Las Adminsitraciones Comunales y Regionales y La Mantencion Del Orden Neoliberal en Chile

7/25/2019 Las Adminsitraciones Comunales y Regionales y La Mantencion Del Orden Neoliberal en Chile

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Las administraciones comunales y regionalesy la mantencin del orden neoliberal en Chile

Eduardo Letelier

Economista CET SUR

E-mail: [email protected]

El presente artculo est centrado en la relacinentre pobreza rural y deterioro ambiental de lazona sur de Chile y, particularmente, en las causas

y mecanismos de reproduccin de ambos problemas.Uno de los principales mecanismos de reproduccin yperpetuacin de la pobreza y el deterioro ambiental es el

tradicional centralismo chileno que pareciera ser inmunea cualquier esbozo de transicin democrtica en el pas.En par ticular, la recuperacin del derecho ciudadano deelegir a las autoridades polticas municipales continaatado a las directivas nacionales de los partidos polticos,los que en tal modo tambin terminan controlando elsupuesto contrapeso de los Consejos Regionales frentea un Intendente Regional designado por el Presidentede la Repblica. La expresin de las opciones propiasde desarrollo de las comunas rurales se restringe anms por la tradicional dependencia de los ministeriosy servicios sectoriales, especialmente agrcolas, queoperan regionalmente por delegacin del gobiernonacional. Este conjunto de arreglos institucionales tienecomo consecuencia no solo la ineficacia de la actualpoltica pblica de marcados sesgos neoliberales paraintervenir los problemas estratgicos de inequidade insustentabilidad que caracterizan el desarrolloregional, sino que su transformacin en un principalaporte a la coopcin o clientelizacin de expresionesdescentralizadoras y democratizantes. Los tratados delibre comercio de los aos noventa, obtenidos en partegracias al cambio de rgimen poltico, paradjicamente han

tenido el efecto de fortalecer el centralismo de la tomade decisiones en Santiago (Ortega 2002), manteniendoa los gobiernos comunales en funciones administrativas ycon escasa opciones para plantear enfoques propios dedesarrollo local.

INEQUIDAD EINSUSTENTABILIDAD RURAL

Segn anlisis efectuados sobre la base de los datosdel Censo Agropecuario de 1997, de las 329.705explotaciones agropecuarias que existan en Chileese ao, unas 278.840 correspondan a unidadesde subsistencia y pequeo-empresariales, cuyacapacidad productiva permita generar alrededorde un ingreso mnimo mensual o menos (ODEPA,2000). Estas unidades, si bien constituan el 84,6%de las explotaciones, abarcaban solo el 18% de lasuperficie de tierras agropecuarias del pas. Comocontrapartida, unas 55.755 explotaciones, equivalentesa un 15,4% del total del pas, concentraban el restante82% de la superficie de tierras agropecuarias. Estees un antecedente inmediato para comprender lasdinmicas de inequidad e insustentabilidad que afectaa la ruralidad del pas.

Por su parte, la misma fuente indicaba que del totalde explotaciones agropecuarias de subsistencia ypequeo-empresariales, unas 149.144, equivalentesal 53,5%, estaban localizadas en las zonas de secanocostero, secano interior, valle de secano, cerro o cordnisla, adis, precordillera y cordillera, entre la VI y XRegin. Es decir, zonas agroecolgicamente frgiles y conimportantes restricciones para la actividad productiva.

Este cuadro de concentracin de la propiedad ymarginalizacin de la ruralidad se ve agravado porun conjunto de mecanismos especficos mediante loscuales la pobreza e inequidad tienden a perpetuarse.En particular, el crecimiento demogrfico de la familia

Las administraciones comunales y regionales y la mantencin del orden neoliberal en Chile / SECCIN ESPECIAL 20aosaos

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campesina y la consecuente subdivisin de la propiedad,conlleva una presin econmica de subsistencia por eluso de la tierra, que no es consistente con la fragilidadecolgica de esta ni con prcticas culturales deagricultura de ladera. En este contexto, la deforestacin

es seguida por procesos de erosin de los suelos. A estose suman conflictos de herencia ante la imposibilidadde seguir subdividiendo la propiedad, los cuales suelenresolverse a costa de los recursos naturales prediales:el hermano que migra a la ciudad, corta su parte debosque para hacer caja.

