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2013 - 2

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EL DERECHO A LA SALUD Y AL TRABAJO EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD NEOLIBERAL

CAPACIDADES

Cuestiona la situación del derecho a la salud y al trabajo en el contexto de la sociedad neoliberal.

CONTENIDOS

Derecho a la salud y al trabajo: Definición, fundamentos normativos. El Neoliberalismo: Definición, origen y principios. El papel del mercado y el Estado en la salud y el trabajo. El derecho a la salud y al trabajo en el Perú: problemas y perspectivas.

REFLEXIONA Y COMPARTE...

¿Qué nos muestra la escena?

¿A qué problema social hace referencia?

¿Cuál es la causa de tales problemas?

¿De qué depende el bienestar de las personas?

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1.º.MOTIVACIÓN / EXPLORACIÓN / PROBLEMATIZACIÓN

2.º.INFORMACIÒN BÁSICA

1. INTRODUCCIÓN (LEONARDO LEON )

Los derechos económicos, sociales y culturales constituyen una amplia categoría de derechos humanos garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros tratados internacionales y regionales sobre derechos humanos jurídicamente vinculantes. Casi todos los países del mundo son Estados Partes en alguno de los tratados jurídicamente vinculantes que garantizan dichos derechos. Entre éstos se encuentran:

el derecho al trabajo, en concreto a condiciones laborales justas y equitativas, a la protección contra el trabajo forzado y obligatorio y a crear sindicatos y formar parte de ellos;

el derecho a la educación, garantizando, por ejemplo, el derecho a una educación primaria gratuita y obligatoria y a una educación suficientemente disponible, accesible, aceptable y adaptable a cada persona concreta;

los derechos culturales de las minorías y de los pueblos indígenas;

el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental , incluidas unas condiciones de vida saludables y la disponibilidad de servicios de salud accesibles, aceptables y de buena calidad;

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el derecho a una vivienda adecuada, que incluye la seguridad de tenencia, la protección contra desalojos forzosos y el acceso a una vivienda asequible, habitable, bien situada y culturalmente satisfactoria;

el derecho a la alimentación, que incluye el derecho a no pasar hambre y el acceso permanente a comida nutritiva suficiente o a los medios para obtenerla;

el derecho al agua, es decir, el derecho a disponer de agua suficiente y a contar con instalaciones higiénicas seguras y accesibles física y económicamente.

En el presente material vamos a referirnos a los derechos a la salud y al trabajo dentro del contexto de la sociedad neoliberal.

2. DERECHO A LA SALUD(LEONARDO LEON)

La buena salud es un factor decisivo para el bienestar de las personas, las familias y las comunidades y, a la vez, un requisito del desarrollo humano con equidad. Más aun, Las personas tienen derecho a un cuidado equitativo, enciente y atento de su salud y la sociedad en su conjunto debe garantizar que nadie quede excluido del acceso a los servicios de salud y que estos proporcionen una atención de calidad para todos los usuarios. La identificación de los rezagos y las brechas sociales en materia de condiciones y atención de la salud y las medidas para superarlos deben considerarse estratégicamente, como un componente esencial de la acción pública integral destinada a romper el círculo vicioso de la pobreza y, en definitiva, alcanzar el desarrollo humano sostenible.

El derecho a la salud se relaciona con el derecho fundamental de todas las personas a la vida y a vivir en dignidad. Significa que las personas tienen derecho a gozar del nivel más alto posible de salud, pero no se limita a ello. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el derecho a la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social” que “consiste no solamente del acceso a la atención médica, sino también del acceso a todos los bienes y servicios que son esenciales para una vida saludable o que conducen a ella”. Una vivienda segura, un medio ambiente limpio, una alimentación adecuada e información correcta sobre la prevención de enfermedades son las bases de una vida saludable. El derecho a la salud también implica que las personas tengan control sobre su cuerpo y su salud.

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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (perteneciente a la ONU) establece los siguientes estándares para el derecho a la salud:

Disponibilidad. Los Estados deben crear toda la infraestructura de salud necesaria en todo su territorio. Esta infraestructura debe contar con agua, electricidad, personal capacitado y todos los medicamentos necesarios.

Accesibilidad. La infraestructura y los servicios de salud deben ser accesibles a todas las personas sin discriminación. Esto incluye: 1) Accesibilidad física. Los centros de salud deben estar ubicados cerca de todas las comunidades. 2) Accesibilidad económica. Todas las personas deben tener acceso al nivel más alto posible de servicios de salud independientemente de sus ingresos. 3) Las personas también deben tener acceso a información pertinente sobre los problemas de la salud.

