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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ANTE EL

RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO: RETOS Y PROBLEMÁTICAS

COMUNES EN EL CASO DE ESPAÑA1

Iván López Pardo –Universidad de Zaragoza – Sociología (ivalopez@unizar.es)

Pablo García Ruiz – Universidad de Zaragoza – Sociología (pgruiz@unizar.es)

Resumen 

El Cambio Climático Global (en adelante CC) es uno de los retos a los que se enfrentan

las sociedades del siglo XXI. Así queda reflejado en los informes científicos del Panel

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) – principal organismo

internacional de referencia en el seguimiento de este fenómeno.

Las casusas del CC – múltiples e interrelacionadas – son en los dos últimos siglos ante

todo de carácter antropogénico – destacando la emisión de gases de efecto invernadero

(GEI), debida a la combustión de fósiles y las actividades agrarias, y otras actividades

humanas (IPCC, 2013) – y así también las estrategias e instrumentos para paliarlo son

necesariamente sociales.

Al plantear peligros sobre las condiciones básicas de habitabilidad para las poblaciones

humanas, el cambio climático se presenta en consecuencia como uno de los mejores

ejemplos de la sociedad del riesgo que caracteriza a las sociedades contemporáneas

(Beck, 1992).

El debate y deliberación colectiva necesarios en la lucha contra el CC incluye los

cambios profundos a emprender en las prácticas y en las instituciones (Pelling, 2011), y

así también en las empresas y organizaciones (tanto del sector público como del

privado).

Analizamos en este trabajo cómo encajan la problemática y los objetivos sobre el CC en

el contexto de la Responsabilidad Social Empresarial, y los retos a los que se enfrentan

las empresas, centrándonos principalmente en el caso de España en el contexto de la

Unión Europea. 

1. Introducción: el cambio climático, un fenómeno de orden social y

civilizatorio

La celeridad, complejidad y alcance del CC hace de este uno de los grandes retos

civilizatorios de las sociedades modernas (Stern, 2005; UNEP, 2014). Así, se puede

                                                            1 El presente texto es continuación de la reflexión iniciada en el artículo López, I. (2014). El cambio climático, ¿reto para la Responsabilidad Social Empresarial? Revista Internacional de Organizaciones, 13, 39-53, por lo que recoge, ampliándolas, gran parte de las argumentaciones del mismo 

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decir que se trata de un fenómeno que ilustra perfectamente la acuñación sociológica de

sociedad del riesgo que caracteriza a las sociedades contemporáneas (Beck, 1992) y que

cabe analizar ante todo como un fenómeno social, tanto en su origen y desarrollo como

en sus consecuencias sociales – de las condiciones básicas de habitabilidad para las

poblaciones humanas.

Así, es amplio el amplio consenso por parte de la comunidad científica sobre el origen

antropogénico del cambio climático en los últimos dos siglos y que desmiente a los

denominados «negacionistas» (corriente científica que niega que el CC sea causado por

la actividad humana, defendiendo su origen natural) en el debate que entre ambas

posturas tiene lugar desde hace años.

Por tanto, una vez dimensionado a partir de mediciones concretas como fenómeno

natural propio de los cambios en el clima y la meteorología del planeta, la lucha contra

el CC para actuar tanto sobre sus causas como sobre sus consecuencias es ante todo de

orden social, y por tanto dependiente de la organización social para afrontarlo.

La primera Conferencia del Clima Mundial en 1979 fue el inicio del desarrollo de un

corpus científico de conocimiento empírico que dio pie al establecimiento del Panel

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en 1988, y la publicación de su primer

informe en 1990.

Desde que se publicara el informe Nuestro Futuro Común (ONU, 1987) y se celebrara

la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 –con la llamada que se hace a un

“tratado global” – propiciando la firma de la Convención Marco de las Naciones Unidas

sobre el Cambio Climático (UNFCC) en ese mismo año se puede hablar de la

consolidación a escala global de un “movimiento hacia las sociedades sostenibles”, y

como parte del mismo, el problema del CC.

Desde entonces, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible

(WBCSD) apela a las dificultades propias de la interacción entre la actividad

empresarial y el carácter antropogénico del CC, partiendo así la idea de la sostenibilidad

y su popularización de la premisa por la cual es necesario trabajar en un horizonte de

desarrollo de las sociedades desde el equilibrio de las dimensiones económica,

ambiental y social.

Se trata esta de una visión integral a la vez que integradora (del conjunto amplio de

factores que intervienen en el proceso de cambio hacia las sociedades sostenibles), con

visión a medio y largo plazo, y de anticipación a los conflictos propios de la interacción

ante todo entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental y social.

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No obstante, en el presente artículo nuestro interés recae en subrayar el papel de las

empresas y sectores económico-empresariales específicos en esta batalla contrarreloj

contra el CC y esbozar algunas de las líneas de dependencia con el marco más amplio

de la respuesta social y político-institucional.

Tal y como se analiza a continuación en esta ponencia, la relevancia social, política y

económica que ha adquirido el CC como reto colectivo (puesto de relieve a lo largo del

presente artículo) ha hecho que irrumpa con fuerza en el ámbito empresarial, abriéndose

necesariamente el debate en torno a su relación con la Responsabilidad Social

Empresarial (RSE).

2. Adaptación y resiliencia ante los umbrales del CC: sus posibilidades y

condicionantes

- Las evidencias del CC

El quinto y último informe publicado hasta la fecha del Panel Intergubernamental del

Cambio Climático planetario amplía y actualiza las evidencias de anteriores informes

que prueban la interferencia humana en el sistema climático y los riesgos asociados al

cambio climático para los sistemas humanos y naturales (IPCC, 2014: 3). En concreto,

en la época contemporánea, la principal causa identificada del CC desde el inicio de la

época industrial es de orden social, tratándose de las emisiones de gases de efecto

invernadero (GEI) debidas a la combustión de fósiles y las actividades agrarias, y otras

actividades humanas (IPCC, 2013). De esta manera, desde el año 1750,

aproximadamente la mitad de las emisiones de CO2 de origen antropogénico se

producen en los últimos 40 años, a las que cabe que añadir las concentraciones sin

precedentes en la atmósfera de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso.

