta un amparo para obligar al Ejecutivo a que esa escuela abra y le dé clases, no que le den las clases en el Poder Judicial"."Mirá esto", dice señalando pilas de carpetas. El secretario se levanta, rodea el escritorio y abre un armario de metal que también rebalsa de carpetas celestes: "Causas, causas, causas... Allá hay más. Cuando yo era secretario penal tenía 500 causas; me sabía de memoria los nombres. Ahora tengo 3 mil. Con este sistema nos la pasamos abriendo causas porque un pibe no tiene zapatillas, en vez de dedicarnos a impartir justicia para los chicos".Curiosamente, Corvatta coincide: "Hay que separar los casos asistenciales de los penales, y que sean los municipios quienes se hagan cargo de esa contención y esa asistencia".. Y es que él asegura que no le preocupan los principios de la 12.607, si no la "estructura exagerada" que requiere para su aplicación.Las diferencias "de estructura" entre la ley y el proyecto son notables: la ley crea un Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos, que incluye un Consejo Provincial del Niño y el Joven (cuya función sería centralizar el diseño y elaboración de las políticas asistenciales), Consejos Municipales en cada distrito (que serían los encargados de ejecutar esas políticas) y Servicios Locales y Zonales de Protección de Derechos (pensados fundamentalmente para los distritos más conflictivos). El proyecto Corvatta sólo coincide en la creación de los Consejos Municipales. El organismo administrativo provincial no se define, sino que le confiere al Poder Ejecutivo la facultad de determinarlo.En el plano judicial, la 12.607 transforma los actuales juzgados de menores en un Fuero Judicial de Niños y Jóvenes, que se compone de juzgados en lo Civil y juzgados en lo Penal, cada uno con su respectiva Cámara de Apelaciones, además de un Juzgado de Garantías Penal Juvenil. El proyecto Corvatta propone un Fuero Judicial de Menores, con Juzgados que engloben la competencia penal, civil y proteccional, y una Cámara de Apelaciones. Coincide con la ley en la creación de un fiscal y un abogado defensor.En resumen, el vicegobernador piensa que “con una estructura mucho más pequeña, se puede prestar absolutamente el mismo servicio".A Marcelo Ponce Nuñez, esos argumentos lo hacen enojar: "A mí no me digan que yo puedo construir la misma casa con 100 millones o con 30. La misma no va ser; va a ser

distinta, más barata. Vos no podés, como legislador, armar un sistema para solucionar un conflicto pensando si es caro o es barato. Tenés que pensar si es bueno o es malo y después generar los recursos necesarios. Con ese criterio, como la aparatología médica para tratar enfermedades complejas es cara, tampoco la compremos y sigamos con la cataplasma y el baño del vapor".

Futuro inmediato¿Qué va a pasar ahora? En las últimas semanas, Corvatta organizó tres jornadas para discutir su proyecto, con resultados dispares. A la primera convocó a representantes del Poder Judicial; a la segunda, de los Municipios y a la tercera, de las ONGs. En las dos primeras cosechó dudas y apoyos, mientras que en la última fue duramente atacado por todos los oradores, al punto que se decidió terminar el encuentro cinco horas antes de lo previsto.Pero eso está lejos de desanimarlo. El vicegobernador le explicó a La Pulseada que las ONGs que respondieron a su convocatoria "no expresan a la mayoría. Vinieron solamente ONGs que estaban en contra del proyecto y a favor de la 12.607, pero hay otro número similar o mayor que están de acuerdo".En su opinión, el grado de conflictividad que adquirió el tema es culpa de "la intransigencia de algunos sectores que no quieren modificar la 12.607, que se creen dueños de la verdad y les parece que una nueva ley es perder la autoría. Entonces están trabajando por el marketing y no por obtener una ley realmente favorable para los chicos”. Pero dice que entre los legisladores "hay otra voluntad, otro clima".Eduardo Sigal, en tanto, dejó su banca hace un tiempo para cumplir funciones en Cancillería. En su lugar asumió Jorge Drkos, quien asegura va a continuar la tarea de su antecesor y apuesta a que "la próxima composición de la Cámara (que se renovará en las elecciones de septiembre) deje sin efecto esta suspensión y pueda permitirse la plena vigencia de la 12.607, que nos sitúa en un plano de igualdad con legislaciones más avanzadas del mundo".En tanto, Villegas dice que el proyecto Corvatta puede votarse "en cualquier momento", y que el propio senador le aseguró sencillamente que "va a salir porque somos mayoría". Cacivio teme lo mismo y plantea que falta más participación en la defensa de la 12.607, porque se siente la ausencia de "muchos sectores que están involucrados en la infancia, incluso gremios. Salvo pocas excepciones, los mismos que apoyaron y votaron la ley no están saliendo a defenderla".En el Poder Judicial, mayoritariamente, a la 12.607 ya la dan por muerta. Se habla de "la fracasada reforma procesal". Se la denomina en tiempo pasado y, sobre todo jueces y asesores, depositan expectativas en el nuevo proyecto. La subsecretaria del Area de Menores e Incapaces de la Procuración, Marcela Piccione, asegura que "es más viable"; el juez Ricardo Fraga de Morón lo califica de "sensato y ordenado" en contraposición con la "mala experiencia" anterior; y Margarita Gutierrez afirma que "nos alegramos de que esta vez nos dieran participación".Y así está la cosa. La agenda política en este momento tiene otras prioridades, pero nadie descarta una "sanción sorpresa" del nuevo proyecto. La discusión es compleja e interesante. Los intereses en juego son muchos. En tanto, en los institutos y comisarías se siguen amontonando pibes, al igual que las carpetas en los armarios de 8 y 56.