Aceptabilidad. La infraestructura de salud debe estar de acuerdo con la cultura y las prácticas de las comunidades a las que atiende.

Calidad. La infraestructura de salud debe ser científica y médicamente apropiada, contando con todos los equipos y el personal necesario, y con agua potable y condiciones sanitarias adecuadas.

3. FUNDAMENTOS NORMATIVOS DEL DERECHO A LA SALUD(JONATAN GOICOCHEA)

La construcción de la idea de la salud como un derecho fundamental comenzó a ser desarrollada, en medio de controversias políticas y doctrinarias, desde inicios del siglo xx. Este proceso supuso la conversión paulatina de algunas tareas realizadas por la medicina privada como obligaciones para el Estado.

En 1946 se dio un paso importante para el reconocimiento y la definición de ese derecho al establecerse en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud: "el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión” ideología política o condición económica social"

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Dos años después, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), se reconoció el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, así como la alimentación, el vestido, la vivienda y los servicios de asistencia médica y sociales necesarios; y también el derecho a la seguridad social. A partir de entonces múltiples tratados internacionales y regionales, así como constituciones nacionales, comenzaron a referirse a la salud como un derecho fundamental.

La vigente Constitución Política del Perú (1993) establece:

Artículo 10º El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida.

Artículo 11º El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.

En la actualidad existen gran cantidad de documentos jurídicos que fortalecen la construcción de la salud como derecho. Sin embargo, el documento que ha adquirido mayor trascendencia es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que en su artículo 12 reconoce el derecho “al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental".

La importancia del PIDESC se debe, entre otras razones, a que el comité que vigila la observancia del pacto ha realizado importantes esfuerzos para definir el derecho con la mayor claridad posible, al establecer el contenido mínimo esencial del mismo y al precisar el tipo de obligaciones en la materia que contraen los Estados al firmar el PIDESC.

4. DERECHO AL TRABAJO(JONATAN GOICOCHEA)

El trabajo es un derecho fundamental y un bien para el ser humano; un bien útil, digno de él, porque es idóneo para expresar y acrecentar la dignidad humana. El valor del trabajo tiene carácter de necesidad. El trabajo es necesario para formar y mantener una familia, adquirir el derecho a la propiedad y contribuir al bien común de la familia humana. La consideración de las implicaciones morales que la cuestión del trabajo comporta en la vida social, lleva a indicar la desocupación como una verdadera calamidad social.

El trabajo es un bien de todos, que debe estar disponible para todos aquellos capaces de él. La plena ocupación es, por tanto, un objetivo obligado para todo ordenamiento económico orientado a la justicia y al bien común. Una sociedad donde el derecho al trabajo sea anulado o sistemáticamente negado y donde las medidas de política económica no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social. Una función importante y, por ello, una responsabilidad específica y grave, tienen en este ámbito los empresarios indirectos, es decir aquellos sujetos —personas o instituciones de diverso tipo— que son capaces de orientar, a nivel nacional o internacional, la política del trabajo y de la economía (el Estado).

La capacidad propulsora de una sociedad orientada hacia el bien común y proyectada hacia el futuro se mide también, y sobre todo, a partir de las perspectivas de trabajo que puede ofrecer. El alto índice de desempleo, la presencia de sistemas de instrucción obsoletos y la persistencia de dificultades para acceder a la formación y al mercado de trabajo constituyen para muchos, sobre todo jóvenes, un grave obstáculo en el camino de la realización humana y profesional. Quien está desempleado o subempleado padece, en efecto, las consecuencias profundamente negativas que esta condición produce en la personalidad y corre el riesgo de quedar al margen

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de la sociedad y de convertirse en víctima de la exclusión social. Además de a los jóvenes, este drama afecta, por lo general, a las mujeres, a los trabajadores menos especializados, a los minusválidos, a los inmigrantes, a los ex-reclusos, a los analfabetos, personas todas que encuentran mayores dificultades en la búsqueda de una colocación en el mundo del trabajo.

5. FUNDAMENTOS NORMATIVOS DEL DERECHO AL TRABAJO (BORIS RIMARACHIN)

El Derecho laboral es el resultado de los aportes de muchos sectores sociales. Al final, no le quedó más remedio a los gobiernos que acceder a las demandas de los trabajadores, iniciándose así el intervencionismo del Estado, en la regulación de las relaciones entre obreros y patrones.

