ISSN 1390-5228

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Editorial:Las fronteras, una cuestión de

Derechos HumanosFernando Carrión Mena

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Contexto:Breve mención sobre la violación de Derechos Humanos en medio de la confrontación

armada en la frontera sur de Colombia Andrés Gómez López

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Entrevista:La defensa de los derechos humanos

frente al Estado, una labor permanente en la frontera norte de Ecuador

Dr. Fernando Gutiérrez. Defensor del Pueblo de Ecuador

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Entrevista:Retos y dificultades de los derechos

humanos en la frontera sur de ColombiaMartha Melodelgado

Comité Permanente deDerechos Humanos de Nariño

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Artículo Internacional:Frontera México-Centroamérica: nuevos

desafíos para los Derechos HumanosJohanna Espín M.

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Investigación:Violación de derechos humanos en la

frontera norte: un tema no tan nuevo Geannine Claudé Alvarado Romero

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Perfiles - Página 10En Cifra - Página 11

Sugerencia de Políticas - Página 12

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Desde ese momento, la humanidad asume dicho documento como fuente de derecho internacional (consuetudinario).

Posteriormente -y casi 30 años después- será la Carta Internacional de Derechos Humanos la que obligue a los Estados firmantes a cumplirlos. De esta condición inicial se desprenden algunos elementos de interés en el caso de la seguridad ciudadana en las fronteras interestatales. Partiendo de que una frontera se define por el encuentro-separación de dos Estados bajo la lógica de la asimetría complementaria, podríamos afirmar que el tema de derechos humanos debería ser un elemento unificador de las políticas de seguridad en las regiones transfronterizas. Los dos -o más- Estados colindantes deberían asumir los derechos humanos, por ser universales, con lo cual la frontera tendría un elemento en común de integración, que ayude al diseño de las políticas de seguridad ciudadana y, por lo tanto, a la reducción de la violencia. La Declaración y la Carta de Derechos Humanos tienen elementos esenciales para la promoción del desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, así como también para el impulso de los derechos que tienen todos los individuos a la vida, a la propiedad y a la seguridad, sin distinción de su origen nacional. Sin duda, puntos de partida comunes a los Estados circunvecinos para el desarrollo de políticas de seguridad ciudadana conjuntas. Sin embargo, las fronteras en la hora actual se han convertido en lugares donde las relaciones entre los Estados son tensas; donde las tasas de homicidios se concentran y crecen a niveles más altos que los promedios nacionales de muchos países; donde se producen reclutamientos de menores de edad para la realización de tráficos ilegales, así como para otras tareas delincuenciales (guerra); donde el desplazamiento poblacional (refugio), el robo, la extorsión y el hurto están presentes con fuerza sin par. Es decir, las fronteras se convierten en un lugar donde se requieren políticas de derechos humanos conjuntas entre los Estados y la cooperación internacional. Un elemento que caracteriza claramente a una frontera es el refugio. La población que se ve amenazada en un lado de la frontera, ve en el otro lado de la misma la posibilidad de sobrevivir. Es decir, lo que es un problema en un lado encuentra solución en el otro, por la lógica de la asimetría complementaria. Sin embargo, en esos desplazamientos forzosos se producen algunos elementos a tener en cuenta: entre los desplazados se infiltran grupos de violentos, los refugiados son presa del reclutamiento por estrategia de sobrevivencia, las condiciones de origen son presa de la delincuencia y las condiciones de destino son deficitarias y poco proclives al desarrollo de la vida social. Por eso, la vulnerabilidad de estos grupos humanos debe ser asumida entre los Estados intervinientes, además de la cooperación internacional. Estos elementos muestran la necesidad de construir una nueva visión de las fronteras, desde la perspectiva de los derechos humanos, porque su condición integradora entre las naciones puede ser un elemento aglutinante para definir políticas conjuntas de seguridad ciudadana, por encima de las unilaterales de seguridad nacional.

Universidad de Nariño sede IpialesFuente:http://jupiter.udenar.edu.co:8080/tesisudenar/controlador/inicio/CargaInicio?banderaSesion=0

Flacso Sede Ecuador • Programa de Estudios de la Ciudad • Enero 2011

Las fronteras, una cuestión deDerechos Humanos

Fernando Carrión Mena

Tumaco-Colombia / Foto: Víctor Llugsha

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El dominio territorial por parte de actores armados ilegales (y legales que realizan prácticas ilegales) ha generado en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, viola-

ciones a los derechos humanos a los habitantes como el despla-zamiento forzado y el reclutamiento no voluntario de niños y adultos a los ejércitos ilegales. Durante la travesía que realizamos en agosto de 2010 con mi compañero de viaje, con ocasión de la investigación sobre políticas de seguridad en Ecuador y Colombia, por la carretera que conduce de la capital del departamento de Nariño al mu-nicipio costero de Tumaco, nos causó gran impresión el número de retenes policiales y militares, rodeados por sacos de tierra pintados de verde dispuestos como trincheras y reductores de velocidad, muchos de ellos en pleno casco urbano del municipio o corregimiento por el que pasábamos. La alta presencia de fuerzas armadas como estrategia de la política de seguridad democrática implementada en Colombia por el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, estuvo acompa-ñada por la desmovilización de los grupos paramilitares a nivel nacional, y se experimentó en el departamento de Nariño me-diante la entrega de armas del bloque “Libertadores del Sur” en julio de 2005. No obstante, hay indicios de que la desmovilización del bloque paramilitar no se tradujo en una disminución de la vio-lencia como impacto positivo en el departamento, y continuó la dinámica de disputa de territorios en función del negocio del narcotráfico, por parte de actores irregulares como las denomi-nadas bandas criminales emergentes, las guerrillas y las alian-zas con sectores de la fuerza pública asignadas a la región. A pesar de que el discurso -en su momento- de los coman-dantes de este bloque paramilitar justificaba su presencia en este departamento por la protección de los habitantes y polí-ticos de la región de los excesos de la guerrilla -discurso gene-ralizado en la justificación de estos grupos- ahora se ha venido comprendiendo que dicho grupo entró a Nariño para disputar importantes áreas en torno a la economía del narcotráfico. Di-chas áreas están comprendidas en la llanura del Pacífico Nari-ñense, al margen izquierdo de la cordillera (donde cruzan dos ríos con salida al mar, el Patía y el Telembí), que por su función como corredor entre la costa y el sur occidente del país (hacia el macizo colombiano) y como zona de cultivos ilícitos, reviste importante valor para las organizaciones armadas irregulares; y, además los municipios ubicados en la cordillera y más cerca-nos hacia el departamento del Cauca2. Así, de la desmovilización de un bloque paramilitar se pasó a la disputa del territorio por parte de agrupaciones dedicadas al narcotráfico. Continuaron las prácticas contra los derechos humanos de los habitantes que solía practicar el bloque parami-litar mencionado, por lo que uno de los efectos de la dinámica de disputa territorial inmersa en el conflicto armado consistió en que, a finales de los años noventa y durante toda la década de 2000, el número de personas desplazadas en el departamen-to de Nariño haya pasado de 4.472 en 1999 a 14.057 en 2002 (comienzo de la política de seguridad democrática) y a 24.662 personas en 2008, según cifras de la Consultoría para los Dere-chos Humanos y el Desplazamiento (CODHES, 2009). Otra realidad generada en la disputa por el dominio territo-rial es el reclutamiento forzoso de menores y adultos por parte de grupos armados ilegales. De 2002 a inicios del 2010, 7.159 menores dejaron las armas, luego de pertenecer a un grupo gue-rrillero (Semana)3. Además, el informe del Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza dice que para el 2005 las autoridades calculaban entre 6.000 y 11.000 el número de niños combatientes y para el 2008 el cálculo estaba entre los 14.000 y los 17.000 menores (FUNDEPAZ, 2008: 17). Esta es una de las circunstancias que implica la reproduc-ción de la guerra por territorios y que tiene relación con aspectos