PALABRAS CRUZADAS

Eduardo Matías de la Cruz (Procurador General de la Suprema Corte bonaerense)“Lo que hace falta no son organismos nuevos, sino mejorar los que ya existen. Hay que crear más institutos, y dar una fuerte capacitación a su personal. No puede ser que entren como cualquier administrativo del Estado”.“Bajo ningún concepto puede verse como privación de la libertad la internación de un menor bajo la tutela del Estado”.“La disponibilidad sobre la libertad de las personas, la disponibilidad del padre con sus hijos, sólo pueden ser determinados con intervención de la Justicia. Nosotros impugnamos toda la transferencia que se hacía en esa ley de facultades que son propias y naturales del Poder Judicial en todos los regímenes del mundo”.

Margarita Gutiérrez (Asesora de Menores)“La 12.607 no fue una ley seria. No tuvo ni siquiera seriedad para el sujeto de derecho que es el menor, ni para los jueces que tienen que aplicar la ley, ni para el asesor que tiene que peticionar”. “Nosotros, de golpe, nos encontramos que teníamos ley nueva. Los jueces se sacaron todas las causas de encima y el órgano administrativo ¿dónde estaba? ¿Yo qué le decía a la gente: ‘Mire señora quédese tranquila y espere unos seis meses que, con suerte, el Estado le va a restituir los derechos de su hijo’? El que tiene que dar la cara acá somos nosotros”.“Cuando nos invitaron a los asesores y jueces a debatir el proyecto Corvatta, nos alegramos un poco de que nos dieran participación, porque en la ley anterior, si bien pudo haber intervenido algún juez, los asesores no han intervenido. Nunca te llaman, cuando en realidad nosotros somos los que estamos más en contacto con el chico”.

Jorge Drkos (Senador del Frente Grande)“Generar instancias que permitan solucionar los problemas de la minoridad no significa más burocracia, sino tratar de apuntalar y abordar específicamente cada uno de los temas. Lo otro es abaratar costos para que existan los grandes generalistas que supuestamente pueden resolver todo y terminan resolviendo muy poco”.“Yo sí quiero que los bonaerenses puedan vivir como en Suiza, y voy a hacer todo para que esto se parezca. La legislación tiene que ir en un sentido progresista, que avance y no que retroceda”.

Marcela Piccioni (Subsecretaria del Área de Menores e Incapaces, Procuración General de la Suprema Corte)“Con la 12.607, la competencia del juez de menores queda muy acotada. Al chico se lo coloca en un carrusel donde lo más probable es que, después de dar varias vueltas, regrese al mismo lugar de donde había llegado con su conflicto”.“Yo pregunto: ¿quién permitiría que un órgano administrativo te saque de tu casa, decida sobre tu pertenencia familiar para ir a otra familia o para ir a una internación sin la

disposición de un juez? Para nosotros es un extremo”.“Nosotros no decimos que el proyecto Corvatta es lo ideal, pero sí que es más viable”.

