¿Cómo reducir el papeleo?

Cribado de leyes Hay que suprimir o reducir obligaciones de información o evaluación, prescindir de documentos superfluos.

Acortar plazos Los expertos abogan por integrar varios trámites en uno. No es de recibo que el plazo de resolución de los procedimientos sea de tres meses de media y en algunos casos llegue a seis o un año.

Ayudar a las pymes Abrir un negocio acarrea a las pequeñas y medianas empre-sas un coste proporcional-mente mayor que a las grandes firmas. Hace falta adecuar la burocracia al

tamaño de las sociedades.

Evaluar costes A diferencia de lo que sucede en la UE o en España, la Junta de Andalu-cía no elabora informes que estimen los costes de establecimiento de un nuevo plan o norma.

Elaboración de guías El primer problema con el que se encuentra un em-prendedor es que no sabe por dónde empezar. El último manual que elaboró la Comunidad data de 2007.

«Taifas» municipales Si difícil es enterarse de las leyes autonómicas que afectan a las inversiones, aún lo es más en el ámbito local. Los expertos abogan por fijar unas ordenanzas-tipo.

Trámites online Cada vez se pueden realizar más gestiones de forma telemática. Pero aún queda mucho camino por recorrer, sobre todo en los municipios más pequeños.

ANTONIO R. VEGA

SEVILLA

Hacer una obra o montar

un negocio en Andalu-

cía es una carrera de fon-

do. Los emprendedores

deben recorrer un tedio-

so periplo por distintas

administraciones (Gobierno central, Jun-

ta y ayuntamientos) para obtener per-

misos: se enfrentan a demoras injusti-

ficadas, a requerimientos de informes

por duplicado, a una maraña normati-

va, a obstáculos y más obstáculos que

alargan hasta nueve meses la apertura

de un negocio y que recuerdan a una de

las doce hilarantes

pruebas impuestas por

César a Astérix y Obé-

lix cuando tienen que

recoger el formulario A-

38. La pareja de irreduc-

tibles galos acaba enre-

dada en las redes irra-

cionales de la rígida

administración roma-

na. Una sensación pare-

cida ha experimentado

alguna vez casi todo

aquel que se decide a em-

prender. En Andalucía

persisten hasta 525 pro-

cedimientos administra-tivos: 220 autorizaciones

dictadas por la Junta y 315

que afectan a competen-

cias no exclusivas. Una ley

intenta poner orden en el

enorme «leviatán» buro-

crático. Expertos consul-

tados por ABC identifican

siete plagas que ahogan a

las empresas en la comu-

nidad con la tasa más alta

de paro de España (35,2

por ciento):

1. Planes y más planes El Consejo de Gobierno aprobó

el pasado martes un nuevo decreto

que obliga a las sociedades a presentar

un plan para evaluar el impacto en la

Medio millar de trámites y nuevas normas ahogan a empresas e inversores∑ La Junta impone nuevos informes de

salud y de movilidad a los promotores de obras que contradicen su plan para reducir trabas administrativas

Las siete plagas de la burocracia

salud de los proyectos urbanísticos, las

industrias y las actividades cercanas a

poblaciones sometidas al control me-

dioambiental. «Se trata de una nueva

carga administrativa que complica el

inicio de actividades y encarece el cos-

te de implantación», señala Eduardo

Gamero, profesor de Derecho Adminis-

trativo de la Universidad San Pablo de

Sevilla y autor de un informe del Obser-

vatorio Económico de Andalucía que

denuncia el sistema confuso y enreve-

sado de la burocracia autonómica y pro-

pone hasta doce medidas para su sim-

plificación. La Junta defiende que no se

incorporan nuevos trámites, salvo «rea-

lizar un informe previo con el que po-

dremos maximizar los efectos benefi-

ciosos de esa actividad y minimizar los

perjudiciales».

Este argumento es desmentido por

el Consejo de Defensa de la Competen-cia, un órgano de la propia Adminis-

tración y nada sospechoso de parcial,

que censura el nuevo requisito alegan-

do que «entraña una evidente carga

administrativa para las empresas con

el consiguiente incremento de los cos-

tes de entrada en el mercado». Aca-

rrea tres nuevas trabas para cualquier

inversor, según detalla Gamero: cos-

tes de elaboración del informe de sa-

lud y de documentos que le den sopor-

te, retrasos en la tramitación hasta ob-

tener el informe favorable de Salud y

costes de eventuales correcciones.

Dos meses antes, la Consejería de

Fomento y Vivienda, en manos de la

dirigente comunista Elena Cortés, se

descolgaba con otro anteproyecto de

ley —que debatirá el Parlamento el pró-

ximo año— que trae de cabeza a los

constructores. Bajo el loable objetivo

de reducir el uso del transporte priva-

do, los promotores de carreteras ten-

drán que presentar un informe de via-

bilidad que analice los costes de con-

taminación atmosférica y acústica,

repercusiones en la salud y acciden-

talidad, entre otros múltiples factores.