El seguimiento del CC se lleva a cabo mediante mediciones periódicas de tres

indicadores básicos: el aumento de la temperatura media de la superficie de la Tierra

(entre 2 y 6º C) que se espera aumente en el S.XXI en todos los escenarios de las

emisiones contemplados según proyecciones basadas en modelos y probabilidades

estadísticas de diversos escenarios futuros, el deshielo de los polos (con pérdidas de

344.000 millones de toneladas de hielo al año), y el aumento del nivel del mar (1,8

mm/año).

Los indicadores son enriquecidos atendiendo a otros periféricos y asociados como la

disminución de los glaciares en todo el mundo entre 1979 y 2012 (el porcentaje total de

glaciares perdidos a nivel global se estima en unas cifras del 10,5% al 12,3%), del hielo

marino en el Ártico (que disminuyó en este mismo periodo de un 3,5% a un 4,1% por

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década), o el calentamiento de los océanos y consecuencias como cambios en la

salinidad, acidificación y evaporación del agua marina que afectan, entre otros al ciclo

del agua (IPCC, 2014).

Igualmente, la mayor frecuencia y duración en muchas regiones del mundo de los

episodios meteorológicos extremos (olas de calor, huracanes, inundaciones, entre otros),

aunque en rigor no puede ser aplicado al CC en una relación de causa-efecto, es, sin

embargo, previsible en los análisis sobre los efectos del CC.

Por otra parte, el orden o carácter social del CC queda reflejado en sus consecuencias

sobre las sociedades e individuos que las componen directa por sus efectos sobre el

entorno natural o indirectamente o deterioro del medio biofísico (IPCC, 2007). Así, a

pesar de que la mayor parte de los análisis del impacto del CC son de ámbito local

(Warren, 2006; Hitz y Smith, 2004), algunos estudios abordan la geografía global a

partir de modelos de impacto, como por ejemplo los estudios «Fast Track» (Arnell,

2004; Nicholls, 2004; Arnell et al., 2002; Parry et al., 2004; Van Lieshout et al., 2004).

Éstos destacan resultados ante todo sobre las economías en desarrollo, la disponibilidad

de recursos acuíferos (y, en particular, del agua potable), la seguridad alimentaria, los

cambios en los ecosistemas o la exposición a la malaria (Schroeter et al., 2005).

En resumen, todas estas evidencias ratifican la idea de que es preciso hacer más, y más

rápido, para combatir el CC (IPCC, 2013), y en especial en el objetivo de limitar las

emisiones GEI y así controlar la subida de las temperaturas del planeta. Se trata de no

traspasar los límites a partir de los cuales la evolución y las consecuencias del CC serían

irreversibles – es decir, evitar para 2100 superar el umbral de aumento de 2 grados

centígrados – y para ello deberíamos reducir las emisiones entre un 40% y un 70% a

nivel mundial entre 2010 y 2050, y disminuirlas hasta un nivel cero o negativo en 2100.

La propuesta es similar a la de la comisaria de medio ambiente de la UE, Connie

Hedegaard (de reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero con

respecto a los datos de 1990).

- Adaptación y resiliencia: la necesidad de una “respuesta justa” al CC

A partir de los resultados de estos estudios e informes, se puede afirmar que 1) el

impacto del CC está sujeto no solo a la evolución del CC, sino también a la situación

social, económica y tecnológica del mundo; 2) los efectos de este fenómeno continuarán

por siglos, incluso si se detienen ahora las emisiones de gases de efecto invernadero, y

su magnitud a medio y largo plazo es difícil de estimar o prever; 3) la complejidad de

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este fenómeno viene dada por su carácter multicausal a la vez que de consecuencias o

efectos múltiples.

Así, el debate y discusión pública se orienta hacia cómo abordar el riesgo climático y

los peligros antes señalados asociados al mismo, la adaptación por parte de las

comunidades y los individuos y sobre las estrategias que deben adoptarse (en muchos

casos alternativas e innovadoras) y que van dirigidas a una mayor resiliencia social y al

debate y la deliberación colectiva necesarios de cara a cambios profundos en las

prácticas y en las instituciones (Pelling, 2011: 21).

En esta misma línea, Naciones Unidas en sus informes continuos de los Objetivos de

Desarrollo del Milenio – en particular, en la meta 7 que atiende al desarrollo sostenible

– plantea la necesidad de “dar una respuesta decisiva al problema del cambio climático”

y los elementos comunes entre el desarrollo sostenible y la capacidad de adaptación de

las naciones para afrontar el CC (el potencial del CC para determinar el desarrollo de las

sociedades).

No obstante, a pesar de que el CC es una ‘cuestión política dominante’, los gobiernos –

y en concreto los Estado-Nación – no cuentan con un marco de referencia de políticas

consistente para abordar los retos de este fenómeno a largo plazo, lo que hace se

desplace la atención al terreno de la política y la necesidad de alcanzar un consenso

político y público de acción común contra el CC (Giddens, 2008: 4).

En el caso concreto de las medidas que afectan e implican de lleno a las empresas –

como por ejemplo las vinculadas a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) –

atendiendo a los resultados (IPCC, 2013), es obvia la insuficiencia de dichas políticas.

Como consecuencia de los conflictos intrínsecos a la interacción entre economía (y en

particular competitividad económica), medioambiente (su preservación) y sociedad (en

concreto las desigualdades socio-políticas y económicas) se dan barreras en la

implementación de políticas atendiendo al principio de “no todo vale en la lucha contra

el CC” y siendo necesaria una «respuesta justa».

Así, por ejemplo, la pérdida de competitividad económica de una región o potencias

económicas del mundo puede en buena medida ser consecuencia de su liderazgo en

políticas en la lucha contra el CC y a diferencia sobre otras que no las aplican. Este ha

sido el caso de Europa y la Estrategia 20/20, haciendo que se replantee…

reconsiderando y cuestionando en la actualidad su continuidad, o al menos el alcance de

estas medidas.

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Por otra parte, cabe atender a los conflictos entre grupos sociales dentro de un país o

región – y en particular a la vulnerabilidad de determinados grupos sociales –, al igual

que distinguir los “derechos y deberes” entre las económicamente desarrolladas y las

empobrecidas o en vías de desarrollo, de manera que la marcha política e institucional

local y global queda condicionada por los dilemas propios de la justicia social – o si se

prefiere, de justicia ambiental.