Marcelo Ponce Núñez (Abogado especialista en niñez y juventud. Coordinador provincial del equipo jurídico de la CTA y abogado del Hogar del padre Cajade)“Yo resumo la situación actual en una frase: después de Dios están los jueces de menores. Por las facultades discrecionales que tienen, es terrible lo que bien o mal pueden llegar a hacer. Están acostumbrados a este sistema y por eso se oponen a la implementación de otro mucho más ecuánime y controlado”.

“Primero hay que crear todos los sistemas que prevé la nueva ley y después vemos si necesitamos más institutos. Pero primero demos un marco de contención y reinversión social. Lo que pasa es que es más fácil alambrar la mitad de la Provincia, de un lado los malos y del otro los buenos. Que es más barato, es más barato; hoy es mucho más barato

armar institutos que contener la problemática social. Pero a futuro, eso se revierte totalmente”.

Fabian Cacivio (Secretario del Juzgado de menores N° 2)“Acá hay una opción clara: están las normas de la dictadura basadas en la concepción del patronato, y la 12.607 que es otro paradigma absolutamente distinto, un sistema jurídico basado en las normas de la UNICEF. La discusión es ideológica y por eso muchos pueden decir lo que dicen y están tan convencidos, porque la ideología consiste en creer una cosa, sostenerla e interpretar todo con ese cristal. Es un tema rico para debatir cara a cara... ¿Por qué no te organizás una mesa redonda? ”.

Marcelo Mendy (Abogado que intervino en la confección de la 12.607)"La Justicia está para resolver conflictos de derechos, no para amparar niñez en estado de abandono. La actual institucionalización del menor consiste en barrer bajo la alfombra a un chico por el sólo hecho de ser pobre”.

ANTECEDENTEEl senador Hugo Corvatta no es un improvisado en la materia. Ya en octubre de 2002 había impulsado otra iniciativa para el tratamiento de la infancia y la juventud en riesgo: la "colimba educativa". La idea era que todo chico de más de 14 "que no estudie ni trabaje" fuera a parar obligatoriamente a los cuarteles. El carácter obligatorio era importante, fundamentaba el legislador, porque "los chicos más marginales y con problemas de conducta, a quienes se apunta con esto, se van a negar a hacerla".El proyecto contemplaba pagar al Ejército 150 pesos mensuales por chico, suma nada despreciable teniendo en cuenta que se calculaban que 40 mil chicos de la provincia estaban en condiciones de ser afectados al sistema. Cuando Página/12 le preguntó si "es consciente de lo que significa el Ejército, a partir de las dictaduras, para la mayoría de la sociedad", el vicegobernador se limitó a responder: "Todos tienen derecho a reivindicarse".La intención de Corvatta era hacer "un trámite rápido" para implementar el proyecto en marzo de 2003, pero las inmediatas repercusiones negativas lo obligaron a guardarlo en un cajón. Esta vez se muestra convencido de que va a tener mejor suerte.

PALABRAS MENORES

"Por privación de la libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública”.(Regla 11b de las Naciones Unidas, "para la protección de los menores privados de su libertad", incorporada a nuestra Constitución en 1994)

Según el último relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de 2001, en la provincia de Buenos Aires se encontraban privados de su libertad en comisarías, institutos de menores y otras organizaciones, 8.195 personas menores de 18 años, de los cuales sólo 853 habían sido inicialmente detenidas por motivos penales. Los 7.242 restantes, que configuran un contundente 88%, fueron por causas asistenciales. El registro (datos centralizados de la Policía bonaerense) también da cuenta de unas 15 mil detenciones anuales de niños y niñas, y aclara que “a ello debería sumarse una cifra de aproximadamente 30 mil chicos, cuyas detenciones sólo quedan registradas en las comisarías cuando el juez ordena su pronta libertad”.Según cifras del Sevicio Penintenciario, el 70% de la población carcelaria pasó antes por institutos.Según los propios pibes, la cosa funciona así:

El testimonio de Carlos"Hay jueces y jueces; no sé si son todos iguales. Bah, por lo menos yo puedo hablar de la jueza que tengo yo, y se preocupa. Lleva la causa, ¿entendés? Vos la ves y no es como algunos que la dejan archivada y el pibe tiene que hacer bondi para que lo tome en cuenta. Mi causa primero la llevaba otra jueza que me mandó acá y nunca más me mandó a llamar; me dejó re en el olvidó; se re-descartó conmigo. Tenía esas mañas, tenía esa manera de trabajar: encerraba a los pibes y bueno, por ahí después al año llamaba. Pero bueno, después cuando entró esta otra jueza fue cambiando todo una banda”."El encierro para mi no sirve. Debe haber otras maneras en que el pibe pueda cambiar ¿Te doy un ejemplo? Que lo puedan contener un poco más, porque al pibe vos haciéndole un tratamiento psicológico bueno, se le pueden acomodar las ideas. Puede salir con los pensamientos más claros. En cambio acá se llena de odio, resentimiento... Yo estuve como 7 meses sin pisar el pasto, re aislado de la sociedad, y el pibe va a pensar, claro, salgo y mato a uno, voy a robar..."."El encierro genera una banda de cosas: angustia, soledad, bueno, que tenés a tu familia, te ponés a pensar cómo estarán... Yo pienso que debe haber otros modos, porque el pibe con tanto encierro empieza a hacerse la cabeza y necesita hablar. Qué sé yo... No es que porque hayamos hecho cosas de animales, somos animales. Nosotros seguimos siendo seres humanos, ¿entendés? Yo sigo teniendo sentimientos, pienso, razono... y estos, qué sé yo, piensan que te mandaste una cagada y ya sos irrecuperable".

(Carlos, 18 años, alojado en un instituto penal de máxima seguridad)

El testimonio de Martín"Me metieron al instituto porque me escapaba de mi casa. Mi mamá no me podía tener. Yo estaba una semana con ella y una semana en la calle. Me juntaba con gente de mi barrio, o por ahí terminaba durmiendo en un auto. Mi mamá hizo una denuncia que no me podía tener. Le llegó la citación y me llevó tres veces al Juzgado. A la tercera le dijeron que para ella era lo mejor que yo estuviera en el instituto en vez de andar con el corazón en la boca. La pensó, la pensó y no le quedó otra"."Primero estuve en Villa Elisa un año y me escapé. Un celador me cagó a palos dos veces, y cuando me quiso pegar la tercera, agarré mis cosas y me fui. Llegué a lo de mi mamá. Fuimos al Juzgado y me mandaron a un instituto de tránsito. Como ya un poco me daba, de ahí me mandaron a una Comunidad en González Catán. Me escapé, y después me mandaron a una en Mar del Plata que fue una odisea. Porque eran penales con pibes asistenciales como yo. La droga entraba y salía como si nada, y si te podían dar un puntazo, te daban. Porque si sos asistencial sos gil, porque vos no caíste por nada, por andar boludeando en la calle. En cambio si sos penal, yo soy chorro y para mi vos sos un gil, y si me hablás te pego una piña porque tengo derecho a pegarte; vos no tenés derecho a nada"."Los pibes que entran por asistencial y cuando salen van a chorear, es porque se juntan con los pibes chorros. Se escapan con él pero la pauta es robar con ese pibe, porque sino no podés patear con él. Me pasó a mí. Cuando me escapé conozco a un pibe, me invitó a la casa, me fui a vivir con él y la pauta era salir a robar juntos porque sino no podía patear con ellos. Viví 4 meses con ellos. No me gustaba y me fui a vivir con otros pibes, gente conocida. Y tampoco sirvió porque era más de lo mismo"."En el Instituto aprendés mucho, para bien y para mal. Yo no diría a matar, pero sí a asustar. Aprendés a asustar. Lo aprendés para defenderte, pero para bien y para mal, porque por ahí le hacés mal a alguien que no se lo merece. Pero si yo le tengo que hacer mal a alguien que se lo merece, se lo hago, porque ya sé cómo se hace. Y si me caga a palos, me caga a palos; una ganada y una perdida".(Martín, 17 años, estuvo en varios institutos por una causa asistencial)