Poco a poco el trabajador que presta sus servicios subordinadamente ha pasado de ser un esclavo en la Edad antigua, un siervo de la Edad Media (conocido también como el siervo de la gleba), a un sujeto con derechos y libertades en la actualidad. El Derecho ha venido a regular condiciones mínimas necesarias para una estabilidad social. Las revoluciones Rusa y Mexicana de 1917 comenzaron una tendencia mundial a que los trabajadores reivindicaran sus derechos; sin embargo, en el resto del mundo, no es sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se reconocen los derechos modernos de los trabajadores, a saber: el derecho a la huelga, el derecho al trabajo, el derecho de sindicación y a la negociación colectiva.

El surgimiento de las primeras leyes laborales data desde la segunda mitad del siglo XIX, pero no es hasta el año del 1919 donde esta nueva rama del derecho adquiere su acta de nacimiento con el Tratado de Versalles que pone fin a la primera guerra mundial, donde nace el derecho del trabajo como una rama autónoma con reglas, instituciones y técnicas propias.

Los tratados internacionales constituyen una fuente directa de regulación de derechos laborales, garantizando a los trabajadores de los países signatarios derechos de mínimos que los estados firmantes se obligan a respetar.

Adicionalmente, existen una serie de organismos internacionales que emiten normas aplicables a los regímenes de derecho de trabajo en los países. Estas normas originadas más allá de las legislaciones nacionales se conceptúan como Derecho internacional de trabajo. Como manifestaciones del Derecho internacional del trabajo se encuentran:

La Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los pactos o convenios de las Naciones Unidas

Los acuerdos bilaterales y multilaterales, cuyo objetivo es generalmente equiparar las condiciones de trabajo entre dos o más países, especialmente, para evitar inmigraciones masivas entre países vecinos.

Actualmente se encuentra normado en nuestra constitución Política del Perú algunos artículos con relación en el Derecho al Trabajo:

Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: Inc. 15.- A trabajar libremente, con sujeción a ley.

Artículo. 23.- El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.

El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo.

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Ninguna relación laboral puede impedir el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajo. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento.

Artículo 24°.- El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.

El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador.

Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores.

Artículo 25°.- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo.

Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio.

Artículo 26°.- En la relación laboral se respetan los siguientes principios:

Igualdad de oportunidades sin discriminación.

Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.

Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.

Artículo 27°.- La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.

Artículo 28°.- El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: Garantiza la libertad sindical. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones.

Artículo 29°.- El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación.

6. EL NEOLIBERALISMO(LORENA CHAVEZ)

El término neoliberalismo es un neologismo que hace referencia a una política económica con énfasis tecnocrático (eficiencia administrativa de la empresas) y macroeconómico (organización económica a gran escala) que pretende reducir al mínimo la intervención estatal en materia económica y social, defendiendo el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país, salvo ante la presencia de los denominados fallos del mercado.

Suele considerarse, erróneamente, como una reaparición del liberalismo decimonónico (liberalismo del siglo XIX). Sin embargo, al contrario de éste, no rechaza totalmente el intervencionismo estatal y además guarda una ambigüedad ideológica, respondiendo más a su base teórica-técnica neoclásica. Siendo una propuesta macroeconómica tiende a ser neutral con respecto a las libertades civiles.

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Se usa con el fin de agrupar un conjunto de ideologías y teorías económicas que promueven el fortalecimiento de la economía nacional (macroeconomía) y su entrada en el proceso globalizador a través de incentivos empresariales que, según sus críticos, es susceptible de conducirse en beneficio de intereses políticos más que a la economía de mercado propiamente dicha.

Muchos economistas cuestionan el término neoliberalismo porque no corresponde a ninguna escuela bien definida, ni siquiera a un modo especial de describir o interpretar las actividades económicas (aunque probablemente sí de explicarlas). Se trata de un término más bien político o ideológico, frecuentemente usado por los medios de comunicación y por algunos intelectuales.

7. PRINCIPIOS DEL NEOLIBERALISMO(LORENA CHAVEZ)

La Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), los Estados Unidos como aliados inmediatos de los grandes inversores y de las empresas multinacionales, se convirtieron en promotores de una sola y única visión: hacer del mundo entero un vasto y único mercado dominado por un puñado cada vez más restringido de grandes transnacionales y de grandes grupos financieros, libres de actuar en la búsqueda de ganancias cada vez más grandes. Esta visión del mundo ha sido por otra parte sostenida, en más de un caso, por equipos gubernamentales nacionales.

Se impusieron los siguientes principios neoliberales:

1. La desregulación económica, facilitando la libre competencia (entre empresas a menudo muy desiguales)

2. La reducción y la privatización de los servicios públicos especialmente en los sectores de salud, de educación, de los servicios sociales y también de la infraestructura: agua, electricidad, teléfonos.