Este proceso sucesional puede tomar dcadas, perodoen el cual los jvenes que permanecen en el campono tienen mayores perspectivas de empleo e ingresos,dada una multiplicidad de factores.

En primer lugar, la tenencia de la tierra y las decisionesde uso sobre gran parte de la misma determinan elestatus social del jefe de hogar. Este es, por lo general,un adulto mayor, varn, que en la mitad de los casosno cuenta con ningn sistema de seguridad social quepudiera proveerle un sustento econmico alternativo.

En segundo lugar, el deterioro de los recursos naturales(erosin, deforestacin, etc.) y la baja capitalizacinpredial determinan un nivel de esfuerzo laboral pocoatractivo para una poblacin joven socializada enmodelos urbanizantes, tanto por la educacin formalcomo por la creciente expansin de los medios decomunicacin masiva en el campo; gran paradoja de laelectrificacin rural como apuesta defomento productivo.

Tercero, el sistema educacional capacitaa los jvenes solo para empleos enel sector de comercio y serviciosurbanos de menor productividad.Esto es consistente con un mercadointerno que vive del consumo de larenta de los recursos naturales y de lageneracin de una demanda internacentrada en actividades como laconstruccin de segundas residencias,servicios recreacionales y domsticos,comercio al por menor y finanzas personales.

En cuar to lugar, la subdivisin genera el problema de lairregularidad de la tenencia de la tierra, posponindosela inscripcin del dominio indefinidamente, tanto por

los costos de la tramitacin como por los eventualesconflictos que esto genera en las familias. Esto explicaque el acceso a distintas ofertas pblicas y privadasde subsidios y financiamiento quede, en la prctica,bloqueada por la exigencia burocrtica de tener que

acreditar ttulos de dominio.

CAMPESINOS INVIABLES OPOLTICAS INVIABLES?

Bajo este escenario uno podra esperar una accingubernamental de carcter correctivo que permitieraa la juventud rural el acceso a la tierra y al capital, laampliacin de la cobertura de seguridad social parala poblacin de mayor edad, un mejoramiento de lacalidad de la educacin para vivir dignamente en elcampo y un complejo tramado institucional pblico y

privado que pudiera compensar las enormes diferenciasde productividad entre la pequea produccin decarcter familiar, orientada hacia la subsistencia,respecto de los enclaves exportadores de recursosnaturales. Y antes que nada, una preocupacin porlegitimar las instancias que las comunidades rurales sedan para abordar las problemticas colectivas.

En tales sentidos, la poltica hacia el campesinado retomfugazmente a inicios de los aos 90 algunas de las tareaspendientes de la Reforma Agraria, tales como el accesoa tecnologa, subsidios y crditos para incrementar

la productividad, mejorar la seguridad alimentariafamiliar y generar algunos excedentes comercializableslocalmente. Adems, se tr abaj en elfortalecimiento de las organizacionesrepresentativas y el establecimientode un estatuto diferenciado para larelacin del Estado con los pueblosindgenas. Todo esto fue seguidointempestivamente por la oleadamodernizadora del gobierno de FreiRuiz-Tagle que, presionado por losgremios de la agricultura empresarial

y los acuerdos comerciales, pusoal centro la rentabilizacin de lainversin estatal en el agro. Conello las incipientes organizaciones

campesinas se vieron forzadas a empresarizarse,incursionando en mercados formales, tomandofuertes deudas y alentando a sus socios a hacerlo mismo, sobre la base de la especializacin endeterminados rubros.