directos e indirectos tales como el hecho (no voluntario) de vivir en una zona de violencia; hasta estar en un entorno familiar que practique el maltrato, las condiciones (materiales) precarias de vida –lo que denominamos “oportunidades para salir adelante”-, esto es, el acceso a la tierra, a la educación, etc. La conclusión evidente es que los ejércitos irregulares se han convertido en una fuente de trabajo. Esto encuentra reso-nancia en las zonas de cultivos ilícitos (para el Estado), proce-samiento y tráfico de narcóticos prohibidos desde la legendaria “guerra contra las drogas”, resignificada como guerra contra el narcoterrorismo –en referencia al tipo de financiamiento de las guerrillas- y últimamente como el combate a las “bandas emergentes”4. Esto último continúa siendo un generador fundamental de conflictos armados territoriales, por lo que la economía política del narcotráfico tiene evidentes repercusiones sobre los dere-chos humanos, como es el caso del desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores de edad.

Bibliografía:Revista Semana (2010). “Reclutamiento de niños ¿por qué se los llevan?”.

Nación. Disponible en http://www.semana.com/noticias-nacion/reclutamiento-ninos-llevan/148149.aspx (visitada 06 de diciembre de 2010).

CODHES (2009). “Tensión en las fronteras”. Disponible en http://www.codhes.org (visitada 14 de mayo de 2010).

FUNDEPAZ (2008). Panorama de la trata de personas en Nariño en un contexto de conflicto social y armado. Pasto: Fundepaz.

Molano, Alfredo (2011). “¿Y entonces qué?”. Disponible en http://www.elespectador.com (visitada 16 de enero de 2011).

Notas:1 Politólogo por la Universidad Javeriana de Bogotá-Colombia, M.A. en Desarrollo Local y Territorio por FLACSO Sede Ecuador. Investigador del Programa Estudios de la Ciudad de FLACSO sede Ecuador. Correo electró-nico: agomez@flacso.org.ec. 2 Me refiero a los municipios de El Rosario, Policarpa, Los Andes (Sotoma-yor), La Llanada, Taminango, Samaniego y El Tambo.3 Según datos del Observatorio de procesos de desarme, desmovilización y reintegración de la Universidad Nacional de Colombia.4 Dos de los datos que se encuentran en la prensa colombiana en los últimos meses al respecto dicen que “en términos de reclutamiento de menores la presencia de guerrilla y el narcotráfico son determinantes” (Semana) o que entre 2005 y 2010 los paramilitares reclutaron a 3.557 menores de edad (El Espectador).

Breve mención sobre la violación de Derechos Humanos en medio de la confrontación armada

en la frontera sur de Colombia

Andrés Gómez López 1

Flacso Sede Ecuador • Programa de Estudios de la Ciudad

2Tumaco-Colombia / Foto: Víctor Llugsha

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¿Cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo?

La Defensoría del Pueblo se encarga de proteger y tutelar -que son los verbos que emplea la Constitu-ción- los derechos de los ciudadanos frente al Estado. También, tenemos una relación permanente con la ad-ministración de justicia ordinaria en materias penal, civil, laboral u otras, pero no somos parte del sistema de justicia. Observamos que se haga el debido pro-ceso, permitiendo que cada persona acusada pueda defenderse si está en un litigio y si goza de la presun-ción de inocencia, utilizando mecanismos legales para defender sus intereses.

¿Cuáles son las principales actividades de la Defensoría del Pueblo en la frontera norte?

Los delegados de la Defensoría del Pueblo trabajan con instituciones tanto públi-cas como privadas. Se trabaja con el sistema de administra-ción de justicia, agencias del gobierno, Ministerio de De-fensa, Ministerio de Gobierno, de Justicia, etc., con quienes procuramos coordinar accio-nes; así como con organizacio-nes privadas, organizaciones no gubernamentales, locales e internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Con el ACNUR, se ha realizado un trabajo muy cercano para la protección de personas refugiadas o soli-citantes de refugio. Además, trabajamos con la iglesia cató-lica y con otras iglesias.

¿En la frontera norte, cuáles son las principales problemá-ticas que la Defensoría del Pueblo ha podido constatar?

El refugio y la violación a los derechos humanos. En cuanto a refugio, no ubicarse dentro de dicha figura deja en indefensión a las personas. La mayoría viene saliendo a la carrera, huyendo de los problemas de Colombia y llegan a Ecuador sin docu-mentos, sin bienes, sin nada y podrían ser presas fáci-les de traficantes de diverso tipo, también de malean-tes que van abusar de ellos, o incluso de las fuerzas de orden, cuando no actúan adecuadamente. Hay también infiltración de personas que no vie-nen precisamente a refugiarse a Ecuador. Esta delin-cuencia común generaría niveles de riesgo muy altos, como lo demuestran claramente las estadísticas en los casos de Sucumbíos y Esmeraldas.

¿En la práctica, cómo se vinculan los tratados internacionales firmados por Ecuador y las políticas de seguridad? En algunos casos, esas políticas de seguridad, cuyo origen y razón son explicables, redundan en excesos y en transgresiones de los tratados internacionales. La sola exigencia del pasado judicial transgrede con-venios internacionales. Los convenios de carácter humanitario -si bien es verdad que hay la voluntad política de cumplir-los- no siempre se cumplen porque en la dinámica del tránsito de personas de diverso origen y proce-dencia, se comenten abusos y se transgreden esos convenios. Hay que señalar que Ecuador como Estado -no sólo como gobierno- hace un intento bastante serio de cumplir los convenios internacionales, tanto en

materia de derechos humanos como de derechos humanita-rios, pero eso no excluye que agentes del Estado de diversos tipos los violen.

¿Cuáles cree que son los avances en materia de derechos humanos en los últimos cuatro años?