Un ejemplo claro de lo anterior es las instituciones y estructuras de gobernanza mundial

que impulsan políticas en el ámbito internacional para afrontar el CC en el conjunto del

planeta, y la falta de influencia y decisión en las mismas de las regiones y comunidades

socioeconómicamente más desfavorecidas del planeta o de un territorio concreto. Ello

en especial dado que se trata éstas de las zonas más vulnerables a los efectos del CC.

Así, no es casualidad la discusión – o más aún posturas enfrentadas – que en materia de

política internacional se da a raíz de la necesidad de dar una «respuesta justa» al cambio

climático defendida por algunos, o a diferenciar entre las nociones «distribucionales » y

«procedimentales» de la justicia ambiental (Dobson, 1998; Low y Gleeson, 1998;

Schlosberg, 2007).

En resumen, no es posible abordar la lucha contra el CC con garantías sin atender a las

diferencias sociales, a la vez que, como a continuación se desarrolla, sin la coordinación

y compromiso internacional, sin un compromiso real de la comunidad internacional en

torno a esta problemática.

3. Corresponsabilidad empresarial ante las consecuencias del CC sobre la

actividad empresarial: la causación de la actividad empresarial sobre el CC en

España

La envergadura de la lucha contra el CC y el reto que representan los “Global

Common” issues (los recursos naturales compartidos o comunes de la Tierra)2 ha puesto

de relieve la necesidad de «niveles de cooperación sin precedentes, no solo entre países,

sino también entre los distintos niveles gubernamentales y el sector privado» (De Boer,

2009: 1).

                                                            2  La UNEP (United Nations Environmental Programme) define los ‘Global Commons’ como “los dominios de recursos o áreas que se encuentran fuera del alcance política de cualquier Estado de una nación. El derecho internacional identifica cuatro comunes de la humanidad: la alta mar, la atmósfera, Antártida y el espacio exterior. Estas áreas históricamente se han guiado por el principio del patrimonio común de la humanidad - la doctrina de acceso abierto (o mar libre para todo el mundo en el caso de la alta mar). A pesar de los esfuerzos de los gobiernos o individuos para establecer los derechos de propiedad u otras formas de control sobre la mayoría de los recursos naturales, los Global Commons han mantenido una excepción”.) Ver http://www.unep.org/delc/GlobalCommons/tabid/54404/ (accedido abril 2016).

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Nos referimos así a la participación de todos y cada uno de los actores sociales que

forman parte del conjunto de la sociedad – y en términos más amplios de la economía

mundial globalizada –, la perspectiva policéntrica en la toma de decisiones (frente a la

dicotómica de los mercados o la jerárquica) como estructuras alternativas de

gobernanza, y las dificultades para alcanzar el consenso entre las compañías más

relevantes en la economía ante la preservación de los Common-pool resources – o

materias primas comunes – (Ostrom 1990) (el clásico “dilema del prisionero”) (Levy,

1987).

Por actores sociales entendemos, en relación con este tema, no solo a todo el conjunto

de instituciones en sentido amplio del término (políticas, económicas, sociales…) y

grupos sociales de toda índole, sino también a los individuos particulares con capacidad

de acción en su ámbito particular.

A su vez, conviene aclarar que aun existiendo – más que existir realmente, se invoca –

esa cooperación o corresponsabilidad, las responsabilidades de los diferentes actores

sociales no son las mismas, ni en cuanto a la causación del problema, ni en cuanto a la

capacidad de solución del mismo. Tampoco se trata de una corresponsabilidad

sumatoria, descoordinada, sino de una participación coordinada y cooperativa que

multiplique los resultados.

Como analizaremos más adelante, este es precisamente el déficit mayor dadas las

dificultades de cooperación a la hora de afrontar el CC como amenaza común por la

diversidad de intereses presente en el sector empresarial a nivel mundial.

Respecto a este punto, y antes de pasar a esbozar las consecuencia múltiples del CC en

las empresas y negocios, cabe brevemente – dado que no es objeto directo de este

artículo – apelar al institucionalismo o teorías del institucionalismo incorporado por

Philip Selznick (1948) en el campo de las teorías de las organizaciones (Hotho y

Pedersen, 2012) – tanto intra-organizacional como entre organizaciones – y la influencia

que consideran tiene el entorno socio-político en la orientación de las prácticas internas

de las organizaciones, el comportamiento social y las decisiones orientadas por pautas

inconscientes de reglas y normas sociales, asunciones cognitivas y fuerzas regulativas

(Selznick, 1948; Meyer y Rowan, 1977; DiMaggio y Powell, 1991; Scott, 2008).

Criticadas no obstante por sobrevalorar la estabilidad institucional, haciendo de los

sistemas sociales resilientes al cambio (Bengtsson, 2008); o bien por determinismo que

apenas contempla la elección consciente o variaciones en el comportamiento social.

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En este sentido, contribuciones de nuevo cuño ofrecen una perspetiva más dinámica que

la visión institucional tradicional (Oliver, 1991; Greenwood y Hinings, 1996; Lawrence,

1999; Garud et al., 2007).

En concreto, y como parte de la Economía de los Costes de Transacción, el ambiente

institucional se aproxima como condición de contexto que influencia las decisiones

económicas mediante costes de transacción (Williamson, 1996; North, 1990, 1991,

2008; Scott, 2008b).

- Cómo puede afectar el Cambio Climático más directamente a las empresas y los

negocios

A la hora de definir cómo el cambio climático afecta más directamente a las empresas

es necesario hacerlo considerando el conjunto de ámbitos implícitos en la actividad

empresarial como unidades propias de análisis– y así los procesos, actores y entornos

socio-económicos y medioambientales implícitos en cada uno de ellos – al igual que

atendiendo a su interdependencia. Se trata en definitiva de aplica una visión sistémica y

del ciclo o proceso completo de la actividad empresarial en su interacción con el cambio

climático.