3. La apertura de las fronteras a las empresas extranjeras y al capital internacional

4. La reducción del aparato del Estado y de sus servicios así como la reducción de los impuestos que es lo que hace posible la oferta de servicios públicos.

Con el neoliberalismo todo se convierte en comercio: las personas y las naciones son ignoradas; se avasallan los gobiernos que no son cómplices del nuevo orden económico. Habitada por una sola preocupación, la ganancia a cualquier precio, la máquina liberal ignora a los seres humanos y sus derechos, ignora las naciones y sus fronteras nacionales; avasalla los estados y somete a sus gobiernos a los intereses de las transnacionales y del gran capital.

En la perspectiva neoliberal, las poblaciones, los hombres, las mujeres y los niños son esencialmente trabajadores y trabajadoras y hasta cierto punto consumidores y consumidoras, nada más. En la contabilidad empresaria se los considera como "cargas" y "costos " que se trata permanentemente de reducir para mejorar la rentabilidad de la empresa. Se les pide a los empleados y las empleadas la mayor "flexibilidad" en sus condiciones laborales, se los somete a salarios bajos, se trata de evadir las cargas sociales y pretenden poder deshacerse de ellos a voluntad como si fuese "objetos desechables". De este modo proliferan los empleos que no reclaman obligaciones de carácter social para los empleadores y permiten deshacerse fácilmente de los trabajadores y de las trabajadoras. (Les gustaría por ejemplo poder despedir a las

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trabajadoras que quedan encintas). Este tipo de relación se sitúa en las antípodas de las relaciones que deberían establecerse entre personas que recíprocamente se reconocen en su dignidad de seres humanos, iguales en sus derechos fundamentales aún dentro del contexto de las empresas en las que unos son patrones o accionistas y otros empleados y empleadas. De este modo han sido voluntariamente silenciados en todos los tratados comerciales internacionales firmados estos últimos años, los derechos humanos de los trabajadores y de las trabajadoras, como lo han sido igualmente los del ambiente o bien han sido relegados a algún anexo sin peso jurídico, aun cuando se trata de dimensione esenciales a las actividades comerciales.

Lo mismo sucede con las naciones, con sus culturas, con su territorialidad. Son los recursos naturales del planeta lo que les interesa a las empresas. Son el petróleo, las minas, el agua, los bosques y hasta un cierto punto las poblaciones de ciertos países en tanto reservorios de mano de obra.

8. EL ESTADO NEOLIBERAL(JON CRUZADO)

El papel de Estado en la teoría neoliberal es bastante fácil de definir Sin embargo, la práctica de la neo liberalización ha evolucionado de tal modo que se ha alejado de manera significativa de la plantilla prescrita por esta teoría. Por otro lado, la evolución basta cierto punto caótica y el desarrollo geográfico desigual de las instituciones, los poderes y las funciones estatales experimentado durante los últimos treinta años sugiere que el Estado neoliberal pueda ser una forma política inestable y contradictoria.

De acuerdo con la teoría, el Estado neoliberal debería favorecer unos fuertes derechos de propiedad privada individual, el imperio de la ley, y las instituciones del libre mercado y del libre comercio. Estos son los puntos de acuerdo considerados esenciales para garantizar las libertades individuales. El marco legal viene definido por obligaciones contractuales libremente negociadas entre sujetos jurídicos en el mercado. La inviolabilidad de los contratos y el derecho individual a la libertad de acción, de expresión y de elección deben ser protegidos. El Estado, pues, utiliza su monopolio de los medios de ejercicio de la violencia para preservar estas libertades por encima de todo. Por ende, la libertad de los empresarios y de las corporaciones (contempladas por el sistema jurídico como personas) para operar dentro de este marco institucional de mercados libres y de libre comercio es considerada un bien fundamental. La empresa privada y la iniciativa empresarial son tratadas como las llaves de la innovación y de la creación de riqueza. Los derechos de propiedad intelectual son protegidos (por ejemplo, a través de las patentes) de tal modo que sirvan para estimular cambios tecnológicos. Los incrementos incesantes de la productividad deberían, pues, conferir niveles de vida más elevados para todo el mundo.

Bajo la premisa de que «una ola fuerte eleva a todos los barcos», o la del «goteo», la teoría neoliberal sostiene que el mejor modo de asegurar la eliminación de la pobreza (tanto a escala doméstica como mundial) es a través de los mercados libres y del libre comercio.