En materia de derechos eco-nómicos y sociales -educación, salud, vivienda y transporta-ción- ha habido avances sig-nificativos. Hay algunas difi-cultades en cuanto a derechos colectivos, concretamente a derechos de los pueblos indí-genas. Aunque, existen avan-ces en otros campos que, más bien, son derivados de la lu-cha contra la explotación mi-nera y petrolera, en donde se combina vulneración a dere-chos humanos y derechos na-turales; estos últimos a veces de gravedad. El panorama general de los derechos humanos ofrece

otras dimensiones en estos últimos cuatro años. Aún existe una débil participación ciudadana en los pro-cesos de conducción del Estado y ha sido una deman-da en las últimas décadas que se plasmó en la Cons-titución de Montecristi; es decir, existe demanda por la construcción de una democracia participativa, no sólo la tradicionalmente representativa con sus li-mitaciones, sino otra, aquélla que pueda cimentar un proceso de cambio económico, social y cultural profundo.

La defensa de los derechos humanos frenteal Estado, una labor permanente en

la frontera norte de Ecuador

Dr. Fernando Gutiérrez. Defensor del Pueblo

de Ecuador

“[…] Ecuador como Estado

-no sólo como gobierno-

hace un intento bastante

serio de cumplir los

convenios internacionales

tanto en materia de

derechos humanos como

de derechos humanitarios,

pero eso no excluye que

agentes del Estado de

diversos tipos los violen.”

Por: Diana Mejía M.

Fronteras 6 - 2011

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¿Cuál es el trabajo del Comité Permanente de Derechos Humanos de Nariño y cuáles son las líneas de acción? A partir de 2003, el Comité se refunda para confron-tar las denuncias de los efectos del Plan Colombia en el departamento de Nariño, pues entre los años 2000 y 2004, se agudiza la crisis por el desplaza-miento y el asesinato de varios líderes del sector sindical, estudiantil y del magisterio. El Comité no es una organización no guber-namental más, ejecutora de proyectos e investiga-ciones enmarcadas en la temática de los derechos humanos en la frontera, sino que se caracteriza por aglutinar a actores y organizaciones sociales en res-paldo y acompañamiento de procesos relacionados con los derechos humanos. Las líneas de trabajo son la asesoría jurídica, la denuncia pública, el despla-zamiento, la capacitación en derechos humanos. En la actualidad, estamos consti-tuyendo la atención psico-social, que se relaciona con la afectación directa de ni-ños y niñas por el conflicto armado. Se han realizado dos encuentros fronterizos para analizar las dinámicas de la frontera: el primero fue en 2008 y el segundo en 2010, en los cuales se obtuvieron importantes análisis y eva-luaciones de la situación fronteriza.

¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos en Nariño?

Las ejecuciones extrajudi-ciales son las principales violaciones de los derechos humanos en Nariño, donde se evidencia una fuerte militarización por la presencia histórica de grupos insurgentes en los municipios costeros de Tumaco, Barbacoas, Ricaurte y en los municipios del sur: Cumbal, Ipiales, entre otros. En Cumbal, de 2003 a 2006, llegó el Ejérci-to con el objetivo de combatir a la insurgencia; sin embargo, tuvo prácticas de agresión a la población y causó un alto número de muertes, con el fin de dar resultados favorables a la política de seguridad democrática. En estos casos, el Comité recogió las denuncias de ejecuciones extrajudiciales en Cumbal pues victimaron a campesinos e indígenas de esca-sos recursos del sector rural. Los datos de las violaciones a los derechos hu-manos y de violencia sexual no se encuentran en estadística alguna, y cuando la población comienza a hacer reclamos se incrementa la presencia militar, paramilitar e insurgente. Además, se ha realizado denuncias de violaciones masivas, desapariciones, desplazamientos forzados, masacres y prostitución infantil, pues en estas zonas la única forma de so-

brevivencia de los pobladores es el comercio en tor-no a lo militar.

¿Cuándo inicia el desplazamiento forzado?

Se puede decir que inicia en el año 2001, pero los fuertes desplazamientos se dieron durante 2003 y 2004. El desplazamiento forzado en Nariño se vincula al conflicto y al narcotráfico. Nosotros creemos que el móvil del conflicto no es el narcotráfico, pero sí es la forma de financiarlo y sostenerlo. Nariño tiene condiciones geográficas para convertirse en reta-guardia de cualquier grupo armado por la geografía, que dificulta la persecución en zonas abandonadas de la presencia estatal. Debemos reconocer que la insurgencia era ley

en determinadas poblaciones. Por eso, a partir del Plan Colombia se refuerza la presencia militar por el conflicto y se producen las fu-migaciones de sembríos de hoja de coca. Ambas situaciones gene-raron los mencionados desplaza-mientos de los habitantes.

¿La incursión del Estado creó nuevas violencias en la frontera sur colombiana?

Es innegable que la política de se-guridad democrática tuvo resulta-dos, aunque no generen bienestar en general. Los efectos graves, nocivos y violentos son para la po-blación civil que ha sido forzada a vincularse con el conflicto. Ac-tualmente, la gente de los muni-cipios no puede ser independiente ni autónoma porque de una u otra forma terminan victimizados, se-ñalados como colaboradores de grupos irregulares y, por ende, como blancos de algún enemigo. Incluso podrían criminalizar al ve-cino por ganarse unos pesos.

En la frontera entre Colombia y Ecuador, aun-que hay un gran escudo de las políticas públicas, hay personas que se hacen pasar como desplazados, pero también hay quienes están confinados. Tene-mos casos de la gente a la que le dicen “¡usted sale y lo matamos!” y tienen que quedarse adentro, ge-nerándose de este modo, un desplazamiento gota a gota.

¿El Comité Permanente trabaja en coordinación con instituciones ecuatorianas dedicadas a la lucha por los derechos humanos?

Hemos tenido acercamientos. La problemática de la frontera es muy complicada, vemos que uno de los temas vitales es la situación carcelaria (que excede a nuestras posibilidades) y reconocemos que las úni-cas organizaciones que han trabajado tanto del lado colombiano como ecuatoriano son las pastorales de asistencia humanitaria.

Retos y dificultades de los derechoshumanos en la frontera

sur de Colombia

“Es innegable que la política de seguridad

democrática tuvo resultados, aunque no generen bienestar en general. Los efectos

graves, nocivos y violentos son para la

población civil que ha sido forzada a vincularse

con el conflicto.”

Por: Andrés Gómez y Víctor Llugsha

Flacso Sede Ecuador • Programa de Estudios de la Ciudad

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Martha MelodelgadoComité Permanente de Derechos Humanosde Nariño

Frontera México-Centroamérica:nuevos desafíos para los

Derechos Humanos

Johanna Espín M.