En concreto, nos referimos a los “efectos previstos” del cambio climático a distintos

niveles y en multiplicidad de ámbitos como pueden ser la cadena de valor como

resultado de sus efectos en por ejemplo las materias primas (su disponibilidad,

accesibilidad, calidad o precio), los cambios en sus valores y expectativas

medioambientales y empresariales de los agentes sociales específicos – stakeholders

como clientes o consumidores, empleados, gobiernos) –, los mercados y productos

emergentes, los cambios en el estado de la competencia en los sectores específicos, o

incluso en los bienes fijos de las empresas como instalaciones u otros recursos; o las

condiciones cambiantes en los ecosistemas (por ejemplo causados por subida del nivel

del mar, sequías o extremas, episodios de lluvias torrenciales…), la salud humana, los

procesos productivos e industriales, el transporte e infraestructuras, el suministro de

energía y su demanda, la estructura económica… (Sussman et al., 2008)3.

Dado que, los efectos van a depender de factores como el dimensión, localización o el

tipo de industria (Okereke, 2007), y dado que según los mencionados informes globales

del IPCC, se pueden reducir pero no eliminar los impactos del CC, la cuestión y reto

                                                            3 Ver también Engel, Enkvist y Henderson – How companies can adapt to climate change, accesible en: http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/how-companies-can-adapt-to-climate-change (abril 2016)

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que por tanto se plantea es el de la adaptación al cambio climático por parte de los

diferentes sectores e industrias (la construcción, el turismo, la agricultura, los seguros,

la sanidad…)4, y los riesgos al igual que oportunidades que se plantean con este nuevo

escenario (con perdedores y ganadores), sobre las oportunidades de negocio a escala

internacional debido a los niveles de comercio global y el acceso a los recursos

(Sussman et al., 2008, Stern, 2005).

Se trata por tanto de comprender cómo las empresas responden ante los retos

medioambientales de nuevo cuño como es el CC, o cómo los incorporan a sus

estrategias y procesos de toma de decisiones.

Más precisamente, estamos hablando de la adaptación organizacional a los impactos del

CC, el aprendizaje específico que ello conlleva, y las barreras implícitas como la falta

de claridad o confusión en cuanto a los efectos del CC a la vez que sobre los beneficios

de aplicar las medidas de adaptación, o la cultura de la adaptación ‘automática’ que

responde a estímulos directos de cambios en las políticas y mercados (Hoffman, 2005;

Berkhout et al., 2006).

En este sentido, Okereke et al., (2012) apuntan al hecho de que este proceso implica

capacitación organizacional, cultura, estructura y procesos propios de cara a 1) la

implicación y compromisos decididos desde ambos los gobiernos y las organizaciones;

2) la disponibilidad de un equilibrio necesario entre capacidad técnica e institucional; 3)

la implicación con los agentes sociales pertinentes (tanto dentro como fuera de la

organización); 4) la inversión público-privada financiera necesaria.

Finalmente, estas premisas teóricas que desde el ámbito científico-técnico plantean

pueden resultar fútiles si no cuentan con suficiente legitimidad o aceptación en el

conjunto de la sociedad. Más aún, se puede afirmar que en buena medida la conciencia

medioambiental se ha incorporado a la agenda de los negocios a través de la presión de

los agentes sociales y los debates públicos (Bengtsson, 2008).

Así, los resultados del último Eurobarómetro editado sobre el cambio climático (EU,

2015) indican cómo los gobiernos nacionales son los actores sociales o instituciones a

quienes los ciudadanos atribuyen ante todo la responsabilidad de abordar el CC como

problema, mientras que se otorga igual compromiso a la Unión Europea y las empresas

                                                            4 Por ejemplo, el sector de la construcción puede necesitar la utilización de nuevos materiales y diseños de construcción, la utilización de materias primas locales que reduzcan las emisiones contaminantes a la atmósfera (por ejemplo, como consecuencia del transporte).

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e industria (42%, 35% y 35% de las respuestas respectivamente), y cuarto lugar a la

iniciativa individual.

- El caso de España ante el CC

En el caso de España, es llamativo que, en comparación con el conjunto de países

europeos, las empresas e industria no son socialmente percibidos como actores

relevantes, mientras que los resultados si con equiparables a la media europea al

recordar los gobiernos nacionales (31% y 42% de las respuestas respectivamente).

En consecuencia, estos resultados indican que el sector empresarial y así las empresas

como actores o agentes sociales no son las que más presión social reciben a la hora de

tomar medidas en la lucha contra el CC, y a diferencia de la iniciativa y el control de los

gobiernos (nacionales o supranacionales) sobre las empresas.

Por otra parte, al igual que en el resto de países occidentales, aunque se dan variaciones

de año en año, el 55% de las emisiones de carbono dependen de los sectores

denominados difusos (es decir, el transporte, el sector residencial, los hogares, entre

otros), mientras que el 45% son de los sectores fijos (como es el caso de las plantas

energéticas e industriales)5. A su vez, dada la situación de oligopolio que caracteriza al

sector energético tan solo 10 empresas emiten el 65% de todas las emisiones de CO2, y

30 de ellas, el 78%.

Hay que diferenciar, por ello, aquellas empresas cuyas actividades forman parte

relevante de las causas directas del CC de las que están en otro orden de causación.

Entre las primeras estarían todas las industrias cuyo proceso de producción implica

emisiones de gases de efecto invernadero (United Nations Framework Convention on

Climate Change, 2007; McKinsey, 2009) – que en el caso de España suponen las

centrales eléctricas (51% de las emisiones), cementeras (19%), refinerías y petroleras

(11%), siderúrgicas (8%), y otras industrias (11%)6. Debido al consumo de

combustibles y al uso de materias primas, las emisiones de C02 de dichas industrias

constituyen un determinado número de toneladas que forman parte del inventario de

emisiones de cada país.

La responsabilidad empresarial se concentra en unas pocas empresas que resultan ser

determinantes por la centralidad económica y empresarial que ocupan. En nuestro país

se trata en especial de las centrales de producción de energía, concretamente de

empresas como Endesa (que genera 29 millones de toneladas de CO2 al año) que

                                                            5 Ver http://economia.elpais.com/economia/2010/06/10/actualidad/1276155187_850215.html 6 Plan Nacional de Asignaciones. BOE. Real Decreto 1030/2007, de 20 de julio.

