La reforma a la justicia

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Carrera 10 No. 14-33 Piso 3 Tel: 2828583 Cel: 3128609660 email: [email protected] Bogotá, D.C. ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JURISDICCIONAL ASONAL JUDICIAL NACIONAL Personería Jurídica No. 00484 de Enero 16 de 1976 Filial CUT-Fenaltrase LA REFORMA A LA JUSTICIA, UN IMPERATIVO INMEDIATO La XVII Asamblea Nacional de Delegados de Asonal Judicial realizada en la ciudad de Bogotá los días 31 octubre, 1 y2 de noviembre de 2013, ante las voces de varios sectores sociales, gubernamentales y políticos sobre la necesidad de una reforma a la justicia, por algunos actos de corrupción denunciados en los últimos días, y luego de un amplio análisis sobre estos fenómenos que afectan la legitimidad del poder judicial, adopta como posición de nuestra Organización Sindical la alternativa de impulsar una verdadera reforma democrática a la Administración de justicia, la que debe dirigirse esencialmente a posibilitar el acceso a la misma a la población colombiana, la idoneidad y trasparencia en la escogencia y elección de los magistrados de altas cortes y demás funcionarios, un presupuesto adecuado y garantías para que los principios de autonomía e independencia judicial sean una realidad en nuestro ordenamiento jurídico, DECLARA Los recientes sucesos relacionados con la reprochable conducta del magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga Oliveros al comprometerse con el coronel Robinson González del Río, sindicado de cometer crímenes de lesa humanidad en el departamento de Caldas, a gestionar sus casos para que fueran investigados por la jurisdicción penal militar, han revivido el debate nacional en torno a la necesidad de emprender una reforma a la administración de justicia. La reforma judicial no puede convertirse en el escenario en el cual las Altas Cortes aprovechen el momento para hacer prevaler los intereses individuales y corporativos de sus miembros a través de presiones

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ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JURISDICCIONAL

ASONAL JUDICIAL NACIONAL Personería Jurídica No. 00484 de Enero 16 de 1976

Filial CUT-Fenaltrase

LA REFORMA A LA JUSTICIA, UN IMPERATIVO INMEDIATO

La XVII Asamblea Nacional de Delegados de Asonal Judicial

realizada en la ciudad de Bogotá los días 31 octubre, 1 y2 de

noviembre de 2013, ante las voces de varios sectores sociales,

gubernamentales y políticos sobre la necesidad de una reforma a

la justicia, por algunos actos de corrupción denunciados en los

últimos días, y luego de un amplio análisis sobre estos

fenómenos que afectan la legitimidad del poder judicial, adopta

como posición de nuestra Organización Sindical la alternativa de

impulsar una verdadera reforma democrática a la Administración

de justicia, la que debe dirigirse esencialmente a posibilitar el

acceso a la misma a la población colombiana, la idoneidad y

trasparencia en la escogencia y elección de los magistrados de

altas cortes y demás funcionarios, un presupuesto adecuado y

garantías para que los principios de autonomía e independencia

judicial sean una realidad en nuestro ordenamiento jurídico,

DECLARA

Los recientes sucesos relacionados con la reprochable conducta del

magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior

de la Judicatura Henry Villarraga Oliveros al comprometerse con el

coronel Robinson González del Río, sindicado de cometer crímenes

de lesa humanidad en el departamento de Caldas, a gestionar sus

casos para que fueran investigados por la jurisdicción penal militar,

han revivido el debate nacional en torno a la necesidad de emprender

una reforma a la administración de justicia.

La reforma judicial no puede convertirse en el escenario en el cual las

Altas Cortes aprovechen el momento para hacer prevaler los intereses

individuales y corporativos de sus miembros a través de presiones

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indebidas, sino,en un espacio de discusión para escuchar a los

colombianos que asisten horrorizados al ambiente de descomposición

que se ha apoderado de algunos sectores minoritarios de la

administración de justicia. La reforma tampoco se puede utilizar para

desconocer las directrices que han establecido los organismos

internacionales de protección de los derechos humanos en el punto

específico de la investigación y juzgamiento de los miembros de la

fuerza pública que cometan crímenes de lesa humanidad sobre la

base de considerar que éstos deben ser conocidos por la jurisdicción

ordinaria y no sustraídos a ella a través delos incidentes de la colisión

de competencias.

La reforma judicial, además, debe erigirse en una suerte de

oxigenación democrática como elemento que garantice el acceso de

los ciudadanos a la justicia para garantizar que sus conflictos se

resuelvan por la vía de la civilidad y del derecho. En ese sentido, debe

preservarse el autogobierno del poder judicial,en el entendido, de que

la independencia de los jueces no es un privilegio estamental, sino, un

derecho de toda la sociedad.

Por tanto, en dirección a dotar de mayores elementos democráticos a

la administración de justicia es esencial el rediseño del órgano de

gobierno del poder judicial para que quienes lo conforman no lleguen

allí en virtud del intercambio de favores entre unas Cortes y otras, o

como consecuencia del asalto de los partidos políticos a la estructura

disciplinaria y administrativa de la justicia. La designación del órgano

disciplinario de magistrados, jueces, fiscales y abogados no debe

tener origen en el Congreso de la República, como sucede hasta

ahora, pues no se olvide que los protagonistas de las conductas

antiéticas que conoce el país fueron postulados por el Presidente de la

República y elegidos por el Congreso, en un ambiente de intercambio

de favores que desdibuja en grado sumo la autonomía de que debe

gozar el poder judicial.

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A las altas Cortes se debe llegar a través del concurso de méritos y no

mediante un larvado sistema de elección clientelista como sucede en

la actualidad, y los miembros de esas Corporaciones han de tener un

juez que los investigue y juzgue porque es incuestionable que carecen

de él por la inoperancia cómplice de la Comisión de Investigación y

Acusación de la Cámara de Representantes.

Estamos decididos a intervenir en todos los escenarios que se

convoquen para la discusión de la reforma a la justicia, señalamos que

el lodo que cubre las actuaciones de personas vinculadas a algunas

instancias jurisdiccionales no puede salpicar a los magistrados, jueces

y empleados que todos los días entregan lo mejor de sus energías

para que en Colombia exista una justicia democrática y protectora de

los derechos.

Mientras se crean las condiciones para una discusión franca y abierta

solicitamos públicamente a los Magistrados Angelino Lizcano Rivera,

Pedro Alonso Sanabria Buitrago y Julia Emma Garzón de Gómez, a

quienes refirió el renunciante Henry Villarraga Oliveros que acudirían a

dialogar con el miembro del ejército interesado en la decisión que

habría de tomar la Sala que integran, y a Ovidio Claros Polanco, que

intervino en el trámite del asunto no obstante hallarse éticamente

imposibilitado dada su condición de oficial de la reserva, que

presenten su renuncia inmediata e irrevocable de su cargos para que

el poder judicial no sea asociado a sus censurables comportamientos.

En síntesis, solicitamos que se vayan del poder judicial quienes

carecen de estatura ética para investigar a los Magistrados, Jueces y

abogados de Colombia.

Bogotá, D. C., 5 de noviembre de 2011.