Los defensores de la teoría neoliberal son particularmente constantes en la búsqueda de la privatización de activos. La ausencia de claros derechos de propiedad privada -como ocurre en muchos países en vías de desarrollo- es considerada una de las mayores barreras institucionales al desarrollo económico y a la mejora del bienestar humano. La delimitación y la asignación de derechos de propiedad privada son, a su modo de ver, el mejor modo de protegerse contra la denominada «tragedia de los bienes comunes» (la tendencia de los individuos a superexplotar de manera irresponsable los recursos de propiedad común, como la

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tierra y el agua). Los sectores económicos anteriormente dirigidos o regulados por el Estado deben ser traspasados a la esfera privada y desreglados (liberados de toda forma de interferencia estatal). La competencia -entre los individuos, las empresas, y entre entidades territoriales (ciudades, regiones, naciones y agrupamientos regionales)- es considerada una virtud esencial. Por supuesto, las directrices de la competencia en el mercado deben ser correctamente observadas. En aquellas situaciones en que estas directrices no se hallen establecidas claramente o en que los derechos de propiedad privada sean difíciles de definir, el Estado debe utilizar su poder para imponer o inventar sistemas de mercado (tales como comerciar con los derechos de contaminación). Los defensores del neoliberalismo afirman que la privatización y la desregulación, junto a la competencia, eliminan los trámites burocráticos, incrementan la eficiencia y la productividad, mejoran la calidad de las mercancías y reducen los costes, tanto de manera directa para el consumidor a través de la oferta de bienes y servicios más baratos como indirectamente mediante la reducción de las cargas fiscales. El Estado neoliberal debería buscar de manera persistente reorganizaciones internas y nuevos pactos institucionales que mejoren su posición competitiva como entidad en relación con otros Estados en el mercado global.

Mientras la libertad personal e individual en el mercado se encuentra garantizada, cada individuo es responsable y debe responder por sus acciones y de su bienestar. Este principio se extiende a la esfera del sistema de protección social, del sistema educativo, de la atención sanitaria e incluso de las pensiones (la seguridad social ha sido privatizada en Chile y en Eslovaquia, y existen propuestas para proceder del mismo modo en Estados Unidos). El éxito o el fracaso personal son interpretados en términos de virtudes empresariales o de fallos personales (como puede ser no invertir de manera suficiente en el propio capital humano a través de la educación) en lugar de ser atribuidos a ningún tipo de cualidad sistémica (como las exclusiones de clase normalmente atribuidas al capitalismo).

La libre movilidad del capital entre sectores, regiones y países se considera un factor crucial. Todas las barreras a esta libertad de movimiento (como aranceles, ajustes fiscales punitivos, la planificación y los controles medioambientales, así como otros impedimentos localizados) han de ser eliminadas, salvo en aquellas áreas que son cruciales para los «intereses nacionales», con independencia de cómo se definan éstos. La soberanía estatal sobre la circulación de mercancías y de capitales es entregada en una actitud servicial al mercado global. La competencia internacional se percibe como algo positivo en tanto que mejora la eficiencia y la productividad, reduce los precios y, por consiguiente, controla las tendencias inflacionarias.

Por lo tanto, los Estados deberían buscar de manera colectiva, y negociar entre ellos, la reducción de las barreras a la circulación del capital entre las fronteras y la apertura de los mercados (tanto para las mercancías como para capital) al intercambio global. No obstante, la cuestión de sí esto también se aplica a la fuerza de trabajo, en tanto que mercancía, resulta polémica. En tanto que todos los Estados deben colaborar para reducir las barreras al intercambio, deben surgir estructuras de coordinación como el grupo de los países del capitalismo avanzado (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Japón) conocido como el G7 y, actualmente, como el G8 tras la adhesión de Rusia). Los acuerdos internacionales entre los Estados que garantizan el imperio de la ley y la libertad de comercio, como los que acaban de incorporarse a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, son cruciales para el avance del proyecto neoliberal a escala global.

Los teóricos del neoliberalismo albergan, sin embargo, profundas sospechas hacia la democracia. El gobierno de la mayoría se ve como una amenaza potencial a los derechos individuales y a las libertades constitucionales. La democracia se considera un lujo, que

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únicamente es posible bajo condiciones de relativa prosperidad en las que también concurre una fuerte presencia de la clase media para garantizar la estabilidad política. Los neoliberales tienden, por lo tanto, a favorecer formas de gobierno dirigidas por élites y por expertos. Existe una fuerte preferencia por el ejercicio del gobierno mediante decretos dictados por el poder ejecutivo y medían te decisiones judiciales en lugar de mediante la toma de decisiones de manera democrática y en sede parlamentaria. Los neoliberales prefieren aislar determinadas instituciones clave, como el banco central, de las presiones de la democracia. Dado que la teoría neoliberal se concentra en el imperio de la ley y en la interpretación estricta de la constitucionalidad, se infiere que el conflicto y la oposición deben ser dirimidos a través de la mediación de los tribunales. Los individuos deben buscar las soluciones y los remedios de todos los problemas a través del sistema legal.