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duplica las emisiones de Unión Fenosa-Gas Natural. A estas dos le siguen Iberdrola,

Hidrocantábrico y E.On.

No obstante la inversión por parte de las empresas españolas en estrategias que tiene

como objetivo aminorar las emisiones de carbono se incrementó en un 140% con

respecto al año anterior (alcanzando así la cifra de 14.500 millones de euros) al igual

que se amplía el número de firmas que optan por la mayor transparencia sobre este tipo

de información de desempeño empresarial (Informe 2014 Cambio Climático Iberia 125,

ECODES)7. A pesar de ello, el análisis más detallado de estos datos apunta a la visión

cortoplacista (a no más de 10 años vista) y la falta de ambición de estas inversiones.

En cualquier caso, en nivel planetario resultan necesario más cambios e inversiones por

parte del sector privado de cara a acercarse a un futuro sostenible (Stern, 2005;

McKinsey, 2009; UNEP, 2014).

4. ¿Cómo encaja e interactúa la lucha contra el CC en el marco de la

Responsabilidad Social Empresarial?

El “encaje” o incorporación de la RSE en la lucha contra el CC queda ante todo

ejemplificado por, de una parte, los cambios del concepto de RES desde su creación

hasta la actualidad; y de otra parte por las medidas y herramientas de RSE más

relevantes implementadas hasta el momento.

- Evolución del concepto de RSC

Durante las últimas décadas la RSE ha ido creciendo desde una noción estrecha y

marginalizada hacia un concepto complejo y multifacético que se va convirtiendo

actualmente en una cuestión central en la toma de decisiones corporativas (Cochran,

2007), principalmente en Europa y Norteamérica. Dicha evolución se sintetiza de la

siguiente manera: 1) de la filantropía a la filantropía estratégica; 2) de la inversión a la

inversión socialmente responsable; 3) del negocio al negocio social; 4) de los fondos de

capital ventura a los fondos de capital ventura social; 5) de los másteres en business

administration (MBA) a los MBA en RSE.

No es el objeto de este artículo analizar esas afirmaciones, pero es de utilidad para

entender el recorrido que ha hecho posible la incorporación de las políticas contra el CC

en la RSE.

                                                            7 Se trata esta de información recogida mediante un proceso de encuesta en el que han participado las mayores empresas españolas y portuguesas por capitalización (85 españolas y 40 portuguesas) en la gestión de las emisiones de carbono y de los riesgos y oportunidades ligados al cambio climático (con respuestas recibidas hasta el 30 de junio de 2014).

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Así, en su perspectiva sobre el CC, cabe constatar que las propias empresas han

mostrado una evolución desde los primeros enfoques de tipo reactivo, intentando influir

en el debate político, a las estrategias corporativas que cada vez más incluyen respuestas

económicas a la cuestión del CC, como pueden ser cambios tecnológicos, mayor

eficiencia en los procesos de producción y en los propios productos, mecanismos de

compensación económica, entre otros.

Es decir, las empresas se enfrentan a la imperiosa necesidad que les plantea el CC de

evolucionar desde el business as usual (o más de lo mismo, o el path dependency), a

una nuevo cultura empresarial que aproveche las ventanas de las oportunidades que

ofrece el CC (cambios económicos, tecnológicos y sociales) en un mundo globalizado y

líquido (Bauman, 1999).

- Las principales medidas y herramientas de Responsabilidad Social Empresarial

hasta ahora adoptadas en la lucha contra el CC

Las políticas de lucha contra el CC abarcan todos los ámbitos territoriales: el global

(Protocolo de Kioto), el regional (por ejemplo, Unión Europea), el nacional (por

ejemplo, Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de España), el

local (por ejemplo, Red de Ciudades por el Clima) y el individual (por ejemplo,

certificación energética de las viviendas). Asimismo, abarcan todo tipo de políticas

(legislativas, económicas, fiscales, sociales…), todo tipo de tecnologías (del automóvil,

de la energía, de la alimentación…) y, virtualmente, todo tipo de actividades de la

«fábrica social».

No obstante, a la hora de diseñar e implementar medidas y herramientas de

Responsabilidad Social Empresarial en la lucha contra el CC, en términos generales es

más factible incorporar cambios en las empresas que forman parte de los sectores fijos

que en el sector difuso.

Así, tratándose de empresas multinacionales dominantes en mercados oligopólicos del

sector energético, si bien cuentan con gran capacidad de presión sobre los gobiernos y

estados (Dixon y Challies, 2015), a la vez que sus centros de decisión a su vez suelen

ubicarse fuera de los países donde operan, suponen un número reducido de actores

además con influencia en los cambios de valores y comportamiento del conjunto de la

sociedad.

En consecuencia, resulta imprescindible entender las racionalidades propias de estos

actores, y una vez más se ponen de manifiesto la gobernanza como piedra angular en

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este proceso, y en particular de la interdependencia entre lo local y lo global, en el caso

de este artículo para abordar los retos medioambientales de carácter planetario.

A continuación se realza un breve repaso de algunas de las políticas, herramientas e

iniciativas con la que hasta la fecha en mayor medida se ha vinculado la responsabilidad

empresarial al CC. No es nuestro propósito entrar en un análisis detallado, sino poner de

manifiesto su relevancia en el marco de la lucha contra el CC, y lo controvertido de sus

resultados, aun con datos positivos.

- El Protocolo de Kioto y la huella de carbono: sus fortalezas y debilidades en la

lucha contra el CC

En el caso de España y Europa, estas grandes empresas están obligadas a formar parte

en general de la política de lucha contra el CC, y en particular se requiere que estén

sujetas legalmente8 al Protocolo de Kioto9. Igualmente, cabe hacer mención a las

diversas normativas sectoriales, o la cuestión de la gestión ambiental en las empresas10,

que aun sin estar dirigida directa y exclusivamente hacia el problema del CC, sino hacia

la gestión de residuos y demás, tiene alguna conexión con el problema, aunque sea

indirectamente. Nos estamos refiriendo a las diversas certificaciones y herramientas de

gestión ambiental que las empresas, en mayor o menor medida, han utilizado (ISO

14.000; UNE 77-801-94; EMAS, entre otras).