La Confederación de Empresarios

de Andalucía puso el grito en el cielo.

Aseguró que el texto «ha suscitado

preocupación y rechazo en muchos

sectores por su vocación intervencio-

nista, el establecimiento de nuevos trá-

mites (informe de movilidad), trabas

(autorizaciones vinculadas a informes favorables) y nuevos costes e impues-

tos para las empresas en un momen-

to en el que hacen falta estímulos y so-

bran trabas y medidas intervencionis-

tas que se traducen en una mayor

inseguridad jurídica, y en costes aña-

didos que acaban pagando los consu-

midores». La Junta ha intentado apla-

car el malestar accediendo a recoger

sugerencias durante su tramitación.

2. Maraña de normas La segunda plaga a la que se enfrenta un

empresario es el caótico ordenamiento

jurídico autonómico y local, que «ha ex-

perimentado un crecimiento exponen-

cial, que se añade al estatal, generando

un ovillo regulatorio difícilmente iden-

tificable e inteligible para el profano»,

expone el referido estudio del Observa-

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torio Económico. Los nuevos planes de

la Junta amenazan con dejar en papel

mojado el decreto ley sobre medidas nor-

mativas para reducir las trabas admi-

nistrativas para las empresas cuando

no lleva ni mes y medio en vigor. La

norma, que emana de una direc-

tiva europea, fue aprobada

por el PP, el PSOE e IU

tras recoger propues-

tas de los sectores

implicados.

La ley li-

bera al

e m -

presario del

engorroso trá-mite de pedir licen-

cia previa para ejer-

cer determinadas acti-

vidades sustituyéndola

por comunicaciones y

declaraciones responsa-

bles del promotor. Ade-

más, se modifican leyes

autonómicas para sim-

plificar los procedimien-

tos que convierten el ini-

cio y desarrollo de una em-

presa en un círculo vicioso.

Para Eduardo Gamero,

consejero del bufete Monte-

ro & Aramburu, «las medidas

son positivas, pero insuficien-

tes» y propone iniciativas «más

profundas y efectivas» como redu-

cir las cargas administrativas me-

diante un cribado de la legislación que

suprima obligaciones de información

y de evaluación, así como prescindir de

documentos superfluos. Por encima de

todo, este profesor demanda una revi-

sión a fondo de la normativa que «re-

duzca el número de leyes y reglamen-

tos» y que esté publicada en platafor-

mas de fácil acceso.

3. Lío de competencias El permanente choque de trenes en-

tre administraciones, celosas a la hora

de preservar su cuota de poder, cons-

tituye un muro infranqueable para las

empresas. Ignacio Sánchez de Mora,

presidente de la Asociación de Inge-

nieros Consultores de Andalucía (Asi-

ca), lamenta que «en muchas ocasio-

nes no están bien deslindadas las com-

petencias». Pone como ejemplo la

construcción de una depuradora: «No

sabes dónde empiezan las competen-

cias del Ayuntamiento, propietario de

los terrenos, y dónde acaban las de la

Consejería de Medio Ambiente o de la

propia Confederación Hidrográfica del

G u a d a l -

quivir», que

representa al

Estado. Y luego es-

tán lo que denomina

los «vacíos» normativos,

espacios de nadie, sin regu-

lación, lo que «impide que avan-

ce la tramitación». Es cuestión de

voluntad política. «No basta con en-

fáticas declaraciones dirigidas a los

medios o a los foros de empresarios»,

apunta Eduardo Gamero, quien cues-

tiona que la nueva ley autonómica asig-

ne el impulso de la simplificación de

las trabas burocráticas a la Agencia de

Defensa de la Competencia, una enti-

dad que carece de poderes ejecutivos,

de recursos humanos suficientes para

coordinar a los departamentos auto-

nómicos que intervienen en la emi-

sión de informes. Por tanto, explica,

sólo podrá hacer labores de asesora-

miento y control.

4. Papeles y documentos superfluos Licencias de apertura, cumplimiento de

ordenanzas, inscripciones en registros,

aportaciones de cuentas, planos, escri-

turas, CIF, DNI, informes de todo tipo

(impacto ambiental, arqueológico), im-

puestos... Todo suma en la cuenta final.

El presidente de Asica calcula que un in-

forme de impacto medioambiental cues-ta en torno a una sexta parte del impor-

te total de la inversión. El último ran-

king Doing Business (Hacer negocios)

que elabora el Banco Mundial sitúa a Es-

paña en el puesto 52 de 189 países por

sus ventajas para hacer negocios. Le su-

peran Colombia, Eslovaquia, Túnez o

Kazajastán. «En Andalucía no se han he-

cho estudios serios pero emprender es

más oneroso que en otros lugares», sos-

tiene Eduardo Gamero, quien aboga por

realizar un cribado de todas las leyes y

reglamentos, evitando duplicidades o la

exigencia de documentos que ya obran

en poder de la propia Administración.