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L a frontera sur de México tiene aproxima-damente 1200 ki lómetros y colinda con Guatemala en los estados de Chiapas,

Tabasco y Campeche, y con Belice en Quinta-na Roo. En los últimos años, esta frontera se ha convertido en un punto importante para el cruce de población, ya sean trabajadores tem-porales, refugiados, vis itantes temporales, re-sidentes fronterizos o transmigrantes, en con-dición autorizada o irregular (Girón, 2011). La mayor parte de quienes transitan por esta zona proceden de países centroamericanos y sud-americanos, y en menor cantidad de continen-tes como África y Asia. Por esta condición geográfica particular -que ha convertido a esta zona en la última frontera sur, antes de ingresar a los Estados Unidos- en México se han implementado una serie de programas, con el fin de contener la migración de población en situación irregular o no autorizada. No obstante, a partir de dichas acciones, a su vez, también se incrementaron los abusos y violaciones a los derechos humanos. Esto respondería a que, como afirma Girón, a partir del 11 de septiembre de 2001, se vincula a la concepción de los movimientos migratorios directamente con el crimen, la ilegalidad, e incluso con la figura del enemigo a quien combatir. Como consecuencia, los migrantes indocu-mentados son vistos como una amenaza para los países de tránsito, por lo que estos redoblan la implementación de controles migratorios. Por ejemplo, en 1998, México impulsó la “Operación Sellamiento” para combatir el tráfico de drogas, pero luego fue extendida a otras acciones con-tra la delincuencia organizada. Cabe señalar que esta operación justificó la militarización de la frontera y autorizó el patrullaje por aire, mar y tierra en la frontera sur (Girón, 2011). Asimis-mo, México, Guatemala, El Salvador y Hondu-ras, apoyados por Estados Unidos, impulsaron el “Plan Coyote 2000” para desmantelar las redes internacionales de tráfico ilícito de migrantes. Sin embargo, apenas un año después, en 2001, entra también en vigencia el “Plan Sur”, conoci-do como el mayor operativo mexicano contra la migración indocumentada. Así, la frontera sur se convirtió en el principal escudo migratorio de las rutas utilizadas por la población migrante irregular. Claro que, al mismo tiempo, estas accio-nes empezaron a construir un imaginario social negativo sobre la migración irregular, que invi-sibiliza los factores que la promueven, mientras

que acentúa los patrones de rechazo. A esto se añade que, incluso desde el discurso oficial y mediático se vincula la migración indocumenta-da con actos il ícitos como la trata de personas, tráfico de migrantes, narcotráfico, prostitución, maras o terrorismo. Ante esto, no nos sorpren-den las nuevas –y cada vez más estrictas- polí-ticas impuestas en las diversas fronteras cen-troamericanas para el control migratorio y, en general, para el control de la movilización de las personas. Cabe reconocer que ahora la frontera sur de México es, efectivamente, el escenario de una serie de i l ícitos (narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, paso de vehículos ro-bados, comercio de madera, contrabando, en-tre otros) l iderados por bandas del crimen or-ganizado. Sin embargo, es necesario considerar que, en este escenario, aquellas personas en condición de migración irregular son las más ex-puestas a riesgos, desde perspectivas muy des-alentadoras: como presas fáciles de los grupos y redes de crimen organizado o como víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de las mismas autoridades migratorias, policíacas y mil itares.

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Foto: Carol Girón. Ponencia “Frontera Guatemala-México”. Seminario Internacional ¿Es posible gobernar la seguridad ciudadana en zonas de frontera? Quito: FLACSO sede Ecuador, 2010.

Fuente: Girón, Carol (2011). “La Frontera Guatemala-México: un intento por reconocer sus múltiples dinámicas”. En Fernando Carrión (coordina-dor). Fronteras: Rupturas y Convergencias. Quito: FLACSO sede Ecuador, IDRC.

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Flacso Sede Ecuador • Programa de Estudios de la Ciudad

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Por muchos años en Ecuador, el tema fronteri-zo se centró en los problemas limítrofes que, a lo largo de décadas, nuestro país sostuvo

con el vecino país del Perú. Desde las independen-cias nacionales hasta 1998, este conflicto fron-terizo provocó continuas escaramuzas, así como levantamientos más amplios que desembocaron en guerras generalmente cortas. Esto indudablemen-te permeó las relaciones ecuatoriano-peruanas en todos los aspectos más allá del ámbito militar y diplomático. Con Colombia, nuestro vecino del norte, nuestras relaciones eran fuertemente valoradas hasta f ines del s iglo pasado y resultaban bilate-ralmente beneficiosas como consecuencia de las múltiples interacciones sociales y económicas, robustecidas en el marco de la integración andi-na. Sin embargo, en la medida en que la situa-ción interna de este país se ha ido agravando, lo ha convertido en un potencial exportador de inestabil idad en América Latina, convirtiéndo-nos, en copartícipes de un confl icto que no es nuestro, pero que nos incumbe gracias al nexo geográfico que nos l iga con este hermano país del norte. Sumado a esto, las polít icas implementadas para contrarrestar este fenómeno, como el lla-mado Plan Colombia, lo único que han provocado es que la frontera norte ecuatoriana se encuentre caracterizada por una diversidad de problemáti-cas locales, y determinadas prácticas il ícitas que favorecen hechos violentos (torturas, privacio-nes de libertad, ejecuciones extrajudiciales) y graves violaciones de derechos humanos que han permanecido en la impunidad, a pesar de que las organizaciones de Derechos Humanos han estado denunciando este procedimiento criminal duran-te varios años. Se estaría hablando de decenas de personas asesinadas y desaparecidas en varias décadas. Como menciona Alston, “es claro que el conflicto colombiano se ha desbordado hacia Ecuador, según lo mostró mi visita a Sucumbíos. En Esmeraldas y Sucumbíos los ciudadanos están sujetos a presiones y abusos de todos lados, desde grupos armados ilegales (GAI), incluyendo las FARC, ex paramilitares colombianos y narcotraficantes; y también desde las fuerzas de seguridad ecuatorianas y colombianas”; es decir, la población se halla sometida a las demandas de “grupos armados en competencia” (Alston, 2010: 3). Al igual que la población, los grupos defensores de los derechos humanos se han visto sometidos a amenazas para que dejen de realizar su trabajo. Frente a estas graves acusaciones, que se han mantenido durante más de 20 años por parte de las víctimas de violaciones de derechos y sus familiares, se crea la Comisión de la Verdad, con el fin de investigar hechos violentos y violatorios de los derechos humanos. El informe presentado por esta Comisión ha recibido, por un lado, bue-nos comentarios; y, por otro lado, fuertes críticas de ciertos sectores que consideran que los hallaz-gos de la investigación son parcializados.