Las incipientes organiza-

ciones campesinas se

vieron forzadas a empre-

sarizarse, incursionando

en mercados formales,

tomando fuertes deudas

y alentando a sus socios a

hacer lo mismo, sobre la

base de la especializacinen determinados rubros.

Eduardo Letelier/REVISTA AMBIENTE Y DESARROLLO de CIPMA


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1 Ver Especial Ruta Costera enAmbiente y Desarrollo18 (1): 6-35.

As, muchos dirigentes campesinosque haban estado esperando unreconocimiento del gobierno a sulabor social y poltica durante ladictadura, fueron enfrentados con

la posibilidad de transformarse enempresarios. De esta forma podranconsolidar una posicin econmicams independiente frente a unEstado que apoyaba dbilmente alas organizaciones gremiales, quecontaba con recursos limitados ydiscrecionales para atender la enormedeuda social del campo y que, noobstante, distribua empleos pblicosa tcnicos y profesionales por la vade la extensin agrcola.

En otros casos, distintos directivos pblicos de losservicios del agro presionados por la necesidadde mostrar resultados inmediatos de la poltica demodernizacin, validaron crditos bajo supuestosinverosmiles de desempeo financiero de lasiniciativas econmicas incipientes de un mundocampesino que an no terminaba de procesar losquiebres de la Reforma y Contrarreforma Agraria. En

tal trance, por cier to, no faltaron quienes vieron lanecesidad de consolidar una clientela poltica medianteel financiamiento de proyectos de modernizacin; obien de cooptar a los dirigentes menos dciles a laspolticas gubernamentales por la va del acceso alcrdito y los subsidios.

El caso es que la crisis asitica hizo evidente la ilusinde soluciones simples a problemas complejos y delarga data.

El supuesto logro de volmenes rentables a travs dela asociatividad campesina debi enfrentar la realidadde una economa de subsistencia de baja productividad,con estrategias econmicas campesinas ampliamentediversificadas, que resistan la especializacin, elendeudamiento y la toma de riesgos que podancomprometer la propia alimentacin familiar.

El balance de este proceso no solo fue elendeudamiento y quiebra de un gran nmero deorganizaciones campesinas, sino tambin la desilusiny la desconfianza que emergieron sobre los propios

procesos de asociatividad y sobre lavoluntad y capacidad gubernamentalde sostener una poltica de fomentoagrcola y rural. Es decir, una aceleradadepreciacin del capital social que

an no ingresa en la contabilidad deninguna agenda gubernamental.

Ms an, lejos de asimilar los fracasos, laspolticas para la ruralidad diseada desdelos ministerios sectoriales no solo no hanreorientado su accionar para adecuarloa la realidad de las mayoras del campo,sino que han decidido profundizar lareceta modernizadora sobre la base deuna poltica de agronegocios que dejafuera a la gran mayora de la agricultura

familiar campesina como sujetos deesculidas polticas sociales municipales.

As, los escasos fondos pblicos se han ido reorientadoprogresivamente a favor de la insercin comercialexportadora de quienes pueden aprovechar lasposibilidades de los nuevos acuerdos comerciales.Complementariamente, se ha ido consolidandouna poltica de infraestructura rural que favorece laconcentracin y urbanizacin de la poblacin en la formade villorrios rurales, en desmedro de la lgica dispersapropia del campesinado y las comunidades mapuche.Finalmente, se ha impulsado una poltica de vialidadestructurante sin proceso alguno de regulacin deluso del territorio, lo que ha determinado simplementela apertura de nuevas fronteras de explotacin derecursos naturales y la rentabilizacin de negociosprivados con subsidios pblicos, tal como lo muestrael caso de la Carretera de la Costa en la Regin de LosLagos1o los innumerables conflictos que han debido

El balance de este proceso

no solo fue el endeuda-

miento y quiebra de un

gran nmero de organiza-

ciones campesinas, sinotambin la desilusin y la

desconfianza que emer-

gieron sobre los propios

procesos de asociatividad y

sobre la voluntad y capa-

cidad gubernamental de

sostener una poltica de

fomento agrcola y rural.