A su juicio, la nueva ley autonómica

ayuda, pero no resuelve el problema.

Se sustituyen autorizaciones por otros

documentos, pero a la postre la car-

ga es la misma. La Agencia de

Defensa de la Competencia

de Andalucía enumera has-

ta 535 autorizaciones que

lastran la actividad

económica.

«¿Si se puede complicar, para qué facilitar?». En Brasil este dicho popular resume la odisea a la que se enfrentan muchos empresarios, obligados a recorrer hasta diez ventanillas distintas para poner en orden todo el papeleo a la hora de empezar una obra o montar un negocio. Hay casos de libro. En la antigua empresa del ingeniero Ignacio Sánchez de Mora, que

fue contratada para construir más de

un centenar de depuradoras,

«eran tantos

los permisos e informes que nos pedían que tuvimos que crear un departamento dedicado sólo a gestionar trámites», relata. El volumen de documentación que hay que mover no es directa-mente proporcional al tamaño del negocio. Otro empresario, que prefiere no identificarse, sufre un auténtico calvario para abrir una instalación deportiva en el centro de una ciudad andaluza. Sus reproches no van dirigidos a los funcionarios, «que están maniatados» por la rigidez de las normas, sino a «la Junta y el Ayuntamiento», que no se ponen de acuerdo para darle la licencia de obras. «Cada mes pierdo 6.000 euros», se lamenta. La Delegación de Patrimonio que debe autorizar

los trabajos se reúne una vez al mes. «He pagado

3.500 euros en impuestos sólo para pedir permisos, sin poder iniciar la obra», senten-

cia.

«Tuvimos que crear un departamento dedicado sólo a hacer trámites»

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Una vez que concluya la fase de

adaptación de las normas al decreto

ley, que puede prolongarse durante

seis meses, este órgano autonómico

confía en que la Junta haya simplifi-

cado 149 procedimientos: 85 en la

transposición de la directiva de servi-

cios europea y 64 más que desapare-

cerían mediante el nuevo decreto ley.

5. Desconfianza hacia el empresario En el Gobierno andaluz conviven dos

almas: el PSOE apuesta por la colabo-

ración público-privada como método

de financiación para la construcción

de grandes infraestructuras e IU re-

niega de esta fórmula de su socio que,

paradojas del destino, instauró con

poco éxito, debido a la crisis, una an-

tigua dirigente comunista, Rosa Agui-lar, en su breve etapa como consejera

andaluza de Obras Públicas. IU ha re-

gistrado una proposición no de ley en

el Parlamento en la que pide que se

ponga coto a esta alternativa y que se

realice una auditoría de todos los con-

tratos que existan en la actualidad en

la Junta. Gestos como éste y o el esta-

blecimiento de un impuesto a las gran-

des superficies comerciales, una ini-

ciativa que no figura en el pacto de go-

bierno, espantan a posibles inversores.

6. Administración electrónica y ventanilla única Andalucía ocupa una posición destaca-

da en los rankings de implantación de

servicios electrónicos por comunidades.

Pero la asignatura pendiente son los

ayuntamientos, «el hermano pobre de

la simplificación». Ahí queda mucho ca-

mino por andar. «Si todo fuera normal,

el ciudadano no tendría que preguntar-

se si una competencia es de la Junta, del

Ayuntamiento o del Estado, bastaría con

presentar los documentos», señala Sán-

chez de Mora, quien se queja de que en

pleno siglo XXI haya que entregar pape-

les en mano y compulsar documentos

directamente. En Andalucía escasean

las ventanillas únicas. Una de las pocas-

que existen, donde trabajan funciona-

rios de las tres administraciones, se en-

cuentra en la capital sevillana, junto a

la sede de la Cámara de Comercio.

7. Impuestos más altos «Andalucía apenas tiene margen para

elevar los impuestos, tiene el tipo mar-

ginal máximo en el 56%, el más alto de

España junto a Cataluña», en opinión

de Leonardo Neri, socio de Derecho Tri-

butario del bufete sevillano Montero

Aramburu. Un informe del Registro de

Economistas Asesores Fiscales revela-

ba que una renta de 45.000 euros anua-

les paga 10.090 euros de IRPF en Madrid

y 10.337 en Andalucía (247 euros más).

Una alta presión fiscal anima a las so-

ciedades a trasladarse a otros lugares

que ofrezcan más incentivos. Hay una-

nimidad entre los expertos: una rebaja

de impuestos es un acicate importante

a la hora de establecer el domicilio so-

cial de la empresa. Aplicando el símil de

la irreductible aldea gala, tendría los mis-

mos efectos que una pócima mágica.

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