9. LOS DERECHOS HUMANOS EN EL NEOLIBERALISMO(ANGELO FLORES)

La comprensión de los derechos pone de relieve crudamente el carácter inhumano e inaceptable del conjunto de medidas que acompañan la puesta en marcha de políticas neoliberales y que prohíben a los estados asumir sus responsabilidades básicas con relación a sus ciudadanos y ciudadanas. Estas medidas caracterizadas por la arrogante búsqueda del mayor provecho por los grupos industriales y financieros más poderosos que la mayoría de los estados del planeta se resumen así:

Las grandes empresas destruyen las conquistas salariales de sus empleados y generalizan la creación de empleos con salarios mínimos o apenas por un poco más altos (tal el caso de Wal-Mart en Canadá y los EEUU adonde los salarios medio pagados a sus empleados y empleadas de esta empresa son inferiores al umbral de pobreza fijado anualmente por el gobierno federal de los EEUU. Sin embargo 3 miembros de la familia Walton figuran entre las diez personas más ricas del mundo). Se obliga así a los adultos a trabajar tiempo completo toda su vida aun cuando las perspectivas serán que seguirá siendo siempre pobre. Recordemos que un año de trabajo con un salario mínimo equivale a un ingreso de $16.000 por año, mientras que el umbral de la pobreza en Canadá es de $19.795 para una persona sola y 24.700 para un adulto con un niño a su cargo (2003). Así es como la clase media no deja de retroceder desde hace 25 años, por ejemplo en Canadá, y que estamos evolucionando hacia sociedades constituidas en su mayor parte por pobres, trabajadores y trabajadoras si tienen "suerte" pero pobres. ¿En qué se transforma este imperativo de la Declaración Universal de ofrecer salarios que ofrezcan al trabajador y su familia una existencia acorde con la dignidad humana?

Las empresas (y también los gobiernos) privilegian los empleos que implican la menor cantidad de cargas sociales posibles: trabajos de tiempo parcial, eventuales, contratados, etc. De este modo la precarización del empleo se convierte en lo usual con lo que ello significa, stress permanente, difícil planificación profesional y financiera, ausencia de protección social (por ejemplo: licencia por maternidad) y de la protección del seguro de desempleo, imposibilidad de ahorrar para la vejez, etc.

La privatización de los servicios públicos implica subcontrataciones donde los bajos salarios y las pésimas condiciones laborales son generalmente la regla. Además los servicios otrora públicos se vuelven una vez privatizados menos accesibles a los ciudadanos, generalmente a causa de la pérdida de la gratuidad. Agreguemos que los servicios públicos privatizados caerán en la esfera de los acuerdos internacionales de comercio que ha firmado Canadá. Los gobiernos difícilmente podrán elaborar y poner en funcionamiento

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políticas nacionales y los servicios se convertirán en "mercaderías" ocasión de ganancias más que en instrumentos que permitan a los ciudadanos ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales ya que solo los que tengan los medios podrán obtenerlos.

La reducción masiva de los impuestos, tanto de lo particulares como los de las empresas significara una masiva reducción de los programas de salud, educación, ayuda social, a la vivienda, al transporte común. Al reducir los ingresos, el Estado se vuelve incapaz de intervenir significativamente en la protección y la promoción de los derechos sociales a través de programas públicos y universales disminuyendo su protección a los grupos más vulnerables.

Paralelamente sometiendo a los Estados a los intereses del gran capital y de las grandes empresas, ya sea mediante intimidaciones o amenazas (por ejemplo la de deslocalizar las empresas) o por la imposición de tratados internacionales o de regulaciones emanadas de organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI o la OMC cuyos principios son semejantes y están todos inspirados en el mismo neoliberalismo. Tal el caso del ALENA (tratado entre Canadá, EEUU y México), al chantaje de las transnacionales farmacéuticas a los gobiernos nacionales, como el de Québec y a través de la OMC por intermedio del gobierno de los EEUU, etc.

Suele suceder que son los mismos gobiernos los que se encargan de promover el nuevo orden mundial fundado sobre la protección casi absoluta del derecho de propiedad y del beneficio de los inversores y de las transnacionales En estos casos en los que se producen verdaderos trastrocamientos del poder, los gobiernos contravienen numerosos compromisos internacionales comenzando por los artículos 21.3 28 y 30 de la Declaración Universal, permitiendo a los grupos imponer la supremacía de un derecho en detrimento de muchos otros y facilitan un atentado generalizado a los derechos de una vasta mayoría de sus respectivas poblaciones.