El trabajo de la Comisión de la verdad

Quizá la iniciativa más importante de este gobierno para combatir la impunidad y realizar reformas al sec-tor justicia es la Comisión de la Verdad, creada el 3 de mayo de 2007 mediante Decreto Presidencial No. 305, la cual se encargó de “investigar y esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros períodos” (art. 1º). Su investi-gación se concentró en delitos de lesa humanidad2 y graves violaciones de los derechos humanos, particu-larmente en los siguientes tipos: a. ejecución extra-judicial, homicidio, muerte bajo custodia; b. desapa-rición forzada; c. tortura; d. violencia sexual; y, e. detención arbitraria. El periodo contemplado para la investigación fue 1984-1988, aunque se decide incorporar otros periodos ante la demanda de atención de casos de violaciones de los derechos humanos posteriores. El 7 de junio de 2010, se hizo público el resulta-do de esta investigación en un Informe que se compo-ne de cinco tomos de casi 3000 páginas. En él se ana-liza el contexto sociopolítico en el que ocurrieron, las consecuencias o el impacto psicosocial sufrido por las víctimas, las estructuras institucionales involu-cradas y los presuntos responsables. Este informe se realizó bajo la propia investigación de los encargados de la comisión, utilizando fuentes de primera mano constituidas por declaraciones de testigos, de vícti-mas y de familiares de las víctimas de estos abusos, además de testimonios de población local, fuentes periodísticas e informes de organizaciones de dere-chos humanos. La Comisión tuvo además el acceso a docu-mentos muy importantes de la Policía, las Fuerzas Armadas, Inteligencia y gobiernos extranjeros, que fueron desclasificados para su investigación. “El in-

Violación de derechos humanos en lafrontera norte: un tema no tan nuevo

Geannine Claudé Alvarado Romero 1

Tumaco-Colombia / Foto: Víctor Llugsha

Fronteras 6 - 2011

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Informe Relator Especial de la ONU

El Informe de la Comisión de la Verdad fue recogido tam-bién por el profesor Philip Alston, Relator Especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, quien visitó al Ecuador en julio del año 2010. Sin embargo, en base a una nueva investigación de campo, concluyó que en Ecuador surge un panorama mixto. Si bien por un lado el gobierno de Ecuador ha emprendido la tarea de mejorar ampliamente el sistema de justicia, al mismo tiempo

la inseguridad ciudadana va en incremento, la tasa de ho-micidios crece y la impunidad ha alcanzado niveles impre-sionantes. Problemas tales como el aumento del sicariato, el linchamiento por parte de turbas al margen de la ley, el incremento de la actividad criminal relacionada con las drogas y otras formas de crimen organizado, la inseguridad y los asesinatos a gran escala en la frontera con Colombia, y la intimidación y asesinato de defensores de derechos humanos están todos agravados por un sistema de justicia penal am-pliamente disfuncional. Este sistema consiste en un servicio policial que en escasas ocasiones realiza una investigación seria y sustanciada de los homicidios; un servicio de inves-tigación fiscal que parece más preocupado por las relacio-nes públicas que por la condena de los autores de graves crímenes y un sistema judicial que ha sido condenado casi de manera generalizada por su ineficiencia y mala gestión (Alston, 2010: 2).

En su informe, Alston revela también el hostiga-miento gubernamental hacia líderes sociales usando, al igual que sus predecesores, el sistema judicial, la confusión premeditada de autoridades y medios de co-municación -quienes buscan desprestigiar la justicia in-dígena, endosándole procedimientos ajenos a ella, como ajusticiamientos, y presentándola como un sistema sal-vaje y bárbaro-, y la creciente presión que los militares y la policía ecuatoriana ejercen sobre las comunidades de frontera, desconociendo totalmente su realidad, lo que conlleva una serie de abusos de poder e, incluso, asesinatos.3 Para Alston, las tasas de impunidad que existen en nuestro país son extraordinariamente altas, mientras que, muchos de los asesinatos cometidos a ni-vel nacional, y especialmente en la zona de frontera, corresponden a ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Arma-das, como veremos a continuación.

forme presenta evidencia de 116 incidentes ilegales, incluyendo 68 ejecuciones extrajudiciales, y nombres de 458 supuestos perpetradores” (Alston, 2010: 2). En el gráfico No.1, se encuentran los datos presen-tados por la Comisión de la Verdad, según los tipos de violaciones de derechos humanos para el periodo investigado.

¿Qué es una ejecución extrajudicial?

Una ejecución extrajudicial o extralegal es, según el derecho internacional humanitario, un caso de violación a los derechos humanos que consiste en la privación de la vida de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen. La Comisión de la Verdad añade a esta definición que inclusive esta acción podría ser ejecutada por un tercero bajo la instigación, consentimiento o aceptación por parte del Estado cuya finalidad última es la privación de la vida a una perso-na o a un grupo de personas (Comisión de la Verdad, 2010). No se utiliza las categorías de homicidio o ase-sinato, pues el acto es cometido por agentes del es-tado, por lo que, constituye una grave violación a los derechos humanos. Sin embargo, se considera que una ejecución por parte de agentes o funcionarios de Estado es extrajudicial, cuando no está dentro de los siguientes parámetros: la legítima defensa, en combate dentro de un conflicto armado, el uso racional necesario y pro-porcionado de la fuerza para hacer cumplir la ley, por imprudencia, impericia, negligencia o violación del re-glamento. Las ejecuciones extrajudiciales son un claro in-dicio de la intención de segar arbitrariamente la vida de una persona “sea mediante una agresión directa con medios que por la intensidad de su uso como golpes o heridas graves, por su carácter letal como la utilización de armas de fuego para ejecuciones directas o por la aplicación de la ley de fuga para quienes ya se encon-traban bajo su control o hasta detenidos, ratifican la voluntad de consumarlas” (Comisión de la Verdad, 2010: 112).

Tipos y cifras de ejecuciones extrajudiciales

En nuestro país, las ejecuciones extrajudiciales se pro-ducen a través de la detención y tortura de la víctima, en cuyos casos la muerte es resultado de las condicio-nes a las cuales las victimas están sometidas, como por ejemplo, violentos interrogatorios o castigos cuya gra-vedad, junto con la falta de asistencia médica oportu-na repercuten en el posterior deceso (Comisión de la Verdad, 2010: 112). Asimismo, la mayor parte de ejecu-ciones se produjeron durante operativos realizados por elementos policiales o militares, para reprimir, a través del uso de la fuerza excesiva, las protestas populares, no como forma disuasiva únicamente, sino como forma de castigo. A esto habría que sumar los casos de ciuda-danos inocentes, víctimas de las equivocaciones policia-les, que simplemente estuvieron presentes dentro del perímetro donde se llevaba a cabo la manifestación.

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A esto se añade que “prácticamente la totalidad de casos de abusos policiales han terminado en la impunidad por la persistencia de las Cortes Policiales, en las que los uniformados se juzgan a sí mismos. La existencia de estos fueros ha sido cuestionada por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional” (CEDHU, 2006: 2). Para Alston, la impunidad por dichos asesinatos también se debe a fallas en el sistema de justicia penal. Tal es el caso que, la principal causa de impunidad sería la falta de voluntad por parte de muchas personas dentro del sistema de justicia penal, para investigar y enjuiciar estos asesinatos (Alston, 2010: 5). Estos abusos, por parte de la policía, guardarían relación directa con la formación que recibe el personal de dicha institución. En Ecuador, “los gendarmes son educados como si tuvieran un enemigo que combatir” (Merino, 2006: 8) y, generalmente, se concibe como ese enemigo a todo aquel cuya opinión personal altere el orden y la convivencia (por ejemplo: estudiantes, obreros, etc.). A esto se añade que, como menciona Merino, la policía recibe formación en tácticas militares –como emboscadas–, las cuales ejecuta contra la población civil. En otras palabras, estos elementos policiales son entrenados para actuar como servidores de políticas inhumanas y gestores de crímenes de Estado, por lo que, actúan sin previsión de ninguna especie, incluso violando las garantías civiles existentes en un estado de Derecho (Merino, 5:2006).