Sin embargo, en la última década se ha desarrollado la denominada huella de carbono

como herramienta más global que el estricto inventario de emisiones y que tiene como

objetivo el análisis del ciclo de vida de productos al caso de las emisiones de gases de

efecto invernadero.                                                             8  En el caso de España, en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. <http://www.magrama. gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacioncambio-climatico/default.aspx> (último acceso: 25/3/2014). 9  El Protocolo de Kioto, auspiciado por las Naciones Unidas (Convención Marco sobre Cambio Climático), es el acuerdo global de lucha contra el CC, dentro del cual Europa adquirió el compromiso de reducir el 8% las emisiones de C02, sobre la base de los niveles existentes en 1990, entre 2008–2013. El compromiso adquirido por España es poder aumentar en un límite máximo del 15%, utilizando diversos instrumentos: el comercio de emisiones de CO2; y los mecanismos de desarrollo limpio. Actualmente se está negociando el pos-Kioto. 10  En España: Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; RD 1274/2011, de 16 de septiembre, Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino; RD 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica; RD 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica; Orden ARM/2444/2008, de 12 de agosto, por la que se aprueba el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación; Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Un segundo nivel de actuación es la incorporación en los procesos de evaluación ambiental (evaluación de impacto ambiental —EIA— y evaluación ambiental estratégica —EAE).

14  

Se trata este de un enfoque que supera el tradicional análisis de costebeneficio

empresarial, no solo porque la cuestión medioambiental recibía el nombre de

externalidades, manifestando así que era algo ajeno a la empresa, sino por la misma

noción de producto. Así, conviene recordar aquí que, por ciclo de vida de un producto

(de la «cuna» a la «tumba»), se entiende el balance ambiental que evalúa los impactos

ambientales de un producto o servicio durante todas y cada una de las etapas de su

existencia, desde la extracción de las materias primas, el transporte, la producción y la

distribución, hasta el desecho del producto como residuo una vez consumido.

Además, el análisis de la huella de carbono – bien para organizaciones en su conjunto,

o para productos y servicios concretos – presenta la peculiaridad de, como decíamos

anteriormente, poner en evidencia cierta corresponsabilidad entre agentes socio-

económicos. No solo los procesos de producción – que implican de lleno a las empresas

correspondientes –, sino también el consumo o el uso del producto y la gestión del

residuo implican también a los consumidores. Ello es en buena parte debido a que hoy

más que nunca los individuos pueden contar información sobre el producto – bien

porque se exija legalmente a las organizaciones, o por iniciativa de asociaciones de la

sociedad civil – que les permita tomar una decisión de compra o uso; o por su

protagonismo igualmente en la parte del proceso que se refiere a la correcta separación

y depósito del residuo correspondiente.

Sin embargo, el análisis de la huella de carbono tiene ciertas dificultades,

fundamentalmente debido a que su cálculo puede ser objeto de incertidumbre al poder

llegar a ser excesivamente amplia la información que se requiere para cumplimentar

todas y cada una de las fases indicadas en esta tarea, o incluso pudiendo no existir estos

análisis. Para atajar esta deficiencia, es frecuente que las organizaciones recurran a datos

secundarios o a hacer metaanálisis, lo que obviamente puede suscitar controversia sobre

su rigor.

No obstante, el éxito y aceptación de esta herramienta es incuestionable. Así, en la

actualidad, son numerosas las organizaciones empresariales que se han incorporado a

las prácticas de información sobre el impacto ambiental de sus actividades y en

particular el marco de las inversiones estratégicas para mejorar la reducción de las

emisiones de GEI (CDP, 2013). En el caso de España, las 50 mayores empresas

españolas apuestan por calcular su huella de carbono, y la gran mayoría de las firmas

españolas calculan su huella de carbono e incluyen en sus informes un capítulo sobre

CC. Además, estas empresas suelen informar sobre sus objetivos de reducción de

15  

emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo energético; o bien calculan su

huella de carbono no solo teniendo en cuenta el alcance de las emisiones directas, sino

también el de las emisiones indirectas, y un alto porcentaje de empresas reflejan las

acciones destinadas a reducir su impacto ambiental. Finalmente, cabe destacar que se da

una correlación entre las empresas que han implantado un Sistema de Gestión

Ambiental y el cálculo de la huella de carbono, y tienen mayor participación en la

organización internacional Carbon Disclosure Project (CDP), proyecto dedicado al

control de las emisiones de carbono de las empresas.

En consecuencia, alcanzar el horizonte de las sociedades sostenibles – y en el marco de

análisis del presente artículo – dependerá de instrumentos como los propios de ‘la

sostenibilidad corporativa’. Algunos ejemplos de los mismos destacados por su

relevancia son los índices de sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index y el

FTSE4Good11; o en el marco europeo la reciente aprobación del Parlamento Europeo de

la Directiva sobre divulgación de información no financiera12, que obligará (una vez

ratificada por el Consejo) a unas 6.000 grandes empresas de la Unión Europea (entre

500 y 600 españolas) a informar sobre sus impactos en materia social, ambiental,

políticas de diversidad, respeto de los derechos humanos y medidas contra la corrupción

y el soborno.

La última de las iniciativas que vamos a destacar es la denominada neutralización de las

emisiones. Se trata de otra forma de corresponsabilidad que ha permitido el análisis de

huella de carbono, en este caso, de compensar y contrarrestar, y se trate de las empresas

o los particulares, las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen por una

actividad concreta y que no pueden ser eliminadas al momento con la tecnología actual

– es decir, con otra actividad que reduzca la misma cantidad, en un punto u otro del

planeta, indistintamente.

                                                            11  Global Reporting Iniciative (GRI), (1999); la Norma Marco AA1000 (1999); los índices de sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index (1999); la International Standard on Assurance Engagementes ISAE 100 (2000); las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales (2000); el Libro Verde para fomentar un marco europeo para la Responsabilidad Social de las Empresas de la Unión Europea (2001); la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT (2002); la ISO 26.000 (2010); la Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre RSE (2011). 12  P7_TA-PROV(2014)0368 Disclosure of non-financial and diversity information by certain large companies and groups ***European Parliament legislative resolution of 15 April 2014 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/ EEC as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large companies and groups (COM(2013)0207 –C7-0103/2013 –2013/0110(COD).