Resulta cada vez más claro que los grandes empresarios y financistas aprovechan también de la lucha contra el terrorismo, lucha que ha tomado mucho vuelo y que se impone apoyando la sanción de leyes antiterroristas. Estas leyes adoptan una definición de terrorismo de gran amplitud puesto que incluyen las disidencias políticas y el rechazo a la globalización neoliberal. También otorgan a los servicios de policías excesivos y mal controlados poderes de vigilancia y de control de la población. Estos poderes restringen el ejercicio de muchos derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a la vida privada y a la protección contra toda suerte de persecuciones, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a manifestarse pública y colectivamente, etc. Se ha encontrado así una forma más de reducir las resistencias ciudadanas a la imposición de un modelo neoliberal con la complicidad de los gobierno.

III- CONOCIMIENTO DE FUENTES

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POBREZA COMO SOLUCIÓN

Javier Iguíñiz Echeverría.

Jefe del dpto de Economía PUCP

¿Por qué disminuye tan lentamente la pobreza económica? Hay muchas respuestas técnicamente razonables, pero en esta oportunidad proponemos una razón que puede parecer chocante: la pobreza no baja más rápido porque, para muchos, es la solución para lograr objetivos intermedios que se consideran más prioritarios. Algunos ejemplos de argumentación inicial y sencilla, entre muchos, pueden ilustrar a qué nos referimos.

1. Se ha dicho a menudo que la mejor manera de mantener la capacidad competitiva de la economía peruana es manteniendo, y hasta reduciendo, los costos laborales, esto es, principalmente los salarios. Hoy, con los bajos salarios predominantes, eso significa que conviene mantener a los

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POBREZA COMO SOLUCIÓN

Javier Iguíñiz Echeverría.

Jefe del dpto de Economía PUCP

¿Por qué disminuye tan lentamente la pobreza económica? Hay muchas respuestas técnicamente razonables, pero en esta oportunidad proponemos una razón que puede parecer chocante: la pobreza no baja más rápido porque, para muchos, es la solución para lograr objetivos intermedios que se consideran más prioritarios. Algunos ejemplos de argumentación inicial y sencilla, entre muchos, pueden ilustrar a qué nos referimos.

1. Se ha dicho a menudo que la mejor manera de mantener la capacidad competitiva de la economía peruana es manteniendo, y hasta reduciendo, los costos laborales, esto es, principalmente los salarios. Hoy, con los bajos salarios predominantes, eso significa que conviene mantener a los

4. Hemos tratado de razones que esgrimen quienes impulsan el mantenimiento de la pobreza por el mayor tiempo posible. Ahora debemos recordar el planteamiento que primó durante la alta inflación de los años 70 y 80. En aquella época se esgrimió que la razón de la inflación era la existencia de un "exceso de demanda". En otras palabras, la población tenía un poder de compra "excesivo". La política de estabilización antiinflacionaria consistió en reducir esa demanda. En concreto, se trató y logró con gran eficacia reducir los salarios reales mucho más de lo que caía el producto per cápita y, de ese modo, aumentar la pobreza. En la práctica, aumentar la pobreza era la herramienta que concientemente se impulsó para bajar la inflación.

5. Un argumento también común es que la mejor manera de reducir la pobreza es bajar los precios de los bienes y servicios y que, para ello, es necesario mantener bajos los costos en general y los laborales en particular. Luchar por mayores salarios o mayores precios agrícolas es visto así como un ataque a la economía familiar de los consumidores. Nuevamente, la teoría y la práctica son miopes pues la manera más eficaz para bajar precios de manera permanente no es la compresión salarial sino el cambio técnico que permite subir salarios, mejorar el ingreso campesino y, a la vez, bajar precios.

No pretendemos afirmar que, fuera de algunos casos excepcionales, haya quien se felicite de aumentar la pobreza o disfrute haciéndolo. Dentro de las vigentes reglas de la competencia hay muchas situaciones que empujan, incluso obligan, sobre todo a los pequeños empresarios a defender su actividad manteniendo en la pobreza a sus operarios. El Estado colabora a esa respuesta empobrecedora, por ejemplo, al no darle importancia al cambio tecnológico y a su difusión, al rechazar una legislación laboral más equilibrada, al desincentivar con la precariedad laboral actual la capacitación en la empresa, al no proveer de mercados alternativos a campesinos acorralados por monopsonistas, al mezquinar recursos públicos a la educación y a la atención de la salud obligando a gastos familiares que atentan contra los proyectos de inversión en pequeña escala. Para demasiados, con mucha influencia en la economía y el Estado, y para otros, acorralados por la competencia en el mercado, la pobreza ajena, deseándolo o no, es más una solución que un problema. Es natural que el compromiso realmente existente en contra de la pobreza por parte de quienes tienen más poder para influir en su evolución sea, en el mejor de los casos, débil. La reducción de la pobreza, cuando termina ocurriendo, es un subproducto que no pocos lamentan.