Hacia una profundizacin de los desequilibrios regionales?: Insercin

global, agricultura y medio ambiente en le IX Regin Marzo 1997Eduardo Letelier

La Regin de La Araucana, ubicada en la zona centro-sur de Chile,

enfrenta los desafos de la profundizacin de la insercin global del pas,que tienen su expresin ms visible en las transformaciones que estn

experimentando las actividades productivas en las zonas rurales. Ante

este escenario, la regin enfrenta la posibilidad de una acentuacinde los histricos desequilibrios regionales entre la ciudad de Temuco

y el resto de la regin, entre las zonas urbanas y rurales, y entre sus

distintas localidades. Una salida alternativa a la profundizacin de ladualizacin regional, que se oriente a un desarrollo ms sustentable de

la misma, pasa por el desarrollo de polticas pblicas de base territorial

que concierten a los actores sociales relevantes, promuevan el manejoestratgico de los recursos naturales y propendan a alcanzar una

competitividad regional de tipo sistmica.

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vivir las comunidades indgenas del pas frente a losdiseos viales negociados en Santiago.

ECONOMA POLTICA(NEOLIBERAL) DE LA INEQUIDAD E

INSUSTENTABILIDAD

Un primer anlisis de carcter econmico podramostrar que es ms barato invertir en infraestructuraspara poblacin concentrada y ms rentable invertir enproductores que pueden insertarse en los mercadosms dinmicos, dejando al resto de los productoresunos servicios de bajo costo y mnimas inversiones dealivio a la pobreza, administrados por las municipalidades.Lgica impecable si no fuera porque la eficiencia essolo uno y no el ms importante de los principios quedeberan guiar la accin de gobierno, y porque lo que se

espera de una accin gubernamental es precisamentela correccin de las inequidades e insustentabilidadesque el mercado determina.

Lo importante aqu es destacar que esta lgica nocorresponde simplemente a la deliberacin de ungrupo de funcionarios pblicos a espaldas de laciudadana. Lejos de cualquier teora conspirativa,esta resultante corresponde ms bien a la operacinde una ideologa instalada por la dictadura en lasescuelas de economa y administracin, y luegoen los servicios pblicos a travs de ODEPLAN,

que impulsa la aprobacin solo de los proyectosconsiderados socialmente rentables. Acaso alguienpuede predecir las consecuencias polticas y

territoriales de seguir este simple principio? Y sinembargo, vemos que su resultado aparece coninnegable coherencia y sentido, transformando a lasregiones en supermercados de materias primas ymano de obra flexible.

Pero este primer anlisis, de corte econmico, admiteun segundo anlisis, de corte poltico. La lgica demenor costo de las infraestructuras y servicios es

tambin la lgica de una mayor cobertura, con la queuna poltica clientelista busca amarrar sus votos.

En la prctica, con excepcin de las municipalidadescon mayores recursos, las autoridades locales disponende un escaso presupuesto con el cual hacer gobierno.Por la va de los hechos se consolida una situacindispar, donde la posibilidad de impulsar accionesdistintas a las promovidas desde los ministerios y

servicios pblicos dependen de la riqueza de lamunicipalidad y, por ende, de la de sus vecinos.

Para la gran mayora de las municipalidades,particularmente las rurales, las posibilidades de hacer

gobierno se limitan a la bajada de polticas, programasy proyectos con diseos preestablecidos y bajasflexibilidades. Pero el acceso a estas iniciativas no esgratis. Depende de las redes de apoyo poltico que unalcalde logre formar y del caudal de votos que puedagarantizarle a tales redes, lideradas en lo fundamentalpor diputados y senadores del respectivo distrito opor quienes tienen intereses en tales cargos pblicos.

En tal modo, la capacidad de diputados y senadoresde influir en la decisin de asignacin de recursosgubernamentales y, por tanto, de administrar la poltica

local y regional fuera de espacios deliberativos decarcter ciudadano, aparece como estratgica para lareproduccin del orden poltico y social.