16  

Uno de los ejemplos más ilustrativos de esta medida es la oferta que hacen algunas

compañías aéreas para que los pasajeros de sus vuelos paguen una cantidad de dinero

extra para compensar su huella de carbono en ese viaje con otra actividad que la

neutralice (un proyecto de forestación, por ejemplo).

Este tipo de iniciativas es obvio que pueden suscitar controversia de muchos órdenes:

desde el moral (el impacto ambiental del vuelo no se elimina, sino que se mitiga por

otro lado), hasta el de tender a poner la «culpabilidad» en el punto final que es el

usuario.

Además, al igual que ocurre con otros temas de actualidad social, el CC no ha estado

exento de lo que se denomina greenwashing o mercadotecnia13 – que no siempre

responde a la actuación real empresarial – o bien proyectos fallidos desde el punto de

vista financiero y ambiental14.

En cualquier caso, no cabe duda de que un individuo particular tiene también en su

mano la decisión de utilizar o no uno de los medios (transporte aéreo) que es una de las

causas más directas del CC. Con ello pretendemos recordar y dejar clara la relevancia

mencionada anteriormente de la corresponsabilidad y los distintos niveles de

responsabilidad.

Es más, la aparición del CC no solo como fenómeno biogeofísico, sino también como

fenómeno social, ha producido multitud de iniciativas empresariales – o ciudadanas –

voluntarias al respecto: acuerdos, plataformas, campañas… No hay nada que objetar al

respecto, por el contrario, dicha respuesta a una situación sociológica demuestra la

relevancia del asunto.

Dos casos recientes que ejemplifican este contexto se dan con las firmas del sector

automovilístico Volkswagen y Mitsubishi y el fraude de las cifras de emisiones en sus

vehículos. La irresponsabilidad empresarial – no ya en cuanto al medioambiente, sino

hacia los consumidores y los gobiernos – sujeta a la cultura y lógica del beneficio a

corto plazo tiene consecuencias que a medio y largo plazo pueden resultar desastrosas

                                                            13 La demanda judicial interpuesta por la Organización de Consumidores (OCU) contra Iberdrola, en 2004, fue sonada. Estaba publicitando que sus consumidores de energía, lo eran de energía verde, cuando no era el caso. Igualmente, en este sentido, y tan solo a modo de mención, en la actualidad las multinacionales de la energía o de las refinerías y petroleras, en el contexto actual de crisis económica, han redirigido sus mensajes e imagen hacia lo social, o la acción social, estrategias sobre las que de nuevo cabe añadir los pertinentes interrogantes. 14 Un ejemplo reciente es el fracaso financiero y ambiental del proyecto de reforestación de la compañía aeroportuaria Aena en Torremocha que se emprende como medida de compensación por la ampliación del aeropuerto de Barajas en Madrid con la nueva terminal T4. Ver enlace periódico El País (accedido abril 2016): http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/04/24/madrid/1461517295_800438.html

17  

para estas entidades. A su vez, se pone de relieve el papel de los gobiernos como actores

vigilantes – o si se prefiere la gobernanza internacional dado que se trata de

multinacionales –, además de los ciudadanos en sus decisiones como consumidores, o

más aún como partícipes de las políticas y gobiernos.

5. Responsabilidad empresarial y la transición hacia las sociedades sostenibles

neutras en carbono

Finalmente, la reflexión en torno a los retos de la RSE ante el CC cabe ampliarla al

horizonte por el que trabajar de las sociedades sostenibles, y en concreto bajas o neutras

en carbono. Como a continuación se indica, se trata de la transición hacia un modelo de

sociedad que conlleva cambios profundos en la economía, modelo energético, pero ante

todo de valores culturase y estilos de vida, y por tanto un reto en sí mimos para las

empresas y el campo de conocimiento y aplicación de la RSE.

- La transición hacia las sociedades sostenibles neutras en carbono

La transición hacia las sociedades descarbonizadas, neutras en carbono o con bajas

emisiones en carbono, implica necesariamente, aunque no exclusivamente, la transición

de las economías energéticas actuales en la forma y modos en que la energía se genera,

se distribuye, se provee y se consume. Como se ha podido observar en el presente

artículo, el sector energético y el grupo reducido de empresas que en él operan son una

de las causas más destacadas del CC y, por tanto, también es en este espacio en el que

cabe articular buena parte de las soluciones.

Así, de cara a alcanzar un futuro económico, ambiental y social sostenible para las

generaciones presentes y las venideras, se presenta como un reto para las grandes

compañías energéticas abordar un cambio de mentalidad y cultura empresarial que

implique nuevas prácticas dirigidas a un horizonte en el que la energía sea más accesible

(estamos hablando de los precios de la energía, y así también de la denominada pobreza

energética que en la actualidad se estima que afecta al 10% de los hogares)15, más

limpia (invertir en energías renovables) y un modelo descentralizado a la vez que

regulado que posibilite la presencia de múltiples operadores o la generación autónoma y

local de energía.

Las medidas hasta ahora presentes en la lucha contra el CC (y explicadas

anteriormente), y en particular las que conciernen a las empresas (ya sean energéticas o

de otros sectores, grandes empresas o medianas y pequeñas), ha quedado probado que

                                                            15 Observatorio de la Sostenibilidad (2012): Sostenibilidad en España 2012. Capítulo especial energía sostenible para todos.

18  

son insuficientes. Se pierde así un tiempo muy valioso ante el vertiginoso avance del

CC y sus cada vez más notables consecuencias, dado que se trata de políticas «blandas»

o de una transición «débil» hacia las sociedades sostenibles. Es decir, que no suponen

un giro sustancial, amplio y profundo hacia las sociedades bajas en carbono, sino que

por el contrario se trata de cambios superficiales y tímidos, poco decididos, que en un

horizonte no muy lejano limitan de manera irreversible la propia estabilidad de los

proyectos empresariales.