La tarea del Estado respecto de la labor empresarial es ampliar las posibilidades de competir y hacer negocio sin tener que basarse para ello en la prolongación o aumento de la pobreza, no es seguir las demandas de los empresarios más mezquinos y miopes, de los menos socialmente responsables.

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Ver el siguiente vídeo: “Sicko” Michael Moore.

http://www.youtube.com/watch?v=NDqJmxo0cwY

IV- ACTIVIDAD DE APLICACIÒN

IV.- BIBLIOGRAFÍA

Coordinadora, M. P. (2010). Cinco miradas al derecho a la salud. Estudios de caso en México, El Salvador y Nicaragua. Fundar Centro de Análisis.

Económicas, S. E. (Organization). R. de la S. C. para las A., & Latinoamericanos, P. U. C. del E. C. de E. (2004). Impactos Del Neoliberalismo. Editorial Abya Yala.

Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Ediciones AKAL.

Pérez, A. A. R. (2001). Globalización y neoliberalismo: ejes de la reestructuración del capitalismo mundial y del estado en el fin de siglo XX. Plaza y Valdes.

Project, U. M. (2005). Objetivos de desarrollo del milenio: una mirada desde AméBrica Latina y el Caribe. United Nations Publications.

Yamin, A. E. (2006). Derechos económicos, sociales y culturales en América Latina: del invento a la herramienta. IDRC.

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Identifica las características de la salud y el trabajo en la sociedad neoliberal. Los compara con los derechos reconocidos. Elabora propuestas de solución a la problemática.

4. Hemos tratado de razones que esgrimen quienes impulsan el mantenimiento de la pobreza por el mayor tiempo posible. Ahora debemos recordar el planteamiento que primó durante la alta inflación de los años 70 y 80. En aquella época se esgrimió que la razón de la inflación era la existencia de un "exceso de demanda". En otras palabras, la población tenía un poder de compra "excesivo". La política de estabilización antiinflacionaria consistió en reducir esa demanda. En concreto, se trató y logró con gran eficacia reducir los salarios reales mucho más de lo que caía el producto per cápita y, de ese modo, aumentar la pobreza. En la práctica, aumentar la pobreza era la herramienta que concientemente se impulsó para bajar la inflación.

5. Un argumento también común es que la mejor manera de reducir la pobreza es bajar los precios de los bienes y servicios y que, para ello, es necesario mantener bajos los costos en general y los laborales en particular. Luchar por mayores salarios o mayores precios agrícolas es visto así como un ataque a la economía familiar de los consumidores. Nuevamente, la teoría y la práctica son miopes pues la manera más eficaz para bajar precios de manera permanente no es la compresión salarial sino el cambio técnico que permite subir salarios, mejorar el ingreso campesino y, a la vez, bajar precios.

No pretendemos afirmar que, fuera de algunos casos excepcionales, haya quien se felicite de aumentar la pobreza o disfrute haciéndolo. Dentro de las vigentes reglas de la competencia hay muchas situaciones que empujan, incluso obligan, sobre todo a los pequeños empresarios a defender su actividad manteniendo en la pobreza a sus operarios. El Estado colabora a esa respuesta empobrecedora, por ejemplo, al no darle importancia al cambio tecnológico y a su difusión, al rechazar una legislación laboral más equilibrada, al desincentivar con la precariedad laboral actual la capacitación en la empresa, al no proveer de mercados alternativos a campesinos acorralados por monopsonistas, al mezquinar recursos públicos a la educación y a la atención de la salud obligando a gastos familiares que atentan contra los proyectos de inversión en pequeña escala. Para demasiados, con mucha influencia en la economía y el Estado, y para otros, acorralados por la competencia en el mercado, la pobreza ajena, deseándolo o no, es más una solución que un problema. Es natural que el compromiso realmente existente en contra de la pobreza por parte de quienes tienen más poder para influir en su evolución sea, en el mejor de los casos, débil. La reducción de la pobreza, cuando termina ocurriendo, es un subproducto que no pocos lamentan.

La tarea del Estado respecto de la labor empresarial es ampliar las posibilidades de competir y hacer negocio sin tener que basarse para ello en la prolongación o aumento de la pobreza, no es seguir las demandas de los empresarios más mezquinos y miopes, de los menos socialmente responsables.

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