Y esta influencia se manifiesta de distintas maneras,desde la relacin entre militancia partidaria y cargospblicos hasta la capacidad de interceder ante laPresidencia de la Repblica por la mantencin oremocin de los Intendentes Regionales y, en general, delos distintos jefes y directores de servicios pblicos.

Lo mismo vale decir en cuanto a los interesesempresariales que descansan en decisionesgubernamentales para garantizar sus resultados.

Es as como lo que a los ojos del ciudadano aparececomo decisin del Gobierno Regional, en los hechoscorresponde al juego de la elite poltica nacional enla regin y del modelo de concentracin patrimonial,centralizacin poltica y consumo de la renta de losrecursos naturales.

PARTICIPACIN CIUDADANA YASOCIATIVIDAD PBLICO-PRIVADA:

ENTRE LA CLIENTELA, LOS GRUPOS DE

PRESIN Y LOS CONFLICTOS LOCALES

Las posibilidades de las municipalidades y GobiernosRegionales de aportar a procesos descentralizadores,por la va de catalizar la participacin ciudadana y laasociatividad del sector privado, ha sido propuestapor diferentes expertos y promovida en distintosprogramas. Tales tipos de accin presuponen unEstado ms fuerte desde el punto de vista econmico



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2La asesora para la elaboracin del plan fue adjudicada por dicha asociacin a CET SUR (Centro de Educacin y Tecnologa para el Desarrollo del Sur),institucin a la que pertenece el autor.3 La asesora para la elaboracin del plan fue adjudicada por dicha asociacin a CET SUR (Centro de Educacin y Tecnologa para el Desarrollo del Sur).

y no simplemente un Estado ms estratgico. Pero porsobre todo, requieren de un Estado ms avanzado endemocratizacin del que tenemos actualmente.

Sin embargo, lo que se observa es que la par ticipacin y

asociatividad se fomentan desde el Gobierno solo en lamedida que son coherentes con la actual concentracinpatrimonial, centralismo poltico e insustentabilidadambiental y social. En los hechos, las autoridadeslocales operan buscando subordinar los procesos departicipacin y asociatividad a la lgica de bajar polticas,programas y proyectos existentes desde los ministerios yservicios pblicos. En esto solo caben los agradecimientos,pues las propuestas o reclamos no tienen otra formade ser procesados que llegando directamente a quienes

toman las decisiones en Santiago.

Por consiguiente, la lgica de las autoridades localesy regionales no es la lgica del empoderamiento dela sociedad civil, sino la lgica de la mantencin de laclientela poltica.

Los procesos de empoderamiento de la sociedadcivil ocurren bypaseando de las administracionesmunicipales y regionales, por la va de movilizacionesciudadanas que logran romper la solidaridad de lasredes de influencia econmica y poltica del centro yalinear a las autoridades locales y regionales con lasposiciones asistmicas de la localidad o regin.

No obstante, en tanto esta ruptura no seinstitucionaliza en nuevos dispositivos legales ypolticos, la descentralizacin de hecho solo puedeser momentnea. El rechazo del Estudio de ImpactoAmbiental de la Celulosa Itata por parte de la ComisinRegional del Medio Ambiente del Biobo, el ao 2000,y su posterior aprobacin por parte del Consejo deMinistros, es sintomtico al respecto.

De esto se desprende que la descentralizacinefectiva que est ocurriendo en Chile no es la de lasfunciones de decisin, donde se juega la ciudadana,sino ms bien la descentralizacin de las funciones demantencin, donde se juega la clientela poltica. Decirque la descentralizacin avanza en Chile porque hayms inversin de decisin regional o decisin local, esdecir simplemente una media verdad.

Para las lgicas administrativas que predominan, concontadas excepciones, en los niveles municipales yregionales la participacin ciudadana y la asociatividadprivada solo pueden hoy tomar la forma de gruposde presin que compiten por el presupuesto pblico.