Militarización y derechos humanos

La concepción autoritaria de la labor policial ha hecho que la Policía Nacional viva un creciente proceso de militarización. Claro que el problema de militarización que sufre la policía se ve también reflejado en otras áreas, como en las políticas públicas de seguridad adoptadas para la frontera norte ecuatoriana. Precisamente por esto, como señala González (2010), el principal cuestionamiento a las políticas de seguridad de Ecuador -adoptadas para combatir el narcotráfico y a los grupos irregulares colombianos- se ha enfocado en su limitación al componente militar y a las violaciones de derechos humanos que ha acarreado consigo. De igual manera, en los informes de organizaciones de derechos humanos se señala que la militarización del cordón fronterizo genera temor en la población civil debido a

Geográficamente, la mayor parte de ejecuciones se presentaron en la provincia del Guayas (Guayaquil) con 30 casos (44% del total nacional), seguida de Pichincha que registra -en su capital, Quito- 16 casos (27% del total nacional) de las 18 casos provinciales. En la frontera norte encontramos que en la provincia de Esmeraldas se hallan registradas 10 ejecuciones extrajudiciales (15% del total nacional), de las cuales, 4 sucedieron en la capital provincial. Estos datos difieren de las denuncias registradas en la Defensoría del Pueblo. Según informes de esta institución, en el periodo 2000 al 2010, existen 33 casos denunciados como presuntas ejecuciones extrajudiciales, de los cuales en Sucumbíos se encontraron 9 casos (27% del total nacional registrado), cifra seguida por la provincia de Esmeraldas con 5 casos (15 del total nacional), después se encuentra Pichincha con 4 (12% del total nacional) y Guayas con 3 (9% del total nacional) (Ver grafico No. 3).

Muertes causadas por la policía y las fuerzas armadas

Según la Comisión de la Verdad, la mayoría de ejecuciones extrajudiciales han sido causadas por la Policía Nacional (51 víctimas del total registrado) (Ver grafico No.4). Esto concuerda con la información proporcionada por el Ministerio de Gobierno respecto a 27 casos de individuos, “cuya muerte había sido causada por la policía entre 2000 y 2009. El Inspector General de la Policía suministró información sobre 104 personas cuyas muertes habían sido causadas por la policía desde 2005 hasta la fecha, aunque no se especificó qué proporción de esta cifra correspondería a muertes ilícitas. Una ONG dio un cálculo aproximado de 164 muertes extrajudiciales entre 2000 y 2006” (Alston, 2010: 6). Estas cifras dan cuenta de algunas execrables prácticas de la Policía contra opositores políticos y ciudadanos comunes y, más recientemente, contra personas con antecedentes penales. Otra práctica común es el mantenimiento de calabozos ilegales, como sucede en la Policía Judicial. Se puede anotar también que han existido víctimas de tortura o balazos durante operativos -en especial, antidelincuenciales- que dan como resultado personas asesinadas cuando solo tenían que ser aprehendidas.

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Bibliografía:

Alston, Philip (2010). “Informe Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales”. Misión a Ecuador: 5-15 de julio de 2010. Documento mimeografiado.

Comisión de la Verdad (2010). Resumen Ejecutivo. Quito: Comisión de la Verdad.

Garzón, Estela (2006). “La vida, derecho fundamental”. Revista Derechos del Pueblo, No. 152, pp. 3-4. Quito: CEDHU.

González, Laura (2011). Violencia y Seguridad Ciudadana en Ecuador: Algunas Aproximaciones. Quito: FLACSO sede Ecuador, IDRC.

Merino, Gerardo (2006). “Formación policial: licencia para matar”. Revista Derechos del Pueblo, No. 152, pp. 5-8. Quito: CEDHU.

Notas:

1 Arquitecta, M.A. en Desarrollo Urbano por FLACSO sede Ecuador. Correo electrónico: geanninecar@hotmail.com2 “La definición de ‘crimen contra la humanidad’ o ‘crimen de lesa humanidad’ recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_contra_la_humanidad. (Consultada 24 de enero de 2010).3 Ver http://www.inredh.org/index.php?view=article&catid=74%3Ainredh&id=351%3Ainforme-relator-sobre-ejecuciones-extrajudiciales&option=com_content&Itemid=29. (Consultada 24 de enero de 2010).

que los efectivos militares actuarían con prepotencia (OIPAZ, 2004), y además realizarían allanamientos forzados a domicilios, robo de comida y otros bienes, y frecuentes intimidaciones, acosos, y criminalización a la población civil (Observaciones de la Misión Internacional, 2005). En el caso de la frontera norte ecuatoriana, además, las políticas de seguridad implementadas, en el marco del Plan Colombia, habrían generado un rechazo en la población civil porque éstas asocian a los habitantes locales con las actividades ilícitas. Esto porque, tanto la formación de los efectivos policiales como el diseño de políticas de seguridad, se fundamenta en la idea de que la guerrilla colombiana es “el principal enemigo del país, lo que degenera en una ‘confusión’ de actividades propias de la población civil con dinámicas del grupo armado” (González, 2010: 17). Esto ha provocado que las relaciones entre las fuerzas armadas y policiales con la ciudadanía en la zona fronteriza se deterioren, en especial, por la dependencia que ha mantenido la fuerza pública de tácticas abusivas para la obtención de información, y también porque la tortura y la violencia se hallan a la orden del día en la región.

A modo de conclusión

De acuerdo a lo revisado en los distintos documentos (Comisión del Verdad, Informe del Relator de ejecuciones extrajudiciales, Informe de OIPAZ e Informe de CEDHU) podemos concluir que existe un patrón en las ejecuciones extrajudiciales sistemático y generalizado, a través de los distintos periodos presidenciales, en cada uno de los cuales se han cometido abusos por parte de la fuerza pública. Esto, a pesar de que en un Estado de Derecho la seguridad no puede resumirse en controles militares ni policiales, por las repercusiones negativas que genera en el campo de los derechos humanos. En el caso de la frontera norte ecuatoriana, por ejemplo, se observa que la población vive en permanente estado de miedo, zozobra y vulnerabilidad. Como menciona Garzón, el problema del uso excesivo de la fuerza y la brutalidad policial, con resultados de muerte, es una pauta sobre atropellos similares a lo largo de muchos años. En general, estas acciones tienen muy pocas restricciones legales, lo cual fomenta la impunidad (Garzón, 2006: 3). No obstante, en el caso de la frontera norte ecuatoriana, esta situación se ve aún más agravada. Por otra parte, se evidencia que la policía ecuatoriana emplea cada vez más prácticas militares, como producto de su formación para enfrentar a un enemigo externo. Esto, en zonas alejadas de los centros de poder, las cuales han sido marginadas de manera permanente, en donde el único contacto con el Estado se produce a través de las fuerzas armadas y policiales, ha generado que se produzcan abusos de poder por parte de la fuerza pública en el cumplimiento de sus funciones, además del cometimiento de excesos, que muchas veces quedan en la impunidad. Bajo este panorama, se hace evidente que la zona fronteriza requiere, de manera urgente, de una acción decidida por parte del Estado ecuatoriano, para superar la impunidad de los crímenes y delitos cometidos en la región y la generación de condiciones para que no vuelvan a repetirse. Para esto, se debe reforzar la presencia de órganos judiciales en la región, además de impulsar la efectividad de sus funciones con el afán de garantizar a la población un acceso adecuado a la justicia, en cualquier caso.