Por otra parte, el ámbito de actuación no se restringe únicamente al del sector energético

o al de las grandes empresas, sino que implica igualmente a las fuentes no fijas o a

sectores difusos en todas las actividades asociadas a los distintos sectores de

producción, servicios y consumo. Primar el transporte público sobre el privado, los

automóviles basados en energías limpias, la moderación de la construcción basada en

criterios de eficiencia energética y de sociabilidad, la rehabilitación energética de los

hogares, que supondría una oportunidad empresarial y de generación de empleo (más de

la mitad de los edificios españoles tienen más de 30 años de antigüedad, y el 50% de

estos tienen más de 50 años), entre muchos otros, son algunas de las líneas de acción

que implican no ya a la clase política, sino a las empresas presentes en estas actividades.

- La Responsabilidad empresarial y limitaciones de las empresas para la

incorporación de los principios de las sociedades sostenibles neutras en carbono

Sin embargo, la capacidad del marco de la Responsabilidad Social Empresarial para

incluir la cuestión del desarrollo sostenible y del CC cuenta con limitaciones. Aun

situando la importancia de una plena inclusión del problema por parte de las políticas de

RSE de las empresas, es justo reconocer que la solución de la crisis del CC excede los

límites de la RSE de las empresas.

En esa línea, Toms (2014) plantea que los directivos de las empresas no tienen tanto

poder como las fuerzas del mercado actual, que se dirigen a un continuo aumento del

consumo de los recursos del mundo. Para este autor, la clave es, en particular, la fuerte

asociación entre el desarrollo de los recursos del petróleo, los mercados mundiales y la

capacidad productiva, siendo esos los determinantes centrales del CC.

Así, si los estados pretenden un claro compromiso con la solución del CC (Prieto,

2014), deberán enviar una señal clara a las empresas, con el fin de tender hacia una

economía baja en carbono, que a medio y a largo plazo será la economía competitiva,

innovadora y sostenible.

19  

Para el caso de España, Prieto (2014) insiste en que si se pretende avanzar en la senda

de una economía baja en carbono, las empresas tienen que disminuir sus emisiones de

CO2, y el Gobierno debe cambiar la matriz energética, actualmente basada en el carbón

y en los combustibles fósiles. A la vez, deben potenciarse las energías renovables que

no emiten CO2. También debe reforzarse el transporte público y, especialmente, el tren

de mercancías, con el fin de reducir así el transporte privado y las emisiones de

petroleras y refinerías. Además, esto disminuiría la elevadísima dependencia energética

y también la muy importante salida de divisas de este país.

En todo caso, en la transición hacia las sociedades sostenibles y, en particular, hacia las

neutras en carbono, la tecnología, el conocimiento científico o la innovación y

experimentación, aunque imprescindibles, no son suficientes por sí mismos y tampoco

son el principal eje vertebrador de la responsabilidad empresarial. Así, por una parte, se

trata de un proceso cuya eficacia a medio y largo plazo necesita de la concienciación

colectiva, de la legitimación social y, por tanto, de la implementación adecuada, a partir

de un saber hacer especializado, de una tecnología social, de procesos de deliberación y

participación pública inclusivos que involucren a actores sociales en todos los niveles

de los procesos productivos y de consumo. La aceptación de esta idea, de esta forma de

abordar los conflictos y problemáticas en torno a los bienes comunes, como es el

medioambiente y la salud del planeta, implica un cambio más que sustantivo en los

discursos sociales y el imaginario colectivo y, por tanto, igualmente en la cultura

empresarial.

Por otra parte, la negociación y el acuerdo colectivos implican dinámicas complejas,

entre otras razones, por la presencia de intereses contrapuestos entre actores sociales, y

en las que la puesta en marcha frustrada o el incumplimiento de las expectativas creadas

hacen difícil la recuperación de la confianza en este tipo de procesos.

En definitiva, estamos hablando de la necesidad o, más aún, de la inevitabilidad de un

«pacto social» en torno al CC, resultado de la participación del conjunto de la sociedad

y de la implicación y compromiso especial del sector empresarial, todo ello entendido

como un proceso inevitable.

Conclusiones

El Cambio Climático es uno de los grandes retos a los que ya desde hace años se

enfrenta la humanidad y así también la economía y las organizaciones empresariales.

Los efectos de este fenómeno natural – pero cuyo origen cabe atribuirlo ante todo a la

20  

actividad humana –, su envergadura y aceleración hacen que no sea posible posponer

negarlo y luchar contra el mismo, evitando así alcanzar un punto de no retorno de

consecuencias imprevisibles.

Estamos por tanto hablando de la necesaria transición hacia sociedades sostenibles y

bajas en carbono, con cambios profundos no ya en el modelo de crecimiento económico

y tecnológico, sino en la organización social y los referentes socio-culturales.

Bajo este contexto, las empresas ocupan un lugar privilegiado como causantes y así

también como parte de la solución del problema. En consecuencia, el cambio de

mentalidad y conciencia de orden colectivo implica necesariamente un cambio de

cultura y organización empresarial.

La Responsabilidad Sociedad Empresarial como instrumento de gestión con el que se

pretende, entre otros, avanzar hacia la actividad empresarial más comprometida en lo

económico/laboral, en lo social y en lo ambiental se muestra como un marco relevante

también para abordar el reto del CC.

A pesar de ello, no es este un campo tradicionalmente abordado por la RSE, sino que

por el contrario, resulta novedoso y complejo, a la vez que necesario. En el proceso de

adaptación de las empresas al CC – como parte causante relevante del mismo a la vez

que víctimas – queda mucho por avanzar por ejemplo en materia de información,

fornicación y capacitación empresarial; o más aún, hacia una ‘nueva cultura’ de las

empresas como organizaciones.

Como se ha explicado en el presente artículo, se trata esta de una lucha colectiva, que

involucración de distintos agentes o actores sociales en coordinación y bajo el consenso

de un objetivo y estrategias comunes; que necesita de marcos legislativos, económicos,

sociales nuevo que faciliten dichos cambios sociales – y así también en lo relativo a las

empresas y la RSE.

Se trata en definitiva de un recorrido a largo plazo y continuo que llevará décadas, si no

siglos, de cambios en el funcionamiento de las sociedades y, lógicamente, de las

empresas, y de vislumbrar un riesgo evidente como es el CC como una «ventana de

oportunidades» también para el desarrollo empresarial a partir de un «pacto social» de

la acción conjunta que los minimice como amenaza.

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