Esta ha sido la manera de procesar polticamente lamovilizacin de los gremios agrcolas empresariales delsur, afectados por los acuerdos comerciales suscritospor Chile. O la protesta de las comunidades mapuchepor la implementacin de megaproyectos de inversinen sus territorios. Y obviamente, la capacidad dedesembolso estatal depende de los poderes relativosque se pongan en juego. As, mientras los gremiosagrcolas empresariales obtuvieron unos US$ 500 millonesen subsidios distribuidos en una dcada, las comunidadesindgenas del pas solo lograron US$ 80 millones de uncrdito BID.

PERSPECTIVA LOCALISTA VS.PERSPECTIVA CENTRALISTA DEL

DESARROLLO

Para ilustrar las implicancias prcticas del actualordenamiento institucional sobre procesos dedesarrollo de territorios especficos, a continuacin sepresenta un caso en que los gobiernos municipales(elegidos) en una zona rural enfrentan estrategias delgobierno regional (designado) desde el nivel nacionalde gobierno.

Tal es el caso del Plan Estratgico de DesarrolloEconmico de la Asociacin de Municipalidades MallecoNorte (AMMN)2, integrada por las municipalidades deAngol, Renaico, Collipulli y Ercilla, localizadas al nortede la Regin de La Araucana.3

La iniciativa nacional impulsada a travs del GobiernoRegional tena entre sus objetivos alinear la accin pblicay privada en las comunas de la AMMN, con nfasis en lahortofruticultura y agroindustria, vocacin identificada enbase a distintos estudios compilados a nivel regional.

Sobre la base de esta iniciativa nacional delegada enel Gobierno Regional, se convoc a la AMMN, entreotras organizaciones locales, a una mesa pblico-privada con el fin de elaborar una visin compartidaque permitiera aprovechar las ventajas comparativas



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territoriales en funcin de las oportunidades abier taspor los acuerdos comerciales recientemente suscritospor Chile. Lo anterior, bajo la expectativa de que unactor empresarial dinmico debidamente estimuladopor el Gobierno sera capaz de eslabonar las cadenas

productivas del territorio, distribuyendo los beneficiosde la insercin global impulsada por el Gobierno.

Contrariamente a lo esperado en los niveles superiores,los actores privados, que estaban en condiciones deresponder a esta invitacin, no dieron respuesta a laconvocatoria. Al empresariado convocado, los nicosque realmente cumplan con los criterios requeridosy no par ticiparon, solo les interesaba la pavimentacinde los caminos para sacar la produccin exportable yla vigilancia policial sobre las comunidades mapuche,para lo cual no necesitaban la Mesa, sino el contacto

directo con el Intendente Regional.Por el contrario, los actores realmente interesadosen participar fueron las organizaciones campesinase indgenas, que no reunan las condiciones paraacceder a los mercados externos. Lo que motivaba suparticipacin era su inters por materias elementales,como acceso al agua, tierra, capacitacin, crditosy subsidios de inversin, adems de una fuertedemanda a las empresas forestales para que dejarande arruinar los caminos rurales con sus camiones.Algunas de estas organizaciones interesadas nopudieron materializar su inters debido a su precariasituacin causada por su endeudamiento con INDAP,porque estaban disueltas o quebradas, o por habercontrado importantes crditos bajo la presin de lapoltica estatal de modernizacin agroexportadoray no haber podido resistir los embates de la crisisasitica. Por otra par te, las organizaciones campesinase indgenas con mayor capacidad poltica preferannegociar con los servicios pblicos (INDAP,CONADI, etc.) y ministerios nacionales (Ministeriode Agricultura, Ministerio de Planificacin, etc.), y nocon la AMMN y sus alcaldes.