El Ángel, provincia de Carchi /Foto: Víctor Llugsha

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Fundación Regional de Asesoríaen Derechos HumanosINREDH

El trabajo de INREDH en la frontera norte empieza en 2001 al conformarse el Observatorio Internacional por la Paz (OIPAZ), integrado por varias organizaciones como: Comité Ecuménico de Derechos Humanos (CEDHU), Fundación Regional de Derechos Humanos (INREDH), Servicio Paz y Justicia del Ecuador (SERPAJ) y el Programa Andino de Derechos humanos (PADH) de la Universidad Andina Simón Bolívar. El Observatorio nace para realizar un diagnóstico inicial sobre la situación de los derechos humanos en la zona fronteriza. Para realizar este diagnóstico se contó con el apoyo de varias organizaciones de las provincias fronterizas y con un investigador por provincia. Del trabajo del Observatorio se identifica que los efectos del plan Colombia en la línea de frontera afectan directamente la salud, la seguridad alimentaria, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, además de denunciar y dar seguimiento a los efectos directos del Plan Colombia en la línea de frontera, se analiza sus alcances a nivel nacional.

Actividades y Servicios Generales de INREDH: Prevención y capacitación:• Se brinda capacitación a diferentes grupos sociales como organizaciones barriales, promotores indígenas y afrodescendientes, detenidos/as, autoridades, grupos de profesionales, organizaciones eclesiales de derechos humanos, sectores académicos y otros.Atención, asesoría y patrocinio:• Se asume casos de violaciones a los Derechos Humanos en ámbitos como el ejercicio de garantías constitucionales (derecho a la reparación, amparo) y otros casos paradigmáticos sobre los cuales se pueden levantar opinión pública, debate y propuestas aplicables a temas similares. Investigaciones:• Se realiza investigaciones que profundizan en problemáticas que afectan la vigencia de los derechos humanos y se presenta propuestas para enfrentar un estado de inequidad y así aportar a la construcción de una cultura de respeto a estos derechos. También se investiga sobre temas como el sistema carcelario, la tortura, la reparación integral, la legislación, la movilidad humana, la salud sexual y reproductiva, la discriminación, la libertad de culto y otros.

Enlaces de interés

Portal Fronteras Seguras. Programa Estudios de la Ciudad FLACSO sede Ecuador http://www.flacsoandes.org/fronteras

Torregosa, Rodolfo J. (2009). “Memoria y violencia en Colombia”. Estado, violencias, conflictividad y derechos humanos, Revista del Programa Andino de Derechos Humanos, Nº 25, septiembre 2009. Disponible en: http://www.uasb.edu.ec/padh_revista.php?cd_centro=5&cd=45

Vásquez Andrade, Piedad (2010). “El derecho humano a la dignidad: Una ruta educativa a la paz”. Globalización, paz y derechos humanos, Revista del Programa Andino de Derechos Humanos, Nº 26, febrero 2010. Disponible en: http://www.uasb.edu.ec/padh_contenido.php?cd=2636&pagpath=1&swpath=infb&cd_centro=5&ug=pu

Publicaciones

Programa de Estudios de la Ciudad (2008). “Justicia”. URVIO Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, No.3. Quito: FLACSO sede Ecuador. El tercer número de URVIO Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, analiza varias reformas a la justicia en Latinoamérica. La mayoría de los artículos presentados se centra en la reforma procesal penal, pero también existen contribuciones que se dirigen a estudiar otros aspectos del tema.

Algunos artículos evidencian cómo varios de los actores de la reforma pueden condicionar a la misma y aún generar problemas relacionados, por ejemplo, impunidad.

Programa de Estudios de la Ciudad (2008). “Seguridad Ciudadana e Impunidad”. Boletín Ciudad Segura, No. 27. Quito: FLACSO Sede Ecuador. La impunidad se trata de una problemática que puede aparecer en todas y cada una de las fases del proceso penal, así por ejemplo: desde cuando no se denuncia un delito; o cuando no se sigue el proceso y se lo abandona por cultura institucional, por precariedad de recursos económicos o por la

falta de legitimidad del sistema en su conjunto, también por el nivel de corrupción imperante o por la acumulación de causas venidas de la lentitud de los sistemas judiciales.

Iglesia de San Miguelde SucumbíosISAMIS

La Iglesia de San Miguel de Sucumbíos (ISAMIS) ha aportado en la frontera norte de Ecuador en la consolidación de “fronteras vivas” con los equipos misioneros que están presentes en los lugares más apartados; especialmente en el Río San Miguel y en Puerto El Carmen de Putumayo, promoviendo valores como la fraternidad y solidaridad.

Objetivos sobre Derechos Humanos y Movilidad Humana: - Fortalecer programas de atención humanitaria y de desarrollo integral para refugiados, desplazados y migrantes.- Fortalecer los programas de atención, prevención y defensa de los derechos de: mujeres, ancianos, niños y niñas y víctimas del maltrato familiar.- Mejorar los programas de educación, prevención y defensa de las tierras y del ambiente.- Acompañar a las comunidades en la lucha por la defensa de sus tierras.- Impulsar un nuevo concepto de seguridad ciudadana, basado en un proceso de desarrollo humano integral.- Acompañar programas que promuevan el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad e impulsar su inserción.

Defensa de los Derechos Humanos:ISAMIS, con el acompañamiento del Mons. Gonzalo López Marañón, ha trabajado por la defensa de los derechos humanos principalmente en:

La defensa de los derechos de los campesinos, cuando en 1985 • (gobierno de Febres Cordero) se quiso entregar gran parte de las tierras de los cantones de Lago Agrio y Shushufindi a compañías palmicultoras extranjeras.Lucha por los derechos y equidad de género, acompañando a las • organizaciones de mujeres. Además, lucha por la creación de la Comisaría de la Mujer en Sucumbíos.Creación del Frente de defensa de la Amazonía, que junto a otras • instituciones apoyaron el juicio a la Texaco por abusos y daños culturales, sociales, económicos y ambientales causados por la compañía en su etapa de explotación petrolera.Organización de albergues y asistencia junto con el Alto • Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y otras instituciones, para la acogida de personas colombianas en situación de refugio y desplazados ecuatorianos de la zona de frontera.Denuncia permanente sobre daños causados por las fumigaciones • del Plan Colombia, la situación de violencia y los abusos contra los derechos humanos desde el año 2000.Además, ISAMIS ha trabajado por el reconocimiento de los derechos • ancestrales de los pueblos indígenas de la Amazonía, principalmente apoyando a la legalización de sus territorios, la educación bilingüe y la conservación de su cultura.