Al investigar en profundidad la situacin, el PlanEstratgico de Desarrollo Econmico de la AMMNarrib a las siguientes conclusiones:

Debido a economas de aglomeracin y escala, lalocalizacin de inversiones de la agroindustria favorecaa la ciudad de Los ngeles, situada en la Regin delBiobo. Por lo cual resultaba inviable proponer una

vocacin agroindustrial para el territorio o bien sehacia necesaria una coordinacin de polticas quesuperaba el marco intercomunal propuesto.

Los empresarios locales venan impulsando la

vocacin hortofrutcola del territorio con a lo menosuna dcada de anticipacin y sin mediar orientacingubernamental alguna, duplicando entre 2000 y 2004la superficie plantada de frutales.

En cuanto a la globalizacin, si bien la agendaagroexportadora surgida a partir de los tratados delibre comercio podra ser una oportunidad para las258 explotaciones agropecuarias que concentran el73,6% de la superficie productiva, definitivamente noes una salida para las restantes 4.048 explotaciones deMalleco Norte que subsisten con el restante 26,4%

de la superficie productiva, a espaldas de la retricaglobalizante. De hecho, las principales potencialidadesidentificadas en el Plan Estratgico de DesarrolloEconmico de Malleco Norte, provienen precisamentedel carcter campesino e indgena de sus produccionesy no del logro de estndares de calidad impuestos porlos mercados agroexportadores.

Del Plan Estratgico tambin se pueden desprenderconclusiones ms generales aplicables al mundo rural.En primer lugar, los elevados estndares internacionalesde calidad y la necesaria especializacin productivaque ellos imponen son incompatibles con una lgicacampesina diversificada y orientada a la seguridadalimentaria familiar.

Considerando las pequeas partidas de produccincampesina, que no permiten alcanzar volmenesrentables ni aun por va de la asociatividad, y lascalidades posibles de alcanzar, los mercados locales(como ferias libres, restaurantes, comercio, etc.)pagan mejor que las agroexportadoras. Esto se veacentuado por la resistencia a la especializacin enrubros, el endeudamiento y la toma de riesgos quecomprometan la segur idad alimenticia familiar.

Lo anterior se traduce en una falta de inters por partedel empresariado en eslabonarse con la produccincampesina, buscando solo contratar mano de obracon cierto nivel de especializacin en el mbitohortofrutcola. Esto muestra lo mal orientada que estla educacin rural, la que capacita a los jvenes paraempleos en el sector comercio y servicios urbanos.



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En cuanto a las municipalidades, estas trabajanexclusivamente con campesinos minifundistas para loscuales, por distintas razones tales como la irregularidaden la tenencia de la tierra, el acceso a los instrumentosgubernamentales de fomento productivo est

efectivamente bloqueado. Por lo mismo, estos actoresestn polticamente despotenciados o abiertamenteclientelizados.

Las pocas experiencias campesinas exitosas de insercincomercial hortofrutcola del territoriomuestran lanecesidad de triplicar la intensidad de asistencia

tcnica entregada en relacin a la que requiere unempresario agrcola especializado para el mismorubro productivo. Al respecto, tal como se planteanteriormente, la accin gubernamental no deberaguiarse por criterios de eficiencia econmica, sino

por la bsqueda de la correccin de la inequidad einsustentabilidad del mercado. Sin embargo, INDAPdesmantel los instrumentos que posibilitaban elcrdito y subsidios apropiados para el campesinadoy no existen instrumentos equivalentes en otrosservicios pblicos.

En sntesis, no hay ninguna consistencia entre la realidadde los actores y del territorio de Malleco Norte, y laspropuestas y el papel que el Gobierno Regional quera

jugar, en el marco de la agenda de insercin globalagroexportadora diseada desde Santiago al calor delos acuerdos comerciales.AYD

Referencias bibliogrficas

ODEPA (2000) Clasificacin de las explotaciones agrcolasdel VI Censo Nacional Agropecuario segn tipo de productory localizacin geogrfica. Documento de Trabajo N 5.

Ortega, E. (2002) Cultura centralista: obstculo para unaregionalizacin efectiva. Ambiente y Desarrollo 18 (2-3-4):146-147.


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