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CIF

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Los datos presentados corresponden a cifras absolutas de denuncias de delitos contra la propiedad, registrados por la Policía Judicial entre los meses de septiembre y diciembre de 2010. Si bien el registro presentado man-tiene características de lo ocurrido a lo largo de 2010, existen ligeros cambios al final del mismo. Las cifras de Sucumbíos, progresivamente, se han ido acercando a las registradas en Carchi. La provincia de Esmeraldas, a lo largo del año, ha mantenido el mayor índice de denuncias de delitos contra la propiedad, siendo el mes de diciem-bre el más alto. Claro que, en diciembre, se observa, en las tres provincias, el mayor número de denuncias. La provincia de Sucumbíos registró el menor número de denuncias en el último cuatrimestre del 2010, seguido de cerca por Carchi, que ocupa el segundo lugar en relación a las provincias de frontera norte. En Esmeraldas se pro-duce el mayor número de denuncias de delitos contra la propiedad, al final del año.

Los datos presentados corresponden a valores absolutos de muertes por homicidio, registrados en la Policía Judicial entre los meses de septiembre y diciembre del 2010. Carchi mantuvo los índices más bajos de denuncias de homicidios de la región fronteriza durante todo el año. Por su parte, Esmeraldas sigue manteniendo los índices más altos de la zona fronteriza. Llama la atención que durante los meses de noviembre y diciembre se registraron el menor número de denuncias en las tres provincias. Durante 2010, la provincia de Sucumbíos ha registrado una tendencia decreciente en el número de denuncias por homicidios, aunque Carchi aún se mantiene con el menor número de denuncias. Los datos de Esmeraldas se encuentran muy por encima de las otras provincias fronterizas.

Gráfico 1. Denuncias de delitos contra la propikedad (septiembre - diciembre 2010)

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120

100

80

60

40

20

0septiembre

94

54

51

octubre

108

62

60

noviembre

90

63

52

diciembre

124

67

66

Esmeraldas

Carchi

Sucumbíos

Fuente: Policía JudicialElaboración: Víctor Llugsha

Fuente: Policía JudicialElaboración: Víctor Llugsha

Fuente: Comisión de la VerdadElaboración: Programa de Estudios de la Ciudad

Casos de violaciones a los derechos humanos en la frontera norte de Ecuador

Denuncias en la frontera

La información presentada corresponde a datos registrados por la Comisión de la Verdad de Ecuador, respecto a violaciones a los derechos humanos ocurridas en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, y también en Pasto. Los casos registrados corresponden al periodo entre 1984 y 1988, excepto cuando se ha considerado a un caso como especial. En el informe final se registraron 118 casos, la mayoría en las provincias de Pichincha, Guayas, El Oro y Loja. No obstante, las provincias fronterizas, en su totalidad, representan el 11,7% del total de víctimas de violaciones de los derechos humanos a nivel nacional. En Esmeraldas y Sucumbíos se produjeron el mayor número de violaciones a los derechos humanos, siendo la privación ilegal de la libertad y la tortura, las perpetraciones de mayor connotación. Asimismo, Esmeraldas presenta el mayor número de ejecuciones extrajudiciales, mientras que Sucumbíos tiene el mayor registro de casos de violencia sexual. En el informe también se toma en cuenta casos ocurridos fuera del país. Así, se registran 2 casos en Pasto, en los cuales se produjo la privación ilegal de la libertad, además de tortura y violencia sexual.

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En la actualidad, uno de los retos más importan-tes para el gobierno nacional y los gobiernos lo-cales en la frontera norte ecuatoriana –además

en el cual, hasta el momento, quedan muy en deuda- es la implementación de políticas de seguridad ciuda-dana orientadas hacia un respeto real de los derechos humanos. Sin embargo, el primer paso necesario para el diseño de dichas acciones y políticas es la creación urgente de un sistema de información transparente, que proporcione información veraz y oportuna en ma-teria de respeto a los derechos humanos en la zona fronteriza. El propósito de dicho sistema sería no sólo vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, por parte de las instituciones públicas presentes en la zona, sino también constituirse en un ente de carác-ter civil que realice veedurías y seguimiento incluso al trabajo realizado por la policía y las fuerzas arma-das en la región. En general, el trabajo de la policía y las fuerzas armadas en la zona ha sido uno de los principales causantes de violaciones a los derechos humanos, tal como se menciona tanto en el Informe de la Comisión de la Verdad, como del Relator Especial de la ONU. Además, esto se ha visto agravado porque la excesiva militarización en la región, misma que ha llegado in-cluso a constituir el primer y casi único contacto de las poblaciones fronterizas con el Estado ecuatoriano. Por esto, es indispensable que, los miembros de las fuerzas armadas y policía que operan en la zona fron-teriza, reciban capacitación especial y más comple-

ta, la cual considere las particularidades de una zona tan sensible. Asimismo, dicha formación debe incluir, como eje transversal, el tema de derechos humanos, además de orientación específica en el trabajo con la población civil, tanto nacional como desplazada. En tercer lugar, uno de los principales problemas que afecta a todo el país -pero en particularmente la frontera norte ecuatoriana- es el alto nivel de impu-nidad. Precisamente, esto ha generado un incremento de la violencia en la zona fronteriza ante la ineficacia del sistema judicial para procesar los distintos even-tos ocurridos. Si bien existe un importante esfuerzo por parte del gobierno nacional para incrementar la eficiencia del sistema de justica en una zona tan vulne-rable como la frontera norte, los problemas a enfren-tar incluso se incrementan, tales como la existencia de amenazas e intimidaciones hacia jueces, juezas y demás personal de la función judicial. Por último, es necesario señalar que, ante la si-tuación actual de la zona fronteriza, es necesario im-pulsar el trabajo interinstitucional, con el fin de ga-rantizar un mayor respeto hacia los derechos de los y las habitantes de la zona fronteriza. En Ecuador, se ha observado –en materia de derechos humanos- un trabajo disperso y desorganizado de las distintas organizaciones internacionales y nacionales, de las instituciones públi-cas y demás actores. Un trabajo coordinado entre las distintas instituciones garantizaría una mejor utilización de los recursos, pero sobretodo un mayor impacto de su trabajo en materia de derechos humanos.

El respeto a los derechos humanos enla frontera norte ecuatoriana

Director FLACSO: Adrián Bonilla • Coordinador del Programa Estudios de la Ciudad: Alfredo SantillánCoordinador del Boletín Fronteras: Fernando Carrión M. • Editoras: Johanna Espín M. y Diana Mejía M. • Colaboradores: Geannine

Alvarado, Andrés Gómez, Víctor Llugsha y Paola Hernández • Corrección de textos: Juan José Rodríguez • Diseño e Impresión: Ekseption

FLACSO Sede Ecuador: La Pradera E7-174 y Diego de Almagro PBX: (593-2) 323 8888. www.flacsoandes.org/fronterasQuito-Ecuador.

Puente Internacional San Miguel – Sucumbíos / Foto: Diana Mejía M.